Vuelven a implicar a Lozoya con sobornos de Odebrecht

Tres ex ejecutivos de la empresa Odebrecht y que son inculpados por la justicia brasileña, volvieron a implicar en sus declaraciones juramentadas, al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

Según información obtenida y difundida por Aristegui NoticiasLozoya Austin recibió hasta 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012.

En las declaraciones juramentadas de Luis Alberto de Meneses, Luis Mameri e Hilberto da Silva, aparecen fechas, cantidades y cuentas bancarias, donde fueron depositados los sobornos a cambio de contratos con Pemex.

Los funcionarios de Odebrecht identificaron a Lozoya Austin como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que en marzo de 2012, De Meneses y el ex director de Pemex sostuvieron una reunión, donde el futuro director de la petrolera le dio el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas Virgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding.

La primera transferencia bancaria fue el 20 de abril de 2012, siendo esta de 250 mil dólares, la siguiente fue de 495 mil dólares y un día después 505 mil dólares.

Una vez que Peña Nieto llegó a la Presidencia y Lozoya fue nombrado director de Pemex, la relación creció y le pidieron ayuda para ganar contratos, solicitud que fue aceptada por parte de Emilio Lozoya.

Uno de los contratos fue el de la remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, donde los ex ejecutivos de la empresa brasileña le dieron 6 millones de dólares, 2 millones sin condición alguna y 4 millones una vez que el contrato fue otorgado a Odebrecht. Las transferencias se hicieron entre diciembre de 2013 y hasta varios meses de 2014.

Toda esta información esta albergada en 10 carpetas electrónicas, 50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, al igual que videos con las declaraciones de los tres ejecutivos.

 

¿Vacaciones? Conoce tus nuevos derechos como pasajero

Sin importar si eres un viajero frecuente o no, si viajas por negocios o por placer, no podemos negar que hay reglas de las aerolíneas que muchas veces terminan por ser un dolor de cabeza para muchos usuarios que hemos vivido las injusticias que a veces implica utilizar este servicio. A muchos nos ha tocado sufrir retrasos o cancelaciones en los vuelos, robos en el equipaje e inclusive situaciones que por falta de información nos pueden llevar a realizar gastos innecesarios y muchas veces injustos por algunas normas abusivas de las aerolíneas nacionales. Recientemente entraron en vigor una serie de modificaciones a la Ley General de Aviación Civil que buscan proteger a los usuarios y convertir el servicio, en un servicio más amigable para los viajeros de nuestro país, tomando como ejemplo políticas y normas que se utilizan en otros países de América y Europa.

Las aerolíneas mexicanas tienen hasta 90 días hábiles para dar cumplimiento a los alcances de este decreto. Aun así, es importante conocer nuestros nuevos derechos como pasajero, considerando que en verano muchas personas suelen viajar más de los normal aprovechando el período vacacional. La primera modificación obliga a las aerolíneas a notificar vía teléfono o internet a los pasajeros con 24 horas de anticipación como mínimo sobre cualquier cambio en el itinerario de vuelo, si alguna notificación se diera dentro de esas 24 horas la aerolínea está obligada a comunicarlo tan pronto tenga certeza del cambio.

Otra modificación aún más importante es la de las compensaciones por retrasos en la hora de salida por culpa de la aerolínea, la cual estará obligada a regresarte el costo de 7.5% del boleto en retrasos entre 2 y 4 horas, si el retraso es mayor a 4 horas o si se cancela el pasajero puede exigir la devolución completa de su dinero.

Las aerolíneas ahora están obligadas a proporcionar transporte, alojamientos y alimentos a los pasajeros cuyos vuelos sean cancelados y no hayan terminado su viaje. También las aerolíneas solo tienen 10 días para indemnizar a los pasajeros tratándose del costo del boleto.  En caso que pierdas tu primer vuelo en un viaje la aerolínea no podrá negarte el embarque en tu vuelo de conexión, en otras palabras, se trata cada segmento como separado si se avisa con 24 horas de anticipación que se utilizará. En caso de sobreventa las aerolíneas se ven obligadas a ofrecer compensaciones como viajes y descuentos a los pasajeros del vuelo.

A los pasajeros con discapacidad no se les podrá hacer cargos adicionales por su condición, y es responsabilidad de la aerolínea asegurar que estas personas sean atendidas como lo necesitan. Los bebés menores a dos años pueden viajar gratis en el mismo asiento del padre/madre sin ningún cargo extra. En aeronaves para más de 20 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales tienes derecho a llevar contigo una maleta de 25 kilos (15 kilos si la aeronave tiene una capacidad menor a 20 personas), además de un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos.

Otros cambios importantes implican que las aerolíneas desde un principio están obligadas a publicar el costo total y desglosado del boleto, no pueden condicionar su compra a la contratación de ciertos servicios adicionales. También estas modificaciones obligan a las empresas nacionales a responsabilizarse del buen trato a las mascotas que pudiesen transportar los pasajeros. La destrucción o alteración del equipaje puede ser recompensado con pagos desde 6,039 hasta 11,324 pesos dependiendo de lo que declare el pasajero que contenía la maleta.

Todos estos cambios son importantes para la industria aeronáutica de nuestro país, que ha sido cuestionada por numerosos incidentes como la multa de 22.4 mdp que aplicó la PROFECO contra 5 aerolíneas por el cobro de la primera maleta o la reciente demanda colectiva en contra de Volaris por constantes quejas y fallas en el servicio.

México es el tercer país a nivel mundial con más pistas áreas (1,714 de las cuales 243 son pavimentadas) después de Estados Unidos y Brasil y actualmente se planea la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por eso la importancia del tema. En 2016 la aviación civil en México transportó 82 millones de pasajeros, 10.7% más que en 2015 y considerando que esta industria emplea a más de 23 mil personas a nivel nacional la convierte en una parte importante de la economía y de la competitividad que tenemos como país.

#ElPesoDeLaResponsabilidad: “Gobierno Abierto en México: ¿La Alianza que no fue?”

En términos generales, Gobierno Abierto es un concepto que se emplea para caracterizar a aquel gobierno que inaugura un proceso de interacción con los ciudadanos, a través de una relación de doble vía, en la que éstos expresan sus opiniones sobre políticas públicas, coparticipan en la producción de bienes o servicios públicos, e intervienen activamente en el control y evaluación de la gestión gubernamental.

El concepto ha estado en el centro de numerosos estudios de Ciencia Política desde hace, por lo menos, una década. Quizás tomó su mayor proyección cuando en 2011 se creó la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), con el propósito de construir la mayor instancia institucional global de intercambio y evolución conjunta en la materia. Precisamente, México fue uno de los ocho fundadores de esa alianza, junto a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Actualmente son 75 países los que se han adherido a la Alianza, realizando más de 2500 compromisos para hacer que sus gobiernos sean más abiertos y responsables (para más información sobre la Alianza se puede consultar: goo.gl/MyqZ4n).

La importancia del tema –y, aún más, de la Alianza– radica en que los instrumentos de cualquier gobierno que se considere “abierto” deben estar basados en tres principios fundamentales: 1) transparencia y acceso a la información; 2) participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos; y 3) colaboración entre diferentes sectores (público, privado y sociedad civil), con el fin de incrementar la eficiencia de la gestión del Estado y mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de toda la población, aprovechando las ventajas del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Así, resulta evidente que este modelo pretende establecer nuevos elementos sobre la manera en cómo los gobiernos se relacionan con los ciudadanos. Uno de esos elementos es, sin duda, el valor de la confianza. Valor que, por naturaleza, debe ir en dos direcciones: de los ciudadanos a los gobernantes, y viceversa.

Me interesa escribir sobre este tema debido a que apenas el pasado lunes 19 de junio diversos medios de comunicación informaron, con base en un reportaje de The New York Times, a su vez elaborado a partir en un estudio del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que diversos representantes de la sociedad civil habían sido espiados a través de sus teléfonos celulares por medio de un software conocido como Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group Technologies, cuyo capital y oficinas centrales se encuentran en Israel. Como lo escribió ayer Salvador Camarena, el artículo del diario estadounidense amplía los hallazgos del reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dado a conocer por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (documento que se puede revisar en el siguiente vínculo: https://goo.gl/r8pt89).

Sin embargo, este no es el primer caso de espionaje contra integrantes de la sociedad civil que se da en nuestro país. Ya en mayo pasado, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) determinó retirarse de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto en el plano federal, argumentando que han perdido la confianza en el Secretariado Técnico, institución tripartita en la que participan representantes del Ejecutivo y del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), como órgano garante. En este sentido, organizaciones como Fundar, GESOC, Transparencia Mexicana y CIDAC, entre otras, censuraron la actitud asumida por las autoridades frente a evidencias de que se había violentado la privacidad de algunos de sus miembros. Sin confianza no pueden continuar participando en la Alianza, argumentaron.

Avanzar para que la construcción de los Sistemas de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción incorporen las exigencias de organizaciones civiles, académicas y empresariales, es un elemento indispensable para restaurar la relación Estado-sociedad. Como lo mencionó Jacqueline Peschard en su toma de protesta como presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, no basta que los ciudadanos sepan qué hacen los gobiernos, por vía de la transparencia, sino que deben ser actores directos de las decisiones y políticas que aquéllos adoptan. Se trata, pues, de una nueva relación entre sociedad y gobierno, y para que prospere es indispensable que exista un dialogo basado en el respeto mutuo y la confianza de las partes.

El establecimiento de políticas relacionadas con Gobierno Abierto, construidas a partir de mecanismos transparentes y con aportaciones ciudadanas, ha demostrado ser eficaz en otras regiones del mundo. México no debe ser la excepción. Con todo –como se argumenta desde la Ciencia Política– se debe reconocer que Gobierno Abierto, como idea y como práctica, continúa siendo un concepto en construcción. Por desgracia, el contexto actual lleva a suponer que la idea difícilmente se podrá materializar mientras siga existiendo un déficit de confianza entre las partes. Toca ahora al gobierno actuar para recuperarla. Cuidado, si no lo hace, se puede perder una oportunidad que no regresará.

#ElTalónDeAquiles: Hasta luego Venezuela

Se cumplen varias semanas de movilizaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. En marzo, catorce países de las Américas solicitaron a Caracas liberar sus presos políticos, permitir la creación de un canal humanitario para luchar contra la escasez, respetar la autonomía del Parlamento, y establecer un calendario electoral. Al 15 de mayo, más de 30 muertos y de quinientos heridos eran el saldo provisorio de este nuevo ciclo de conflicto social.

La situación venezolana viene degradándose desde hace tiempo, en una inexorable pero certera descomposición de la llamada revolución bolivariana. La trama es la misma: el proceso revolucionario bolivariano se enfrenta a una guerra económica, a un golpe continuado y fascista al poder para imponer por la fuerza una contrarrevolución de derecha. O, dicho al revés, la oposición democrática continúa resistiendo el avance de la cubanización de Venezuela dirigido por una trasnochada revolución que es todo menos progresista. Polarización. Hoy, en Venezuela, las instituciones, en vez de distribuir el poder, lo concentran, y por ello su control se convierte en el mayor baluarte de este juego de ajedrez en donde no existe posible ganador.

La crisis empeoró a fines de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en manos del oficialismo, intentó adjudicarse las funciones del Legislativo, en manos de la oposición. Se comprueba así, según la oposición, el reino de una dictadura comunista disfrazada en el país. Además de solicitar que se reanudara el calendario electoral que preveía elecciones de gobernadores en 2016, se exigió entonces elecciones presidenciales anticipadas (las próximas están previstas para 2018). La oposición está envalentonada: siete de cada diez venezolanos no apoyan el gobierno de Maduro.

El Palacio de Miraflores (Casa Presidencial) reaccionó de tres formas. Primero, decretó medidas paliativas, como el aumento del salario mínimo mensual de 150,000 a 200,000 bolívares. Se trata de una medida cosmética, pues es Venezuela el país con la inflación más elevada del mundo (el FMI estima que para el 2017, será de 720%). Segundo, planteó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual sorprende pues admite que la Carta Magna bolivariana de 1999 debe ser sustituida. Para la oposición, que sólo parece concebir la derrota como desenlace, esta “Asamblea Nacional Prostituyente” no es un chance para revertir el declive, sino un paso en la consolidación del golpe de Estado oficialista iniciado con la suspensión a la elección de gobernadores y el intento de anulación de poderes al poder legislativo. En fin, en medio de fuegos pirotécnicos diplomáticos dignos del chavismo en su apogeo, Venezuela anunció su separación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Para Caracas, el ente practica, por medio de su defensa al régimen democrático, una inaceptable injerencia en asuntos soberanos internos.

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU. Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay, solicitaron al Consejo Permanente de la OEA, desde el 26 de abril, una reunión de cancilleres de las Américas para evaluar la situación. En medio de varios esfuerzos y de mucha decepción, el ente no ha logrado concretizar la reunión (al 15 de mayo, se esperaba que la misma tuviera lugar el último día del mes). Claro, la salida de Venezuela de la organización está lejos de ser un hecho, no solo porque Maduro no puede tomar esa decisión, al menos no en el marco constitucional actual, sino también porque en los 24 meses que tarda el proceso, mucho puede suceder, incluyendo el colapso del gobierno.

Dos signos preocupantes, creo, sin embargo, deben ser resaltados. Primero, la OEA sigue siendo fiel a su persistente incapacidad a constituirse en foro político interregional. Aplicar el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana de nada ayudaría a Venezuela e impondría una auto-exclusión del organismo del escenario nacional (como le sucedió con el caso hondureño en 2009). Segundo, si bien lo sé, hay que evitar ser marioneta de intereses privados (sobre todo en marcos tan polarizados como el venezolano), y soy el primero en argumentar que el primer creador del chavismo fue la miope y egoísta élite venezolana del Pacto de Punto Fijo, que vendió un proyecto de “democracia representativa” que con costos fue tal, se debe tener la lucidez de aceptar que la situación hoy no está bien en ese país: por poco no hay división de poderes, la economía es hoy más dependiente que nunca del petróleo, y el respeto de los derechos de las minorías no parece estar garantizado. ¿Hasta luego Venezuela? Esperemos que no.

Fernando A. Chinchilla

Lima (Perú) y Cholula (México), mayo de 2017

El Fracaso de la Izquierda: Latinoamérica

Durante la década de los 90´s el mundo se encontraba dividido por dos grandes bloques que se repartían y pugnaban la hegemonía política: el Capitalismo y el Comunismo, pero la disolución de grandes potencias comunistas como lo fue la URSS arrinconó la ideología socialista-comunista, y apartada de los reflectores políticos, se mantuvo ausente, casi inexistente, creyéndose finiquitada.

Por el otro lado una vertiente del capitalismo, que data sus inicios en los 80´s, propuso una formula distinta al sistema político como solución a sociedades modernas y cambiantes que la nueva revolución tecnológica transformó a finales del siglo, logrando posicionarse en cada rincón del mundo occidental con marcada tendencia económica, social y política: el Neoliberalismo.

Y cuando el mundo convergía hacia una nueva y prospera época de bienestar el sistema económico colapso a finales del siglo XX, dejando expuesto las debilidades de esta corriente económica, forjando inconformidad social y cuestionamiento de la eficiencia del Neoliberalismo en Latinoamérica, alentando un cambio en el panorama político que enmendara las fallas que el capitalismo había dejado a su paso.

La llamada izquierda política, el Socialismo, resistió el avasallante crecimiento del Neoliberalismo Latinoamericano hasta su colapso sistémico con las crisis de sus principales exponentes –México 1994; Brasil 1999; Argentina 2001/2002– propiciando una revolución sociopolítica que intento alejarse de los efectos negativos del Neoliberalismo y cómo un efecto dominó, la izquierda se esparció por toda América Latina, con tal rapidez dentro del periodo de una década, similar a una epidemia ideológica propagándose por toda la región, la llamada Marea Roja o en palabras del periodista Larry RohterNew York Times-, una Marea Rosa, al no verse influenciada con tendencias extremistas del Comunismo y acercarse más a un sistema Social-Demócrata, es decir, un Socialismo más light.




Un movimiento sociopolítico, nombrado por algunos expertos como el Socialismo del Siglo XXI, aunado a una serie de eventos que marcaron el inicio del período izquierdista, dieron cabida a la constitución de la Izquierda como la principal fuerza política hegemónica de toda la región, y como reacción en cadena, el fantasma del Socialismo –en palabras de Karl Marx– se propagó a lo largo del continente, Hugo Chávez en Venezuela (1999), Ricardo Lagos en Chile (2000), Lula da Silva en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y Ollanta Humala en Perú (2011).

Toda Latinoamérica se repartió entre partidos de ideas marxistas o similares. Creando un conglomerado geopolítico, sin precedentes, fortificando y estrechando las relaciones comerciales, económicas y políticas entre los países latinos.

El auge izquierdista de Latinoamérica se vio acompañado de un amplio crecimiento económico y un gran desarrollo social en todos los países que alinearon su postura a la tendencia política, pero este apogeo debe su razón de ser a dos factores: 1) la alta demanda del mercado mundial de materias primas, petróleo principalmente, y al 2) fracaso sistémico del Capitalismo.

Y así como su rápida propagación, el final de la izquierda llegó velozmente, la caída de los petroprecios y los abundantes casos de corrupción, liquidaron el desarrollo de los países y crearon en las sociedades un hartazgo social con individuos apolíticos y antisistémicos, cansados de una economía fallida y gobiernos de ideologías carentes.

Concluyendo que el crecimiento económico que los países alcanzaron durante la primera década del siglo XXI, no se debe a que los gobiernos latinoamericanos hayan adaptado una postura populista, sino que el crecimiento mismo creo las condiciones ideales para el aumento de regímenes con dicha personalidad, similar a una moda, con la finalidad de integrarse a la ola de beneficios que la tendencia produjo.

Por lo que el decremento económico de toda la zona y los fuertes golpes que ha sufrido la izquierda en los últimos años: la muerte de sus principales defensores, Chávez y Castro, la perdida de la hegemonía política de la zona, reelecciones frustradas (AMLO, México 2006/2012), crisis económicas (Hipotecaria 2008), casos de corrupción (Lula da Silva/Dilma Rousseff, Brasil; Cristina Fernandez de Kirchner, Argentina), han sido los parteaguas del desplome de la marea ideológica.




Dejando a su paso concluida una etapa de fugaz beneficio y un sinfín de interrogantes e inquietudes del futuro que le espera a esta región, de potencial mal aprovechado y esclavizado por las grandes potencias que, de algún modo, se favorecen manteniendo a Latinoamérica en limitado desarrollo.

En la actualidad, el cambio de postura, el fracaso de la izquierda, ha quedado muy claro, la mayoría de los países que hace no más de diez años poseían gobierno populistas (Imagen) han puesto en la mira distintos horizontes políticos dejando atrás posturas ideológicas de carácter populista y centrando sus políticas públicas en tendencia más conservadoras, intentando aminorar los efectos negativos que el fantasma izquierdista causó.

Y exponiendo ante el mundo entero, que una vez más, un gobierno con personalidad socialista, carece de lo necesario para posicionarse como una potencia mundial por tiempo indefinido.

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Financiamiento Hipster

La penetración bancaria en México, es decir el otorgamiento de crédito como porcentaje del Producto Interno Bruto es de las más bajas en América Latina con menos de 25%, mientras países como Chile y Brasil mantienen este indicador en 72% y 45%, respectivamente.

Las causas de lo anterior son diversas, pero la realidad es que conseguir un crédito bancario en México puede ser un proceso largo y tedioso que impide que varios sectores de la población tengan acceso al financiamiento.

Los requerimientos que ofrece un banco tradicional imposibilita que muchas personas logren obtener un crédito para proyectos productivos (como comenzar un negocio) o incluso para reestructurar sus deudas y, en contraparte, existen microfinancieras o Sofomes cuyos requisitos y autorizaciones son más laxos y rápidos pero acarrean un alto costo financiero para el que recibe financiamiento.

Sin embargo, día a día crece en México (y en el mundo) una nueva forma de otorgar créditos denominada Peer to Peer Lending, donde interactúan de forma directa y sin instituciones financieras, el acreditante (el que presta) y el acreditado (al que le prestan). Abreviado P2P, es una forma de préstamo entre personas, donde un lado invierte (presta dinero) y el otro recibe financiamiento.

Como parte de la revolución Fintech, a través de plataformas en línea la gente que quiere invertir su dinero y obtener mejores rendimientos que los que ofrecen productos financieros comunes ponen a disposición sus recursos a personas que buscan un préstamo rápido.

La ventaja para el prestamista es que el pago de los intereses que le hace el prestatario, es mayor al rendimiento que ganaría en un banco, en otras palabras gana más al prestar su dinero que al invertirlo en instrumentos bancarios. A su vez, el beneficio para el prestatario es que puede obtener crédito de forma más sencilla, con menos requisitos y a menor tasa que en una institución financiera tradicional.

La tasa de interés del préstamo se obtiene en función al riesgo que representa el que pide prestado con base a su historial crediticio (utilizando Buró de Crédito). Mientras mayor sea la probabilidad de impago mayor será la tasa de interés que pague y viceversa. Para el que presta, recibir una mayor tasa de interés (más rendimiento) implica aceptar un mayor riesgo de que el prestatario no pague el crédito.

A pesar de sus bondades, este esquema crediticio conlleva riesgos principalmente para el prestamista. En primer lugar, el crédito otorgado no tiene una garantía real como una casa, un terreno, o inventarios. En segundo término, el dinero invertido/prestado es a un plazo forzoso, por lo que si el prestamista desea recuperar su dinero antes del vencimiento del préstamo, debe “vender” esa deuda a otra persona, corriendo el riesgo de no recuperar el 100% de sus recursos.

Para mitigar lo anterior, siguiendo una importante regla de las inversiones, las plataformas P2P diversifican el dinero de los inversionistas en portafolios compuestos por múltiples préstamos. De esta forma, una persona no presta sólo a otra, sino a un conjunto de personas para mitigar el riesgo de impago.

Y bien, ¿cómo ganan dinero las empresas de P2P Lending? Estas plataformas cobran una comisión por las transacciones realizadas. De esta forma, la empresa genera ingresos por los servicios de intermediación, análisis y operación.

Estas plataformas en México son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que opera con base en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, lo cual brinda mayor certeza jurídica a estas transacciones y seguridad a las partes involucradas.

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Brasil: ¿Ejemplo de acción ciudadana o control ciudadano?

Desde el pasado 12 de mayo del presente año, Dilma Rousseff –presidenta de Brasil desde el 2011- había sido suspendida por presuntos movimientos de presupuesto del gobierno federal. Esto en la coyuntura de un proceso de investigación –conocido como Lava Jato, o taller de lavado en español- contra políticos que estaban relacionados a conflictos de intereses y actos de corrupción. Proceso del cual la Policía Federal de Brasil estaba encargada.

Finalmente, el juicio de Rousseff terminó dictaminando que, si bien otros presidentes anteriores ya habían hecho lo que ella sin recibir ninguna acusación, era culpable por el movimiento de fondos presupuestados para ciertos programas federales. Después de dicho dictamen, el senado votó a favor de remover a Rousseff de la presidencia de Brasil, dejando a Michel Temer –su vicepresidente- como el presidente interino hasta el 2018.

La historia del Impeachment de la presidente de Brasil tiene dos –al menos- diferentes historias de las razones por la cual se querría remover a la presidenta de su cargo.

La primera es pensando en que la ciudadanía realmente estaba cansada de la corrupción, y que tanto Michel Temer –actual presidente de Brasil y ex vice presidente- como Eduardo Cunha –ex presidente de la cámara de diputados y uno de los principales líderes a favor del impeachment de Rousseff- hayan creído que Rousseff había perdido credibilidad en el gobierno brasileño.

Por otro lado, podemos también tomar en cuenta el hecho de que hubo una ruptura entre el PT –el partido de Rousseff- y el PMDB –partido de Temer y Cunha-, y que Temer terminó en conflicto con Rousseff por su falta de acción en la vice presidencia. Tomando en cuenta estos factores, se podría incluso pensar en que la destitución de Rousseff –ayudada por la coyuntura del lava jato- fue preparada por Cunha y Temer debido a la ruptura que su partido –el PMDB– tuvo con el PT.

Debido a las acusaciones de Temer y Cunha hacia Rousseff, muchos de los brasileños ven en la ex presidenta a una mujer corrupta que solo quería beneficios propios. Sin embargo, el error cometido por Rousseff –que también había sido cometido por los 2 presidentes anteriores- fue uno en el que menos se podría apreciar un conflicto de interés, a diferencia de muchos otros casos descubiertos por el lava jato.

Algunos dicen que el PMDB preparó el impeachment por cuestiones de poder e intereses, y que han logrado manipular a las personas que salieron a manifestarse en contra de Rousseff. Otros señalan que el caso fue justo y que Rousseff merecía la salida de la presidencia.

En fin, un caso con lados muy marcados y que ha marcado divisiones fuertes en la sociedad brasileña.

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México en los Olímpicos




Como todos saben, estamos en pleno periodo olímpico donde atletas de todo el mundo están reunidos en Brasil demostrando sus habilidades en cada deporte y disciplina.

De momento, México no ha obtenido alguna medalla, aunque se vislumbraban muy pocas desde el inicio. La crisis en el deporte mexicano va más allá del talento o los entrenadores. Tiene que ver con la excesiva corrupción y la falta de una estrategia de Estado en deporte.

Decir que Federación es más o menos corrupta es quizás pegarle al perro amarrado. La corrupción es algo presente y adherido al país y eso no tiene discusión. El problema más grave es la falta de idea, de proyectos en cada Federación para competir a nivel mundial.

El ejemplo del fútbol es muy ilustrativo, un país con una afición inmensa, con grandes recursos del marketing, no tiene la capacidad para producir elementos de élite mundial.

Y el problema se vuelve a reducir en la falta de proyectos. México en todos los deportes tiene una crisis de talentos por los malos scouteos y falta de infraestructura. La base de deportistas con relación a la población total es sumamente baja.

Ciudades como México, Monterrey, Puebla, Guadalajara concentran más del 60% de la infraestructura deportiva nacional. Para muestra vea las universiadas nacionales y los medalleros de las competencias nacionales y verá donde se concentra el talento.




Es terrible la situación en la que se encuentra el deporte mexicano en todas las disciplinas, un drama caótico que nos ha condenado a vivir en la mediocridad durante años.

El ganar medallas no es solo fomentar el patrioterismo o la farándula, es una medida de escape y de motivación para que tantos jóvenes que no tienen oportunidades salgan adelante por medio del deporte.

Educación también es deporte. La violencia es falta de educación…. ¿Qué curioso, no?

Lo dicho, dicho está.

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Jugada Olímpica de Slim




Hasta hace poco tiempo, existía en México un incuestionable duopolio televisivo con el cual era imposible competir. Televisa y TV Azteca controlan un mercado donde acaparan el 99% de los ingresos por publicidad televisiva y el 94% de las estaciones de televisión abierta.

Sin embargo, las empresas de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego sufrieron un revés que deja entrever que el duopolio puede comenzar a perder su poderío: Carlos Slim posee los derechos exclusivos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 en toda América Latina, exceptuando Brasil, a través de todas las plataformas de medios.

Por medio de una app de Claro Sports, propiedad de América Móvil, más de 400 millones de personas en México y en diversos países de Sudamérica podrán disfrutar de Rio 2016 a través de sus celulares de forma gratuita y con acceso las 24 horas.




Además, con la alianza estratégica que Claro Sports celebró con Google para que éste pueda transmitir en vivo el certamen deportivo, el Ingeniero Slim reafirma que va un paso adelante que la mayoría y sabe reconocer las nuevas formas de competir y crear valor.

América Móvil, podrá vender sus derechos exclusivos de transmisión a otras plataformas y televisoras, lo que demuestra el poder de negociación y presencia que la compañía insignia de Carlos Slim tiene en el mercado de transmisión de contenidos.

Con la adquisición en 2013 de los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, Slim dio un fuerte golpe y una dura lección a Televisa y TV Azteca, que dejan ver su visión de largo plazo y estilo único de hacer negocios.

La estrategia del cuarto hombre más rico del mundo tiene dos principales connotaciones contra Azcárraga Jean y Salinas Pliego.

La primera (y menos grave) es el efecto económico directo por los ingresos por concepto de publicidad que las televisoras dejarán de percibir. Si bien directivos de las televisoras niegan ver un efecto negativo en sus ventas, la realidad es que dejarán ir un potencial incremento en su negocio y sobre todo el desprestigio de sus marcas al verse imposibilitados para transmitir las Olimpiadas.

La segunda (y más importante) es que la maniobra del gigante de las telecomunicaciones deja ver la fragilidad del duopolio que comienza a resentir la presencia de una competencia emergente. Derivado de la Reforma de Telecomunicaciones y de los avances tecnológicos en materia de transmisión de video, la televisión tradicional irá perdiendo poder y presencia en el mediano plazo y dejará su lugar a las nuevas plataformas de broadcasting que han sabido adaptarse a las nuevas tendencias. La pérdida de poder mediático, más que económico, será lo que más afecte a Televisa y TV Azteca en los próximos años.

La astucia de Slim demuestra que una industria tan cerrada puede ser lentamente fracturada y desplazada con innovación tecnológica.

Aunque desde una óptica general, la transmisión exclusiva de los Juegos Olímpicos por Claro Sports es sólo un rasguño al poder de Televisa y TV Azteca, marca el inicio de una nueva etapa de alternancia y participación de nuevos competidores en la industria de la televisión mexicana.

Con información de:
www.elfinanciero.com.mx
www.cnnexpansion.com
www.milenio.com

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Implementación de un jurado en nuestro sistema procesal: ¿Opción viable y necesaria?

Desde el año 2008, en virtud de la notoria ineficiencia y corrupción del sistema procesal mixto empleado desde hace tiempo en nuestro país, se optó por iniciar un camino para modificar dicho sistema por uno de carácter acusatorio. Actualmente, se ha llegado al plazo límite en el que cada entidad federativa debió haber adecuado todos los elementos necesarios para que estos se acoplasen con las reformas planteadas.

Aspectos que radican desde la óptima capacitación de la policía, hasta la creación de nuevos espacios donde puedan llevarse a cabo los juicios orales, constituyen algunas de las piezas imprescindibles para asegurar la correcta aplicación del proceso de carácter garantista e igualitario que se decidió poner en marcha.

No obstante, luego de haberse cumplido el plazo para que cada estado modificara todo lo necesario, valdría la pena hacerse la pregunta: ¿Se incluyó todo lo necesario a las reformas de nuestro sistema procesal? ¿O acaso existen fundamentos que pasamos de largo y que deberíamos plantear, con el fin de acrecentar las posibilidades de éxito en lo que la administración de justicia se refiere? Dentro de las consideraciones que probablemente debieron contemplarse, considero la implementación de un jurado como una de las más urgentes; definido como una institución en la cual los ciudadanos contribuyen a la administración de justicia mediante la emisión de un veredicto que decide la culpabilidad o inocencia de un imputado en un juicio, la figura del jurado es aplicada actualmente en un diverso grupo de países (en los cuales es variable el rango de aplicación de dicha figura, por ejemplo: Brasil sólo utiliza al jurado para ciertos delitos) , entre los que son parte: España, Estados Unidos, Noruega, Escocia, Brasil, Italia, Suecia, entre otros. De esta forma, los países que cuentan con un jurado incluyen, de una forma mayor a la ciudadanía, en lo que la administración de la justicia se refiere.

Si bien hay actualmente objeciones a tal institución, bajo argumentos como la considerable posibilidad de persuadir a un grupo personas que no son precisamente conocedores del derecho, absolviendo así a individuos culpables de los delitos que se les imputan, habría que preguntarse ¿qué hay de los demás poderes de la unión? Pues se habla mucho del riesgo antes mencionado, sin tomar en cuenta que actualmente un gran número de nuestros legisladores no cuentan exactamente con una carrera afín a la creación de normas; lo siguiente tomando en cuenta que, son ellos los que pueden modificar nuestra ley suprema: la Constitución Mexicana.

Dicho esto, no se trata por otro lado, de sugerir la existencia de un poder legislativo donde imperen los conocedores del derecho y la política sobre la voluntad del pueblo, sino al contrario: habría que ampliar esa voluntad del pueblo hacia nuestro poder judicial, el cual hoy carece de democracia.

Igualmente, por el hecho de ser necesaria la progresividad de las leyes, entendiéndose esto como el llevar a cabo una reforma de proporción considerable por etapas, (tal como se llevó a cabo la transición del sistema mixto al sistema acusatorio) considero que la propuesta de crear un jurado debería implementarse por pasos, comenzando por implementar jurados para casos civiles, así como para delitos menores. Esto, con el fin de dotar a la democracia de un carácter progresivo, para que de esta forma los ciudadanos estemos más adentrados en los asuntos que nos conciernen.

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