Los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción

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A casi cinco años de la reforma constitucional que lo creó, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) acumula pendientes que lo hacen ineficaz. En primer término, aún está por aprobarse la política nacional anticorrupción; tampoco se han consolidado normativa y orgánicamente los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA); y recientemente el Comité Coordinador del SNA prorrogó hasta diciembre de este año la entrada en vigor del formato para las declaraciones patrimoniales y de intereses de las y los servidores públicos. Tres temas que sin su operación completa impiden la eficacia de lo ideado en ese ya lejano 2015.

La política nacional anticorrupción debe ser aprobada por el Comité Coordinador del SNA, según se indica en la Ley General del SNA (art. 9, fr. III). Existe una propuesta de política nacional elaborada después de un proceso de más de un año (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421406/Propuesta_Pol_tica_Nacional_Anticorrupci_n.pdf). En ella se definen 4 ejes estratégicos: a) la impunidad, b) la arbitrariedad, c) el involucramiento de la sociedad y d) las interacciones gobierno y sociedad; además, para la articulación de estos ejes se definen 4 principios transversales: i) coordinación institucional, ii) derechos humanos, iii) apertura institucional y iv) inteligencia y tecnología; por último, se expresan 60 prioridades de política pública.

En este tema advierto dos pendientes del SNA: por un lado, la formalidad de la aprobación de la propuesta lo más pronto posible, para poder operar las prioridades definidas de política pública. Por otro lado, y más urgente aún, es que la propuesta sea verdaderamente integrada desde un enfoque de derechos humanos, esto es, que sin indecisión alguna se afirme y se defina la política bajo la premisa de que la corrupción implica una violación directa o indirecta a los derechos humanos. No es suficiente mencionar en 32 ocasiones la palabra “derechos humanos” para considerar que tiene un enfoque en este sentido. Por el contrario, la política debería contemplar, al menos, el análisis de cómo es que la corrupción afecta tanto la calidad de los servicios como la forma en que se distribuyen, especialmente con las categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y adaptabilidad y la incorporación de la perspectiva de género (Fundar 2011), lo cual, desafortunadamente, no se aprecia en la propuesta.

Por otra parte, el SNA no logra articularse completamente porque la construcción normativa y orgánica de los SLA aún no finaliza. Si bien a la fecha ya todas las entidades han adecuado sus constituciones y han expedido su ley anticorrupción correspondiente, sí es de señalarse el caso de Hidalgo y Nuevo León, cuyos Congresos no han adecuado la ley de responsabilidades administrativas (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447821/Avance_Marco_Normativo___25.03.2019.pdf). La ley de responsabilidades administrativas local, dado que pertenecemos a un sistema nacional, debe respetar las reglas de la ley general, pero debe de cualquier forma ser adecuada por el Congreso del Estado.

Un pendiente más está en los órganos de los SLA. La primera dimensión de este problema consiste en completar la integración de todas las instancias anticorrupción en el estado; en este rubro deben nombrarse 6 instancias en cada estado: 1) Comité de Selección, 2) Comité de Participación Ciudadana, 3) Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, 4) Magistratura en Responsabilidades Administrativas, 5) Comité Coordinador y 6) Secretaría Ejecutiva. Preocupan los casos de Chiapas, con 2 instancias completas de las 6, y la Ciudad de México que sólo tiene 1, aunque también faltan de finalizar el entramado orgánico las dos Bajas, Campeche, Chihuahua, Morelos, S.L.P. y Tlaxcala (http://sna.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Seguimiento_32SLA_22.03.2019.pdf).

Sin embargo, una dimensión adicional tiene que ver con los intentos de captura de algunas instancias de los SLA o en violaciones a procedimientos o derechos de aspirantes a ciertos cargos. Así, por ejemplo, ha sucedido con las magistraturas de responsabilidades administrativas en los estados de Colima y Michoacán, en donde se ha ordenado por jueces de amparo la reposición de procedimientos de designación (https://www.proceso.com.mx/576650/destituyen-a-tres-magistrados-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-colima y https://www.mimorelia.com/juez-ordena-al-congreso-reposicion-del-proceso-de-seleccion-de-magistrados-anticorrupcion/). Un caso más es el de la designación del titular de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León, en donde se espera pronto una resolución de un juzgador de amparo al efecto de que determine que sí era obligatorio emitir una convocatoria pública para el cargo y que sí existe impedimento para que un integrante del Comité de Selección sea designado como Secretario Técnico con el voto de aquellos a los que él mismo nombró como miembros del Comité de Participación Ciudadana (https://altavz.com/tag/secretaria-tecnica-del-sistema-estatal-anticorrupcion/). 

Finalmente, la otra institución pendiente de operar plenamente en el SNA se refiere a los nuevos formatos para la declaración patrimonial y de intereses de las y los servidores públicos. De acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Comité Coordinador aprobar los formatos, manuales e instructivos correspondientes; para ello, el 16 de noviembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo respectivo del Comité Coordinador, en el cual se fijó como fecha de obligatoriedad del formato cuando fuesen interoperables el sistema de declaraciones con el de la Plataforma Digital Nacional, lo cual debía acontecer a más tardar el 30 de abril próximo. Sin embargo, el pasado 21 de marzo, en su primera sesión extraordinaria el Comité aprobó prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 la señalada interoperabilidad y, por ende, el formato será exigible…, ¡hasta enero del 2020!

Si bien las razones para mover el inicio del formato pueden parecer plausibles (no contempla los otros dos tipos de declaraciones -de conclusión y de modificación-, tenía errores o imprecisiones…), preocupa la explicación de que, según la Secretaría de la Función Pública, se aumentaría exponencialmente el número de servidores públicos obligados, incluso médicos, enfermeras, maestros. Primero, porque esta complejidad ya estaba resuelta en el formato e instructivo aprobados en noviembre pasado; en efecto, ahí se determinó que habría una segmentación de tres grupos o niveles de servidores públicos. Y segundo, porque el prolongar aún más la entrada en vigor impide que cumpla su función “para la prevención de conflictos de intereses como para la detección e investigación de ciertos delitos asociados a la corrupción pública, especialmente el enriquecimiento ilícito de funcionario público.” (http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/ley_explicativo.pdf).

En síntesis, los pendientes del SNA que lo hacen por ahora ineficaz son: i) una política nacional anticorrupción cuya aprobación no es aún una realidad y que no está propuesta con un enfoque de derechos humanos; ii) los Sistemas Locales Anticorrupción inconclusos en cuanto a sus normas y sometidos al riesgo de la captura o de repetir vicios pasados en cuanto a violaciones procedimentales o de derechos en las designaciones, y iii) la eterna prórroga de la entrada en vigor del formato de declaración patrimonial y de intereses. 

Parecería ser que la implementación de la coordinación ha resultado mucho más compleja de lo pensábamos.

Los primeros desafíos de la Sala Anticorrupción en Nuevo León

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El pasado 1º de mayo, después de un proceso que involucró la cooperación del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción y del H. Congreso del Estado, inició su encargo como Magistrado el Licenciado Mario Treviño Martínez; posteriormente, el 15 de junio, se declaró formalmente el inicio de funciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Acuerdo 2/2018 de la Sala Superior), la Sala Anticorrupción.

Esta Sala Especializada es producto de la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, configuró diversos órganos en la materia y determinó la obligatoriedad de replicar el modelo en las entidades federativas. Una de las partes importantes de la reforma consistió en distinguir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en dos tipos, las graves y las no graves. Para resolver las primeras, la reforma reconfiguró la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en lo que nos interesa, ordenó a las entidades federativas que instituyeran Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas con competencia para establecer “las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” (art. 116, fracción V de la CPEUM). 

Para cumplir con estas bases constitucionales, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Local, expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y modificó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. En suma, parecería que la escena está puesta para que inicie a funcionar la Sala Anticorrupción.

Advierto, sin embargo, al menos tres desafíos con los que deberá enfrentarse la referida Sala: i) la transferencia de asuntos a la Sala Anticorrupción que no caen estrictamente dentro de su ámbito de competencia; ii) la complejidad técnica jurídica de decidir cuál ley de responsabilidades aplicará para los casos nuevos que conozca: la anterior a la reforma anticorrupción o la ley general, toda vez que el Congreso aún no adecua la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y iii) eventualmente, cuál será la decisión que se seguirá respecto de los 570 servidores públicos del Gobierno del Estado que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometieron alguna irregularidad que amerita la sanción a través de la vía administrativa local. 

i).- Competencia vía acuerdo general

Recientemente, se publicó que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León reasignó a la Sala Anticorrupción de dicho órgano jurisdiccional todos los asuntos que sobre responsabilidades de los servidores públicos ingresaron durante  2016, 2017 y 2018 (El Norte, 23 de julio de 2018). Desde una perspectiva de eficiencia y especialización esto parece una buena idea, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, la decisión plantea problemas jurídicos de competencia.

Esto es, la reforma constitucional de 2015 únicamente otorgó competencia a las Salas Anticorrupción para resolver vía sentencia las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, cuyos expedientes les sean remitidos por la autoridades substanciadoras; pero no tienen competencia constitucional para conocer las revisiones jurisdiccionales que conforme a las leyes de responsabilidades anteriores son del conocimiento de los Tribunales de Justicia Administrativa hasta que ya se ha impuesto una sanción a los servidores públicos. Aun en el supuesto de que se quisiera justificar esta competencia con la reforma que tuvo la Ley de Justicia Administrativa este año (Periódico Oficial del Estado, 19 de enero de 2018), esto solamente sería posible respecto de los casos que se turnasen a la Sala Anticorrupción con posterioridad al 20 de enero, fecha en que entró en vigor esta reforma, pero no con relación a asuntos de 2016 y 2017 como se pretende justificar vía un Acuerdo General de la Sala Superior (3/2018).

ii).- Cuál ley aplicar

Uno de los principales problemas en el derecho es la selección de las normas que servirán para resolver un conflicto. La Sala Anticorrupción deberá enfrentar el desafío de decidir, para casos nuevos que le sean turnados, si los juzgará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la cual, a la fecha, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional general de 2015 y local de 2017. Es cierto que este dilema se presentará en primer lugar en las autoridades de control interno que, conociendo de oficio o por denuncia, de presuntas irregularidades de servidores públicos, deberán ceñirse a una ley específica, a conductas calificadas como ilícitos administrativos por dicha ley específica y dentro de un procedimiento en particular. En todo caso, lo que deseo resaltar es que, cuando dichos casos lleguen eventualmente a su conocimiento, deberá resolver también si las decisiones tomadas por las autoridades investigadoras y substanciadoras fueron correctas; además, deberá tener en cuenta que entre los modelos de responsabilidades de los servidores públicos existen diferencias substanciales.

La magnitud de este problema fue reconocida por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando, vía una demanda de amparo, pretendieron obtener una sentencia en la cual se declarara que los Congresos de los Estados debían abrogar sus leyes de responsabilidades administrativas y solamente debían ceñirse a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Amparo-CPC-LERA-Versio%CC%81n-Pu%CC%81blica-PDF.pdf). Recientemente, un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México falló en contra del CPC Nacional, y concluyó que:

es válido considerar que el cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa local de conformidad con lo previsto en el decreto referido puede llevarse a cabo de diversas maneras, pues armonizar la legislación local con la general puede implicar adicionar, modificar o derogar disposiciones específicas de la legislación existente de la materia con el fin de ajustarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; hacer adecuaciones a otras normativas con el fin de implementar lo establecido en la última normativa mencionada; entre otras, lo que se efectúa atendiendo a las circunstancias específicas de cada entidad federativa. (Amparo Indirecto 1152/2017).

Es decir, el Juez de Distrito determinó que las legislaturas de los estados tienen libertad para adecuar, dentro de la plataforma mínima de la Ley General y según su propia realidad social, sus leyes locales. En este caso, el Congreso de Nuevo León ya adecuó lo relativo al órgano, y lo pertinente al procedimiento que seguirá según la Ley General, pero no está del todo claro respecto a las conductas ilícitas; quiero decir, no es del todo evidente qué conductas son las consideradas como irregulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la Ley de Responsabilidades anterior aún está vigente, esto es, coexisten dos leyes con modelos substancialmente diferentes: la Ley General acorde al sistema anticorrupción y la ley que responde a la lógica previa a la reforma constitucional.

iii).- Los 570 

Finalmente, la Sala Anticorrupción deberá enfrentarse al que muy probablemente será el primer gran caso de su mandato constitucional: El caso de los 570 servidores públicos que según el Tribunal Electoral recabaron firmas de apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez durante el tiempo de sus jornadas laborales, con lo que incurrieron en conductas ilícitas de índole administrativa que deben ser sancionadas de acuerdo a las leyes del estado de Nuevo León.

En efecto, como se recordará, el pasado 21 de junio la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que 572 servidoras y servidores públicos, entre los que se encuentran personas que fungen o fungían como titulares de Secretarías de Estado, “…faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano)” (SRE-PSC-153/2018); el fallo fue comunicado a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados. Posteriormente, el 30 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en esencia dicha resolución, absolviendo únicamente a dos personas, por lo que la cifra final de servidores públicos que incumplieron con el principio de neutralidad e imparcialidad contemplado en el artículo 134 de la Constitución es de 570 personas (SUP-REP- 204/2018 y acumulados).

Este caso, sin duda, será de alto impacto en nuestro estado, no solo por el número elevado de servidores involucrados, sino porque, tal vez como ningún otro, puede evidenciar, casi de forma didáctica, cómo es que el “abuso del poder para beneficio privado” (https://www.transparency.org/declaration/en), por regla general, se da en contextos de redes y no de forma individual y aislada.

Qué decisiones tome el titular de la Sala Anticorrupción a los desafíos antes descritos sin duda delinearán el alcance jurídico de sus facultades pero, tal vez más importante aún, permitirán confirmar o refutar si esta vía -las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos- será un camino eficiente en el combate a la corrupción e impunidad en nuestra entidad.

Sistema anticorrupción, a dos años continua incompleto

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A dos años de su aprobación en el Congreso de la Unión, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) todavía no ha logrado concretarse totalmente a nivel federal ni estatal.

El 18 de julio del 2016 se aprobaron las leyes que creaban el SNA y, a nivel federal, falta completar dos órganos principales del Sistema: la Fiscalía Anticorrupción y las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Completar ambos órganos es responsabilidad del Senado, donde no se llegó a un acuerdo para hacer estos nombramientos.

Pendientes quedan la elección del fiscal anticorrupción; y de los 18 magistrados especializados en juzgar delitos de corrupción.

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, señala que en los estados también hay un retraso importante para que el SNA funcione al 100 por ciento.

Solo en 22 estados se han instalado los comités de Participación Ciudadana; y en 22 casos se cuenta con fiscal anticorrupción.

Aunque en las 32 entidades ya se hicieron los cambios a su Constitución Política, solo 25 ya tienen aprobadas las leyes secundarias que conforman el paquete legal que da forma al SNA.

Se trata de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (aprobada por 32 estados); cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública (ya en 29 entidades); y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa (aprobada en 30 estados).

En ese paquete entran también la Ley Orgánica de la Fiscalía General o de la Procuraduría General de Justicia (en 28 estados); la Ley de Responsabilidades Administrativas (ya en 27 entidades); la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (en 26 estados); y cambios al Código Penal (en 25 entidades).

El IBD señala que como no se ha completado en su totalidad, la efectividad del SNA todavía no se puede apreciar, a pesar de que han pasado dos años de su creación.

“Esto tiene implicaciones importantes para que el Sistema funcione a cabalidad y, por consiguiente, para que sea posible contar con evidencia que permita valorar su pertinencia y efectividad”, expone el análisis.

Un Nuevo Frente Contra la Corrupción

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Recientemente se ha hablado de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual en estas semanas ha sido discutido por organismos de la sociedad civil y adecuado en el estado por el Congreso. Según datos del INEGI, se vive un acto de corrupción cada 3.5 segundos en nuestro país y el 65% de los empresarios dicen haber sido participes en una situación así en las últimas encuestas. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que presentó Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 123 de 176 países. Bajó 28 lugares que el índice anterior (2015) y los últimos ocho años hemos ido empeorando año con año.

Entre las cosas más destacables, además de la eliminación del fuero para diputados, está el fomento a la participación ciudadana y lo que podría ser una sanción tanto para el funcionario como para el ciudadano (persona física o moral) que sea involucrado en casos de corrupción.

Pocas veces en la historia reciente de nuestro país hemos visto tanta animadversión social y hartazgo sobre la corrupción. Parlamentarios europeos, líderes políticos internacionales, cámaras empresariales, asociaciones civiles y la sociedad han tenido eco de sus exigencias y “nace” el Sistema Nacional Anticurrupción.

Sin embargo, no todo es negativo, a pesar de que los pesimistas dicen que “es un elefante blanco que nace muerto”, los optimistas dicen que es un excelente paso para ir formando y fortaleciendo la institución. Es entendible la frustración social no solo ante la corrupción si no la impunidad y es que no es para menos si solo el 2% de las denuncias terminan generando un castigo.

Lo que es un hecho es que la sociedad está despertando y los políticos tendrán que ejercer sus gobiernos escuchando a la gente y privilegiando acciones que ayuden a prevenir, mitigar y desincentivar situaciones de corrupción.

Podría mencionar el ejemplo del Consejo Consultivo Anticorrupción implementado por el Alcalde Víctor Fuentes en San Nicolás de los Garza, el cual está integrado por organizaciones civiles como el Centro de Integración Ciudadana (CIC), Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC) y No a Conducir Ebrio (NACE); con lo cual se busca capacitar a servidores públicos e incentivar la denuncia ciudadana ante casos de extorción o corrupción en policía, tránsito e inspección “pagando” al ciudadano hasta $8,000 pesos en caso de aportar pruebas que ayuden a documentar los casos. También está el ejemplo de la administración de Mauricio Fernández en San Pedro Garza García en donde desde hace varias administraciones participan contralores 100% ciudadanos en todos los procesos de adquisiciones que son transmitidos en vivo por internet.

La clave del éxito para erradicar la corrupción será lograr la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, sin vínculo político ni compromisos o cuotas, pero es igual de importante no ser una sociedad permisiva y denunciar.

Exigen organizaciones Fiscal Anticorrupción Independiente

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Organizaciones ciudadanas, académicas y empresariales, en las que destacan el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., Transparencia Mexicana y Coparmex, convocaron el día de hoy a una conferencia de prensa donde exigirán la creación de una Fiscalía General Independiente, con las que se atiendan las investigaciones de casos de corrupción.

Otras de las demandas que harán los representantes de las organizaciones es transparencia en el nombramiento de funcionarios, la asignación de recursos públicos para combatir la corrupción y una nueva generación de reformas contra esos delitos.

Por último, exigieran al Congreso de la Unión que avance en las reformas y nombramientos que tiene pendientes antes de que termine el sexenio.

La conferencia de prensa se da a unas horas de que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) inicié. Como ya se había mencionado con anterioridad, el Congreso no aprobó un periodo extraordinario para nombrar al fiscal y magistrados que controlaran el SNA, por lo que su inició será sin dientes ni garras para combatir la corrupción.

Propone Moreno Valle cambio de estrategia anticorrupción

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Los escándalos continuos de servidores públicos a la merced de la corrupción han generado un malestar en la sociedad mexicana; malestar que se ha traducido en desilusiones sociales, perdida de la confianza en instituciones y partidos políticos; enojo hacía la clase política y ha generado en épocas recientes una casi nula participación electoral.

La corrupción es un tema que hay que atacar, ante ello, el posible candidato de Acción Nacional, Rafael Moreno Valle declaró, “urge un plan alterno; con un Consejo Ciudadano se logra vencer la desconfianza de la población”.

“Considero muy grave el hecho de que los servidores públicos se vean involucrados en temas de corrupción, no solo del PAN, sino de todas las fuerzas políticas, creo que precisamente este tema ha generado que la gente deje de creer en la política y en los políticos. (…) Es por ello, que es fundamental que existan leyes como el Sistema Nacional Anticorrupción”.

De igual forma se lamentó que no se haya podido llegar a un acuerdo para la elección del Fiscal Nacional Anticorrupción. Ante esta idea Moreno Valle expresó que a él le gustaría crear un mecanismo complementario como el que implementó en Puebla, el cual es un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, donde la gente pueda denunciar sin temor a represalias; puede implementarse al SNA.

Dimes y Diretes: “¡¿Qué les pasa?!”

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Este fin de semana se define si tendremos o no un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y por ende si la famosa iniciativa #Ley3de3 es aceptada por los Senadores de la República. Todas estas posibilidades se ven poco probables, pues las bancadas del PRI y PVEM no ven que haya condiciones para poder aprobar el SNA durante este período ordinario y al mismo tiempo están renuentes a irse a un periodo extraordinario. Por su parte el PAN y el PRD, dicen que quieren un Sistema Anticorrupción completo o nada, a todo esto les pregunto, ¿qué les pasa?

Todas estas posibilidades se ven poco probables, pues las bancadas del PRI y PVEM no ven que haya condiciones para poder aprobar el SNA durante este período ordinario … Por su parte el PAN y el PRD, dicen que quieren un Sistema Anticorrupción completo o nada

Está muy claro que el PRI y el PVEM no quiere en lo más mínimo que se dé para adelante un SNA con dientes, al contrario aunque dicen que debe de tener dientes y que con la #Ley3de3 dudan mucho que así sea, todo parece indicar que la quieren sin dientes. Como hace unos días se mencionaba en una columna de este portal, tal parece que los Senadores creen que la aprobación de la #Ley3de3 es opcional, y no lo es, y en caso de que le vean partes inconstitucionales las eliminen a cambio de aprobar tan importante ley.

Esto último, tampoco parece convencer a los senadores del PRI y PVEM. Por lo tanto creo que nos deberíamos de dejar de cosas y hacer un llamado al Senador y Senadoras de Nuevo León y decirles que si ellos están de lado de su partido político o de los ciudadanos, sobre todo las senadoras priístas Cristina Díaz, Marcela Guerra e Ivonne Álvarez. ¿Cómo vamos a lograr esto? A continuación les pongo las cuentas de redes sociales y los correos electrónicos de los cuatro para que los bombardeemos con peticiones para que aprueben la #Ley3de3 antes del sábado, que es cuando termina el periodo ordinario.

…creo que nos deberíamos de dejar de cosas y hacer un llamado al Senador y Senadoras de Nuevo León y decirles que si ellos están de lado de su partido político o de los ciudadanos… ¿Cómo vamos a lograr esto? A continuación les pongo las cuentas de redes sociales y los correos electrónicos de los cuatro…

Senador Raúl Gracia
rgracia@senado.gob.mx
Twitter: @rgraciag

Senadora Cristina Díaz
crisitina.diazs09@gmail.com
Twitter: @Cristina_Diaz_S

Senadora Ivonne Álvarez
ivonnealvarez@senado.gob.mx
Twitter: @alvarez_ivonne

Senadora Marcela Guerra
guerracastillomarcela@gmail.com
Twitter: @MarcelaGuerraNL

¡A tupirlos!

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