Admite Zedillo error de política ante droga

Comparte este artículo:

El expresidente Ernesto Zedillo, reconoció este lunes que durante su administración se siguió una política equivocada en materia de drogas.

Zedillo, quien es miembro de la Comisión global de Política de Drogas, aseguró que el grupo ha analizado evidencia suficiente para concluir que el prohibicionismo ha causado afectaciones graves a derechos humanos y no ha dada resultado en el tema de salud.

“Lo que hemos hecho durante ya casi un siglo está mal. La prohibición está mal, la prohibición está causando mucho daño. Hemos seguido políticas equivocadas, nótese que digo hemos”, dijo el ex mandatario mexicano durante la presentación del Informe de la Comisión Global de Política de Drogas, grupo en el que participan expertos, entre los que se encuentran ex Presidentes y ex Primeros Ministros de América Latina, Europa y África.

El ex presidente de Colombia, César Gaviria, aseguró que aunque se regulen las drogas se deberá seguir combatiendo a los cárteles de las drogas, por otro lado, afirmó que prohibir estas sustancias es lo que ha generado un mercado ílicito.

“La prohibición ha sido una pesadilla para México, Centroamérica, Colombia, una pesadilla por la corrupción que ha generado en nuestros países. La prohibición es la que ha generado el problema de mafias”, comentó el ex mandatario colombiano.

Gaviria, dijo que la propuesta es avanzar la regulación, peor no la legalización de las drogas, además, agregó que para que la regulación tenga éxito en América Latina, es necesario que Estados Unidos también cambie de política de drogas.

(Con información de Grupo Reforma)

 

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos: una solución contraproducente a los excesos de la alta burocracia

Comparte este artículo:

La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual pone un “tope” al ingreso laboral de los funcionarios. 

Por un lado, la ley muestra múltiples inconsistencias y contradice la Ley Suprema.

Por ejemplo, al determinar que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, dicha ley atenta contra el federalismo. Al ser una ley federal, es decir, emitida por el Congreso de la Unión en su carácter de órgano del Poder federal, no atañe a los servidores públicos del orden local. 

Buscar que dicha ley imponga un ingreso laboral máximo a todos los funcionarios representa una invasión a la esfera de competencia de las entidades federativas, por lo cual puede promoverse una controversia constitucional.

Por otro lado, el artículo 94 constitucional determina que las percepciones de los Jueces de Distrito, los Magistrados de Circuito, los Consejeros de la Judicatura Federal y los Ministros de la Suprema Corte no pueden modificarse durante su cargo. 

¿Cómo se resolverá esto? Posiblemente en dos “rounds”. Primero, los Ministros de la Suprema Corte promoverán un amparo indirecto contra dicha ley. ¿Me pregunto quién vencerá? Sin embargo, con el respaldo legislativo a López Obrador en el Congreso Federal y en la mayoría de los locales, no sorprendería que éste llevara el tema a sus últimas instancias: una reforma constitucional.

Por ello, una vez promulgada, la ley será causa de controversias constitucionales y de amparos indirectos. Empero, más allá de las inconsistencias y los potenciales problemas judiciales que presentará, resulta conveniente analizar el origen, el alcance y las consecuencias de dicha ley para la estructura del poder. 

El fundamento de dicha ley es de forma y no de contenido: nuevamente el simbolismo ‘lopezobradorista’ aparece. Responde a la perpetuación de la legitimidad a partir de los modos de hacer política; de lo que representa no de lo que transforma; del estruendo político que ocasiona; y de la reverberación social que tendrá. 

¿Cómo puede López Obrador desvincularse del “antiguo régimen”, acusado del despilfarro del erario público y de la búsqueda de beneficios personales? 

Promoviendo frugalidad y probidad financiera. 

Para López Obrador, la responsabilidad del Presidente se traduce a un sueldo de 108 mil pesos, ergo, bajo la premisa de que la función del Ejecutivo posee el nivel más alto de responsabilidad, los demás funcionarios no deberían exigir un sueldo mayor a éste. 

Y aquí encontramos el alcance que busca la ley, un simple corolario del apotegma: si el Presidente es honrado, mecánicamente, el resto del sistema político lo será. 

Sin mencionar la dimensión estructural de la corrupción que se encuentra enraizada en la misma base de nuestro régimen político, la especie de interiorización ético-psicológica que propone López Obrador resulta improbable. 

Aquellos que apoyan la reducción de las remuneraciones, a partir del argumento que un servidor público (perdón por la tautología) debe servir al pueblo y no buscar enriquecerse, se basan en un argumento puramente normativo. 

No existe ningún mal en buscar el “deber ser” de los funcionarios públicos, sin embargo, siendo más realistas debemos analizar cuáles son las consecuencias de disminuir las remuneraciones y no esperar que surja una epifanía ética que fomente el altruismo político. 

De esa manera dejando todas las demás variables constantes, la intuición nos diría que si se disminuyen los ingresos laborales del sector público, la fuerza laboral migraría al sector privado. 

¿Por qué?

En un primer sentido, existe un principio económico que dicta que siempre se prefiere más que menos; sin embargo, profundizando la cuestión encontraríamos que el agente concluiría que el sector público no está remunerando en términos monetarios el equivalente a sus cualidades adquiridas (nivel educativo, liderazgo, conocimiento, etc.). 

Por otro lado, también se percataría de que la remuneración no equivale al nivel de responsabilidad de sus decisiones. Imaginemos a un alto funcionario de alguna área especializada en la Secretaría de Hacienda, quien es consciente de que un pequeño error puede repercutir gravemente en las finanzas públicas. De esa manera, una disminución en su ingreso laboral podría ocasionar que se abstuviera de trabajar en un área tan riesgosa.  

López Obrador cae en el vicio de la búsqueda inmediata de legitimidad, aquella en la que caen muchos de los presidentes de América Latina y quienes han sido llamados populistas: aprobación cortoplacista e indiferencia por el futuro.  

#Kleroterion: “Es momento de hablar de la pena de muerte…”

Comparte este artículo:

Tomó mucho más tiempo encontrar el cuerpo de la pequeña Ana Lizbeth Polina de 8 años de edad, que enterarnos sobre los antecedentes delictivos de su asesino, Juan Fernando R. que, por cierto, era buscado desde 2014, pero tras la indignación social que ocasionó dicho crimen, fue capturado en pocas horas.

Este delincuente y ex-policía estatal, a lo largo de su vida ya había sido procesado en tres ocasiones, una por lesiones y otras dos por abuso sexual de dos menores más, incluso había cumplido una sentencia en prisión, una pena privativa de la libertad que de nada sirvió, pues lo volvió a hacer y ahora además, incluyó el homicidio doloso en su lista de crímenes.

El caso de Ana es y seguirá siendo la punta del iceberg, pero cuántas familias lloran a sus muertos arrebatados por personas sin alma y sin escrúpulos, sobre todo por asesinos que nunca tendrán una readaptación social y que se insiste en seguir invirtiendo en ellos sin tener resultado alguno. En algunas ocasiones se encuentran a los delincuentes, pero en la mayoría  de los casos siguen libres y por supuesto cometiendo delitos cada vez más atroces.

Siguiendo este tipo de delitos, en el caso de feminicidios, existen más de 23 mil asesinadas en lo que va de la década, por lo que coloca a México con una tasa de las más altas de América Latina y lo dejan por debajo de los dos países más peligrosos del mundo, Honduras y el Salvador, de acuerdo al informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por su parte el Instituto Nacional de Estadística, en su último informe sobre violencia de género dice que las mujeres son privadas de su vida con mayor saña y violencia.

Ahora bien, cuando los hechos de violencia escalan de esta manera, el primer instinto que se tiene como ciudadano es culpar a las Fuerzas Armadas, al sistema político, a la policía y al gobierno, exigiendo mejores resultados, sin embargo, cuando el delincuente es detenido, juzgado y sentenciado, para la mayoría de los ciudadanos esto no es suficiente. Esto no quita el sufrimiento de las personas por encontrar a sus familiares asesinados de maneras inhumanas y darse cuenta que el culpable nunca se readaptará en esta sociedad y que cada día se vuelva más peligroso.

Es por esto, que cuando una niña de 8 años es secuestrada, abusada y asesinada, o como el caso de  Fátima Quintana del Estado de México, que con tan solo 12 años, fue violada, apuñalada, cercenada y fracturada, se hace necesario replantear estos temas que están latentes y lastiman cada vez más a nuestra sociedad a nivel nacional, me refiero a las penas corporales, específicamente a la pena de muerte.

Dentro de esta sociedad tan lastimada se han manejado conceptos como pena de muerte, castración química, cadena perpetua, por ejemplo, en los días previos al hallazgo del cuerpo de la pequeña Ana Lizbeth, los comentarios no sólo son realizados por los familiares de la víctima o la turba enardecida de las redes sociales, sino también están siendo debatidos por activistas sociales y académicos, por lo que no podemos abstraernos de esta situación.

Tengo muy claro que nuestra Constitución no nos permite aplicar la pena de muerte, especificado en el artículo 22 y que a la letra dice: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

Pero me parece necesario replantearnos las siguientes preguntas, ¿será momento de modificar este artículo?, ¿será momento de proponer excepciones?, ¿será momento de ser más estrictos y duros con las penas para estos casos?; es evidente que hay individuos como Juan Fernando, que tienen pocas o nulas posibilidades de reinsertarse.

También estoy totalmente seguro que tenemos un sistema de justicia garantista, en el que se toman en cuenta los derechos humanos, así como un riguroso proceso para asegurar que la persona que está vinculada cuente con un trato justo y profesional, se realiza así para tener la certeza de la culpabilidad del individuo sobre una conducta delictiva antes de imponer una sentencia, pero también me queda claro que el sistema penal actúa conforme a lo que tiene en su marco jurídico.

Concluyo con otra pregunta, el Estado Mexicano en su conjunto y los ciudadanos a través de sus impuestos, ¿debemos estar manteniendo artificialmente a individuos que no tienen ninguna posibilidad de ser reinsertados en sociedad?.

Me parece que ha llegado el momento de ponerlo sobre la mesa, iniciemos este debate de manera razonada y real, pero sobre todo con la premisa de que “una sociedad no puede vivir sin justicia y con impotencia”.

 

AMLO propone “iniciar una nueva etapa” a Trump entre ambos países

Comparte este artículo:

El ganador de las elecciones presidenciales en México, Andrés Manuel López Obrador, propuso en una carta al mandatario estadounidense, Donald Trump, “iniciar una nueva etapa” en la relación entre ambos países, e incluso se equiparó con el político republicano.

“En cuanto a lo político, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante”, dijo López Obrador a Trump, quien desde su etapa como candidato propuso la construcción de un muro en la frontera, y ha acusado a México de no hacer la necesario para frenar la inmigración ilegal,  y de incluso enviar delincuentes.

A pesar de la hostilidad de Trump hacia México, López Obrador, en la carta fechada el 12 de julio, insistió al mandatario estadounidense en la posibilidad de llegar a acuerdos, y cooperar.

“Habrá muchos cambios, señor presidente Trump. Y en este nuevo ambiente de progreso con bienestar, estoy seguro que podremos llegar a acuerdos para enfrentar juntos tanto el fenómeno migratorio como el problema de la inseguridad fronteriza, sobre la base de la cooperación para el desarrollo y bajo la premisa de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos”, indicó López Obrador.

Marcelo Ebrard, propuesto para ser secretario de Relaciones Exteriores del próximo gobierno, detalló este domingo el contenido de la carta que hicieron llegar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la reunión en México con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

La carta abunda, sobre todo, en proyectos de desarrollo para “lograr que los mexicanos no tengan que migrar por pobreza o violencia”.

Entre las propuestas, está crear una zona libre o franca a lo largo de los más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, en la que se reducirá el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 20%, el IVA será de 8% en promedio, se reducirá el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) y se duplicará el salario mínimo para equipararlo con el que se gana del otro lado de la frontera.

Además propuso un plan de desarrollo que incluya a los países centroamericanos, para lo cual se presentará al Congreso una iniciativa presupuestal, a fin de asignar recursos a ese objetivo, de los cuales, 75% se destinaría a proyectos para crear empleos y combatir la pobreza, y solo 25% a control fronterizo y seguridad.

En cuanto a la cooperación comercial, Ebrard señaló que el 26 de julio, que se reanudan las pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya estará presente en Washington un representante del futuro gobierno, junto al equipo del actual presidente, Enrique Peña, y recibirán a la canciller de Canadá porque están por la postura de que siga siendo un tratado trilateral.

Refirió que también tendrán presencia, aunque López Obrador ya no acuda, en la revisión de la Alianza del Pacífico, y posteriormente con los países del Mercosur. “Para abrir el diálogo con los países de América Latina, porque tienen el mismo rango de prioridad que pueden tener las negociaciones del Tratado de Libre Comercio“, dijo el futuro canciller.

#ElTalónDeAquiles: “Parteaguas electorales”

Comparte este artículo:

Durante años, se han analizado las olas de cambio político que dibujaron y redibujaron América Latina. Al populismo de primera parte del siglo XX, el de Perón (Argentina) y Vargas (Brasil), siguieron líderes autoritaros: Pinochet (Chile), Stroessner (Paraguay), y Videla (Argentina), entre otros. La década 1980, sin embargo, trajo cambios. Por un lado, una ola de democratización barrió la región. Por el otro, la izquierda radical, sobre todo la centroamericana, se organizó en frentes guerrilleros. Ambos bandos prometieron justicia y bienestar, pero ambos quedaron debiendo. En el primer caso, el neoliberalismo, que nos habrá tal vez sacado de la crisis económica, disipó los beneficios que eventualmente podían resultar del nuevo marco democrático. De hecho, la centro-izquierda de Duarte (El Salvador), Alwyin, Frei, y Lagos (Chile), terminó siendo también victima del neoliberalismo, confundiénsose con la centro-derecha de Menem (Argentina), Arias, Calderón, Figueres, Rodríguez, Pacheco, y Chinchilla (Costa Rica), y Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, y Peña-Nieto. En el segundo caso, mucha de la izquierda radical impulsó luego el llamado “socialismo del siglo XXI”, que llevó al poder a Chavez (Venezuela), Morales (Bolivia), Correa (Ecuador), los Kishner (Argentina), Lula (Brasil), Lugo (Paraguay) y Zelaya (Honduras), pero cuyos resultados en materia de calidad de vida de las poblaciones, siguen siendo, con la plausible excepción de Brasil y de Ecuador, debatibles.

Estudiar el cambio en el mapa político latinoamericano que acontece en 2018 amputado de este marco histórico es incapacitante pues sin él, es imposible identificar las diferencias entre las elecciones en donde hay procesos de inercia, de aquellas con potencial de convertirse en parteaguas. Por ejemplo, fuimos testigos en abril de la asención al poder de Miguel Díaz Canel en Cuba. Es refrescante ver, por primera vez desde 1959, a un no-Castro al frente de la isla. Pero más allá del simbolismo, el nuevo presidente ha multiplicado sus declaraciones a favor del sistema de partido único. Además, Raúl Castro sigue siendo jefe del Partido Comunista. También en abril, en Paraguay, el Partido Colorado, bajo el liderazgo de Mario Abdo (hijo del exsecretario privado de Stroessner), triunfó sobre la alianza de centroizquierda GANAR (Gran Alianza Nacional Renovada) de Efraín Alegre. Abdo se declaró contra el matrimonio homosexual y el aborto. Hoy, en Brasil, Lula está en la cárcel, y Jair Bolsonaro, un exmilitar, homofóbico, favorable a la tortura, puede ganar. ¿Y qué decir de las elecciones en Venezuela? En este caso, quien vaticine el triunfo opositor, demuestra las virtudes y excesos de la imaginación. 

Ahora, otros procesos electorales, que también acontecen actualmente en la región, sí tienen potencial de inyectar nuevas formas de hacer política. En Costa Rica, el oficialismo consolidó una ruptura casi milagrosa con el bipartidismo tradicional. Con una minoría parlamentaria y un sistema multipartidista que no termina de consolidarse, el nuevo presidente debió formar un gabinete multipartidista llamado a generar gobernabilidad. El cambio es vulnerable, pero prometedor. En Colombia, de los resultados de la elección de mayo depende el futuro del proceso de paz, el cual está a medias en la tarea de acabar con un conflicto armado que duró más de medio siglo, y que a duras penas avanza con el Ejército de Liberacion Nacional (ELN). Le toca a Gustavo Petro, exmilitante del M-19 y líder de la coalición “Colombia Humana”, la misión de derrotar a Ivan Duque, candidato uribista, quien dirige la alianza “Gran consulta por Colombia”, y que defiende esa forma de ver y de hacer la política que eternizó el conflicto en ese país por décadas. El legado de Juan Manuel Santos es frágil. En fin, México está poniendo término al gobierno de Enrique Peña Nieto. Si el candidato de la “Coalición Juntos haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), logra llegar a Los Pinos, existe potencial, por lo menos más que si llega Anaya (PAN) o Maede (PRI), de que suceda algo diferente a lo que ha sido la historia de ese país desde 1982. De lo contrario, para bien o para mal, será más de lo mismo. 

Hoy, América Latina se debate entre regresar al pasado o aventurarse en el siglo XXI. No hay más olas: la región se parte en trayectorias diversas. El regreso al pasado, o la defensa de lo existente, es propuesto en algunos países con fuerza, sin complejos. Y en aquellos casos en donde progreso hay, el mismo es endeble, no solo porque la derecha es experta en recordar las catástrofes de la izquierda radical y en matizar los éxitos de la izquierda democrática, sino también porque a pocos les gusta salirse de su zona de confort. Y sin embargo, la aspiración por justicia social, el desencanto con élites políticas poco creativas, a menudo corruptas, e insensiblemente tecnocráticas, nutren un voto que penaliza más de lo mismo ante un pasado en el cual todos quedaron debiendo. 

La lucha ya no es hoy ni entre izquierda y derecha, ni entre populismo y tecnocracia, sino entre conservadurismo y progresismo. Conservador es quien objeta el cambio, sea este de izquierda o de derecha; progresista es quien cree que el cambio tiene el potencial de ser positivo, sobre todo cuando las recetas probadas y reprobadas del pasado, han dado suficientes muestras de no satisfacer las expectativas sociales. Y entonces yo me pregunto: ¿Si insatisfacción hay, cómo esperar resultados diferentes eligiendo siempre a los mismos?

Fernando A. Chinchilla

Montreal (Canadá), mayo de 2018

Ofrece AMLO transmitir documental sobre “Populismo en América Latina”

Comparte este artículo:

El candidato a la Presidencia de México por la coalición, “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, propuso este domingo tramitar el controvertido documental sobre el socialismos en América Latina en su página de Facebook, a cambio de que los productores digan quien esta detrás de financiamiento del mismo.

“Sería bueno que hagamos un acuerdo con la productora de ese documental de marras. Los convoco a que digan quién lo pago. Es un asunto legal, porque tienen que informar al INE. Si lo hacen yo se los transmito en Facebook. Yo acepto el debate pero, ¿por qué el anonimato?”, dijo López Obrador.

Por otro lado, el canal National Geographic salió a desmentir las versiones que circularon en redes sociales, donde se aseguraba que la cadena internacional iba a transmitir el dicho documental a partir de este lunes a las 21 horas.

“National Geographic aclara que no emitirá ‘El Populismo en América Latina’, toda información diferente a ésta es errónea”, aseguró la empresa en un comunicado.

El controvertido documental ha estado bajo el foco público, y empresas como Netflix, Blim y Cinepolis han negado en que en algún momento vayan a tranmitirlo en sus canales.

Dice Odebrecht que impugnará sanciones impuestas por Función Pública

Comparte este artículo:

La empresa constructora brasileña Odebrecht México rechazó las sanciones que le impuso La Secretaría de la Función Pública (SFP) y anunció que “impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas sanciones”.

La compañía agregó que las sanciones “son totalmente infundadas e improcedentes”.

La semana pasada, la SFP inhabilitó a dos unidades de Odebrecht para participar en contrataciones públicas por dos años y seis meses, así como sus funcionarios: Gleiber José de Faria, director de Finanzas de la empresa, y a Luis Alberto de Meneses, titular de la compañía en México.

Este último dijo a las autoridades brasileñas que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos y cercano al presidente Enrique Peña Nieto, recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de la empresa.

Odebrecht dijo también que las autoridades mexicanas rechazaron la solicitud de cooperación en contraste con los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Suiza.

En respuesta, la secretaría publicó: “Como lo han hecho en ocasiones anteriores, que han impugnado los actos de autoridad, la empresa Odebrecht tiene la posibilidad de recurrir las sanciones impuestas la semana anterior, sobre las cuales, las autoridades jurisdiccionales serán las competentes para emitir un pronunciamiento sobre el particular”.

La constructora ha estado en el ojo del huracán en los últimos años acusada de haber sobornado varios gobiernos de América Latina para ganar concesiones de obras.

Derecho a la Ciudad

Comparte este artículo:

“Hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de una vida y ninguna foto es suficiente, porque la ciudad está cambiando siempre. Todo lo que hay en la ciudad es parte de su historia: su cuerpo físico de ladrillo, piedra, acero, vidrio, madera, como su sangre vital de hombres y mujeres que viven y respiran. Las calles, los paisajes, la tragedia, la comedia, la pobreza, la riqueza.” (Berenice Abbott, 1989).

La forma en que han crecido las ciudades en el mundo, ha modificado la manera en que se produce la vida y todo lo que ello implica. Lamentablemente, no podemos esconder que se ha sacrificado la calidad de vida de las personas dentro de las ciudades por esta forma de construir ciudad. En 2011, la ONU anunció que habíamos alcanzamos la cifra de más de 7 mil milles de habitantes en el mundo y como consecuencia de ello, se estima que más de 828 millones de personas estén subsistiendo en barrios marginales carentes de servicios básicos como vivienda digna, agua, electricidad, salud, educación, empleo formal, entre otros servicios básicos. Lo más preocupante, es que se proyecta que el número de personas siga creciendo conforme pasen las décadas. Además, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que en las próximas décadas, el crecimiento poblacional en zonas urbanas se incrementará en las regiones de África, Asia y América Latina, lo que podría convertirse en un problema mayor debido a las condiciones actuales de estas regiones. Además, en 2010 se registró que más del 80% de los habitantes ya vivía en ciudades en Latinoamérica, y se proyecta que para el año 2050, la cifra aumente a el 90% si estas dinámicas de hacer ciudad se mantienen igual.

Es fundamental para todos aquellos que están tomando decisiones en torno al desarrollo urbano de las ciudades, que la población deje de ser más que un simple número. Para hacer ciudad, es indispensable contemplar las funciones de la sociedad, los servicios que le brinda se les brinda, las actividades que realizan y entender como ellas se relacionan con el contexto urbano.  Este comportamiento en Latinoamérica y a nivel mundial ha prendido los focos de organismos de la sociedad civil como Hábitat International Coalition (HIC) que, en conjunto de profesionistas interdisciplinarios, han presionado a gobiernos locales y a la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que decreten derechos humanos emergentes enfocado en el “Derecho a la Ciudad”.

Ampliar las acciones y políticas en materia del Derecho a la Ciudad nos permitirá concretar soluciones de desarrollo sustentable a los problemas que tienen que enfrentar día con día las personas al vivir en una ciudad. Además, identificar mejoras en las políticas públicas ya existentes permitirán a cualquier región del mundo, explotar sustentablemente sus recursos para crear modelos en donde la equidad social se vuelva un factor fundamental y que sus economías puedan convertirse en economías sanas y saludables. Lewin (1964) afirma que, “es necesario considerar al individuo y el medio ambiente como una entidad única e inseparable” pues “así como el sujeto actúa sobre el medio ambiente, el medio ambiente también está en grado de afectar a la persona de manera profunda”, y un estado que no proteja a sus habitantes, será una sociedad que no proteja su economía, su seguridad y el medio ambiente con el que convive. Estamos aún a tiempo de revertir estos problemas y el Derecho a la Ciudad es una pieza clave para lograrlo.

Rex Tillerson critica daños por corrupción en países de América Latina

Comparte este artículo:

Previo a su viaje hacia la Ciudad de México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, criticó los graves daños que la corrupción causa en países de América Latina, por lo que hizo un llamado a combatirla.

“Debemos erradicar la corrupción en todas sus formas. Los Gobiernos ineficaces y corruptos dañan a los países: la economía sufre, la gente pierde la fe en las instituciones y el crimen aumenta”, aseguró Tillerson durante un discurso en la Universidad de Texas, en Austin.

Al hablar de temas como la crisis en Venezuela, el intercambio comercial y la cooperación energética, Rex Tillerson hizo énfasis en los daños concretos de la corrupción, además de celebrar que países latinoamericanos hayan tomado acciones para erradicarla.

“Los pasos recientes tomados contra la corrupción en Guatemala, Perú, la República Dominicana, y Brasil subrayan la importancia de atacarla directamente”, indicó Tillerson durante su intervención.

 Según fuentes de Departamento de Estado, el secretario de Estado estará esta noche en una cena en la residencia de la Embajadora de Estados Unidos en MéxicoRoberta Jacobson, donde estarán invitados varios líderes mexicanos sin identificar.

Previo a seguir con su gira, Tillerson se reunirá oficialmente con Luis Videgaray y pasado el mediodía lo hará con el presidente Enrique Peña Nieto.

Se prevé también que se confirme un paseo del funcionario estadounidense por el Zócalo de la Ciudad de México, además de la Catedral Metropolitana, en el marco de la segunda visita del secretario a nuestro país en el primer año del presidente Donald Trump.

#ElNidoDelGavilán: “El vodka con charrones”

Comparte este artículo:

El tema de la supuesta intervención rusa en la elección mexicana sigue causando revuelto para analistas nacionales e internacionales. En el Washington Post y en The Guardian han dedicado numerosas columnas y reportajes al tema. En México, León Krauze y mi colega en Altavoz MX, Luis Garnica, han escrito sobre el tema posicionando la preocupación en la agenda política.

No obstante, los datos presentados son inconclusos. León Krauze habla de un reporte del Senado estadounidense acerca de la intervención rusa en diversos países, principalmente en el área de los Balcanes y otros países de Europa. Basta una leída a estos casos y podemos ver que el reporte está bien fundamentado, pero no representa un caso comparable al nuestro.

Por ejemplo, se acusa de que, en Serbia, se han generado campañas de publicidad oficialista rusa, incluso se acusa a la Iglesia Ortodoxa Serbia como aliada en esta influencia rusa. En el caso de España, se acusa el financiamiento a partidos catalanes de izquierda por medio de líderes de la mafia rusa en el país para apoyar el Referéndum. Ambas acusaciones, entre las demás que se presentan, son fuertes y que mencionan nombres y apellidos de involucrados.

Sin embargo, el reporte no menciona casos en América Latina, además de que asume, en el caso catalán, de que a los rusos les conviene una fragmentación del Estado Español, lo cual es muy debatible y muy frágil como argumento. Me parece peligroso que se comparen los casos ya que no es lo mismo Serbia, Georgia o Montenegro que tienen siglos de relación con la cultura rusa ya sea por ser eslavos o por haber sido parte de la Unión Soviética.

Si bien, existen indicios de que la Mafia Rusa opera en Cancún y hasta en el Mercado de la Merced en la Ciudad de México traficando prostitutas, es verdaderamente peligroso afirmar que mafias pudieran financiar a políticos mexicanos, teniendo mafias más poderosas plenamente establecidas y tomando en cuenta que no todas las mafias rusas están unidas al Kremlin, lo cual, de por si, ya es polémico decir.

Además, el reporte desde la Casa Blanca nunca dio fuentes, ni profundizó, es más, aventaron la piedra y escondieron la mano, lo cual no es muy profesional. El tema de Ackerman y su esposa es verdaderamente inútil de mencionar ya que León Krauze lo saca de una columna del Washington Post llena de mitos como decir que AMLO es antiamericano o que abiertamente lanza vivas al gobierno de Caracas. Es inocente pensar que John Ackerman apoya a AMLO sin un fin detrás, pero acusarlo de espía del Kremlin es verdaderamente risible.

El embajador ruso en México ya se ha pronunciado, así como el Canciller Videgaray respecto al tema negando la intervención.

Pensar que los rusos están generando desinformación en redes tanto en México como en otros países es asumir que la gente no tiene opciones de información y que existen mexicanos que solo consumen RT o Regeneración, lo cual es falso.

Asimismo, por más que sea negocio para los rusos tener relaciones con AMLO, pensar que unos hackers o “espías” movilizarán o influirán en millones de mexicanos es también poco creíble. Nuestro país y nuestra democracia no tienen el nivel de penetración de internet que existe en el primer mundo. Numerosos votantes de Comitán, Chiapas o de Caborca, Sonora, incluso de la Ciudad de México que vayan a las urnas difícilmente serán víctimas del Kremlin.

Finalmente, mi amigo y colaborador en jefe de Altavoz MX, en su columna de la semana bien señala que aunque haya “chicharroneo”, palabra que usé para describir el pleito en Twitter entre AMLO y algunos periodistas, debe existir preocupación acerca del tema. Y aunque comparto la preocupación me parece que como periodistas tenemos que salir a mostrar más pruebas y a enriquecer el debate, aunque difiramos.

Lo dicho, dicho está.