Nuevo León 21: derecho a la ciudad

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En los espacios anteriores de esta columna de opinión hemos hablado sobre la importancia de las próximas elecciones en Nuevo León, debido a que el contexto actual representa una gran oportunidad para transitar hacia un Estado que sea más sostenible y resiliente. 

Un tema toral para el futuro de Nuevo León es el que tiene que ver con el desarrollo urbano. En los últimos años, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) se ha convertido en un espacio urbano de gran insostenibilidad en términos sociales, ambientales y de movilidad. Las y los candidatos deben ser sensibles ante esta realidad y proactivos, proponiendo soluciones creativas y factibles que puedan conducirnos hacia una Zona Metropolitana con mayor bienestar para toda su población.

Uno de los principales retos que enfrenta la ZMM se relaciona con el crecimiento de la mancha urbana. De acuerdo con la OCDE (con base en datos del INEGI), la zona periférica de Monterrey se ha vuelto más densa en un 40% entre 2000 y 2010, mientras que la zona céntrica se ha despoblado en un 15%, durante el mismo período (CONL, 2016). 

Esto va en contra de la sostenibilidad de la Zona Metropolitana ya que, una de las condiciones necesarias para que una ciudad sea sostenible es que esta tenga un desarrollo urbano compacto y no disperso, como lo muestra la tendencia en Monterrey. A su vez, esto afecta directamente la vida de las y los neoloneses debido a que, al haber una organización urbana dispersa, las distancias se alargan, los tiempos de viaje se incrementan, el uso de medios de transporte motorizados se intensifica y la calidad del aire se deteriora aún más. 

Por ejemplo, de acuerdo con los resultados de la encuesta Cómo Vamos Nuevo León 2019, el lugar de trabajo es uno de los sitios menos cercanos a la vivienda. San Nicolás y San Pedro son los únicos municipios con mayor accesibilidad a comercios y servicios. 

Existen casos ejemplares alrededor del mundo sobre los beneficios de un desarrollo urbano compacto y con mayor densidad poblacional. Cabe mencionar que este tipo de desarrollo se traduce en un aumento en la productividad y eficiencia del gasto público, al ser este más concentrado; asimismo, se acortan los tiempos de viaje y se promueve el uso de medios de transporte no motorizados, lo cual tiene un impacto directo en la mejora de la salud pública y la calidad del aire (CONL, 2016).  

Además de ser compacto, el desarrollo urbano de Nuevo León debe de tener una perspectiva de Derecho a la Ciudad. Este tipo de derecho implica que todas las personas, sin discriminación de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, tienen derecho a disfrutar de todos los beneficios de la ciudad (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004). 

Sería bueno preguntarnos, en Monterrey y su Zona Metropolitana, ¿quiénes tienen su derecho a la ciudad garantizado?… Es interesante ver lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres. De acuerdo con el trabajo de Zúñiga Elizalde (2014), la configuración espacial y social de las ciudades afectan el derecho a la ciudad de las mujeres debido a que, en la mayoría de las ocasiones, los espacios públicos propician la violencia verbal y/o física hacia ellas. 

Si las mujeres, para hacer uso de la ciudad, tienen que hacerlo de forma privada y/o dependiente, porque para viajar deben hacerlo preferiblemente en automóvil o si es en transporte público deben hacerlo acompañadas de alguien más, de preferencia un familiar masculino, ¿realmente es garantizado su derecho a la ciudad? 

¿Qué pasa con las y los migrantes? Quienes arriesgan sus vidas en una Zona Metropolitana repleta de calles y avenidas diseñadas principalmente para los automóviles. 

¿Realmente existe el derecho a la ciudad en la ZMM?  

Instagram/Twitter @toniuniversal 

Prevé OCDE caída de 9.2% en economía de México

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La economía mexicana sufrirá este año una caída del 9.2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) debido a la pandemia, con una recuperación “moderada e incierta” del 3.6 % en 2021, señaló este martes la OCDE.

En su informe semestral sobre perspectivas económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que México está sufriendo “aumentos significativos en pobreza, desigualdad y brecha de género” por culpa de la pandemia.

El organismo pidió que la políticas macroeconómicas deben “impulsar la recuperación” con medidas fiscales, por ejemplo con ayudas a los trabajadores y empresas más afectados, ya que la “prudencia fiscal” de los pasados años creó un margen para emplear ahora.

Explicó que la recuperación estará impulsada por el sector exterior y las “robustas” perspectivas de las exportaciones del sector manufacturero, muy vinculado al mercado estadounidense, como la fabricación de automóviles.

La construcción también comenzó a recuperarse, aunque los servicios y el comercio minorista siguen con una actividad un 10 por ciento inferior a la de febrero de este año.

Las exportaciones se recuperaron, impulsadas por el empuje en los Estados Unidos y también mejoró el mercado de trabajo, sobre todo en la industria, ya que en servicios y hostelería los empleos siguen cayendo.

Sin embargo, esa recuperación en el empleo aún no llegó por igual a las mujeres.

A pesar de la mejoría moderada, la organización recalcó que la recuperación afronta una “muy alta incertidumbre” debido al riesgo de un empeoramiento de la pandemia, agravada por la temporada de la gripe.

En ese caso, se deberían aplicar de nuevo restricciones de movilidad que dañarían el desempeño económico.

La OCDE recordó que México es uno de los países miembros con más muertes por la pandemia, aunque apuntó que la reasignación de recursos permitió la contratación de 50 mil trabajadores sanitarios adicionales y la compra de vacunas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió ayer lunes de que “el ritmo de incremento de casos y muertes de Covid-19 en México es muy preocupante”, por lo que pidió al país que sea “muy serio” en su gestión.

México, con más de 105 mil muertes y casi un millón 115 mil contagios, ocupa el cuarto lugar mundial en decesos producidos por la enfermedad, según el recuento de la universidad Johns Hopkins, solo por detrás de EU, Brasil e India.

Por ello, la OCDE en su informe advirtió del riesgo de que la aversión al riesgo pueda reducir los flujos financieros a las economías emergentes y aumentar los costes del endeudamiento mexicano.

También es posible que nuevos problemas en el comercio internacional afecten a las exportaciones del país.

En el lado opuesto, si la pandemia no se agrava y los socios comerciales de México continúan su mejoría, la creación de empleos y las exportaciones serán mejores de lo anticipado.

Las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda alertaron de una caída del PIB del 8 por ciento para este año, con una recuperación del 4.6 por ciento el próximo, mientras que el Banco de México calculó una contracción del 8.9 por ciento en 2020.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un desplome del PIB mexicano del 9 por ciento durante este año.

La austeridad no es suficiente para impulsar la recuperación económica en México

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Esta columna es parte del análisis Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta este y otros temas haciendo clic en https://bit.ly/Reporte19 

En abril el presidente López Obrador publicó un plan para enfrentar la crisis económica por el Covid-19 que consiste en aumentar el presupuesto de diversos programas y proyectos prioritarios, hasta por 622,556 millones de pesos adicionales a través de recortes al gasto operativo del gobierno. 

Sin embargo, según estudios durante este año los ingresos totales del gobierno caerían hasta 648,000 millones de pesos.

Para que el Estado mexicano pueda implementar un plan de reactivación económica robusto, que tenga por objetivo evitar la mayor pérdida masiva de empleos y detener la caída de los ingresos de las familias, será necesario encontrar fuentes extraordinarias de ingresos.

De acuerdo a un análisis publicado en la revista Nexos, si el gobierno no reacciona en tiempo y forma, la incidencia de las tasas de pobreza podrían llegar a niveles no observados desde hace más de 20 años.

Especialistas económicos señalan que si bien los programas sociales implementados por el gobierno son necesarios, no serán suficientes para afrontar la caída en ingresos y el aumento de la pobreza por venir.

Dependiendo del conjunto de medidas seleccionadas, los requerimientos presupuestales para afrontar a la crisis podrían variar entre 1 y 3% del PIB.

De acuerdo a los especialistas es imposible afirmar que la austeridad republicana sea suficiente para blindar el presupuesto de los 38 programas y proyectos prioritarios, ya que apenas podría contrarrestar la caída por ingresos tributarios. 

Para preservar el nivel de empleo y evitar el incremento de la pobreza, existen dos opciones complementarias: contraer mayor deuda pública y cobrar más impuestos a quienes tienen mayores ingresos.

Un endeudamiento que se dirija en favor de las personas más afectadas por esta crisis: las que se encuentran en pobreza y en peligro de caer en ella por desempleo.

Reducir los privilegios fiscales y se implementen políticas tributarias que graven, directa o indirectamente, la riqueza de las personas de mayores recursos.

Es lógico que se busque eficiencia en el gasto público y se eviten dispendios innecesarios. Sin embargo, mermar la capacidad operativa del aparato estatal puede resultar contraproducente tanto para la gestión pública como para la capacidad del Estado de responder a la emergencia, en particular hacia las personas más vulnerables.

El Presidente López Obrador parece estar limitado por la línea que ha mantenido desde hace años respecto a que no es necesario crear nuevos impuestos en México.

La evidencia apunta a lo contrario: México es uno de los países de la OCDE que menos porcentaje de su PIB recauda, además de tener a gran parte de la población en la economía informal. Las afectaciones a las finanzas públicas provocadas por la pandemia solo lo han hecho más evidente.

Una reforma fiscal progresiva que amplíe la base gravable y cobre una cantidad justa de impuestos a las personas y corporaciones que más ingresos generan, así como a las herencias, sería un camino lógico, pero con evidentes costos políticos de impulsar.

Aún en este contexto de emergencia, el gobierno federal hasta ahora no ha apoyado la propuesta de un Ingreso Vital de Emergencia. Esta política se ha aplicado en diversos países como parte de las estrategias para mitigar las afectaciones socioeconómicas de la pandemia.

No se trata de eliminar los programas de apoyo existentes del gobierno de López Obrador, sino de complementarlos con políticas diseñadas específicamente para esta emergencia.

Derechos Humanos y Democracia en tiempos de COVID-19

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La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus en México ha puesto a prueba nuestras instituciones, entramados jurídicos y principios políticos. El “coronavirus mostró con claridad hasta dónde ha llegado en algunos casos el divorcio entre la teoría y la práctica de la democracia. Nuestro sistema de salud, incluso antes de la epidemia de COVID-19, se encontraba en una situación en el cual no se garantiza el derecho de acceso y servicios de calidad. La configuración de nuestro sistema de salud data de 1943 y comprende de dos sectores: público y privado. En el sector público, tenemos el sistema universal y el de seguro social (derechohabientes), la realidad, es que existe una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017). En términos históricos, en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés), la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. Siguiendo los datos de la OECDE, en términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica, lo que reduce el acceso y genera que las familias caigan en una incertidumbre financiera ante algún tema médico.

A grandes rasgos, la realidad del sistema de salud es completamente distinta a los parámetros constitucionales, que si bien podemos argumentar que el sistema universal vive un cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar, las carencias y gasto siguen siendo iguales, y no está demás mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 1/2020 le recomienda a los Estados parte garantizar el derecho humano a la salud, pero no sólo desde una manera simple o reduccionista, y refiere a que todas las personas tienen derecho a “gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación”. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), prevé una protección a este derecho desde dos dimensiones: una privada y una pública, haciendo referencia a que privada es un caso particular y la pública a la generación de las condiciones por parte del Estado haciendo efectivo este derecho “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud (Amparo en Revisión 237/2014), porque la salud pertenece a un grupo denominado Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales o DESCA por sus siglas, los cuales se pensaban no podían hacerse efectivos ya que eran algo abstracto, pero ello ha cambiado y hemos visto sentencias como las ya mencionadas, en los cuales nuestro máximo tribunal ha determinado que este derecho humano “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud”(Amparo en Revisión 251/2016) y de esta manera es claro que no es algo en abstracto y que la realidad del sistema de salud de nuestro país, no se encuentra en un nivel deseable y conforme a los parámetros de los derechos humanos, reafirmando esta brecha de la realidad con los contenidos constitucionales y convencionales. Por ende, tenemos una oportunidad de construir políticas públicas que atiendan esta difícil realidad que afecta a millones de persona en nuestro país.

Dos de los principios constitucionales de los derechos humanos son la indivisibilidad e interdependencia, ello quiere decir, que debemos entenderlos como un todo, ya que al afectar un derecho humano también se afecta otro, dado que está unidos como un conjunto de concepciones fundamentales en favor de la dignidad de todas las personas, así se ha establecido en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como la Proclamación de Teherán y la Declaración de Viena.

Sin embargo, estamos viendo que a nivel local, diversos gobiernos estatales iniciaron a promover acciones con penas sin el mayor sustento jurídico al igual que restringir derechos de manera desproporcionada, apostándole a medidas del populismo o punitivismo penal. Los actos hacían (y continúan haciendo) efectos similares a un Estado de Excepción (de facto) que tiene efectos serios en el ejercicio de derechos durante una situación o tiempo determinado.”Al menos los estados de Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y Coahuila emitieron decretos o medidas en ese sentido, y algunos municipios en Veracruz y Nuevo León restringieron la movilidad, con distintos resultados”(Escobedo, 2020), dentro de estas restricciones, se impusieron medidas punitivas como multas e incluso penas corpóreas (prisión preventiva). En primer término, estas acciones son a todas luces contrarias a la constitución, ya que nuestra Carta Magna es clara con la autoridad competente para limitar o suspender derechos o garantías, y el proceso inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, siendo este último quien determinará la procedencia, finalizando con la revisión de la SCJN sobre su constitucionalidad y validez tal y como establece el art. 29 de la CPEUM. Sin embargo, este acto tiene limitantes claros a ciertos derechos que entran dentro de la lógica de suspensión, y las medidas deben apegarse a principios como legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. De acuerdo con la Oficina en México de la Alta Comisionada de la Nacionales Unidas para los Derechos Humanos “existen al menos 46 instrumentos (11 a nivel estatal y 35 municipales) que establecen medidas de emergencia, algunas de ellas restrictivas de derechos y con sanciones que llegan a la posibilidad de investigaciones penales“(Peña, 2020).

Lo anterior contradice acciones emitidas por el c (CGS) que dictan un “resguardo domiciliario voluntario” apelando una corresponsabilidad  ciudadana y conciencia colectiva. Al penalizar y hacer uso de medidas punitivas o intimidatorias por parte de los estados, responde a presiones sociales y estímulos políticos y en ningún momento son parte de una política pública o estrategia bien argumentada o instrumentada, limitar derechos no debe ser una regularidad o primera opción y es una medida extraordinaria que históricamente sólo se ha usado una vez en nuestro país y fue durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental el apego al orden constitucional durante estos tiempos, y “más nos vale cuidar hoy las formas jurídicas, porque estas formalidades serán las que nos cuiden en un futuro“. (Sánchez de Tagle y Vivanco Lira, 2020), ya que dicho respeto influye en los procesos democráticos del país que no pudieran entenderse sin los derechos humanos.

Un tema preocupante es la punitivización de las medidas sanitarias, no sólo desde el aspecto jurídico-formal sobre la falta de facultades de los gobiernos estatales, sino como fenómeno constante en la vida política y jurídica tanto a nivel federal como local. Primero que nada, me refiero al uso desproporcionado del derecho penal o del uso de la fuerza sin respeto al principio de ultima ratio (último recurso) recayendo en un “populismo penal”, que es hacer un uso regular del “ius puniendi” o monopolio del uso de la fuerza del Estado a manera de “política pública” con tónica represiva”como si el aumento de las penas fuera a garantizar de una u otra forma el cumplimiento de las condenas (Torres, 2010).

Sin embargo, una característica de esta forma de “gobernanza penal” es parte una política sin estándares racionales o científicos, simplemente son resultados de impulsos populistas que tanto a corto y largo plazo lesionan la democracia. El término Populism punitivenesses utilizado por primera vez en 1995 por Anthony Bottoms, tiene como origen la necesidad de estudiar las políticas criminales que tienen como principal objetivo ampliar sus catálogos de delitos e incrementar penas, sin embargo, “son concepciones donde la clase política se aprovecha de los sentimientos colectivos, para lograr buscar aceptación ante la comunidad. La cual se verá traducida en el número de votos para las campañas electorales“(Arrieta, 2018) tergiversando el Derecho Penal como protector último de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Este tipo de formas son características de Estados-nacionales autoritarios en los cuales las instituciones no tienen como prioridad los principios democráticos, sino la rentabilidad política. Como bien escribió Bobbio en su obra Liberalismo y Democracia,  uno de los objetivos de la democracia sustantiva es la igualdad de sus ciudadanos, pero esto no puede lograrse con acciones que buscan en todo momento una desproporción y una tensión entre el uso recurrente de la privación de la libertad y los valores democráticos constitucionales.

Son una salida fácil a una realidad compleja que no puede resolverse con actos cuyos efectos no abonarían a garantizar un bienestar para todos, y dicha ineficacia de formulación e instrumentación se debe al “tránsito por ese delgado filo de la navaja, entre el voluntarismo puro (vox populi, vox dei), que abocaría a la irracionalidad de la ley, (Paredes, 2016). Ninguna crisis en materia de salud debe ser un facilitador para menoscabar los derechos humanos y la democracia, que para bien o mal, nos ha costado mucho construir; lo que podemos hacer es utilizar nuestro escenario actual para elevar la calidad de las respuesta gubernamentales y políticas públicas tanto a nivel federal como local. Entender que no importa la incertidumbre de la situación, tenemos que pensar en todos los miembros de nuestra sociedad a la hora de resolver (o intentar resolver) un problema actual o inminente, y apostarle a consolidar una conciencia y  responsabilidad ciudadana, así como fortalecer una cultura de la legalidad para no tener que recurrir a medidas punitivas y detener ese delicado y  preocupante camino que estamos tomando. Bien lo dice un refrán popular “las crisis no hacen a una persona, pero revelan de qué está hecha”, la pandemia del COVID-19 en México ha dejado al desnudo los talantes autoritarios y antidemocráticos que siguen vivos y latentes y presentes en gran parte de la clase política mexicana. Como bien cuestiona J. Zavala: ¿qué resulta razonable hoy pero sería aberrante mañana?.

Bibliografía consultada

Corona González, R. D. (2017), El Sistema de Salud en México: De la fragmentación hacia un Sistema de Salud Universal. Memorias 12CNMI. Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada. México.

Oficina de la Alta Comisionada, Procedimientos Especiales, Organos de Tratado y otros mecanismos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. ONU. 3 de abril de 2020.

Paredes Castañón J. M. (2016). Punitivismo y Democracia: Las “necesidad sociales” y la “voluntad popular” como argumentos político-criminales. Libertas, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. No. 2 (julio). Pág. 153-202.

Torres, N. C. (2010). Populismo punitivo en Colombia: una aproximación a la política legislativa de las recientes reformas de los delitos sexuales. Cuadernos de investigación, Escuela de Derecho – Universidad Eafit, 84. Bogotá.

OCDE prevé que PIB de México caiga hasta 8.6%

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Ante la pandemia de coronavirus y su importante impacto en la economía en México, el PIB caería un 7.5 por ciento este año, así lo señala la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo, podría haber un desplome de un 8.6 por ciento en caso de que se registre una nueva ola de la enfermedad, de acuerdo al organismo.

De acuerdo al informe semestral de perspectivas de la OCDE, publicado este miércoles, la recuperación mexicana el año próximo sería débil, con una subida del 2 por ciento si repunta el Covid-19, o del 3 por ciento si eso no sucede.

En ambos casos, el PIB se mantendrá a finales de 2021 por debajo del registrado en 2019, porque el turismo y la exportación necesitarán tiempo para recuperar sus niveles anteriores a la crisis, lo que tendrá un impacto particularmente negativo en los sectores más vulnerables de la población.

Dada la gravedad de la recesión, la OCDE estima que el Gobierno debe incrementar las medidas de apoyo fiscal ya adoptadas, pese al escaso margen que posee, porque eso favorecerá la recuperación. Siendo que su objetivo deben ser los trabajadores más afectados, tanto fijos como eventuales, y el apoyo a empresas amenazadas de cierre.

México perdió medio millón de empleos fijos en el primer trimestre, más de los creados en todo el año anterior; inclusive,  los ingresos por turismo se derrumbaron y las inversiones se refugiaron en valores seguros, además de que el peso sufrió una importante depreciación.

Se argumenta que la tasa de desempleo se situará en el 7 por ciento en 2020, un máximo histórico en el país, y aumentará la precariedad laboral, mientras que la deuda pública superará el 55 por ciento del PIB.

El organismo también señala que el Gobierno adoptó medidas adecuadas de sustento a la economía, al incrementar el gasto sanitario y adelantar subsidios y pensiones, lo que contribuyó a reducir el impacto económico de la crisis.

La recuperación dependerá en buena medida de lo que suceda en el vecino del norte, Estados Unidos, por la fuerte dependencia del mercado exterior que tiene la economía mexicana y porque a mediados de este año está previsto que entre en vigor el nuevo acuerdo comercial que también integra a Canadá.

La OCDE recomienda al país que refuerce el sistema sanitario, en previsión de un nuevo rebrote. Ya que considera que el país goza de cierto margen fiscal por las medidas de austeridad adoptadas en el pasado y cree que debe concentrarse en el apoyo a los trabajadores que hayan perdido sus empleos.

Con información de El Norte

Bienestar, ¿de la 4T o de México?

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Dejemos de medir el PIB y enfoquémonos en el bienestar, dice nuestro presidente López Obrador. Convenientemente llega el cambio de paradigma después de más de un año y medio de decisiones económicas e inversiones fallidas.

No sólo se ha realizado una política de austeridad pésimamente implementada, se han violado contratos en repetidas ocasiones afectando la inversión nacional y extranjera. Se insiste en proyectos prioritarios que son obsoletos y perjudiciales para el medio ambiente. Y aunado a todo esto, no hay apoyo real a Micro y Pequeñas empresas en la pandemia a pesar de ser el 99% de nuestra economía formal y dar trabajo al 52.5% de la Población Económicamente Activa. Justo en el 1er trimestre del año cuando se contrae 1.6% el PIB es cuando llega el Bienestar a México.

La palabra de moda en la 4T es bienestar, Secretaría del Bienestar, tarjetas del bienestar, economía del bienestar, políticas que busquen el bienestar, tandas para el bienestar, entre otras tantas políticas, conceptos e ideas. Sobre esta línea se quiere construir la nueva medición del desarrollo de México.

Bienestar es aquel estado de una persona en donde sus condiciones físicas y mentales le producen un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. El bienestar que buscamos lo podemos relacionar con nuestras necesidades, primero aquellas básicas para vivir, como seguridad, alimentación, salud y vivienda. Posteriormente hay que tomar en cuenta aquellas necesidades de autorrealización como individuos, tal como justicia, equidad, educación, trabajo, derechos políticos y sociales, entre otros.

López Obrador hoy sale a decir que se está trabajando en el desarrollo de un indicador del bienestar que considere igualdad social, felicidad, crecimiento, y al parecer otros temas que aún no toma en cuenta el Ejecutivo. Además menciona que es un trabajo que vamos a aportar al mundo ya que se medirán otros países con el nuevo indicador mexicano.

Lo que llama la atención es la clara separación de su indicador con todas las mediciones que actualmente existen y tienen años siendo registradas. Para darnos una idea de la cantidad de mediciones, a continuación menciono las que más destacan y son utilizadas a nivel internacional: el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, la Iniciativa para una Vida Mejor (Better Life Index) de la OCDE, el Índice de Calidad de Vida de The Economist Intelligence Unit, los Indicadores de Desarrollo Global del Banco Mundial, el Índice de Progreso Real, el Índice de Desarrollo Económico Sostenible, e incluso se tiene el World Happiness Report diseñado por la ONU.

Además de todas las mediciones internacionales aquí en México contamos con el CONEVAL, organismo autónomo que desde 2004 mide la pobreza, el bienestar y el desarrollo en México. Este organismo ha sido reconocido a nivel mundial por su transparencia, innovación y calidad de información recopilada a través de los años para una mejor toma de decisiones. En su momento fue clave al repensar la medición de la pobreza, y se pasó de una medición puramente de ingreso a una multidimensional, donde justamente se consideran los rubros ya mencionados de bienestar. Gracias a estas mediciones a nivel nacional e internacional podemos identificar el avance que se ha logrado en la reducción de pobreza alimentaria y pobreza extrema en las últimas décadas, algo que se puede perder por la falta de apoyo económico en la pandemia.

Indicadores, índices, mediciones, datos, organismos e instituciones sobran, y aún así la 4T quiere diseñar su propio indicador. Y es justo en este momento donde se pierde el valor real del objetivo de bienestar. En lugar de diseñar algo nuevo, ¿no sería mejor tomar en cuenta lo ya existente? Si tenemos a uno de los mejores organismos de medición de la pobreza y desarrollo ¿no es más conveniente apoyarnos de los expertos y lo que ya tenemos para construir algo mejor?

En definitiva contamos con la información y los especialistas para cambiar nuestro paradigma económico. El bienestar nos da un mejor entendimiento de nuestra realidad y del desarrollo que debemos buscar como sociedad e individuos. Enfocarnos en las necesidades básicas y de autorrealización de todos los mexicanos es más importante que conocer si estamos produciendo más o menos.

Pero si se quiere lograr este cambio es necesario un esfuerzo colectivo de sociedad, empresarios y gobierno, se debe de trascender el ámbito político de dimes y diretes para ver los beneficios que se puede dar a la mayoría de los mexicanos. Es necesario que López y la 4T dejen su bandera política y vean que el bienestar no es su creación ni su idea, es lo que nos va a llevar a juntos construir un mejor país.

Para más información de la lucha contra la pobreza en México escuchar capítulo de “Pobreza y Crecimiento Económico” de Kristian con K en Spotify.

La Política Nacional Anticorrupción y los derechos humanos

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El 29 de enero del 2020 el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó la Política Nacional Anticorrupción (PNA o la Política). Si bien la propuesta de PNA se presentó desde diciembre del 2018, los resultados de las elecciones de ese año muy probablemente postergaron su aprobación hasta un año después. La presente colaboración se centrará en explicar por qué considero que se vislumbra una señal esperanzadora para el enfoque de derechos humanos (EEDH) en la recién aprobada Política. 

En primer término, considero muy positivo que en la PNA se reconozca claramente en el árbol del problema de la corrupción en México que la consecuencia final de la corrupción es la restricción en “(…) el ejercicio efectivo de los derechos de las personas.” (174-5). Sin duda, este es un avance significativo. Más aún cuando uno de los cuatro principios transversales de la Política lo constituyen los Derechos Humanos (177-8). En unos breves párrafos se expresa el cada vez mayor consenso que existe acerca de la vinculación entre la corrupción y la violación de los derechos humanos. Además, identifica la posible vulneración de los derechos a la salud y a la educación en trámites y servicios en los cuales se presenten conductas de soborno y cohecho (178) y enfatiza, lo que es muy acertado desde el EEDH, que la afectación a los bienes y servicios protegidos por dichos derechos es mucho más grave en las poblaciones em situación de vulnerabilidad (178); este reconocimiento está, sin duda, alineado a colocar como un objetivo central de las políticas con EEDH “(…) a los grupos que se encuentran en situación de desventaja en términos del acceso a los derechos.” (CIDH 2019: 190).

En segundo lugar, es también positivo y esperanzador para el empoderamiento de las personas víctimas de la corrupción, la inclusión de los derechos humanos en las prioridades de política pública. Así por ejemplo, en la prioridad número 22: “programas presupuestarios con enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción” (187); en la prioridad número 31 se hace mención de “una agenda estratégica con un enfoque incluyente y perspectiva de género…” (189), lo cual, indudablemente, se articula con el principio de la inclusión de la perspectiva de género y diversidad contemplado por la CIDH (2019: 193; 2018: 30-2); y en la prioridad número 40: “Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en mtaeria de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos” (190). Además de esto, resultan muy positivas para un EEDH las acciones sugeridas en el Anexo 3 de la Política. En primer término, las acciones relacionadas con las víctimas de la corrupción: “Fomentar el desarrollo de una estrategia para resarcir el daño de víctimas por hechos de corrupción, bajo un enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos” (3); así como “[a]segurar la existencia de mecanismos de defensa legal, seguridad e integridad para (…) víctimas, así como sus familiares, (…) al igual que de su situación laboral” (6). Y, con relación a la prioridad 31, son de destacarse las acciones sugeridas siguientes: “Definir brechas y estrategias de involucramiento social en el combate a la corrupción (…)” y [g]enerar mecanismos de participación para grupos en situación de vulnerabilidad; estas sugerencias de actividades refuerzan, a no dudarlo, el principio de una política anticorrupción con EEDH relativo a la participación e inclusión social (CIDH 2019: 191).

A pesar de estos avances, me he referido a que estas aportaciones solamente vislumbran el EEDH en la Política, porque, si bien se moviliza un marco teórico de libros y artículos de una de las referencias académicas de las políticas con enfoque de derechos humanos y de la corrupción y los derechos humanos, Luis Daniel Vázquez Valencia (FLACSO México), no se aprecian en el marco teórico de la PNA referencias expresas a los documentos de la CIDH que he citado en estas colaboraciones (2019; 2018); además, tampoco hay consulta ni referencia a otro documento pionero en el tema: Corrupción y derechos humanos, autoría de Anne Peters (2015). Por otro lado, si la metodología para el diseño de políticas con EEDH implica, en primer término, la identificación y el desempaque de los derechos, no se explica por qué en la PNA únicamente se mencionan las Convenciones directamente relacionadas con la corrupción (Interamericana, OCDE y Naciones Unidas), pero no se hace uso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de su Protocolo Adicional (Protocolo de San Salvador), de la Convención de Belem do Pará, etc. La respuesta a esto tal vez la encontremos en lo expresado el día de la aprobación de la Política por la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Dra. María de la Luz Mijangos: “A mí me gustaría ver en las modificaciones o ajustes (…) que en la futura política anticorrupción hubiera un hilo conductor que la vincule con los derechos humanos.  Por ejemplo, cómo priorizar los casos en lo que la corrupción afecta a comunidades en situación de pobreza, en los que la corrupción genera violencia contra las mujeres, en los que la corrupción es detonante de la violación a los derechos humanos de los migrantes. (Versión estenográfica: 22-3).

En todo caso, las señales positivas de la PNA con EEDH que resumí, además de que una persona integrante del Comité Coordinador exprese la necesidad de incluir completamente el enfoque de derechos humanos en la Política Nacional Anticorrupción, es, a no dudarlo, una noticia esperanzadora para estructurar plenamente la metodología del enfoque de derechos humanos en la política nacional anticorrupción y en las políticas estatales anticorrupción ahora en curso de diseño. Además, para reconocer en todos sus efectos irradiadores en el ciclo de la política anticorrupción en México los efectos nocivos que la corrupción produce en el goce y disfrute efectivo de los derechos de las personas que transitan o residen en nuestro país. 

Esperemos que muy pronto, tanto el talento que existe en los órganos del SNA y de los sistemas locales anticorrupción, como las alianzas con las Comisiones de Derechos Humanos, con instituciones académicas, con organismos de los sistemas regional y universal de derechos humanos, con organizaciones de la sociedad civil, y, sobre todo, la alianza con las víctimas de la corrupción, permitan dar pasos acelerados hacia la completa aceptación del siguiente principio: “[L]los derechos humanos no son elementos complementarios de las políticas públicas sino el núcleo y razón de ser de la acción estatal.” (CIDH 2018: 48).

Fuentes consultadas.

CIDH. 2019. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. OEA/Ser. L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre, español.

CIDH. 2018. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.,

doc. 191, 15 de septiembre, español.

PETERS, Anne. 2015. Corrupción y derechos humanos. S.l.e.: Basel Institute on Governance.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. 2020. Política Nacional Anticorrupción. Aprobada el 29 de enero por el Comité Coordinador del SNA. DOF 25-02-2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. 2020. Anexo 3. Acciones sugeridas asociadas a las 40 prioridades de la PNA. Aprobadas el 29 de enero por el Comité Coordinador del SNA. DOF 25-02-2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. Versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SNA llevada a cabo el 29 de enero del 2020. Disponible en: https://sna.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/Versi%C3%B3n_Esteno_1a_SO_CC_2020.pdf (consultada el 10 de mayo del 2020).

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2019. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. DOF 30-08-2019.

Gobierno oculta muertes en CDMX por COVID-19: New York Times

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De acuerdo a fuentes de información “confidencial” consultados por el medio estadounidense, el gobierno de la capital mexicana no estaría informando “de cientos, posiblemente miles de muertes” causadas por Covid-19.

De acuerdo al diario, a través de un análisis y entrevistas difundidas hoy, “médicos de los abrumados hospitales de la Ciudad de México dicen que se está ocultando al país la realidad de la epidemia”.

Mientras tanto, los funcionarios de la Ciudad de México indican que “bastante más de 2 mil 500 muertes” son las posiblemente causadas por este virus y otras enfermedades respiratorias de las que sospechan. “El gobierno federal informa sobre unos 700 decesos” en Ciudad de México y su metrópolis.

Hasta el jueves pasado, el Director General de Epidemiología informó que se tenían 29 mil 616 casos confirmados, de los cuales 7 mil 802 eran activos y 2 mil 961 han fallecido. Además, cifró en 18 mil 812 los casos sospechosos y en 68 mil 783 los negativos.

Por su parte, el New York Times comenta que “el gobierno mexicano ha reportado menos de 3 mil muertes confirmadas por coronavirus, además de casi 250 que se sospecha están relacionadas, en un país de 120 millones de personas. Los expertos dicen que México sólo tiene un panorama mínimo de la escala real“, esto debido a la poca realización de pruebas.

Solamente 0.4 de cada mil mexicanos se hace la prueba “de lejos, la proporción más baja entre las decenas de naciones de la OCDE, que promedian unas 23 pruebas por cada mil personas“.

Se afirma también que el gobierno mexicano ha denegado sus solicitudes durante tres semanas para identificar todas las muertes relacionadas con enfermedades respiratorias desde enero, “aduciendo que los datos estaban incompletos“.

En el diario, el reportero de investigación Azam Ahmed escribe que: “Con una cantidad tan limitada de pruebas y dudas sobre los modelos del gobierno, los expertos dicen que los cálculos federales de cuándo el país alcanzará su punto máximo, cuánto durará la epidemia y qué tan grave será el daño pueden no ser confiables“.

De acuerdo a sus fuentes, demás críticas han llegado, siendo que destacan que existe “un rezago de dos semanas en los resultados oficiales”, así mismo, las muertes sospechosas de padecer el virus no son incluidas en los datos, así mismo, existe comparativos con otras ciudades donde las medidas de confinamiento no son opcionales, y finalmente, se destaca la existencia un modelo que estima un fuerte aumento de las infecciones seguido de un fuerte declive, sin que en “casi ningún otro país del mundo ocurriese una disminución rápida tras un pico“.

Con información de La Jornada

Pide OCDE a realizar más pruebas de COVID-19

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió a los países miembros realizar más pruebas de COVID-19, esto tras actualizar los datos del número de pruebas por cada mil habitantes realizado en cada país, donde quedo demostrado que México hace 0.4 pruebas por cada mil habitantes.

El secretario General del organismo, Ángel Gurría, aseguró que se está registrando un “aumento significativo” de diagnósticos en los 36 países que confirman la OCDE.

“Aumentar la capacidad de diagnóstico es crucial para las estrategias de desconfinamiento y reducir el riesgo de nuevos picos”, señaló Gurría.

Islandia y Luxemburgo se encuentran a la cabeza de las cirfras, ambos hacen 134.9 y 64.6 pruebas, respectivamente, por cada mil habitantes.

Nuestro país se encuentra por detrás de otros países como Chile (8.1), Francia (9-1), Reino Unido (9.99) o Estados Unidos (15.6). Los datos de la gráfica ofrecida por la OCDE vienen de la página web Our World in Data, que recoge los datos ofrecidos por los distintos ministerios de Sanidad y otros organismos sanitarios oficiales.

COVID-19 y el Derecho de Acceso a la Salud

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La situación del Coronavirus en nuestro país ha posicionado en el debate público,  a uno de los problemas más graves del Estado mexicano: la desigualdad, ineficacia y situación del sistema de salud público en México. Como he escrito en mis anteriores textos, hablar de Coronavirus es también hablar de desigualdad, y un ámbito sumamente visible es la estructura del sistema de salud y cómo impacta en este derecho de humano. Nuestro Sistema de Salud, tal y como lo conocemos, es creado en 1943 y comprende de dos sectores generales: el público y privado. La configuración actual, no garantiza un acceso y servicios de salud de calidad para toda la población, ya sea desde el sistema universal como el de los derechohabientes del seguro social. Esto no es nuevo, es un problema profundo de las instituciones del sistema de salud pública, y se debe en gran medida la denominada fragmentación, que se configura tanto jurídica como institucionalmente, generando una serie de inequidades, ineficiencias y rezagos en el acceso a dichos servicios. Ello ocasiona una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017).

Si vemos las cifras históricas, tan sólo en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo con datos de la OCDE, la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. 

En términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, según los Estudios sobre los  Sistemas de Salud (OCDE, 2016), obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica , poniendo incluso en peligro la subsistencia   financiera de dicha  familia. 

La desigualdad es otro tema preocupante, ya que según datos de la Fundación W.K Kellog, a pesar de que en México existen 8 millones de personas que hablan alguna lengua indígena, un niño indígena tiene 2.5 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años que un niño no indígena, y si bien, a nivel nacional hay una unidad médica por cada 2 mil 645 mexicanos, en estos municipios sólo hay una por cada 3 mil 445 habitantes, lo que deja ver la gran brecha de servicios de salud en comunidades habitadas por pueblos indígenas. En un nuevo texto publicado en Nexos por Mariana Campos y Xhail Balam de México Evalúa, uno de los problemas principales en este rubro ha sido la mala aplicación del gasto público, y ello es totalmente visible en las desigualdades del acceso y calidad, ya que el 33% del total a nivel nacional de las unidades de tercer nivel de atención se ubican en la CDMX, evidenciando una distribución poco equitativa del presupuesto de salud en relación con otras entidades federativas, las cuales cuentan con un menor número de unidades de segundo y tercer nivel. De igual manara, como señalan Campos y Balam, “México destaca, dentro de los países de la OCDE, por tener infraestructura hospitalaria y recursos humanos insuficientes en el sector salud”, ya que nuestro país está “28 % por debajo del promedio de médicos y 68 % del promedio de enfermeras, y el promedio de médicos en estos países por cada 1 000 habitantes es de 3.4, y 8.7 de enfermeras”, que en comparación en México “tenemos 2.4 médicos y 2.9 enfermeras por cada 1 000 habitantes”. 

Todo este escenario de nuestro sistema de salud público, sumado a una contingencia sanitaria como la actual, nos obliga a poner especial énfasis en la formulación de políticas públicas para resolver la dura y dolorosa realidad  de la salud en México. Porque si bien, existen profesionales de la salud comprometidos, dedicados y altamente capacitados, en la mayoría de los casos laboran en condiciones adversas que no deben ser permitidas ni toleradas ni normalizadas. Por ello, las autoridades mexicanas deben recordar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en el caso Yanomami Vs. Brasil, donde declaró la obligación de los Estados a formular medidas oportunas y eficaces para preservar la salud y el bienestar, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 26 permite la justiciabilidad de los derechos sociales, y el art. 10 del Protocolo de San Salvador el derecho a la salud. En ese sentido, el máximo órgano de justicia en materia de derechos humanos del continente,  ya ha establecido que la salud  va mas allá de una simple garantía, ya que debe ser ejercida y no quedarse en una simple voluntad política sino en responsabilidad esencial constante. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el art. 4to de la Constitución, no sólo establece un derecho de acceso a la salud en nuestro país, sino que el sistema de salud debe procurar un bienestar físico y mental, y “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud” (Amparo en Revisión 251/2016) porque en ningún momento se trata de cumplir a medias, sino de subsanar totalmente la necesidad, como bien resolvió nuestro máximo tribunal, el cual ha precisado que el derecho a la salud en México tiene una “doble dimensión: una privada y una púbica”, ya que una persona en un determinado caso puede exigir el cumplimiento a dicho derecho, y la segunda es la generación de las condiciones por parte del Estado, “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud” (Amparo  en Revisión 237/2014), siendo en este último donde podemos  enfocar la obligación a mejorar  el sistema de salud, ya que si revisamos los precedentes de la Corte, nos daremos cuenta del énfasis para “tutelar el máximo umbral posible de protección del derecho a la salud” (Ortiz Mena, 2017), y en una verdadera responsabilidad de establecer al derecho a la salud, no  como un derecho humano de papel cuyo cumplimento puede estar sujeto a una visión política, sino todo lo contrario. 

En el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH emitió la Resolución 1/2020 para el enfoque de derechos humanos ante dicha contingencia sanitaria, en su Inciso B)  apartado I,   se le menciona a los Estado la efectividad  de este derecho, para que transite del papel a la realidad. Una crisis de salud como la actual, nos hace ver la dimensión del problema y su enorme deuda histórica. Los fenómenos de desigualdad y limitaciones en nuestro sistema público de salud ha nsido normalizado por todos, y son cientos y miles de casos y nombres y personas que se han perdido en los claroscuros del sistema público,  pero es hora de cortar esta situación cíclica que va de sexenio en sexenio. En palabras de Arthur Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”.