Revocación de mandato del Presidente de la República

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“¿Está de acuerdo en la revocación del cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente desempeña el ciudadano Andrés Manuel López Obrador?” Esta podría ser la pregunta que se nos formule en marzo del 2022 cuando por primera ocasión se ponga en funcionamiento, si acaso, la revocación de mandato del Ejecutivo Federal según el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre del año pasado. Esta colaboración tiene por objeto presentar un breve panorama acerca de la revocación de mandato desde sus contornos normativos, teóricos y de viabilidad.

La definición de la revocación de mandato establecida en la reforma constitucional se encuentra en el artículo tercero transitorio, en el que se indica que para los efectos  de la revocación de mandato se entiende como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”. Queda claro que la finalidad de la reforma fue establecer la revocación de mandato sin que se requiera un análisis sobre el cumplimiento o no de los programas de gobierno, ya que se refiere a la “pérdida de la confianza”. El diseño toma como sustento teórico que la revocación de mandato se refiere a un derecho político basado en la soberanía popular, más que en ser un mecanismo de rendición de cuentas entre períodos electorales (Yelp 2014: 253).

La revocación de mandato se encuentra en el artículo 35 constitucional junto a los derechos políticos de votar en las elecciones, de poder ser votada para todos los cargos de elección popular, de asociación libre e individual y de iniciativa popular de leyes. En este sentido, la Constitución de nuestro país se incorpora a otras constituciones latinoamericanas: Artículo 40.4 (Colombia), 2.17 (Perú), 70 (Venezuela), 61.6 (Ecuador) y 11.II.1 (Bolivia).

La revocación de mandato es una manifestación de lo que se denomina como democracia directa. En general, la revocatoria de mandato incluye dos etapas en las que se expresa la participación política de la ciudadanía: Primero, lo que se denomina como la activación, esto es, la solicitud del procedimiento revocatorio que se moviliza con cierto número de firmas de apoyo de las y los ciudadanos electores; y, en segundo término, la consulta al electorado sobre la revocación del mandato de la persona electa hacia la que se dirige el proceso revocatorio (Kornblith 2017: 984).

Por lo que hace a la activación de la revocación del mandato de Presidente de la República, en el artículo 35, fracción IX de la CPEUM se indica que se requiere un 3 por ciento de firmas de personas inscritas en la lista nominal de electores y que, además, las firmas de apoyo estén distribuidas en al menos 17 entidades federativas. En ese sentido, para activar la revocación del mandato de AMLO se requieren aproximadamente 2 millones 700 mil firmas de apoyo, considerando que la lista nominal de electores en el país asciende a 90 millones de electores (https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/).

¿Se podría alcanzar ese número de firmas entre noviembre y diciembre del 2021 para activar el proceso de revocación de mandato de AMLO? Muy seguramente sí.

Primero, considerando que respecto de la activación de las revocaciones “(…) no es la ciudadanía, sino organizaciones políticas, partidos o líderes políticos los principales promotores”. (Yelp 2014: 260). Tómese en cuenta que, de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, partidos como el PAN y el PRI, por sí solos, podrían movilizar a los 2 millones 700 mil electores que se requieren para iniciar el proceso de revocación de mandato; en efecto, el PAN obtuvo 9 millones 800 mil votos, y el PRI, 7 millones 500 mil sufragios. (https://siceen.ine.mx:3000/#/tablas-resultados). Por ende, individualmente, asociándose entre sí, o incluso atrayendo a la coalición revocatoria a partidos como el PVEM (925 mil votos) o MC (865 mil sufragios), podrían promover la participación de la ciudadanía y recopilar las firmas de apoyo necesarias para la solicitud de revocación de mandato de AMLO. También cuentan con la dispersión en los estados. Sólo por dar un ejemplo, el PAN obtuvo el primer lugar de votos presidenciales en cinco estados del país (Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y  Yucatán) y obtuvo el segundo lugar en 10 entidades más; si a ello sumamos 13 estados en donde el PRI fue segundo lugar y aquellos en los que MC (Jalisco) y PVEM (Chiapas) también fueron segundo lugar (https://siceen.ine.mx:3000/#/primeros-tres-lugares), sin duda los partidos políticos de oposición pueden movilizar a sus simpatizantes y obtener las firmas de apoyo necesarias y su dispersión en el país.

En segundo lugar, porque el porcentaje para activar la revocación en México es relativamente bajo, si se compara con el de otros países latinoamericanos que contemplan la revocatoria de mandato para autoridades nacionales. En efecto, en Venezuela se requiere al menos el 20 por ciento del electorado (art. 72 de su Constitución); en el Ecuador, el 15 por ciento (art. 105 de su Constitución); y en Bolivia, el 25 por ciento (art. 26 de su Ley de Régimen Electoral). Es decir, la movilización de 3 por ciento del electorado no parecería de mayor dificultad para los partidos de oposición.

Por otra parte, con relación a la etapa propiamente de la consulta al electorado y el porcentaje que se requiere para la revocación del mandato del Presidente de la República, la reforma constitucional fijó dos requisitos: i) que en la consulta participe al menos el 40 por ciento del electorado; en este rubro se necesitaría una participación de aproximadamente 36 millones de personas electoras; y ii) que por el “sí” se exprese una mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno de al menos esos 36 millones potenciales de votos que se requieren para que el proceso de revocación sea válido; en otras palabras, si en la revocatoria de AMLO en marzo del 2022 participara el mismo número de personas que salieron a votar en julio de 2018, 56 millones, serían necesarios más de 28 millones de votos a favor de la revocación de su cargo.

Desde luego que estas cifras son solamente hipotéticas, y se debe subrayar que los resultados electorales de 2018 no pueden trasladarse a un evento futuro de revocación de mandato en 2022, sin embargo, se utilizan solamente como un referente para argumentar la polarización que eventualmente significaría el proceso de revocación del mandato de AMLO. En este sentido, considerando los votos obtenidos por todas las candidaturas de partidos e independientes contrarios a López Obrador en ese año, estamos hablando de, hipotéticamente, 24 millones por el “sí” frente a cerca de 30 millones de votos por el “no” (según los votos obtenidos en 2018 por MORENA y sus aliados PES y PT).

Este ejercicio hipotético refuerza la idea de que los procesos de revocación de mandato, si bien son el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, también implican una gran polarización que, por un lado, fomenta la confrontación y, por el otro, significa una anomalía en el desempeño de cargos electivos con mandato fijo. (International IDEA 2008: 114). Afortunadamente, la reforma constitucional no creó el incentivo de la promoción indiscriminada de revocatorias, dado que, de obtenerse una mayoría absoluta por el “sí”, esto no implicará la convocatoria a elecciones para designar al reemplazo del Ejecutivo revocado. De ganar el “sí” en una revocación de mandato, la respuesta constitucional es que, inmediatamente, asuma el cargo provisionalmente quien ostente la presidencia del Congreso, en tanto la Soberanía Legislativa nombra en treinta días a la persona que concluya el período constitucional.

No sabemos si seremos convocados por el INE para que en marzo del 2022 participemos en el proceso de revocación de mandato del Presidente López Obrador. Y de ser convocados, tampoco sabemos si ganaría el “sí” o el “no”. Lo único que podemos estar de acuerdo, por ahora, es que, sorprendentemente, el Presidente promotor de la reforma constitucional jamás tuvo en mente un escenario tan adverso como el que actualmente vivimos, y tampoco imaginó que la movilización para el proceso de revocación de mandato ya no dependa de él y su partido, sino de lo que queda de los partidos de oposición en México.

Referencias bibliográficas.

INTERNATIONAL IDEA. (2008). Directo Democracy. The International IDEA Handbook. Estocolmo: International IDEA.

KORNBLITH, Miriam. (2017). “Revocatoria de mandato”. En Diccionario Electoral. Costa Rica: IIDH, TEPJF, Serie Elecciones y Democracia, t. II, 984-94.

SEGOB. (2019). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. DOF viernes 20 de diciembre.

YELP, Yanina. (2014). “De venenos y fármacos. La regulación y prácticas de la revocatoria del mandato en Suiza y las Américas”. En YELP, Yanina y SERDÜLT, Uwe, La dosis hace el veneno. Análisi de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Quito: Consejo Nacional Electoral, Instituto de la Democracia, 247-66.

Oposición en tiempos de Coronavirus

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Como cualquier otro asunto público que acapara la discusión y urgencia nacional, las medidas para controlar y mitigar los efectos de la pandemia de Coronavirus COVID-19 en México también han entrado al complejo campo de la política. En todos los Congresos locales, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, redes sociales y mensajes en medios de comunicación, la oposición tomó una postura de ataque contra el Gobierno Federal. Durante las primeras semanas, hemos visto a actores políticos de la oposición día con día tomar acciones frontales contra las medidas en materia salud, ya sea sobre los modelos de vigilancia epidemiológica, los datos proporcionados, los mensajes técnicos, las iniciativas en el legislativo con el contexto actual, etc. No me malinterpreten, considero imperativa la obligación de análisis, crítica y propuestas de la oposición, ellos son los que tienen una labor fundamental de estar siempre pendientes y exigentes con las acciones del gobierno en turno contra el COVID-19. Sin embargo, en diversas ocasiones, la información y narrativa que muchas veces utilizaba la oposición parecían provenientes de una actitud colérica en lugar de una labor responsable. 

Ante todo esto, surge una pregunta obligada: ¿Cuál debe ser el papel de la oposición durante esta emergencia? Para poder responder esta pregunta, es importante hacer una lectura sobre Portugal y su situación política en estos días de emergencia. En dicho país, el gobierno en el poder es uno identificado con el socialismo, cuyas medidas de administración y gestión sanitaria han sido calificadas como efectivas, y es interesante el rol de la oposición política portuguesa en esta ecuación, ya que el Partido Social Demócrata y los partidos de derecha, iniciaron una estrategia de colaboración con el gobierno. ¿esto se ha traducido en impunidad y falta de crítica? no, simplemente apostaron a la unidad nacional ante una situación sin precedentes. Esta emergencia esta siendo una oportunidad para que la oposición logre generar mayor legitimidad social en ese país, incluso, el líder opositor Rui Rio en un comunicado mencionó que “No es patriótico criticar en estos momentos al Gobierno”. Como bien retrata la editorial del periódico español “El País” del 25 de abril respecto la situación política de Portugal: “toda la oposición ha adoptado desde el primer momento -incluso antes de que empezaran a producirse fallecidos- una actitud crítica, pero un límite claro y explícito: la necesidad de unidad en torno al Gobierno para superar una potencial situación dramática para el país”. Si hacemos un ejercicio comparativo en México, el comportamiento político de la oposición es completamente distinto, y nos da una sensación de que los diversos sectores opositores han aprovechado la emergencia nacional para intentar  capitalizarse y ante embates de sectores empresariales y partidos, es claro que existe una brecha  muy grande entre el gobierno federal y su oposición, sin abonar al dialogo, apostándole solo a la confrontación, como escribió Lorenzo Meyer: “suponer que hoy en México un líder de la derecha decidiera apelar a la ética y al patriotismo de sus correligionarios para convocarlos a desactivar temporalmente los ataques al gobierno que debe hacer frente a una emergencia nacional, es tanto como suponer que se puede arar en el mar”.

Resulta desconcertante ver que todo el sector opositor es reactivo y no proactivo, ya que pareciera que se oponen por el simple hecho de oponerse, sin mayor consenso o ejercicio político. Considero fundamental e imperativo ver un nuevo papel y desarrollo de aquellos opositores, no podemos esperar que todo  falle para decir “se los dije”, al contrario, su trabajo es contribuir a la buena administración de la crisis sanitaria que vivimos, ello sin menoscabar su papel crítico y de vigilancia. 

Sobre los métodos y aspectos generales de este sector, creo que es importante retomar el análisis que Steven Levitksy y Daniel Ziblatt hicieron respecto a la situación de Estados Unidos en su obra How Democracies Die, que si bien, existen diferencias, podemos vislumbrar similitudes y aprendizajes. En dicho país, el Partido Demócrata ha sido fuertemente criticado por la ausencia de una estrategia agresiva contra el Partido Republicano, a diferencia de México, en nuestro vecino del norte, la oposición no ha utilizado los mismo métodos que el partido en el poder utiliza contra ellos, “deberían luchar como republicanos” dicen algunos. Para Levitsky y Ziblatt, realizar una estrategia política de este tipo es errada, ya que “estarían jugando a favor de los autócratas”, y a esto le denominan “tácticas de tierra arrasada” las cuales tienen una tendencia a beneficiar más al partido en el poder, ya que los indecisos o moderados no encuentran un  atractivo a este tipo de tácticas, solo ven confrontación vacía. Para llegar a esta conclusión, analizaron los casos de Venezuela y Colombia. En el primero, en tiempos de Hugo Chávez, la oposición apoyó un golpe militar que terminó fallando y erosionando su discurso demócrata, posteriormente hicieron un llamado de paro nacional que duró dos meses y le costó a su economía 4 mil quinientos millones de dólares aproximadamente, dejando un panorama aún más difícil, todo esto le dio mayor fuerza al partido en el poder en las elecciones intermedias para el Congreso, dandole la mayoría a Chávez; en el caso colombiano, la situación y estrategia fueron totalmente distintas, durante le presidencia de Álvaro Uribe, quien intentó adjudicarse facultades extraconstitucionales, generó que su oposición utilizara los Congresos y Tribunales para combatirlo, la situación llegó a tal punto, que incluso la Corte Constitucional colombiana declaró como Inconstitucional la postulación de Uribe para un tercer mandato. Como concluyen estos autores que analizaron a Venezuela y Colombia, utilizando el caso de Estados Unidos en contextos de profundo conflicto entre oposición y gobierno, las oposiciones deben ser “firmes, pero destinadas a preservar, en lugar de vulnerar, las reglas y normas democráticas”, para ello es necesario generar legitimidad en el Poder Legislativo y Judicial, y ello no se logra con sólo una confrontación agresiva, si la oposición utiliza los métodos institucionales y constitucionales, con prácticas de dialogo y construcción mutua, es más efectivo insertar en la agenda del gobierno en turno los puntos de vista y sus contrapropuesta, y ello se refleja, indudablemente, en el electorado. 

Las formas son importantes, porque determinan el fondo. Es urgente una reformulación de los ejercicios opositores, vemos pequeños destellos de liderazgo opositor, pero no se puede percibir una agenda conjunta y alternativa, y esto tiene que ver con su desdibujamiento del debate público y un intento desesperado, no por construir un mejor país, sino por ganar poder político. Estamos en un momento de mucha reflexión y acción por parte de los actores públicos, y sería un buen punto de inicio una agenda única nacional de ambos sectores para lograr, no una cuarta transformación, simplemente una cambio y bienestar para todos, sin importar el espectro ideológico. Es hora de que la oposición evolucione a la modernidad, y vea los puntos en común para construir y no para destruir. 

Combate Escobedo junto a Gobiernos Mundiales efectos de violencia ocasionados por la Pandemia

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No desatender el tema de Seguridad, trabajar a favor de grupos vulnerables y reducir la violencia durante la contingencia por el COVID-19, fue el llamado que hizo el Municipio de Escobedo y 14 gobiernos mundiales a través de la firma de la “Declaración de Solidaridad”.

Este movimiento, promovido por la campaña “Paz en Nuestras Ciudades”, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pretende que líderes internacionales se unan y trabajen conjuntamente en los efectos colaterales de la pandemia, como el aumento de la inseguridad y el cambio de patrones de violencia. 

“Nos estamos comprometiendo a generar y trabajar para que haya más paz en nuestras ciudades”, dijo la Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales.

“Estamos viviendo situaciones extraordinarias, y en la prevención de la violencia no podemos quedarnos afuera, y por eso tomamos la decisión de  tener esta interacción entre nosotros como ciudades para construir, para generar políticas públicas que prevengan cualquier tipo de violencia para garantizarle a los ciudadanos mejores condiciones”.

La Declaración, firmada por autoridades de Estados Unidos, Canadá, Jordania, Sudáfrica, Colombia, entre otros, llama a que durante la contingencia, se cese cualquier tipo de violencia, se mantenga y se aumente la inversión en el rubro, se compartan estrategias exitosas y se garantice la seguridad de los grupos vulnerables. 

“Reconocemos que, como el virus, la violencia impone cargas desiguales en distintos grupos de la población, en particular en las mujeres y en los niños, en los más desfavorecidos. 

“Por eso, respaldamos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, nuestro compromiso con los desfavorecidos y con la seguridad y la no violencia de todos ellos”.

Flores Carrales destacó que en el cumplimiento de los objetivo 16 y 17 de Desarrollo Sostenible, que corresponde a Paz, Justicia e Instituciones sólidas y Alianza para lograr los objetivos, respectivamente, el Municipio de Escobedo ha trabajado de manera puntual, aumentando sus actividades durante la contingencia. 

Enlistó algunas acciones como la Línea del Adulto Mayor, que brinda apoyo psicológico, alimentario y atiende casos de maltrato y abandono; la Línea Violeta, que ofrece ayuda especializada a mujeres violentadas, y el concurso “Familia de Paz”, que tiene por meta reforzar los lazos familiares y evitar la violencia doméstica durante el confinamiento. 

“En el Municipio de Escobedo estamos comprometidos con la protección a los ciudadanos”, refirió, “con la reducción de cualquier tipo de violencia y reafirmamos nuestro compromiso con la ONU, con las ciudades, con Paz en Nuestras Ciudades, para poder buscar y compartir políticas públicas en materia de reducción de la violencia, en protección a niños y niñas, adultos mayores”.

“Compartir entre los diferentes gobiernos y organizaciones estas políticas que hayan sido efectivas en otras partes y que se puedan adecuar, o viceversa, y así ese aprendizaje acumulado pueda servir para todo el mundo”.

Apenas el 35% ha respetado el “Quédate en casa” en México, revela Google

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De acuerdo a información revelada por Google, México se encuentra entre los países que menos respetaron la recomendación de “quédate en casa”, esto pese a la pandemia del COVID-19 y se situó con una baja en la movilidad de personas en espacios públicos de apenas el 35.4% en promedio, en comparación con países como Argentina y Colombia que la redujeron en 86% o de Brasil, que logró una reducción de 71%.

El estudio del gigante tecnológico recoge reportes de 131 países respecto a las medidas drásticas de confinamiento por la pandemia de coronavirus.

En México, los datos arrojan 45% menos afluencia en lugares de ocio; 46% a sitios de recreo; 47% a estaciones; 19% a mercados y 20% a los puestos de trabajo.

En promedio, los mexicanos redujeron 35.4% sus movimientos en espacios públicos y solamente aumentó un 11% la estadía en los hogares, según el estudio.

Se estanca legalización total del Aborto en Colombia.

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Luego de la intensa discusión sobre el aborto en Colombia, la Corte Constitucional colombiana se inhibe de discutir la despenalización de la interrupción del embarazo. 

La Corte colombiana respondió con un fallo inhibitorio a la demanda puesta por una ciudadana antiaborto que solicitaba que este se volviera a penalizar completamente, incluso para las circunstancias aprobadas y así retroceder hasta 2006.

El fallo, que ha polarizado a la sociedad colombiana desde hace varias semanas, era esperado a las afueras del Tribunal en el centro de Bogotá por mujeres que alzaban el “pañuelazo verde” por el aborto libre y seguro, así como grupos antiaborto ligados a la bancada conservadora del Congreso de la República

Para Mónica Roa, quién es la abogada que logró la despenalización en 2006, no es una sorpresa. 

“Decisión inhibitoria. Me suena familiar. Pasó lo mismo el 7 de diciembre de 2005. La buena noticia, es que el debate, entonces como ahora, continuó y resultó en una decisión favorable unos meses después”, señaló en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se pronunció la Campaña por el Derecho al Aborto Legal en Colombia: 

“El debate continúa y por ahora podemos seguir acudiendo al aborto legal bajo la causa de salud mental”.

Por su parte el presidente Iván Duque celebró la decisión de la Corte. 

¨Es un pronunciamiento que se recibe con la tranquilidad de que se ha mantenido la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional desde el año 2006″

 

(Con Información de El País)

 

Asesinan a 3 estudiantes de medicina en Puebla

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Tres estudiantes de medicina de diferentes universidades fueron asesinado en Puebla, mientras que los sospechosos fueron detenidos en el municipio de Huejotzingo.

Las víctimas fueron identificadas como Ximena Quijano Hernández, José Antonio Parada Cerpa y Francisco Javier Tirado Márquez, y sus cuerpos fueron encontrados en un predio de Santa Ana Xamimilulco, Huejotzingo, llamado Los Tanques. Junto con ellos se encontró muerto al conductor de un Uber llamado José Manuel “N”, de 28 años de edad.

Hasta el momento se desconoce el motivo del asesinato, pero los primero reportes explican que los jóvenes fueron al carnaval de Huejotzingo y tomar un Uber a las 22:15 horas del domingo 23 de febrero de 2020, y sus cuerpos fueron encontrados la mañana del 24 de febrero.

Tres sospechosos ya fueron detenidos junto al vehículo en que viajaban las víctimas.

En un comunicado la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP) emitió un comunicado en el que lamentó el asesinato de Francisco Javier, que era estudiante de la institución y originario de Veracruz.

Por su parte, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), refirió que Ximena y José Antonio eran estudiantes de intercambio, de nacionalidad colombiana, que prestaban su servicio social en el Hospital General de Cholula, y a su vez condenó el incidente.

Detona coche bomba en Colombia, se reportan 7 personas muertas y 11 heridas.

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Al menos siete personas murieron y otras 11 más resultaron heridas este lunes, como resultado de la explosión de un autobús, el cual fue señalado supuestamente como un atentado con “coche bomba”. 

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló la explosión de un vehículo de transporte público como un atentado con coche bomba en una carretera del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. 

El vehículo se desplazaba por la carretera cuando estalló a la altura del municipio de Rosas, causando daños a autos y viviendas cercanas.

El comandante de Bomberos del municipio de Rosas, Víctor Mondragón, dijo inicialmente a la prensa que sus equipos atendieron una explosión sobre las 18:49 horas locales. Al llegar, encontraron dos automóviles en llamas, rescataron a tres personas con lesiones, pero otras cinco habían perdido la vida. 

Durante conferencia de prensa, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, informó que el saldo parcial del incidente es de “siete muertos y 11 heridos”, varios de ellos de gravedad.

Rechazamos de manera vehemente el acto criminal sobre la vía Panamericana a la altura del sector de Párraga. Realizamos activación del CRUE, nos coordinamos con la Fuerza Pública y organismos de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables“, señaló el gobernador por medio de su cuenta de Twitter.

 

 

 

(Con información de Reforma y DW)

El Poder Centennial

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Para nadie es secreto que las redes sociales llegaron para quedarse cambiando no solamente las formas en la que nos comunicamos y convivimos sino también en como las nuevas generaciones crecen bajo la influencia de esta nueva realidad virtual. La generación centennial representa a los nuevos jóvenes, a todos aquellos nacidos entre mediados de los 90s al 2010 equivalentes al 35% de la población mundial.  Una figura de esta generación es la joven sueca Greta Thunberg que encabeza el movimiento mundial “Fridays for Future” el cual invita a grupos de jóvenes para que realicen una huelga estudiantil para exigirle a los gobiernos de todos los niveles que atiendan la problemática del cambio climático.

Del 20 al 27 se septiembre se llevaron a cabo marchas por la semana de huelga mundial por el clima “Global Climate Strike” en donde se pronosticó que más de 4 millones de jóvenes salieron a las calles en 5,225 paros en 156 países a nivel mundial. En algunos países como Australia la manifestación es la más grande desde las ocurridas contra la guerra de Iraq en 2003 y con todo esto podríamos preguntarnos: ¿Quién está detrás de este movimiento? ¿Una serie de empresas y marcas buscando posicionar sus productos y servicios? ¿Grupos de cabilderos y políticos con intereses medioambientales? ¿Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con los recursos y el apoyo de decenas de gobiernos y empresas a nivel mundial? Y no, la responsable detrás de todo este movimiento es una centennial de 16 años quien hace apenas 1 año tuvo la idea de ir y plantarse afuera del parlamento sueco todos los días después de sus clases de secundaria para exigirle al gobierno que tomara medidas para reducir las emisiones de carbono que generaron en ese año uno de los veranos más calientes jamás registrados en ese país nórdico.

¿Cómo pudo una niña menor de edad lograr encender la mecha de un movimiento con más integrantes que muchos partidos políticos e inclusive religiones a nivel mundial? El ingenio a la hora de expresarse y el hablarle a su generación en su mismo lenguaje, en sus canales y en sus formas son parte fundamental de su éxito. Los centennials siguen comportamientos en manada y aunque si bien pudiese parecer que son ajenos a la política la realidad es que por el contrario se apasionan muchísimo cuando se les logra comunicar de la manera adecuada, creando valor, no anuncios y conectando, no convenciendo.

México es el país de Latinoamérica con más marchas registradas al momento con 65 marchas activas, seguidos por Brasil y Colombia con 48 y 43 respectivamente. Miles de jóvenes mexicanos se han estado registrando para participar en las marchas sin distinción de religión, ideologías, nivel social, ni de ningún tipo más que querer poner un alto a los elevados niveles de contaminación que se viven día a día, sobre todo en ciudades con alta actividad industrial y parque vehicular como la Ciudad de México y Monterrey.

Lejos de ser otro movimiento anti sistémico y rebelde, es en realidad una iniciativa que busca que los cambios en la reducción de la huella de carbono en cada país comiencen con acciones individuales en nuestros hábitos de consumo, alimentación y transporte. La manifestación más grande se llevó a cabo en Nueva York el 20 de septiembre en el marco de la Cumbre del Clima de la ONU en esa misma ciudad que a diferencia de otras cumbres o eventos internacionales en esta ocasión de integra en su mayoría por participantes jóvenes, en especial de la generación centennial y no es para menos, ya que es la generación que al final tendrá que lidiar con los estragos de la sobre explotación de los recursos hacía el 2050.

El tema del cambio climático no es el único tema que ha podido movilizar en años recientes a la juventud, distintos proyectos políticos algunos de derecha y otros de izquierda lo han logrado captando la atención de esta generación hablándoles en su idioma, entendiendo su sentir y partiendo de la idea que el centennial es sumamente emocional, le motiva crear y busca recompensas en el corto plazo. Quien quiera comunicar a esta generación deberá entender que los impulsos, trastornos y comportamientos de esta generación son diferentes a la de los milennials y requieren de estrategias que busquen un éxito rotundo. Quien sabe, podríamos tener a nuestra Greta Thunberg de seguridad, empleo o algún otro tema en nuestro país y solo es cuestión de tiempo para que surja.

El autor es consultor senior de centennials en Espora y consejero de la organización juvenil Alianza 2030

Segundo Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Indígenas

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Hoy se cumplió el último día del II Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Indígenas en Cxhab Wala Kiwe (Territorio del gran pueblo) en el departamento del Cauca.

Aquí se vieron concentradas algunas delegaciones de los diferentes territorios a nivel local, regional, nacional e internacional, donde mujeres defensoras de la vida y el territorio compartieron experiencias, saberes, desafíos y alternativas para la seguridad de las mujeres en el contexto de lucha que cada día afrontan como pueblos indígenas. 

Los puntos a resaltar del II Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Indígenas, que inició el 2 de octubre en el municipio de Santander de Quilichao, fueron: la experiencia y quehacer de las mujeres indígenas como defensoras y cuidadoras; el contexto en el cual llevan a cabo su lucha; y las estrategias para exigir la protección y seguridad de la vida.

La mayor Blanca Andrade, pidió el mantenerse en pie en la lucha y seguir defendiendo los derechos humanos. 

Nos toca que poner fuerza, seguir el camino los que estamos vivos. Y si nos matan no hay que tener miedo, porque la muerte es algo que espiritualmente continuamos, se muere la carne pero no nos morimos nosotras (…) como hace quinientos años que los españoles vinieron, masacraron, mataron, pero aquí estamos, quedaron algunas semillas”.

Las mujeres indígenas, señalaron la necesidad de fortalecer el conocimiento ancestral, para llevar a cabo una verdadera acción en la defensa de la familia, la comunidad y el propio territorio, donde las mujeres también reflexionen sobre el cómo crear otras alternativas en alianza con las autoridades y los propios pueblos para generar iniciativas económicas.

 

 

(Con información de Colombia Informa)

#ElTalónDeAquiles: “El precio de la paz”

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El anuncio, en agosto de 2019, de “regreso a la guerra” de “Iván Márquez” (Luciano Marín Arango), “Jesús Santrich” (Seuxis Pausias Hernández Solarte) y de “El Paisa” (Hernán Darío Velásquez Saldarriaga), exlíderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), es una piedra más en el camino de un proceso de paz que no deja de sortear obstáculos. Pero no es sorpresa. Estas deserciones se inscriben en el repetitivo libreto histórico de la violencia colectiva en Colombia.

Desde su llegada al poder, el presidente Duque (2018-22), para muchos un títere del expresidente Uribe (2002-10), uno de los más ilustres enemigos del proceso de paz, negó la existencia histórica de un conflicto sociopolítico en su país. Pocas cosas molestan más a cualquier oposición armada, colombiana o no, que la negación de su existencia. Todavía en agosto de 2019, declaraba Duque a medios internacionales que lo que ha habido en Colombia es “terrorismo contra el Estado”. Y a pesar de que Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y Reincorporación, señala que la implementación del acuerdo avanza, también es cierto que más de 500 líderes de movimientos sociales y 150 exguerrilleros han sido asesinados desde 2016, año de la firma de los acuerdos de paz. 

Sin embargo, nada de eso es novedad. Al contrario: ese siempre ha sido el precio de la paz en Colombia. Es el precio que tuvo que pagar la Unión Patriótica (izquierda) de 1984 a 2002, cuando más de 4000 líderes civiles, incluyendo dos candidatos presidenciales, alcaldes, concejales, y otros, fueron asesinados. Es el precio para el M-19 (centroizquierda), entre otras guerrillas “pequeñas”, que decidieron desmovilizarse en el periodo 1990-92, y que vieron cómo sus líderes cayeron muertos. Es también la dinámica de la reproducción de la violencia en Colombia, como sucedió con el surgimiento de “bandas emergentes” o “criminales” (BACRIM) luego de la desaparición de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2003. 

Para Márquez, negociador de las FARC en el proceso que condujo al acuerdo de 2016, somos testigos de la traición por parte de un Estado oligárquico, excluyente, y corrupto, incapaz de impedir los asesinatos políticos de sus ciudadanos. Para los enemigos del proceso, esta es la antesala de posibles alianzas de los disidentes con oscuros personajes como “Jhon 40”, quien se dice, desde 2012, intenta controlar las minas de oro y de coltán en el Amazonas colombiano, y que estaría traficando cocaína, armas, y lavando dinero. Realidades complejas admiten todo tipo interpretaciones, pero para efectos de este análisis, recuérdese que la teoría en resolución de conflictos identifica “saboteadores” de procesos de paz, es decir actores que deciden salirse de una pacificación, o no participar en ella, por diversas razones, entre ellas la incredulidad, el miedo a morir, o, en efecto, a perder las ganancias económicas provenientes del uso de la violencia. 

El máximo líder de las otras FARC, las Fuerzas Alternativas Revolucionaras del Común (nombre escogido por los exguerrilleros desmovilizados al momento de reintegrar la vida civil) “Timochenko” (Rodrigo Londoño), reafirma el “profundo compromiso” con la paz de la mayoría de los exguerrilleros, tesis confirmada por figuras como el expresidente Santos (2010-18) y Miguel Cevallos, Alto Comisionado para la Paz. Hoy, 84% de los 13,049 exguerrilleros registrados en la Oficina del Alto Comisionado para la paz reciben una “asignación mensual” equivalente al 90% del salario mínimo vigente, y aunque solo 18% está ligado a alguno de los 389 proyectos productivos aprobados por las agencias de reintegración, 98% de ellos sueña con tener su propio emprendimiento. Según Gallup, a pesar de que 67% de los colombianos cree que la implementación de los acuerdos es deficiente, el diálogo sigue siendo la mejor opción para el 64%. 

El estudio de los escenarios de postconflictos implica, como punto de partida, evitar meter en el mismo saco ideología, actividades criminales, e intereses económicos. Esto es cierto en cualquier parte del mundo, y lo es también en Colombia. Siendo las FARC un grupo fraccionado, es posible que diversos raciocinios expliquen la salida de unos y otros. El arte del analista está entonces en identificar la lógica detrás del acto de sabotaje, para elaborar políticas que no solo neutralicen el impacto de las deserciones, sino que eliminen sus causas. Se trata de ir más allá de “blindar” un proceso, y de trabajar para quebrar las lógicas estructurales e históricas de reproducción de la violencia, que hacen que el uso de las armas siga siendo una opción válida hoy. De lo contrario, más que testigos de intereses criminales o de traiciones estatales, presenciaremos como se repite, una y otra vez, la historia de desarme y rearme en Colombia. 

Fernando A. Chinchilla 

Luanda (Angola), 15 de septiembre de 2019