Pandemia ha aumentado riqueza de multimillonarios y dejaría más de 50 millones de pobres en AL: Oxfam

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De acuerdo con el informe ¿Quién paga la cuenta? de la organización Oxfam, la pandemia de COVID-19 ha propiciado que la crisis económica y desigualdad en América Latina y el Caribe se agudice en los últimos meses. 

El reporte indica que desde mediados de marzo, la riqueza de las personas multimillonarias de la región ha crecido un 17%, es decir 48,200 millones de dólares. 

Además, en este mismo periodo “han aparecido 8 nuevos multimillonarios en la región, es decir uno nuevo cada dos semanas”. 

En contraparte, el informe de Oxfam calcula que la pandemia dejará hasta 52 millones de personas en pobreza y se prevé que 40 millones perderán sus empleos durante lo que resta del año. 

Refiere que “la limitada capacidad de los gobiernos de la región para contener la pandemia se debe a los elevados niveles de desigualdad y de pobreza preexistentes a la crisis, junto con la alta informalidad y unas administraciones públicas con recursos insuficientes”. 

“Es claro que la crisis no nos afecta por igual, hay quienes han perdido mucho y, aun así, continúan aportando con cuidados, trabajo e impuestos a este esfuerzo común (…) Esta crisis no pueden pagarla los de siempre. Es el momento que quienes concentran la riqueza y las grandes empresas que están generando importantes ganancias en medio de la crisis, contribuyan mucho más al esfuerzo de todos y todas”, se lee en el informe.

En concreto lo que propone Oxfam es:

  1. Impuesto extraordinario a las grandes fortunas. 
  2. Rescates públicos a grandes empresas con condiciones: que no tengan presencia activa en paraísos fiscales, que hagan pública su actividad financiera y demuestren no tener vínculos con gobernantes.
  3. Impuesto a los resultados extraordinarios de grandes corporaciones. 
  4. Impuesto digital.
  5. Reducir la carga tributaria de hogares empobrecidos. 

El informe de Oxfam nos revela que la crisis por el Covid no afecta a todos por igual. Mientras quienes menos tienen se han visto más afectados, quienes concentran las grandes riquezas no solo no han visto mermadas sus fortunas, sino que han podido aprovechar la situación para acrecentarlas. 

La propuesta del organismo de impulsar una reforma tributaria para cobrar impuestos a quienes más tienen, es una medida que muchos especialistas han puesto sobre la mesa, sin embargo, los gobiernos y en el caso específico de México, se rehúsan a adoptarla por las repercusiones políticas que tiene el tema entre la población. 

La discusión internacional de la necesidad de reformas fiscales que cobren impuestos justos a grandes fortunas y herencias, evitando la evasión y los paraísos fiscales no es nueva, pero ciertamente se intensificará ante las afectaciones económicas que está dejando la pandemia.

Los datos de pobreza y desempleo que ofrece Oxfam son desoladores. 50 millones de nuevos pobres en la región equivale a más del doble de la población de Chile o casi la mitad de la población de México, mientras que los 40 millones de desempleados pueden compararse a la totalidad de la fuerza de trabajo mexicana.

Dentro de poco tendremos que dar cuenta de la tragedia social que dejará el coronavirus a su paso. Esto requerirá el diseño e implementación urgentes de nuevas políticas fiscales, productivas y redistributivas.

La austeridad no es suficiente para impulsar la recuperación económica en México

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En abril el presidente López Obrador publicó un plan para enfrentar la crisis económica por el Covid-19 que consiste en aumentar el presupuesto de diversos programas y proyectos prioritarios, hasta por 622,556 millones de pesos adicionales a través de recortes al gasto operativo del gobierno. 

Sin embargo, según estudios durante este año los ingresos totales del gobierno caerían hasta 648,000 millones de pesos.

Para que el Estado mexicano pueda implementar un plan de reactivación económica robusto, que tenga por objetivo evitar la mayor pérdida masiva de empleos y detener la caída de los ingresos de las familias, será necesario encontrar fuentes extraordinarias de ingresos.

De acuerdo a un análisis publicado en la revista Nexos, si el gobierno no reacciona en tiempo y forma, la incidencia de las tasas de pobreza podrían llegar a niveles no observados desde hace más de 20 años.

Especialistas económicos señalan que si bien los programas sociales implementados por el gobierno son necesarios, no serán suficientes para afrontar la caída en ingresos y el aumento de la pobreza por venir.

Dependiendo del conjunto de medidas seleccionadas, los requerimientos presupuestales para afrontar a la crisis podrían variar entre 1 y 3% del PIB.

De acuerdo a los especialistas es imposible afirmar que la austeridad republicana sea suficiente para blindar el presupuesto de los 38 programas y proyectos prioritarios, ya que apenas podría contrarrestar la caída por ingresos tributarios. 

Para preservar el nivel de empleo y evitar el incremento de la pobreza, existen dos opciones complementarias: contraer mayor deuda pública y cobrar más impuestos a quienes tienen mayores ingresos.

Un endeudamiento que se dirija en favor de las personas más afectadas por esta crisis: las que se encuentran en pobreza y en peligro de caer en ella por desempleo.

Reducir los privilegios fiscales y se implementen políticas tributarias que graven, directa o indirectamente, la riqueza de las personas de mayores recursos.

Es lógico que se busque eficiencia en el gasto público y se eviten dispendios innecesarios. Sin embargo, mermar la capacidad operativa del aparato estatal puede resultar contraproducente tanto para la gestión pública como para la capacidad del Estado de responder a la emergencia, en particular hacia las personas más vulnerables.

El Presidente López Obrador parece estar limitado por la línea que ha mantenido desde hace años respecto a que no es necesario crear nuevos impuestos en México.

La evidencia apunta a lo contrario: México es uno de los países de la OCDE que menos porcentaje de su PIB recauda, además de tener a gran parte de la población en la economía informal. Las afectaciones a las finanzas públicas provocadas por la pandemia solo lo han hecho más evidente.

Una reforma fiscal progresiva que amplíe la base gravable y cobre una cantidad justa de impuestos a las personas y corporaciones que más ingresos generan, así como a las herencias, sería un camino lógico, pero con evidentes costos políticos de impulsar.

Aún en este contexto de emergencia, el gobierno federal hasta ahora no ha apoyado la propuesta de un Ingreso Vital de Emergencia. Esta política se ha aplicado en diversos países como parte de las estrategias para mitigar las afectaciones socioeconómicas de la pandemia.

No se trata de eliminar los programas de apoyo existentes del gobierno de López Obrador, sino de complementarlos con políticas diseñadas específicamente para esta emergencia.

El COVID-19 resalta la desigualdad: las personas vulnerables son quienes más mueren

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De acuerdo al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, 7 de cada 10 mexicanos que han muerto por la pandemia tenían una escolaridad de primaria o inferior (primaria incompleta, preescolar o sin estudios).

El estudio precisa que si bien los resultados son de carácter preliminar dado que el fenómeno no ha concluido, apuntan ya una tendencia en términos del perfil demográfico y social de los mexicanos que han fallecido y fallecerán a causa del coronavirus.

El 46% eran jubilados, desempleados o tenían un trabajo informal. Más de la mitad de las defunciones ocurrieron en unidades médicas para población abierta, es decir, esas personas no tenían acceso a seguridad social.

Los mayores porcentajes de muertes se dieron entre choferes, ayudantes, peones, vendedores ambulantes, artesanos, trabajadores de fábrica, reparación y mantenimiento.

La investigación toma como base las estadísticas de la Secretaría de Salud y los certificados de defunción expedidos hasta el pasado 27 de mayo, donde también se desprende que el 70% de los muertos por Covid-19 son hombres y por esta enfermedad fallecieron 2.1 hombres por cada mujer.

En un país donde la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, donde solamente el 8% tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores y donde a causa de la pandemia más de 12 millones de personas han perdido su empleo o pausado su actividad económica, es lógico que la pandemia se ensañe con quienes tienen mayores carencias y vulnerabilidades. 

Dado el impacto económico por la pérdida de empleos y, en el caso más extremo, de la vida de personas en condición vulnerable, la pandemia podría significar un golpe generacional a una movilidad social que de por sí ya es baja para los deciles de menores ingresos.

Hace apenas unas semanas en Reporte-19 analizamos otro estudio de la UNAM que alertaba sobre el riesgo de que el Covid golpeara a las zonas marginadas de México, caracterizadas por tener una importante población indígena, proporción alta de mayores de 60 años y poco acceso a los servicios de salud y mayor nivel de hacinamiento. 

El golpe económico y a la salud de las poblaciones más vulnerables requerirá políticas y recursos extraordinarios de contención. Lo lógico sería que estas políticas sean instrumentadas por el gobierno federal y consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, pero dada la renuencia del gobierno de AMLO de establecer políticas especiales de emergencia, es posible que estas tengan que darse a nivel local, con las particularidades y recursos de cada región. 

México destina apenas el 0.4% del PIB a programas de apoyo económico por el COVID-19

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El gobierno mexicano ha invertido cerca de 92 mil millones de pesos en apoyos fiscales para reducir el impacto económico por el Covid, lo que representa el 0.4% de su Producto Interno Bruto.

Los recursos se han destinado principalmente en transferencias directas (se adelantó 2 meses el pago de pensión para alrededor de 8 millones de adultos mayores) y en un millón de créditos de 25 mil pesos para micro, pequeñas y medianas empresas.

Para hacer una comparación, la plataforma “México ¿cómo vamos?” analizó lo que otros países han invertido. Alemania (36%), Reino Unido (18.8%) y Estados Unidos (14.8%) son las naciones con mayor inyección de gasto público. 

Si se compara con países emergentes, nuestro país también se va al fondo de la lista. Colombia por ejemplo está destinando 7.9% del PIB, Chile el 10.3% y Perú el 12%. Incluso países más pequeños como Guatemala (3.4%) destinan una proporción mucho mayor que nuestro país. 

Los paquetes de apoyo fiscales incluyen principalmente transferencias directas a personas físicas, recursos para empresas, apoyo a trabajadores y condiciones preferenciales para pago de impuestos. 

El comparativo que expone la plataforma “México ¿cómo vamos?” enfatiza la falta de acciones que el gobierno federal ha tomado para disminuir el impacto económico de la pandemia. 

Una propuesta que hemos reiterado diversas ocasiones en Reporte-19 es la del Ingreso Único Vital, que le daría a familias impactadas por la pandemia hasta 3700 pesos por 3 meses. 

Esta propuesta ha sido ignorada tanto por el presidente López Obrador, como el partido en el poder, Morena, probablemente por un cálculo político, dado que la idea provino de la oposición.

Si el gobierno mexicano busca apoyar la recuperación deberá dejar de lado el discurso de austeridad para enfocarse en uno de gasto público responsable, lo cual también debiera incluir la contratación de deuda de forma calculada.

Ante el escenario de emergencia, la mayoría de los países están solicitando préstamos, lo que pudiera generar que los créditos disponibles se encarezcan en el mediano plazo.

La Iniciativa Privada también tendrá un rol fundamental en identificar y promover oportunidades de inversión que contribuyan a reactivar la economía.

La economía mexicana empeora: la amenaza de un “sexenio perdido”

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La actividad económica mexicana registró en abril, en medio de las medidas de confinamiento para combatir el COVID-19, el mayor desplome del cual se tenga registro.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), registró una contracción de 19.7% anual, con lo cual la economía registró su peor mes en la historia del indicador.

  • 32.1% cayó el comercio al por menor.
  • 16.1% cayó el sector relacionado a servicios.
  • 29.6% se contrajeron las actividades secundarias.
  • 70.4% cayeron los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

De acuerdo a Mario Maldonado, periodista financiero, el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encamina hacia lo que podría ser un sexenio perdido en términos económicos. 

Es cierto que la caída económica es un escenario global ante la afectación generalizada de la pandemia. Sin embargo, los cálculos de retroceso para México sí son considerablemente más altos.

El mal arranque del primer año de su administración en 2019, cuando el PIB se contrajo 0.1% sin que hubiera una crisis global y el choque de la pandemia del coronavirus este año, resultarán en un fenómeno que no se había presentado en 30 años: la caída de la economía mexicana por dos años consecutivos.

El promedio de los analistas de bancos, corredurías, calificadoras y organismos internacionales apunta a que la economía mexicana se va a contraer por lo menos 7.5% en 2020.

La incertidumbre sobre cuánto durará la crisis y cómo será la recuperación de la economía permeó hasta Banxico. En mayo, la institución encargada de dictar la política monetaria del país presentó tres escenarios probables:

El peor escenario de Banxico es una contracción de 8.8% en 2020 (la mayor caída desde 1932) y una recuperación de 4.1% en 2021. El segundo contempla una baja de 8.3% del PIB y un rebote de 4% en 2021. El tercer escenario con una caída de 4.6% este año y un rebote de 4% para el 2021. 

Ante un escenario tan adverso, está por verse si el presidente López Obrador mantiene la postura de austeridad a rajatabla, ausencia de apoyos directos a familias vulnerables y empresas y contención del gasto público.

Una señal de cambio podría llegar con respecto al Ingreso Vital de emergencia que se discute en el congreso y que ya cuentan con el apoyo de más de 150 legisladores y legisladoras, así como organizaciones civiles.

Aunque algunos diputados de Morena se han expresado a favor, su coordinador, Mario Delgado, insiste en que se dañarían las finanzas del país y que el gobierno ya apoya a los más vulnerables mediante sus programas sociales.

Una catástrofe mayor aún puede aminorarse si el gobierno implementa un nuevo plan de estímulos económicos para las empresas y reasigna el gasto público hacia sectores que detonen la actividad económica y el empleo. 

Mientras la pobreza aumenta a causa de la pandemia, México limita los estímulos a la economía

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El Financial Times expone que mientras otras naciones aprobaron grandes paquetes de estímulo u ofrecieron exenciones impositivas para ayudar a las empresas a mantenerse a flote y preservar empleos, la principal respuesta del Presidente López Obrador fue otorgar créditos a microempresas.

El único incentivo económico anunciado por el gobierno federal durante la pandemia -los microcréditos- ha tenido un impacto de apenas el 25% de su público objetivo.

Si bien un préstamo de 25,000 pesos podría ayudar a personas con cierto tipo de micronegocios, le sirve de muy poco a pequeñas y medianas empresas. Por ello no se espera que contribuyan considerablemente a proteger los empleos.

Como lo expusimos en Reporte-19, más de 12 millones de personas han visto suspendidas sus actividades laborales según el INEGI, y más de 10 millones de personas tienen riesgo de caer en la pobreza de acuerdo al CONEVAL.

Aproximadamente la mitad de la población mexicana trabaja en el sector informal sin beneficios como cobertura de salud y no existe seguro de desempleo.

Aunque la tendencia global es usar el gasto público para proteger a las familias más vulnerables, proteger el empleo y reactivar la economía, la postura de la administración López Obrador no ha variado.

Esto a pesar de la reciente línea de crédito otorgada a México por el Banco Mundial y la recuperación de 28 mil millones de pesos en impuestos pendientes, que fueron cobrados a multinacionales como Wal-Mart y FEMSA.

México tiene una línea de crédito flexible de 61 mil millones de dólares del FMI, por la cual paga 163 millones al año, incluso si no la aprovecha. Esto podría usarse para financiar un paquete de estímulo económico más amplio.

La decisión del gobierno federal de no brindar apoyo a pequeños y medianos empresarios podría tener un efecto considerable en aumentar la desaprobación de la clase media a la gestión de AMLO.

Mientras tanto, está por verse si el Presidente y su partido apoyan la propuesta del Ingreso Vital de Emergencia.

La propuesta de un Ingreso Básico toma fuerza en México

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Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo apoyan el establecimiento de un ingreso vital de emergencia otorgado por el Estado Mexicano a las familias en mayor vulnerabilidad durante la pandemia.

CONEVAL ha calculado al menos 10 millones de personas que podrían entrar en pobreza y el INEGI calcula en 12 millones las personas que han perdido su empleo o al menos parte de sus ingresos.

En México la propuesta inicial la realizaron diputadas federales de diferentes corrientes políticas, Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Martha Tagle y Verónica Juárez. Hasta ahora se han sumado más de 120 legisladores. 

Un Ingreso Vital temporal y no condicionado por $3,746.00 pesos mensuales por tres meses a la población más necesitada por la pérdida de ingresos a raíz del COVID-19.

Los últimos en añadirse han sido legisladores de Morena, quienes presentaron una iniciativa para establecer un Ingreso Básico Ciudadano con el propósito de disminuir los niveles de pobreza.

Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y miembro de la ONG Nosotrxs que respalda la iniciativa, señala que México tiene recursos suficientes para impulsar esta medida a nivel federal.

Según el investigador el SAT está recuperando fuertes sumas de impuestos pendientes y Hacienda ha renegociado la deuda a corto plazo. Además de que México recibió una nueva línea de crédito del Banco Mundial en el marco de la emergencia. 

De acuerdo a Merino, el implementar el Ingreso Básico sería una decisión completamente distinta a la del FOBAPROA que entregó el dinero a los más ricos en nombre de la estabilidad financiera: “aquí se pide lo opuesto, que el dinero se ponga en manos de los más pobres porque solo así se podrá rescatar al país”.

Comparado a lo que puede significar evitar que millones de personas caigan en la pobreza, el costo de establecer un Ingreso Único Vital (significaría alrededor del 1% del PIB), así sea temporal, no solamente sería asequible, sino una buena inversión. No se trata de “regalar dinero”, sino de apoyar la supervivencia de familias e impulsar su pronto regreso a la economía.

Parece existir un consenso entre los partidos políticos, incluido Morena, por lo que en primera instancia todo indica que la iniciativa puede prosperar. Quien pudiera convertirse en el mayor obstáculo es el propio presidente: aunque en efecto la propuesta embona con su visión y políticas, provino de la oposición, que podría rebasarlo por la izquierda en este tema.

Como lo apunta Merino, no se trata de descalificar los programas sociales del presidente, sino de reconocer que estos fueron diseñados para otras circunstancias y no responden a la urgencia presente.

Jóvenes, los que más sufren económicamente por la pandemia

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La Organización Internacional del Trabajo advierte que de no fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos desproporcionados que ha tenido la crisis sanitaria en los trabajadores jóvenes, existe el riesgo de que los efectos del virus acompañen a las sociedades durante décadas. 

De acuerdo con la OIT, antes de la pandemia más de 267 millones de jóvenes en el mundo no tenían empleo ni participaban en ningún programa educativo. La proporción de mujeres rebasaba 31%, frente a 13.9% en el caso de los hombres.

Un análisis de El Universal muestra que entre marzo y abril de 2020, el número de trabajadores menores de 30 años se redujo en 375 mil 714 plazas, cifra que representa 55% de los 685 mil 840 puestos eliminados en el periodo. 

Siete de cada 10 jóvenes que perdieron su empleo eran hombres y tres eran mujeres. 

Este golpe se da en un escenario laboral que de por sí ya era adverso para la juventud, pues la precarización del trabajo es un fenómeno que no ha dejado de agudizarse: la ausencia de seguridad social, la eliminación de esquemas de antigüedad y la desaparición de la relación laboral con plataformas digitales son ejemplos.

Las entidades federativas que reportaron las mayores pérdidas de personal de entre 15 y 29 años fueron: Ciudad de México, con 65 mil 876 plazas; Quintana Roo, con 49 mil 584 puestos; Nuevo León, 30 mil 689; Jalisco, 25 mil 970; Estado de México, 21 mil 173, y Querétaro, 15 mil 174.

En el caso de Nuevo León, hasta abril pasado había 526 mil 23 trabajadores registrados en el IMSS menores de 30 años de edad, quienes representan un 33 por ciento del total de los trabajadores formales.

Los jóvenes con educación universitaria son el segmento más afectado por el desempleo que ha generado el COVID. Esto podría tener un efecto político adverso para AMLO y Morena, dado que el segmento que más ha crecido en desaprobación hacia el presidente son las personas con educación universitaria.

Desde antes del Covid, México se ha caracterizado por ser un país donde las y los jóvenes se desempeñan en condiciones laborales precarias. De acuerdo a la organización YouthBuild International en México, 8 de cada 10 no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica para dos personas, mientras que el 51% carecen de seguridad social.

Precisamente por el poco alentador panorama, resulta urgente diseñar políticas públicas y mecanismos para evitar que esta generación y las siguientes caigan -o se mantengan- en ciclos de pobreza y baja movilidad social. Entre las recomendaciones de la OIT están establecer mecanismos de ayuda financiera y fiscal a gran escala para trabajadores y empresas.

La aprobación de AMLO baja: su partido enfrenta un escenario adverso para 2021

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El nivel de aprobación del presidente López Obrador bajó ocho puntos en mayo, para situarse en 60 por ciento, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

El efecto rally behind que mencionamos hace un mes en Reporte-19 como uno de los factores en el incremento de la popularidad del presidente parece haber llegado a un punto de agotamiento. 

La aprobación de AMLO ha vuelto a los niveles que tenía en marzo, cuando comenzó el confinamiento. Este nivel de aprobación es el más bajo en lo que va de su presidencia.

La disminución en la popularidad presidencial se registra en el mes con más contagios y fallecimientos por COVID-19, pero también en el que las medidas de confinamiento han detenido buena parte de la actividad económica y productiva del país.

El Economista-Mitofsky también compartieron su encuesta de mayo en la que se aprecia una aprobación del 50%.  Un aspecto relevante en el estudio es la aprobación por tipo de ocupación. Los profesores y trabajadores informales son quienes más alta tienen su valoración (66% y 67%) mientras que los empresarios y personas desempleadas son quienes más lo reprueban (58% y 62%, respectivamente).

La desagregación de aprobación por Estados muestra que donde mayor incremento hubo fue en Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas y Durango, mientras que el decremento se hizo más latente en Campeche, Nuevo León, Baja California Sur y Durango.

La probabilidad de que la aprobación del presidente continúe a la baja es alta por factores obvios: el aumento en el costo humano y económico de la pandemia y un zoom de los factores de rechazo para el presidente se encuentra en la opinión al manejo de problemáticas específicas.

De acuerdo a la encuesta de El Financiero, el 62% de la población piensa que AMLO ha manejado “mal/muy mal” el empleo y el 57% piensa lo mismo sobre la economía.

Esto configura un escenario adverso para el mandatario y su partido, pues aunque falta un año, enfilarse hacia 2021 con una percepción mayoritaria de mal manejo en la economía y seguridad podría acarrear considerables costos electorales. Es probable que el debilitamiento de la imagen presidencial sea más agudo en los estados del norte, donde históricamente la votación por AMLO siempre fue menor que en el centro y sur.

Es relevante recordar que en la elección de 2018 Nuevo León fue el segundo estado con menos votos para AMLO, solo por detrás de Guanajuato (La única entidad en la que no ganó).

AMLO y el PIB: cómo medir el desarrollo de un país

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El presidente López Obrador anunció en días pasados que propondría un índice “alternativo al Producto Interno Bruto” para medir el desarrollo de México. 

Afirmó que el “modelo mexicano” de medición del desarrollo puede seguir incluyendo el PIB, pero también otros factores como desigualdad social y la “felicidad”.

Para definir el nuevo índice se convocaría a matemáticos, economistas, sociólogos, antropólogos, entre otros especialistas. 

La discusión sobre la pertinencia del PIB como principal indicador para medir la economía y/o el desarrollo de un país no es nueva. Desde hace años especialistas económicos y sociales alrededor del mundo han discutido y propuesto maneras alternativas para medir el desarrollo. 

El PIB mide la salud de la economía en términos de crecimiento, lo cual en sí mismo es útil. Pero no mide el impacto en la vida de las personas en términos de bienestar, desigualdad o acceso a oportunidades.

Es en este sentido que se han creado otros indicadores internacionales como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Progreso Social lanzado en 2014 por la organización Social Progress Imperative, dirigida por Michael E. Porter, de Harvard, y por el economista Michael Green.

Si bien es pertinente discutir cómo medir de mejor manera el bienestar y desarrollo de una nación, lo que AMLO propone no deja de ser conveniente para tratar de orientar la discusión más allá del Producto Interno Bruto como indicador de medición, pues los pronósticos económicos son muy poco alentadores para el país. En días recientes Goldman Sachs empeoró el pronóstico para el país a una contracción de 8.5% en 2020.

Además, durante la campaña de 2018 el entonces candidato de Morena tuvo como argumento recurrente el que México debería crecer al 4% anual en términos del PIB.

Ahora bien, el gobierno de México no es el único en anunciar una medida similar. En China, el primer ministro Li Keqiang informó que se ha decidido no establecer un objetivo de crecimiento anual este año, pues se “dará prioridad a estabilizar el empleo y garantizar el nivel de vida”.

Apenas el año pasado, Nueva Zelanda dejó a un lado el PIB para priorizar lo que denominaron el bienestar real de su población. “Si bien el crecimiento económico es importante, y es algo que seguiremos buscando, por sí mismo no garantiza las mejoras de los estándares de vida de los neozelandeses” señaló la primera ministra, Jacinda Arden. 

En suma, es positivo que se enriquezcan las metodologías e indicadores para medir el desarrollo y bienestar, sin embargo, estas no tendrían por qué sustituir al PIB, sino simplemente complementarlo.