Jóvenes, los que más sufren económicamente por la pandemia

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

La Organización Internacional del Trabajo advierte que de no fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos desproporcionados que ha tenido la crisis sanitaria en los trabajadores jóvenes, existe el riesgo de que los efectos del virus acompañen a las sociedades durante décadas. 

De acuerdo con la OIT, antes de la pandemia más de 267 millones de jóvenes en el mundo no tenían empleo ni participaban en ningún programa educativo. La proporción de mujeres rebasaba 31%, frente a 13.9% en el caso de los hombres.

Un análisis de El Universal muestra que entre marzo y abril de 2020, el número de trabajadores menores de 30 años se redujo en 375 mil 714 plazas, cifra que representa 55% de los 685 mil 840 puestos eliminados en el periodo. 

Siete de cada 10 jóvenes que perdieron su empleo eran hombres y tres eran mujeres. 

Este golpe se da en un escenario laboral que de por sí ya era adverso para la juventud, pues la precarización del trabajo es un fenómeno que no ha dejado de agudizarse: la ausencia de seguridad social, la eliminación de esquemas de antigüedad y la desaparición de la relación laboral con plataformas digitales son ejemplos.

Las entidades federativas que reportaron las mayores pérdidas de personal de entre 15 y 29 años fueron: Ciudad de México, con 65 mil 876 plazas; Quintana Roo, con 49 mil 584 puestos; Nuevo León, 30 mil 689; Jalisco, 25 mil 970; Estado de México, 21 mil 173, y Querétaro, 15 mil 174.

En el caso de Nuevo León, hasta abril pasado había 526 mil 23 trabajadores registrados en el IMSS menores de 30 años de edad, quienes representan un 33 por ciento del total de los trabajadores formales.

Los jóvenes con educación universitaria son el segmento más afectado por el desempleo que ha generado el COVID. Esto podría tener un efecto político adverso para AMLO y Morena, dado que el segmento que más ha crecido en desaprobación hacia el presidente son las personas con educación universitaria.

Desde antes del Covid, México se ha caracterizado por ser un país donde las y los jóvenes se desempeñan en condiciones laborales precarias. De acuerdo a la organización YouthBuild International en México, 8 de cada 10 no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica para dos personas, mientras que el 51% carecen de seguridad social.

Precisamente por el poco alentador panorama, resulta urgente diseñar políticas públicas y mecanismos para evitar que esta generación y las siguientes caigan -o se mantengan- en ciclos de pobreza y baja movilidad social. Entre las recomendaciones de la OIT están establecer mecanismos de ayuda financiera y fiscal a gran escala para trabajadores y empresas.

La aprobación de AMLO baja: su partido enfrenta un escenario adverso para 2021

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El nivel de aprobación del presidente López Obrador bajó ocho puntos en mayo, para situarse en 60 por ciento, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

El efecto rally behind que mencionamos hace un mes en Reporte-19 como uno de los factores en el incremento de la popularidad del presidente parece haber llegado a un punto de agotamiento. 

La aprobación de AMLO ha vuelto a los niveles que tenía en marzo, cuando comenzó el confinamiento. Este nivel de aprobación es el más bajo en lo que va de su presidencia.

La disminución en la popularidad presidencial se registra en el mes con más contagios y fallecimientos por COVID-19, pero también en el que las medidas de confinamiento han detenido buena parte de la actividad económica y productiva del país.

El Economista-Mitofsky también compartieron su encuesta de mayo en la que se aprecia una aprobación del 50%.  Un aspecto relevante en el estudio es la aprobación por tipo de ocupación. Los profesores y trabajadores informales son quienes más alta tienen su valoración (66% y 67%) mientras que los empresarios y personas desempleadas son quienes más lo reprueban (58% y 62%, respectivamente).

La desagregación de aprobación por Estados muestra que donde mayor incremento hubo fue en Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas y Durango, mientras que el decremento se hizo más latente en Campeche, Nuevo León, Baja California Sur y Durango.

La probabilidad de que la aprobación del presidente continúe a la baja es alta por factores obvios: el aumento en el costo humano y económico de la pandemia y un zoom de los factores de rechazo para el presidente se encuentra en la opinión al manejo de problemáticas específicas.

De acuerdo a la encuesta de El Financiero, el 62% de la población piensa que AMLO ha manejado “mal/muy mal” el empleo y el 57% piensa lo mismo sobre la economía.

Esto configura un escenario adverso para el mandatario y su partido, pues aunque falta un año, enfilarse hacia 2021 con una percepción mayoritaria de mal manejo en la economía y seguridad podría acarrear considerables costos electorales. Es probable que el debilitamiento de la imagen presidencial sea más agudo en los estados del norte, donde históricamente la votación por AMLO siempre fue menor que en el centro y sur.

Es relevante recordar que en la elección de 2018 Nuevo León fue el segundo estado con menos votos para AMLO, solo por detrás de Guanajuato (La única entidad en la que no ganó).

AMLO y el PIB: cómo medir el desarrollo de un país

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El presidente López Obrador anunció en días pasados que propondría un índice “alternativo al Producto Interno Bruto” para medir el desarrollo de México. 

Afirmó que el “modelo mexicano” de medición del desarrollo puede seguir incluyendo el PIB, pero también otros factores como desigualdad social y la “felicidad”.

Para definir el nuevo índice se convocaría a matemáticos, economistas, sociólogos, antropólogos, entre otros especialistas. 

La discusión sobre la pertinencia del PIB como principal indicador para medir la economía y/o el desarrollo de un país no es nueva. Desde hace años especialistas económicos y sociales alrededor del mundo han discutido y propuesto maneras alternativas para medir el desarrollo. 

El PIB mide la salud de la economía en términos de crecimiento, lo cual en sí mismo es útil. Pero no mide el impacto en la vida de las personas en términos de bienestar, desigualdad o acceso a oportunidades.

Es en este sentido que se han creado otros indicadores internacionales como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Progreso Social lanzado en 2014 por la organización Social Progress Imperative, dirigida por Michael E. Porter, de Harvard, y por el economista Michael Green.

Si bien es pertinente discutir cómo medir de mejor manera el bienestar y desarrollo de una nación, lo que AMLO propone no deja de ser conveniente para tratar de orientar la discusión más allá del Producto Interno Bruto como indicador de medición, pues los pronósticos económicos son muy poco alentadores para el país. En días recientes Goldman Sachs empeoró el pronóstico para el país a una contracción de 8.5% en 2020.

Además, durante la campaña de 2018 el entonces candidato de Morena tuvo como argumento recurrente el que México debería crecer al 4% anual en términos del PIB.

Ahora bien, el gobierno de México no es el único en anunciar una medida similar. En China, el primer ministro Li Keqiang informó que se ha decidido no establecer un objetivo de crecimiento anual este año, pues se “dará prioridad a estabilizar el empleo y garantizar el nivel de vida”.

Apenas el año pasado, Nueva Zelanda dejó a un lado el PIB para priorizar lo que denominaron el bienestar real de su población. “Si bien el crecimiento económico es importante, y es algo que seguiremos buscando, por sí mismo no garantiza las mejoras de los estándares de vida de los neozelandeses” señaló la primera ministra, Jacinda Arden. 

En suma, es positivo que se enriquezcan las metodologías e indicadores para medir el desarrollo y bienestar, sin embargo, estas no tendrían por qué sustituir al PIB, sino simplemente complementarlo. 

Alerta, el coronavirus generará millones de pobres en México

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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó el estudio “La política social en el contexto de la pandemia por el virus COVID-19 en México”.

Anticipa aumentos en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral y el riesgo de que grupos de ingreso medio enfrenten condiciones de pobreza, al no haber políticas dirigidas a ese segmento.

El instituto señala que la pobreza podría incrementarse en un aproximado de 7.9% (entre 8.9 y 9.8 millones de personas). Por su parte, el número total de personas en situación de pobreza extrema aumentaría entre 4.9% y 8.5% (6.1 y 10.7 millones de personas).

Esto no son cifras menores, estamos hablando que aproximadamente el 15% de la población total del país pasará a una situación de pobreza o de pobreza extrema. Es decir, habría un incremento de casi un 50% en el número total de personas en pobreza (considerando que en 2018 el porcentaje de pobres era del 42%).

Para tratar de evitar esta que es a todas luces una tragedia social, el Coneval propone un aumento en el gasto social de hasta 1,2% del PIB (137,288 millones de pesos) para ampliar y fortalecer las medidas emergentes desplegadas a partir de los programas prioritarios, mejorar su capacidad operativa y asegurar una focalización adecuada.

El organismo concluye poniendo el dedo en la llaga y es que señala la falta de medidas por parte del gobierno federal para quienes han perdido su fuente de ingreso y para los sectores urbanos más expuestos.

Llama la atención la falta de flexibilidad que ha demostrado el Presidente López Obrador, pues en lugar de diseñar medidas emergentes focalizadas a la población y zonas que más sufrirán los efectos económicos, parece instalado en el mismo discurso y programas que tenía antes de la pandemia.

La afectación a la población de ingreso medio podría ser particularmente aguda, pues al no existir programas o redes de apoyo focalizadas a este segmento, el riesgo de caer en pobreza aumenta.

A mayor vulnerabilidad, mayor afectación. De ahí que cobre relevancia la discusión del Ingreso Único Vital que se está promoviendo en la Cámara de Diputados para otorgar transferencias por tres meses a las familias más vulnerables.

Este ingreso está siendo apoyado por la oposición a Morena (PAN, MC), pero está sumando cada vez más legisladores y organizaciones de peso como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Nosotrxs y Oxfam México.

Siendo el de Morena un gobierno que ha puesto el énfasis en poner primero a los pobres y a las transferencias directas a grupos vulnerables, en principio sería extraño que hubiera una negativa a una medida de esta naturaleza, pero el factor político podría terminar pesando más.

La danza de cifras por el COVID-19, ¿miente el gobierno federal?

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En días pasados prominentes medios internacionales publicaron reportajes sobre el tamaño de la magnitud del coronavirus en México. 

Una estimación publicada en El País y basada en datos oficiales del sistema de salud, ubica el número de contagiados entre 620,000 y 730,000. 

El medio hizo el cálculo con base en el exceso en las atenciones médicas por ETI (Enfermedad Tipo Influenza) e IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) con respecto a años pasados. 

Según El País, con datos oficiales del modelo centinela, esta cifra asciende a 43,166 casos (hasta la semana 9) y representan el 6% del total de enfermedades de ese tipo, por lo que el total de casos serían alrededor de 730 mil.

Por su parte el New York Times señala que en la CDMX se podrían estar dejando de informar cientos o incluso miles de muertes por coronavirus. De acuerdo al medio norteamericano el total de muertes en la capital del país ascendería a 2,500, un 75% más de las informadas por el gobierno federal y casi la misma cifra que el total nacional de fallecimientos (3,000 al momento del reportaje). 

Una cosa es segura y es que la contabilidad perfecta o exacta en una pandemia es inviable, y la apuesta por el modelo Centinela (de muestreo y proyección) por parte del gobierno federal fue abierta desde el principio. 

El mismo gobierno ha reconocido en múltiples ocasiones que sus cifras son una muestra con la que toman decisiones y que más que ocuparse en tratar de sacar una estimación exacta, su prioridad es evitar el colapso en el sistema de salud.

El éxito del modelo elegido y su prioridad está precisamente en esa variable. Hasta el momento, ninguna entidad ha tenido un colapso hospitalario en disponibilidad de camas con ventilador. 

Incluso las estimaciones presentadas por el NYT ponen a la ciudad de México por debajo de otras grandes urbes, como Nueva York o Madrid, donde los casos y fallecimientos han sido inmensamente mayores. 

El foco no debe estar en si la cifra que proporciona el gobierno federal es precisa o no, sino en que su estrategia de basar la toma de decisiones en el modelo Centinela logre el cometido de evitar la saturación hospitalaria y por ende una catástrofe en el manejo de la pandemia. 

La gran preocupación que existe es el consenso internacional respecto a la necesidad de desarrollar sistemas masivos de pruebas, no solo en esta etapa, sino para lograr mantener estabilidad en la nueva normalidad. Ahí es donde el modelo federal encontraría su principal limitación.

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