El Talón de Aquiles: “Uno de esos Límites”

El martes 4 de abril, aviones de guerra atacaron la localidad de Khan Sheikhoun, Siria. Acto seguido, paramédicos observaron personas ahogándose, desmayándose, o presentando vómitos. También se notaron casos de espuma alrededor de la boca. Diversas informaciones apuntaron a la utilización de armas químicas por parte del Gobierno de Bashar al-Ásad, quien negó su responsabilidad.

Rusia, su más cercano aliado, indicó que el arsenal químico pertenecía a los rebeldes. No hay números precisos sobre el número de víctimas resultante de este nuevo episodio de utilización de armas químicas: algunos refieren a 58 muertos, mientras que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos apunta a 67 (y 300 heridos); otras fuentes cifran a más de 100 las víctimas mortales.

Tampoco se sabe qué se utilizó, si bien se apunta al uso de Gas Sarín, un agente nervioso 20 veces más letal que el Cianuro, difícil de detectar. Los países occidentales dieron por un hecho el uso de armas químicas por parte del Gobierno sirio – Rusia sigue insistiendo que la autoría del hecho no es clara – y más temprano que tarde, 59 misiles crucero Tomahawk estadounidenses, lanzados desde navíos desplegados en el mediterráneo, atacaron la base aérea Sharyat (asociada al programa sirio de armas químicas).

Un acto ilegal e inmoral

El inicio del uso de armas químicas en el mundo contemporáneo tiene lugar hace poco más de un siglo, el 22 de abril de 1915, cerca de Ypres (Bélgica), cuando tropas alemanas lanzaron 180 toneladas de clorhídrico asfixiante a los aliados, intoxicando a 15,000 personas.

La indignación de la opinión pública internacional fue tal, que diez años después, en 1925, se firmaba del Protocolo de Ginebra sobre las armas químicas y biológicas, el primer intento multilateral para impedir el uso de ese tipo de armas en contextos bélicos. El convenio es importante, si bien no penaliza la producción y almacenamiento de armas químicas (solo su uso). Además, muchos de los Estados que lo ratificaron se guardaron el derecho de usar estas armas contra los no firmantes, o como represalia si eran víctimas de armas químicas.

De hecho, durante la Guerra Fría, alrededor de 25 Estados desarrollaron armas químicas. Japón utilizó Gas Mostaza, Lewisita, Fosgeno, Cianuro, y otros durante su guerra contra China (1937-45).

Entre 1961 y 1971, Estados Unidos lanzó 72 millones de toneladas de Agente Naranja para destruir los bosques en donde se ocultaban guerrilleros vietnamitas. Las enfermedades y trastornos genéticos causados por la dioxina afectan hoy a más de tres millones de personas.

En 1988, Saddam Hussein, en el marco de la guerra Irán-Iraq (1980-88), bombardeó la ciudad de Halabja (Kurdistán Iraquí) con Gas Sarín, Tabún, Mostaza, y VX. Documentos publicados por Wikileaks señalan que Washington autorizó el uso de agentes químicos – fósforo blanco y uranio empobrecido –  en Faluya (2004), durante la guerra en Iraq.

Y en 2013 se denunció el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Ásad, en Guta (suburbio de Damasco, la capital de Siria). Las víctimas se estiman a entre 281 y 1729. En esa ocasión, el Presidente Barack Obama aceptó no atacara Siria, a cambio de desarrollar negociaciones exitosas con Rusia para desmantelar el arsenal químico de al-Ásad.




También hay esfuerzos para eliminar la posibilidad que tales episodios se produzcan. En 1980, inició un proceso de negociación que llevaría a la firma, en 1992, de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje, y Uso de Armas Químicas y sobre su destrucción, conocida como la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), que entró en vigencia el 29 de abril de 1997.

El acuerdo es importante al menos por dos razones. Primero, prohíbe, como es el caso del Protocolo de Ginebra, el uso de agentes químicos en las guerras. Pero además, ilegaliza su producción y almacenamiento, e incluye medidas de verificación. El empleo de herbicidas como método de guerra es prohibido, y los Estados firmantes se comprometen no solo a no usar agentes químicos con finalidades bélicas, sino también a no desarrollar, ayudar, alentar o inducir a otros Estados a producir este tipo de armas.

También se comprometieron a destruir los stocks existentes. Segundo, por primera vez se negoció un acuerdo multilateral, de aplicación universal, con un mecanismo de ejecución permanente – la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) – cuyo objetivo es la eliminación de una categoría de armas de destrucción masiva.

En suma, el uso de armas químicas es considerado una ofensa grave a nivel internacional. Siria ratificó la convención  el 14 de septiembre de 2013, la cual entró en vigor en ese país el 14 de octubre de ese mismo año. La utilización de armas químicas convierte entonces a los autores del ataque en violadores de la convención.

Además, pone al país en flagrante desacato de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Recuérdese que el mismo ha solicitado implementar el Comunicado de Ginebra (2012), que busca crear un gobierno de transición de consentimiento mutuo con amplios poderes ejecutivos.

También solicitó a las partes, en enero de 2016, asistir a “conversaciones de acercamiento” para discutir sobre un cese al fuego y un periodo de transición conducente a nuevas elecciones. Y si bien los ceses al fuego anunciados por Estados Unidos y Rusia (septiembre de 2016), así como Rusia, Irán y Turquía (enero de 2017) no surtieron ningún efecto, el uso de armas químicas no solo implica un fracaso en los intentos por resolver pacíficamente el conflicto, sino también una evidente escalada militar. Además, demuestra que el arsenal químico no ha sido desmantelado, como debía ser el caso a partir de 2013.

Una guerra compleja

Las raíces inmediatas del conflicto sirio se encuentran en la “Primavera Árabe” (2010-13), esa ola de democratización que se llevó a su paso a los regímenes de Hosni Mubarak (Egipto) y de Muamar Gadafi (Líbano). En Siria también, el pueblo se levantó contra un régimen autoritario, corrupto, iniciado por Háfez al-Ásad, en 1971, que no cumplía con las expectativas de la población.

Pero aquí la represión fue inequívoca. Las protestas estudiantiles prodemocráticas de marzo de 2011 fueron seguidas de la represión, lo cual generó indignación nacional y el pedido de renuncia de Bashar al-Ásad. El gobierno respondió entonces con más represión. Acto seguido, la oposición se armó para defenderse, y también para expulsar a las fuerzas gubernamentales de sus regiones. El gobierno etiquetó entonces a estos grupos de “terroristas”, y escaló el conflicto. Hasta aquí, la violencia colectiva es una de exclusión política, común en diversos contextos de conflicto armado interno.




Pero la guerra civil se complejizó cuando se transformó en una pugna entre la mayoría musulmana sunita, opositora, y los chiitas alauitas, grupo al que pertenece el Presidente al-Ásad. Claro, definir las identidades en conflicto en estos términos, es reduccionismo, pues en la oposición se encuentran amalgamados desde revolucionarios moderados (Ejército Libre Sirio, ELS), hasta islamistas yihadistas ligados al Estado Islámico (EI). También se encuentra a Tahrir al Sham, el mayor grupo armado opositor después del EI. Además, los kurdos del norte, que son otro elemento identitario del conflicto a considerar (con implicaciones en Turquía) buscan asentar su control sobre el territorio donde se encuentran presentes.

El rol de actores externos también es importante. Irán, que es chiita, es uno de los más cercanos aliados de al-Ásad, y puede haber invertido miles de millones en asesoramiento militar y armas. Además, por Siria pasan armamentos que Teherán envía al Hezbolá (Líbano). Para contrarrestar esta situación, Arabia Saudita (rival regional de Irán) ha financiado a grupos rebeldes sirios (incluyendo a islamistas). Ante el avance de los kurdos (simpatizantes del proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán) cerca de su frontera, Turquía decidió intervenir a favor de la oposición a los kurdos; dichos grupos también han logrado simpatía en Jordania y Qatar. Estados Unidos, por su parte, había evitado involucrarse más allá de su lucha contra el Estado Islámico. Y Rusia, como se indicó, es un fiel aliado de al-Ásad.

Ser o so ser (los policías del mundo): he ahí el dilema

Durante su campaña electoral, el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, advirtió que la superpotencia debería abstenerse de inmiscuirse en el conflicto sirio. Los Estados Unidos no son la policía del mundo. Hoy, el Secretario de Defensa, James Mattis, asegura que esa posición no ha cambiado. Los 59 misiles lanzados el 6 de abril pueden entonces ser vistos como un cambio radical en la posición aislacionista anunciada por Trump durante su campaña electoral, pero otros insisten en que es un operación cosmética que no tiene incidencia en el conflicto armado interno sirio.

En todo caso, Damasco calificó el acto de Washington como “idiota” e “irresponsable”, contrario al derecho internacional (pues se trata de una agresión a un Estado soberano). Rusia apoyó esta tesis y congeló sus canales de comunicación con Estados Unidos. Irán señaló que el ataque puede reforzar los grupos terroristas, complicando la resolución de conflicto.

Mientras “occidente” sigue bailando al ritmo de sus intereses geoestratégicos, para abril de 2016, la ONU estimaba que 400,000 personas habían muerto desde inicios del conflicto. A marzo de 2017, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos estimaba esta cifra a 465,000 los muertos; la ONU estimaba en ese mismo mes, que 4.8 millones de personas habían sido desplazadas. Se estima también que se requieren de USD 3,200 millones para ayudar a los 13,5 millones de personas urgidas de asistencia humanitaria dentro del país.




Otro momento habrá para discutir qué tanto cinismo, ignorancia, estrategia visionaria, o pragmatismo político refleja la operación estadounidense. Por ahora, el apoyo recibido de Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Francia, Israel, Japón, Reino Unido, y Turquía, señala que el movimiento de Washington fue el correcto.

Washington ya se declaró dispuesto a repetir, incluso a ir más allá, si las condiciones lo ameritan. Ahora, más allá de las manipulaciones y oportunismos, que sin duda los hay – el realpolitik es inevitable aquí – usar armas químicas también es traspasar uno de esos límites trazados por el liberalismo, sobre el cual se base parte del sistema de cooperación multilateral internacional. Y en ese sentido, el ataque de Khan Sheikhoun no podía ni debía quedar impune. En el siglo XXI, ningún actor político debería contemplar, entre sus posibles acciones de guerra, el gasear ciudades repletas de población civil. Eso es, simple y sencillamente, inadmisible.

Fernando A. Chinchilla

San José (Costa Rica), abril de 2017

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Talón de Aquiles: Paz en Colombia: ¿Colombia en Paz? De la Guerra Verdadera Hacia Una Paz Fragmentada




Los tambores de guerra han callado. En la calle, líderes sociales afirman que la paz es inminente. Y sin embargo, queda todavía tela por cortar: el rol de las Fuerzas Militares en el post-conflicto no fue discutido durante este proceso de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue activo, y no queda claro si el Estado colombiano entrará a generar legitimidad a aquellas zonas hasta hoy controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). En esta segunda entrega del “Talón de Aquiles” dedicado al proceso de paz en Colombia, exploro el concepto de “paz fragmentada”, y completo el sobrevuelo de los procesos de paz en ese país.

Una paz fragmentada: procesos de paz en Colombia (segunda parte)

El régimen político colombiano entró en un nuevo periodo en 1991 con la aprobación de la nueva constitución que sustituye la de 1886. El nuevo orden formalizó la eliminación de los rezagos institucionales del Frente Nacional y permitió la incorporación al sistema político del M-19, del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL) y de la Corriente Renovación Socialista (CRS).




El proceso es considerado como “exitoso”, a pesar de que el nuevo marco democrático y pluralista colombiano no impidió la continuación del conflicto armado. El ELN siguió activo y las FARC-EP experimentaron un crecimiento como nunca antes visto.

Además, aunque la historia oficial indica que el EPL se desmovilizó en 1991, 20% de sus efectivos se negó a hacerlo.

En 2013 todavía existían remanentes activos (cerca de 200 combatientes) en Catatumbo (Norte de Santander). Y también se expandieron los paramilitares quienes, de la mano de su líder, Carlos Castaño, fundaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Algunos acercamientos, en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), tuvieron lugar en 1992 y 1993. Sin embargo, son dos los procesos de paz que se desarrollaron en los quince años posteriores a 1991. El primero, con las FARC-EP, fue liderado por el Presidente Pastrana (1998-2002) y fue acompañado por gobiernos de diversos países, organizaciones internacionales, y miembros de la sociedad civil.

El mismo, que fue considerado durante años como la última oportunidad de las FARC-EP para salir de la guerra, terminó en un rotundo fracaso. En febrero de 2002, luego de casi cuatro años de diálogos caracterizados por sabotajes (por parte de las FARC-EP, el ELN, y paramilitares), de desconfianzas del Ejército (ante la desmilitarización de una zona para adelantar las conversaciones), de presiones de Washington (que ya pensaba en un “Plan Colombia”), el Presidente dio por concluido el proceso.

La gota que derramó el vaso fue el secuestro por parte de las FARC del senador Jorge Géchem. Queda deslegitimado así el diálogo, como de hecho lo demuestra la popularidad alcanzada por la mano dura defendida por Álvaro Uribe en la campaña electoral de 2002. El segundo proceso de paz, desarrollado durante el primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006), permitió la desmovilización de cerca de 30,000 efectivos de las AUC. El proceso generó severas dudas, pero fue acompañado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante este tiempo, se vivió en Colombia, en el mejor de los casos, una “paz fragmentada”, es decir un contexto en donde se logró desarmar, desmovilizar, y reinsertar (DDR) varios de los actores armados mientras que otros se reforzaron y continuaron con el conflicto armado. A decir verdad, la tal “paz fragmentada” es en realidad un eufemismo, pues no hay paz cuando actores armados siguen usando la violencia para avanzar sus objetivos políticos.

Un proceso serio

Se sabe que el gobierno de Álvaro Uribe, por medio del Comisionado de Paz, Frank Pearl, buscó negociar clandestinamente con las FARC en condiciones similares a las actuales (sin cese al fuego y creando zonas de distensión). Sin embargo, es en 2011 que el Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anuncia a las FARC-EP su intención de retomar los acercamientos, lo cual desemboca en dos reuniones exploratorias, secretas, que tienen lugar en Cuba.

El Gobierno y las FARC-EP elaboraron una agenda para establecer los parámetros que regirían encuentros posteriores. El Gobierno nombró entonces a Frank Pearl, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, y a Enrique Santos en su delegación; más adelante, se sumó Luis Carlos Villegas, Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo.

Las FARC designaron a Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda, y Andrés París. Luego, se designó a Cuba y a Noruega como países garantes y se solicitó a Venezuela y Chile fungir como facilitadores. Entre febrero y agosto de 2012 se organizaron diez sesiones preparatorias y en septiembre, el Presidente Santos dio a conocer a la luz pública estos intercambios.

La agenda de negociación se articuló alrededor de cinco puntos: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; y determinar quienes son víctimas del conflicto armado. El primer acuerdo parcial, el de la política de tierras y desarrollo agrario, se logró seis meses después de iniciado el proceso, el 26 de mayo de 2013.

Se discutieron problemas como el acceso y uso de la tierra, la formalización de títulos de propiedad, la protección de reservas, el diseño de programas de desarrollo (infraestructura, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza) con un enfoque territorial.

El segundo acuerdo, que versa sobre la participación política de las FARC-EP en el post-conflicto, llegó luego de 16 rondas de negociaciones, el 6 de noviembre de 2013. Se trata, entre otros, de garantías de protección para los exguerrilleros que deseen vincularse a la política.

El 16 de mayo de 2014 se alcanzó un acuerdo en el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos. Entre los puntos debatidos se encuentran el desminado, la entrega de rutas, estrategias para bajar el consumo de drogas, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, y la suspensión de las fumigaciones con glisofato.

El 23 de septiembre de 2015, como parte del punto relacionado al “fin del conflicto”, se acordó crear un sistema de justicia transicional con una jurisdicción especial de paz que investiga, juzga, y sanciona delitos relacionados al conflicto armado. El objetivo es que haya verdad, justicia, y reparación a las victimas, es decir, que no haya impunidad. El 23 de junio de 2016 se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo.

Poco se sabe sobre el proceso en sí, lo cual no es extraño. Las negociaciones de paz que han sido exitosas en otras partes del mundo han contado con una estrategia de relaciones públicas que limita la circulación de la información. O sea, contrariamente a otros procesos colombianos, en esta ocasión no se hizo un “espectáculo público”.

El proceso ha sido serio, ha sido apoyado por partidos políticos colombianos de (casi) todo el espectro ideológico, entre ellos el Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, y otros movimientos progresistas, el Partido Liberal, el Verde, campesinos, estudiantes, indígenas, empresarios, y líderes religiosos.

Solo el “uribismo” (corriente política a favor del expresidente Álvaro Uribe) y algunos sectores afines al partido conservador se han manifestado en contra, aduciendo que no se puede negociar si no se solicita como prerrequisito un cese al fuego y que el Marco Jurídico para la Paz podría eximir a guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad de sus responsabilidades.

Pero dichos grupos se encuentran aislados, no solo a nivel nacional sino también internacional: 47 países (incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) han manifestado su apoyo al proceso de paz. Del mismo modo, entidades como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Europea, y organizaciones como Human Rights Watch, ven con buenos ojos las negociaciones.

La firma del acuerdo no solo es un punto de llegada; también es un punto de partida

Para varios observadores, la “verdadera Guerra” de las FARC-EP inició en 1982 cuando, durante su séptima conferencia, el grupo guerrillero se planteó convertirse en un ejército popular. Durante los siguientes veinticinco años, las FARC-EP crecieron exponencialmente.

Pero también ascendieron los paramilitares, el narcotráfico se convirtió en una problemática transversal (que afectó a todos los actores en conflicto, incluyendo al Estado), y la población se cansó de hablar de paz. Hacia 2008, luego de la desmovilización de las AUC, de la muerte del líder fundador de las FARC, Manuel Marulanda “Tirofijo”, de la captura de varios miembros del Estado Mayor Central, y de la persistente imagen que borraba la diferencia entre guerrilleros y narcotraficantes ante la opinión pública nacional e internacional, quedó claro que los “mejores tiempos” de las FARC-EP habían quedado atrás. La negociación se convirtió en una necesidad.

El proceso de paz actual excluye al ELN, y por ello es difícil argumentar que tiene la posibilidad de generar una “paz integral”. A pesar de ello, este intento es inédito al menos a dos niveles. Primero, el congreso aprobó el “Acto Legislativo para la Paz”, que permite que se incorporen rápidamente los acuerdos al régimen legal y constitucional, posibilitando que el Congreso simplemente apruebe o repruebe las reformas que presente el Presidente.

Segundo, se prevé un mecanismo de refrendación, el cual se hará por medio de un plebiscito que debe tener lugar antes que acabe el año 2016. El umbral aprobatorio se ha establecido al 13% (4,5 millones de votos).

Este es el siguiente round de los luchadores por la paz: asegurarse que los acuerdos de paz definitivos sean apoyados por la población. La batalla no está ganada, como lo demostró Guatemala en 1999, cuando se perdió el referéndum que validaba muchas de las reformas pactadas por los acuerdos de paz de 1996.

En Colombia, si bien la mayoría manifiesta actualmente que votará a favor de los acuerdos, debe recordarse que la popularidad de Santos está por los suelos – se sitúa actualmente en el 25% – y que la mayoría se ha manifestado en contra del proceso de paz. Los colombianos prefieren hoy aprobar un “mal acuerdo” a que continúe una “buena guerra” que, desde hace tiempo se sabe, nadie era capaz de ganar.

Cali (Colombia) y Ciudad de México (México), Julio y agosto de 2016

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Tiempos de Cambio y un Nuevo Secretario General de la ONU

El intento de golpe de Estado en Turquía, el posible cambio político/social radical de Estados Unidos con Donald Trump, los ataques recientes en Niza y el próximo nombramiento del nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, son algunos de los eventos que están haciendo historia y de los cuales hemos sido parte.

Aunque podrían parecer eventos que no tienen relación alguna en la actualidad, realmente podrían ser vistas como piezas de un todo; un sistema internacional cambiante y con nuevas narrativas. La religión, grupos étnicos, derechos civiles, democracia y nuevas formas de liderar son los temas actuales que más importancia han recibido.

Lo cual me hace recordar algunas de las ideas de Samuel Huntington, en su obra “El choque de las civilizaciones”. Las cuales afirman que los próximos conflictos internacionales serán conflictos con bases étnicas, religiosas, y de ideologías; es decir de relación con identidades político/sociales individuales y de Estados enteros.

Si bien, se puede sugerir que es el caso en nuestros días, tampoco podemos tratar de predecir que todos los cambios que están pasando en el mundo tendrán efectos negativos en dado momento. Es decir, el hecho de que estemos presenciando un número de –posibles- cambios importantes en el sistema internacional no sugiere –exclusivamente- un impacto negativo en las sociedades del mundo.

En esta ocasión, me gustaría articular más sobre el cambio de Secretario General de la ONU, un poco del proceso de elección, y un poco de lo que supone este nuevo cambio al sistema internacional.

El cambio de Secretario General de las Naciones Unidas, próximamente al final del segundo semestre de este año, ha sido –en mi parecer- el suceso, de los mencionados arriba, que menos atención ha recibido. Y si bien, el Secretario General de la ONU no pretende tener un rol tan importante como lo es el del Consejo de Seguridad, este puesto sí podría proponer un cambio de agenda política y atención de la ONU. Cambio climático, migración, derechos civiles y humanos, conflictos en Medio Oriente y hambruna, son algunas de las principales problemáticas que podrían ser promovidas por el próximo Secretario General.

El Consejo de Seguridad se encarga de “recomendar” a unos de los -12, en este caso- candidatos, para que después la Asamblea General ratifique la recomendación y nombre al nuevo Secretario General. Este proceso ha sido muy criticado por la manera en la que se propone a ser un proceso muy cerrado y no tan democrático. Sin embargo, este año la ONU ha decidido realizar un debate en el cual se dé a conocer a cada candidato públicamente.

Aunque lo anterior no supone que el proceso de elección de Secretario General sea más democrático o abierto a votación fuera del Consejo de Seguridad, sí se podría argumentar que es un comienzo a una apertura más pública en dicho proceso.

Todos estos cambios, sumados a nuevas generaciones –milenials- y nuevas maneras de pensar y hacer las cosas, prometen hacer grandes cambios en el mundo a futuro. Sin embargo, hoy en día podemos sólo imaginar dichos cambios e impactos de los eventos que vemos hoy en día, y esperar que sean tan benéficos para nuestras futuras sociedades como sea posible.

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