LA DICTADURA HETEROSEXUAL

Este sábado 10 de septiembre es la marcha nacional organizada por el “Frente Nacional por la Familia“, entre comillas, porque no se están manifestando a favor de ella, sino en contra de todas las familias.

Las personas que promueven este tipo de marchas no se manifestan por “sus derechos”, sino en contra de los de otras personas.

Si un grupo de hombres saliera hoy a manifestarse en contra del voto de las mujeres y promoviera una iniciativa de ley para removerlo, ello no sería manifestar una opinión, sino promover un discurso de odio por razón de género. El caso de ahora es el mismo, pero con discriminación por orientación sexual.

Se habla de una “dictadura gay” que viene a “meterse con nuestros hijos”, cuando al parecer la “dictadura” real es la heterosexual.

En México, la Suprema Corte se tardó, pero ya declaró inconstitucional la norma que prohiba a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Este criterio es jurisprudencia obligatoria.

Asimismo, la Corte también declaró en jurisprudencia obligatoria la inconstitucionalidad de la norma que incluya la procreación como finalidad del matrimonio.

No obstante lo anterior, aún hay personas que eligen discriminar y odiar sin fundamento real.

El Frente quiere promover una iniciativa de ley para impedir a las personas del mismo sexo casarse y formar una familia. Ésto sería totalmente inconstitucional y no tendría validez, por lo que el “esfuerzo” es inútil.

Se supone que el Frente está “armado” con abogados y abogadas. Si ésto es cierto, seguro están conscientes de que su iniciativa discriminatoria no tiene sentido. ¿Por qué insisten en meterse en la vida de las demás personas aun y sabiendo que no van a lograr nada?

¿Realmente es la comunidad LGBTTTIQ la que se está metiendo con sus hijos e hijas? ¿O son las mismas personas del Frente quienes les están inculcando abiertamente la desigualdad a sus propios hijos e hijas, adoctrinándoles para pensar que la ciudadanía no es única, sino que se divide en clases?

La lucha por los derechos de las personas LGBTTTIQ es la batalla de los derechos civiles de nuestro tiempo: estas personas no son ciudadanas de segunda clase frente a las personas heterosexuales. Se trata de derechos humanos, no de privilegios, como este Frente se ha empeñado en difundir.

Si las personas heterosexuales tienen derecho a casarse con la persona que aman, buscar lo mismo para las personas homosexuales no es privilegio, es igualdad de derechos.

Exactamente lo mismo es con la adopción. No es posible que una persona soltera pueda adoptar, pero si resulta que esta persona soltera es homosexual, automáticamente pierde su derecho.

Está comprobado científicamente (por estudios de la Universidad Clark de Massachusetts, la de Melbourne, la de Cambridge, la de Washington, etc.) que los niños y niñas que crecen en una familia de una pareja del mismo sexo tienen el mismo nivel de desarrollo que los de una familia de una pareja heterosexual.

Se ha comprobado (según estudios de la Universidad de California, de Padova, de Lethbridge, etc.) que la homosexualidad no es una decisión, sino una combinación de factores epigenéticos, hormonales y ambientales.

Empero, si la orientación sexual de una persona es una cuestión biológica o una decisión es irrelevante porque si resultase que indubitablemente es una decisión, esto no le quitaría sus legítimos derechos.

La conversación no debe girar en torno a si la orientación sexual es biológica o no, sino en torno a si todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, independientemente de nuestras condiciones biológicas y de nuestras decisiones de la vida diaria. Y la respuesta es sí: sí tenemos los mismos derechos y hay que respetarlos.

Las parejas del mismo sexo no se meten con los derechos de las parejas de distinto sexo; tampoco se meten con sus hijos e hijas. ¿Qué les hace creer a las personas heterosexuales que tienen ese derecho? No lo tienen.

El problema no es el entorno familiar de la niñez que vive con una pareja homosexual, sino el estigma social y la discriminación que estas familias sufren por parte de la sociedad heteropatriarcal.

De acuerdo a varias disposiciones de la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las conductas discriminatorias en las que incurre el Frente pueden ser materia de sanciones administrativas y de medidas de reparación, además de ser violatorias de la Constitución federal.

Resulta preocupante que se esté promoviendo un discurso de odio en las calles, pero es más preocupante aún que esta homofobia que mata –porque sí mata– se esté promoviendo dentro de casa.

La niñez no peligra con el reconocimiento ni la promoción de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ, la niñez peligra con la tolerancia a la homofobia y, en general, a todo tipo de discriminación y de odio.

mariasantosv.blogspot.mx

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

Y se hizo la paz… El 24 de agosto, representantes del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron la consecución, después de cuatro años de negociaciones, de un pacto final de paz. Son 52 años de conflicto, que probablemente generaron más de los 220,000 muertos, 45,000 desaparecidos, y 5 millones de desplazados contabilizados, los que hoy podrían estar terminando.

En esta tercera (y última) entrega de esta serie del Talón de Aquiles dedicado al proceso de paz en Colombia, detallo la descripción sobre lo acordado ya iniciada en el artículo anterior e identifico algunos de los retos más apremiantes en el corto plazo para avanzar en el camino del establecimiento de una paz sostenible.

El Acuerdo General de Paz, cuyo nombre oficial es “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” es el resultado de seis acuerdos parciales alcanzados a lo largo de los últimos cuatro años: el de “Reforma Rural Integral” (26/05/2013), el de “Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz” (6/11/2013), el de “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (4/05/2014), el de “Víctimas” (15/12/2015), el de “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas” (23/06/2016), y el de “Mecanismos de implementación y Verificación” (24/08/2016).

En el acuerdo definitivo no aparecen los pactos parciales necesariamente en el orden cronológico en el que fueron firmados, lo cual se explica por el imperativo de dotar de coherencia al texto final. Conviene también recordar que la negociación fue compleja.

El acuerdo de cese del fuego, por ejemplo, contiene dos sub-acuerdos: el de “Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil – en lo Económico, lo Social, y lo Político – de Acuerdo con sus Intereses”, y uno con un nombre un tanto largo: el de “Garantías de seguridad y lucha contra las Organizaciones Criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra Defensores de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, o Movimientos Políticos, incluyendo las Organizaciones Criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del Paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Los acuerdos son complementados por una serie de anexos. Declaran los negociadores que en su conjunto, este marco es un “todo indisoluble”.

¿Qué se firmó?

El acuerdo de desarrollo agrario se enfoca en corregir lo que las FARC-EP interpretan como las “causas históricas del conflicto”, ligadas a la necesidad de una reforma agraria. Por ello, crea una “Jurisdicción Agraria” para proteger derechos de propiedad, entregar predios a los “sin tierras”, formalizar las fincas de pequeños y medianos propietarios, e implementar programas de reconversión productiva (desarrollo con enfoque territorial).

Los planes tienden a borrar las brechas entre el mundo urbano y el rural, pues son guiados por lineamientos del uso del suelo y financiados por esquemas de crédito y estímulo a la productividad (entre ellos la economía social solidaria). El acuerdo también busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

El pacto de participación política abre el sistema a la participación de nuevas fuerzas. Resalta la aceptación, por parte de las FARC-EP, de la democracia como un sistema legítimo. También llama la atención el énfasis para promover la inclusión de las mujeres en la política activa y la idea de establecer sistemas de “alerta temprana” y “planes de evacuación” para salvaguardar la vida de la reinsertados.

Estas dos últimas medidas son comprensibles si se recuerda la masacre a las que fueron expuestos los líderes de la Unión Patriótica durante los años 1980. Además, crea el pacto “Circunscripciones Especiales de Paz” para que las regiones más golpeadas por el conflicto puedan elegir legisladores bajo un régimen especial.

Falta determinar cómo entienden las FARC-EP la “democracia”, si bien la referencia a la participación ciudadana comunitaria y regional, y a las veedurías ciudadanas, entre otros, sugiere una concepción más cercana a la democracia “participativa”.

El acuerdo sobre la cuestión de las drogas parte de la premisa que las causas del conflicto no tienen que ver con el narcotráfico. Dicha concepción se contrapone a la que se ha venido manejando por las autoridades gubernamentales al menos durante los últimos quince años. Además, el acuerdo propone un plan de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos ideado por autoridades nacionales, regionales y locales, para que las comunidades inmersas en esta economía ilegal puedan reconvertirse.

Paralelamente, se plantea abordar el consumo de drogas como un asunto de salud pública (lo cual implica crear un sistema nacional de atención para favorecer la rehabilitación y reinserción social de los consumidores). Se propone también focalizar las políticas de lucha contra el crimen organizado en las altas esferas y en el lavado de activos. En una referencia implícita al Plan Colombia, señala el acuerdo que esta política debe estar guiada por los principios de soberanía nacional y de no intervención extranjera en los asuntos del Estado colombiano.

El acuerdo sobre víctimas crea una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no Repetición. Se crea también una Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, se fortalece el programa de reparación integral para víctimas de la violencia y se establece una Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho organismo es autónomo y, con la idea de contribuir a la verdad y la reparación, se concentra en indagar delitos de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra (toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, y violencia sexual, entre otros).

En fin, las garantías de no repetición se relacionan con cambiar las condiciones sociales, económicas, y políticas que causaron el conflicto y que lo han alimentado durante décadas. Mención especial merece aquí la lucha contra la impunidad, tan presente en Colombia como en otros países de la región, y a la cual me referiré, con mayor detalle, en otra ocasión.

El acuerdo sobre el fin del conflicto establece una hoja de ruta para que el proceso de desarme y desmovilización, bajo la responsabilidad de la ONU y de representantes del Gobierno y de las FARC-EP, haya finalizado a más tardar 180 días después de la firma del acuerdo final.

Se autoriza el despliegue de observadores desarmados de países miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se ordena a al Ejército reorganizarse para dejar pasar a las columnas de las FARC-EP hacia una de las 23 zonas de concentración designadas para la “transición y la normalización”.

Se trata de zonas desmilitarizadas en donde las ordenes de captura quedan sin efecto, y en donde se prohíben, salvo algunas excepciones, militares o guerrilleros armados. Y, por supuesto, se establece un mecanismo de solución de controversias. El pacto contiene también compromisos para facilitar la conversión de las FARC-EP en partido político (disposiciones legales, de financiamiento, acceso a medios, seguridad, representación, creación de un centro de pensamiento, etc.), clarifica el camino que deben seguir los niños soldados que salgan de las zonas de concentración, y otros.

En fin, se crean medidas de seguridad contra posibles sabotajes por parte de grupos ligados a los antiguos paramilitares, previsión comprensible si se recuerdan los sabotajes por parte de estos grupos a los que estuvo expuesto el proceso de paz impulsado por el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

En fin, el acuerdo de implementación y verificación establece la “Comisión de Implementación, Seguimiento, y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, la cual quedó instalada al día siguiente de la firma final de paz. Este acuerdo focaliza en los elementos logísticos del acuerdo de paz.

Lo difícil comienza ahora

Es momento de celebrar con optimismo. El acuerdo es inédito en múltiples aspectos. Hablar de “reforma agraria” en Colombia es, en sí, revolucionario, y constituye un cambio retórico profundo en las élites políticas del país. Proponer tratar el tema del consumo de drogas como un asunto de salud pública está en línea con las tendencias de buscar nuevos enfoques para tratar el tema sin “criminalizarlo” y alejándose de las restrictivas consideraciones de “seguridad”.

Indicar explícitamente que se requieren garantías de no-repetición equivale a reconocer implícitamente que de poco sirve pactar, desarmar, desmovilizar, y reinsertar si poco tiempo después hay rearme, movilización, y reactivación de grupos armados no-estatales. Y hablar de equidad de género, incluir una reflexión sobre el multiculturalismo en Colombia, y mencionar explícitamente los derechos de la comunidad LGBTI, constituyen, en mi opinión, innovaciones sustanciales en materia de diseño de acuerdos de paz.

La celebración, sin embargo, debe ser sobria, y el optimismo mesurado, pues lo difícil comienza ahora. El camino a la paz está plagado de violencia. El proceso, por supuesto, es vulnerable. Primero, existe una fuerte y dinámica oposición al mismo, la cual indica que la justicia transicional – el “Tribunal del Terrorismo” como lo llaman – dejaría crímenes sin castigar. Los acuerdos señalan que quienes admitan haber cometido delitos como secuestro y ejecuciones recibirían penas reducidas.

Crímenes menos graves, como el tráfico de drogas, podrían también ser amnistiados (si bien el pacto identifica casos en donde no aplica la amnistía). Se trata aquí del clásico vaivén de los procesos de paz, muy delicado por cierto, entre justicia y perdón. Todos no pueden ser encarcelados, pero tampoco se debe permitir que crímenes graves queden impunes.

La oposición también señala que la reinserción premia la militancia armada. Concretamente, el expresidente Álvaro Uribe indica que el proceso desacredita a la democracia y legitima a insurgentes que no tienen razón de ser, pues no lucharon contra un régimen autoritario como los existentes en la América Latina de antaño. La campaña del plebiscito se anuncia entonces intensa, entre un Gobierno creíble a nivel internacional pero impopular a nivel interno, y una oposición poco creíble a nivel internacional pero popular en el país.

En cuanto a las FARC-EP, uno de sus principales retos es salvaguardar su cohesión. En marcos de pacificación, no es extraño observar fraccionamientos internos entre aquellos que respetan lo negociado y los que no. Así ha sucedido en África, en Centroamérica, así sucedió en Colombia en el pasado, y puede volver a suceder.

El punto es garantizar que la mayoría adhiera al proceso, que la disidencia sea insignificante. Pero ello no es necesariamente fácil. Una guerrilla constituida hoy por los nietos de sus fundadores, por personas que nacieron, crecieron, y se educaron en la selva, en un ambiente militar, y cuyas redes sociales están intrínsecamente ligadas a la insurgencia, no se irán simplemente a un pueblo para fundar un restaurante o una zapatería.

O, más exactamente, tal vez es eso lo que el proceso de paz pide a muchos de estos exguerrilleros. La “reinserción” social nunca es fácil; aun menos lo es cuando más bien se trata, en muchos de los casos, de una “inserción”. Además, el peligro de ser asesinado en el proceso es real. Y, por supuesto, existe el reto de aprender a ser un “político”: no es lo mismo ser un guerrillero que lucha por un proyecto de sociedad revolucionario, que ser un político “insertado” en el sistema, y que busca reformas paulatinas. El Frente Primero de las FARC-EP (Provincia de Guaviare) ya indicó que una de sus facciones no se adhiere al proceso.

Procesos de Paz de Colombia (tercera parte)

Este proceso demuestra que en Colombia solo tienen éxito las iniciativas de paz en las cuales los insurgentes ya habían decidido dejar las armas antes de sentarse a negociar. En decir, la voluntad de desarmarse en este país no es un resultado de procesos de paz (como sí lo es en otros casos), sino un requisito para iniciarlos. Ahora, este proceso tiene especificidades que merecen ser mencionadas. El acuerdo tiene una programación clara, un rol bien establecido para la verificación internacional, y protocolos concretos que indican cómo implementarlo.

En ese sentido, se trata de una propuesta seria. Además, parece generar apoyo de las instituciones nacionales. El 19 de julio, la Sala Constitucional aprobó el plebiscito para la paz y se fijó su fecha de realización para el 2 de octubre. Indicaron los magistrados que el resultado es vinculante para el Presidente (no así para los otros poderes públicos).

A nivel financiero – uno de los retos de la reconstrucción en todo post-conflicto es el financiamiento – el Gobierno de Colombia suscribió un crédito externo con el Banco de Desarrollo Alemán de hasta USD 100 millones para financiar temas de paz durante diez años. La Unión Europea está también considerando la posibilidad de crear un fondo fiduciario para ayudar con las tareas de establecer una paz sostenible.

Como lo indiqué en mis anteriores entregas sobre este tema, no se entra a una etapa de “post-conflicto” hasta que no haya un acuerdo de paz definitivo con todos los actores armados, lo cual incluye en este caso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que hoy en día sigue activa.

En marzo, el Gobierno y los elenistas anunciaron el inicio de una negociación paralela al de las FARC-EP. Parece entonces haber conciencia sobre la importancia de evitar un escenario de “paz fragmentada”. En la actualidad, sin embargo, el proceso está en un punto muerto. De hecho, se sabe que algunos de los guerrilleros de las FARC-EP, que no aceptan la desmovilización, han decidido “pasarse” al ELN. En suma, si bien es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho, vale la pena aceptar el reto de convertir lo dicho en hecho, aunque haya que caminar con cuidado para no terminar maltrecho. Por una Colombia en Paz, si pudiera yo votaría “Sí”.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Septiembre de 2016)

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

México: el país donde nada pasa

El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 65/209 declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Para la Asamblea General en su resolución 47/133, son víctimas de desaparición forzada, las personas que sean arrestadas, detenidas o trasladadas contra su voluntad, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra manera por agentes estatales, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno, ya sea con su apoyo directo o indirecto, autorización o asentimiento, y que después se niegan a revelar la suerte o el paradero de estas personas o niegan reconocer que están privadas de la libertad.

Las desapariciones forzadas comenzaron siendo una práctica común de las dictaduras militares con el propósito de infundir terror en la sociedad y como método de represión política. En la actualidad se considera un problema mundial, es decir no solamente le afecta a una región o país; es una enfermedad que la padecen o padecieron países, entre los que se encuentran Siria, Egipto, España, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, Camerún, Ruanda y muchos más.

En nuestro país ha sido una realidad constante, una práctica por parte de las autoridades que se fue haciendo más frecuente, hasta el punto de convertirse en costumbre. Si eres sospechoso de estar involucrado en actividades políticas, sociales, o delictivas, método de solución es la desaparición.

La CIDH señaló en su último informe, que México atraviesa una preocupante crisis de derechos humanos, existe una brecha abismal entre el marco jurídico y su situación social. Mencionó que en los años de la guerra sucia, las autoridades gubernamentales, utilizaban la desaparición forzada para reprimir a los activistas políticos y en la actualidad se extendió a cualquier persona.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para el año del 2015 se reportaban 26.789 no localizadas. La Secretaría de Gobernación determinó que el número eran de 16, 000 y la CNDH estableció que hasta el momento no existe certeza ni cifras claras, o estadísticas claras de personas desaparecidas.

El Estado mexicano solo ha demostrado su incapacidad para realizar investigaciones concretas, sancionar, y garantizar justicia a las víctimas y sus familiares. En vez de realizar y activar mecanismos efectivos para realizar búsquedas serias, imparciales y expeditas a las víctimas, el gobierno se ha enfocado en intentar “desmentir” a todos los organismos protectores de derechos humanos, internacionales como nacionales.

Cuando el relator para la tortura de la ONU Juan Méndez, manifestó que en México la tortura es una práctica generalizada, la SRE solo se limitó a contestar: “eso es incongruente, esto no corresponde con la realidad”.

En la última recomendación que emitió la CNDH respecto a las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán respecto a las 22 ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y manipulación de evidencia, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló de “radical” el informe, estableció que los policías se encontraban actuando en legítima defensa. Respuestas como estas ocurren cada vez que alguien cuestiona a la autoridad, vivimos en un país donde cuestionar y pedir justicia se traduce en exageraciones por parte de la sociedad.

Para el gobierno mexicano, aquí nada pasa. ¿Desapariciones? No, ¿tortura? No es generalizada, ¿muertes extrajudiciales? No existe el tipo penal. Desconocer y justificarse ha sido el único método de solución para la autoridad. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Frente Nacional x la familia ¿Homofobia enmascarada?

“La vida buena está inspirada en el amor y guiada por el conocimiento”
Bertrand Rusell

A raíz de que el presidente, Enrique Peña Nieto, diera a conocer las iniciativas de ley en materia del matrimonio igualitario, adopción homoparental y certificado de género, diversos grupos comenzaron a expresar inconformidad ante estas propuestas legislativas, bajo el discurso de la defensa del matrimonio tradicional y de “nuestros hijos”.

Entre dichos colectivos, se encuentra el llamado “Frente Nacional x la familia”, el cual se destaca por buscar promover el mantra previamente mencionado, a través de la programación de movilizaciones por todo el país; al ciudadano no alineado a estos colectivos, le resulta inevitable preguntarse ¿por qué motivo se menciona “en defensa”, del matrimonio tradicional? ¿No se supone que, para defenderse, primero uno debe ser atacado? ¿De qué se están defendiendo?

Francamente, no comprendo como el hecho de que el matrimonio logre ampliarse constitucionalmente, para que las parejas del mismo sexo tengan permitido unirse legalmente, funja como un factor que vulnere los matrimonios heterosexuales.

Tal posición me resulta equivalente a concebir una escena de siglos atrás, donde los estadounidenses simpatizantes de los estados confederados observaban la libertad de los afroamericanos como una amenaza para la libertad propia, cerrando de esta forma, su corazón hacia la bondad y la solidaridad que todo ser humano debería tener en común con sus hermanos.

Por otro lado, me resulta inconcebible que aquel grupo hondee la bandera de protección hacia los hijos, ya que ¿dónde estaban ellos, cuando la violencia azotaba nuestro estado y comprometía la seguridad de los menores?; O bien ¿por qué no están defendiendo a sus niños, protestando contra los escándalos de pederastia llevados a cabo por sacerdotes? ¿Y qué hay de la desnutrición infantil a la que un gran número de infantes de nuestra nación se enfrentan todos los días? ¿Por qué no protestan por estas problemáticas, las cuales verdaderamente arruinan la infancia de los niños?

Analizando esta ausencia de movimiento ante conflictos pasados y actuales, que realmente se conciben como un calvario para los más chicos, se entiende que este lema es tan solo una máscara, la cual oculta una intolerancia hacia la homosexualidad.

Asimismo, la oposición frente a estas banderas no solo habrá de provenir de la defensa hacia la igualdad en derechos humanos, sino que también hacia la defensa del estado laico pues, ¿Cómo es posible que, después de tantos años de haber separado la religión del estado, se observe tanta dificultad en legislar en favor de la progresividad de derechos, debido a la moral religioso?

Simplemente no debe permitirse que una nación que defiende lo secular de sus instituciones gubernamentales y poderes, caiga en dicho juego y titubee al momento de garantizar la ampliación de las garantías individuales.

Finalmente como país que instituyó en sus bases el hecho de ser una nación laica, no debe dejar que se limite la educación sexual (como se observó en nuestro estado no hace mucho tiempo por parte de otro grupo de corte conservadora), pues la educación pública debe fundarse sobre bases científicas, libres de ideas religiosas.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Más libertad, por favor




Después de una incansable lucha por reconocer y transformar el sistema penal conforme a estándares internacionales de derechos humanos, en junio de 2008 se aprobó la Reforma Constitucional en materia penal. Específicamente fortaleciendo el sistema en seguridad y justicia. Dicha reforma consistió principalmente en pasar de un sistema inquisitivo (considerado obsoleto) a uno acusatorio.

El Poder Legislativo determinó que la entrada del nuevo sistema tendría un plazo de ocho años. Plazo que hace dos meses expiró, dando entrada formal al nuevo sistema acusatorio.

Además de entrar en vigor de la reforma en todo el país, también se aprobó en el mismo mes la Ley Nacional de Ejecuciones Penales (LNEP), la cual tiene como objetivo restaurar la administración y operación de los Centros Penitenciarios, y sobre todo procurar la reinserción de las personas privadas de la libertad, la cual consiste principalmente en la capacitación de áreas: sociales, deportivas, educativas, de salud y trabajo, atendiendo en todo momento al respeto de los derechos fundamentales del interno(a).

LNEP contempla dos beneficios que se le pueden conceder a las personas privadas de la libertad; los cuales son la libertad condicionada y la libertad anticipada (1).

Para poder acceder a cualquiera de alguno de los beneficios penitenciarios las y los internos deben de cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran: que no exista un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, tener buena conducta, cumplir con el plan de actividades, haber cubierto la reparación del daño, y no estar sujeto a otro proceso penal.




En el caso de la libertad condicionada, haber cumplido con la mitad de la pena y para la libertad anticipada haber cumplido con el setenta por ciento de la pena impuesta en caso de delitos dolosos y la mitad de la pena tratándose de delitos culposos.

Para ambos beneficios se tiene como limites los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Es decir, las personas que fueron sentenciadas por un delito de alto impacto, no puede acceder a ningún beneficio penitenciario.

En los últimos días se desató una serie de noticias en periódicos importantes de la región con titulares cómo: “Liberarán a mil 987 reos”, “Alcalde discrimina a reos”, “Acuerdan ver casos de reos que serían liberados”; En primer lugar, referirse como “reos” a una persona que esta privada de la libertad, es discriminatorio y despectivo, los términos correctos son: persona privado de la libertad o interno(a); y en segundo, las y los jueces no liberan por liberar.

El objetivo de los beneficios penitenciario es lograr disminuir la sobrepoblación y el hacinamiento que existen actualmente en las prisiones mexicanas, el cual fue provocado por el uso desmedido de la prisión por parte los operadores del sistema. La sobrepoblación y el hacinamiento se traduce a problemas cómo: el autogobierno, malas condiciones de vivienda e higiene dentro de los Centros, desigualdad, abuso de poder, y violaciones a derechos humanos, esto por solo mencionar algunos.

Cuando una persona privada de la libertad ha demostrado que está plenamente interesada en su reinserción social, y ha trabajado arduamente en su plan de actividades durante el tiempo solicitado, claro que se le debe conceder un beneficio penitenciario.

Atendiendo a la concepción del sistema de justicia penal y su finalidad.

El sistema de justicia penal, no es para castigar y quitarle todos los derechos a una persona que se le fue impuesta una sanción por cometer un delito. Es para reinsertar y vincular a una persona en la sociedad, no alejarlo(a) de ella.

Si pensamos lo contrario, entonces no estamos conscientes que nosotros(as) también somos parte del problema. Por lo tanto, si una persona demostró durante un tiempo considerable que ha trabajado para lograr su reinserción, ¿por qué no concederle su libertad anticipada? Si la finalidad del sistema penal no es castigar por castigar, es reinsertar a la persona a la sociedad.

Al hablar sobre las cárceles es importante comprender y observar la situación que se vive. Una realidad que lamentablemente existe en un mundo donde no debería.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) monitoreando el desarrollo del sistema penitenciario en el Estado de Nuevo León ha determinado dentro de sus resultados, cómo a través del tiempo nuestro sistema ha ido decayendo cada vez a nivel estratosféricos.

En el año 2006 se contaba con una calificación de 7.27 (considerándose “buena”) para nuestras cárceles, para el año 2010 se obtuvo un resultado de 7.02 y a tan solo dos años después se bajo hasta 5.81, terminando para el 2014 con una calificación de 5.2. (considerándose muy mala) (2)

Del último diagnóstico realizado al Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, la CNDH le otorgó una calificación de 5.72, exponiendo en dicho informe, el problema sobrepoblación, hacinamiento, la mala separación entre mujeres y hombres, así como la separación en área de ingreso, C.O.C., talleres, áreas escolares, servicios médicos, entre otros.

De igual forma, se obtuvo calificaciones de 5.59 en prevención de delito y atención de actos violentos dentro del penal, 5.57 en prevención y atención de la tortura y 4.23 en la remisión de quejas de violaciones a los derechos humanos de los internos ante la instancia competente. Sobre los aspectos para garantizar una vida “digna” dentro del Penal, se encuentra con una calificación de 2.27 en condiciones de materiales e higiene de las instanciales para alojar internos, es decir dentro de los dormitorios. (3)

Además no hay que olvidar los hechos de violencia ocurridos en el penal de Topo Chico, el 11 de febrero y 1 de junio de 2016. En donde en el primero 49 internos perdiendo la vida, y en el segundo, 3 personas y 19 resultaron heridos. Eventos que solo reflejan la situación preocupante de un sistema penitenciario plagado por la corrupción y violencia.

La responsabilidad y manejo de los penales le corresponden directamente al gobierno del Estado, el cual es el encargado de garantizar las condiciones necesarias para que una persona pueda vivir dignamente dentro de prisión. Por ello, es indispensable conocer y comprender la grave situación de los centros penitenciarios, sobre todo en Nuevo León.

Los acontecimientos ocurridos y las condiciones faltales que existen dentro del penal Topo Chico, son solo el resultado de una mala administración por parte de las autoridades. Además de la fuerte presencia de la delincuencia organizada, la cual en ningún momento ha sido fiscalizada.

Es indispensable recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar todos y sin excepción alguna los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, entre los que se encuentran derecho a una vida digna, libertad e integridad personal, y su seguridad dentro de los penales.

¿De qué sirve que las cárceles estén repletas de personas si su finalidad no se logra? Debemos de dejar de tener la mentalidad que la única manera en que una persona puede cumplir con su sanción es la pena privativa de la libertad, ese pensamiento solo ha ocasionado la creación de una sistema pesado y poco efectivo.

Debemos optar por la justicia restaurativa, y/u otras sanciones (4) las cuales sí reparen a la víctima u ofendido, así como procuran la reinserción verdadera de la persona privada de la libertad.

(1) Los beneficios penitenciarios consisten en: se le concede a una persona privada de la libertad para que pueda salir antes de cumplir su sentencia, dichos beneficios contemplan una serie de requisitos y limitantes, así como reglas para su revocación en caso de incumplir con alguna de los impuesta por las y los jueces de ejecución.

(2) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnostico por Entidad Federativa, 2014. Disponible en: http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=21

(3) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnostico por Entidad Federativa, 2014. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2014.pdf; http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=21

(4) Pueden ser: multa, trabajo a beneficio de la comunidad, inhabilitación, suspensión y privación de derecho, caución de no ofender, amonestación, publicación especial de sentencia, confinamiento, suspensión, disolución o intervención de sociedades, prohibición de realizar determinados actos, pérdida a favor del Estado.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Víctima de la justicia y el machismo




Citlali es una niña huichola que vive en el poblado de Miguel Alemán en Hermosillo, Sonora. Tiene 14 años, 14 semanas de embarazo y un cuerpo que no es más su cuerpo. Ella no sólo experimentó una violación a su integridad física, moral y psicológica, tuvo además una violación a sus derechos.

En un país donde el 61% de los ciudadanos que son víctimas de algún delito no lo denuncian, debido a que no confían en las autoridades y consideran que denunciar no sirve de nada [1], Citlali denunció. Acudió a la comisaría de su pueblo donde confirmaron el hecho, se clasificó como una violación agravada.

Ella esperaba que con esto pudiera obtener un poco de paz, ante un hecho que no tiene remedio ni consuelo alguno, la justicia y el respeto de sus derechos de parte de la autoridad era lo único que le quedaba.

Al poco tiempo Citlali se dio cuenta que está embarazada y asistió al Hospital Infantil de Sonora para realizarse una interrupción legal de su embarazo [2] , una vez más perdió el poder de decidir sobre su cuerpo, pues le negaron este derecho. Esto debido a que el juez que atendió su caso decidió reclasificar el delito como estupro, entonces Citlali no fue más víctima sino parte consciente del delito de abuso sexual que denunció.

Los abogados de Citlali han confirmado que han habido muchas irregularidades en el caso y errores por parte del Ministerio Público. Estas fallas e irregularidades son inaceptables, la supervivencia y el futuro de Citlali están en juego.




Un embarazo a temprana edad representa un riesgo para la salud y puede llevar a la deserción escolar [3], perdiendose de la herramienta que le daría las oportunidades para desarrollarse íntegramente.

El caso de Citlali no es aislado, refleja muchos de los problemas que aquejan a las mujeres mexicanas: la violencia de género, los embarazos prematuros y la mortalidad materna. Además, pone de manifiesto la discriminación que sufren las mujeres y el supuesto acceso a la justicia en casos de violencia. Niñas como Citlali, mujeres indígenas y en situación de pobreza presentan mayores dificultades para ejercer sus derechos [4].

Las mujeres víctimas de violencia no tienen un acceso fácil, oportuno y efectivo a recursos judiciales que las ayuden a sancionar y reparar los actos de los que fueron víctimas. Aunque formalmente, la Constitución y leyes promueven una vida libre de violencia, la igualdad está reconocida – meramente en el papel –pero no asegurada en la realidad.

En nuestro país la violencia contra las mujeres parece ser entendida como un asunto privado y no prioritario en la agenda política.

Nuestro gobierno carece de una visión de género que impulse efectivamente políticas integrales que ayuden para prevenir, sancionar y reparar la violencia de género; la reclasificación del delito y la descalificación de Citlali como víctima de violación lo confirman.

Citlali no decidió ser víctima de violencia, ni víctima de la justicia, pero sí decidió alzar su voz y denunciar ante el sistema de justicia y de salud que le falló. Citlali tampoco decidió ser mujer en un país, donde el machismo y la violencia de género son el pan de cada día y la justicia el lujo de unos cuantos, pero ésta es su realidad. Citlali vive en un país donde su sexo es opresión, su origen étnico discriminación y su edad vulnerabilidad.

[1] Página 49: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe
_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

[2] En todo México se permite el aborto, incluso después de las primeras 12 semanas de gestación,
cuando el embarazo es producto de una violación.

[3] De acuerdo a la OCDE 9 de cada 10 niñas que son madres dejan de asistir a la escuela en México.

[4] Página 38: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_
pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

#LatAmWithHer




13738070_1141619919237884_758552140054235125_o

Algunos no contamos con voto, pero todos tenemos una voz, que unida, llama por una América que construya puentes en lugar de muros.

Philadelphia – En la Convención Nacional Demócrata lanzamos un movimiento para todos los latinoamericanos creyentes en una nación y región inclusiva en apoyo a la primera candidata mujer a la presidencia de los Estados Unidos. No permitiremos que otros candidatos discriminen a nuestro pueblo, raíces, cultura y valores.

Somos más de 625 millones de latinoamericanos en la región unidos con los 28 millones de latinos viviendo en los Estados Unidos que no son elegibles para votar. Quizá no podamos elegir directamente a Hillary Clinton, pero nuestra voz cuenta en esta decisión que nos afecta directamente a todos nosotros.

Nuestro mensaje ha resonado en todos los rincones de la región y en apenas cinco días, ya contamos con delegados en 15 países y 22 ciudades incluyendo Ciudad De México, Monterrey, Guatemala City, Buenos Aires, Panamá City, San José, Santo Domingo, Sao Paulo, Caracas y Madrid.

Nunca antes habíamos estado tan interconectados, contando con la posibilidad de expresar nuestros sentimientos y pensamientos de manera inmediata e impactante cruzando fronteras. Hoy en día, las redes sociales nos permiten cambiar el curso de la historia luchando en contra de la discriminación y la inequidad impulsando a Latinoamérica al apoyar a Hillary, esto nos ha permitido sumar a más de 3,000 voces provenientes de toda Latinoamérica en nuestra primera semana de lanzamiento.




Utilizando el #LatAmWithHer modelado a raíz del hashtag utilizado por millones de partidarios de Hillary #IAmWithHer podemos todos contribuir a la conversación de manera proactiva y constructiva. Nuestro grupo no solo busca apoyar la elección de la primera presidenta de los Estados Unidos en Noviembre, sino que también servirá como un vínculo para promover las relaciones multilaterales con los diferentes países latinoamericanos enfatizando la promoción de los derechos humanos en particular los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad y necesidades especiales, de los afrolatinos y de la comunidad LGBT.

En palabras del Presidente Barack Obama “Hillary es la persona más preparada en la historia de los Estados Unidos como candidata para la presidencia”.  De acuerdo al candidato a la Vicepresidencia, el Senador Tim Kaine, quien sirvió como misionero en Honduras “Hillary Esta Lista”.

Como se escuchó en la Convención Nacional Demócrata “Sí se puede”. Las voces de Latinoamérica tendrán eco desde cientos de ciudades hasta el corazón de la elección por la presidencia de Estados Unidos. Que se construyan puentes por encima de los muros.

gerardo@latamwithher.org / cesar@latamwithher.org / www.latamwithher.org /

Twitter/Facebook – @LatAmWithHer

¿Ocupa “dientes” la CNDH?

No es ningún secreto que nuestro país tiene, desde hace varias décadas, una crisis en lo concerniente al respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Eventos como la matanza de Tlatelolco, Acteal, Ayotzinapa, y más recientemente, Nochixtlán, corroboran el latente problema que hoy se vive, el cual es causado en numerosas ocasiones por las mismas autoridades (nótese que, en todos los casos mencionados, existen supuestos de la participación de funcionarios públicos, además de las sospechas de intervención policial y militar).

Por otra parte, ¿qué medidas ha llevado a cabo el gobierno para solucionar esta evidente crisis? Desde hace tiempo, México se ha incorporado a organismos internacionales que velan por la protección a los derechos humanos, tales como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), o bien, el CDH (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).

Dichos organismos han señalado, en más de una ocasión, la falta de consideración que se tiene en torno al aseguramiento de los derechos fundamentales para con su población; ¿cuáles han sido las repercusiones de la integración de México a estas agrupaciones internacionales?

Si bien cabe destacar que, desde que México comenzó a fungir como miembro de diversos grupos de cooperación para el resguardo y protección de las antes llamadas garantías individuales, este ha tenido que darle una mayor ponderación a las mismas, así como aceptar la intervención de aquellos grupos, en casos que han causado gran difusión mediática, el problema no ha logrado disminuir más que de forma tenue.

A pesar de este supuesto “compromiso” para mejorar la defensa de nuestros derechos por medio de la subscripción antes dictada, los ataques y la represión continúan formando parte de la vida diaria de los mexicanos, sin importar si estos tienen como profesión el periodismo (México es calificado como el país con mayor riesgo para tal empresa), o si son maestros o aspirantes a los mismos (previamente mencionado de Ayotzinapa), o bien si son campesinos (San Quintín).

Ahora bien, ¿qué es lo que falta hacer para mejorar esta situación y garantizarle la dignidad y la existencia a cada miembro de la nación? Lo primero que habría que hacer es, reforzar nuestras instituciones antes de estar firmando acuerdos que sabemos, no vamos a cumplir; actualmente tenemos instituciones como la CNDH, la cual tiene por objeto la defensa de derechos humanos. No obstante, ¿cómo es posible que esta misma pueda defender nuestros derechos si su función se encuentra limitada a la “emisión de recomendaciones”?

Es preocupante observar casos, como lo ocurrido en Veracruz, donde pudimos ser testigos de una abierta represión hacia el periodismo y hacia todo aquel que se opusiera al gobernador, Javier Duarte, en donde las recomendaciones del organismo mencionado no trascendieron, a lo mucho, a un “jalón de orejas”.

Si en verdad queremos mejorar esta deplorable situación por la que pasamos, si en verdad queremos construir una nación más prospera y garantista de derechos, deberíamos empezar por darle “dientes” a nuestras instituciones protectoras de derechos fundamentales.

¿Cómo empezar con dicho cambio? Con algo tan simple como hacer de carácter vinculatorio (obligatorio) aquellas “recomendaciones” de la CNDH, para que así el poder judicial se encuentre obligado a investigar a los servidores públicos que la comisión ha señalado como posibles responsables de violaciones hacía los derechos reconocidos en la carta magna.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Alerta de género

Esta semana Michoacán se convirtió en la cuarta entidad de la República Mexicana en activar la Alerta de Violencia de Género. La declaración de alerta la emitió el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong durante la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para la Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia en dicho estado. El funcionario indicó que son 14 municipios los que cuentan con la alerta.

Con ello, Michoacán se suma a los 11 municipios del Estado de México, 8 municipios del estado de Jalisco y 8 municipios de Morelos que cuentan con su activación.

De acuerdo a la CONAVIM, la alerta de género se declara cuando “en un territorio determinado existe una situación grave de violencia en contra de las mujeres asociada a prácticas machistas y patriarcales persistentes en la sociedad”.

Ante ello, la alerta surge como un mecanismo de protección a los derechos humanos de las mujeres que consiste en el impulso de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para garantizar la seguridad de mujeres y niñas y poner fin a la violencia en su contra.

Esta violencia cobra numerosas formas, sin embargo, la alerta se enfoca en la violencia feminicida. De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta violencia se refiera a “la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

Según información de la Red de Mujeres en contra de la Violencia Feminicida, de 2013 a 2015 se registraron en Michoacán 750 feminicidios. ¡Aterrador!

Creo, ante todo, que hace falta muchísimo trabajo de visibilización de las problemáticas que aún nos aquejan. Vivimos en un país con cuatro entidades que han activado una alerta que indica emergencia en materia de violencia contra las mujeres y, a pesar de ello, perdura aun el ya cotidiano escepticismo sobre las desigualdades de género que colocan a las mujeres en una posición de desventaja.

Aplaudo acciones gubernamentales como la aquí mencionada, cuyo enfoque consiste en el cese de la violencia de género y el trabajo en la prevención de la misma. Pero, como siempre, reitero la importancia de realizar un cambio desde nuestra propia trinchera. El feminicidio es quizá la manifestación más brutal de la estructura patriarcal en la que nos desarrollamos por lo que considero necesario reflexionar sobre la toxicidad de las construcciones culturales basadas en estereotipos de género que tanto daño nos han hecho como sociedad, así como identificar estos estereotipos y los patrones de cultura que los acompañan y erradicar su práctica en todo espacio en el que nos desenvolvamos.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Cinco años de Lucha: Reforma Constitucional de Derechos Humanos

El pasado 10 de junio se cumplieron cinco años de la publicación de la reforma constitucional de derechos humanos. Se trata de una de las reformas constitucionales más importantes de la historia y pudiera llegar a ser la más importante, aunque eso depende de que realmente se lleve a la práctica.

La importancia de la reforma radica no sólo en sus contenidos, sino en que por primera vez, quizá desde la propia expedición de la Constitución en 1917, se plantea una reforma estructural al catálogo de derechos humanos. Hasta antes de la del 2011, las reformas de derechos humanos se caracterizaban por ser adiciones puntuales para incorporar o reglamentar uno o varios derechos, en forma aislada y a veces inconsistente.

La reforma de 2011, en cambio, intenta estructurar en un sistema coherente y funcional, los múltiples derechos ya reconocidos. Lo hace a través de poner en el mismo nivel a los que reconocen la Constitución y los tratados internacionales. Pero también estableciendo principios que obligan a las autoridades a interpretar los derechos en forma coherente, considerando su interdependencia y garantizando la mayor protección.

Sin embargo, reformar la Constitución no implica automáticamente cambiar la realidad. A cinco años de la reforma la realidad de los derechos humanos en México ha continuado deteriorándose. La desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya, las masacres de los penales de Cadereyta y el Topo Chico y del Casino Royale en Nuevo León, son sólo algunos ejemplos de hechos atroces de violación a derechos humanos ocurridos bajo la vigencia de la reforma.

A ello habría que sumar la situación de amenaza constante en la que periodistas y defensores de derechos humanos ejercen su trabajo, la cooptación política de las ombudsperson, la crisis financiera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, generada por el desinterés de los Estados –entre ellos México– que se traduce en aportaciones económicas raquíticas para su sostenimiento y un largo etcétera.

¿Quiere esto decir que la reforma es un fracaso? A mi modo de ver no. Al contrario, la reforma es en sí misma valiosa y mucho puede contribuir a que saquemos al país de esta grave crisis. En todo caso, la realidad que enfrentamos pone en evidencia que la reforma es insuficiente por sí sola para revertir el deterioro en la situación de los derechos humanos en México.

Para ello, un aspecto clave y que hasta ahora se ha descuidado es la educación para generar una cultura de derechos humanos en autoridades y ciudadanos. Es esta, me parece, la única estrategia que ataca el problema de raíz y la que en el mediano y largo plazo puede dar los mejores resultados.

En este sentido son sumamente destacadas resoluciones protectoras de derechos humanos dictadas por organismos y tribunales internacionales, federales y locales; la capacitación en derechos humanos a funcionarios públicos que llevan a cabo instancias como la Secretaría de Gobernación y los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como el CEEAD que promueven cambios en la educación jurídica para fortalecer la enseñanza de los derechos humanos. Sin embargo, son todavía esfuerzos aislados que necesitan potencializarse a partir de un mayor compromiso de autoridades y ciudadanos con la causa de los derechos humanos.

La reforma penal de 2008 es un buen ejemplo de una mala práctica para su implementación. Si la implementación hubiera iniciado por la capacitación en el nuevo sistema en vez de por su infraestructura necesaria, quizá ahorita, cuando está por agotarse el plazo para su plena entrada en vigor, estaríamos afinando los detalles técnicos de las salas de audiencia en vez de estar capacitando policías.

A cinco años de la reforma de derechos humanos, estamos aún a tiempo de cambiar la estrategia para su implementación y reforzar la educación en derechos humanos como la única herramienta que permite una solución sostenible en el largo plazo a la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos y de la que la reforma por sí sola no nos salvará.

Eduardo Román González
Investigador y Responsable del Programa de Derechos Humanos del CEEAD A.C.
eroman@ceead.org.mx

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”