E.U.A. podría presentar un problema de abstencionismo

A pesar de que Estados Unidos presenta una de las democracias más antiguas y firmes, el abstencionismo es algo que se ha hecho presente en las últimas elecciones y que se hará presente en aquellas que vienen. Hablemos de estadísticas y del Porqué.

Volvamos 4 años atrás en las elecciones del 2012, de los 242 millones de votantes en Estados Unidos solo el 53.6 por ciento de la nación voto en las elecciones, es decir tan solo 129 millones del total de la población salieron a votar. Las elecciones del 2012 pueden ser aquellas con el mayor número de abstencionismo en comparación con las del 2008 y 2004.

En comparación con Estados Unidos hubo varios países con mayor participación, en primer lugar, tenemos a Suecia con el 82.6%, en segundo Dinamarca con el 80.3%, en tercero Islandia con el 80%, cuarto Noruega con el 77.9%, en el quinto México con el 64.6%, sexto España con el 60.9% y por último, pero no menos importante Republica Checa con el 59.5%. Cabe destacar que nuestro país no fue el último.




Volviendo a las elecciones del 2012 ni siquiera la reelección del actual presidente en ese momento Obama fueron suficientes para una mayor participación que la del 2008 y 2004.

En el actual 2016 podríamos destacar un importante factor, ninguno de los dos candidatos que se encuentran actualmente contendiendo para la presidencia es del agrado de la generación que más tendencia tiene en la actualidad, estamos hablando de los millennials, pues el 40% no se siente entusiasmados por Clinton y otro 49% no se siente de igual manera por Trump, según encuestas de la Universidad de Harvard.

Este podría ser el año con mayor abstencionismo en la historia de Estados Unidos debido a que 75 millones de la población está representada por los adultos entre 18 y 35 años de edad, los cuales no están muy de acuerdo con ninguno de los dos candidatos a la presidencia.

 




¿Qué pasara con las elecciones de este 2016? Presentando unas estadísticas de un abstencionismo tan grande ¿En donde se podría encontrar el cambio? Pues este se podría encontrar en las minorías de la población, es decir en lo migrantes que actualmente ya son ciudadanos del país.

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En Colombia el NO se encuentra sobre el SÍ

El día de ayer 02 de octubre, se realizó un referéndum en Colombia para desmantelar a la Farc (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) con la intención de dar paz a la guerrilla que ha tenido una duración de 52 de años en el cual durante este tiempo se han declarado 200 mil muertes, 45 mil desaparecidos y millones de desplazados (gente que, por el conflicto dentro de su país, fue obligado a abandonarlo y vivir fuera de este).

La Farc es un grupo de ideología comunista, marxista-leninista; la cual busca acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas de su país. Estaba en contra de la participación militar de los Estados Unidos Americanos en el mismo. Además de, estar involucrada en actividades consideradas ilegales dentro del país.

paz    Imagen de sinembargo.mx

En el 2012 se estableció una Mesa de Dialogo apoyada por Cuba, Noruega, Venezuela y Chile; donde se quería llegar a un acuerdo, en el cual se encontraba estipulado: una mejor distribución de tierras, el combate a las drogas y la sustitución de cultivos ilícitos, la participación política de organizaciones populares y la compensación de las víctimas, entre otras cosas.

 




A finales del 2012 empezaron las conversaciones de paz, pero no fue hasta el año 2016 en donde la Farc y el Gobierno colombiano, firmaron el último de los seis puntos de una agenda de negociaciones iniciadas el 4 de septiembre del 2012.

En el referéndum llevado acabo el día de ayer, los ciudadanos tenían que responder “sí” o “no” a la pregunta “Aceptar el acuerdo de paz entre el Gobierno y la Farc”.

El primero en depositar su papeleta dentro de la urna en la Plaza Bolívar (Bogotá) fue el Presidente Santos, quien se atrevió a dar unas palabras a los medios que ahí se encontraban “Acabo de depositar mi voto en este plebiscito, en esta votación histórica que espero cambie la historia de este país para bien. Terminar una guerra de 52 años, el camino de la paz. La paz nos llevara a un mejor futuro” estas fueron las palabras del presidente Santos a los periodistas.

urnas
Las campañas de ambos mandos (“si” y “no”) eran muy fuertes, en ambas se citaba a todos los ciudadanos a que votaran, incluso en algunos lugares se habilitó transporte público, además de encontrase vigente la Ley Seca.

A pesar de todo esto el 63% de la población no acudió, y de aquellos tantos que acudieron el 50.20% votaron “no” y el otro 49.79% voto “si”, siendo más que obvio el ganador de esta votación.

 

 




Los que votaron “si” estaban a favor de reinstalar la Farc como un Partido Político, la verificación y dejación de armas. Que habría amnistía, pero que también se buscaría juzgar a los responsables, tanto de la guerrilla como de los demás actores.

¿Las razones? Las tendrán cada uno de los votantes que acudieron y escogieron su partido. ¿Las consecuencias? El tiempo las dirá.

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Mujeres al Frente

27 de las 500 empresas que integran el índice bursátil S&P 500 son dirigidas por mujeres [1]. Si bien esta cifra podría parecer pequeña, la brecha entre la paridad de género en el mundo de los negocios se cierra cada vez más. En México, aunque el panorama no es el ideal, la cultura corporativa va en camino a ser más igualitaria.

Actualmente el 16% de los puestos de los consejos de administración son ocupados por mujeres, y en contraste, en Noruega esta cifra llega a 42%, de acuerdo a Deloitte [2].

Estudios del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD), arrojan que en nuestro país, de las mujeres que desempeñan puestos directivos el 18% lo hace como directoras de finanzas, 14% como contraloras, 12% como directoras de mercadotecnia y únicamente el 4% son CEO´s. ¿Qué nos falta para que ese dígito sea 50%?




Las razones son variadas y de distinta naturaleza. Por un lado, la cultura juega un papel importante porque vivimos en un país donde desafortunadamente la mayoría concibe al hombre como el proveedor del hogar y a la mujer como la encargada del funcionamiento de este hogar. Es un hecho que el procrear una familia supone por naturaleza, una mayor labor para la mujer y muchas deciden apartarse, al menos parcialmente, de su carrera profesional para dedicar su tiempo al desarrollo de la familia.

No obstante, existen mitos como que la mujer de negocios no pueda tener familia o que el ser empresaria no le permita procurar los cuidados adecuados a sus hijos. Esto es prueba de los estereotipos sociales y los tabúes culturales existentes. En lo personal, vengo de un hogar que es prueba de la falsedad de estos estereotipos.

En algunos sectores de la sociedad esta idiosincrasia se acentúa, pues el mismo sexo femenino se auto-impone roles de servidumbre al marido o del cuidado de los hijos. En otros estratos, el único deseo de la mujer es disfrutar de los recursos económicos del esposo y vivir en desayunos, salones de belleza y eventos sociales. Lo cual tampoco está mal, cada quien es libre de vivir su vida como quiera.

Pero afortunadamente, en lo personal cada vez veo a más mujeres que tienen metas profesionales claras y planes de carrera ambiciosos, en numerosos ámbitos, de diferente alcance. Pues no se trata de que la mujer ahora debe forzosamente perseguir el éxito laboral, sino de que persiga aquello que desee, en los términos que desee.

Sin embargo, ésta es una tarea bilateral. Hombres y mujeres debemos ser partícipes de esta igualdad, porque existen aguerridas feministas que culpan únicamente al hombre de esta disparidad, cuando no en todos los casos es así.




Los puestos de trabajo deben ser ocupados por el talento y no por el género. La igualdad de hombres y mujeres, en el ámbito corporativo, comienza con cada uno de nosotros, con la mentalidad de que el desarrollo económico es cuestión de voluntad y no de sexo.

El impedimento cultural lo imponen en gran medida los hombres, por la personalidad machista que aún sigue imperando, pero también algunas mujeres que muchas veces no se creen capaces para ocupar puestos directivos o porque simplemente no les interesa crecer profesionalmente.

Personalmente, me parece absurdo que en pleno siglo XXI algunas personas sigan creyendo que el mundo de los negocios es exclusivo para el sexo masculino y peor aún, que dentro de las empresas, los hombres no permitan a mujeres desempeñarse en puestos de decisión.

Mientras sigamos pensando que el pan y el sustento son tareas exclusivas de los hombres, no veremos a más CEO´s mujeres; mientras creamos que las tareas del hogar sólo las deben hacer las mujeres, no habrá más emprendedoras; mientras los hombres no se den cuenta que los negocios los dirigen personas (sin distinción del sexo), no lograremos la igualdad laboral que México merece.

A los hombres que creen que la mujer no debe meterse en los negocios, les pregunto ¿a qué le tienen miedo?

Para mí, no hay nada mejor que una mujer competitiva y ambiciosa.

[1] http://expansion.mx/empresas/2016/09/29/ceos-mujeres-suben-a-record-en-2016-pero-son-solo-el-5
[2] http://expansion.mx/mi-carrera/2016/01/12/solo-4-de-los-ceo-en-mexico-son-mujeres

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Talón de Aquiles: Paz en Colombia: ¿Colombia en Paz? De la Guerra Verdadera Hacia Una Paz Fragmentada




Los tambores de guerra han callado. En la calle, líderes sociales afirman que la paz es inminente. Y sin embargo, queda todavía tela por cortar: el rol de las Fuerzas Militares en el post-conflicto no fue discutido durante este proceso de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue activo, y no queda claro si el Estado colombiano entrará a generar legitimidad a aquellas zonas hasta hoy controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). En esta segunda entrega del “Talón de Aquiles” dedicado al proceso de paz en Colombia, exploro el concepto de “paz fragmentada”, y completo el sobrevuelo de los procesos de paz en ese país.

Una paz fragmentada: procesos de paz en Colombia (segunda parte)

El régimen político colombiano entró en un nuevo periodo en 1991 con la aprobación de la nueva constitución que sustituye la de 1886. El nuevo orden formalizó la eliminación de los rezagos institucionales del Frente Nacional y permitió la incorporación al sistema político del M-19, del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL) y de la Corriente Renovación Socialista (CRS).




El proceso es considerado como “exitoso”, a pesar de que el nuevo marco democrático y pluralista colombiano no impidió la continuación del conflicto armado. El ELN siguió activo y las FARC-EP experimentaron un crecimiento como nunca antes visto.

Además, aunque la historia oficial indica que el EPL se desmovilizó en 1991, 20% de sus efectivos se negó a hacerlo.

En 2013 todavía existían remanentes activos (cerca de 200 combatientes) en Catatumbo (Norte de Santander). Y también se expandieron los paramilitares quienes, de la mano de su líder, Carlos Castaño, fundaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Algunos acercamientos, en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), tuvieron lugar en 1992 y 1993. Sin embargo, son dos los procesos de paz que se desarrollaron en los quince años posteriores a 1991. El primero, con las FARC-EP, fue liderado por el Presidente Pastrana (1998-2002) y fue acompañado por gobiernos de diversos países, organizaciones internacionales, y miembros de la sociedad civil.

El mismo, que fue considerado durante años como la última oportunidad de las FARC-EP para salir de la guerra, terminó en un rotundo fracaso. En febrero de 2002, luego de casi cuatro años de diálogos caracterizados por sabotajes (por parte de las FARC-EP, el ELN, y paramilitares), de desconfianzas del Ejército (ante la desmilitarización de una zona para adelantar las conversaciones), de presiones de Washington (que ya pensaba en un “Plan Colombia”), el Presidente dio por concluido el proceso.

La gota que derramó el vaso fue el secuestro por parte de las FARC del senador Jorge Géchem. Queda deslegitimado así el diálogo, como de hecho lo demuestra la popularidad alcanzada por la mano dura defendida por Álvaro Uribe en la campaña electoral de 2002. El segundo proceso de paz, desarrollado durante el primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006), permitió la desmovilización de cerca de 30,000 efectivos de las AUC. El proceso generó severas dudas, pero fue acompañado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante este tiempo, se vivió en Colombia, en el mejor de los casos, una “paz fragmentada”, es decir un contexto en donde se logró desarmar, desmovilizar, y reinsertar (DDR) varios de los actores armados mientras que otros se reforzaron y continuaron con el conflicto armado. A decir verdad, la tal “paz fragmentada” es en realidad un eufemismo, pues no hay paz cuando actores armados siguen usando la violencia para avanzar sus objetivos políticos.

Un proceso serio

Se sabe que el gobierno de Álvaro Uribe, por medio del Comisionado de Paz, Frank Pearl, buscó negociar clandestinamente con las FARC en condiciones similares a las actuales (sin cese al fuego y creando zonas de distensión). Sin embargo, es en 2011 que el Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anuncia a las FARC-EP su intención de retomar los acercamientos, lo cual desemboca en dos reuniones exploratorias, secretas, que tienen lugar en Cuba.

El Gobierno y las FARC-EP elaboraron una agenda para establecer los parámetros que regirían encuentros posteriores. El Gobierno nombró entonces a Frank Pearl, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, y a Enrique Santos en su delegación; más adelante, se sumó Luis Carlos Villegas, Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo.

Las FARC designaron a Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda, y Andrés París. Luego, se designó a Cuba y a Noruega como países garantes y se solicitó a Venezuela y Chile fungir como facilitadores. Entre febrero y agosto de 2012 se organizaron diez sesiones preparatorias y en septiembre, el Presidente Santos dio a conocer a la luz pública estos intercambios.

La agenda de negociación se articuló alrededor de cinco puntos: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; y determinar quienes son víctimas del conflicto armado. El primer acuerdo parcial, el de la política de tierras y desarrollo agrario, se logró seis meses después de iniciado el proceso, el 26 de mayo de 2013.

Se discutieron problemas como el acceso y uso de la tierra, la formalización de títulos de propiedad, la protección de reservas, el diseño de programas de desarrollo (infraestructura, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza) con un enfoque territorial.

El segundo acuerdo, que versa sobre la participación política de las FARC-EP en el post-conflicto, llegó luego de 16 rondas de negociaciones, el 6 de noviembre de 2013. Se trata, entre otros, de garantías de protección para los exguerrilleros que deseen vincularse a la política.

El 16 de mayo de 2014 se alcanzó un acuerdo en el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos. Entre los puntos debatidos se encuentran el desminado, la entrega de rutas, estrategias para bajar el consumo de drogas, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, y la suspensión de las fumigaciones con glisofato.

El 23 de septiembre de 2015, como parte del punto relacionado al “fin del conflicto”, se acordó crear un sistema de justicia transicional con una jurisdicción especial de paz que investiga, juzga, y sanciona delitos relacionados al conflicto armado. El objetivo es que haya verdad, justicia, y reparación a las victimas, es decir, que no haya impunidad. El 23 de junio de 2016 se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo.

Poco se sabe sobre el proceso en sí, lo cual no es extraño. Las negociaciones de paz que han sido exitosas en otras partes del mundo han contado con una estrategia de relaciones públicas que limita la circulación de la información. O sea, contrariamente a otros procesos colombianos, en esta ocasión no se hizo un “espectáculo público”.

El proceso ha sido serio, ha sido apoyado por partidos políticos colombianos de (casi) todo el espectro ideológico, entre ellos el Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, y otros movimientos progresistas, el Partido Liberal, el Verde, campesinos, estudiantes, indígenas, empresarios, y líderes religiosos.

Solo el “uribismo” (corriente política a favor del expresidente Álvaro Uribe) y algunos sectores afines al partido conservador se han manifestado en contra, aduciendo que no se puede negociar si no se solicita como prerrequisito un cese al fuego y que el Marco Jurídico para la Paz podría eximir a guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad de sus responsabilidades.

Pero dichos grupos se encuentran aislados, no solo a nivel nacional sino también internacional: 47 países (incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) han manifestado su apoyo al proceso de paz. Del mismo modo, entidades como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Europea, y organizaciones como Human Rights Watch, ven con buenos ojos las negociaciones.

La firma del acuerdo no solo es un punto de llegada; también es un punto de partida

Para varios observadores, la “verdadera Guerra” de las FARC-EP inició en 1982 cuando, durante su séptima conferencia, el grupo guerrillero se planteó convertirse en un ejército popular. Durante los siguientes veinticinco años, las FARC-EP crecieron exponencialmente.

Pero también ascendieron los paramilitares, el narcotráfico se convirtió en una problemática transversal (que afectó a todos los actores en conflicto, incluyendo al Estado), y la población se cansó de hablar de paz. Hacia 2008, luego de la desmovilización de las AUC, de la muerte del líder fundador de las FARC, Manuel Marulanda “Tirofijo”, de la captura de varios miembros del Estado Mayor Central, y de la persistente imagen que borraba la diferencia entre guerrilleros y narcotraficantes ante la opinión pública nacional e internacional, quedó claro que los “mejores tiempos” de las FARC-EP habían quedado atrás. La negociación se convirtió en una necesidad.

El proceso de paz actual excluye al ELN, y por ello es difícil argumentar que tiene la posibilidad de generar una “paz integral”. A pesar de ello, este intento es inédito al menos a dos niveles. Primero, el congreso aprobó el “Acto Legislativo para la Paz”, que permite que se incorporen rápidamente los acuerdos al régimen legal y constitucional, posibilitando que el Congreso simplemente apruebe o repruebe las reformas que presente el Presidente.

Segundo, se prevé un mecanismo de refrendación, el cual se hará por medio de un plebiscito que debe tener lugar antes que acabe el año 2016. El umbral aprobatorio se ha establecido al 13% (4,5 millones de votos).

Este es el siguiente round de los luchadores por la paz: asegurarse que los acuerdos de paz definitivos sean apoyados por la población. La batalla no está ganada, como lo demostró Guatemala en 1999, cuando se perdió el referéndum que validaba muchas de las reformas pactadas por los acuerdos de paz de 1996.

En Colombia, si bien la mayoría manifiesta actualmente que votará a favor de los acuerdos, debe recordarse que la popularidad de Santos está por los suelos – se sitúa actualmente en el 25% – y que la mayoría se ha manifestado en contra del proceso de paz. Los colombianos prefieren hoy aprobar un “mal acuerdo” a que continúe una “buena guerra” que, desde hace tiempo se sabe, nadie era capaz de ganar.

Cali (Colombia) y Ciudad de México (México), Julio y agosto de 2016

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Implementación de un jurado en nuestro sistema procesal: ¿Opción viable y necesaria?

Desde el año 2008, en virtud de la notoria ineficiencia y corrupción del sistema procesal mixto empleado desde hace tiempo en nuestro país, se optó por iniciar un camino para modificar dicho sistema por uno de carácter acusatorio. Actualmente, se ha llegado al plazo límite en el que cada entidad federativa debió haber adecuado todos los elementos necesarios para que estos se acoplasen con las reformas planteadas.

Aspectos que radican desde la óptima capacitación de la policía, hasta la creación de nuevos espacios donde puedan llevarse a cabo los juicios orales, constituyen algunas de las piezas imprescindibles para asegurar la correcta aplicación del proceso de carácter garantista e igualitario que se decidió poner en marcha.

No obstante, luego de haberse cumplido el plazo para que cada estado modificara todo lo necesario, valdría la pena hacerse la pregunta: ¿Se incluyó todo lo necesario a las reformas de nuestro sistema procesal? ¿O acaso existen fundamentos que pasamos de largo y que deberíamos plantear, con el fin de acrecentar las posibilidades de éxito en lo que la administración de justicia se refiere? Dentro de las consideraciones que probablemente debieron contemplarse, considero la implementación de un jurado como una de las más urgentes; definido como una institución en la cual los ciudadanos contribuyen a la administración de justicia mediante la emisión de un veredicto que decide la culpabilidad o inocencia de un imputado en un juicio, la figura del jurado es aplicada actualmente en un diverso grupo de países (en los cuales es variable el rango de aplicación de dicha figura, por ejemplo: Brasil sólo utiliza al jurado para ciertos delitos) , entre los que son parte: España, Estados Unidos, Noruega, Escocia, Brasil, Italia, Suecia, entre otros. De esta forma, los países que cuentan con un jurado incluyen, de una forma mayor a la ciudadanía, en lo que la administración de la justicia se refiere.

Si bien hay actualmente objeciones a tal institución, bajo argumentos como la considerable posibilidad de persuadir a un grupo personas que no son precisamente conocedores del derecho, absolviendo así a individuos culpables de los delitos que se les imputan, habría que preguntarse ¿qué hay de los demás poderes de la unión? Pues se habla mucho del riesgo antes mencionado, sin tomar en cuenta que actualmente un gran número de nuestros legisladores no cuentan exactamente con una carrera afín a la creación de normas; lo siguiente tomando en cuenta que, son ellos los que pueden modificar nuestra ley suprema: la Constitución Mexicana.

Dicho esto, no se trata por otro lado, de sugerir la existencia de un poder legislativo donde imperen los conocedores del derecho y la política sobre la voluntad del pueblo, sino al contrario: habría que ampliar esa voluntad del pueblo hacia nuestro poder judicial, el cual hoy carece de democracia.

Igualmente, por el hecho de ser necesaria la progresividad de las leyes, entendiéndose esto como el llevar a cabo una reforma de proporción considerable por etapas, (tal como se llevó a cabo la transición del sistema mixto al sistema acusatorio) considero que la propuesta de crear un jurado debería implementarse por pasos, comenzando por implementar jurados para casos civiles, así como para delitos menores. Esto, con el fin de dotar a la democracia de un carácter progresivo, para que de esta forma los ciudadanos estemos más adentrados en los asuntos que nos conciernen.

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