Las Mañaneras y la equidad en la competencia electoral

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Es realmente incomprensible que el Presidente López Obrador no respete las reglas constitucionales destinadas a proteger la equidad en la competencia electoral. Sobre todo, porque dichas normas fueron incluidas en nuestra constitución justamente para impedir que servidoras y servidores públicos influyeran en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Pero lo que sí limita con lo cínico es que las conductas ahora prohibidas tuvieron como víctima al mismo AMLO durante su primera campaña presidencial del 2006. 

Aunque ahora parece ya muy lejano, fueron las campañas negativas y la intervención mediática del presidente Fox lo que llevó, primero, a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al Consejo General del entonces llamado IFE instrumentar un procedimiento especial, abreviado, para que se pudieran depurar las conductas que estaban afectando la libertad del sufragio del electorado mexicano; y, además, a que la Sala Superior del TEPJF, en su dictamen de validez de la elección de 2006, concluyera que las intervenciones del presidente pusieron en riesgo la validez de la autenticidad de toda la elección.

Las campañas de dos mil seis pusieron en evidencia varios problemas que nuestra joven democracia electoral cargaba en su equipaje: 1) El acceso a radio y televisión basado en quién contaba con mayores recursos directos, por medio de financiamiento público o privado, o indirectos, en razón de las campañas veladas o expresas de sujetos privados a favor o en contra de los contendientes. 2) La intervención que los gobernantes podían realizar en la autenticidad de las campañas por medio de mensajes disfrazados de propaganda gubernamental. 3) La clara promoción personalizada que realizaban las y los servidores públicos por medio de la propaganda difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social con la consecuente afectación a la equidad en la elección.

La reforma constitucional en materia electoral del 13 de noviembre del 2007 incorporó al texto fundamental algunas normas que me interesa resaltar: i) La obligación de todos los poderes y órganos de suspender la difusión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada (art. 41, fracción III, Apartado C). ii) La obligación de todos los servidores públicos de aplicar en todo tiempo de forma imparcial los recursos públicos y sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos (art. 134, párrafo 7º). iii) La obligación de que la propaganda gubernamental, en todo tiempo, sea institucional, informativa, educativa o de orientación social y, además, la prohibición de que dicha propaganda incluya signos o imágenes que impliquen promoción personalizada de las y los servidores públicos (art. 134., párrafo 8º).

Estas reglas de rango constitucional fueron incorporadas justamente después de la poco limpia campaña electoral presidencial de dos mil seis y, como puede evidenciarse, buscaron alcanzar uno de los fines que están presentes en todo el entramado electoral nacional: la equidad en la competencia. Más claro aún, estas reglas se crearon como una consecuencia de las campañas negativas en contra de AMLO en ese año. Ahora, quince años después, parece ser que es el mismo presidente quien desea desconocer el alcance de estas normas por medio de sus mensajes de corte electoral en las Mañaneras.

Nadie podría desconocer que las y los servidores públicos gozan de derechos y libertades como la expresión política, y que, desde luego, las personas tenemos derecho a saber lo que nuestros gobiernos están realizando. Estas premisas justifican las novedosas Mañaneras, sin embargo, una mínima cultura constitucional debería concluir que las conferencias de prensa matutinas del Presidente también están sometidas a las reglas que describí. Y tampoco podemos negar que si el titular del Ejecutivo incumple con estas reglas constitucionales se afectará la equidad en la competencia entre los partidos durante las campañas electorales que están por iniciar.

En este mismo sentido, las Mañaneras deben ser tomadas como propaganda gubernamental, porque indudablemente son un instrumento de comunicación desde el poder. Recordemos, como afirma Castells (2012), que “en nuestro contexto histórico, la política es fundamentalmente una política mediática” y que “las relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para modelar las mentes construyendo significados a través de la creación de imágenes”. Más allá de la libertad de expresión del Presidente y del derecho a estar informadas de las personas, ¿no es esto lo que construye todos los días AMLO en las Mañaneras? ¿No es esto lo que pretende construir al referirse en las Mañaneras a partidos políticos y coaliciones?

Justo con motivo de estas expresiones el Consejo General del INE, por orden de la Sala Superior del TEPJF, tuvo que conocer en pleno una solicitud de medida cautelar en contra del Presidente por las referencias electorales que hiciera en una Mañanera de diciembre pasado. Para tutelar la equidad en la competencia, el INE ha ordenado a AMLO que “en el mecanismo de comunicación gubernamental se abstenga de realizar conductas que involucren manifestaciones cuyo contenido pueden ser de naturaleza electoral, en apego a lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución”. Esta determinación preventiva de carácter inhibitorio, como era de esperarse, fue impugnada por el partido del Presidente y por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Paradojas de la vida: Quince años después de aquella campaña de 2006 López Obrador es quien ahora ejerce el poder. El Presidente es ahora quien construye su política por medio de las Mañaneras. Ahora, el presidente pasó de ser una víctima del poder mediático a un actor que debe ceñirse a las reglas que prohiben abusar del poder para beneficio propio o del partido en el gobierno. Aunque algunos pensemos que deberíamos privilegiar la libre circulación de las ideas y las opiniones, no podemos desconocer el alcance de las normas constitucionales. Sólo esperemos que el Tribunal Electoral logre otorgar más peso a la equidad en la contienda que al inmenso poder mediático del Presidente de la República.

PAN responde a México Libre y lo acepta sin sus condiciones

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En una carta publicada en redes sociales, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, respondió a México Libre. Aquí dijo que se encuentran abiertos a unirse a otras opciones políticas y aceptó integrar a miembros de México Libre, la iniciativa de Felipe Calderón y Margarita Zavala, sin embargo, indicó que no aceptarán condiciones para esta alianza.

Después de no conseguir su registro, México Libre indicó que buscaría alianzas con otros partidos para llegar al proceso electoral. Sin embargo, con respecto a su unión con el PAN, esta organización puso una serie de condiciones.

El pasado domingo cuando la organización de Calderón y Zavala lanzó un escrito el que establecía 11 “condiciones mínimas” para integrarse a Acción Nacional, para conformar un bloque opositor y derrotar a Morena en los comicios del próximo año.

Algunas de estas condiciones son: integrar a los dirigentes del movimiento en la cúpula partidista, honrar su tradición democrática y su histórico aporte a la transición electoral y la división de poderes y “cortar de tajo las prácticas que, impulsadas por ámbitos de complicidad interna, llevan a postulaciones de personajes que resultan impresentables para muchos mexicanos“.

Ante dichas exigencias, Cortés contestó dando la bienvenida a la llegada de más ciudadanas y ciudadanos al partido, no obstante, indicó que el arribo debe ser sin condiciones.

En la carta publicada mediante las redes sociales del partido se lee: “Nuestra visión está puesta en e 2021, no en el 2018, y del mismo modo exigimos al actual gobierno federal que resuelva el presente y construya el futuro, lo mismo nos exigimos nosotros“.

Con información de Reporte Índigo

Solicita México a Estados Unidos extradición de Genaro García Luna, reporta EFE

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México solicitó a Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y quien se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York acusado de presuntos delitos de narcotráfico.

Fue este domingo cuando la Embajada de México en Estados Unidos entregó al Departamento de Estado estadounidense una solicitud de extradición de García Luna, dijo a la agencia de noticias EFE este lunes una fuente de esa delegación diplomática.

La Fiscalía General de la República (FGR) adelantó hace un alto que planeaba pedir la extradición de García Luna, una vez que concluyera sus propias diligencias respecto a los posibles delitos cometidos por el ex funcionario mexicano.

De acuerdo a medios nacionales, la FGR emitió hace unos días una orden de aprehensión contra García Luana, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

Antes de cualquier proceso de extradición, el ex funcionario federal debe enfrentar los cinco cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses, entre ellos, el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.

Cabe mencionar que el ex funcionario calderonista se encuentra a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos, donde este mismo lunes se celebró una audiencia telemática sobre su caso.

El juez que lleva su caso, Brian Cogan, fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero, mientras que el abogado de García Luna se quejó de que no ha podido revisar las pruebas contra él ni ha podido hablar con él desde el 20 de octubre.

Cabe recordar que García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, mientras era el encargado de seguridad nacional en México.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

Reportan brote de COVID-19 en centro de detención donde se encuentra Genaro García Luna

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El centro de detención en Nueva York, donde se encuentra el ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Genaro García Luna, reportó este jueves que se registra un brote de COVID-19.

De acuerdo con lo indicado en reportes, al menos 55 casos de COVID-19 han sido confirmados al interior del Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York.

Información emitida por medios locales, los cuales citan cifras levantadas por el Buró de Prisiones, destaca que desde el pasado martes 1 de diciembre, hasta este jueves 3, se han registrado varios casos confirmados de coronavirus al interior del centro de detenciones, donde también se encuentra Ghislaine Maxwell excolaboradora y expareja de Jeffrey Epstein.

Reportes previos indicaban que la cantidad de contagios del nuevo coronavirus al interior del centro, desde marzo y hasta fechas recientes era de 25, sin embargo en la última actualización que han hecho las autoridades, se indicó que la cantidad llegó a 55.

Sobre las personas que han sido diagnosticadas como casos confirmados, se señala que la mayoría se trata de miembros del personal del centro, ya que se explicó que del total de contagios, 49 corresponde a trabajadores.

Cabe recordar que en el mes de julio pasado, el equipo de representantes legales de Genero García Luna presentaron una solicitud, por medio de la cual buscaban que su cliente fuera liberado bajo una fianza, ante el riesgo de que pudiera contagiarse del COVID-19, sin embargo dicha petición fue rechazada.

Hasta el momento los abogados del ex secretario de Seguridad Pública, no han emitido más información sobre el estado de salud de éste, además de que se desconoce si buscan alguna otra medida que les permita evitar la transmisión de la enfermedad.

El exfuncionario que es acusado de diferentes delitos derivados de su presunto nexo con grupos narcotraficantes, tiene programada una audiencia que se llevará a cabo el próximo martes 7 de diciembre.

No he presentado denuncias contra expresidentes, dice AMLO

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Esta mañana, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desde la Presidencia no se ha presentado ninguna denuncia en contra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, ni algún otro expresidentes. En el mismo sentido, aunque respecto a otra acusación, descartó que le haya pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que frene el caso de Lozoya. 

Esto lo declaró el presidente durante su tradicional conferencia de prensa matutina: “No estamos presentando nosotros denuncia contra los expresidentes… Ni contra (Carlos) Salinas, ni contra (Ernesto) Zedillo, Ni contra (Felipe) Calderón, ni contra Peña Nieto“.

Durante la semana se ha estado argumentando que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray; y el expresidente Enrique Peña Nieto presuntamente utilizaron los sobornos de Odebrecht para golpear al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en la campaña electoral del 2012; al respecto Obrador contestó que: “En caso de que sea necesario llevar a cabo una consulta popular, donde el pueblo decida si deben ser llevados a juicio“, reiteró.

Además señaló que si las autoridades deciden que no se debe esperar a la consulta ciudadana para investigarlos “están en la libertad de hacerlo“.

Con información de El Universal y PolíticoMX

Odebrecht desmiente a Lozoya, dice que solo él sabe que hizo con los sobornos

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Luis Alberto Meneses Weyll el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya Austin y quien confesó a la justicia brasileña haber entregado 10.5 millones de dólares al servidor público entre 2012 y 2014, además fue quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en 2017.

Actualmente desmiente las versiones que Lozoya está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial.

A través de Carlos Kauffmann, su abogado, plantea que no hubo dinero por parte de la constructora brasileña para la campaña de Enrique Peña Nieto ni para que los legisladores aprobarán la reforma energética, tampoco hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón.

Sino que asegura que “el único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya” y ahora está tratando de adjudicarle pagos que no son de Odebrecht, dijo Kauffmann.

En su denuncia, presentada en la FGR, Lozoya señala sobornos de Odebrecht a legisladores, aportaciones a la campaña de Peña Nieto y acusó que funcionarios de los gobiernos de Calderón y Peña. Lo cual es calificado como falso por la defensa de Meneses Weyll.

De acuerdo a Lozoya, cuando él estaba en campaña con Peña, a principio de 2012, se reunió con Meneses en las Lomas para pedirle 6 millones de dólares a nombre del aspirante presidencial, tal petición “venía directamente del entonces candidato Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara. Él me dijo que lo veía bien”, contó Lozoya.

En su denuncia, el exfuncionario detalló que Meneses Weyll le aseguró que Odebrecht aportaría 4 millones de dólares, de los cuales 2.5 millones serían íntegros para la campaña de Peña, con lo que la firma sudamericana esperaba posicionarse con el PRI, y le habría dado datos de una cuenta bancaria que tenía en Suiza a la que le fueron transferidos los depósitos entre abril y junio de 2012.

En una videoconferencia para Quinto Elemento Lab, el abogado de Meneses negó que haya dado dinero expresamente para financiar la campaña peñista, pues no se realizaron más pagos que los reportados previamente por el exjefe de Odebrecht en México, y su cliente se responsabiliza “de todos los pagos que hizo y comprobó todos los pagos con documentos, pero él no se responsabilizará de lo que no hizo”.

Desde 2016, Meneses había entregado a los fiscales brasileños los registros que comprueban las trasferencias hechas a las cuentas de Lozoya, pero que los sobornos solo fueron para el exdirector de Pemex y declaró ante los fiscales brasileños que “con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la campaña en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de 5 millones de dólares”.

Según Lozoya, Marcelo Odebrecht, propietario de la constructora y Luis Alberto Meneses Weyll se reunieron con Peña y Luis Videgaray en 2010, en Brasil, donde los brasileños habrían ofrecido al gobernador del Estado de México su apoyo económico para su posible apoyo económico en una postulación presidencial.

Y que un segundo encuentro se habría realizado en 2012, ya como presidente electo, en la casa de Marcelo Odebrecht en Sao Paulo, donde se empezó a construir una relación más directa entre el gobierno mexicano y el consorcio, donde los interlocutores serían Videgaray y Lozoya.

Pero Kauffman asegura que Meneses no tuvo contacto con ningún funcionario ni con el presidente ni con legisladores, pues el único contacto que existió fue con Lozoya.

De tal forma que “lo que hizo con los pagos, eso no le competía a Luis (Meneses) Weyll decidir ni cuestionar (…) El único que sabe lo que hizo es Emilio Lozoya”.

En agosto pasado se difundió un video que exhibió a dos exempleados del Senado vinculados a exsenadores del PAN recibiendo dinero supuestamente como parte de los sobornos que Lozoya gestionó para legisladores a favor de votar la reforma energética.

Días antes de la filtración del video, Lozoya confesó que había pagado a legisladores de la oposición para la aprobación de la reforma con recursos de Odebrecht, y se habrían repartido según las indicaciones de Videgaray.

Incluso el exdirector de Pemex recordó que Odebrecht los felicitó por haber logrado lo que no se había hecho antes, “estaban muy contentos porque con esa reforma podrían obtener un mayor volumen de obra”.

Pero esto también fue negado por Kauffmann, al asegurar que ellos nunca tuvieron interés en la reforma energética ni se benefició con ningún contrato derivado de su aprobación, por lo que al no existir ese interés, Odebrecht “no pagaría a legisladores para que actuaran en la reforma”.

El defensor también negó que se hubieran entregado recursos a funcionarios del sexenio de Felipe Calderón, por la adjudicación de un contrato para favorecer a Braskem, filial de Odebrecht, en la planta Etileno XXI en Veracruz.

Han pasado más de ocho meses desde que Emilio Lozoya fue arrestado en España; han transcurrido más de tres meses desde que fue extraditado y ya se agotó la mitad del tiempo que concedieron los jueces para que la FGR integre el caso, pero la justicia mexicana aún no ha buscado al principal delator de Lozoya, para contrastar sus dichos.

Kauffman asegura que su cliente está en Brasil y dispuesto a colaborar, siempre que se respeten los acuerdos que él tiene con la justicia brasileña, dijo que la justicia mexicana solo lo interrogó en 2017 en la ciudad de Salvador, pero no han vuelto a buscarlo.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Niega Fernando Elizondo que Calderón haya creado el Pacto Federal

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El ex tesorero y Gobernador interino del Estado de Nuevo León, Fernando Elizondo, dijo que es falso que la fórmula de participaciones federales a los estados sea obra del Gobierno del ex panista Felipe Calderón, como lo ha afirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Eso es falso, pero independientemente de la fórmula de reparto, a la hora que se hacen las estadísticas resulta que los estados que están ahora en esta Alianza Federalista son los que menos inversión federal están recibiendo, y ése es precisamente el daño enorme de eliminar mecanismos como los fideicomisos, porque el presidente López Obrador, a su voluntad, decide que si a su entender una entidad se porta mal, pues entonces no les manda y no les invierte”, dijo Elizondo.

Por otro lado, indicó que el actual Pacto Fiscal data de 1980 y desde ese entonces, durante su gestión como Tesorero estatal en el Gobierno de Fernando Canales ya había inequidad en la fórmula de participaciones, algo que buscó aminorar la reforma que impulsó el ex presidente Calderón en 2007.

Por su parte, el especialista en finanzas públicas y director de la consultora Econometría Aplicada, Marco Antonio Pérez Valtier, señaló que hasta cierto punto la inequidad fiscal de la fórmula de epato de 1980 prevalece, porque lo que hizo la reforma de 2007 fue “congelar” en ese momento las participaciones de las entidades y garantizarla, pero con un monto incremental. Además, dijo que la fórmula de reparto nación con la Ley de Coordinación Fiscal de 1980.

“Desde entonces el problema era el mismo que ahora: la Federación se queda con un 80 por ciento de la recaudación y sólo deja un 20 por ciento para repartirlo entre las entidades federativas, que es lo que se denomina como Recaudación Federal Participable”.

En la fórmula original un 45.17% se repartía en proporción al tamal de la población de cada estado respecto al total nacional, otro 45.17% en proporción a lo que aportara cada entidad de los llamados “impuestos asignables”, es decir,. el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicable a gasolina, cerveza, bebidas alcohólicas y tabaco, así como el Impuesto sobre Autos Nuevos y la Tenencia.

Mientras que el restante 9.66% se repartía con base en un factor compensatorio que resultaba de calcular la inversa, es decir, 1 entre la proporción de lo que recibía cada estado por concepto de peso poblacional y de participación en impuestos asignables.

El especialista dijo que a partir de 2007 se garantizó a cada entidad lo que recibiera.

“Un 60 por ciento se reparte en función del PIB de cada estado con relación al total, otro 30 por ciento se reparte en función del crecimiento en impuestos locales de los últimos tres años y el 10 por ciento remanente es con base en el monto que tenga la recaudación absoluta de impuestos locales sobre el total nacional”, agregó.

(Con información de Grupo Reforma)

Afirman que Pacto Fiscal actual fue hecho por una reforma de Calderón

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Ante los reclamos por la disminución de los recursos presupuestales para los estados, Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público, acusó que el Pacto Fiscal fue creado por el PAN y Felipe Calderón.

Este miércoles, Grupo REFORMA publicó que los 10 estados que integran la Alianza Federalista amenazaron con abandonar el Pacto Fiscal acusando que reciben un trato inequitativo.

Su principal queja es que reciben menos impuestos federales de los que se generan en sus estados.

Al respecto, Herrera comentó en redes sociales que le sorprende que algunos de los cuestionamientos más recurrentes al Pacto Fiscal provengan del PAN, siendo que este partido fue forjador del acuerdo redistributivo entre estados que se usa en México actualmente.

El funcionario compartió una lista de la votación que aprobó el actual Pacto Fiscal, donde resalta que fue avalado en el Senado con 113 votos en total: 46 del PRI, 42 del PAN, 18 del PRD y el restante del PVEM y otros.

Herrera afirmó que la Secretaría de Hacienda está por iniciar discusiones técnicas con los Secretarios de finanzas de los estados para lograr un sistema fiscal más justo y equitativo.

 

 

(Con información de El Norte)

Detienen por narcotráfico a Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena en el Gobierno de Peña Nieto

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El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, fue detenido en los Estados Unidos.

De acuerdo a una revisión histórica hecha por este medio de comunicación, se trata de la primera ocasión en la historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, que un general de Ejército mexicano es detenido por autoridades estadounidenses.

Cienfuegos fue detenido, por petición de la DEA, en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo cargos de conspiración criminal, lavado de dinero y narcotráfico.

El General mexicano viajaba con su familia, cuyos integrantes no fueron revelados, aunque sí se dijo que fueron dejados en libertad.

Cienfuegos, de 72 años, fue pieza clave en la estrategia de seguridad de Peña, que intentó distinguirse de la de su antecesor, Felipe Calderón, con la disminución de enfrentamientos y con la presunción de que privilegiaban operaciones de inteligencia sobre las de la fuerza.

Cabe señalar que con Cienfuegos fueron capturados capos como los hermanos Miguel Omar Treviño, líderes de los Zetas, detenidos en el 2013 y el 2015, y Servando Gómez “La Tuta”, de la Familia Michoacana, arrestado en febrero del 2015.

En el 2013, florecieron los grupos armados de autodefensa en al región de Tierra Caliente, en Michoacán, que presuntamente se levantaron contra los cárteles de la droga y que eran auspiciados por fuerzas militares.

En el sexenio de Peña Nieto el capo más importante del país, el jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue capturado en febrero del 2014 en Mazatlán por efectivos de la DEA y un cuerpo especial de la Marina mexicana, sin embargo, un año después “El Chapo” se fugó del penal de alta seguridad del Altiplano para ser detenido en el 2016 por policías federales. en ninguna de las acciones contra “El Chapo” destacó el Ejército.

Cabe mencionar que durante el paso de Cienfuegos por la serena, el Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como uno de los mayores generadores de violencia en México adquirió mayor fuerza hasta convertirse en la segunda organización de tráfico de drogas más poderosa de México, según el último reporte anual de la DEA.

Por otro lado, la gestión del General en la Sedena estuvo marcada por la corrupción, pues de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se detectaron irregularidades en 88 de los 93 contratos de la dependencia por un monto de 603 millones de pesos.

También fueron señaladas irregularidades en las compras de equipos de espionaje, equipo militar y armas.

Otro de los temas graves durante la gestión de Cienfuegos fueron las violaciones a derechos humanos, como el caso de Tlatlaya, en el sur del Estado de México, donde 22 personas fueron ejecutadas en junio del 2014 por militares.

Cienfuegos también rechazó la solicitud de familiares de los 43 normalistas desparecidos de Ayotizinapa, quienes pedían poder ingresar a los cuarteles del Ejército para buscar a sus hijos.

(Con información de Grupo Reforma)

Calderón dice que el autoritarismo avanza tras negativa de registro a México Libre

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El expresidente Felipe Calderón aseguró que “avanza el autoritarismo” y “se consumó la arbitrariedad” luego de que el Tribunal Electoral  (TEPJF) le negara el registro a su organización México Libre como partido político.

A través de su cuenta de Twitter, acusó que solo los “partidos afines” al presidente López Obrador obtuvieron su registro como es el caso de Redes Sociales Progresistas, cercada a la maestra Elba Esther Gordillo; y Fuerza Social por México, vinculada al senador morenista y líder sindical Pedro Haces Barba.

Además fue validado el registro de Encuentro Solidario, la organización que detectó participación de líderes eclesiales evangélicos para la realización de asambleas y la afiliación de simpatizantes. 

El exmandatario redactó en Twitter que: “A la única voz opositora, verdaderamente Ciudadana, México Libre, se le negó de la manera más absurda. Avanza el autoritarismo“.

Con información de Animal Político