#Kleroterion: “Justicia Laboral”

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En pasados días fuimos testigos de la aprobación de una gran reforma que cambia el cause para la seguridad de todas y todos los trabajadores a nivel nacional, me refiero a la mencionada “Reforma Laboral”, que consiste en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, de los institutos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, lo anterior en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, que sin duda, es un esfuerzo que se reconoce a la Cámara de Diputados.

Cabe mencionar que el dictamen adecúa los ordenamientos con la reforma constitucional en materia de justicia laboral de fecha 24 de febrero de 2017, así como diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país, en materia de derechos humanos de las y los trabajadores, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, el anexo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que por cierto, falta ser ratificado, y el capítulo 19 del Tratado Integral y Progresista de Asignación Transpacífico. 

Como antecedentes legislativos, dicho dictamen surge de 14 iniciativas presentadas de septiembre de 2018 a abril de 2019, teniendo cuatro de Morena, tres del PES, dos del PRI, dos del PAN, dos del PT y una de MC. 

Ahora bien, ¿en qué consiste esta tan afamada reforma?, a continuación menciono los aspectos principales. Para empezar gracias a este trabajo aprobado, se introduce la democracia en la elección de las dirigencias sindicales a través del voto libre, secreto y directo, lo que termina con el charrísimo sindical que durante muchas décadas se mantuvo en las dirigencias en México, por lo que se abre la verdadera democracia sindical con ejes de transparencia y rendición de cuentas, además de asegurar a las nuevas generaciones laborales y a todos los trabajadores en general, el poder elegir con plena libertad el pertenecer o no a un sindicato, federación o confederación, así como la tranquilidad de no tener ningún tipo de represalia, así también se estipula que el patrón no podrá descontar del salario de los trabajadores las cuotas sindicales, salvo consentimiento por escrito, por lo que comienza una nueva cultura laboral.

Asimismo, a partir de esta reforma, todos los contratos colectivos tienen que ser aprobados y votados por la mayoría de los trabajadores, por lo que los empleadores serán respaldados para que no sean presionados o extorsionados por líderes corruptos, además, se establece como se mencionó anteriormente, mecanismos eficaces para la transparencia y rendición de cuentas, previendo la revisión de contratos colectivos en un plazo no mayor a cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la reforma.

Por otro lado, se crean los tribunales laborales especializados al ámbito del Poder Judicial, despareciendo las juntas de conciliación y arbitraje que dependían de los Poderes Ejecutivos federal y estatales, que hoy en día no eran funcionales y actualizadas; por lo que el nuevo órgano será el encargado de los problemas obrero patronales y la conciliación entre sindicatos, estipulando que antes de acudir a dichos Tribunales se deberá asistir a la instancia conciliatoria que estará a cargo de los Centros de Conciliación que se instituyan en las Entidades Federativas y en el orden Federal. Esta función estará a cargo de un organismo descentralizado, denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral al que le corresponderá, el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales, así como los procesos administrativos que estén relacionados, teniendo autonomía de decisión y gestión.

Otro tema de vital importancia, es que se eliminan las brechas por género, lo que evita la violencia o inequidad salarial, estableciendo también que las trabajadoras víctimas de discriminación por embarazo o trata laboral, quedarán exentas de agotar instancias conciliatorias y se buscará mayor presencia de mujeres en la toma de decisiones.

Dentro de los trabajos especiales, se regula el régimen de las y los trabajadores del hogar, estipulando la obligación para los patrones de inscribirlos al IMSS y pagar sus respectivas cuotas, así como facultar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para fijar los salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores del campo, por lo que con esto se brinda protección a estos grupos de trabajadores que han sido olvidados durante muchos años.

Entre otros aspectos que se establecen, se contempla la nulidad de la renuncia que los trabajadores hagan de derechos y prestaciones que deriven de los servicios prestados e incluye la obligación de los patrones para entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo vigente, por lo que conocerán de manera clara y precisa los derechos y obligaciones que tienen con el mismo.

Es entonces que con este gran avance en esta materia, se mejora la productividad, generando beneficios y transparencia para patrones-empleadores como a todas y todos los trabajadores, que son el soporte real de cualquier Nación, por lo que se favorecen las condiciones de trabajo y se transita con una verdadera justicia, libertad y negociación, teniendo como premisa principal, la más importante, la “Justicia Laboral”.

La búsqueda de niñas y niños desaparecidos y la Alerta Amber

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Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año 1 millón 200 mil niñas y niños son objeto de trata. Esta actividad delincuencial varía de región en región; sin embargo, se señala que la mayor parte de los factores por los cuales se puede tratar a un niño es para: prostitución infantil, trabajos agrícolas, industriales, servidumbre y para ser mano de obra barata.

La trata de personas viola todos los derechos de las niñas y los niños al mismo tiempo, es una forma moderna de esclavitud y uno de los delitos que gobierno y sociedad deben combatir por todos los medios al alcance. La trata es un delito que viola los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo, los coloca en una situación de vulnerabilidad y son objeto de prostitución, matrimonio forzado, adopción ilegal, mano de obra barata, incorporación a grupos armados, servidumbre en casas, y por tanto están expuestos a contraer enfermedades como el VIH SIDA, por mencionar alguna de las más relevantes.

Ante esta situación existen diversos acuerdos y convenciones en materia legal internacional como la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, su artículo 35 solicita a los Estados Partes que “tomen todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”, de igual manera el artículo 39 de la misma convención estipula que se deberá “promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima”.

Otros convenios son el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; y desde luego el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición contra las peores formas de trabajo infantil.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas, en el año 2015 se reportó 6 mil 342 casos de niñas, niños y adolescentes en el fuero común y 193 más en el fuero federal, y las cifras van en creciente aumento.[1]




Al seno de esta problemática que es nacional y mundial, nació el Programa ALERTA AMBER en Dallas, Texas en 1996 por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija quien fue secuestrada y asesinada, donde tuvo apoyo de los medios de comunicación y la ciudadanía; este programa es uno de los más exitosos. Por ello el 2 de mayo de 2012, el Gobierno de la República puso en operación el Programa Nacional Alerta AMBER México, como una herramienta que contribuye a la difusión, búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

El programa muestra resultados promisorios en nuestro país ante la participación de ciudadanía y sociedad civil organizada, por ejemplo, la empresa telefónica AT&T envió más de cuatro millones de mensajes de texto a sus usuarios, apoyando en la localización de niños, niñas y adolescentes del país. Cuando se activa una Alerta AMBER, AT&T envía mensajes de texto para convocar a su base de usuarios de telefonía móvil a participar. Según datos de esta empresa, hasta el momento, en siete de cada diez alertas en las que participa la comunidad AT&T, el menor ha sido encontrado y entregado a sus familiares (72%).[2]

Por ello, el que firma estas líneas ha propuesto una iniciativa al Congreso de la Unión para que todas las compañías telefónicas estén obligadas a enviar de manera estratégica un mensaje de texto a sus bases de usuarios cada vez que una ALERTA AMBER sea emitida, así serán más los ciudadanos que podrán conocer el suceso y ayudar en la recuperación del niño, niña o adolescente desaparecido; considerándose en evidencia el informar, como ya se hace, a distintos organismos del Estado y medios sobre la sustracción de un infante, para concitar la participación de la ciudadanía.

La persecución de este delito debe unir todo el sistema de justicia penal, a la sociedad civil y a los tres órdenes de gobierno, se trata de uno de los delitos más inclementes que existan en la realidad humana, una forma de hacerlo es encontrar a los niños, otra es perseguir el delito e imponer las penas que correspondan con toda la fuerza del Estado.




[1] Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XL, Agosto, 2016, pp. 44 y 52

[2] https://www.att.com.mx/noticias/att-pgr-reportan-alianza-alerta-amber.html

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