El martes 4 de abril, aviones de guerra atacaron la localidad de Khan Sheikhoun, Siria. Acto seguido, paramédicos observaron personas ahogándose, desmayándose, o presentando vómitos. También se notaron casos de espuma alrededor de la boca. Diversas informaciones apuntaron a la utilización de armas químicas por parte del Gobierno de Bashar al-Ásad, quien negó su responsabilidad.
Rusia, su más cercano aliado, indicó que el arsenal químico pertenecía a los rebeldes. No hay números precisos sobre el número de víctimas resultante de este nuevo episodio de utilización de armas químicas: algunos refieren a 58 muertos, mientras que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos apunta a 67 (y 300 heridos); otras fuentes cifran a más de 100 las víctimas mortales.
Tampoco se sabe qué se utilizó, si bien se apunta al uso de Gas Sarín, un agente nervioso 20 veces más letal que el Cianuro, difícil de detectar. Los países occidentales dieron por un hecho el uso de armas químicas por parte del Gobierno sirio – Rusia sigue insistiendo que la autoría del hecho no es clara – y más temprano que tarde, 59 misiles crucero Tomahawk estadounidenses, lanzados desde navíos desplegados en el mediterráneo, atacaron la base aérea Sharyat (asociada al programa sirio de armas químicas).
Un acto ilegal e inmoral
El inicio del uso de armas químicas en el mundo contemporáneo tiene lugar hace poco más de un siglo, el 22 de abril de 1915, cerca de Ypres (Bélgica), cuando tropas alemanas lanzaron 180 toneladas de clorhídrico asfixiante a los aliados, intoxicando a 15,000 personas.
La indignación de la opinión pública internacional fue tal, que diez años después, en 1925, se firmaba del Protocolo de Ginebra sobre las armas químicas y biológicas, el primer intento multilateral para impedir el uso de ese tipo de armas en contextos bélicos. El convenio es importante, si bien no penaliza la producción y almacenamiento de armas químicas (solo su uso). Además, muchos de los Estados que lo ratificaron se guardaron el derecho de usar estas armas contra los no firmantes, o como represalia si eran víctimas de armas químicas.
De hecho, durante la Guerra Fría, alrededor de 25 Estados desarrollaron armas químicas. Japón utilizó Gas Mostaza, Lewisita, Fosgeno, Cianuro, y otros durante su guerra contra China (1937-45).
Entre 1961 y 1971, Estados Unidos lanzó 72 millones de toneladas de Agente Naranja para destruir los bosques en donde se ocultaban guerrilleros vietnamitas. Las enfermedades y trastornos genéticos causados por la dioxina afectan hoy a más de tres millones de personas.
En 1988, Saddam Hussein, en el marco de la guerra Irán-Iraq (1980-88), bombardeó la ciudad de Halabja (Kurdistán Iraquí) con Gas Sarín, Tabún, Mostaza, y VX. Documentos publicados por Wikileaks señalan que Washington autorizó el uso de agentes químicos – fósforo blanco y uranio empobrecido – en Faluya (2004), durante la guerra en Iraq.
Y en 2013 se denunció el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Ásad, en Guta (suburbio de Damasco, la capital de Siria). Las víctimas se estiman a entre 281 y 1729. En esa ocasión, el Presidente Barack Obama aceptó no atacara Siria, a cambio de desarrollar negociaciones exitosas con Rusia para desmantelar el arsenal químico de al-Ásad.
También hay esfuerzos para eliminar la posibilidad que tales episodios se produzcan. En 1980, inició un proceso de negociación que llevaría a la firma, en 1992, de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje, y Uso de Armas Químicas y sobre su destrucción, conocida como la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), que entró en vigencia el 29 de abril de 1997.
El acuerdo es importante al menos por dos razones. Primero, prohíbe, como es el caso del Protocolo de Ginebra, el uso de agentes químicos en las guerras. Pero además, ilegaliza su producción y almacenamiento, e incluye medidas de verificación. El empleo de herbicidas como método de guerra es prohibido, y los Estados firmantes se comprometen no solo a no usar agentes químicos con finalidades bélicas, sino también a no desarrollar, ayudar, alentar o inducir a otros Estados a producir este tipo de armas.
También se comprometieron a destruir los stocks existentes. Segundo, por primera vez se negoció un acuerdo multilateral, de aplicación universal, con un mecanismo de ejecución permanente – la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) – cuyo objetivo es la eliminación de una categoría de armas de destrucción masiva.
En suma, el uso de armas químicas es considerado una ofensa grave a nivel internacional. Siria ratificó la convención el 14 de septiembre de 2013, la cual entró en vigor en ese país el 14 de octubre de ese mismo año. La utilización de armas químicas convierte entonces a los autores del ataque en violadores de la convención.
Además, pone al país en flagrante desacato de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Recuérdese que el mismo ha solicitado implementar el Comunicado de Ginebra (2012), que busca crear un gobierno de transición de consentimiento mutuo con amplios poderes ejecutivos.
También solicitó a las partes, en enero de 2016, asistir a “conversaciones de acercamiento” para discutir sobre un cese al fuego y un periodo de transición conducente a nuevas elecciones. Y si bien los ceses al fuego anunciados por Estados Unidos y Rusia (septiembre de 2016), así como Rusia, Irán y Turquía (enero de 2017) no surtieron ningún efecto, el uso de armas químicas no solo implica un fracaso en los intentos por resolver pacíficamente el conflicto, sino también una evidente escalada militar. Además, demuestra que el arsenal químico no ha sido desmantelado, como debía ser el caso a partir de 2013.
Una guerra compleja
Las raíces inmediatas del conflicto sirio se encuentran en la “Primavera Árabe” (2010-13), esa ola de democratización que se llevó a su paso a los regímenes de Hosni Mubarak (Egipto) y de Muamar Gadafi (Líbano). En Siria también, el pueblo se levantó contra un régimen autoritario, corrupto, iniciado por Háfez al-Ásad, en 1971, que no cumplía con las expectativas de la población.
Pero aquí la represión fue inequívoca. Las protestas estudiantiles prodemocráticas de marzo de 2011 fueron seguidas de la represión, lo cual generó indignación nacional y el pedido de renuncia de Bashar al-Ásad. El gobierno respondió entonces con más represión. Acto seguido, la oposición se armó para defenderse, y también para expulsar a las fuerzas gubernamentales de sus regiones. El gobierno etiquetó entonces a estos grupos de “terroristas”, y escaló el conflicto. Hasta aquí, la violencia colectiva es una de exclusión política, común en diversos contextos de conflicto armado interno.
Pero la guerra civil se complejizó cuando se transformó en una pugna entre la mayoría musulmana sunita, opositora, y los chiitas alauitas, grupo al que pertenece el Presidente al-Ásad. Claro, definir las identidades en conflicto en estos términos, es reduccionismo, pues en la oposición se encuentran amalgamados desde revolucionarios moderados (Ejército Libre Sirio, ELS), hasta islamistas yihadistas ligados al Estado Islámico (EI). También se encuentra a Tahrir al Sham, el mayor grupo armado opositor después del EI. Además, los kurdos del norte, que son otro elemento identitario del conflicto a considerar (con implicaciones en Turquía) buscan asentar su control sobre el territorio donde se encuentran presentes.
El rol de actores externos también es importante. Irán, que es chiita, es uno de los más cercanos aliados de al-Ásad, y puede haber invertido miles de millones en asesoramiento militar y armas. Además, por Siria pasan armamentos que Teherán envía al Hezbolá (Líbano). Para contrarrestar esta situación, Arabia Saudita (rival regional de Irán) ha financiado a grupos rebeldes sirios (incluyendo a islamistas). Ante el avance de los kurdos (simpatizantes del proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán) cerca de su frontera, Turquía decidió intervenir a favor de la oposición a los kurdos; dichos grupos también han logrado simpatía en Jordania y Qatar. Estados Unidos, por su parte, había evitado involucrarse más allá de su lucha contra el Estado Islámico. Y Rusia, como se indicó, es un fiel aliado de al-Ásad.
Ser o so ser (los policías del mundo): he ahí el dilema
Durante su campaña electoral, el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, advirtió que la superpotencia debería abstenerse de inmiscuirse en el conflicto sirio. Los Estados Unidos no son la policía del mundo. Hoy, el Secretario de Defensa, James Mattis, asegura que esa posición no ha cambiado. Los 59 misiles lanzados el 6 de abril pueden entonces ser vistos como un cambio radical en la posición aislacionista anunciada por Trump durante su campaña electoral, pero otros insisten en que es un operación cosmética que no tiene incidencia en el conflicto armado interno sirio.
En todo caso, Damasco calificó el acto de Washington como “idiota” e “irresponsable”, contrario al derecho internacional (pues se trata de una agresión a un Estado soberano). Rusia apoyó esta tesis y congeló sus canales de comunicación con Estados Unidos. Irán señaló que el ataque puede reforzar los grupos terroristas, complicando la resolución de conflicto.
Mientras “occidente” sigue bailando al ritmo de sus intereses geoestratégicos, para abril de 2016, la ONU estimaba que 400,000 personas habían muerto desde inicios del conflicto. A marzo de 2017, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos estimaba esta cifra a 465,000 los muertos; la ONU estimaba en ese mismo mes, que 4.8 millones de personas habían sido desplazadas. Se estima también que se requieren de USD 3,200 millones para ayudar a los 13,5 millones de personas urgidas de asistencia humanitaria dentro del país.
Otro momento habrá para discutir qué tanto cinismo, ignorancia, estrategia visionaria, o pragmatismo político refleja la operación estadounidense. Por ahora, el apoyo recibido de Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Francia, Israel, Japón, Reino Unido, y Turquía, señala que el movimiento de Washington fue el correcto.
Washington ya se declaró dispuesto a repetir, incluso a ir más allá, si las condiciones lo ameritan. Ahora, más allá de las manipulaciones y oportunismos, que sin duda los hay – el realpolitik es inevitable aquí – usar armas químicas también es traspasar uno de esos límites trazados por el liberalismo, sobre el cual se base parte del sistema de cooperación multilateral internacional. Y en ese sentido, el ataque de Khan Sheikhoun no podía ni debía quedar impune. En el siglo XXI, ningún actor político debería contemplar, entre sus posibles acciones de guerra, el gasear ciudades repletas de población civil. Eso es, simple y sencillamente, inadmisible.
Fernando A. Chinchilla
San José (Costa Rica), abril de 2017
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