El Talón de Aquiles: “Uno de esos Límites”

El martes 4 de abril, aviones de guerra atacaron la localidad de Khan Sheikhoun, Siria. Acto seguido, paramédicos observaron personas ahogándose, desmayándose, o presentando vómitos. También se notaron casos de espuma alrededor de la boca. Diversas informaciones apuntaron a la utilización de armas químicas por parte del Gobierno de Bashar al-Ásad, quien negó su responsabilidad.

Rusia, su más cercano aliado, indicó que el arsenal químico pertenecía a los rebeldes. No hay números precisos sobre el número de víctimas resultante de este nuevo episodio de utilización de armas químicas: algunos refieren a 58 muertos, mientras que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos apunta a 67 (y 300 heridos); otras fuentes cifran a más de 100 las víctimas mortales.

Tampoco se sabe qué se utilizó, si bien se apunta al uso de Gas Sarín, un agente nervioso 20 veces más letal que el Cianuro, difícil de detectar. Los países occidentales dieron por un hecho el uso de armas químicas por parte del Gobierno sirio – Rusia sigue insistiendo que la autoría del hecho no es clara – y más temprano que tarde, 59 misiles crucero Tomahawk estadounidenses, lanzados desde navíos desplegados en el mediterráneo, atacaron la base aérea Sharyat (asociada al programa sirio de armas químicas).

Un acto ilegal e inmoral

El inicio del uso de armas químicas en el mundo contemporáneo tiene lugar hace poco más de un siglo, el 22 de abril de 1915, cerca de Ypres (Bélgica), cuando tropas alemanas lanzaron 180 toneladas de clorhídrico asfixiante a los aliados, intoxicando a 15,000 personas.

La indignación de la opinión pública internacional fue tal, que diez años después, en 1925, se firmaba del Protocolo de Ginebra sobre las armas químicas y biológicas, el primer intento multilateral para impedir el uso de ese tipo de armas en contextos bélicos. El convenio es importante, si bien no penaliza la producción y almacenamiento de armas químicas (solo su uso). Además, muchos de los Estados que lo ratificaron se guardaron el derecho de usar estas armas contra los no firmantes, o como represalia si eran víctimas de armas químicas.

De hecho, durante la Guerra Fría, alrededor de 25 Estados desarrollaron armas químicas. Japón utilizó Gas Mostaza, Lewisita, Fosgeno, Cianuro, y otros durante su guerra contra China (1937-45).

Entre 1961 y 1971, Estados Unidos lanzó 72 millones de toneladas de Agente Naranja para destruir los bosques en donde se ocultaban guerrilleros vietnamitas. Las enfermedades y trastornos genéticos causados por la dioxina afectan hoy a más de tres millones de personas.

En 1988, Saddam Hussein, en el marco de la guerra Irán-Iraq (1980-88), bombardeó la ciudad de Halabja (Kurdistán Iraquí) con Gas Sarín, Tabún, Mostaza, y VX. Documentos publicados por Wikileaks señalan que Washington autorizó el uso de agentes químicos – fósforo blanco y uranio empobrecido –  en Faluya (2004), durante la guerra en Iraq.

Y en 2013 se denunció el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Ásad, en Guta (suburbio de Damasco, la capital de Siria). Las víctimas se estiman a entre 281 y 1729. En esa ocasión, el Presidente Barack Obama aceptó no atacara Siria, a cambio de desarrollar negociaciones exitosas con Rusia para desmantelar el arsenal químico de al-Ásad.




También hay esfuerzos para eliminar la posibilidad que tales episodios se produzcan. En 1980, inició un proceso de negociación que llevaría a la firma, en 1992, de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje, y Uso de Armas Químicas y sobre su destrucción, conocida como la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), que entró en vigencia el 29 de abril de 1997.

El acuerdo es importante al menos por dos razones. Primero, prohíbe, como es el caso del Protocolo de Ginebra, el uso de agentes químicos en las guerras. Pero además, ilegaliza su producción y almacenamiento, e incluye medidas de verificación. El empleo de herbicidas como método de guerra es prohibido, y los Estados firmantes se comprometen no solo a no usar agentes químicos con finalidades bélicas, sino también a no desarrollar, ayudar, alentar o inducir a otros Estados a producir este tipo de armas.

También se comprometieron a destruir los stocks existentes. Segundo, por primera vez se negoció un acuerdo multilateral, de aplicación universal, con un mecanismo de ejecución permanente – la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) – cuyo objetivo es la eliminación de una categoría de armas de destrucción masiva.

En suma, el uso de armas químicas es considerado una ofensa grave a nivel internacional. Siria ratificó la convención  el 14 de septiembre de 2013, la cual entró en vigor en ese país el 14 de octubre de ese mismo año. La utilización de armas químicas convierte entonces a los autores del ataque en violadores de la convención.

Además, pone al país en flagrante desacato de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Recuérdese que el mismo ha solicitado implementar el Comunicado de Ginebra (2012), que busca crear un gobierno de transición de consentimiento mutuo con amplios poderes ejecutivos.

También solicitó a las partes, en enero de 2016, asistir a “conversaciones de acercamiento” para discutir sobre un cese al fuego y un periodo de transición conducente a nuevas elecciones. Y si bien los ceses al fuego anunciados por Estados Unidos y Rusia (septiembre de 2016), así como Rusia, Irán y Turquía (enero de 2017) no surtieron ningún efecto, el uso de armas químicas no solo implica un fracaso en los intentos por resolver pacíficamente el conflicto, sino también una evidente escalada militar. Además, demuestra que el arsenal químico no ha sido desmantelado, como debía ser el caso a partir de 2013.

Una guerra compleja

Las raíces inmediatas del conflicto sirio se encuentran en la “Primavera Árabe” (2010-13), esa ola de democratización que se llevó a su paso a los regímenes de Hosni Mubarak (Egipto) y de Muamar Gadafi (Líbano). En Siria también, el pueblo se levantó contra un régimen autoritario, corrupto, iniciado por Háfez al-Ásad, en 1971, que no cumplía con las expectativas de la población.

Pero aquí la represión fue inequívoca. Las protestas estudiantiles prodemocráticas de marzo de 2011 fueron seguidas de la represión, lo cual generó indignación nacional y el pedido de renuncia de Bashar al-Ásad. El gobierno respondió entonces con más represión. Acto seguido, la oposición se armó para defenderse, y también para expulsar a las fuerzas gubernamentales de sus regiones. El gobierno etiquetó entonces a estos grupos de “terroristas”, y escaló el conflicto. Hasta aquí, la violencia colectiva es una de exclusión política, común en diversos contextos de conflicto armado interno.




Pero la guerra civil se complejizó cuando se transformó en una pugna entre la mayoría musulmana sunita, opositora, y los chiitas alauitas, grupo al que pertenece el Presidente al-Ásad. Claro, definir las identidades en conflicto en estos términos, es reduccionismo, pues en la oposición se encuentran amalgamados desde revolucionarios moderados (Ejército Libre Sirio, ELS), hasta islamistas yihadistas ligados al Estado Islámico (EI). También se encuentra a Tahrir al Sham, el mayor grupo armado opositor después del EI. Además, los kurdos del norte, que son otro elemento identitario del conflicto a considerar (con implicaciones en Turquía) buscan asentar su control sobre el territorio donde se encuentran presentes.

El rol de actores externos también es importante. Irán, que es chiita, es uno de los más cercanos aliados de al-Ásad, y puede haber invertido miles de millones en asesoramiento militar y armas. Además, por Siria pasan armamentos que Teherán envía al Hezbolá (Líbano). Para contrarrestar esta situación, Arabia Saudita (rival regional de Irán) ha financiado a grupos rebeldes sirios (incluyendo a islamistas). Ante el avance de los kurdos (simpatizantes del proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán) cerca de su frontera, Turquía decidió intervenir a favor de la oposición a los kurdos; dichos grupos también han logrado simpatía en Jordania y Qatar. Estados Unidos, por su parte, había evitado involucrarse más allá de su lucha contra el Estado Islámico. Y Rusia, como se indicó, es un fiel aliado de al-Ásad.

Ser o so ser (los policías del mundo): he ahí el dilema

Durante su campaña electoral, el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, advirtió que la superpotencia debería abstenerse de inmiscuirse en el conflicto sirio. Los Estados Unidos no son la policía del mundo. Hoy, el Secretario de Defensa, James Mattis, asegura que esa posición no ha cambiado. Los 59 misiles lanzados el 6 de abril pueden entonces ser vistos como un cambio radical en la posición aislacionista anunciada por Trump durante su campaña electoral, pero otros insisten en que es un operación cosmética que no tiene incidencia en el conflicto armado interno sirio.

En todo caso, Damasco calificó el acto de Washington como “idiota” e “irresponsable”, contrario al derecho internacional (pues se trata de una agresión a un Estado soberano). Rusia apoyó esta tesis y congeló sus canales de comunicación con Estados Unidos. Irán señaló que el ataque puede reforzar los grupos terroristas, complicando la resolución de conflicto.

Mientras “occidente” sigue bailando al ritmo de sus intereses geoestratégicos, para abril de 2016, la ONU estimaba que 400,000 personas habían muerto desde inicios del conflicto. A marzo de 2017, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos estimaba esta cifra a 465,000 los muertos; la ONU estimaba en ese mismo mes, que 4.8 millones de personas habían sido desplazadas. Se estima también que se requieren de USD 3,200 millones para ayudar a los 13,5 millones de personas urgidas de asistencia humanitaria dentro del país.




Otro momento habrá para discutir qué tanto cinismo, ignorancia, estrategia visionaria, o pragmatismo político refleja la operación estadounidense. Por ahora, el apoyo recibido de Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Francia, Israel, Japón, Reino Unido, y Turquía, señala que el movimiento de Washington fue el correcto.

Washington ya se declaró dispuesto a repetir, incluso a ir más allá, si las condiciones lo ameritan. Ahora, más allá de las manipulaciones y oportunismos, que sin duda los hay – el realpolitik es inevitable aquí – usar armas químicas también es traspasar uno de esos límites trazados por el liberalismo, sobre el cual se base parte del sistema de cooperación multilateral internacional. Y en ese sentido, el ataque de Khan Sheikhoun no podía ni debía quedar impune. En el siglo XXI, ningún actor político debería contemplar, entre sus posibles acciones de guerra, el gasear ciudades repletas de población civil. Eso es, simple y sencillamente, inadmisible.

Fernando A. Chinchilla

San José (Costa Rica), abril de 2017

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Fidel. Primera Parte

América Latina ha recibido una noticia que cambiará el panorama político e histórico de la región. Murió Fidel Castro.

Después de una extensa discusión con conocedores del tema y cubanos dentro y fuera de Cuba, me remito a hacer un análisis en tres partes del hecho. Asimismo, ofrezco una explicación del texto que se escribió en esta columna hace meses en el cumpleaños 90 de Fidel que me han pedido gente cercana.

Primero que nada, lo que representa Fidel Castro para la región es el último gran liderazgo del siglo XX, un liderazgo que trasciende desde la Guerra Fría y que sin duda alguna ha influenciado a otros países de América Latina en tomar una agenda de izquierda.

En esta primera parte, hay que centrarnos en la persona. La primera pregunta es: ¿Fue o no fue un dictador y creador de un sistema totalitario?

Desde cualquier punto de vista, la Revolución trajo un sistema totalitario y controlador. Sin embargo, cuando leo comentarios de escritores de derecha e izquierda parten de un supuesto progresista de que todos los gobiernos tienen exigencias similares y aunque esto en parte es cierto comúnmente se olvida que Cuba tenía un régimen comunista basado en los ideales Marxista-Leninistas de la Unión Soviética.

Los gobiernos comunistas son totalitarios. Eso es una realidad innegable. Otro tema sería discutir la efectividad o no del sistema, pero la Revolución Cubana a diferencia de todas las revoluciones sociales del siglo XX impuso otro modelo económico y político. No fue un canto de “No reelección” como Madero, no fue un movimiento reivindicador como el Sandinismo en Nicaragua. Y aunque no fue como la Revolución Rusa que derrocó a un rey, sí cambió el modelo de país totalmente.

 




Por eso, cuando me comparan como “dictadores” a Gaddafi o a Hussein, me parece que cada uno tiene un contexto diferente. Zoe Williams de “The Guardian” sostiene que en el terreno de los dictadores no se pueden jerarquizar uno a otro. Yo difiero porque no todos tienen los mismos objetivos, los mismos ideales ni los mismos apoyos tanto internos como externos.

Segunda pregunta: ¿Fue un líder justo o no? Justo, es un término tan ambigúo y tan difícil de definir que yo preguntaría más por la congruencia y en efecto Fidel fue congruente. Hay que analizar a Fidel en su obra, sin caer en sesgos políticos ni en revisionismos falaces.

Querer juzgar a la Revolución Cubana con una mirada de 2016 es tanto como la otra falacia de que todos los inmigrantes ingleses que llegaron a colonizar la América del Norte son ciudadanos ilegales cuando el país ni siquiera existía.

 




La Revolución Cubana trajo al poder a Fidel y los ciudadanos cubanos fueron parte de este movimiento. De la funcionalidad del modelo y de las críticas voy a hablar más adelante, pero indudablemente, Fidel Castro cumplió en su gran mayoría las promesas de la Revolución Cubana y aunque en efecto, manejó un régimen totalitario no constituye en consecuencia a una dictadura como tal, por el esquema político y por la coyuntura histórica del país.

La muerte de Fidel es un golpe moral a la izquierda latinoamericana que pierde un líder de opinión y referente. Un líder que me parece muy incomprendido porque acusar a Fidel de la creación de Chávez, de Evo en Bolivia u Ortega en Nicaragua es perderse en una nube oscura de malentendidos y tropicalizaciones mal ejecutadas.

Castro, como persona, fue congruente con sus ideales que obviamente chocaron con cientos de miles a nivel mundial pero que la historia juzgará poco a poco cada uno de sus logros y errores a lo largo de su gestión. Negar la relevancia de Castro a nivel mundial, es negar la historia, es negar la realidad y negar a la Revolución Cubana en su contexto dice poco de su entendimiento para explicar eventos y alcances de su detonación.

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PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? EL CONFLICTO ARMADO EN SU PRIMERA FASE

El 23 de junio de 2016 se firma en la Habana, Cuba, el cese al fuego entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

¿Estamos siendo testigos del fin de un conflicto armado interno de más de medio siglo de existencia (54 años para ser exactos)? Para entender el significado de dicho acuerdo, conviene recordar las raíces históricas del conflicto y hacer un repaso de las intentos (abortados y “exitosos”) para alcanzar la paz en Colombia.

Solo así podremos evaluar sus prospectos de éxito. Naturalmente, esta labor no se puede realizar en un corto artículo de opinión, por lo que dedicaré varias columnas al tema. Este mes muestro las particularidades históricas de la primera fase de este conflicto. Más adelante, revisaré los obstáculos a la paz, analizaré la historia de este proceso, y disertaré sobre sus probabilidades de “exito”.

Las particularidades del conflicto armado colombiano

Durante la Guerra Fría, se desarrolla en el “Tercer Mundo” lo que se identifica como “Guerras de Baja Intensidad”. Se trata de enfrentamientos militares entre grupos armados patrocinados por las superpotencias – los Estados Unidos (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) – y Estados soberanos, pero cuyos efectos se limitan a nivel local.

Para algunos, estas son guerras idealistas, sobre todo si se compara con la violencia étnica, la cual parece a primera vista irracional (los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda son dos claros ejemplos al respecto), y a la “narco-violencia”, alimentada supuestamente por la codicia y el egoísmo individual de criminales que buscan enriquecerse a toda costa.




En los “años dorados”, señala la versión romántica del guerrillero asociada al Che Guevara, se defendían ideales progresistas solidarios ligados entre otros a la justicia social.

En América Latina, la mayoría de esfuerzos revolucionarios fueron de “izquierda” (contra dictaduras “de derecha”), aunque también hubo esfuerzos contrarrevolucionarios, es decir de grupos armados apoyados por la derecha, que se levantaron contra gobiernos de izquierda ajenos a la definición convencional de democracia. Esta imagen es, por supuesto, reduccionista.

Se ignora, por ejemplo, que en la mayoría de los casos latinoamericanos, la URSS no tuvo un rol directo en el expansionismo revolucionario (la influencia de Fidel Castro es más significativa). Además, esta imagen desatiende factores internos como pobreza, injusticia, desigualdades, y represión, que han alimentado legítimamente reivindicaciones sociopolíticas en la región.

En fin, desconoce que movimientos revolucionarios de izquierda iniciaron guerras contra gobiernos de centro-izquierda elegidos democráticamente, como lo hizo Sendero Luminoso en el Perú. Es decir, cada actor armado en América Latina es particular, y en ese sentido, los actores armados colombianos no son la excepción.

Las FARC no fueron, al menos en sus inicios, una guerrilla ideológica con un universo conceptual claro y un proyecto alterno de sociedad. Al contrario, son el prototipo de la guerrilla campesina que nace como grupo de autodefensa, y cuyo ideario ideológico es definido por primera vez en los años 1970s.

Además, las FARC nunca recibieron grandes sumas de dinero de patronos externos, sino que desde un inicio financian su esfuerzo de guerra de manera interna, principalmente por medio de la extorsión, los secuestros, y el pago de peajes o cuotas. El conflicto en Colombia es entonces “diferente”, pues no obedeció a factores geopolíticos internacionales.

Además, el esfuerzo revolucionario nunca se hizo en contra de una dictadura, sino más bien contra el Frente Nacional, un régimen que si bien no era democrático en el sentido liberal del término, tampoco cuadraba con el autoritarismo tradicional latinoamericano. Y a partir de 1991, la lucha fue contra lo que muchos expertos coinciden en definir como una democracia representativa.

La transformación del conflicto armado colombiano a través del tiempo

La violencia política en Colombia solo se entiende si se enmarca en un contexto histórico que, para los efectos de este ensayo, ubicaré en el periodo conocido como “La Violencia”, una guerra civil entre los partidos Liberal y Conservador que se desata oficialmente en abril de 1948, con el homicidio del José Eliecer Gaitán (líder del Partido Liberal para las elecciones de 1949).

Asesinatos, agresiones, persecuciones, y otros, son parte de ese marco de violencia perpetrado por paramilitares, reclutados por los conservadores, para defender el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-50) ante la inestabilidad creada por “el Bogotazo” (turbas populares generadas por el asesinato de Gaitán).

Para poner fin a “La Violencia”, liberales y conservadores acuerdan en 1956 la creación del “Frente Nacional” (el cual entra en vigencia en 1958), un pacto que distribuye equitativamente los puestos administrativos estatales entre ambos partidos (Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial) y determina previamente los resultados electorales (alternancia entre los dos partidos tradicionales) durante 16 años (1958-76).

El acuerdo permitió poner fin al único gobierno que ha llegado al poder en Colombia por medio de Golpe de Estado en el siglo XX, el del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-57), respetando la despolitización de la policía por él iniciada y la desmovilización de algunas de las guerrillas liberales activadas durante “La Violencia”. Pero el pacto también generó resistencia.

En 1962, el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-66) atacó una de las “Repúblicas Independientes” (que no reconocían la autoridad estatal), bajo control de una comunidad de campesinos que se habían negado a entregar las armas, y que se habían refugiado en esa zona para escapar del acoso de las autoridades. Este es el inicio de ataques destinados a “pacificar” el país y a extender el imperio de la ley del Estado colombiano en su territorio.

En 1964, estos grupos se reagruparon en el denominado “Bloque Sur”, y en 1966 se convirtieron en las FARC. Un origen igualmente contestatario ante el Frente Nacional tiene el Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla urbana que se levantó en 1974 ante el “fraude electoral” cometido en 1970 sobre el General Rojas Pinilla (candidato presidencial que perdió frente al del Frente Nacional).

Comunidades indígenas también se armaron en 1984 para defenderse de los ataques de militares, terratenientes, Gobierno, y otros grupos, creando el Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL). Orígenes más ideológicos tienen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo fundado en enero de 1965 por sacerdotes armados (Teología de la Liberación) y estudiantes universitarios recién llegados de Cuba (adeptos al “foquismo” del Che), y el Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla originalmente maoísta, fundada en julio de 1967, que en 1975 viró hacia la línea marxista-leninista. Pero estos modelos “socialistas” sirvieron, en el mejor de los casos, tan solo como marcos de referencia.

Sin el afán de adentrarnos en la minucia de las diferencias ideológicas de las guerrillas, deseo destacar que otros fenómenos de igual importancia para explicar la violencia en Colombia han quedado por fuera de este análisis, como lo son el financiamiento, por parte de las élites agrarias (con el entrenamiento del Ejército), de grupos de autodefensas (o paramilitares), y el surgimiento de una élite económica rural ligada al florecimiento del narcotráfico (que luego se reagrupó en los Carteles de Medellín y de Cali).

La conjunción de todos estos factores hacen que la década 1980 sea especialmente violenta en Colombia, con cinco grupos guerrilleros activos luchando contra el Estado (en esa época el país se gana la reputación de ser un “laboratorio guerrillero”), paramilitares atacando a las guerrillas, y dos carteles de droga luchando entre sí, contra el Estado, y contra las guerrillas.

El clímax de este cuadro se alcanzó a finales de la década, cuando cuatro aspirantes presidenciales, Jaime Pardo Leal (Partido Unión Patriótica), Bernardo Jaramillo Ossa (sustituto de Pardo Leal), Luis Carlos Galán (Partido Liberal), y Carlos Pizarro Leongómez (Alianza Democrática M-19) son asesinados.

Colombia está al borde del colapso, y probablemente en parte gracias a ello, se abre una oportunidad para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que permite, entre otros, eliminar los rezagos del Frente Nacional.

Procesos de Paz de Colombia (primera parte)

Durante esta primera fase del conflicto armado (1962-90), se llevan a cabo dos procesos de paz. El primero, liderado por el Presidente Belisario Betancur (1982-86) es severamente criticado, pues se señala que consistió en un cese al fuego sin punto de llegada. Fue como detener el enfrentamiento armado en la teoría (lo cual además no sucedió en la práctica), sin discutir los términos de la paz.

El proceso, que se alarga por tres años, termina abruptamente en 1985, con la trágicamente recordada toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. El ejército contraataca y produce un baño de sangre en donde mueren 98 personas, entre ellos once magistrados.

El segundo proceso tuvo lugar durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986-90), y produjo la desmovilización de tres movimientos guerrilleros. El M-19 firmó un acuerdo de paz el 26 de abril de 1990, el EPL lo hizo el 16 de mayo (una parte del grupo rehusó a desmovilizarse), y en mayo de 1991, se llega pacta con el MAQL.

Se aprobó, con participación de los exguerrilleros desmovilizados, la nueva constitución política, que entró en vigencia en 1991. Pero el ELN y las FARC-EP no participaron en ese proceso. Conversaciones adicionales entre estos dos grupos y el Gobierno de César Gaviria (1990-94), tuvieron lugar en Caracas (Venezuela) y en Tlaxcala (México) en 1991 y 1992. El ELN se fragmentó y un acuerdo de paz con un sector del mismo, la denominada “Corriente Renovación Socialista” es alcanzado el 9 de abril de 1994.

Dos son los elementos que deseo rescatar aquí. Por un lado, las FARC-EP y el ELN, las guerrillas más antiguas de Colombia, han siempre sido reacias a negociar. De ahí el valor del acuerdo recientemente alcanzado en la Habana. Por el otro, el conflicto armado colombiano entra a inicios de los años 1990 en una segunda fase.

Los paramilitares crecerán y fundarán las “Autodefensas Unidas de Colombia”; las FARC-EP entran en un nuevo proceso de expansión vinculado a su incursión en la economía del narcotráfico (eso es lo que la “historia oficial” reza), y el ELN, junto a los rezagos del EPL, continúan en actividad.

Se trata de un contexto de “paz fragmentada”, es decir de un marco en donde se logró el tan ansiado cese al fuego definitivo con tres guerrillas menores, pero en donde los dos grupos revolucionarios históricamente más importantes de Colombia, el ELN, y las FARC-EP, se levantaron más fuerte que nunca. A este nuevo marco es al que le dedicaré mi atención en la próxima entrega de esta columna.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Julio 2016)

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EL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS CONVENCIONALES

El Tratado de Comercio de Armas (o Arms Trade Treaty, ATT) es un acuerdo internacional que entró en vigencia en diciembre de 2014, y que busca regular el comercio internacional ilegal de armas convencionales a escala planetaria. El objetivo del acuerdo es evitar el trasiego de “armas pequeñas”, es decir de revólveres, rifles, carabinas, fusiles de asalto, etc., de minas terrestres y marítimas, y de todas las armas que no son de destrucción masiva. Las bombas (y las bombas de racimo), los cohetes, y todo tipo de misil, pueden entonces ser considerados como “armas ligeras”, siempre y cuando no lleven, por supuesto, ojivas biológicas, nucleares o químicas.

Criticado por unos treinta Estados que siguen reclamando, con un anacrónico discurso antiglobalización, la primacía de su soberanía en el sistema internacional sobre la de los tratados internacionales (de seguro como excusa para proteger intereses ligados a la compra de armas) y por diversos actores sociales de derecha, que ven en él una amenaza a la libertad a la autodefensa–esto sucede sobre todo en los Estados Unidos (p.ej. la National Rifle Association) pues en América Latina los grupos sociales más bien presentan el tema como una cuestión humanitaria, el ATT merece nuestra atención. No solo los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señalan que al menos el 41% de los crímenes que se cometieron en el 2013 fueron perpetrados con armas pequeñas, sino que América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más insegura del mundo. En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia. Debe entonces ser de nuestro interés conocer, investigar, y darle seguimiento a cualquier iniciativa que, de una forma u otra, pueda contribuir a poner freno a la inseguridad que viven los ciudadanos latinoamericanos y caribeños.

En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia.

De la institucionalización del régimen de regulación del comercio de armas

Desde los años 1990s, sectores sociales en diversas partes del mundo se movilizaron para denunciar la existencia de un comercio internacional no regulado de armas. El tema saltó a las prioridades en la agenda internacional porque el fin de la guerra fría marcó el término del “equilibrio del terror”, aquella “estabilidad” resultante de la amenaza de un cataclismo mayor (en caso de que alguna de las superpotencias accionara el gatillo nuclear). La prioridad en términos de seguridad pasó entonces a cuestiones de desarme y de control nuclear. Algunos expertos podrán indicar, no sin razón, que la popularización del paradigma de la “seguritización”, según el cual la seguridad debe ser entendida como una construcción social y una disputa política (ver, por ejemplo, Carla Álvarez Velazco, 2016), explica el aumento de interés en el control de armas convencionales.

Pero lo cierto es que objetivamente se registró a partir de los años 1990 un aumento en las muertes por homicidio en la mayoría de países en vías de desarrollo.

En 1997, premios Nobel de la paz como Oscar Arias, Elie Wiesel, Jody Williams, el Dalai Lama, y José Ramos-Horta, apoyados por organizaciones como Amnistía Internacional, presentaron la idea de establecer estándares éticos para el comercio de armas. En 2001 se adoptó una iniciativa (voluntaria), por parte de la United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms, llamada “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects” (PoA) y en 2007 se creó un grupo de expertos para elaborar un reporte de factibilidad que llevó a la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril de 2013, del ATT. Al respecto, hay que señalar que este instrumento legal debe apenas ser considerado un primer paso en la larga reglamentación del comercio de armas, pues claramente no interfiere en el comercio de armas a lo interno de los Estados, y no reglamenta nada en torno al derecho ciudadano a portar armas. Tampoco prohíbe la exportación de tipos específicos de armas ni cuestiona regulaciones nacionales existentes. El tratado solo obliga a sus signatarios a monitorear el movimiento del comercio de armas, para asegurarse que se respeten los embargos existentes y que las armas comerciadas no terminen en manos equivocadas.

Tres retos de la cooperación interamericana en la materia

Es claro que cualquier intento por regular el comercio de armas convencionales se enfrentará a poderosos intereses económicos de las industrias de los países exportadores más importantes, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y Rusia). Pero más allá de lo obvio, desearía resaltar que en la actualidad, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Surinam, todos países firmantes, no han ratificado el tratado. Dos países, Nicaragua y Venezuela, ni siquiera aparecen como signatarios. Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

En segundo lugar, se deben fortalecer los diferentes escenarios de cooperación regional y sub-regional, desde la ONU hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), pasando por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Así como en otras épocas se denunció la “condicionalidad cruzada” al referir a los requisitos bancarios exigidos por diversos organismos internacionales para otorgar préstamos a los países aquejados por la crisis económica de los años 1980s, ojalá podamos pronto referir a la “cooperación cruzada” para señalar redes horizontales de cooperación transnacional. Y para evitar escaramuzas políticas, tal vez lo mejor sea privilegiar la cooperación técnica. Al fin y al cabo, deben existir estrategias consistentes, objetivas, y no-discriminatorias que aseguren la vigencia del tratado. Las partes deben establecer y mantener sistemas nacionales de control para generar datos comparables con otros Estados, no solo por transparencia–las listas nacionales son remitidas y compartidas con las otras partes–sino también para permitir evaluar el avance en su cumplimiento. Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas. Los escenarios multilaterales antes mencionados pueden, en su conjunto, ayudar a establecer y a implementar criterios técnicos que permitirán alcanzar grados de eficacia de la cooperación en la materia.

En tercer lugar–y esto puede ser más complicado–se trata también de darle contenido a la declaración de la Segunda cumbre de la CELAC (2014), según la cual América Latina y el Caribe son una “zona de paz”. Ello puede toparse con dos obstáculos mayores. Por un lado, los Estados no tienen la capacidad institucional para hacer valer el imperio de la ley en todo su territorio. La ausencia estatal es más fuerte en las zonas fronterizas, alejadas de los centros urbanos y políticos. Mientras esta siga siendo la regla, seguirá el comercio ilegal floreciendo sin dificultad, no por intención de las autoridades, sino por omisión en el control de las actividades ilícitas. Este problema no será resuelto mañana, pero su complejidad no es excusa para no avanzar en una solución. Por el otro, algunos de los gobiernos actuales en la región tienen concepciones diferentes sobre cómo reforzar su seguridad. Sin buscar discutir las mutaciones recientes y el significado actual de la noción de “seguridad”, debo señalar que en abril de 2016 se anunció la adquisición a Rusia, por parte de Nicaragua, de 50 tanques de guerra T-72B, 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos helicópteros Mi-17V-5, un lote de vehículos blindados, lanchas patrulleras y coheteras, y otros. El gobierno de Ortega, que maneja un discurso de paz, de lucha contra el narcotráfico y de reforzamiento de las capacidades del Ejército para la atención de desastres naturales, no ha explicado las razones y objetivos de dicha compra. Lo mismo puede ser argüido en el caso de Venezuela, que, según el Instituto de Investigaciones de Paz, ocupa el 18 lugar a nivel mundial en cuanto a países compradores de armamentos, y que habría gastado en 2015 USD 162 millones en compras de armas a China (147 millones), Estados Unidos (6 millones), Austria (5 millones) y Holanda (4 millones).

Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas.

Conclusión: lo importante no es inventar la rueda, sino hacerla rodar

El comercio internacional de armas abarca tanto transferencias legales (generalmente en el marco de acuerdos gubernamentales), ilegales (si autorización gubernamental), y las que se encuentran en “zonas grises” (cuya legalidad es incierta pero su ilegalidad es dudosa). El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral. Hasta ahora, 85 Estados han ratificado el ATT, y 47 más están en proceso de hacerlo. Desde su entrada en vigencia, se organizó la primera conferencia de los Estados parte, que tuvo lugar en Cancún (México) del 24 al 27 de agosto de 2015. En esa reunión, se logró tomar decisiones básicas como escoger una sede para la Secretaría del tratado (Ginebra), pero no logró adoptar las plantillas de documentos necesarias para que los Estados completaran su reporte inicial de implementación en diciembre de ese año. Es decir, a los obstáculos políticos y propios a la región latinoamericana, se añaden los obstáculos técnicos propios a la implementación de nuevos regímenes de cooperación internacional. La segunda conferencia de Estados parte del tratado tendrá lugar durante el segundo semestre de 2016, y sus resultados deberán ser analizados con detalle.

El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral.

Las compras de armas de Nicaragua y Venezuela son transacciones legales. Y aunque no lo fueran, estos países no aparecen como signatarios del tratado, por lo que no están sujetos a sus disposiciones. El ATT representa, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero se trata también de un muy tímido progreso, pues la problemática relacionada a las armas de fuego no tiene que ver únicamente con las armas que son comerciadas ilegalmente–es cierto que el trasiego ilegal es un problema–sino también con aquellas que son comercializadas legalmente. Es aquí, me parece, en donde se encuentra el meollo del asunto. La lucha será entonces intensa, no solo contra las cúpulas de poder locales que pueden usar la compra de armas como un botín político, sino también contra la industria manufacturera, que gana billones anualmente. Y si se habla de construir una cultura de paz, entonces habrá también que trabajar a nivel local en cada uno de los países signatarios para forjar usos y costumbres que vayan más acorde con el espíritu de este esfuerzo de reglamentación.

Fernando A. Chinchilla
New York City (Junio 2016)

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Guerra Fría: versión 2.0.

Desde el inicio del conflicto sirio diversas personalidades internacionales, columnistas, politólogos, entre muchos otros, han planteado la idea de un escenario de Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Este pensamiento se ha acrecentado ante la presencia militar rusa en territorio sirio, lo cual ha sido causante de muchas diferencias en la esfera internacional. Y es que como recordaremos, Siria es la secuencia de una serie de conflictos en la región de Medio Oriente, en un inicio llamada Primavera Árabe. Reitero, en un inicio, ya que para los sirios la problemática militar y política se ha prolongado por ya 4 años (inició en marzo de 2011). Entre diferentes escenarios, agravamiento de problemáticas, grupos rebeldes y la reciente facción ISIS, no se atisba un fin al conflicto en el corto ni mediano plazo.

Estados Unidos como país “conciliador” ante problemáticas internacionales, presentándose a sí mismo como una nación que busca apoyar a los países en conflicto y apoyarlos para que resurjan, tampoco ha visto fin ni forma de socavarlo. Por otro lado, Rusia, visto como un país de confrontación ante políticas estadounidenses, decidió un par de meses atrás intervenir para apoyar al presidente al-Assad en la estabilidad siria; lo anterior significaba terminar por completo con ISIS.

Ninguno de los dos países desea pasar por desapercibido, ni que su postura ante la situación siria, tan apremiante y prolongada, se deje pasar por alto.

El escenario de Guerra Fría, surge por el hecho de confrontación entre EUA y Rusia. A pesar de que los móviles de ambos países no estriban en lo mismo de décadas atrás, representan la rivalidad entre ambas facciones por ser el país de mayor influencia en el ámbito internacional. Ninguno de los dos países desea pasar por desapercibido, ni que su postura ante la situación siria, tan apremiante y prolongada, se deje pasar por alto. Desean tener injerencia por tres razones: posicionamiento estratégico, riquezas contenidas en la región y sustento de relaciones exteriores con países de Medio Oriente. Hasta el momento, Obama y Putin han ordenado intervenir militarmente en el país en cuestión. El primero de una forma más cautelosa con pocos elementos, y el segundo anunciando abiertamente su apoyo al presidente sirio para atacar a las facciones rebeldes militantes. Los resultados no han sido positivos. Mientras se han dado a conocer la muerte de civiles inocentes ante los errores de ubicación por parte de fuerzas militares rusas y también estadounidenses, ISIS ha demostrado fuerza de contraataque.

Desean tener injerencia por tres razones: posicionamiento estratégico, riquezas contenidas en la región y sustento de relaciones exteriores con países de Medio Oriente.

La lupa internacional, hoy en día, estudia los conflictos con mayor escrutinio. Tenemos acceso a información de primera mano a través de redes sociales. Los errores y aciertos de las entes políticas son puestas a nuestro alcance con mayor frecuencia, y se ha luchado por mantener un periodismo profesional y comprometido, evitando favorecer tal o cual facción. Sin embargo, este escenario de Guerra Fría en la zona de Medio Oriente solamente hace que la situación sea más complicada. La intervención de organismos internacionales, sobre todo la Organización de las Naciones Unidas, ha sido hasta cierto punto limitada, ya que no puede obligar a realizar acciones, sino solamente hacer sugerencias; podrá reprobar hechos ocurridos, poner en tela de juicio al grupo ISIS, al-Assad o a cualquier ente participante del conflicto sirio. Los países, tanto estadounidense como ruso, son los que están incurriendo realmente en la zona (entre otros), dejando en entrevisto el interés político y comercial de Siria y sus alrededores.

Se ha creado conciencia respecto a las miles de personas desplazadas y refugiadas por países vecinos de la región, así como países europeos. Pero esto solamente será como si diéramos una aspirina a una migraña.

Bien se dice que la historia se repite con diferentes personas pero bajo las mismas causas y con las mismas consecuencias. No hemos aprendido lo que la historia mundial nos ha enseñado, y no pareciese que en el corto plazo se haga. ¿Por qué digo esto?… ¿Acaso han visto una mejora en el conflicto?, ¿menos ataques?, ¿menos personas afectadas?, ¿menos muertes?. Sí, se ha creado conciencia respecto a las miles de personas desplazadas y refugiadas por países vecinos de la región, así como países europeos. Pero esto solamente será como si diéramos una aspirina a una migraña. Consecuencias como el choque de culturas, necesidades básicas que no pueden satisfacerse debido a la alta demanda, oportunidades laborales, educación, entre muchas otras consecuencias están empezando a relucir y lo seguirán haciendo. Si bien es cierto, ya no hay vuelta atrás y lo que se debe hacer es buscar la forma para detener el conflicto sirio, no hacer más bombardeos, más muerte, mayor confrontación entre las partes involucradas y las que se quieren añadir. En esta ocasión, si aceptáramos que se trata un escenario de Guerra Fría, el país triunfante debería ser aquel que logrará crear acuerdos de paz y de terminación del conflicto.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”