La historia de México ha sido definida por su amplitud geográfica y variada. Hemos sido víctimas de un país con tanto territorio y un centralismo político histórico, sobretodo a partir de la revolución y el nacimiento del PNR. Ese centralismo político creció entretejido a un centralismo económico y ha definido la recaudación y gasto del dinero público por más de cuatro décadas.

La concentración de poder político estableció un sistema fiscal en el que la federación fuera la principal beneficiada. No sólo en una mayor recaudación y recolección de impuestos, sino en una distribución que la presidencia en turno establecería a placer. Fue así como se creó el Pacto Fiscal a través de la Ley de Coordinación Fiscal en 1978. 

La palabra prohibida en México es impuestos. No se habla al respecto, no se pregunta al respecto. Es un suicidio electoral y quien llegue a decir que son necesarios más impuestos es llevado a la hoguera pública. Como tantos tabúes, lo que no se platica y dialoga se queda en la ignorancia y no se soluciona. 

La constitución en el art. 72 fracción XXIX establece algunos impuestos pero no hay claridad recaudatoria en temas de consumo, ingreso y otras actividades económicas de importancia. Esto termina en una concentración fiscal federal donde el IVA, ISR y IEPS son un 80% del total de impuestos en el país. Esta concentración impositiva, el vacío legal constitucional y el centralismo político fueron la tormenta perfecta para secuestrar al sistema fiscal mexicano. El PRI vio la oportunidad y la tomó, pero ese PRI ya no existe y el México de hoy es muy distinto al de hace 4 décadas. Morena tiene mayoría, pero es otorgada por el pueblo y no es eterna. Y es ahora quien tiene la oportunidad de diseñar un sistema fiscal equitativo.

No sólo la historia es nuestro verdugo, también la pésima administración y la falta de rendición de cuentas. México es el país con una de las peores recaudaciones de la OCDE. Recaudamos sólo 16.2% del PIB del país, mientras que el promedio de los países de la OCDE es 34.2%, prácticamente el doble. El control federal es claro ya que recauda 93 centavos de cada peso de impuestos en México. Pero a pesar de ser los principales responsables en IVA como en ISR su recaudación es muy baja, con 6.4% y 7.2% del PIB mientras que en la OCDE el promedio es de 11% y 11.3% respectivamente. La situación empeora cuando la pasamos a la recaudación estatal y municipal donde sólo hay esfuerzos para recaudar menos de 5 centavos y menos de 2 centavos de cada peso de impuestos. Esto termina siendo un 0.7% del PIB por las entidades y 0.3% del PIB por los municipios, mientras que el promedio de la OCDE es 5.5% y 3.8%. Básicamente tenemos uno de los peores sistemas recaudatorios a nivel internacional cuando podríamos estar recaudando más del doble a nivel federal y hasta 8 y 10 veces más a nivel estatal y municipal.

Los culpables son muchos, principalmente una enorme informalidad que produce 22.7% de la economía mexicana y tiene el 57% de los trabajos. A esto hay que sumarle un endeble Estado de Derecho y una aplicación de la ley a cuentagotas y preferencial. Además hay pésima repartición de los recursos, con fórmulas que no promueven una mejor recaudación y castiga a las entidades y municipios que intentan resolver este problema. Es tan clara la mala distribución que el presupuesto de las entidades depende en 80% de la federación. Sumado a los problemas operativos llega el jaque mate con la democracia y la división política, donde el sistema fiscal mexicano es abusado por parte de los políticos y los partidos. Donde se señalan unos a otros eternamente para jalar recurso a su molino y lo que nunca llega es una solución integral. En la lana cada quien protege sus bolsillos y todos terminan perdiendo al mantener el mismo sistema inequitativo. 

Urge claridad impositiva, reformar la Constitución y las leyes a fin de priorizar el desarrollo local mediante sistemas fiscales estatales. Es imprescindible que sean las entidades quienes tengan la preponderancia impositiva dada la necesidad de usar los impuestos de acuerdo al contexto, economía y necesidades locales. Los estados saben dónde hay mayor urgencia de gasto, y la economía premia la inversión local y el desarrollo social. Además hay una reducción burocrática importante que promoverá la eficiencia administrativa. 

Pero todo esto se debe de acompañar con transparencia en cada centavo, un registro total de los recursos públicos. No más opacidad sindical, no más opacidad partidista y congresional. Necesitamos auditorías independientes y contralorías ciudadanas que ataquen el desvío de recursos sin necesidad de la validación de sus ejecutivos. Ya no se puede ser juez y parte. 

Si bien la reforma al Sistema Fiscal no es la única solución, sí asegura que los recursos sean invertidos de una mejor manera de acuerdo a las necesidades locales y no las impuestas por la federación. Y lo mejor de todo esto es que hay mucho espacio para mejorar antes de empezar a cargar más el bolsillo de la ciudadanía.

Para más información del Sistema Fiscal Mexicano escucha el episodio de “Impuestos y su recaudación” de Kristian con K

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