Covid-19: La tormenta perfecta

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Este fin de semana nos golpeó Hanna una tormenta más que año tras año golpean a nuestra ciudad, la naturaleza siempre pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. Pero aparte estamos viviendo una tormenta que rara vez nos manda la naturaleza. Una tormenta que ha golpeado fuertemente al mundo, pero especialmente a México. La pandemia ha puesto al sistema de salud mexicano de rodillas, no hay infraestructura, médicos, enfermeras, camas, o inversión suficiente para enfrentar esta tormenta con más seguridad y herramientas.

El porcentaje de ocupación sigue en aumento superando ya el 70% en Nuevo León. Los contagios y las muertes diarias siguen en aumento y lo peor es que la ignorancia y las teorías conspiracionistas también siguen en aumento. Seguimos avanzando hacia un pico de la pandemia que se asemeja cada vez más a un camino tortuoso donde no podemos ver su fin y no se vislumbra la luz al final del túnel. 

La pandemia vino a golpear fuertemente a los mexicanos. No sólo es la falta de preparación y el abandono que el sector salud ha sufrido en los últimos años por la corrupción, la falta de profesionalización, los hospitales que son elefantes blancos con todo y equipo abandonado. También porque México sufre de epidemias que han empeorado esta pandemia.

México es el país número uno en consumo de refresco a nivel mundial, hay un consumo de 163 litros de refresco al año, 40% más que el segundo lugar, EEUU. Esto no es casualidad, la principal fabricante a nivel global ha cumplido su objetivo de esclavizarnos al consumo de su veneno embotellado que provocan la muerte de 24 mil mexicanos al año. 

A esto hay que sumarle la comida chatarra que día a día nos empacamos. El bajo valor nutricional de nuestra base alimentaria ha llevado a que seamos una sociedad obesa, de poca actividad y con alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos con exceso de grasa y colesterol. Es alarmante ver que 75.2% de mexicanos sufren de sobrepeso (39.1%) y obesidad (36.1%), 10.3% sufre de diabetes y 18.4% sufre de hipertensión. 

Para hacer la cosa más grave, en Monterrey respiramos el peor aire de Latinoamérica, con alta concentración de PM2.5 y PM10 provocado por el alto flujo vehicular y la industria. En el centro de nuestra ciudad tenemos fábricas que llevan contaminando siglos y no hemos hecho nada para protegernos y para proteger a nuestras familias y vecinos. Pasan los años y la contaminación nos sigue matando. Son alrededor de 14,600 muertes al año que se podrían prevenir en nuestra ciudad si hiciéramos algo al respecto.

A todo esto hay que sumar la falta de apoyo económico en estos momentos críticos. El gobierno con un pobre argumento de austeridad sigue permitiendo que los mexicanos no cuenten con dinero de emergencia para estos momentos donde muchos han perdido su trabajo, otros a sus familiares y otros más la vida. 

Así estamos el día de hoy, en la tormenta perfecta. Mucha de la responsabilidad de esta situación recae en la falta de políticas integrales de alimentación, ejercicio, movilidad e industria. Donde los grupos marginados social y económicamente son quienes más sufren de todas estas enfermedades y sus consecuencias en la pandemia son mortales.  Sólo 14% de las muertes de Covid-19 no tiene comorbilidad conocida, dicho de otra manera tener diabetes, obesidad, hipertensión u otras enfermedades respiratorias aumenta fuertemente el riesgo de morir en la pandemia. Años de beber, comer y respirar veneno nos ha hecho la víctima perfecta. 

Pero vamos a salir de esta tormenta y tenemos que tener claros los principios y convicciones del nuevo México que hay que construir. Un México que ya avanza en algunos temas como un etiquetado más claro y con mejores regulaciones de comida altamente calórica y bebidas altamente azucaradas. Ahora es necesario seguir trabajando en la construcción de ciudades que nos ayuden a combatir la contaminación, la obesidad y las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

Ahora nos toca construir un Monterrey libre de empresas contaminantes en la zona metropolitana, que van desde la refinería y las pedreras hasta las acereras y cementeras. Tenemos que construir un Monterrey con transporte eléctrico masivo y ciclovías que eliminen la contaminación vehicular y que sean las personas la prioridad en el espacio público. Construir un Monterrey con áreas verdes públicas, bien administradas y que no sean salón de eventos donde sólo unos cuantos salen beneficiados. 

Nuestra pasividad e ignorancia nos esta matando, es momento de volver a ser regios de acción, de soluciones y de apoyo al vecino. Ser como los regios que enfrentaron huracanes e inundaciones, los regios afrontaron malos gobiernos con participación ciudadana. Seamos los regios que aprendan de las tormentas de nuestros antepasados para vivir de manera sustentable con la naturaleza. Los regios que construiremos una ciudad del siglo XXI. 

Sigue informándote acerca de la “Crisis Climática” en el podcast de Kristian con K en Spotify: https://open.spotify.com/episode/7xvmVJnOCQ1dWDL3TUYR9P

 

Los Programas Sociales de AMLO

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Uno de los temas que el presidente López Obrador siempre promovió y defendió es la justicia social, especialmente para los grupos más marginados. Una marginación derivada de factores sociales y económicos como la corrupción, la falta de rendición de cuentas y transparencia, la discriminación, los excesos del mercado, el abandono del campo y de los grupos sociales que viven fuera de las zonas urbanas. Problemáticas complejas con muchas propuestas, estudios, y dinámicas económicas y sociales que entender. Pero para AMLO la solución siempre fue muy simple, por el bien de todos, primero los pobres. 

Muchas de las estrategias y políticas de López Obrador tienen un enfoque social y había certidumbre de lo que se iba a hacer. Pero a la hora de la verdad vimos que el objetivo final es tan ambiguo que nunca se logró aterrizar en políticas públicas y estrategias que logren un cambio real en la manera de hacer política.

Son 17 los programas sociales prioritarios del gobierno de López Obrador, siendo estos la insignia de su presidencia, de la mano con sus megaproyectos. Los programas principales son: Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Universidades Benito Juárez, Pensiones a Adultos Mayores, Madres Solteras y discapacitados, y apoyos al campo mediante créditos, fertilizantes y otros insumos productivos. Más allá de meternos en el debate ideológico, vale más la pena analizar su operación a fin de descubrir si realmente pueden hacer un cambio. 

La Ley General de Desarrollo Social establece que el CONEVAL tiene la obligación de evaluar todos los programas sociales que el gobierno quiera implementar. El 6 de julio pasado se publicó esa primera evaluación que se limitó al diseño de los 17 programas prioritarios. El Consejo compartió las principales fallas y recomendaciones para cada uno de los programas y los hallazgos nos deben de preocupar. 

La situación es crítica, se identifican fallas en puntos esenciales de todos los programas. En Jóvenes Construyendo el Futuro, que entrega $3,748 mensuales, no hay metodología, personal o mecanismos que ayuden a saber si su capacitación laboral es efectiva. En Sembrando Vida, que entrega $5 mil mensuales e insumos para crecer y plantar árboles, el principal convenio es con 12 viveros militares quienes fallaron a su meta de producción, de 100 millones sólo entregaron 37 millones. En el programa sólo 7% de los árboles plantados sobrevivieron, de 575 millones totales sólo se logró plantar 80 millones. En las Universidades Benito Juárez no hay claridad de la ubicación donde se van a construir ni metodología para establecerlo. Tampoco se cuenta con la certificación necesaria para tener validez oficial (RVOE) por parte de la SEP. En las pensiones vemos un rechazo generalizado a las recomendaciones del CONEVAL. En las pensiones para discapacitados no se sabe si el apoyo es para discapacidad temporal o permanente. En los apoyos a madres solteras, que sustituyeron a las guarderías, no hay un registro claro de beneficiarias, e incluso afirma la 4T que las madres no son beneficiarias, sino son las niñas y niños.    

No hay análisis en el diseño de las políticas. La planeación y ejecución da mucho que desear: no se tienen objetivos aterrizados, la población objetivo no está identificada, no hay metas claras o indicadores que midan su cumplimiento, el padrón de beneficiarios está incompleto o tiene fallas en su registro, y no hay procedimientos de capacitación, contratación y evaluación claros. 

Lo más preocupante es que los 11 principales programas suman más de 132 mil millones de pesos. Esto es casi el doble de lo asignado de recursos federales a Nuevo León en 2020 (76 mil mdp). Y estos programas aún no cuentan con Reglas de Operación claras que establezcan por ley las herramientas, procesos y métodos que aseguren el uso correcto de los recursos y una medición de su efectividad. 

La respuesta de las secretarías y responsables de estos programas a la evaluación del CONEVAL fue más ideológica que técnica. Hay una crítica de la 4T a la medición de los programas, su ineficacia para impedir el desorden de la administración pública, el abuso en la gestión de recursos que pertenecen al pueblo de México y el desborde de la corrupción, dice la respuesta institucional. Y en la misma línea mantienen su argumentación donde señalan que el Consejo no entiende el objetivo social real de los programas, o que la operación de programas sociales ya es distinta, por lo que no deben ser medidos por los mismos instrumentos de evaluación de siempre.

Lo que sí es una certeza es que los programas cuentan con más buenas intenciones que estructura, planeación y evaluación. El rechazo al uso de metodología y ciencia para la medición y mejora continua muestra el rechazo a la experiencia y al uso de datos para la política pública. Así seguimos en una mentalidad de abrazos y no balazos, sin saber qué significan los abrazos, un primero los pobres, sin saber qué es eso primero. No olvidemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. 

Mantente informado con el podcast de Kristian con K en Spotify: https://open.spotify.com/show/5nqhB8OTYOj5fwe9RKxNBl?si=4y7kaf98RPigirqq8kp6og

La lucha por la paridad de género

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Este año se cumplen 65 años desde que las mujeres ejercieron el derecho a votar en México por primera vez. Si bien fue un paso importante en México, fuimos de las últimas naciones latinoamericanas en lograrlo. Desde entonces los avances en equidad de derechos para las mujeres en el resto del ámbito público ha dado mucho que desear. 

Uno de los ejemplos más claros lo acabamos de vivir con lo sucedido en el Congreso de Nuevo León esta semana. Después de que varios colectivos presionamos por casi mes y medio a l@s diputad@s para que aprobaran una Paridad Total en diversas leyes, el mandato constitucional no se cumplió. 

El asunto de la paridad cobra relevancia por la desigualdad y discriminación que día a día viven las mujeres en los sectores público y privado. El objetivo de la reforma, que ya está aprobada a nivel federal y era cuestión de homologar con la legislación estatal, era asegurar piso parejo y acceso a las mujeres a puestos de relevancia en el Poder Judicial, la Comisión Estatal Electoral, así como otras instituciones. También buscaba proteger con mayor amplitud a las mujeres en temas de violencia de género en el ambiente político y electoral. Todo esto quedó a medias. 

Hay quienes defienden a l@s diputad@s diciendo que se logró un primer avance y que después habrá una segunda vuelta de las reformas, pero lo importante era aprobarlas previo al 9 de julio para que pudieran aplicar en las elecciones del 2021. Dicho de otra manera los partidos en Nuevo León, principalmente el PAN y PRI, vuelven a proteger sus intereses sobre los de la ciudadanía con miras a una elección. 

Lo sucedido es muy similar a lo vivido en 2017, cuando los partidos viendo la aproximación de la elección del 2018 pasaron al vapor reformas electorales y constitucionales para proteger sus intereses. En ese momento se inventaron listas de plurinominales y golpearon un sistema democrático probado y funcional en Nuevo León, el de los mejores perdedores. Es así como posicionaron a sus alfiles en esta lista de dos a fin de asegurar que sus liderazgos estuvieran en el Congreso, independientemente de si la ciudadanía los votó o no. O mejor dicho a pesar de que la ciudadanía no los votara. 

Seguimos sin entender los beneficios sociales, económicos y políticos de promover la inclusión y apertura de las estructuras gubernamentales a toda la ciudadanía. Casos de éxito sobran en donde la perspectiva de las líderes han logrado cambiar el enfoque del ejecutivo para atender a los más necesitados. Nueva Zelanda, Finlandia, Escocia, Alemania, son sólo algunas de las naciones que se han visto ampliamente beneficiadas por contar con mujeres que han roto los paradigmas de la política tradicional y han impulsado a sus países a un bienestar social real. También vemos liderazgos jóvenes en el ámbito legislativo de diversos países. Mujeres que han hecho de las reuniones de comisiones y audiencias públicas, eventos previamente ignorados, momentos en los que parece haber una mayor rendición de cuentas y una verdadera voz de la ciudadanía.

En estos países encontramos que argumentos económicos sobran, las mujeres han logrado impulsar a las empresas con mayores rendimientos, han logrado impulsar el desarrollo de sus países y un crecimiento económico sostenido y no inflacionario, han logrado proteger a las minorías discriminadas y asegurar un piso parejo en el mercado para su desarrollo. Todas estas políticas públicas han sido enfocadas en la sociedad y no en los intereses de unos cuantos. Eso es lo que tenemos que romper. 

Si bien vemos que a nivel internacional se están cerrando las brechas de género y en México se han logrado avances importantes con la aprobación de derechos progresivos de las mujeres y legislación de paridad para asegurar una representación política, aún hay mucho camino por recorrer. Urge apretar el paso, si seguimos votando por los mismos partidos seguiremos teniendo la misma lentitud en reformas trascendentes para que “se hagan en dos vueltas”, la misma discriminación donde la paridad es una “lucha de mujeres” y la misma desigualdad de oportunidades y espacios de representación que se disfraza de “meritocracia”.  Si queremos un mejor Congreso hay que votar por es@s candidat@s que no están con los mismos de siempre y que van a impulsar la construcción de un piso parejo para tod@s. 

Para más información escucha el episodio de “La lucha por la paridad de género” de Kristian con K en Spotify

https://open.spotify.com/episode/6bosAK6mgDadS8ZRdF8GLc

El monstruo de la corrupción

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Uno de los grandes retos de México ha sido enfrentar de manera efectiva la corrupción y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. En 2019, el costo calculado de la corrupción fue de 12,770 millones de pesos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Esto es dos años de presupuesto de Monterrey, aproximadamente. 

Una de las problemáticas ha sido lograr entender en su totalidad su impacto y sus múltiples facetas y presentaciones. Para darnos una idea de cómo se puede presentar la corrupción, les comparto un pequeño listado de las faltas administrativas y delitos de corrupción: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, soborno, chantaje, procedimientos ilícitos, entre otros tantos. Para complicar más las cosas no hay claridad legal para saber cuándo estos actos serán considerados faltas administrativas y cuándo serán delitos. 

No sólo es una maraña de delitos y faltas administrativas, también son un mundo de instituciones las que deben estar involucradas y coordinadas en la persecución de estos hechos ilegales que plagan nuestro día a día. Desde órganos internos de control, contralorías, auditorías, fiscalías especializadas y juzgados administrativos. Esta coordinación no se ha dado y no parece que haya interés para que se dé. 

En México 62% cree o ha escuchado que existe corrupción en trámites de gobierno, 44% conoce a alguien que refirió actos de corrupción en sus trámites y 15% han experimentado un caso de corrupción en su trámite. En general 87% de la población consideramos que los actos de corrupción son frecuentes. A nivel nacional, el acto más frecuente de corrupción es al tratar con la seguridad pública, y en Nuevo León en segundo y tercer lugar encontramos los trámites de propiedades y trámites para la apertura de empresas respectivamente. También vemos como hay casos donde al hacer un trámite hay largas filas, te pasan de una ventanilla a otra, te mandan a un lugar muy lejano, hay requisitos excesivos, horarios restringidos y costos excesivos. Todas pequeñas acciones que incitan a la corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios. 

Durante la presidencia de EPN se cristalizó un esfuerzo de la sociedad civil organizada, donde miles de personas y organizaciones impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), los cuales tienen como objetivo coordinar a los actores nacionales y estatales para desarrollar estrategias y políticas que identifiquen, investiguen y sancionen todos los hechos de corrupción. 

A pesar de estos esfuerzos el cambio de gobierno llegó con un cambio de timón claro en el combate a la corrupción donde el SNA y los SEA no parecen tener cabida. Ya contamos con la legislación, pero el reto entra en su fase crítica de implementación al mismo tiempo que no hay voluntad política que siga impulsando estos sistemas. El Gobierno Federal actual ha declarado una lucha contra la corrupción en el discurso, pero sigue siendo la misma lucha partidista de décadas de defensa a mis amigos y justicia a mis enemigos. 

La corrupción es compleja y prácticamente universal. Hemos visto que puede ir desde un proveedor a nivel municipal, hasta la misma presidencia. Para combatirla efectivamente lo que se necesita es una pelea institucional, donde la identificación, investigación y sanción no dependa de quien está en el poder sino de los contrapesos institucionales. Ya está la ley y las herramientas para recopilar las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios, ahora necesitamos líderes políticos que busquen implementar y profesionalizar el sistema. 

El SNA y los SEA son un primer intento para combatir la corrupción, pero urge seguir en esa dirección con contralorías municipales independientes, auditorías apartidistas, análisis de contratos y declaraciones patrimoniales con inteligencia artificial y blockchain para protección de datos personales. Todo esto es posible si desde la sociedad civil, la academia y la ciudadanía seguimos impulsando por enfrentar la corrupción con acciones concretas y no palabras, con expertos y profesionales y no buenas intenciones. Porque si no enfrentamos con instituciones y contrapesos la corrupción seguiremos teniendo Casas Blancas, casas de Bartlett, desvíos de Polevnsky, propiedades de Ackerman y Sandoval, Estafas Maestras y Odebrechts.

La no tan invisible discriminación

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A raíz de la reforma del artículo 1ro de la Constitución en 2001 se busca asegurar el respeto y protección de derechos de tod@s l@s mexican@s estableciendo la base para la prevención, investigación, sanción y reparación a sus violaciones. Esto crea en 2004, con base en ley federal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) organismo responsable de velar por la protección, respeto y promoción del derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

Con el fin de conocer el impacto, consecuencias y alcance de la discriminación se realiza en 2005 una primer versión de la Encuesta Nacional sobre discriminación (ENADIS). La encuesta evoluciona para en 2017 darnos una tercer versión con un primer alcance en las 32 entidades del país. Esto de la mano con estudios realizados en COLMEX y por otras universidades y académicos, ha logrado llevar el tema de la discriminación a la agenda pública. 

Nos encontramos en un momento histórico donde se está retando al status-quo arraigado en muchos países con problemáticas raciales, especialmente en EEUU donde la desigualdad y discriminación está fundada en sus instituciones políticas y de seguridad. En México no estamos muy lejos de esa realidad, nuestro mestizaje es un punto importante que ha llevado a que nos identifiquemos como un país con una preponderante combinación española con nuestras raíces de los pueblos indígenas originarios en el que 67% identifica su tono de piel como moreno o moreno claro. Pero también se cuenta con prejuicios racistas históricos donde la piel clara se considera más atractiva que la piel oscura.

Nuestro mestizaje nos ha dado un falso velo de igualdad, donde 72.8% se identifica como blanco o mestizo, haciéndonos creer que el clasismo y racismo que se sufre en el país es limitado a unos cuantos, cuando la realidad no puede ser más distante. Gracias a estos estudios contamos con datos claros que nos dan una aproximación a la desigualdad que día a día sufre la mayoría de los mexicanos por su tono de piel, manera de hablar, peso, estatura, vestimenta, clase social, lugar donde vive, sexo, creencias, edad y orientación sexual. Es tan diversa la discriminación que al menos 1 de cada 5 mexican@s ha sido discriminad@ en el último año.  

Una de las consecuencias más graves ha sido la limitación de derechos y desarrollo de las personas, así como el acceso a servicios financieros, créditos, apoyos de vivienda, y hasta el acceso y permanencia en lugares. Las principales víctimas suelen ser grupos vulnerables como personas con discapacidad física, la población indígena, grupos religiosos, mujeres, jóvenes y adultos mayores. 

Apenas estamos rasgando la superficie de un problema que llevamos siglos invisibilizando, siempre negando que hay una clara limitación de oportunidades a la mayoría de los mexicanos. Un estudio de Oxfam México nos da más claridad respecto a las consecuencias generacionales de la desigualdad. El estudio analiza cómo las características sociales o personales como el nivel socioeconómico de la familia de origen, el género, la escolaridad de los padres y las condiciones de las comunidades de origen de las personas inciden sobre sus logros educativos, ocupacionales o económicos. Es decir, hablar una lengua indígena, identificarse como parte de una comunidad indígena, negra o mulata, o tener el color de piel más oscuro reduce las posibilidades de avanzar en el sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o escalar a la parte más alta de la distribución de la riqueza.

Si quieres salir adelante en educación, patrimonio o trabajo en el México de hoy importa más tu color de piel y donde naciste que tu esfuerzo por una mejor vida. Es urgente asegurar la protección a sus derechos y la igualdad de oportunidades a través de intervenciones sociales y legales. Acceso a empleo y derechos laborales a la población indígena; inversión en infraestructura de acceso universal para la población con discapacidad física; cursos y educación a niños, jóvenes y adultos en temas como tolerancia, respeto, diálogo y empatía; apoyo económico que de seguridad alimentaria a los adultos mayores; programas de prevención social a través de las artes, la cultura, la música, el deporte y el trabajo a jóvenes; fortalecimiento en las investigaciones y protección a las mujeres que sufren de violencia; y la urgente formalización laboral y respeto a derechos laborales de tantas trabajadoras domésticas en México. 

Si queremos un mejor país es necesario que cada un@ de nosotr@s haga una introspección a sus actitudes discriminatorias, es necesario darnos cuenta de nuestros errores del pasado y abrir espacios para diálogos y soluciones. Es necesario cambiar en lo individual y en lo familiar para que haya un impacto social real y construyamos ese país con igualdad de oportunidades, donde el pasado, tu familia, tu casa o tu piel no sea lo que defina tu futuro. 

Impuestos, el tabú que paraliza México

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La historia de México ha sido definida por su amplitud geográfica y variada. Hemos sido víctimas de un país con tanto territorio y un centralismo político histórico, sobretodo a partir de la revolución y el nacimiento del PNR. Ese centralismo político creció entretejido a un centralismo económico y ha definido la recaudación y gasto del dinero público por más de cuatro décadas.

La concentración de poder político estableció un sistema fiscal en el que la federación fuera la principal beneficiada. No sólo en una mayor recaudación y recolección de impuestos, sino en una distribución que la presidencia en turno establecería a placer. Fue así como se creó el Pacto Fiscal a través de la Ley de Coordinación Fiscal en 1978. 

La palabra prohibida en México es impuestos. No se habla al respecto, no se pregunta al respecto. Es un suicidio electoral y quien llegue a decir que son necesarios más impuestos es llevado a la hoguera pública. Como tantos tabúes, lo que no se platica y dialoga se queda en la ignorancia y no se soluciona. 

La constitución en el art. 72 fracción XXIX establece algunos impuestos pero no hay claridad recaudatoria en temas de consumo, ingreso y otras actividades económicas de importancia. Esto termina en una concentración fiscal federal donde el IVA, ISR y IEPS son un 80% del total de impuestos en el país. Esta concentración impositiva, el vacío legal constitucional y el centralismo político fueron la tormenta perfecta para secuestrar al sistema fiscal mexicano. El PRI vio la oportunidad y la tomó, pero ese PRI ya no existe y el México de hoy es muy distinto al de hace 4 décadas. Morena tiene mayoría, pero es otorgada por el pueblo y no es eterna. Y es ahora quien tiene la oportunidad de diseñar un sistema fiscal equitativo.

No sólo la historia es nuestro verdugo, también la pésima administración y la falta de rendición de cuentas. México es el país con una de las peores recaudaciones de la OCDE. Recaudamos sólo 16.2% del PIB del país, mientras que el promedio de los países de la OCDE es 34.2%, prácticamente el doble. El control federal es claro ya que recauda 93 centavos de cada peso de impuestos en México. Pero a pesar de ser los principales responsables en IVA como en ISR su recaudación es muy baja, con 6.4% y 7.2% del PIB mientras que en la OCDE el promedio es de 11% y 11.3% respectivamente. La situación empeora cuando la pasamos a la recaudación estatal y municipal donde sólo hay esfuerzos para recaudar menos de 5 centavos y menos de 2 centavos de cada peso de impuestos. Esto termina siendo un 0.7% del PIB por las entidades y 0.3% del PIB por los municipios, mientras que el promedio de la OCDE es 5.5% y 3.8%. Básicamente tenemos uno de los peores sistemas recaudatorios a nivel internacional cuando podríamos estar recaudando más del doble a nivel federal y hasta 8 y 10 veces más a nivel estatal y municipal.

Los culpables son muchos, principalmente una enorme informalidad que produce 22.7% de la economía mexicana y tiene el 57% de los trabajos. A esto hay que sumarle un endeble Estado de Derecho y una aplicación de la ley a cuentagotas y preferencial. Además hay pésima repartición de los recursos, con fórmulas que no promueven una mejor recaudación y castiga a las entidades y municipios que intentan resolver este problema. Es tan clara la mala distribución que el presupuesto de las entidades depende en 80% de la federación. Sumado a los problemas operativos llega el jaque mate con la democracia y la división política, donde el sistema fiscal mexicano es abusado por parte de los políticos y los partidos. Donde se señalan unos a otros eternamente para jalar recurso a su molino y lo que nunca llega es una solución integral. En la lana cada quien protege sus bolsillos y todos terminan perdiendo al mantener el mismo sistema inequitativo. 

Urge claridad impositiva, reformar la Constitución y las leyes a fin de priorizar el desarrollo local mediante sistemas fiscales estatales. Es imprescindible que sean las entidades quienes tengan la preponderancia impositiva dada la necesidad de usar los impuestos de acuerdo al contexto, economía y necesidades locales. Los estados saben dónde hay mayor urgencia de gasto, y la economía premia la inversión local y el desarrollo social. Además hay una reducción burocrática importante que promoverá la eficiencia administrativa. 

Pero todo esto se debe de acompañar con transparencia en cada centavo, un registro total de los recursos públicos. No más opacidad sindical, no más opacidad partidista y congresional. Necesitamos auditorías independientes y contralorías ciudadanas que ataquen el desvío de recursos sin necesidad de la validación de sus ejecutivos. Ya no se puede ser juez y parte. 

Si bien la reforma al Sistema Fiscal no es la única solución, sí asegura que los recursos sean invertidos de una mejor manera de acuerdo a las necesidades locales y no las impuestas por la federación. Y lo mejor de todo esto es que hay mucho espacio para mejorar antes de empezar a cargar más el bolsillo de la ciudadanía.

Para más información del Sistema Fiscal Mexicano escucha el episodio de “Impuestos y su recaudación” de Kristian con K

https://open.spotify.com/episode/5xk1Ne9DVdUiv8VeKcOiqy

De la protesta al voto

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Las protestas de los últimos días han pasado de ser internacionales a nacionales, internalizando el racismo y clasismo que hemos ignorado por siglos y levantando la voz para tener un diálogo urgente y necesario al respecto.

Nuestro tejido social está resquebrajado y las instituciones responsables de nuestra protección son nuestros verdugos. Contamos con una cifra negra enorme, donde 93% de los delitos no se denuncian, y los que se llegan a denunciar se topan con pared en una investigación sin resultados o en “trámite”. En 2019 a nivel nacional se registraron más de 2 millones de delitos del fuero común y en 2018 más de 5.9 millones de intervenciones policiales. Toda esta carga de trabajo recae sobre las policías locales (municipales y estatales) siendo los delitos de robo, lesiones, violencia familiar y homicidio los de mayor incidencia. 

Tuve la oportunidad de capacitar policías municipales y estatales. Trabajé con ellos en campo, y viví largas jornadas de sus turnos de 12×24 o 24×48 (horas trabajadas por horas de descanso). Fui testigo del esfuerzo para salir adelante y que se saben responsables de la defensa y protección de la ciudadanía. Pero también me tocó ver una clara falta de capacitación y conocimiento de derechos humanos de quienes juraron proteger. Una falta de sensibilidad y conciencia en el uso de la fuerza. Falta de habilidades y entrenamientos para deescalar los conflictos, para asegurar la escena y las evidencias, o para entrevistar a los testigos. No hay lectura de derechos y hay desconocimiento de las acciones legales durante la detención. La situación es tan grave que Nuevo León sólo 6.3% de los detenidos llega al MP, parte esencial para probar la legalidad de la detención. Además el análisis y seguimiento del resultado de las estrategias policiales es muy limitado. Los indicadores, mediciones, confianza ciudadana y análisis del desempeño es prácticamente inexistente. 

La mayoría de los policías son estatales (172,000), luego municipales (150,000), luego federales (37,000). A pesar de una clara necesidad de profesionalización y recursos en lo local las estrategias de seguridad se concentran en la federación, no hay prevención sólo reacción al delito. Así es como la solución de la 4T a una estrategia fallida de intervención militar ha sido no sólo replicarla, sino legalizarla. Fue así que se formalizó la participación del ejército y se les facultó como policías, esta es la nueva Guardia Nacional. 

No es coincidencia que llevemos 13 años en una guerra que no acaba, y no se ve que vaya a acabar pronto. Todo el enfoque ha sido de arriba hacia abajo. No se ha dado una coordinación real entre la federación, los estados y los municipios, donde las estrategias, recursos, herramientas, capacitaciones han sido variados y desproporcionados. Un claro ejemplo es el abandono de estados y municipios que siguen en la misma situación deplorable de hace más de una década donde el 82% de los policías municipales gana menos de 15 mil pesos mensuales y el 93% de los policías estatales menos de 20 mil. Los responsables de la seguridad de comunidades enteras ganan menos que el gerente de una sucursal bancaria promedio, y yo sigo sin conocer a alguien que valore su dinero más que su vida.

La sociedad ya no aguantó y estalló en protesta contra la inoperancia del sistema político particularmente por la inseguridad, la opacidad, el abuso de poder, la corrupción, la falta de resultados y los asesinatos que quedan impunes. La protesta es una forma legítima de presión social y de exigencia de cambio, ha sido una de las expresiones sociales de mayor relevancia histórica, y siempre ha dado pie a nuevas alternativas. Las marchas hacen tangible un reclamo social y demuestran el soporte que tienen en la población. Encienden pasiones y provocan discusiones, debates y análisis acerca de los modos, tiempos, razones y motivos, pero siempre serán legítimas.

Pero la trascendencia de la protesta, la marcha, el reclamo y el señalamiento será realidad cuando se plasme en las urnas con su voto. Porqué esa es la única manera de asegurar que las cosas serán distintas, reemplazando a los políticos y partidos de siempre. 

Si queremos resultados distintos, analicemos nuestras opciones, busquemos esos perfiles de ciudadanos comprometidos, humanistas, expertos, empáticos que crean en lo social y en lo público. Necesitamos personas que promuevan la transparencia, la libertad de expresión, el estado de derecho, la evaluación ciudadana y la responsabilidad social. 

Sigamos marchando, sigamos exigiendo, sigamos denunciando. Tenemos un año para pasar de las calles a las urnas, del post y el share al voto. El 2021 es el momento para reemplazarlos y empezar el cambio que queremos para nuestra ciudad y nuestro país. 

Para más información del Sistema de Seguridad escuchar episodio de “Seguridad en México” de Kristian con K

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Cómo se construye el bienestar

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Durante décadas hemos utilizado el PIB como referencia para saber si un país está tomando las decisiones correctas en su economía. El problema es que el PIB sólo mide el crecimiento en la producción. Si bien vemos una tendencia positiva de la capacidad productiva de cada mexicano en los últimos 30 años, esto no significa que la riqueza y el valor generado por nuestro trabajo llegue a nuestros bolsillos. Todo lo contrario entre más arriba te encuentres en tu nivel socioeconómico, más ganancias has recibido en esta época neoliberal. 

Se propone la medición del bienestar por parte de la 4T, pero se rechazan los indicadores y expertos existentes para su diseño. Se ignora al CONEVAL como organismo rector en la materia. Mismo que ha asegurado una reducción de la pobreza y pobreza extrema en estos últimos años, avance que se va a perder por las consecuencias económicas de la pandemia. 

No podemos seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos a cuentagotas, donde son la minoría los que logran escalar su nivel de ingreso y la mayoría sufre las mismas o más precariedades. Donde el esfuerzo de los avances en la calidad de vida se encuentren a merced del mercado que nos golpea con crisis internacionales, epidemias y malas decisiones del gobierno federal. Tenemos que cambiar las políticas sociales y económicas a fin de priorizar la atención a los grupos vulnerables, pero hacerlo de la mano de evaluaciones, mediciones y mejora continua. Decir que las cosas están mejor, que se combate la corrupción, que ya se acabó el abuso de quienes están en el poder no es suficiente para que sea realidad. 

La medición multidimensional de la pobreza analiza 6 indicadores de carencia social: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, alimentación, calidad de vivienda y servicios básicos en la vivienda. En los últimos 10 años se ha reducido la proporción de la población que carece de estos servicios en su vida diaria. 

El caso de Nuevo León nos da una idea del progreso que se ha logrado. Somos la entidad con mayor reducción de pobreza extrema con 93,500 personas y el segundo lugar con mayor reducción de pobreza moderada sacando a 203,000 personas de su carencia de ingreso. 

De igual manera los avances en la reducción de cada una de las carencias sociales es claro: el rezago educativo se redujo en 147 mil personas, el acceso a salud aumentó para 444 mil personas, mejor seguridad social para 184 mil personas, mejor calidad y espacios de vivienda para 217 mil personas, acceso a servicios básicos en la vivienda para 262 mil personas, pero la carencia alimentaria aumentó para 157 mil personas. A pesar de los esfuerzos realizados durante una década vemos que el avance es magro cuando tenemos una población de más de 5.5 millones de personas en Nuevo León. 

Es necesario generar políticas reales e integrales con impacto y trascendencia, no ocurrencias del gobernador, alcaldes y diputados en turno. Invertir en una medición constante de la calidad de los maestros y el uso de tecnología para la educación pública de la entidad, mejorar la atención del sistema de salud a través de seguimiento a cada caso y evaluación de los servicios, asegurar un ingreso básico para los más vulnerables a fin de mejorar la red de seguridad social, construir de la mano de la iniciativa privada vivienda social sustentable que asegure el acceso a vivienda a las generaciones más jóvenes, atender el rezago y la mala calidad de los servicios básicos y frenar el abuso que muchos proveedores realizan, y desarrollar legislación para eliminar el desperdicio de alimentos y construir bancos de comida a la población más necesitada. 

Las políticas, propuestas, ideas y resultados ya se han realizado en muchas partes del mundo. El sistema de salud pública nórdica, la seguridad social canadiense, la vivienda en Singapur, los servicios europeos, la legislación alimentaria en Francia y la calidad educativa de Japón y Corea. El bienestar se construye en muchos ámbitos de manera integral, no mediante políticas aisladas. A todas estas propuestas le debemos sumar soluciones a nuestros problemas de movilidad, contaminación, desigualdad social y económica. En Nuevo León contamos con la capacidad y recursos para hacer esto una realidad, lo que falta es la voluntad política para ejecutarlo.

Para más información de cómo construir un mejor Futuro escuchar episodio “Monterrey XXI” de Kristian con K en Spotify.

https://open.spotify.com/episode/5iPxucvJyfQ7gkDZ7lVI84?si=SgRKlNwnTdqHq-KzeW4KfA

Bienestar, ¿de la 4T o de México?

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Dejemos de medir el PIB y enfoquémonos en el bienestar, dice nuestro presidente López Obrador. Convenientemente llega el cambio de paradigma después de más de un año y medio de decisiones económicas e inversiones fallidas.

No sólo se ha realizado una política de austeridad pésimamente implementada, se han violado contratos en repetidas ocasiones afectando la inversión nacional y extranjera. Se insiste en proyectos prioritarios que son obsoletos y perjudiciales para el medio ambiente. Y aunado a todo esto, no hay apoyo real a Micro y Pequeñas empresas en la pandemia a pesar de ser el 99% de nuestra economía formal y dar trabajo al 52.5% de la Población Económicamente Activa. Justo en el 1er trimestre del año cuando se contrae 1.6% el PIB es cuando llega el Bienestar a México.

La palabra de moda en la 4T es bienestar, Secretaría del Bienestar, tarjetas del bienestar, economía del bienestar, políticas que busquen el bienestar, tandas para el bienestar, entre otras tantas políticas, conceptos e ideas. Sobre esta línea se quiere construir la nueva medición del desarrollo de México.

Bienestar es aquel estado de una persona en donde sus condiciones físicas y mentales le producen un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. El bienestar que buscamos lo podemos relacionar con nuestras necesidades, primero aquellas básicas para vivir, como seguridad, alimentación, salud y vivienda. Posteriormente hay que tomar en cuenta aquellas necesidades de autorrealización como individuos, tal como justicia, equidad, educación, trabajo, derechos políticos y sociales, entre otros.

López Obrador hoy sale a decir que se está trabajando en el desarrollo de un indicador del bienestar que considere igualdad social, felicidad, crecimiento, y al parecer otros temas que aún no toma en cuenta el Ejecutivo. Además menciona que es un trabajo que vamos a aportar al mundo ya que se medirán otros países con el nuevo indicador mexicano.

Lo que llama la atención es la clara separación de su indicador con todas las mediciones que actualmente existen y tienen años siendo registradas. Para darnos una idea de la cantidad de mediciones, a continuación menciono las que más destacan y son utilizadas a nivel internacional: el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, la Iniciativa para una Vida Mejor (Better Life Index) de la OCDE, el Índice de Calidad de Vida de The Economist Intelligence Unit, los Indicadores de Desarrollo Global del Banco Mundial, el Índice de Progreso Real, el Índice de Desarrollo Económico Sostenible, e incluso se tiene el World Happiness Report diseñado por la ONU.

Además de todas las mediciones internacionales aquí en México contamos con el CONEVAL, organismo autónomo que desde 2004 mide la pobreza, el bienestar y el desarrollo en México. Este organismo ha sido reconocido a nivel mundial por su transparencia, innovación y calidad de información recopilada a través de los años para una mejor toma de decisiones. En su momento fue clave al repensar la medición de la pobreza, y se pasó de una medición puramente de ingreso a una multidimensional, donde justamente se consideran los rubros ya mencionados de bienestar. Gracias a estas mediciones a nivel nacional e internacional podemos identificar el avance que se ha logrado en la reducción de pobreza alimentaria y pobreza extrema en las últimas décadas, algo que se puede perder por la falta de apoyo económico en la pandemia.

Indicadores, índices, mediciones, datos, organismos e instituciones sobran, y aún así la 4T quiere diseñar su propio indicador. Y es justo en este momento donde se pierde el valor real del objetivo de bienestar. En lugar de diseñar algo nuevo, ¿no sería mejor tomar en cuenta lo ya existente? Si tenemos a uno de los mejores organismos de medición de la pobreza y desarrollo ¿no es más conveniente apoyarnos de los expertos y lo que ya tenemos para construir algo mejor?

En definitiva contamos con la información y los especialistas para cambiar nuestro paradigma económico. El bienestar nos da un mejor entendimiento de nuestra realidad y del desarrollo que debemos buscar como sociedad e individuos. Enfocarnos en las necesidades básicas y de autorrealización de todos los mexicanos es más importante que conocer si estamos produciendo más o menos.

Pero si se quiere lograr este cambio es necesario un esfuerzo colectivo de sociedad, empresarios y gobierno, se debe de trascender el ámbito político de dimes y diretes para ver los beneficios que se puede dar a la mayoría de los mexicanos. Es necesario que López y la 4T dejen su bandera política y vean que el bienestar no es su creación ni su idea, es lo que nos va a llevar a juntos construir un mejor país.

Para más información de la lucha contra la pobreza en México escuchar capítulo de “Pobreza y Crecimiento Económico” de Kristian con K en Spotify.

Crecimiento o Desarrollo

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Durante las últimas semanas hemos presenciado un debate intenso entre la 4T y sus detractores. La actual pandemia nos ha llevado a analizar el sistema económico global. Esto aunado a un férreo rechazo de López Obrador a dar crédito a la medición de la producción y crecimiento, el Producto Interno Bruto o PIB. 

México inicia el 2020 con una contracción del casi 2% del PIB en el primer trimestre del año. A esto hay que sumarle que en los últimos meses se ha tenido un estancamiento económico, donde prácticamente no hay cambio en el PIB de nuestro país y no estamos creciendo. Con números en mano salen expertos diciendo que AMLO nos está llevando al precipicio, y sus promesas de 3%, 4%, ó hasta 5% no se darán al menos en sus primeros tres años de gobierno. Mientras que desde la otra esquina escuchamos a la 4T pregonar que el crecimiento no es de importancia, sino hay que buscar el bienestar. Ante esta situación de blancos y negros es preciso detenernos un momento y analizar qué pasa y qué es mejor. 

Para entender estos argumentos hay que remontarnos a la creación y uso del PIB como indicador económico. Posterior a la crisis de 1929 el Presidente Hoover estaba buscando como levantar la economía, razón por la cual invitó a un brillante y joven profesor ruso, Simon Kuznets, con el fin de explicar al Congreso que la recuperación estaba a la vuelta de la esquina. En los siguientes años Kuznets diseñó el PIB a fin de considerar cuánto se podría producir para incentivar la economía. Es así como el PIB se convirtió en el indicador de referencia económica a nivel global, donde básicamente se plasman los bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo determinado. 

A pesar de las advertencias de Kuznets de no incluir a ciertas industrias como la militar, publicidad y el sector financiero, no se hizo nada al respecto y el PIB terminó considerándolas para tener mejores cifras. Para darnos una idea de las consecuencias en Gran Bretaña el sector bancario era menos de 1% del PIB en 1950, pero para 2008 en plena crisis financiera su porción ya era de 9%. Esto gracias a un mayor involucramiento durante los 70s con el fin de hacer más “productiva” la optimización del dinero y sus rendimientos, los cuales por décadas se han quedado en los bolsillos de unos cuantos. 

Esta medición de la “realidad” económica ha llevado a casos ilógicos de registrar dónde se encuentra la riqueza. Como ejemplo podemos tener un árbol en un parque público que a pesar de dar sombra, dar frutos, ser filtro de contaminación y reducir el calor ambiental no tiene aportación alguna al PIB, pero si talamos ese árbol y de ahí hacemos lápices entonces ya se registraría la producción y el crecimiento económico. 

Es así como el día de hoy consideramos que lo que producimos, independientemente de su utilidad y fin, es más importante que lo que tenemos y no registramos. No hay medición de la riqueza social generada por los parques, educación, salud, entre otras tantos rubros que son esenciales para una sociedad. Pero sí hay medición de la “utilidad” generada por un asesor financiero moviendo dinero en su computadora intercambiando acciones o derivados multiplicando esa “riqueza”. 

Hoy la pandemia nos lleva a repensar el sistema económico que queremos diseñar a futuro. No es viable continuar con los mismos indicadores y muchos países lo saben y están tomando cartas en el asunto. Nueva Zelanda, Escocia, India, Sudáfrica y muchos otros están optando por nuevos indicadores que midan la realidad social y el bienestar de sus ciudadanos. 

No podemos irnos al extremo de desestimar por completo la producción del país pero hay que preguntarnos, ¿de qué sirve hacer lápices si nos vamos a quedar sin árboles? De qué sirven 100 bancos que sólo estén “optimizando” el uso del dinero si de ahí no se redistribuye nada para el bienestar de la sociedad? De qué sirve seguir utilizando como referencia única el PIB si la pobreza, desigualdad, mala educación y pésima salud sigue siendo el yugo en México? ¿Y tú qué consideras más importante?

Para más información de temas actuales escucha mi podcast en Spotify “Kristian con K”.