Jóvenes, los que más sufren económicamente por la pandemia

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

La Organización Internacional del Trabajo advierte que de no fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos desproporcionados que ha tenido la crisis sanitaria en los trabajadores jóvenes, existe el riesgo de que los efectos del virus acompañen a las sociedades durante décadas. 

De acuerdo con la OIT, antes de la pandemia más de 267 millones de jóvenes en el mundo no tenían empleo ni participaban en ningún programa educativo. La proporción de mujeres rebasaba 31%, frente a 13.9% en el caso de los hombres.

Un análisis de El Universal muestra que entre marzo y abril de 2020, el número de trabajadores menores de 30 años se redujo en 375 mil 714 plazas, cifra que representa 55% de los 685 mil 840 puestos eliminados en el periodo. 

Siete de cada 10 jóvenes que perdieron su empleo eran hombres y tres eran mujeres. 

Este golpe se da en un escenario laboral que de por sí ya era adverso para la juventud, pues la precarización del trabajo es un fenómeno que no ha dejado de agudizarse: la ausencia de seguridad social, la eliminación de esquemas de antigüedad y la desaparición de la relación laboral con plataformas digitales son ejemplos.

Las entidades federativas que reportaron las mayores pérdidas de personal de entre 15 y 29 años fueron: Ciudad de México, con 65 mil 876 plazas; Quintana Roo, con 49 mil 584 puestos; Nuevo León, 30 mil 689; Jalisco, 25 mil 970; Estado de México, 21 mil 173, y Querétaro, 15 mil 174.

En el caso de Nuevo León, hasta abril pasado había 526 mil 23 trabajadores registrados en el IMSS menores de 30 años de edad, quienes representan un 33 por ciento del total de los trabajadores formales.

Los jóvenes con educación universitaria son el segmento más afectado por el desempleo que ha generado el COVID. Esto podría tener un efecto político adverso para AMLO y Morena, dado que el segmento que más ha crecido en desaprobación hacia el presidente son las personas con educación universitaria.

Desde antes del Covid, México se ha caracterizado por ser un país donde las y los jóvenes se desempeñan en condiciones laborales precarias. De acuerdo a la organización YouthBuild International en México, 8 de cada 10 no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica para dos personas, mientras que el 51% carecen de seguridad social.

Precisamente por el poco alentador panorama, resulta urgente diseñar políticas públicas y mecanismos para evitar que esta generación y las siguientes caigan -o se mantengan- en ciclos de pobreza y baja movilidad social. Entre las recomendaciones de la OIT están establecer mecanismos de ayuda financiera y fiscal a gran escala para trabajadores y empresas.

Alerta OIT por desempleo de jóvenes en pandemia

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Uno de cada seis jóvenes en el mundo perdió su empleo estos meses, los que lo mantuvieron vieron caer sus horas de trabajo 23 por ciento, y la formación de muchos más se detuvo, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con un sombrío panorama para la “generación postCovid”.

El estudio muestra que la juventud, ya antes especialmente vulnerable en el mercado laboral y que aún sufría las consecuencias de la crisis financiera de 2008, ha sido uno de los grupos de edad más afectados por los confinamientos y otras medidas de freno al Covid-19, lo que puede tener adversos efectos a largo plazo.

“La Covid-19 no hizo sino agudizar las vulnerabilidades que los jóvenes trabajadores tenían ya en el mercado laboral”, resume en una entrevista la colombiana Susana Puerto, experta en empleo juvenil de la OIT y responsable del sondeo con el que se han extraído muchos de los datos del informe.

Al menos 73 millones de jóvenes más sin empleo

La encuesta muestra que 17 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años en todo el mundo dejaron su empleo durante los meses de confinamiento, lo que supondría al menos 73 de los 429 millones que antes trabajaban.

La cifra real, aclara la autora del sondeo, podría variar e incluso ser mayor, ya que la encuesta se hizo a través de internet y muchos de los empleados jóvenes más vulnerables no tienen acceso a un ordenador en red.

A ese dato negativo se suma que el 98 por ciento de los centros de formación en todo el mundo se cerró a las clases presenciales durante los momentos álgidos de la pandemia, afectando a buena parte de los 496 millones de jóvenes en formación.

“Estos jóvenes van a terminar aplazando sus estudios o incluso saliendo de ellos porque demorar la formación genera gastos adicionales que muchos no van a poder cubrir”, subraya Puerto.

Esto, unido a la caída de la oferta de nuevos trabajos que también ha producido la crisis sanitaria, va a generar “una demora en la transición de la escuela al trabajo”, advierte la experta colombiana.

Una sociedad con más “ninis”

Todo ello anticipa un aumento en el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos como “ninis”, que antes de la actual crisis eran 267 millones, recordó Puerto.

La especialista señaló que en esta situación se encuentran más chicas (31 por ciento del total de mujeres jóvenes) que chicos (14 por ciento).

En estas circunstancias no es de extrañar que la encuesta haya mostrado también que la mitad de los sondeados siente miedo o desconfianza hacia el futuro, lo que abre la posibilidad de caer en estados de ansiedad o depresión, advirtió la experta.

Aunque el informe de la OIT no separa datos por regiones, se teme que Latinoamérica pueda ser una de las que presente un futuro más incierto para los trabajadores jóvenes, teniendo en cuenta que 53 por ciento de la economía en esos países es informal, y que tres de cada cuatro jóvenes que trabajan en el mundo están en ese sector.

“Esos jóvenes no tienen un acceso directo a la protección social, y eso también les dificulta llegar a subsidios y otras medidas de apoyo que se aprueben, pues de alguna manera son invisibles a las bases de datos de los gobiernos”, señaló Puerto.

Políticas sociales de choque

Para paliar esta situación, la OIT recomienda en su informe la aplicación de algunas recetas que ya se tuvieron en cuenta tras la crisis de 2008, basadas en políticas fiscales expansivas que puedan estimular la economía y apoyar la creación de empleo, en palabras de la experta.

Políticas que son importante que integren oportunidades para que los jóvenes hagan su transición (de la formación al mercado laboral) o puedan reintegrarse en la educación o el trabajo, indicó.

Invertir en sectores en crecimiento, como el tecnológico, y proteger los más golpeados por la crisis (manufacturas, comercio y servicios, inmobiliario, etc) son otros deberes para poder salir de la difícil situación económica que se anticipa y hacerlo sin olvidar a los trabajadores de menor edad.

“Si no invertimos en los jóvenes los efectos a largo plazo en la sociedad van a ser devastadores”, advirtió Puerto, quien como el informe de la OIT recomendó mayor inversión en educación y formación para hacer frente a la crisis laboral que se avecina.

La experta predice un trasvase de jóvenes desde los sectores más golpeados a otros donde encuentren más oportunidades.

“Por ejemplo, los que estaban empleados en aerolíneas podrían entrar a sectores donde sí haya demanda, como la economía de los cuidados”, vaticina.

Muchos otros podrían llegar al teletrabajo, que ha tenido un inmenso auge con la pandemia, aunque en la OIT todavía hay un debate en torno a los pros y los contras de estas actividades en casa, reconoció.

(Fuente: EFE)

Coronavirus dejará 11,5 millones de nuevos desempleados en Latinoamérica en 2020: Cepal/OIT

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La crisis económica causada por la pandemia del coronavirus dejará 11,5 millones de nuevos desempleados en el 2020 en América Latina, lo cual incrementará el número total de desocupados a 37,7 millones de personas, estimó este jueves un informe de la CEPAL y la OIT.

La contracción económica en América Latina que CEPAL estima será de un 5,3% este año -la peor desde 1930- y tendrá “efectos negativos” sobre la tasa de desocupación de la región, que pasará de un 8,1% el 2019 a un 11,5% este año, según las proyecciones presentadas por ambos organismos en su sede regional en Santiago.

“Se proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados”, indicó el informe “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (covid-19)”.

Junto al aumento de la desocupación, ambas organizaciones esperan un marcado deterioro de la calidad del empleo en la región donde la tasa media de trabajos informales ya alcanza al 54%, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

La organización Internacional del Trabajo (OIT) estima la reducción de un 10,3% de las horas de trabajo, lo que afectará a unos 32 millones de personas, esto debido a la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento tomadas por los países latinoamericanos.

Las cifras de desempleo afectarán duramente a los más vulnerables de la región, provocando el aumento de la pobreza en 4,4 puntos porcentuales  y la pobreza extrema 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019.

“Esto implica que la pobreza alcanzaría entonces a 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema a 13% (83,4 millones de personas)”, alertó la CEPAL.

Ambas instituciones ven un futuro incierto para el mercado laboral regional y estiman una recuperación bastante lenta de los empleos perdidos, que requerirá una profunda formación y educación de los trabajadores en seguridad sanitaria, protocolos de salud y horarios desfasados de ingreso y salida para evitar aglomeraciones y focos de contagio.

“Para ello son necesarios recursos institucionales y presupuestarios reforzados que garanticen su cumplimiento”, señaló el informe.

El coronavirus ha provocado más de 600.000 contagiados y más de 33.000 muertos en toda América Latina, según el último recuento de la AFP.

#Kleroterion: “Justicia Laboral”

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En pasados días fuimos testigos de la aprobación de una gran reforma que cambia el cause para la seguridad de todas y todos los trabajadores a nivel nacional, me refiero a la mencionada “Reforma Laboral”, que consiste en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, de los institutos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, lo anterior en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, que sin duda, es un esfuerzo que se reconoce a la Cámara de Diputados.

Cabe mencionar que el dictamen adecúa los ordenamientos con la reforma constitucional en materia de justicia laboral de fecha 24 de febrero de 2017, así como diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país, en materia de derechos humanos de las y los trabajadores, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, el anexo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que por cierto, falta ser ratificado, y el capítulo 19 del Tratado Integral y Progresista de Asignación Transpacífico. 

Como antecedentes legislativos, dicho dictamen surge de 14 iniciativas presentadas de septiembre de 2018 a abril de 2019, teniendo cuatro de Morena, tres del PES, dos del PRI, dos del PAN, dos del PT y una de MC. 

Ahora bien, ¿en qué consiste esta tan afamada reforma?, a continuación menciono los aspectos principales. Para empezar gracias a este trabajo aprobado, se introduce la democracia en la elección de las dirigencias sindicales a través del voto libre, secreto y directo, lo que termina con el charrísimo sindical que durante muchas décadas se mantuvo en las dirigencias en México, por lo que se abre la verdadera democracia sindical con ejes de transparencia y rendición de cuentas, además de asegurar a las nuevas generaciones laborales y a todos los trabajadores en general, el poder elegir con plena libertad el pertenecer o no a un sindicato, federación o confederación, así como la tranquilidad de no tener ningún tipo de represalia, así también se estipula que el patrón no podrá descontar del salario de los trabajadores las cuotas sindicales, salvo consentimiento por escrito, por lo que comienza una nueva cultura laboral.

Asimismo, a partir de esta reforma, todos los contratos colectivos tienen que ser aprobados y votados por la mayoría de los trabajadores, por lo que los empleadores serán respaldados para que no sean presionados o extorsionados por líderes corruptos, además, se establece como se mencionó anteriormente, mecanismos eficaces para la transparencia y rendición de cuentas, previendo la revisión de contratos colectivos en un plazo no mayor a cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la reforma.

Por otro lado, se crean los tribunales laborales especializados al ámbito del Poder Judicial, despareciendo las juntas de conciliación y arbitraje que dependían de los Poderes Ejecutivos federal y estatales, que hoy en día no eran funcionales y actualizadas; por lo que el nuevo órgano será el encargado de los problemas obrero patronales y la conciliación entre sindicatos, estipulando que antes de acudir a dichos Tribunales se deberá asistir a la instancia conciliatoria que estará a cargo de los Centros de Conciliación que se instituyan en las Entidades Federativas y en el orden Federal. Esta función estará a cargo de un organismo descentralizado, denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral al que le corresponderá, el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales, así como los procesos administrativos que estén relacionados, teniendo autonomía de decisión y gestión.

Otro tema de vital importancia, es que se eliminan las brechas por género, lo que evita la violencia o inequidad salarial, estableciendo también que las trabajadoras víctimas de discriminación por embarazo o trata laboral, quedarán exentas de agotar instancias conciliatorias y se buscará mayor presencia de mujeres en la toma de decisiones.

Dentro de los trabajos especiales, se regula el régimen de las y los trabajadores del hogar, estipulando la obligación para los patrones de inscribirlos al IMSS y pagar sus respectivas cuotas, así como facultar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para fijar los salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores del campo, por lo que con esto se brinda protección a estos grupos de trabajadores que han sido olvidados durante muchos años.

Entre otros aspectos que se establecen, se contempla la nulidad de la renuncia que los trabajadores hagan de derechos y prestaciones que deriven de los servicios prestados e incluye la obligación de los patrones para entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo vigente, por lo que conocerán de manera clara y precisa los derechos y obligaciones que tienen con el mismo.

Es entonces que con este gran avance en esta materia, se mejora la productividad, generando beneficios y transparencia para patrones-empleadores como a todas y todos los trabajadores, que son el soporte real de cualquier Nación, por lo que se favorecen las condiciones de trabajo y se transita con una verdadera justicia, libertad y negociación, teniendo como premisa principal, la más importante, la “Justicia Laboral”.

La búsqueda de niñas y niños desaparecidos y la Alerta Amber

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Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año 1 millón 200 mil niñas y niños son objeto de trata. Esta actividad delincuencial varía de región en región; sin embargo, se señala que la mayor parte de los factores por los cuales se puede tratar a un niño es para: prostitución infantil, trabajos agrícolas, industriales, servidumbre y para ser mano de obra barata.

La trata de personas viola todos los derechos de las niñas y los niños al mismo tiempo, es una forma moderna de esclavitud y uno de los delitos que gobierno y sociedad deben combatir por todos los medios al alcance. La trata es un delito que viola los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo, los coloca en una situación de vulnerabilidad y son objeto de prostitución, matrimonio forzado, adopción ilegal, mano de obra barata, incorporación a grupos armados, servidumbre en casas, y por tanto están expuestos a contraer enfermedades como el VIH SIDA, por mencionar alguna de las más relevantes.

Ante esta situación existen diversos acuerdos y convenciones en materia legal internacional como la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, su artículo 35 solicita a los Estados Partes que “tomen todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”, de igual manera el artículo 39 de la misma convención estipula que se deberá “promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima”.

Otros convenios son el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; y desde luego el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición contra las peores formas de trabajo infantil.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas, en el año 2015 se reportó 6 mil 342 casos de niñas, niños y adolescentes en el fuero común y 193 más en el fuero federal, y las cifras van en creciente aumento.[1]




Al seno de esta problemática que es nacional y mundial, nació el Programa ALERTA AMBER en Dallas, Texas en 1996 por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija quien fue secuestrada y asesinada, donde tuvo apoyo de los medios de comunicación y la ciudadanía; este programa es uno de los más exitosos. Por ello el 2 de mayo de 2012, el Gobierno de la República puso en operación el Programa Nacional Alerta AMBER México, como una herramienta que contribuye a la difusión, búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

El programa muestra resultados promisorios en nuestro país ante la participación de ciudadanía y sociedad civil organizada, por ejemplo, la empresa telefónica AT&T envió más de cuatro millones de mensajes de texto a sus usuarios, apoyando en la localización de niños, niñas y adolescentes del país. Cuando se activa una Alerta AMBER, AT&T envía mensajes de texto para convocar a su base de usuarios de telefonía móvil a participar. Según datos de esta empresa, hasta el momento, en siete de cada diez alertas en las que participa la comunidad AT&T, el menor ha sido encontrado y entregado a sus familiares (72%).[2]

Por ello, el que firma estas líneas ha propuesto una iniciativa al Congreso de la Unión para que todas las compañías telefónicas estén obligadas a enviar de manera estratégica un mensaje de texto a sus bases de usuarios cada vez que una ALERTA AMBER sea emitida, así serán más los ciudadanos que podrán conocer el suceso y ayudar en la recuperación del niño, niña o adolescente desaparecido; considerándose en evidencia el informar, como ya se hace, a distintos organismos del Estado y medios sobre la sustracción de un infante, para concitar la participación de la ciudadanía.

La persecución de este delito debe unir todo el sistema de justicia penal, a la sociedad civil y a los tres órdenes de gobierno, se trata de uno de los delitos más inclementes que existan en la realidad humana, una forma de hacerlo es encontrar a los niños, otra es perseguir el delito e imponer las penas que correspondan con toda la fuerza del Estado.




[1] Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XL, Agosto, 2016, pp. 44 y 52

[2] https://www.att.com.mx/noticias/att-pgr-reportan-alianza-alerta-amber.html

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