Funcionarios de primer nivel también deben apretarse el cinturon

Si van elevar la carga impositiva y cargarle la manos a los ciudadanos de Nuevo León, los servidores públicos también deben apretarse el cinturón.




En Nuevo León, no solo son los diputados quienes en Diciembre reciben una jugosa bolsa integrada por sueldo y prestaciones como aguinaldo, esto se repite en el ejecutivo, en el gobierno central cientos de empleados públicos de quienes la mayoría de ciudadanos ignoran su existencia y por ende sus funciones, reciben incluso mayores sueldos los diputados, y consecuentemente mayores prestaciones aguinaldo.

Es importante mencionar que abundan, coordinadores, analistas, asistentes administrativos, choferes mensajeros, secretarias, y decenas de servidores públicos con sueldos superiores a los 100 mil pesos, la páginas de transparencia no se ofrece detalles de que es lo qué específicamente realizan estos servidores públicos.

En dependencias como la coordinación de enlace con la sociedad civil duplican funciones de otras como Desarrollo Social, DIF y la Dirección de Participación Ciudadana, además de burocratizar el acercamiento entre sociedad civil y gobierno, pues se creo un intermediario.




Antes de cumplir un año de trabajo, a los empleados de confianza que entraron con esta administración se les entregó un aguinaldo correspondiente a 15 días de trabajo, cuando un empleado –que no sea de gobierno- debe cumplir 12 meses completos para tener derecho a los mismos días de prestación, en diciembre de 2015 y en marzo de 2016 -de acuerdo a transparencia- los funcionarios del gobierno ciudadano recibieron esta los 15 días de prestación a la que no tenían derecho.

Aún no sabemos cuánto recibirán de aguinaldo este diciembre de 2016, esperamos que la prestación que reciban los funcionarios de confianza sea acorde al discurso del titular del ejecutivo, que ha dicho que el estado necesita dinero con tanta urgencia que inclusive está dispuesto asumir el costo político de mover los plazos de eliminación de la tenencia, todo por la necesidad de los recursos.

Hacemos además un llamado a los ciudadanos de Nuevo León para que en 2017 visiten, naveguen y consulten las páginas de transparencia del Gobierno del Estado, Congreso, Poder Judicial y los Municipios, y ejerzan el derecho humano de acceso a la información pública (que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información) y así verifiquen de primera mano en que se están gastan los recursos públicos, ya que solo de esta forma se puede hacer material la rendición de cuentas.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Dimes y Diretes: “Medina Zacatón”

¿Para qué nos sorprendemos? ¿De qué nos asustamos? Ayer se dio a conocer un caso más donde quedó demostrado que tan corrompido esta nuestro país, no solo el sistema político, sino también en judicial.

Rodrigo “Golden Boy” Medina recibió el regalito de un juez de distrito, pues quedó amparado por lo menos por un año para no venir a Nuevo León a comparecer por los delitos que se le acusan.

¿Cuánto recibió ($$$) el juececito? Porque algo nos debe de quedar claro, el juez se vendió por unos cuantos millones. Vendió la esperanza de que los nuevoleoneses tenían de que POR FIN se hiciera justicia por el desfalco de este gañan con apellido Medina.

Tal vez crea usted lector que mi acusación al juez de distrito es un tanto exagerada, pero ¿por qué no funcionaron de igual manera los amparos de los otros acusados? No se sí sabía pero él ex tesorero del estado, Rodolfo Gómez Acosta, había en su momento presentado amparos similares a los de Rorro Medina, pero no funcionaron.

Lo que quedó claro el día de ayer, es que el “Golden Boy” es un zacatón, no quiso ver de frente a la justicia, sin aún ser vinculado a proceso acaba de aceptar toda culpabilidad en por los delitos que se le acusa.

Un año pasará hasta que se presente este ratero ante la justicia, y quiero decirle Rorro que, es tan culpable hoy como dentro de un año.

Pero por hoy, me vomito (muy a la Fox) sobre el juez corrupto que se dejo comprar para otorgar el amparo, sobre el Poder Judicial y sobre el ex “gober” de Nuevo León. No lo dude ni tantito lector, hoy es un día triste para nuestro estado.

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Implementación de un jurado en nuestro sistema procesal: ¿Opción viable y necesaria?

Desde el año 2008, en virtud de la notoria ineficiencia y corrupción del sistema procesal mixto empleado desde hace tiempo en nuestro país, se optó por iniciar un camino para modificar dicho sistema por uno de carácter acusatorio. Actualmente, se ha llegado al plazo límite en el que cada entidad federativa debió haber adecuado todos los elementos necesarios para que estos se acoplasen con las reformas planteadas.

Aspectos que radican desde la óptima capacitación de la policía, hasta la creación de nuevos espacios donde puedan llevarse a cabo los juicios orales, constituyen algunas de las piezas imprescindibles para asegurar la correcta aplicación del proceso de carácter garantista e igualitario que se decidió poner en marcha.

No obstante, luego de haberse cumplido el plazo para que cada estado modificara todo lo necesario, valdría la pena hacerse la pregunta: ¿Se incluyó todo lo necesario a las reformas de nuestro sistema procesal? ¿O acaso existen fundamentos que pasamos de largo y que deberíamos plantear, con el fin de acrecentar las posibilidades de éxito en lo que la administración de justicia se refiere? Dentro de las consideraciones que probablemente debieron contemplarse, considero la implementación de un jurado como una de las más urgentes; definido como una institución en la cual los ciudadanos contribuyen a la administración de justicia mediante la emisión de un veredicto que decide la culpabilidad o inocencia de un imputado en un juicio, la figura del jurado es aplicada actualmente en un diverso grupo de países (en los cuales es variable el rango de aplicación de dicha figura, por ejemplo: Brasil sólo utiliza al jurado para ciertos delitos) , entre los que son parte: España, Estados Unidos, Noruega, Escocia, Brasil, Italia, Suecia, entre otros. De esta forma, los países que cuentan con un jurado incluyen, de una forma mayor a la ciudadanía, en lo que la administración de la justicia se refiere.

Si bien hay actualmente objeciones a tal institución, bajo argumentos como la considerable posibilidad de persuadir a un grupo personas que no son precisamente conocedores del derecho, absolviendo así a individuos culpables de los delitos que se les imputan, habría que preguntarse ¿qué hay de los demás poderes de la unión? Pues se habla mucho del riesgo antes mencionado, sin tomar en cuenta que actualmente un gran número de nuestros legisladores no cuentan exactamente con una carrera afín a la creación de normas; lo siguiente tomando en cuenta que, son ellos los que pueden modificar nuestra ley suprema: la Constitución Mexicana.

Dicho esto, no se trata por otro lado, de sugerir la existencia de un poder legislativo donde imperen los conocedores del derecho y la política sobre la voluntad del pueblo, sino al contrario: habría que ampliar esa voluntad del pueblo hacia nuestro poder judicial, el cual hoy carece de democracia.

Igualmente, por el hecho de ser necesaria la progresividad de las leyes, entendiéndose esto como el llevar a cabo una reforma de proporción considerable por etapas, (tal como se llevó a cabo la transición del sistema mixto al sistema acusatorio) considero que la propuesta de crear un jurado debería implementarse por pasos, comenzando por implementar jurados para casos civiles, así como para delitos menores. Esto, con el fin de dotar a la democracia de un carácter progresivo, para que de esta forma los ciudadanos estemos más adentrados en los asuntos que nos conciernen.

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Cómo va Nuevo León rumbo al Gobierno Abierto

En Nuevo León se ha dado el primer paso a mediados de Abril para construir el camino rumbo a un Gobierno Abierto. Se trata de una alianza plural, abierta y ampliamente participativa por parte de quienes conforman esta iniciativa a nivel local.

Si bien los términos Gobierno Abierto pueden sonar claros a nuestros oídos, nos lleven a cuestionar ¿de qué se trata?, ¿quiénes están involucrados? Tenemos aquí una nueva concepción del ejercicio gubernamental cuyo fin primordial es que la ciudadanía incremente la confianza en sus servidores públicos y gobernantes a través de la colaboración.

Fue justo el 14 del mes pasado cuando organizaciones como el Centro de Integración Ciudadana (CIC), Cómo Vamos Nuevo León y Redes Quinto Poder; así como el Poder Judicial del Estado, el Gobierno estatal y el Congreso local, firmaron una carta de intención para participar en este ejercicio denominado Alianza para el Gobierno Abierto 2016.

Si bien los términos Gobierno Abierto pueden sonar claros a nuestros oídos, nos lleven a cuestionar ¿de qué se trata?, ¿quiénes están involucrados? Tenemos aquí una nueva concepción del ejercicio gubernamental cuyo fin primordial es que la ciudadanía incremente la confianza en sus servidores públicos y gobernantes a través de la colaboración.

Nos encontramos frente a un nuevo paradigma social en que ciudadanía, entidades, partidos políticos, trabajadores públicos y cargos electos pueden participar e interactuar en el debate, definición, creación y evaluación de las políticas del gobierno de manera directa.

Es decir, los principios básicos para un Gobierno Abierto están asociados con la participación, la colaboración y la transparencia de manera que a través de las tecnologías de la información y la comunicación se generen entornos de diálogo que faciliten una conversación directa y fluida entre la comunidad y sus gobernantes.

Y es aquí donde llega el ejemplo más claro acerca de la voluntad y la intención de que organizaciones civiles, autoridades como el Gobierno estatal, el Poder Judicial y el Congreso local hayan firmado la carta para un Gobierno Abierto.

La decisión fue tomada por la Comisión de Justicia del Congreso local, sin consultar ni al Poder Judicial ni a la academia, por lo que las organizaciones civiles emprendimos un llamado para que los diputados involucrados respondieran cinco cuestionamientos de forma personal.

Sucede que el Legislativo, a través de sus dos fracciones mayoritarias, toma la decisión de aprobar las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el 25 de abril, para reducir de 16 a 14 el número de magistrados ,totalmente contraria a la propuesta inicial de pasar de 16 a 20.

La decisión fue tomada por la Comisión de Justicia del Congreso local, sin consultar ni al Poder Judicial ni a la academia, por lo que las organizaciones civiles emprendimos un llamado para que los diputados involucrados respondieran cinco cuestionamientos de forma personal.

Sin embargo, nuestros representantes dieron por cerrado el tema dejando plantadas a las organizaciones quienes los invitaron a un diálogo para aclarar las decisiones que habían tomado.

Si bien Nuevo León estaba siendo ejemplo nacional al ser el primer estado en el que los tres poderes pactaron una Alianza para el Gobierno Abierto, lamentablemente vemos como la intención de incentivar la participación, la colaboración y la transparencia sigue quedando sólo en intención.

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Dimes y Diretes: “Marco le dice ‘atorenle’ a organismos ciudadanos”

En lo que fue una declaración prácticamente de los años sesentas o setentas, el Diputado y Coordinador de la Bancada del Partido Revolucionario Institucional, Marco “El Pollo Loco” González, le dijo al Consejo Cívico y a otros organismos ciudadanos que tienen “que vivir con ello” en referencia al madruguete que se aventaron los diputados al reducir de 16 a 14 el número de magistrados del Poder Judicial.

Marco González le dijo con todo el “respeto” a los organismos ciudadanos que el no tiene ni la más mínima intención de juntarse con estas organizaciones para discutir la decisión que su bancada tomo sin el más mínimo aviso previo a la ciudadanía, al Poder Judicial y a los mismos organismo que solicitaron juntarse con los diputados para que dieran una explicación el martes pasado.

…Marco “El Pollo Loco” González, le dijo al Consejo Cívico y a otros organismos ciudadanos que tienen “que vivir con ello” en referencia al madruguete que se aventaron los diputados al reducir de 16 a 14 el número de magistrados del Poder Judicial.

Marco dice así de simple “ya está hecho, y se tiene que vivir con ello”, pues sí Marco así como básicamente tenemos que vivir contigo como diputado y títere de Medina desde septiembre del año pasado. Las palabras de Marco, más que satisfacer las dudas que aún existen alrededor de la decisión inesperada del Congreso local de reducir el número de magistrados y extrañamente eliminar los dos que le tocaban al Gobierno del Estado designar, molesta y mucho.

Parece que el diputado aún cree que estamos en la época de los setentas o sesentas en los cuales había una especie de autoritarismo en el país, le informo diputado que ya no es así, ni tampoco estamos en los tiempos de su jefe Rodrigo Medina, si se piden explicaciones, explicaciones tiene que dar.

Marco dice así de simple “ya está hecho, y se tiene que vivir con ello”, pues sí Marco así como básicamente tenemos que vivir contigo como diputado y títere de Medina desde septiembre del año pasado.

Parece que se le esta olvidando al coordinador priista quienes son sus jefes, y no, no quiero sonar como Gilberto Lozano, pero si se está pidiendo una explicación, él la tiene que dar no salir con sus mafufadas de que la decisión ya se tomó, que ya no hay solución y tienen que acatar, claro que hay solución, otra cosa es que no quiero hacer nada al respecto.

Por cierto, en la misma entrevista Marco dijo que los carros nuevos que busca el Congreso adquirir para movimientos de los diputados y personal del Congreso, según Marco menos de la mitad de los diputados del PRI tienen automóvil, ¿se la creen?

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Intimidades Públicas: “Más allá de la #Ley3de3”

Cuando el hartazgo es sumamente considerable, cualquier solución parece ser suficiente.Esolam

La iniciativa ciudadana denominada como “Ley 3 de 3” está haciendo historia. No sólo junto más de 600 mil firmas ciudadanas para poder ser enviada al Senado de la República institucionalmente como una iniciativa ciudadana, sino también está marcando una agenda ciudadana dentro del ámbito público sin precedentes. En ese sentido, pareciera que no habría porque estar en contra de la “Ley 3 de 3” –que dicho en términos legislativos expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, cualquier persona con el mínimo hartazgo del ámbito público está a favor de que esta iniciativa ciudadana se haga realidad.

Pero ¿por qué no resulta suficiente la “Ley 3 de 3”? Más allá de que encausa un hartazgo ciudadano hacia un tema sumamente relevante del ámbito público como lo es la corrupción, pareciera que gran parte del fondo se centra en transparentar 3 declaraciones por parte de los servidores públicos y generar incentivos para denunciar actos de corrupción, cuando en la realidad para acabar con la corrupción se requiere mucho más. Con esto, no quiero decir que presentar las 3 declaraciones –patrimonial, intereses y fiscal- esté mal, sólo que vale la pena conocer el contexto general que acontece actualmente en nuestro país respecto a este tema.

…si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

El año pasado se aprobó la reforma Constitucional que generó las bases para crear lo que se denominó como “Sistema Nacional Anticorrupción”, y que en otras palabras, se refiere a generar un sistema de coordinación con el cual los tres niveles de gobierno tengan los mecanismos legales e institucionales para combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Asimismo, dicha reforma Constitucional además de crear estas bases –la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción-, busca crear o modificar otras 6 leyes –la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas– con la intención de fortalecer institucionalmente desde todos los ámbitos, es decir, una serie de reformas que generan un sistema integral.

Es importante mencionar que el artículo 108 de la Constitución actualmente obliga a los servidores públicos a presentar su declaraciones patrimonial y de intereses sin excepción. En todo caso habría que incluir en la Ley de la materia –Ley General de Responsabilidades Administrativas- la obligación de los servidores públicos de presentar también su declaración fiscal.

…vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas

Desafortunadamente el debate sobre la “Ley 3 de 3” se centra en la transparencia de las mismas. Es decir ¿Es realmente necesario que los servidores públicos de forma obligatoria no sólo presenten sus tres declaraciones, sino también las transparenten al escrutinio público? Aquí es donde vale la pena profundizar.

Habrá quienes defiendan el hecho de que al ser un funcionario público tu vida en su totalidad es público, incluido lo que has hecho antes de formar parte de la administración pública. Y habrá quienes digan que con realizar las declaraciones resulta suficiente. A mi parecer, la reforma Constitucional y las leyes secundarias son un sistema que abarca mucho más que 3 declaraciones. Son los cimientos institucionales por los cuales existirá un combate frontal no sólo para combatir la corrupción sino también para prevenirla.

Es por esto, que si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

Por estas razones, vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas, y por ende, de los servidores públicos de nuestro país.

En fin, el apoyo a la iniciativa “3 de 3” es importante, pero definitivamente no resulta suficiente.

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