#ElTalónDeAquiles: “Alan”

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“Alan”. Así de simple. Ese fue el nombre con el cual Alan Gabriel Ludwig García Pérez, mejor conocido como Alan García, se presentó en las elecciones peruanas de 2006, las cuales terminaron con una victoria que le permitió asumir, por segunda vez (la primera fue de 1985 a 1990), la Presidencia de la República 2006-11. Hoy, Alan se ha convertido en el segundo Jefe de Estado peruano en suicidarse (luego de Gustavo Jiménez, en 1933). 

La primera vez que escuché el nombre “Alan García” fue a mediados de la década 1980, cuando este discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torre llevó al poder por primera vez a la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), un partido de centroizquierda fundado en 1924. García había sido diputado constituyente (1978-79) y diputado (1980-85), pero su figura obtuvo alcance latinoamericano cuando su discurso joven, radical, y antiimperialista, le dio, a sus 36 años, la Presidencia de la República. 

Al inicio de su gobierno, los salarios crecieron, las tasas de interés se redujeron, y el tipo de cambio, así como la inflación, se mantuvieron bajo control. Pero la bonanza económica terminó. Las emisiones inorgánicas de moneda, su rebeldía al Fondo Monetario Internacional (FMI), y el hecho de limitar el pago de la deuda externa al 10% de los ingresos obtenidos por las exportaciones, hicieron estallar la crisis económica. En 1989, la hiperinflación llegó al 2775%. Además, en esa época se recrudeció el conflicto armado interno. No solo creció la violencia de grupos armados como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), sino que también lo hicieron las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Con un legado como ese, era imposible pensar en una segunda oportunidad. 

Y por eso, el segundo Alan, el que asumió en 2006, me sorprendió. Si algo se demostró en esa ocasión es que en América Latina los cadáveres políticos no existen. Bien por Alan. Pero también es cierto que su segundo gobierno se definió por el mismo neoliberalismo implantado a partir de 1990. Los tratados de libre comercio y la política de austeridad fiscal propulsados por este dinosaurio político sepultaron al joven izquierdista de retórica explosiva. Y así, el único denominador común de sus dos gobiernos fue las denuncias de corrupción. En 1991 el parlamento debatió la posibilidad de encausarlo por eventual enriquecimiento ilícito. Y en 2013 se creó una comisión para investigar presuntas irregularidades acontecidas durante su segundo gobierno. Si no fuera porque en 2001 la Corte Suprema declaró prescritos los delitos presuntamente cometidos durante su primer mandato, no hubiera podido resucitar.   

La última vez que escuché mencionar a Alan fue el 17 de abril de 2019, cuando me enteré de su suicidio. A punto de ser arrestado por asuntos relacionados al caso Odebrecht, una empresa constructora brasileña que habría incurrido en actividades ilícitas (cohecho, colusión, y tráfico de influencias) para obtener licitaciones de obra pública, Alan decidió dispararse. Claro, García no es el único político latinoamericano salpicado por el escándalo. Tan solo en Perú, el expresidente Alejandro Toledo (2001-06) se encuentra prófugo, Ollanta Humala (2011-16) estuvo nueve meses en prisión preventiva, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-18) purga una pena de 36 meses de detención domiciliaria por supuesto lavado de activos. Si Alan hubiese sido aprendido, y sin tomar en cuenta a Alberto Fujimori (Jefe de Estado 1990-2000 quien fue sentenciado en 2009 a 25 años de presión por delitos de represión) habría sido posible afirmar que todos los presidentes de Perú de los últimos veinte años han tenido problemas legales debido a la corrupción. 

Pero hoy el orador decidió unirse, por razones muy diferentes, a una lista de Jefes de Estado latinoamericanos que han terminado trágicamente sus días, entre ellos Getulio Vargas (Brasil, 1954) y Salvador Allende (Chile, 1973). Alan, quien siempre supo utilizar el poder de las palabras, se quedó mudo. Y esta vez, no resucitará. 

Fernando A. Chinchilla 

Montreal (Canadá), 2 de mayo de 2019

La reforma laboral a la luz de la economía internacional

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Los dos modelos clásicos de la economía internacional implican que cualquier economía se verá, en general, beneficiada por el comercio exterior. El primero es el formulado por David Ricardo, quien atribuye los beneficios a las ventajas comparativas y no absolutas como afirmaba Adam Smith. Ricardo afirmaba que los países tienden a especializarse en aquellos bienes en los cuales tienen una mayor productividad relativa respecto a otro país.

El segundo modelo clásico es el formulado por Eli Heckscher y Bertil Ohlin quienes, partiendo de las ventajas comparativas de Ricardo, afirman que los países tienden a exportar aquellos bienes cuya producción es intensiva en el factor abundante en el país. 

Ambos modelos, así como sus derivados, argumentan que el comercio internacional es siempre benéfico para todos los países involucrados. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, la corriente estructuralista negaba este argumento de la economía neoclásica y aseguraba que los países periféricos se encontraban en una posición de desventaja frente a los países del centro. La CEPAL, quien promovía un enfoque histórico de la economía, alejado de la abstracción teórica del paradigma neoclásico, postulaba que los países que exportaban bienes agrícolas y materias primas sufren el deterioro en los términos de intercambio a diferencia de los países que exportan bienes manufactureros, los cuales se benefician. 

Por ello y debido a otros factores estructurales de América Latina -heterogeneidad en productividad y baja capacidad de diversificación- los economistas de la CEPAL proponían medidas proteccionistas en algunos sectores para esta región. 

Desde los años ochenta, bajo el modelo neoliberal, la tendencia de la economía internacional ha sido la de la apertura comercial. Al igual que en el mundo, la apertura comercial en México es reciente. El país entró al GATT, hoy Organización Mundial del Comercio, en 1986 y firmó un tratado de libre comercio junto a Estados Unidos y Canadá en 1994. 

Si bien, en términos generales, el Tratado ha sido benéfico para la economía mexicana, algunos sectores se han visto altamente perjudicados por la apertura, debido a sus bajos niveles en competitividad. Por otro lado, los sectores beneficiados lo han conseguido principalmente por ofrecer una mano de obra barata. 

En el nuevo tratado denominado T-MEC, la cuestión laboral se encuentra como eje central y no, como lo era en el TLCAN, una propuesta paralela del gobierno estadounidense. Estados Unidos argumenta que México cae en prácticas de dumping al promover salarios extremadamente bajos. Por ejemplo, para enero 2019 el salario en el sector manufacturero era de 2.4 dólares por hora en México, mientras que en Estados Unidos era de 21.8. 

La competitividad de un país en el comercio exterior no debe darse a partir del bajo precio de la fuerza laboral, sino a partir de un esfuerzo por aumentar estructuralmente y de forma diversificada su productividad. 

La teoría neoclásica de la distribución del ingreso estipula que los factores de producción perciben una remuneración equivalente a su aportación a la producción total. La riqueza se agota en la repartición de la producción entre todos los factores productivos, por lo cual la teoría de la explotación de Marx no tiene cabida en este marco conceptual. Sin embargo, la realidad no se ajusta necesariamente a la teoría y observamos un pago extremadamente bajo al factor trabajo.

Por ello, no sólo se debe aumentar la productividad a través de la inversión, sino que se deben generar los ajustes institucionales y jurídicos necesarios para facilitar este proceso. 

En ningún momento se debe dejar al mercado operar de forma anárquica, ya que el mercado no interioriza elementos de justicia social; por el contrario, se deben edificar los cauces a través de los cuales discurran los fenómenos económicos. 

La reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados es un buen comienzo, ahora falta que sea aprobada en el Senado. Entre los puntos se encuentra aquel que versa sobre la libertad de formar parte de negociaciones colectivas por parte de los trabajadores. Es impensable argumentar que existe un piso parejo entre un trabajador y un capitalista. Sin embargo, se busca implementar una democracia sindical que evite los abusos de los líderes sindicales. 

 

#ElTalónDeAquiles: “Delirios de poder”

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El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta ilustre frase de Lord Acton es oportuna para abordar el grado de extravagancia al que puede llegar el dirigente adicto al poder. Olvídese a Maduro y su parodia revolucionaria. Quedará Venezuela por siempre en la penumbra, víctima de un ficticio complot. El país con las mayores reservas petroleras del mundo ni siquiera es capaz de generar con fiabilidad la electricidad que consume. Ignoremos también a Ortega, quien después de doce años en el poder, está dispuesto a retornar Nicaragua a la época de Somoza en una espiral de represión que no tiene fin. 

América Latina no es la única región en donde la fantasía a veces supera la realidad. El presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika nos regaló recientemente una joya que entrará en los anales del sinsentido político. El hombre de 82 años, electo por primera vez en 1999, en silla de ruedas desde 2013 (accidente cardiovascular), y quien no se expresa en público desde ese entonces, hizo saber en febrero que se presentaría por quita vez a las elecciones, cuya primera vuelta está prevista para el 18 de abril de 2019. Cualquier parecido con Joaquín Balaguer, quien obtuvo un quinto mandato al ganar las elecciones de República Dominicana en 1994, a sus 88 años, completamente ciego, es mera coincidencia.

Adelantándose a las críticas, Bouteflika prometió invitar a las fuerzas políticas, económicas, y sociales del país a una conferencia nacional. El presidente argelino puede ser el arquitecto de la paz que goza el país luego del fin de la cruenta guerra civil (1991-2002), pero el desempleo es alto, el poder de los militares importante, y las percepciones de corrupción, altas. Argelia ocupa el lugar 105 (sobre 180) en la edición 2018 del ranking de Transparencia Internacional. 

Pero el desconcierto se convirtió en enojo, y velozmente en revuelta, cuando el político viajó a Suiza para exámenes médicos. Fue entonces evidente que no es apto para gobernar. Inició así un ciclo de manifestaciones que no tiene fin. 

Ante la creciente oposición, el dirigente prometió que dejaría el poder en un año. O sea, su principal promesa de campaña fue… la de dejar del poder si es electo, por medio de la organización de elecciones anticipadas. Esto permitiría una transición ordenada y convocar un referéndum para aprobar una nueva constitución. De poco sirvieron las advertencias sobre el peligro de caos, ni el haber adelantado las vacaciones para evitar así el agrupamiento de estudiantes, una de las principales fuerzas movilizadoras. 

Para el domingo 9 de marzo, cuando Bouteflika regresó a Argelia, las manifestaciones se multiplicaban en la capital, Alger, así como en Annaba, Béhaïa, Oran, Tizi-Ouzou. Se produjo entonces otro regateo: prometió cambios significativos, empezando por la designación de un nuevo Primer Ministro encargado de dirigir un gobierno de transición. Comunicó también su intención de no solicitar un quinto mandato, pero postergó la elección de abril. Los manifestantes celebraron este triunfo en un inicio, pero la reivindicación de evitar un quinto mandato se convirtió pronto en la exigencia de impedir la prolongación del cuarto.

Personajes como Maduro, Ortega, y Bouteflika sufren delirios de poder. En el caso del presidente argelino, su paupérrimo estado de salud podría haberlo expuesto a la manipulación de su entorno, quien escribiría sus comunicados y decidiría sus acciones. No es esta una excusa para prolongar un gobierno que, a todas luces, perdió su legitimidad social, pero es el racionamiento detrás de una solicitud presentada en Suiza por la ONG Abogados sin Fronteras, que insta a ponerlo, como adulto mayor que es, bajo protección. 

Las manifestaciones en Argelia son inéditas en la historia del país y muestran que la democracia sigue siendo una reivindicación progresista ante autoritarismos que se encuentran a la deriva debido a los delirios de poder de dirigentes que viven en mundos desconectados de las necesidades y aspiraciones de sus naciones. En definitiva, el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Fernando A. Chinchilla

Kinshasa (República Democrática de Congo), marzo de 2019

#ElTalónDeAquiles: “Maduro inmaduro”

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Afirma el conocido animador de televisión peruano, Jaime Bayly, que Nicolás Maduro, lejos de ser un dictador de verdad, de los que da miedo, es un payaso: sus excursiones lingüísticas Shakespearianas, los pajarillos que lo sobrevuelan, y los “Back from the future”, son algunos ejemplos de sus excentricidades. Hoy, el régimen da sus últimos aleteos en un triste aislamiento. La situación va más allá de la tradicional oposición de derecha, la cual sigue denunciando la intención de cubanizar Venezuela (como si Cuba hubiera vivido la hiperinflación y Fidel Castro hubiese sido el hazmerreir de amigos y enemigos). No. En Venezuela, la realidad superó al peor de los temores. 

El aislamiento de Caracas es triste porque incluye, de manera clara y evidente, críticas de izquierda, que ven impotentes cómo las oportunidades de cambio y de justicia se fueron por la cloaca discursiva. Es decir, a los opositores tradicionales del chavismo, como lo son la derecha colombiana (hoy en la presidencia, de la mano de Iván Duque), y opositores menos tradicionales (como el recientemente electo Jair Bolsonaro, en Brasil), se les une líderes de centro-izquierda, como Alvarado (Costa Rica) y Trudeau (Canadá). Además, el heteróclito Grupo de Lima, compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Santa Lucía, intenta desde 2017, a pesar de Caracas, encontrar una salida pacífica a la crisis. En fin, democracias europeas como Francia y España decidieron recientemente no seguir siendo indiferentes ante la parodia revolucionaria. El gobierno de Maduro sigue siendo reconocido por Bolivia, China, Cuba, Turquía, y otros tantos, pero ya no es reconocido por muchos otros.

Los demócratas progresistas nunca perdonaremos a la nomenclatura petro-chavista el haber fracasado en su intento por cambiar el destino de su país. Habrían podido desmontar el corporatismo creado por el Pacto de Punto Fijo, invertir en el futuro creando un sistema educativo competitivo, y poner la renta petrolera al servicio de la diversificación económica. Pero no. En vez de lanzar la revolución más radical que siempre ha requerido América Latina, la democracia, sustituyeron a los viejos receptores de las dádivas petroleras por nuevos actores. Ya no son los ricachones de los partidos políticos tradicionales los que se aprovechan del sistema, sino los nuevos líderes, prontamente corrompidos, del Partido Socialista Venezolano. Y en vez de educar y desarrollar, se fortaleció el clientelismo, fomentando así la dependencia económica de las clases sociales menos favorecidas a un sistema que no da herramientas para sobrevivir. Entonces, en vez de hacer germinar la democracia, se transformó el autoritarismo: se pasó de un corporatismo de centro-derecha a un confuso gobierno despojado de toda agenda izquierdista. Por su obstinada resistencia al cambio, el grupo fiel a Maduro es hoy más reaccionario que progresista. 

La última vez que escribí sobre Venezuela señalaba que la situación seguía degradándose en una certera descomposición de la revolución bolivariana. En mayo de 2017, se cumplían varias semanas de movilización social que había producido decenas de muertos. El gobierno argumentaba que la principal amenaza era la contrarrevolución (golpista) de derecha. Desde ese entonces, poco cambió pero todo empeoró: Maduro fue reelecto en un proceso electoral muy cuestionado a nivel nacional e internacional. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclamó presidente legítimo del país. Mientras tanto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) pronostica que la economía venezolana se contraerá el 10 % en 2019 mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una astronómica hiperinflación de 10,000,000%.

Maduro es inmaduro. Se aferra al poder y asegura que no hay crisis humanitaria en su país. Cree que todavía puede gobernar. Es posible que el dirigente bolivariano no tenga la sofisticación de líderes autoritarios como Vladimir Putin, y sí, es posible que sea un payaso. Pero sus excentricidades ya no hacen gracia y su testarudez es peligrosa, no solo para Venezuela, sino para toda la región latinoamericana. La invitación es clara: salir del poder ahora que todavía puede hacerlo. 

Fernando A. Chinchilla

Winnipeg (Canadá), febrero de 2019

Reflexiones sobre el trabajo social

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Se ha contado ya miles de veces la misma historia. Llega un extranjero benevolente, y pone su granito de arena para ayudar a una causa social. Este extranjero no necesariamente es una persona física, puede ser una organización, un grupo religioso, un país, una agencia de la ONU, incluso un turista. 

En las dinámicas internacionales, occidente es que tiene la agenda caritativa. Los países europeos o de Norteamérica son los que proveen con fondos y dádivas a aquellos menos afortunados.  

Las diferencias de poder económico y político repercuten directamente en las dinámicas e interacciones entre los Estados. Y afectan principalmente a los que han recibido ya distintos motes: los del Sur global, los subdesarrollados, el tercer mundo, los que están en vías de desarrollo, incluyendo alguno que otro incluso denominado como “Estado fallido”. 

La pregunta para muchos es ¿por qué? ¿por qué la mayoría de los Estados del continente africano no ha podido salir de los ciclos de pobreza, enfermedades, desastres?, ¿por qué Latinoamérica, a pesar de las particularidades regionales, parece compartir un presente y futuro similar, tan distinto al de nuestros prósperos vecinos del Norte? ¿cómo es que en Asia están algunas de las máximas potencias económicas, y a la vez regiones enteras de escasez e incumplimiento de necesidades básicas?

Junto con otros autores que han compartido la postura, lo probó Dambisa Moyo en su libro Dead Aid. Con un ejemplo muy sencillo, explica cómo diversas empresas quiebran después de que una ONG (benevolente, pero sin un diagnóstico preciso) llega y comienza a repartir matamoscas gratuitos. Y este es solo un ejemplo de cómo la caridad internacional en África, a pesar de tener las mejores intenciones, entra con un disfraz de cura, pero actuando en realidad como veneno. Con esta lógica, la misma caridad es la que ha subyugado a África a este estado de pobreza.

A nivel nacional y regional, se genera una dinámica similar. Los altruistas o emprendedores, con buenas intenciones, llegan a comunidades remotas, rurales, a los polígonos de pobreza en las urbes, y aplican actividades cual sacadas de un recetario. Implementan proyectos de snapshot, que funcionaron en algún otro lugar en alguna época en específico, pero que no toman en cuenta la especificidad de la nueva comunidad. 

Hay mucho documentado en este tema, y vale la pena reflexionar con esta información. Se han concebido conceptos como la pornografía de la pobreza, en los que se remarca la asimetría y hasta cinismo con la que se realizan algunas acciones con fines sociales. Esto, no solo en la sociedad civil, pero también en las políticas públicas. Los programas sociales muchas ocasiones carecen de un diagnóstico preciso y de una metodología que los pueda probar efectivos. 

Pero… es importante precisar: no es regla o una generalización absoluta. Se está haciendo mucha consciencia sobre prácticas asistencialistas, y hay muchos proyectos que están aplicando métodos diferentes con resultados que vale la pena voltear a ver. Pero aquí está la clave: la profesionalización. 

Y no es que la filantropía, la caridad, el gobierno o los grupos misioneros, estén equivocados. Pero sí que muchas veces han tenido un enfoque equivocado. Porque en el trabajo social, las buenas intenciones no son suficientes. La profesionalización, traducida en el uso de metodología y de respaldos teóricos, es clave en el éxito de aquellos que quieran identificarse en alguna causa social.

Reflexionar sobre el tema no es un regaño o una mala calificación. Pero es un recordatorio de que no hay que dejarnos llevar por la necesidad de ver resultados inmediatos. En las Relaciones Internacionales, en la política pública, sector privado o sociedad civil. Hay que invitar a cimentar los proyectos sociales en una metodología diseñada cautelosamente, en un proceso participativo y específico para cada proyecto. Fomentemos el diseño de programas analíticos, críticos y de largo plazo. 

Por un Mundo Igualitario

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Una lucha internacional por derechos y espacios que les corresponde por cantidad y hoy más que nunca por calidad. Quiero que se entienda que no solamente por ser la mitad de la población merecen los mismos derechos sino también porque son igual de capaces que nosotros los hombres para ocupar cualquier cargo o espacio de decisión.

Actualmente en el mundo existe  un “techo de cristal”  que parece que tiene un blindaje nivel 7 impuesto por un sistema machista. Hoy por hoy solamente el 24% de puestos de alta dirección en el mundo  es ocupado por mujeres (Rusia tiene la proporción más alta de mujeres en puesto de alta dirección con el 43%). La evolución laboral aún cuenta con demasiados obstáculos en muchas partes del mundo, desde derechos laborales hasta discriminación por embarazo.

En México, en los últimos cinco años sólo han trabajado  51.1%; mientras que en los últimos 12 meses sólo lo hizo 43.2% del total de las mujeres mayores de 15 años. En números absolutos, estos datos implican que hay 13.43 millones de mujeres en el segmento de edad señalado, que nunca han trabajado en sus vidas. Asimismo, 12.7% de las mujeres mayores de 15 años que han trabajado al menos alguna vez en su vida han sido víctimas de actos de discriminación a causa del embarazo

En espacios políticos hoy en México cuentan con  el 50% de las candidaturas a puestos de elección popular, no obstante a nivel América Latina y el Caribe apenas ocupan el 27% de los escaños legislativos, 12% de las alcaldías y 27% en espacios de representación municipal (consejeros, regidores, síndicos etc…). Son 5 los países de la región mencionada que cuentan con leyes de paridad: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y México.

Bolivia es el país que cuenta con mayor nivel de representación femenina en política con 53%, mientras que Brasil apenas cuenta con 9.9% de representación.

Sobre el sistema educativo, según datos del INEGI 43% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia escolar y señalan como agresores principalmente a los maestros y a las autoridades.

La población femenina que no estudia ni trabaja se dedica a los quehaceres del hogar. El 24.9% abandona sus estudios por motivo de matrimonio o unión o por razones de maternidad.

Las mujeres en el sector rural, en edades de 30 años y más y hablantes de lengua indígena es el grupo más vulnerable y con mayor proporción de analfabetas.

Como se puede observar todavía tenemos brechas importantes en varios rubros y no podemos permitir que en pleno siglo XXI sigamos con la mitad de la población en desventaja. Vamos por la igualdad y vamos por un mundo abierto sin seres humanos de primera o de segunda.

No vamos a lograr ninguna meta global o agenda internacional si la mtiad del equipo no cuenta con las mismas oportunidades y menos si viven en un Estado que no garantiza su seguridad

“El éxito de cualquier sociedad depende de la participación completa de las mujeres en la vida política, económica y social porque cuando las mujeres tienen éxito todos los conseguimos también”

Justin Trudeau

Admite Zedillo error de política ante droga

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El expresidente Ernesto Zedillo, reconoció este lunes que durante su administración se siguió una política equivocada en materia de drogas.

Zedillo, quien es miembro de la Comisión global de Política de Drogas, aseguró que el grupo ha analizado evidencia suficiente para concluir que el prohibicionismo ha causado afectaciones graves a derechos humanos y no ha dada resultado en el tema de salud.

“Lo que hemos hecho durante ya casi un siglo está mal. La prohibición está mal, la prohibición está causando mucho daño. Hemos seguido políticas equivocadas, nótese que digo hemos”, dijo el ex mandatario mexicano durante la presentación del Informe de la Comisión Global de Política de Drogas, grupo en el que participan expertos, entre los que se encuentran ex Presidentes y ex Primeros Ministros de América Latina, Europa y África.

El ex presidente de Colombia, César Gaviria, aseguró que aunque se regulen las drogas se deberá seguir combatiendo a los cárteles de las drogas, por otro lado, afirmó que prohibir estas sustancias es lo que ha generado un mercado ílicito.

“La prohibición ha sido una pesadilla para México, Centroamérica, Colombia, una pesadilla por la corrupción que ha generado en nuestros países. La prohibición es la que ha generado el problema de mafias”, comentó el ex mandatario colombiano.

Gaviria, dijo que la propuesta es avanzar la regulación, peor no la legalización de las drogas, además, agregó que para que la regulación tenga éxito en América Latina, es necesario que Estados Unidos también cambie de política de drogas.

(Con información de Grupo Reforma)

 

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos: una solución contraproducente a los excesos de la alta burocracia

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La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual pone un “tope” al ingreso laboral de los funcionarios. 

Por un lado, la ley muestra múltiples inconsistencias y contradice la Ley Suprema.

Por ejemplo, al determinar que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, dicha ley atenta contra el federalismo. Al ser una ley federal, es decir, emitida por el Congreso de la Unión en su carácter de órgano del Poder federal, no atañe a los servidores públicos del orden local. 

Buscar que dicha ley imponga un ingreso laboral máximo a todos los funcionarios representa una invasión a la esfera de competencia de las entidades federativas, por lo cual puede promoverse una controversia constitucional.

Por otro lado, el artículo 94 constitucional determina que las percepciones de los Jueces de Distrito, los Magistrados de Circuito, los Consejeros de la Judicatura Federal y los Ministros de la Suprema Corte no pueden modificarse durante su cargo. 

¿Cómo se resolverá esto? Posiblemente en dos “rounds”. Primero, los Ministros de la Suprema Corte promoverán un amparo indirecto contra dicha ley. ¿Me pregunto quién vencerá? Sin embargo, con el respaldo legislativo a López Obrador en el Congreso Federal y en la mayoría de los locales, no sorprendería que éste llevara el tema a sus últimas instancias: una reforma constitucional.

Por ello, una vez promulgada, la ley será causa de controversias constitucionales y de amparos indirectos. Empero, más allá de las inconsistencias y los potenciales problemas judiciales que presentará, resulta conveniente analizar el origen, el alcance y las consecuencias de dicha ley para la estructura del poder. 

El fundamento de dicha ley es de forma y no de contenido: nuevamente el simbolismo ‘lopezobradorista’ aparece. Responde a la perpetuación de la legitimidad a partir de los modos de hacer política; de lo que representa no de lo que transforma; del estruendo político que ocasiona; y de la reverberación social que tendrá. 

¿Cómo puede López Obrador desvincularse del “antiguo régimen”, acusado del despilfarro del erario público y de la búsqueda de beneficios personales? 

Promoviendo frugalidad y probidad financiera. 

Para López Obrador, la responsabilidad del Presidente se traduce a un sueldo de 108 mil pesos, ergo, bajo la premisa de que la función del Ejecutivo posee el nivel más alto de responsabilidad, los demás funcionarios no deberían exigir un sueldo mayor a éste. 

Y aquí encontramos el alcance que busca la ley, un simple corolario del apotegma: si el Presidente es honrado, mecánicamente, el resto del sistema político lo será. 

Sin mencionar la dimensión estructural de la corrupción que se encuentra enraizada en la misma base de nuestro régimen político, la especie de interiorización ético-psicológica que propone López Obrador resulta improbable. 

Aquellos que apoyan la reducción de las remuneraciones, a partir del argumento que un servidor público (perdón por la tautología) debe servir al pueblo y no buscar enriquecerse, se basan en un argumento puramente normativo. 

No existe ningún mal en buscar el “deber ser” de los funcionarios públicos, sin embargo, siendo más realistas debemos analizar cuáles son las consecuencias de disminuir las remuneraciones y no esperar que surja una epifanía ética que fomente el altruismo político. 

De esa manera dejando todas las demás variables constantes, la intuición nos diría que si se disminuyen los ingresos laborales del sector público, la fuerza laboral migraría al sector privado. 

¿Por qué?

En un primer sentido, existe un principio económico que dicta que siempre se prefiere más que menos; sin embargo, profundizando la cuestión encontraríamos que el agente concluiría que el sector público no está remunerando en términos monetarios el equivalente a sus cualidades adquiridas (nivel educativo, liderazgo, conocimiento, etc.). 

Por otro lado, también se percataría de que la remuneración no equivale al nivel de responsabilidad de sus decisiones. Imaginemos a un alto funcionario de alguna área especializada en la Secretaría de Hacienda, quien es consciente de que un pequeño error puede repercutir gravemente en las finanzas públicas. De esa manera, una disminución en su ingreso laboral podría ocasionar que se abstuviera de trabajar en un área tan riesgosa.  

López Obrador cae en el vicio de la búsqueda inmediata de legitimidad, aquella en la que caen muchos de los presidentes de América Latina y quienes han sido llamados populistas: aprobación cortoplacista e indiferencia por el futuro.  

#Kleroterion: “Es momento de hablar de la pena de muerte…”

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Tomó mucho más tiempo encontrar el cuerpo de la pequeña Ana Lizbeth Polina de 8 años de edad, que enterarnos sobre los antecedentes delictivos de su asesino, Juan Fernando R. que, por cierto, era buscado desde 2014, pero tras la indignación social que ocasionó dicho crimen, fue capturado en pocas horas.

Este delincuente y ex-policía estatal, a lo largo de su vida ya había sido procesado en tres ocasiones, una por lesiones y otras dos por abuso sexual de dos menores más, incluso había cumplido una sentencia en prisión, una pena privativa de la libertad que de nada sirvió, pues lo volvió a hacer y ahora además, incluyó el homicidio doloso en su lista de crímenes.

El caso de Ana es y seguirá siendo la punta del iceberg, pero cuántas familias lloran a sus muertos arrebatados por personas sin alma y sin escrúpulos, sobre todo por asesinos que nunca tendrán una readaptación social y que se insiste en seguir invirtiendo en ellos sin tener resultado alguno. En algunas ocasiones se encuentran a los delincuentes, pero en la mayoría  de los casos siguen libres y por supuesto cometiendo delitos cada vez más atroces.

Siguiendo este tipo de delitos, en el caso de feminicidios, existen más de 23 mil asesinadas en lo que va de la década, por lo que coloca a México con una tasa de las más altas de América Latina y lo dejan por debajo de los dos países más peligrosos del mundo, Honduras y el Salvador, de acuerdo al informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por su parte el Instituto Nacional de Estadística, en su último informe sobre violencia de género dice que las mujeres son privadas de su vida con mayor saña y violencia.

Ahora bien, cuando los hechos de violencia escalan de esta manera, el primer instinto que se tiene como ciudadano es culpar a las Fuerzas Armadas, al sistema político, a la policía y al gobierno, exigiendo mejores resultados, sin embargo, cuando el delincuente es detenido, juzgado y sentenciado, para la mayoría de los ciudadanos esto no es suficiente. Esto no quita el sufrimiento de las personas por encontrar a sus familiares asesinados de maneras inhumanas y darse cuenta que el culpable nunca se readaptará en esta sociedad y que cada día se vuelva más peligroso.

Es por esto, que cuando una niña de 8 años es secuestrada, abusada y asesinada, o como el caso de  Fátima Quintana del Estado de México, que con tan solo 12 años, fue violada, apuñalada, cercenada y fracturada, se hace necesario replantear estos temas que están latentes y lastiman cada vez más a nuestra sociedad a nivel nacional, me refiero a las penas corporales, específicamente a la pena de muerte.

Dentro de esta sociedad tan lastimada se han manejado conceptos como pena de muerte, castración química, cadena perpetua, por ejemplo, en los días previos al hallazgo del cuerpo de la pequeña Ana Lizbeth, los comentarios no sólo son realizados por los familiares de la víctima o la turba enardecida de las redes sociales, sino también están siendo debatidos por activistas sociales y académicos, por lo que no podemos abstraernos de esta situación.

Tengo muy claro que nuestra Constitución no nos permite aplicar la pena de muerte, especificado en el artículo 22 y que a la letra dice: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

Pero me parece necesario replantearnos las siguientes preguntas, ¿será momento de modificar este artículo?, ¿será momento de proponer excepciones?, ¿será momento de ser más estrictos y duros con las penas para estos casos?; es evidente que hay individuos como Juan Fernando, que tienen pocas o nulas posibilidades de reinsertarse.

También estoy totalmente seguro que tenemos un sistema de justicia garantista, en el que se toman en cuenta los derechos humanos, así como un riguroso proceso para asegurar que la persona que está vinculada cuente con un trato justo y profesional, se realiza así para tener la certeza de la culpabilidad del individuo sobre una conducta delictiva antes de imponer una sentencia, pero también me queda claro que el sistema penal actúa conforme a lo que tiene en su marco jurídico.

Concluyo con otra pregunta, el Estado Mexicano en su conjunto y los ciudadanos a través de sus impuestos, ¿debemos estar manteniendo artificialmente a individuos que no tienen ninguna posibilidad de ser reinsertados en sociedad?.

Me parece que ha llegado el momento de ponerlo sobre la mesa, iniciemos este debate de manera razonada y real, pero sobre todo con la premisa de que “una sociedad no puede vivir sin justicia y con impotencia”.

 

AMLO propone “iniciar una nueva etapa” a Trump entre ambos países

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El ganador de las elecciones presidenciales en México, Andrés Manuel López Obrador, propuso en una carta al mandatario estadounidense, Donald Trump, “iniciar una nueva etapa” en la relación entre ambos países, e incluso se equiparó con el político republicano.

“En cuanto a lo político, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante”, dijo López Obrador a Trump, quien desde su etapa como candidato propuso la construcción de un muro en la frontera, y ha acusado a México de no hacer la necesario para frenar la inmigración ilegal,  y de incluso enviar delincuentes.

A pesar de la hostilidad de Trump hacia México, López Obrador, en la carta fechada el 12 de julio, insistió al mandatario estadounidense en la posibilidad de llegar a acuerdos, y cooperar.

“Habrá muchos cambios, señor presidente Trump. Y en este nuevo ambiente de progreso con bienestar, estoy seguro que podremos llegar a acuerdos para enfrentar juntos tanto el fenómeno migratorio como el problema de la inseguridad fronteriza, sobre la base de la cooperación para el desarrollo y bajo la premisa de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos”, indicó López Obrador.

Marcelo Ebrard, propuesto para ser secretario de Relaciones Exteriores del próximo gobierno, detalló este domingo el contenido de la carta que hicieron llegar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la reunión en México con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

La carta abunda, sobre todo, en proyectos de desarrollo para “lograr que los mexicanos no tengan que migrar por pobreza o violencia”.

Entre las propuestas, está crear una zona libre o franca a lo largo de los más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, en la que se reducirá el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 20%, el IVA será de 8% en promedio, se reducirá el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) y se duplicará el salario mínimo para equipararlo con el que se gana del otro lado de la frontera.

Además propuso un plan de desarrollo que incluya a los países centroamericanos, para lo cual se presentará al Congreso una iniciativa presupuestal, a fin de asignar recursos a ese objetivo, de los cuales, 75% se destinaría a proyectos para crear empleos y combatir la pobreza, y solo 25% a control fronterizo y seguridad.

En cuanto a la cooperación comercial, Ebrard señaló que el 26 de julio, que se reanudan las pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya estará presente en Washington un representante del futuro gobierno, junto al equipo del actual presidente, Enrique Peña, y recibirán a la canciller de Canadá porque están por la postura de que siga siendo un tratado trilateral.

Refirió que también tendrán presencia, aunque López Obrador ya no acuda, en la revisión de la Alianza del Pacífico, y posteriormente con los países del Mercosur. “Para abrir el diálogo con los países de América Latina, porque tienen el mismo rango de prioridad que pueden tener las negociaciones del Tratado de Libre Comercio“, dijo el futuro canciller.