Aprueba Congreso Local minuta de Guardia Nacional

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El Congreso Local de Nuevo León aprobó en fast track y por unanimidad la minuta referente a las reformas constitucionales con las que se crea la Guardia Nacional.

A la minuta con la reforma se le dio entrada en los asuntos en cartera de la sesión de hoy y se turnó con carácter de urgente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jorge de León, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, convocó entonces a una sesión a las 12 horas que finalmente inició una hora después donde el dictamen avalando la reforma a la Constitución federal se votó por unanimidad.

El dictamen se presentí de inmediato al Pleno del Congreso, donde el presidente de la Comisión lo leyó.

Nuevo León se convirtió en el quinto estado en avalar la Guardia Nacional de los 17 requeridos, pues ya la aprobaron los Congresos de Tabasco, Chiapas, Guerrero y Campeche.

A favor del dictamen se manifestaron los coordinadores de Morena, Ramiro González; del PRI, Francisco Cienfuegos: del PAN, Carlos de la Fuente; de Nueva Alianza, María Dolores Leal; del PVEM, Ivonne Bustos y los legisladores de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina, y del PT, Zeferino Juárez.

(Con información de Grupo Reforma)

Monterrey: La segunda vuelta electoral “a la mexicana”

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El sistema de segunda vuelta electoral forma parte de la familia de los sistemas mayoritarios o, como los denomina Colomer, los sistemas de un solo ganador. Este sistema “se trata de una sola elección pero que se efectúa en dos rondas de votación, la segunda de las cuales se celebra una o varias semanas después.” (https://aceproject.org). Regularmente, a la segunda vuelta solo se presentan las dos candidaturas más votadas de la primera ronda. 

El domingo 23 de diciembre, el electorado de Monterrey acudió a las urnas a una elección extraordinaria que se asemejó a una segunda vuelta electoral; desafortunadamente, esta elección en segunda ronda fue por la vía de los hechos y solo tuvo las desventajas de este sistema.

El sistema de doble vuelta electoral (DVE) requiere, en primer término, que en la primera ronda alguna de las opciones políticas reciba más votos que el conjunto de sus adversarios (esto es, regularmente el cincuenta por ciento más uno de los votos); si esto no sucede, la consecuencia es que opere automáticamente la segunda jornada de elección, la cual por lo general se lleva a cabo máximo quince días después de la primera, a la cual, para asegurar la legitimidad de la candidatura que finalmente se elija, normalmente solo acuden las dos personas más votadas en la primera ronda. 

La elección ordinaria de Monterrey que se celebró el primero de julio pasado (primera ronda de facto) dio como resultado que la diferencia entre el primer y el segundo lugar fuera de solo 0.8923 por ciento (http://computo2018.ceenl.mx/GC01M40.htm). Claro, este resultado no fue el motivo para que se volviera a votar el pasado 23 de diciembre, sin embargo, este estrecho margen de diferencia sí constituyó un factor cuantitativo para que el Tribunal Electoral del PJF decretara la nulidad de la elección (SUP-REC-1638/2018 y acumulados.). Dada la orden de llevar a cabo una segunda elección, ahora extraordinaria, el mismo TEPJF en una sentencia en la cual analizó la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Electoral del Estado, concluyó que: 

el régimen bajo análisis restringe la variación de la oferta política con la que contaba el electorado desde el inicio del proceso electoral. De esta manera, la norma bajo análisis tiene por objeto tutelar el principio de certeza en materia electoral, desde la dimensión antes desarrollada, para procurar condiciones óptimas de cara que el electorado tenga los mayores elementos para decidir racionalmente su voto. (SUP-REC-1867/2018 y acumulados).

Hasta aquí, el sistema opera como uno de mayoría relativa, como es nuestro modelo, aunque con una elección ordinaria anulada. No obstante, la segunda vuelta electoral “a la mexicana”, es decir, por la vía de los hechos, se da cuando las candidaturas, partidos políticos y coalición inconformes con la decisión terminal del TEPJF inician sus estrategias y acuerdos políticos implícitos que, finalmente, modificaron la oferta política del pasado 23 de diciembre, dejando prácticamente a dos opciones por las cuales votar. 

En efecto, primero MORENA y PES prefirieron dejar de participar en la elección extraordinaria antes que ir de la mano del candidato propuesto en coalición en la ordinaria, es decir, el “Pato” Zambrano; este candidato y el PT decidieron mantenerse en su postura antes que cambiar de candidatura para mantener la coalición; pero lo más absurdo de la reconfiguración de la oferta política sucedió a partir del 15 de noviembre, el día del “debate”, cuando hubo declinaciones, apoyos, sumas a otras candidaturas, requerimientos de la autoridad electoral para aclarar si se renunciaba expresamente a candidaturas, ratificaciones de que no se renunciaba, desdichos de ratificaciones de renuncias y confirmaciones de éstas, y, finalmente, el acuerdo de la autoridad administrativa, un día antes de la jornada electoral, que definió el retiro de las planillas propuestas por PRD, PVEM y MC.

La comparación de los resultados de la elección ordinaria (antes de las sentencias de nulidades de casillas y de la nulidad de la elección) con los resultados preliminares del 23 de diciembre, nos confirman que salvo el PT, todas las demás opciones políticas (con o sin candidatura vigente) perdieron substancialmente votos y solo el PRI y el PAN se mantuvieron dentro del margen de su votación en la elección ordinaria (“primera ronda”). Las candidaturas con mayor pérdida de votos en términos relativos fueron las de PVEM y MC que pasaron de una a otra ronda, respectivamente, de 8.91% a 0.99% y de 3.98% a 0.51% (https://www.ceenl.mx/).  Por su parte, la diferencia entre el primer y el segundo lugar se mantuvo en 0.9182%.

 Este estrecho margen que de nueva cuenta se da entre las dos candidaturas más votadas denotan que los ajustes en la oferta política que, en los hechos, disfrazaron con un grotesco traje de doble vuelta electoral a la jornada electoral extraordinaria de Monterrey del domingo 23, tuvieron un nulo efecto en la decisión del electorado y éste votó como normalmente ha sufragado en nuestra entidad: en un sistema electoral mayoritario a una sola vuelta y con tendencia a un sistema bipartidista que, incluso con los resultados presidenciales de 2018 en Nuevo León, siguen perpetuando, al menos en el municipio de Monterrey, la fortaleza del PRI y del PAN. Por consecuencia, dado que los resultados no generaron una opción ganadora con contundencia y la homologación de la oferta política fue artificial y a destiempo, tampoco podrán generar legitimidad y espacios para la negociación política. Menos aún cuando las dos candidaturas más votadas se proclaman ganadoras.

Desafortunadamente, el efecto que sí se produjo de forma similar al de un modelo con segunda vuelta fue la baja en la participación de los votantes. La doctrina sostiene, en efecto, que una de las desventajas de la doble vuelta electoral es que “le impone una carga adicional al elector y, en ocasiones, se registra un marcado descenso de la participación electoral entre la primera y la segunda vuelta.” (https://aceproject.org). La participación electoral de la ciudadanía de Monterrey descendió del 56.78% el primero de julio al 32.84% el veintitrés de diciembre: ¡Un descenso del orden del 24.94%!

En suma, una elección de segunda vuelta electoral a la mexicana, por la vía de los hechos, pero sin los beneficios políticos de dicho sistema.

Elección Regia será el 23 de diciembre y con mismos candidatos

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que los partidos y coaliciones deben de contender con los mismos candidatos, que en la elección del 1 de julio, en la extraordinaria del 23 de diciembre.

Los magistrados determinaron la validez y constitucionalidad del Artículo 16 de la Ley Electoral del Estado, que prohibe participar con candidato distintos, por lo que la coalición constitucional por Morena, PES y PT, no tendrán de otra, más que contender con el Pato Zambrano. Por su lado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tendrá que contender con Adalberto Madero y no en coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien va con Adrián de la Garza.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expuso que la restricción de no cambiar de candidatos es objetiva, razonable y necesaria, pues al admitir más candidatos, se modificarían las alternativas que tuvo la ciudadanía.

“No se restringe derecho de autodeterminación del partido, porque ya fueron ejercidos al proponer candidato en la elección ordinaria, y la elección extraordinaria está regulada por normas determinadas y que los partidos ya conoces y dentro de ellas decidieron participar en la ordinaria”, dijo el magistrado Rodríguez Mondragón.

Además, mencionó que hay una jurisprudencia del año 200 en la que se validó la constitucionalidad del Artículo 16 de la Ley Electoral del Estado, el cual establece que los partidos deben de participar con los mismos candidatos.

En el proyecto del magistrado, también se proponía regresar la elección para el 16 de diciembre, que era la fecha que inicialmente planteaba la Comisión Estatal Electoral (CEE), pero el ajuste del calendario fue rechazada por cuatro de los siete magistrados, al considerar que no era materia para el TEPJF y además que no fue impugnada la fecha.

Solamente Felipe de la Mata y la magistrada presidenta Janine Otlálora votaron a favor de la totalidad del proyecto, incluyendo adelantar la fecha de la elección para el 16 de diciembre.

Las sentencias de Monterrey y la falta de certeza en las reglas

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A la falta de certeza en la elección extraordinaria de Monterrey contribuyó la administración electoral. Pero también abonó a ella un sistema de justicia electoral cuyo diseño cada vez sirve menos para generar certeza sobre las reglas de una elección. Este quiebre institucional se evidencia aún más en el contexto de la elección extraordinaria más grande que jamás se haya organizado en México.

Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado y por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los resultados de Monterrey generaron “falta de certeza por parte de las autoridades de la cadena impugnativa” (SUP-REC-1638/2018 y acumulados, p. 22).

No obstante, la sentencia de nulidad de la Sala Superior del TEPJF del pasado 30 de octubre también sumó elementos de incertidumbre.

Subrayo el cambio de sentido en unas cuantas horas. El proyecto del Magistrado Felipe Fuentes proponía revocar la sentencia de la Sala Regional y regresar el triunfo a Adrián de la Garza (Reforma, 30 de octubre de 2018). Este proyecto no alcanzó la mayoría y se construyó uno nuevo proponiendo la nulidad de toda la elección de Monterrey. Surgen las preguntas siguientes: ¿Puede un Magistrado cambiar completamente el sentido de su proyecto de sentencia antes de la discusión en sesión pública? ¿Son los tribunales constitucionales órganos cuasi parlamentarios que deben buscar en primer lugar obtener mayorías, antes que el convencimiento de sus pares, de los justiciables y de la sociedad por medio de la expresión de razones jurídicas para sustentar su proyecto? Si un tribunal constitucional desea construir certeza, estas preguntas deben ser respondidas en sentido negativo.

Me enfoco ahora en el fondo. La Sala Superior repite constantemente que hubo irregularidades en cuanto a los paquetes electorales y su cómputo en 186 casillas. La Sala concluye que con ello se afectó el principio de certeza y autenticidad de toda la elección. Más preguntas: Dentro de un universo de 1,606 casillas instaladas, ¿irregularidades en 186 casillas son suficientemente graves desde el punto de vista cuantitativo? Sin duda no, porque esa cantidad de casillas representa el 11.58 por ciento del total de las casillas instaladas. Por otra parte, si a la Sala Superior le preocupaba el principio de certeza, ¿por qué no señala específicamente en su razonamiento cuáles fueron las casillas respecto de las cuales se acreditaron irregularidades en los paquetes electorales y el cómputo?

Esta sentencia, desafortunadamente, no es la única que ha abonado a la falta de certeza en la elección extraordinaria de Monterrey. En efecto, una vez que la Comisión Estatal Electoral fijó el día para la jornada electoral extraordinaria y determinó que según la Ley Electoral los partidos políticos y coaliciones no podían cambiar de candidaturas, MORENA impugnó este acuerdo directamente ante la Sala Superior, saltándose (per saltum) las instancias del Tribunal Local y de la Sala Regional. La razón de fondo de MORENA para inconformarse es que deseaban (aún desean) postular una candidatura a la Alcaldía diferente a la que presentó la coalición en la elección ordinaria. Sin embargo, la Sala Superior consideró que el asunto debía ser analizado primero en el Tribunal Local y posteriormente en la Sala Regional. Una decisión más de la Sala Superior que abonó a la falta de certeza, porque aún ahora no existe certeza sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley Electoral que prohíbe cambiar de candidaturas en una elección extraordinaria.

Efectivamente, primero el Tribunal Local (JI-320/2018 y su acumulado), y posteriormente la Sala Regional Monterrey (SM-JRC-381/2018), dotaron de mayores dosis de incertidumbre a la elección. La primera sentencia permitió nuevas coaliciones e incluso nuevas candidaturas; la segunda, por su parte, confirmó la posibilidad de nuevas coaliciones, aunque con las mismas candidaturas. Demasiadas interpretaciones sobre un artículo muy claro: “Los partidos políticos no podrán cambiar de candidato o candidatos….” (Art. 16 de la Ley Electoral de Nuevo León). Norma que ya ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Acción de Inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada 10/99).

La sentencia del TEE, además, deja de pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Electoral que le planteó MORENA, con lo cual abona a la incertidumbre que todo tribunal debe evitar. Sin embargo, la sentencia de la Sala Regional Monterrey deriva consecuencias jurídicas que resultan aún más ambiguas. En efecto, esta sentencia confirma el derecho a crear nuevas coaliciones, pero obliga a que postulen las mismas candidaturas que en la elección ordinaria, salvo que exista renuncia, fallecimiento o inhabilitación. Pensemos en la nueva coalición PRI-PVEM: Si Adalberto Madero no renuncia a su cargo, ¿quién encabezará la planilla? Pero pensemos en el problema inicial, esto es, la coalición de MORENA-PES-PT. Para ellos, la sentencia de Sala Monterrey implica un efecto negativo: Si constituyen una nueva coalición MORENA y PES, debe ser con las mismas candidaturas de la elección ordinaria, esto es, con el candidato a la Alcaldía cuyo origen partidario es del PT, “Pato” Zambrano; pero si MORENA y PES no desean a este candidato, entonces se quedan fuera de la contienda porque individualmente no pueden postular nuevas candidaturas, esto es, están obligados a ir en coalición y con una candidatura que no desean.

Esta incertidumbre y confusión podría haberse evitado si la Sala Superior hubiese admitido el juicio per saltum que le planteó originalmente MORENA (actualmente hay tres recursos de reconsideración esperando ser resueltos por la Sala Superior faltando menos de un mes para la elección).

En fin, para cuando finalmente tome posesión la planilla ganadora lo único que nos quedará cierto es que en una elección extraordinaria la falta de certeza no es solo responsabilidad de las autoridades administrativas. También los tribunales contribuyen a ella con: i) la judicialización excesiva; ii) la atomización de las instancias jurisdiccionales, pero sobre todo iii) la inflación interpretativa de las normas. 

¡Qué paradoja!: quienes adujeron que en la elección ordinaria hubo falta de certeza son quienes ahora la fomentan. Los Tribunales deben crear condiciones de certeza en cuanto a las reglas del juego, no fomentar la incertidumbre.

Madero impugnará la alianza PRI-PVEM

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El ex candidato a la alcaldía de Monterrey por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Adalberto Madero, aseguró que impugnará la decisión de la Comisión Estatal Electoral (CEE) de ratificar la coalición del PVEM y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que participaran en las elecciones extraordinarias con Adrián de la Garza.

En conferencia de prensa, Madero dijo que el nunca renunció a su candidatura, por lo que esta en su derecho de participar en la elección del 23 de diciembre con el Verde.

“Ese acuerdo lo vamos a volver a combatir esta semana. Este acuerdo que se tomó ayer lo vamos a combatir en tiempo y forma”, dijo el también ex alcalde de Monterrey.

Madero, dijo que por la brevedad del tiempo en que deben de resolver, se saltará al Tribunal Electoral del Estado (TEE) y llevará su caso directamente a instancia federales.

Además, acusó al PVEM de haber llegado a un arreglo económico con el PRI para quitarle la candidatura.

Maderito impugnará coalición PRI-PVEM

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Adalberto Madero, quien hasta hace unas horas era el abanderado del Partido Verde Ecologista se México (PVEM), para la elección de Monterrey, informó que impugnará la alianza entre ese partido y el Revolucionario Institucional, ya que no ésta de acuerdo con ella.

“Voy a denunciar la alianza PRI-Verde. Me avisaron, pero yo siempre me opuse”, dijo el ex panista.

Apenas anoche, y en la última hora antes de que venciera el plazo para registrar coaliciones, el PRI y el PVEM formalizaron ante la Comisión Estatal Electoral (CEE) la alianza “Monterrey Seguro”.

Van el PRI-PVEM juntos en elección extraordinaria de Monterrey

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Ayer a las 23:00 horas, una hora antes de que venciera el plazo para el registro de coaliciones para la elección extraordinaria de Monterrey, el partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México anunciaron el acuerdo para ir juntos en los comicios, bajo la coalición “Monterrey Seguro” y con Adrián de la Garza como su candidato.

El dirigente estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño, anunció la coalición en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que apenas el viernes pasado, Madero, anunció una posible coalición con el Pato Zambrano, candidato del Partido del Trabajo (PT).

Podrían ‘Maderito’ y ‘Pato’ Zambrano unirse en elección regia

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Los candidatos a la alcaldía de Monterrey del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Adalberto Madero y del Partido del Trabajo (PT), Patricio Zambrano, dieron a conocer esta mañana, que uno podría declinar por otro durante antes de la elección extraordinaria de Monterrey del próximo 16 de diciembre.

Ambos candidatos aseguraron que el objetivo de unirse es para impedir que el PRI o PAN ganen la alcaldía de Monterrey, además acusaron a ambos institutos políticos de haber hecho un cochinero en la elección de julio.

Cabe mencionar, que ninguno dio una fecha aproximada para decidir si contenderán juntos o separados, y se limitaron decir que siguen analizando sus coincidencias y diferencias.

Al ser cuestionados sobre el posible cambio de fecha, Madero dijo que esa era la intención del PRI, pero que en realidad no les afecta.

Zambrano fue cuestionados sobre la decisión de Morena de ir con otro candidato, a lo que respondió que era un asunto interno de ese partido.

Diputados discuten consulta sobre NAIM

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El Pleno de la Cámara de Diputados discute un punto de acuerdo propuesto por el PRI en el que se pide aclarar la base de legalidad y la metodología de la encuesta sobre el nuevo aeropuerto.

Asimismo, demanda al equipo de transición y al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que respeten la legalidad, la imparcialidad y la viabilidad técnica en la construcción de la obra.
Hasta ahora, el PVEM, PRD y MC alertaron sobre la ilegalidad del ejercicio.
Morena aceptó la discusión en el Pleno, pero advirtió que no aceptarán la propuesta.
El diputado del PT Benjamín Robles argumentó que les duele perder el negocio.

“Se acabaron sus negocios al amparo del poder”, dijo.

Diputados aprueban topar salarios de funcionarios

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Con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención diputados avalaron en lo general la Ley de Remuneraciones que establece que ningún funcionario ganará más que el Presidente y la reducción de salario a burócratas.

Con esta norma se sustentará la reducción en el sector público que planea hacer el Gobierno de López Obrador a partir del 1 de diciembre.

Los artículos del 1 al 17 de la Ley, dos del Código Penal Federal y los dos primeros transitorios del proyecto de decreto fueron reservados antes de la votación en lo general.

El proyecto de Ley fue aprobado en el Senado en noviembre de 2011 y desde entonces quedó congelada su discusión en San Lázaro hasta este jueves, con la dispensa de discusión previa en comisiones.

Durante la discusión, diputados del PVEM, PRI y PAN manifestaron su apoyo a la Ley, pero advirtieron falta de armonización y consecuencias en el servicio público, y, señalaron, presentarán reservas.

Por su parte, el diputado de MC, Tonatiuh Bravo, dijo que la Ley está en los compromisos de su bancada de combatir el derroche, aunque señaló que se deben corregir deficiencias.

El proyecto fue propuesto por el PRD en el sexenio de Felipe Calderón y su objetivo es regular las remuneraciones de los Servidores Públicos de los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos y demás entes públicos.