La impunidad en el sistema de justicia

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Durante la semana pasada se hizo viral el caso de Cristina; una joven ciclista que murió después de sufrir un “hit-and-run” por parte de un conductor. Este suceso conmovió a la gente, y empezaron a surgir datos y argumentos sobre la poca movilidad que hay para vehículos no motorizados y peatones del Área Metropolitana de Monterrey. 

Sin embargo, hay otro debate que no está siendo atendido. ¿Qué sucedió con el conductor que huyó de la escena? Ya lo identificaron a él y al vehículo, pero aún no se ha dicho cuál va a ser la sanción a quien manejaba la camioneta. De hecho, presentó un amparo para no ser detenido y su abogado dijo que el juez es quien va a decidir si el conductor tiene una responsabilidad penal o civil. 

Esto me duele mucho. ¿Cómo es posible que contando con evidencia sólida sobre el caso, alguien se quiera y pueda deslindar de alguna sanción? O peor aún, esa persona sabiendo que cometió un delito, todavía piensa que no debería de tener alguna consecuencia. 

El caso de Cristina sigue en proceso y aún hay oportunidad para que su familia pueda conseguir justicia. Pero, así como el caso de Cristina, hay muchos más casos cerrados, donde el culpable siendo un hombre de nivel socioeconómico alto puede evadir este tipo de situaciones y responsabilidades. O si acaso, sí se logran condenar a alguna sentencia, salen libres después de cumplir con menos de lo acordado. Y esto se debe más que nada al proceso que se tiene en nuestro sistema de justicia, en el que muchos de los culpables se pueden escudar bajo la premisa que “no se respetó el debido proceso” y por eso no se puede continuar con el caso. 

El sistema de justicia mexicano está lleno de impunidad, y tal vez es hora de ir replanteando la manera en la que se llevan a cabo las investigaciones y los procesos. Y esto no solo conlleva cambiar el sistema, sino también a las personas que contribuyen a que esto siga pasando: policías, abogados, ministerios públicos, jueces, etc. No podemos seguir dejando a estas personas libres, porque no solo se abre la posibilidad a que puedan volver a cometer un delito, sino porque también manda un mensaje a la ciudadanía de que no hay justicia y que todos pueden hacer lo que quiera, al cabo los policías no van a hacer nada. 

Proponen 10 años de cárcel por atacar a médicos

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Integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados acordaron una reforma para sancionar hasta con 10 años de prisión a las personas que agredan a trabajadores del sector salud. Esto también aplica a quienes ataquen  cuerpos de emergencia o de las Fuerzas Armadas que participen en acciones de auxilio durante una contingencia sanitaria.

Cabe destacar que la comisión analizó 14 iniciativas de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios, presentadas a partir de las agresiones que han sufrido médicos, enfermeras y otro tipo de personal médico que atienden a los enfermos de Covid-19.

Por lo que en una reunión virtual, los grupos parlamentarios alcanzaron un acuerdo sobre la redacción de la reforma penal, en donde la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, explicó que cuando haya las condiciones para sesionar, el grupo de trabajo vitará en forma presencial el dictamen para que esté listo.

La reforma prevé modificaciones al Código Penal Federal, y de las ley General de Salud, y la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de protección al personal del sistema Nacional de Salud.

Con información de Reforma

 

Seguridad, ¿cuándo responder el país?

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Hablar del Sistema de Justicia Penal Mexicano algunas veces parece broma y es que la prensa, y los mismos informes de gobierno, nos dejan ver inconsistencias entre los hechos y las repercusiones. O, según sea el caso, los protocolos necesarios no se llevan a cabo correctamente por lo que una sentencia puede ser derogada y los criminales liberados. 

¿De dónde viene la idea de hablar de este tema? Esta semana los medios de comunicación y las redes sociales tuvieron su lupa en varios casos, entre ellos dos de los que hablaré a continuación: la reapertura del caso del “asesino de Cumbres” Diego Santoy, homicida de los hermanos Peña Coss de 3 y 7 años, y la tortura, violación y asesinato de la niña Fátima de 7 años. 

El 14 de febrero los neoleoneses y el país entero amaneció con la noticia de que los abogados de Diego Santoy Riveroll ganaron un amparo que anula la condena de 138 años que recibió por los crímenes de asesinato de los hermanos Peña Coss, intento de asesinato de su exnovia Erika Peña Coss y secuestro de Catalina Bautista, la trabajadora del hogar de la colonia Cumbres. 

¿Por qué el caso de un criminal convicto será reabierto y se dictará una nueva sentencia? Porque no existe constancia de que al realizar los careos del caso estuviera presente la defensa de Santoy, por lo que se habría violado su derecho previsto en el artículo 20 Constitucional a un debido proceso. 

Eso quiere decir que después de casi 14 años del crimen y nueve de la sentencia alguien se percató de un error en los interrogatorios cara a cara por lo que se tendrán que realizar nuevamente. Esto podría afectar la sentencia que ya de por si se había reducido a 71 años por buena conducta. Siete careos están programados para el próximo 28 de febrero a partir de las 09:00 horas. 

La Fiscalía de la Ciudad de México está trabajando en el caso de la niña Fátima que fue reportada como desaparecida el 11 de febrero y encontrada cuatro días después dentro de un costal. Es bien valorado lo que las autoridades están logrando sin embargo sus métodos pueden ser ampliamente cuestionados. 

¿Qué las autoridades se negaron a recibir la denuncia de desaparición? ¿Qué los videos donde se muestra el rostro de quien sustrajo a la niña de la escuela fueron revelados posterior a su muerte? ¿Qué el neoliberalismo es culpable de los feminicidios? No hay manera de borrar estas dudas, ni de cambiar lo que ya se hizo, pero sabemos que si es posible condenar a los responsables de esta muerte. 

Esta vez no se debe tomar a la ligera el asesinato de una menor. ¿Tenemos que recordar el caso Paulette? La niña de 4 años que fue reportada como desaparecida y nueve días después encontrada muerta a los pies de su cama. Sus padres y niñeras fueron detenidos como principales sospechosos, se buscó por toda la casa, más de 200 personas entraron al cuarto de la pequeña, reporteros y policías incluidos, hubo una confesión… 

Y, ¿cuál fue la resolución de este posible crimen? Cuando encontraron a la pequeña envuelta en sábanas manchadas de sangre con un pijama que se puede ver doblada en la esquina de la cama durante una entrevista se decretó que su muerte se debió a una asfixia accidental que ocurrió porque la niña cayó por un espacio entre el colchón y la estructura y no pudo pedir ayuda pues sufría de discapacidad motriz y de lenguaje.

Yo quisiera hablar del sistema de justicia y sentirme segura, sentir que nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos están seguros, pero esto no está sucediendo. Señor presidente, todos los mexicanos le pedimos que invierta en seguridad, que haga controles de confianza y que se modifiquen los sistemas de denuncia. Eso como mínimo… 

Quiero tener la confianza de salir a la calle y saber que voy a regresar. Quiero sentir que mis futuros hijos van a estar seguros y que nunca voy a temer al verlos alejarse de mi puerta. La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad del Estado. ¿Acaso exigirla es demasiado?

López Obrador presentará propuesta de reforma al PJF, dice Zaldivar

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A través de su cuenta de Twitter, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar informó que el Presidente López Obrador presentará su propuesta de reforma judicial del Poder Judicial de la Federación, esto se debe a que la Corte no tiene facultad para presentar iniciativas.

El Poder Judicial de la Federación pretende una iniciativa de reforma a su ley orgánica, la cual se informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría presentar ante el Senado de la República.

Durante la tarde de hoy, los integrantes de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se reunirán con senadores y el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, para entregar formalmente la propuesta de reformas dirigidas al PJF.

Con información de El Informador

Familia LeBarón exige justicia en zona de masacre

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Miembros de la familia LeBarón acudieron al lugar donde fue atacada la camioneta en la cual viajaban Rhonita Miller y sus hijos.

Adrián LeBarón, padre de Rhonita, levantó cenizas del lugar y pidió con lágrimas justicia por la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019.

“Yo le ofrezco a mi hija, las cenizas donde fue asesinada mi hija que se vayan al aire, que se vayan a todo México, para que reclame todo mexicano esta masacre, aquí acribillaron a mi hija, acribillaron a dos de mis nietos con al menos 15 sicarios o no sé cómo se llama, pero duele mucho y en nombre de esta masacre México que acompañe a reclamar”, dijo.

“Que pongamos en jaque, si es posible en jaque mate, a nuestras autoridades que nos han fallado”.

Adrián y Julián LeBarón llamaron a una movilización para exigir justicia, la cual será el próximo 23 de enero de Cuernavaca a la Ciudad de México. Criticaron la estrategia de seguridad del Gobierno federal, como el hecho de que las autoridades de Chihuahua y Sonora no hayan acudido a la zona del ataque con celeridad.

Ninguno de los dos fueron a la reunión privada que sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador con familiares de las víctimas de la masacre de hace dos meses.

 

Con información de Grupo Reforma.

 

Considera Bryan LeBarón injusto frenar designación de cárteles mexicanos como terroristas

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Tras el asesinato de nueve de sus familiares, Bryan LeBarón ha vocalizado que considera injusto el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le solicitara al gobierno de los Estados Unidos el que no se le designe a los miembros de los cárteles mexicanos como terroristas. Incluso el activista dijo en una entrevista con Grupo Fórmula lo siguiente: “Yo no entiendo como el presidente de México, AMLO, no quiere designarlos como terroristas, porque de acuerdo con el Código Penal Federal de México es lo que son, qué otro nombre les podemos poner”.

Éste mencionó que fue difícil para él el escuchar a AMLO invitar a la ciudadanía al Zócalo de la Ciudad de México a su celebración por su primer año de gobierno, diciendo que su administración se encuentra muy “contenta y tranquila” al estar atendiendo a los más necesitados, “pero yo me ofendí porque eso no es toda la justicia, ¿qué pasa con mis familiares asesinados?”.

A pesar de esto, Bryan LeBarón dijo que confía que ambos presidentes (AMLO y Donald Trump) llegarán a un acuerdo respecto a su situación. De hecho, Donald Trump mencionó en su cuenta de Twitter que ya tiene todo listo para llevar a cabo este proceso de designación de cárteles mexicanos como terroristas, pero que éste se retrasará a petición de López Obrador.

 

(Con información de Diario de México)

¡Ni una más!

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Estos últimos días los titulares de los medios de comunicación y redes sociales se han llenado de encabezados de “Justicia por”, “Impunidad en el caso de”, “¿Donde está?”, “Desaparecida desde hace N días”.

El feminicidio siempre ha existido, sin embargo ya no solo es una problemática, si no un grito de desesperación. 66 de cada 100 mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia, conforme pasan los años esta cifra ha incrementado. En esta ocasión, el pueblo mexicano se ha unido en una sola voz para hacer un llamado de justicia. Este grito de justicia ha provocado que muchas historias salgan a la luz, mismas  que habían permanecido en alguna carpeta perdida en un archivero.

Hoy los tiempos han cambiado, hoy, una mujer tiene más voz y fuerza que ayer, tanto que su grito ha cruzado continentes. Hoy la mujer grita más fuerte, porque hoy quiere justicia en nombre de todas las que han sido víctimas. Hoy marchamos para que mañana podamos salir tranquilas.

Hoy México está cansado de guardar silencio, hoy México está de luto y busca justicia en nombre de las familias que fueron victimas de un feminicidio. Hoy nuestro México llora y clama justicia en una misma voz.. ¡Ni una Más!

PRI y PAN Investigan a Moreira

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Cd.México(17 de Mayo)-El día de ayer las dirigencias nacionales PRI y PAN se pusieron en contra del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.Además de  que pidieron investigara fondo las transferencias millonarias que sus familiares realizaron, pues se sabe que entre el 2013 y 2016  la esposa y cuñada del ex Mandatario tienen 6 millones de dólares en el banco de Mónaco y las Islas Caimán.

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, demandó a las autoridades para iniciar la investigación, pues aclaró que Moreira ya no es miembro del partido.

Jorge Carlos Ramírez, representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló  que cualquier político sobre quien existan sospechas deberá ser investigado.

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN , exigió ayer en la Ciudad de México  que se cancele la candidatura de Moreira a Diputado local en Coahuila por el Partido Joven.

“Lo más grave de todo es que Humberto y Rubén Moreira (actual Mandatario)  ya se pusieron de acuerdo para  tratar de  dejar como Gobernador a su empleado” indicó Anaya.

Además aseguró que “son los mismos” y que por eso no debe de estar en Coahuila.

Los candidatos a la gobernatura de Coahuila: Guillermo Anaya del PAN, Armando Guadiana de Morena y el independiente Javier Guerrero firmaron la solicitud para la investigación de Moreira.

 

Reforma Laboral y sus Efectos en los Trabajadores

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Agradezco a Altavoz por permitirme expresar una opinión de mis inquietudes acerca de los temas jurídicos, políticos y sociales que surgen día con día en este país. En esta, mi primera intervención, quiero hablar de un tema que aborda los puntos que cite y que viene a presentar un nuevo problema en el sistema de impartición de justicia en México, me refiero a la reforma laboral, ¿por qué decidí abrir mi participación con este tema? Como profesional del derecho siento esa responsabilidad de intentar sensibilizar al lector sobre un problema jurídico que conozco y que en definitiva afecta a un nivel macro, político y social y que desafortunadamente no ha sido estudiado como realmente se debiera de hacer.

 




Como ya lo mencioné, la reforma laboral propuesta por el ejecutivo cuenta con un factor importante de análisis que tratare de abordar de una manera sencilla para que usted amable lector pueda entender el tema con mayor precisión.

En mi opinión, el punto más importante que toca la reforma propuesta por el ejecutivo es la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para ser sustituidas por Jueces y Tribunales laborales, cabe aclarar que el juicio laboral dista mucho de los juicios ordinarios que se ventilan en el poder judicial, ¿qué quiere decir esto? El procedimiento no es el mismo que se sigue en materia civil, mercantil, familiar o bien penal, sino que es completamente diferente y ajeno a dichos procedimientos.

Existen dos diferencias marcadísimas entre ambos: la oralidad y el impulso procesal, ¿qué quiere decir esto? El juicio laboral tiene la facilidad de que todo el procedimiento puede hacerse de manera oral, involucra mucho la mediación, el consenso y el dialogo, que es algo muy diferente a lo que se ve en un juicio de los ya mencionados.

El segundo punto radica en el impulso procesal que básicamente se limita a la presentación de escritos para proceder con el trámite de juicio, mismos que en materia laboral no tienen que realizarse porque la misma autoridad te señala fecha y hora para la siguiente audiencia.

Es un procedimiento en la teoría más expedito, su naturaleza así lo hizo, recordemos que las juntas y el procedimiento laboral nacen de la desigualdad social a raíz de la revolución mexicana entre obreros y patrones, aunado a las condiciones de trabajo tan deplorables que los primeros venían desempeñando, fue cuando el ejecutivo se vio en la necesidad de regular y equilibrar la balanza entre unos y otros.

Como se señala, es un procedimiento que data de poco menos de 100 años de existencia, y lo que la reforma propone es cortar de tajo esa historia y su origen buscando hacerlo a la fuerza parte de una autoridad que en esencia no debiera de conocer de este tipo de asuntos que son meramente de derecho social.

Dado de esta manera una mejor propuesta hubiera sido unirlo a los tribunales agrarios por dar un ejemplo, ya que ninguna de las materias mencionadas mucho se consideran de derecho social, entonces es prudente señalarlo y cuestionar ¿qué interés se persigue? ¿Por qué reformar algo que ni siquiera los mismos funcionarios de las juntas a nivel local y federal solicitaron?

Si se trataba de hacer el procedimiento más eficiente, bastaba solo con la capacitación de personal para cumplir con el requisito, pero la realidad es otra y que desafortunadamente afecta a millones de mexicanos en cuanto a la defensa de los mismos, tanto de trabajadores como de patrones porque al darse esta nueva circunstancia obliga a los litigantes de la materia a estudiar y aprender de un procedimiento que desconocen y por consecuencia nunca manejaron, afecta en esa prueba y error que veremos en los ahora juzgados laborales por el mismo desconocimiento de cómo se pretende implementar la ley suscrita a un poder judicial que desconoce y sin embargo por orden del ejecutivo acepta la imposición de la materia más ajena a sus principios, volvemos a caer en esa implementación que tiene al sistema de justicia sumido en un desconcierto total igual al que vivimos con la entrada de los juicios orales a este país.

 




¿Por qué no se buscó capacitar primero a los funcionarios para evitar errores en el procedimiento? Desafortunadamente los más afectados serán los ciudadanos que exigen una impartición de justicia equitativa de la mano de funcionarios públicos capacitados y no funcionarios improvisados que busquen adentrarse en lo desconocido queriendo hacer valer una imposición que dista mucho de la realidad social que tanto aqueja a este país.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Llueve sobre mojado: Elecciones a dirección de FACDYC

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Hoy es un día triste para la vida democrática de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; ante los diversos intentos por parte de estudiantes para lograr un proceso más transparente, más participativo y orientado hacia el desarrollo de una cultura cívica, la respuesta institucional es invariablemente, una negativa a fomentar lo mencionado.

Sea con la propuesta de crear la figura de observador electoral (presente en la legislación electoral local y federal), o bien con la iniciativa a crear un debate entre candidatos a dirección con el fin de informar al alumnado (caso que fue aprobado, pero ignorado por tres de los cuatro candidatos, los cuales no se presentaron), un número de estudiantes utilizan todo recurso disponible a su alcance con tal de lograr una democracia real.

Y es que, tristemente, en la institución de la que han surgido importantes figuras públicas, se ha engendrado un ambiente similar al de las elecciones locales y federales a las que estamos acostumbrados; una propaganda excesiva de los candidatos (que solo sirve para producir contaminación visual), una falta de atención por parte de los candidatos hacia la construcción de diálogos distintos al molde tradicional (debate, por ejemplo), así como un evidente incumplimiento de la mesa directiva en cuanto a mantenerse imparciales en periodo de elecciones (pues apoyaron abiertamente a un candidato a dirección), muestran los mismos vicios (o incluso peores) que hoy someten a nuestra democracia.

Resulta triste la concepción de estos escenarios, en una facultad en la que se enseña derecho, en la que ante todo, debe imperar la justicia y los valores democráticos, los cuales hoy se puede ver, han quedado mancillados por la politiquería y la falta de respeto a los mismos votantes y a la voluntad de la mayoría (en el caso del apoyo incondicional y evidente de la mesa directiva hacia la candidata, María Antonia de la O Cavazos).

 




Ahora bien, al observar los distintos ejes que han sido rechazados, tanto por tres de los cuatro los candidatos (en el caso del debate), como por las instituciones, entendiéndose por estas la mesa directiva y la Honorable Comisión de Vigilancia Electoral, es necesario preguntarse: ¿Qué es lo que falta a los sujetos e instituciones que se han mostrado, con sus acciones, en contra de una progresividad democrática?

Lo primero que habría de mencionar, es la concepción de una cultura democrática, y lo que esta implica. Al comprender y comprometerse a llevar verdaderamente el estandarte de la democracia por parte de las instituciones, y de los aspirantes a cargos de representación (dirección de la facultad, en este caso), los ejercicios de debate, junto a otros de similar naturaleza, deberían ser alentados, y no al contrario.

Asimismo, al comprender la importancia de alentar la cultura democrática junto a los valores que esta conlleva, la voluntad por parte de las instituciones de mantenerse imparciales habría de llevarlos a que, en lugar de inclinarse hacia un individuo en particular, fomenten el voto y la participación estudiantil.

 




Igualmente, a través de dicha voluntad de mantener un ambiente realmente democrático en las votaciones, los grupos que se constituyen al momento de convocarse elecciones, en este caso la Comisión de Vigilancia Electoral, habrían de legislar a favor de la iniciativa del estudiantado, para crear figuras como la de Observador Electoral, y no incurrir en excusas de no poseer facultades para ello (Cuando en realidad el Reglamento Universitario no les da facultad alguna).

Con un compromiso real por incentivar unas elecciones democráticas, transparentes e incentivadoras de la participación más allá del voto, es que la Facultad de Derecho y Criminología podría dar a las elecciones locales y federales, un verdadero ejemplo de apego a lo que es justo y ético, y no del circo y la parcialidad que hoy da.

Lamentablemente, hoy es un día triste para aquellos alumnos que deseaban una democracia real. Esperamos que las próximas elecciones pueda darse un escenario diferente, donde imperen los valores y no la falta de voluntad, la cartera de los candidatos y la parcialidad total de los órganos de representación estudiantil.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”