Daños colaterales del COVID: millones de mexicanos con enfermedades graves han dejado de recibir atención médica

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Animal Político señala que al menos un millón 500 mil personas con distintos padecimientos como cáncer, hipertensión o diabetes no tuvieron atención hospitalaria y de urgencias en México, sobre todo a partir de abril, cuando comenzó la pandemia por coronavirus en el país. 

Hasta junio de este año hubo 320 mil hospitalizaciones menos en las unidades de salud pública en comparación con el mismo periodo de 2019; las atenciones en urgencias se redujeron en un millón 293 mil.

Algunos de los factores que señalan expertos para dar una explicación a este fenómeno son: 

  1. Las personas no acuden a hospitales por miedo a contagiarse. 
  2. La dificultad de encontrar algún hospital si el que les corresponde sólo se enfoca en atención a COVID.
  3. La decisión del Consejo Nacional de Salud de reconvertir hospitales para dedicarse solo a la atención de pacientes contagiados por COVID.

Los datos preliminares de la Secretaría de Salud muestran que en el primer semestre de 2020 se registraron 748 mil 52 personas hospitalizadas en las unidades médicas públicas de 26 estados del país.

Hay una reducción del 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado, en el que se registraron 1 millón 67 mil 426 hospitalizaciones. Un ejemplo de esta reducción es que mientras de enero a marzo la cifra de hospitalizados por complicaciones de diabetes se mantuvo arriba de 4 mil personas, de forma similar a 2019, en abril las hospitalizaciones se redujeron a 2 mil 500.

El doctor e investigador Alejandro Macías, quien lideró la estrategia contra la pandemia de influenza en 2009 en México, señaló que la caída en la atención y hospitalización de diversos padecimientos también ocurrió con la crisis del virus H1N1, resultado de deficiencias sistémicas del sistema de salud.

Independientemente de que no exista una estimación de cuántas muertes se están dando por la falta de atención médica, México tardará al menos 2 años para poder recuperar solo las cirugías que se han retrasado. 

Si bien la decisión de reconvertir hospitales para dar atención al COVID fue una medida necesaria para evitar el colapso en la atención de la pandemia, los daños colaterales de esta situación deben identificarse y atenderse.

El sector va a requerir una fuerte inyección de recursos para salir adelante, lo que implicará una de las variables más importantes en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

La analista Viri Ríos señala que el gasto en salud en México es de 5,5 puntos del PIB, menor al gasto de Honduras, El Salvador y Zimbabue. “El gasto no solo es extremadamente bajo, sino que de acuerdo a los estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), ha caído significativamente en los últimos diez años”. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, un país como México debería al menos gastar el doble de lo que gasta actualmente en salud.

La vacuna que producirán México y Argentina con el apoyo de Carlos Slim

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El presidente López Obrador señaló que laboratorios de México y de Argentina participarán en la producción y distribución en la región de la vacuna que desarrollan la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

De acuerdo con Animal Político, esta vacuna encabeza la carrera para la inmunización en la lista oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente argentino, Alberto Fernández, informó que AstraZeneca firmó un acuerdo con la Fundación de Carlos Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas, que estarían disponibles para el primer semestre de 2021, teniendo en cuenta los resultados de los estudios de fase III y aprobaciones regulatorias.

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que la vacuna sería universal y gratuita en el país. 

Sin embargo, se estima que el costo de la vacuna ronde entre los 3 y los 5 dólares. 

De los 140 grupos que la OMS se encuentra monitoreando para el desarrollo de la vacuna, hay 3 que están más avanzadas: la vacuna experimental Sinovac Biotech (China), la desarrollada por la compañía Moderna (Estados Unidos) y la llamada ChAdOx1 nCoV-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

Considerando que América Latina se ha convertido en el epicentro del coronavirus en el mundo, con más de 5 millones 800 mil casos y 228 mil muertes de acuerdo al conteo de la Universidad Johns Hopkins, el anuncio de la vacuna para la región es una gran noticia. 

Si bien esas 250 millones de dosis estimadas para la primera etapa no cubrirán a toda la población latinoamericana, sí reducirían notoriamente la tasa de contagios y por consiguiente, de fallecimientos. 

A pesar de la noticia positiva, la vacuna no llegaría antes del primer trimestre del próximo año. Por tanto, Latinoamérica deberá enfrentar cuando menos seis meses más de la pandemia y sus efectos.

En el caso de México, donde recién se está viviendo una etapa de disminución de casos por primera vez en meses, la cercanía de la temporada de frío -con las enfermedades respiratorias asociadas- puede provocar que el país continúe pasmado por la pandemia, teniendo como posibilidad escenarios donde el encierro y los cierres totales o parciales de las actividades cotidianas y económicas se vuelvan a presentar. 

El costo humano: aumentaron 79% las muertes durante julio en Nuevo León

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El golpe de la pandemia de Covid-19 durante el mes de julio fue tal en Nuevo León que el número total de defunciones se disparó en un 79% respecto al mismo mes del año pasado.

De acuerdo con El Norte, con datos de Dirección del Registro Civil estatal, en julio del 2019 hubo 2 mil 385 fallecimientos, mientras que en el 2020 se alcanzó un récord de 4 mil 261.

Esa cifra es la más alta de la que se tenga registro para un mes por lo menos en los últimos 10 años, considerando los datos entregados por el Registro Civil y los anexos estadísticos de los Informes de Gobierno desde el 2010.

La misma Secretaría de Salud estatal señala al coronavirus como el factor determinante:

– En los datos proporcionados se puede apreciar que el concepto de “neumonía e influenza”, que es donde se encontrarían los casos de Covid-19, ocupó el cuarto lugar de enero a abril, y el tercero en mayo, como causa de muerte.

– Pero todo indica que a partir de junio y julio podría aparecer en primer lugar, una vez que el Gobierno complete la estadística oficial.

– Según los reportes diarios de la Secretaría estatal, los muertos por Covid-19 en julio fueron 781, equivalentes al 60% de los mil 289 fallecidos en Nuevo León registrados hasta ayer.

En ediciones anteriores de Reporte-19 dábamos cuenta de que en muchas partes del mundo, el número oficial de víctimas mortales por la pandemia subestima el número total de muertes por varias razones, entre las que aparecen la exclusión de víctimas que no dieron positivo, el retraso en el procesamiento de certificados de defunción y el que la gente evite ir al hospital y muera por otras afecciones. 

También mencionamos como podía comenzarse a calcular el aproximado de muertes reales por Covid, tomando en cuenta el exceso de muertes en una determinada región.

De acuerdo al gobierno de Nuevo León, con cifras dadas a conocer el 10 de agosto, el número total de muertes confirmadas por Covid-19 asciende a 1486. 

Sin embargo, solamente en julio de 2020 hubo casi 1900 muertes más que el mismo mes del 2019. 

Es decir, sin considerar los demás meses de la pandemia, solamente en julio podríamos hablar de un subregistro de casi el 25% de fallecimientos, que se pudieran ligar al Covid. 

La pandemia en Nuevo León ya representa, con base en cifras oficiales, el doble de muertes que todos los homicidios dolosos llevados a cabo en 2019 (un año que se considera como de los más violentos). 

Pandemia ha aumentado riqueza de multimillonarios y dejaría más de 50 millones de pobres en AL: Oxfam

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De acuerdo con el informe ¿Quién paga la cuenta? de la organización Oxfam, la pandemia de COVID-19 ha propiciado que la crisis económica y desigualdad en América Latina y el Caribe se agudice en los últimos meses. 

El reporte indica que desde mediados de marzo, la riqueza de las personas multimillonarias de la región ha crecido un 17%, es decir 48,200 millones de dólares. 

Además, en este mismo periodo “han aparecido 8 nuevos multimillonarios en la región, es decir uno nuevo cada dos semanas”. 

En contraparte, el informe de Oxfam calcula que la pandemia dejará hasta 52 millones de personas en pobreza y se prevé que 40 millones perderán sus empleos durante lo que resta del año. 

Refiere que “la limitada capacidad de los gobiernos de la región para contener la pandemia se debe a los elevados niveles de desigualdad y de pobreza preexistentes a la crisis, junto con la alta informalidad y unas administraciones públicas con recursos insuficientes”. 

“Es claro que la crisis no nos afecta por igual, hay quienes han perdido mucho y, aun así, continúan aportando con cuidados, trabajo e impuestos a este esfuerzo común (…) Esta crisis no pueden pagarla los de siempre. Es el momento que quienes concentran la riqueza y las grandes empresas que están generando importantes ganancias en medio de la crisis, contribuyan mucho más al esfuerzo de todos y todas”, se lee en el informe.

En concreto lo que propone Oxfam es:

  1. Impuesto extraordinario a las grandes fortunas. 
  2. Rescates públicos a grandes empresas con condiciones: que no tengan presencia activa en paraísos fiscales, que hagan pública su actividad financiera y demuestren no tener vínculos con gobernantes.
  3. Impuesto a los resultados extraordinarios de grandes corporaciones. 
  4. Impuesto digital.
  5. Reducir la carga tributaria de hogares empobrecidos. 

El informe de Oxfam nos revela que la crisis por el Covid no afecta a todos por igual. Mientras quienes menos tienen se han visto más afectados, quienes concentran las grandes riquezas no solo no han visto mermadas sus fortunas, sino que han podido aprovechar la situación para acrecentarlas. 

La propuesta del organismo de impulsar una reforma tributaria para cobrar impuestos a quienes más tienen, es una medida que muchos especialistas han puesto sobre la mesa, sin embargo, los gobiernos y en el caso específico de México, se rehúsan a adoptarla por las repercusiones políticas que tiene el tema entre la población. 

La discusión internacional de la necesidad de reformas fiscales que cobren impuestos justos a grandes fortunas y herencias, evitando la evasión y los paraísos fiscales no es nueva, pero ciertamente se intensificará ante las afectaciones económicas que está dejando la pandemia.

Los datos de pobreza y desempleo que ofrece Oxfam son desoladores. 50 millones de nuevos pobres en la región equivale a más del doble de la población de Chile o casi la mitad de la población de México, mientras que los 40 millones de desempleados pueden compararse a la totalidad de la fuerza de trabajo mexicana.

Dentro de poco tendremos que dar cuenta de la tragedia social que dejará el coronavirus a su paso. Esto requerirá el diseño e implementación urgentes de nuevas políticas fiscales, productivas y redistributivas.

La austeridad no es suficiente para impulsar la recuperación económica en México

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En abril el presidente López Obrador publicó un plan para enfrentar la crisis económica por el Covid-19 que consiste en aumentar el presupuesto de diversos programas y proyectos prioritarios, hasta por 622,556 millones de pesos adicionales a través de recortes al gasto operativo del gobierno. 

Sin embargo, según estudios durante este año los ingresos totales del gobierno caerían hasta 648,000 millones de pesos.

Para que el Estado mexicano pueda implementar un plan de reactivación económica robusto, que tenga por objetivo evitar la mayor pérdida masiva de empleos y detener la caída de los ingresos de las familias, será necesario encontrar fuentes extraordinarias de ingresos.

De acuerdo a un análisis publicado en la revista Nexos, si el gobierno no reacciona en tiempo y forma, la incidencia de las tasas de pobreza podrían llegar a niveles no observados desde hace más de 20 años.

Especialistas económicos señalan que si bien los programas sociales implementados por el gobierno son necesarios, no serán suficientes para afrontar la caída en ingresos y el aumento de la pobreza por venir.

Dependiendo del conjunto de medidas seleccionadas, los requerimientos presupuestales para afrontar a la crisis podrían variar entre 1 y 3% del PIB.

De acuerdo a los especialistas es imposible afirmar que la austeridad republicana sea suficiente para blindar el presupuesto de los 38 programas y proyectos prioritarios, ya que apenas podría contrarrestar la caída por ingresos tributarios. 

Para preservar el nivel de empleo y evitar el incremento de la pobreza, existen dos opciones complementarias: contraer mayor deuda pública y cobrar más impuestos a quienes tienen mayores ingresos.

Un endeudamiento que se dirija en favor de las personas más afectadas por esta crisis: las que se encuentran en pobreza y en peligro de caer en ella por desempleo.

Reducir los privilegios fiscales y se implementen políticas tributarias que graven, directa o indirectamente, la riqueza de las personas de mayores recursos.

Es lógico que se busque eficiencia en el gasto público y se eviten dispendios innecesarios. Sin embargo, mermar la capacidad operativa del aparato estatal puede resultar contraproducente tanto para la gestión pública como para la capacidad del Estado de responder a la emergencia, en particular hacia las personas más vulnerables.

El Presidente López Obrador parece estar limitado por la línea que ha mantenido desde hace años respecto a que no es necesario crear nuevos impuestos en México.

La evidencia apunta a lo contrario: México es uno de los países de la OCDE que menos porcentaje de su PIB recauda, además de tener a gran parte de la población en la economía informal. Las afectaciones a las finanzas públicas provocadas por la pandemia solo lo han hecho más evidente.

Una reforma fiscal progresiva que amplíe la base gravable y cobre una cantidad justa de impuestos a las personas y corporaciones que más ingresos generan, así como a las herencias, sería un camino lógico, pero con evidentes costos políticos de impulsar.

Aún en este contexto de emergencia, el gobierno federal hasta ahora no ha apoyado la propuesta de un Ingreso Vital de Emergencia. Esta política se ha aplicado en diversos países como parte de las estrategias para mitigar las afectaciones socioeconómicas de la pandemia.

No se trata de eliminar los programas de apoyo existentes del gobierno de López Obrador, sino de complementarlos con políticas diseñadas específicamente para esta emergencia.

El COVID-19 resalta la desigualdad: las personas vulnerables son quienes más mueren

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De acuerdo al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, 7 de cada 10 mexicanos que han muerto por la pandemia tenían una escolaridad de primaria o inferior (primaria incompleta, preescolar o sin estudios).

El estudio precisa que si bien los resultados son de carácter preliminar dado que el fenómeno no ha concluido, apuntan ya una tendencia en términos del perfil demográfico y social de los mexicanos que han fallecido y fallecerán a causa del coronavirus.

El 46% eran jubilados, desempleados o tenían un trabajo informal. Más de la mitad de las defunciones ocurrieron en unidades médicas para población abierta, es decir, esas personas no tenían acceso a seguridad social.

Los mayores porcentajes de muertes se dieron entre choferes, ayudantes, peones, vendedores ambulantes, artesanos, trabajadores de fábrica, reparación y mantenimiento.

La investigación toma como base las estadísticas de la Secretaría de Salud y los certificados de defunción expedidos hasta el pasado 27 de mayo, donde también se desprende que el 70% de los muertos por Covid-19 son hombres y por esta enfermedad fallecieron 2.1 hombres por cada mujer.

En un país donde la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, donde solamente el 8% tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores y donde a causa de la pandemia más de 12 millones de personas han perdido su empleo o pausado su actividad económica, es lógico que la pandemia se ensañe con quienes tienen mayores carencias y vulnerabilidades. 

Dado el impacto económico por la pérdida de empleos y, en el caso más extremo, de la vida de personas en condición vulnerable, la pandemia podría significar un golpe generacional a una movilidad social que de por sí ya es baja para los deciles de menores ingresos.

Hace apenas unas semanas en Reporte-19 analizamos otro estudio de la UNAM que alertaba sobre el riesgo de que el Covid golpeara a las zonas marginadas de México, caracterizadas por tener una importante población indígena, proporción alta de mayores de 60 años y poco acceso a los servicios de salud y mayor nivel de hacinamiento. 

El golpe económico y a la salud de las poblaciones más vulnerables requerirá políticas y recursos extraordinarios de contención. Lo lógico sería que estas políticas sean instrumentadas por el gobierno federal y consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, pero dada la renuencia del gobierno de AMLO de establecer políticas especiales de emergencia, es posible que estas tengan que darse a nivel local, con las particularidades y recursos de cada región. 

México destina apenas el 0.4% del PIB a programas de apoyo económico por el COVID-19

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El gobierno mexicano ha invertido cerca de 92 mil millones de pesos en apoyos fiscales para reducir el impacto económico por el Covid, lo que representa el 0.4% de su Producto Interno Bruto.

Los recursos se han destinado principalmente en transferencias directas (se adelantó 2 meses el pago de pensión para alrededor de 8 millones de adultos mayores) y en un millón de créditos de 25 mil pesos para micro, pequeñas y medianas empresas.

Para hacer una comparación, la plataforma “México ¿cómo vamos?” analizó lo que otros países han invertido. Alemania (36%), Reino Unido (18.8%) y Estados Unidos (14.8%) son las naciones con mayor inyección de gasto público. 

Si se compara con países emergentes, nuestro país también se va al fondo de la lista. Colombia por ejemplo está destinando 7.9% del PIB, Chile el 10.3% y Perú el 12%. Incluso países más pequeños como Guatemala (3.4%) destinan una proporción mucho mayor que nuestro país. 

Los paquetes de apoyo fiscales incluyen principalmente transferencias directas a personas físicas, recursos para empresas, apoyo a trabajadores y condiciones preferenciales para pago de impuestos. 

El comparativo que expone la plataforma “México ¿cómo vamos?” enfatiza la falta de acciones que el gobierno federal ha tomado para disminuir el impacto económico de la pandemia. 

Una propuesta que hemos reiterado diversas ocasiones en Reporte-19 es la del Ingreso Único Vital, que le daría a familias impactadas por la pandemia hasta 3700 pesos por 3 meses. 

Esta propuesta ha sido ignorada tanto por el presidente López Obrador, como el partido en el poder, Morena, probablemente por un cálculo político, dado que la idea provino de la oposición.

Si el gobierno mexicano busca apoyar la recuperación deberá dejar de lado el discurso de austeridad para enfocarse en uno de gasto público responsable, lo cual también debiera incluir la contratación de deuda de forma calculada.

Ante el escenario de emergencia, la mayoría de los países están solicitando préstamos, lo que pudiera generar que los créditos disponibles se encarezcan en el mediano plazo.

La Iniciativa Privada también tendrá un rol fundamental en identificar y promover oportunidades de inversión que contribuyan a reactivar la economía.

La economía mexicana empeora: la amenaza de un “sexenio perdido”

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La actividad económica mexicana registró en abril, en medio de las medidas de confinamiento para combatir el COVID-19, el mayor desplome del cual se tenga registro.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), registró una contracción de 19.7% anual, con lo cual la economía registró su peor mes en la historia del indicador.

  • 32.1% cayó el comercio al por menor.
  • 16.1% cayó el sector relacionado a servicios.
  • 29.6% se contrajeron las actividades secundarias.
  • 70.4% cayeron los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

De acuerdo a Mario Maldonado, periodista financiero, el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encamina hacia lo que podría ser un sexenio perdido en términos económicos. 

Es cierto que la caída económica es un escenario global ante la afectación generalizada de la pandemia. Sin embargo, los cálculos de retroceso para México sí son considerablemente más altos.

El mal arranque del primer año de su administración en 2019, cuando el PIB se contrajo 0.1% sin que hubiera una crisis global y el choque de la pandemia del coronavirus este año, resultarán en un fenómeno que no se había presentado en 30 años: la caída de la economía mexicana por dos años consecutivos.

El promedio de los analistas de bancos, corredurías, calificadoras y organismos internacionales apunta a que la economía mexicana se va a contraer por lo menos 7.5% en 2020.

La incertidumbre sobre cuánto durará la crisis y cómo será la recuperación de la economía permeó hasta Banxico. En mayo, la institución encargada de dictar la política monetaria del país presentó tres escenarios probables:

El peor escenario de Banxico es una contracción de 8.8% en 2020 (la mayor caída desde 1932) y una recuperación de 4.1% en 2021. El segundo contempla una baja de 8.3% del PIB y un rebote de 4% en 2021. El tercer escenario con una caída de 4.6% este año y un rebote de 4% para el 2021. 

Ante un escenario tan adverso, está por verse si el presidente López Obrador mantiene la postura de austeridad a rajatabla, ausencia de apoyos directos a familias vulnerables y empresas y contención del gasto público.

Una señal de cambio podría llegar con respecto al Ingreso Vital de emergencia que se discute en el congreso y que ya cuentan con el apoyo de más de 150 legisladores y legisladoras, así como organizaciones civiles.

Aunque algunos diputados de Morena se han expresado a favor, su coordinador, Mario Delgado, insiste en que se dañarían las finanzas del país y que el gobierno ya apoya a los más vulnerables mediante sus programas sociales.

Una catástrofe mayor aún puede aminorarse si el gobierno implementa un nuevo plan de estímulos económicos para las empresas y reasigna el gasto público hacia sectores que detonen la actividad económica y el empleo. 

Mientras la pobreza aumenta a causa de la pandemia, México limita los estímulos a la economía

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El Financial Times expone que mientras otras naciones aprobaron grandes paquetes de estímulo u ofrecieron exenciones impositivas para ayudar a las empresas a mantenerse a flote y preservar empleos, la principal respuesta del Presidente López Obrador fue otorgar créditos a microempresas.

El único incentivo económico anunciado por el gobierno federal durante la pandemia -los microcréditos- ha tenido un impacto de apenas el 25% de su público objetivo.

Si bien un préstamo de 25,000 pesos podría ayudar a personas con cierto tipo de micronegocios, le sirve de muy poco a pequeñas y medianas empresas. Por ello no se espera que contribuyan considerablemente a proteger los empleos.

Como lo expusimos en Reporte-19, más de 12 millones de personas han visto suspendidas sus actividades laborales según el INEGI, y más de 10 millones de personas tienen riesgo de caer en la pobreza de acuerdo al CONEVAL.

Aproximadamente la mitad de la población mexicana trabaja en el sector informal sin beneficios como cobertura de salud y no existe seguro de desempleo.

Aunque la tendencia global es usar el gasto público para proteger a las familias más vulnerables, proteger el empleo y reactivar la economía, la postura de la administración López Obrador no ha variado.

Esto a pesar de la reciente línea de crédito otorgada a México por el Banco Mundial y la recuperación de 28 mil millones de pesos en impuestos pendientes, que fueron cobrados a multinacionales como Wal-Mart y FEMSA.

México tiene una línea de crédito flexible de 61 mil millones de dólares del FMI, por la cual paga 163 millones al año, incluso si no la aprovecha. Esto podría usarse para financiar un paquete de estímulo económico más amplio.

La decisión del gobierno federal de no brindar apoyo a pequeños y medianos empresarios podría tener un efecto considerable en aumentar la desaprobación de la clase media a la gestión de AMLO.

Mientras tanto, está por verse si el Presidente y su partido apoyan la propuesta del Ingreso Vital de Emergencia.

La propuesta de un Ingreso Básico toma fuerza en México

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo apoyan el establecimiento de un ingreso vital de emergencia otorgado por el Estado Mexicano a las familias en mayor vulnerabilidad durante la pandemia.

CONEVAL ha calculado al menos 10 millones de personas que podrían entrar en pobreza y el INEGI calcula en 12 millones las personas que han perdido su empleo o al menos parte de sus ingresos.

En México la propuesta inicial la realizaron diputadas federales de diferentes corrientes políticas, Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Martha Tagle y Verónica Juárez. Hasta ahora se han sumado más de 120 legisladores. 

Un Ingreso Vital temporal y no condicionado por $3,746.00 pesos mensuales por tres meses a la población más necesitada por la pérdida de ingresos a raíz del COVID-19.

Los últimos en añadirse han sido legisladores de Morena, quienes presentaron una iniciativa para establecer un Ingreso Básico Ciudadano con el propósito de disminuir los niveles de pobreza.

Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y miembro de la ONG Nosotrxs que respalda la iniciativa, señala que México tiene recursos suficientes para impulsar esta medida a nivel federal.

Según el investigador el SAT está recuperando fuertes sumas de impuestos pendientes y Hacienda ha renegociado la deuda a corto plazo. Además de que México recibió una nueva línea de crédito del Banco Mundial en el marco de la emergencia. 

De acuerdo a Merino, el implementar el Ingreso Básico sería una decisión completamente distinta a la del FOBAPROA que entregó el dinero a los más ricos en nombre de la estabilidad financiera: “aquí se pide lo opuesto, que el dinero se ponga en manos de los más pobres porque solo así se podrá rescatar al país”.

Comparado a lo que puede significar evitar que millones de personas caigan en la pobreza, el costo de establecer un Ingreso Único Vital (significaría alrededor del 1% del PIB), así sea temporal, no solamente sería asequible, sino una buena inversión. No se trata de “regalar dinero”, sino de apoyar la supervivencia de familias e impulsar su pronto regreso a la economía.

Parece existir un consenso entre los partidos políticos, incluido Morena, por lo que en primera instancia todo indica que la iniciativa puede prosperar. Quien pudiera convertirse en el mayor obstáculo es el propio presidente: aunque en efecto la propuesta embona con su visión y políticas, provino de la oposición, que podría rebasarlo por la izquierda en este tema.

Como lo apunta Merino, no se trata de descalificar los programas sociales del presidente, sino de reconocer que estos fueron diseñados para otras circunstancias y no responden a la urgencia presente.