“Se están manejando todas las hipótesis en el caso de la familia LeBarón”: AMLO

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Esta mañana, el titular del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador se pronunció de nuevo respecto al caso del ataque a la familia LeBarón en la frontera entre Sonora y Chihuahua, por lo que aseguró que se está realizando una investigación a fondo.

Así mismo sostuvo que no hay ningún límite ni obstáculo que impida hacer la investigación a fondo ya que no hay un conflicto de intereses de por medio. En el mismo sentido se refirió a los militares comentando que “hay mucha gente honesta en el Ejército y la Marina, gente íntegra que nos está ayudando, ahí vamos avanzando“.

Respecto a las diferentes versiones que se están manejando, comentó que todas se están tomando en cuenta, ninguna está descartada. Añadiendo que hay capacidad técnica para llevar a cabo labores de investigación, siendo que en este caso hay un equipo profesional a cargo.

El narco debe ser considerado terrorismo

Sobre la opinión de algunos senadores americanos que afirmaron que a los narcotraficantes debe de considerárseles como terroristas comentó que el presidente Trump ha sido respetuoso y le ha marcado en los casos de Culiacán y de la familia LeBarón para ofrecer su ayuda, sin embargo siempre le ha comentado de depende de lo que su gobierno determine.

Concluyendo señaló que habrá quienes quieran buscar que exista confrontación con Trump sin embargo eso no sucederá a su consideración.

Con información de Imagen Noticias

Juez da razón a Sedena: anula una de las suspensiones contra el aeropuerto de Santa Lucía

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Esta mañana, el juez quinto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México reconoció la anulación a una de las suspensiones definitivas contra el aeropuerto de Santa Lucía propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, la lista del juzgado publicada por el juez, le da la razón a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) al dar sentido al reclamo de que la no construcción del aeropuerto en la base militar vulnera la seguridad nacional.

Esta decisión fue tomada luego del escrito presentado por la Sedena en el que pide precisamente esta acción invocando el “interés nacional“.

El colectivo #NoMásDerroches, integrado por diversas organizaciones civiles y empresariales que ha obtenido un total de 147 juicios de amparo, y contaba hasta esta mañana con siete suspensiones definitivas, ha confirmado ya la resolución del juez a pesar de que aún no han sido notificados formalmente.

Originalmente, esta decisión se iba a tomar el pasado 24 de septiembre, sin embargo, en tres ocasiones se difirió la resolución. No fue hasta este viernes que se llevó a cabo la audiencia y el martes se publicó la resolución judicial.

Cabe destacar que, esta cancelación deja con seis suspensiones al colectivo y abre la puerta para que el resto de impedimentos legales contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía puedan ser removidos.

Primero: Es procedente y fundada la solicitud de modificación o revocación de la suspensión. Segundo. Se revoca la suspensión definitiva otorgada. Tercero. Se niega la suspensión definitiva“, menciona el documento del juez.

Esta decisión es apelable siendo que en su caso, un tribunal colegiado determinaría esta revocación. Y si esta decisión implica temas de constitucionalidad, el tribunal puede remitir el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Sedena condenó que la suspensión “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional“.

Con información de El Financiero.

Por motivos de “seguridad nacional” podrían reiniciar obras en Santa Lucía

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El colectivo #NoMásDerroches ha indicado que Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) indicó que ha solicitado a un juez “invocar al ‘interés nacional’ para que se revoquen suspensiones definitivas otorgadas a partir de amparos y se dé luz verde a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.”

 

“Con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales, el Ejecutivo decidió invocar ‘el interés nacional’ y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional”, indicó el colectivo en un comunicado.

“Para ello, la Sedena solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva bajo los siguientes argumentos: Que el Proyecto del AISL se encuentra integrado como Instalación Estratégica. Que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional. Que pone en riesgo la ‘protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República’ al impedir la aplicación del Plan DN-III-E”.

 

#NoMásDerroches insistió diciendo que “Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente.”

 

(Con información de Reforma)

A partir del domingo, redadas masivas contra familias indocumentadas en EE.UU

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Este domingo comenzarán redadas a nivel nacional contra personas indocumentadas en EE.UU; la medida había sido promovida por el presidente Donald Trump desde hace varios meses, mas se había pospuesto por las resistencias de los mismos oficiales de las autoridades migratorias.

Las redadas se llevarán a cabo en 10 ciudades importantes de los EE.UU, con el objetivo de incautar y detener a inmigrantes que no se presentaron ante algún juez para revisar su estatus migratorio. Muchas de estas familias cruzaron la frontera recientemente y, según el departamento de Seguridad Nacional, fueron notificadas antes de tiempo de la posibilidad de estas medidas.

Si bien ya hay una lista de objetivos para las redadas, fuentes anónimas confirmaron que habrán “deportaciones colaterales,” es decir, si algún migrante que no tiene sus documentos está en escena, podrá ser detenido también. También afirmaron que ICE buscará deportar a las familias juntas desde centros de detención en Tejas y Pensilvania. No obstante, en caso de limitantes de espacio, las familias serían puestas en hoteles hasta terminar los procesos de deportación.

Históricamente estas operaciones no son nuevas en ICE; sin embargo, muchos integrantes de la agencia han comentado su incomodidad de arrestar menores de edad, en los que se se pueden incluir niños o hasta bebés. También, los agentes de ICE no tienen la facultad legal de entrar forzosamente a una casa, detalle que ha sido altamente comentado entre comunidades migrantes temerosas de las medidas de Trump. 

Otra limitante es que si detienen a dos padres indocumentados con hijos que son ciudadanos estadounidenses, un agente de ICE tendrá la responsabilidad de entregarlo con un familiar o conocido que es ciudadano estadounidense. Sin embargo, esto muchas veces no es el caso para las familias indocumentadas, que vienen solas, por lo que los niños pueden quedar en un limbo legal.

(Fuente: el New York Times)

#Kleroterion: “El Precio de la Verdad…”

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Durante mi trayectoria como diputado federal defendí y postulé una infinidad de temas, pero sin duda, uno de los que respaldé a cabalidad durante dos años, fue el estar a favor de las fuerzas armadas.

Dentro de mi trinchera como legislador y como presidente de la Comisión Bicamaral, afirmé que no había voluntad política para trabajar por un marco legal que diera certeza sobre el actuar de las fuerzas armadas, por lo que hubiera considerado un fracaso rotundo para la legislatura y para mí en lo personal, ya que esta tema pasó por un trastorno de bipolaridad debido al doble discurso, por lo que no se podía avanzar en ella y darle a las Fuerzas Armadas ese marco jurídico que requerían, por un lado muchos gobernadores del país aplaudían a las Fuerzas Armadas y pedían abiertamente que se realizara, pero en los hechos en la Cámara de Diputados no pasaba nada.

En mi análisis postulé que tendría que pactarse un plazo para que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles y así dejar a un lado tareas que no les corresponden, necesitábamos parámetros para el uso de la fuerza, ya que a once años prácticamente de estar las Fuerzas Armadas trabajando en tareas de seguridad, ya traían un desgaste normal y natural, asimismo, era necesario dotar de un marco legal que diera certeza jurídica no sólo a ellos, sino a la sociedad; también defendí, que era vital el apoyo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, ya que no existía una política profesional que supliera las labores que realizaban, además era indispensable que los gobiernos estatales y municipales apremiaran la capacitación y profesionalización de sus policías.

Cuando fui nombrado presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, tenía como función principal el control y evaluación de las políticas públicas y las acciones vinculadas con la viabilidad del Estado, mi trabajo lo realicé sin una línea o compromiso político, sólo bajo la convicción de avanzar en lo que más sirva a la nación mexicana, puesto que tenía muy claro que en esta Comisión debía construirse Patria, por lo que mi prioridad fue trabajar para favorecer un marco legal propicio para que las fuerzas armadas continuaran con su labor al frente de la seguridad nacional, así como promover la cultura de la seguridad identificando en primera instancia la diferencia entre seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, explicando sus alcances, pros y contras, que muchas veces se confundían por la ciudadanía y hasta por autoridades estatales y municipales, entendiendo a la seguridad pública como aquella que está enfocada a la protección del individuo, mientras que la seguridad nacional atañe a todos los riesgos que afecten o pongan en duda la viabilidad del Estado, reconociendo que hay una línea muy tenue en ambas que a veces se entrelaza, como el tema de la delincuencia organizada, es un tema de seguridad nacional, pero que tiene su origen en la seguridad pública.

Estuve convencido que se tenía que fortalecer la visión que existía sobre las fuerzas armadas y dentro de esta comisión pude generar ámbitos correctos para explicar como estas instituciones actuaban de la mano para el fortalecimiento de la viabilidad del Estado mexicano.

Trabajé de la mano con otras instituciones involucradas en la seguridad nacional, con el Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, PGR, la Secretaría Técnica de Seguridad Nacional, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, exponiendo que los temas de seguridad nacional trascienden cualquier interés personal y de partidos políticos, por lo que no se debía lucrar políticamente con ellos, lo cual protegió el diálogo.

Para este tema siempre navegué contra corriente, hasta de mi propia bancada, cuando ellos estaban en contra, me sostuve siempre a favor, anteponiendo el ejemplo de mi estado, Nuevo León, ya que no hubiéramos salido de la problemática en la que estábamos si no hubieran participado las fuerzas armadas, la sociedad civil y el gobierno; participé desde la sociedad civil atendiendo víctimas de secuestro y extorsión, y las historias de las personas que fueron vejadas por la delincuencia organizada son de verdadero terror, entonces tuve como responsabilidad primordial reconocer a las fuerzas armadas y sobre todo por rescatar a mi estado.  

Fue entonces que después de tanto trabajo, finalmente el dictamen fue votado a favor por la Comisión de Gobernación, para después pasar al pleno de la Cámara de Diputados donde también fue aprobado, recuerdo muy bien que el exhorto a todos los partidos políticos a trabajar juntos para sacar esta ley, lo hice público en un programa de televisión en octubre de 2016, era uno de mis objetivos prioritarios desde que tomé el cargo de diputado, en ese sentido con la Ley de Seguridad Interior cumplí mi deber patriótico como legislador, estoy seguro que con esta reforma fortalecimos las instituciones del país.

Es muy importante reiterar que durante estos dos años de activismo a favor de las fuerzas armadas basé siempre mi tesis justo en lo que hoy dice el presidente electo, recordando que incluso cuando voté a favor de la ley, fui agredido públicamente hasta por compañeros de la bancada y del frente, pero siempre sostuve esta tesis de que no podíamos estar sin las fuerzas armadas y hoy el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador me da la razón, ya que no hay más opción que dejar al Ejército y a la Marina en las calles haciendo labores de seguridad pública, mientras no se consolide a la Policía Federal, asegurando que sin ellos no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia que hoy vivimos, por lo anterior estoy convencido que hice muy bien “al casarme con mi congruencia, es el precio de la verdad y no sólo lo digo yo”.

 

#Kleroterion: “Ciberseguridad”

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La mayoría hemos escuchado la palabra Ciberseguridad, en noticias, redes y hasta en órganos de gobierno como la Secretaría de Gobernación con sus campañas de internet seguro, estrategia nacional y monitoreo de tiendas virtuales, sin embargo, para abordar este tema primero debemos entender sus antecedentes.

Todos sabemos que la tecnología ha crecido exponencialmente en todo el mundo, cambiando de manera permanente la forma de vivir de las personas y por ende, las sociedades. Su principal detonación se debe a la llegada del internet en los años 90, teniendo como los primeros países impulsores a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, posteriormente van surgiendo temas como la robótica, la digitalización, redes de datos y la conexión entre dispositivos de cualquier índole, por lo que se ve reflejada una modernización en la vida cotidiana desde lo general hasta lo particular.

A principios de este siglo la Unión Europea realizó políticas públicas con el objetivo de brindar seguridad a las personas en la red y ciberespacio, derivado de éstas se redactó el primer tratado internacional conocido como el “Convenio de Budapest”, relativo a la Ciberdelincuencia para hacer frente a los delitos informáticos y de internet, empleando una política penal común mediante el patrocinio de una legislación ordenada y con fomento de cooperación internacional. Después de el convenio se abre la pauta sobre la clasificación y tipificación de este tipo de delitos en  varios países miembros.

Para México fue trascendente tener una visión respecto a este tema, por lo que era necesario entender los procesos de tecnologías de la información y comunicación como un factor de desarrollo político, social y económico, el INEGI reveló que en México existen 81 millones de usuarios con teléfono celular, de los cuales 60.6 millones utilizan uno inteligente, lo que significa un incremento de 9.7 puntos porcentuales entre 2015 y 2016, esto no sólo representó un tema de infraestructura para el país, sino también del mundo de posibilidades y acceso a una economía y comercio digital como nunca se conoció en la Nación.

En contraparte, surgió la necesidad de cuidar y vigilar estos procesos, ya que comenzaron a existir riesgos derivados al uso de tecnologías y un número muy importante de delitos mejor conocidos como “ciberdelitos”, existiendo amenazas, riesgos, ataques informáticos, como el sucedido en estos días a los bancos Banamex y Banorte por un monto aproximado de 400 millones de pesos, por lo que los delincuentes aprovechan estas vulnerabilidades y abusan de las lagunas jurídicas en este tema, sumado a la naturaleza global del ciberespacio y la abundancia de las soberanías y marcos legales, por lo que ahora los ciudadanos son amenazados con este tipo de delitos tan sencillos pero muy sofisticados.

Después de todo esto, podemos entender que es la Ciberseguridad, la Unión Internacional de Telecomunicaciones estableció una resolución donde aprueba la definición inscrita en una recomendación, quedando de la siguiente manera: “Es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios del ciber-entorno.”

Por lo anterior, fue necesario realizar políticas de Estado en materia de ciberseguridad, teniendo como primer aspecto la reforma constitucional de junio de 2013, que elevó a rango constitucional el derecho humano al internet, lo que le dio al Congreso de la Unión la competencia para proponer leyes en materia de telecomunicaciones, para dictar leyes sobre tecnologías de la información, radiodifusión, telecomunicaciones, internet,  banda ancha, postas, correos etc.

Estoy seguro que las tecnologías han servido de manera importante como herramienta en la vida cotidiana, lo que conlleva responsabilidades para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas, por lo que a mi parecer y estudio, es necesario introducir un catálogo de delitos cometidos en el ciberespacio y a su vez, perfeccionar o crear otros tipos penales, con la finalidad  de tener certeza de acuerdo a los casos en los que alguna persona pudiera ser vulnerada en sus derechos humanos, lo anterior, sin perder de vista la armonización que se tiene ante los derechos de acceso a internet y a la libertad de expresión.

Por esto, es de suma importancia que la decisión pública por la que la actuación de un derecho pueda someterse a alguna restricción o sanción debe ser totalmente justificada y motivada, pero sobre todo proporcional, en nuestro país todavía estamos en un estado de vulnerabilidad en materia de Ciberseguridad, debemos crear y adecuar nuestras leyes con propuestas eficaces, modernas y acordes al nuevo mundo tecnológico. Estamos en el entendido que México no forma parte del mencionado Convenio de Budapest, sin embargo, debemos tenerlo como referencia y formar un ambiente adecuado para cooperación internacional en esta materia.

Como premisa principal debemos entender que el ciberespacio es un mundo sin fronteras, por lo que para poder prevenir cualquier tipo de acción u omisión, es necesaria una legislación moderna, precisa y acorde a las necesidades en el país, dotando a las autoridades para poder dar seguimiento a este tipo de delitos y de delincuentes, por lo que fue considerado en Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 donde se dispuso el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el ciberespacio y la ciberseguridad como uno punto estratégico y esencial de la Seguridad Nacional.

Por mi parte como Legislador y Presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, presenté en conjunto con la diputada Sofía González Torres una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, buscando  una medida legislativa y eficaz en el combate a los ciberdelitos.

Los avances tecnológicos son de vital importancia en la actualidad del país, siempre y cuando exista regulación y protección jurídica para los ciudadanos.

 

Senadores impugnan Ley de Seguridad Interior

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Un grupo de senadores de México presentó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada y polémica Ley de Seguridad Interior que según sus detractores militariza al país.

La ley, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno de lanzar a finales del 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

Pero organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla.

La estrategia militar antidrogas se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196,000 personas asesinadas y unos 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

Otro punto controvertido es que la información que se genere durante su aplicación será considerada de Seguridad Nacional, dejándola fuera del escrutinio público.

La Suprema Corte ya analiza una controversia constitucional contra esta ley presentada por la alcaldía de Cholula, mientras la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos de México contempla presentar una acción de inconstitucionalidad.

Al promulgar la ley, el presidente Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad, contemplada en la legislación, hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.

Exasesor de Trump reconoce que mintió al FBI sobre sus contactos en Rusia

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El general retirado Michael Flynn, exasesor del presidente Donald Trump, se declaró culpable de haber mentido al FBI por sus contactos con funcionarios rusos, y aceptó colaborar con la justicia.

El general de tres estrellas dijo que fue “extraordinariamente doloroso” enfrentar varios meses acusado de “traición”, y añadió que esas “falsas acusaciones son contrarias a todo lo que he hecho y todo lo que defiendo”.

Sin embargo, añadió: “reconozco que las acciones que admití en la corte hoy fueron equivocadas y, a través de mi fe en Dios, estoy trabajando para hacer lo correcto”.

“Acepto la responsabilidad plena por mis actos”, señaló el general, que ocupó el cargo de Asesor de Seguridad Nacional por poco más de tres semanas antes de ser despedido.

El falso testimonio ofrecido por Michael Flynn sobre sus contactos con un alto diplomático ruso antes de asumir como asesor de Seguridad Nacional fue obstaculizó la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Flynn fue inculpado por mentir a agentes del FBI sobre sus contactos con un alto diplomático ruso semanas antes de asumir su cargo como principal asesor en materia de Seguridad Nacional en la Casa Blanca.

El papel del internet en México

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En su visita a México el fundador de Alibabá Group, el fundador y presidente ejecutivo de la empresa de internet explicó en distintos foros la importancia de internet para el futuro de los Estados y el desarrollo de la economía. En sus palabras explica que “si la gente no está conectada a Internet en los próximos 10 ó 20 años, va a estar peor que cuando la gente no tenía electricidad hace 20 años; se quedarán rezagados”.

Con estas declaraciones en perspectiva, habrían de considerarse las capacidades institucionales que se requieren para potencializar el uso del internet, en específico la seguridad informática en nuestro país porque el desarrollo de internet tiene como contraparte una serie de riesgos.

De acuerdo con el libro “La Guerra en la Red” de Richard A. Clarke y Robert K. Knake el escenario del ciberespacio se convertirá en el teatro de operaciones para las próximas guerras entre estados.

Esta situación se ha visto reforzada por tres acontecimientos que posibilitan visibilizar el potencial de amenaza para Estados y ciudadanías: 1) en 2007 fue el ciberataque que se efectuó contra Estonia desde direcciones IP rusas, esto en represalia por quitar un monumento a los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial, cabe destacar que Estonia es uno de los Estados con mayor uso del internet por lo que los daños fueron importantes; 2)  en 2010 fue el empleo de Stuxnet un virus especialmente diseñado para destruir los sistemas de la planta nuclear iraní de Sushehr y el complejo de enriquecimiento de uranio en Natans, este segundo acto fue perpetrado por Estados Unidos e Israel; 3) en 2013 las revelaciones que dio Edward Snowden sobre las capacidades de investigación y el uso de los metadatos para intervenir correos electrónicos, servicios de voz, video, foto, entre otras, por parte de las agencias de inteligencia de ese país, es decir, un espionaje global, donde hasta los celulares de líderes mundiales fueron intervenidos.




En este contexto el Estado Mexicano asentó en su Programa para la Seguridad Nacional al ciberterrorismo como un riesgo y amenaza; asimismo, en México el Gobierno de la República puso en operación el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT MX) de la Policía Federal.

Sin embargo, aún falta por hacer, por ejemplo Víctor Lagunes Soto, Jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República, declaró en septiembre del año pasado que nuestro país pierde 3 mil millones de dólares por ciber delitos al año. Del mismo modo, en nuestro territorio sólo el 19 por ciento de las empresas tienen programas de seguridad informática contra el 40 por ciento que se presenta a nivel global.

Los daños por ataques del terrorismo cibernético pueden ir desde la inhabilitación de los equipos y algunas máquinas como lo demostró el caso de Stuxnet hasta el robo de información para después ponerla en venta, vulnerándose los datos personales y confidenciales de los usuarios.

En evidencia, si internet es la herramienta económica del futuro, hay que estructurar un plan de seguridad mediante una política pública que sume las acciones de Gobierno, empresas, centros de educación superior y ciudadanía contra los riesgos que puede traer.

La información que se maneja a través de Internet es valiosa para las personas y para las instituciones públicas, privadas y sociales. La información supone conocimiento, inteligencia y valor agregado, y esta información va desde la que se utiliza para operar una termoeléctrica o una planta nuclear hasta el intercambio de imagen, voz y texto de las personas en su vida cotidiana.




La seguridad informática representa uno de los ejes de trabajo, formación, capacitación e investigación del presente y del futuro, de ahí el peso que cada vez más se le da en diversos foros nacionales e internacionales, más aún si se consideran los graves riesgos a los que un país, una comunidad o una empresa están expuestos ante ataques de diferente índole que van desde el robo de activos hasta riesgos a la seguridad nacional.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

Sergio González Rodríguez: ‘Estamos contemplando la crisis integral de las instituciones Publicas en México’

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México ha perdido a una de sus voces más importantes dentro del periodismo y la literatura en una etapa en la que era imprescindible. Si el presente vislumbra un futuro complicado para el país, los libros de Sergio González Rodríguez ayudan a comprender nuestra terrible actualidad a través de un pasado que no deja de actualizarse.

En octubre de 2015, Sergio vino a Monterrey para presentar su libro Los 43 de Iguala. México: verdad y reto de los estudiantes desaparecidos. Meses atrás había leído Campo de Guerra, por el que se hizo acreedor del Premio Anagrama de ensayo 2014 y tuve la oportunidad de entrevistarlo por su generosidad de otorgarme 10 minutos después de que ya había concluido su tiempo de prensa.

Campo de Guerra analiza el problema geopolítico en México y su relación con Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico, por eso mismo me pareció imposible no relacionarlo con el libro que estaba presentando, una estupenda crónica e investigación sobre lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Revivo esta entrevista con la intención de recordar algunas ideas – de tantas – de Sergio González Rodríguez derivadas de algunas preguntas torpes que le hice. Desearía no hacerlo alrededor de esta terrible noticia que nos afecta a todos, porque a partir de hoy nos hemos quedado, como ya lo dije, sin una de las voces más importantes dentro del periodismo, que investigó y denunció los feminicidios en Ciudad Juárez y por eso Roberto Bolaño lo incluyó en su libro 2666 con su nombre original, por el simple hecho de ser el periodista que investigó los crímenes.

¿De qué forma el contexto que rodea a la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón influyó en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?

La vinculación que señalas es, desde luego, cierta. Campo de guerra es un estudio geopolítico, es un informe sobre la situación geopolítica de México y tiene como centro de la investigación la guerra contra el narcotráfico que se realizó en México entre el año 2007 y 2012, y el caso del libro actual, un año después, los 43 de Iguala, es un estudio de caso donde se documentan los asuntos que estaban planteados, algunos de ellos a nivel teórico, otros empíricos y se explica por qué pudo darse este episodio tan atroz. Yo creo que sí hay una continuidad en la investigación, en la documentación, pero sobre todo, en la comprobación de las tesis que manejé en Campo de Guerra.




A partir de lo que pasó en Iguala aquella noche, ¿cómo inicias la investigación que se materializa en este libro?

Creo que como todos los que escuchamos las noticias, al principio teníamos datos muy aislados y versiones muy poco claras de lo que había sucedido esa noche; a la fecha seguimos preguntando qué es lo que sucedió realmente. Yo lo que traté de hacer desde el principio es responder estas preguntas en vez de circular información sobre los hechos, circulaban versiones a favor o en contra, es decir: se estableció una narrativa de buenos contra malos que fue la que persistió a lo largo de los meses contra la idea de reducir los hechos a una simple visión de partidarismo, por una u otra parte es lo que yo trato de contradecir porque lo rechazo en mi libro; trato de proporcionar los elementos informativos y documentar los diversos niveles que confluyen en la tragedia de esa noche.

Esteban Illades, editor de la revista Nexos, tituló uno de sus reportajes sobre el tema: El polvorín que nadie olió, ¿crees que realmente nadie estaba al tanto de lo que sucedía en Guerrero, en Iguala?

Está demostrado por las propias declaraciones gubernamentales que sí existía información al respecto, no solamente a nivel de información de inteligencia por la coordinación de Seguridad Nacional, que es el organismo de inteligencia del Estado Mexicano, sino también se sabe por las propias declaraciones de las autoridades que estos hechos estaban siendo monitoreados, no solamente por las instituciones de la seguridad pública, también por la oficina de la presidencia y las distintas corporaciones policiacas de distintos niveles.

En el momento de los hechos se tuvo un conocimiento en tiempo real de lo que estaba aconteciendo, de manera que hablar de algo que no se previó, es más bien hablar de irresponsabilidad gubernamental para responder a tiempo sobre este asunto. Hay que considerar que también en el ejército y la marina tenían conocimiento sobre estos hechos y sus agentes están en actuación permanente, no solamente los que están destacamentados por razones de combate al narcotráfico, también las organizaciones de inteligencia estaban absolutamente al tanto de todo lo que iba a suceder y sucedió esa noche.

 

¿De qué forma podemos relacionar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a sus padres, a sus familiares, con lo que en Campo de guerra denominas como la “Anamorfosis de la víctima”?

Así es. El problema aquí es que estamos contemplando un país donde todos somos víctimas reales o potenciales del crimen organizado y fuerzas armadas o corporaciones policiacas, es un estado “Alegal”, como menciono en Campo de guerra, un “An-Estado”, que quiere decir: contra y fuera de la legalidad y que simula defender la ley.

Este asunto es muy claro, es una Normal tradicionalmente opuesta al gobierno y al estado mexicano y en los últimos años se ha radicalizado esta postura y su actitud ha sido cada vez más beligerante en confluencia con otros grupos como los anarquistas que tienen alcance internacional y actúan en México; esto hizo que el año anterior tuviéramos una efervescencia muy fuerte contra el Estado y contra el Gobierno en México, no sólo el Federal, sino también con los municipales y estatales, de modo que tenemos que encuadrar estos fenómenos de una manera más amplia, más allá del reduccionismo a hechos aislados de nota roja o un hecho excepcional o esporádico como se llegó a decir. Estamos contemplando en la noche de Iguala una atrocidad que esperamos nunca se repita, la crisis integral de las instituciones Publicas en México.




Recordamos el caso de Radilla Pacheco y vemos la influencia que tuvo para que hubiera cambios en la Constitución sobre el procedimiento e investigación de los desaparecidos, ¿vislumbras al caso de los 43 estudiantes como posible detonador de cambios en las leyes?

Creo que tenemos la legislación suficiente, tenemos las normas constitucionales ya inscritas en el derecho convencional internacional que atañe  a la defensa de Derechos Humanos en México y lo que no tenemos es el cumplimiento de estas normas constitucionales. Yo creo que el caso de Iguala nos debe llevar a exigir el cumplimiento de estas.

Es inaceptable que el ejército mexicano nos explique que no intervino porque hay una limitación de tipo legal: sólo interviene el ejército a petición de la autoridad civil y creo que este es un error porque la constitución indica que el poder ejecutivo, y en este caso las fuerzas armadas son un ramo del poder ejecutivo, están responsabilizadas, son las garantes del respeto a los Derechos Humanos y no es posible que no expliquen con una razón procedimental la vulneración a derechos constitucionales, esto es lo que no podemos aceptar.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”