PGR reconoce mala integración del caso Duarte

Comparte este artículo:

La Procuraduría General de la República  (PGR) reconoció que la investigación del caso Javier Duarte, originalmente planteada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tuvo errores importantes de inicio, pero sostuvo que la sentencia de 9 años dictada al ex gobernador evitó que el caso quedara en la impunidad, riesgo que además existía por la posibilidad de que el juez invalidara los datos bancarios.

En una reunión con medios de comunicación el subprocurador de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vazquez, dijo que este caso contra Duarte iniciado en 2016 (aún en la gestión de la procuradora Arely Gomez) y relacionado con la compra de parcelas a sobreprecio con dinero proveniente de empresas fantasma y prestanombres, tuvo que ser corregido en el camino.

“Cuando nosotros llegamos en esta administración (con el procurador Raúl Cervantes) nos encontramos una carpeta de investigación mal integrada. Lo digo así: mal integrada y en la que ya había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y cuando digo mal integrada es porque me sorprende que el juez incluso librara las órdenes de aprehensión eh, pero bueno la perfeccionamos” señaló.

El pasado lunes la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, argumentando que hubo “discrepancias entre las acusaciones de la investigación” y calificando la pena de 9 años como “desproporcional” para los delitos que se le imputan.

“La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada”, se lee en la denuncia penal.

Aunado a la sentencia de 9 años, Javier Duarte de Ochoa aun enfrentará otros dos procesos en su contra que ya están en curso, promovidos por la Fiscalía de Veracruz por el uso ilegal de un helicóptero y el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas. Además pesan sobre él dos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar por delitos electorales y desaparición forzada.

Avala Senado citar a titular de la PGR por caso Javier Duarte

Comparte este artículo:

Tras enfatizar que la sentencia para Javier Duarte es un incentivo nacional al saqueo y una carta abierta a la impunidad, los diputados federales citaron al encargado de la Procuraduría General de la República (PGR)Alberto Elías Beltrán, para que hable de las pruebas que presentó contra el ex gobernador de Veracruz e informe sobre las medidas para recuperar los recursos públicos desviados.

Por unanimidad, los diputados aceptaron un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presentó el PAN, para que el encargado de despacho de la PGR se reúna con un grupo de diputados y explique por qué laspruebas que presentó contra Duarte desencadenaron una condena de nueve años de prisión y multa de 58 mil 890 pesos.

Qué venga y rinda cuentas el encargado de despacho de la PGR y nos explique a los diputados y a las diputadas las razones por las que Duarte tiene esa raquítica sentencia. Que venga el encargado de despacho a hablarnos de frente, de cara a la nación y nos informe sobre las acciones de extinción de dominio y de recuperación de activos que se han realizado respecto a los bienes relacionados con las conductas ilícitas en este caso”, exclamó el panista Jesús Guzmán.

El punto de acuerdo incluso fue apoyado por el PRI. Héctor Yunes, ex candidato a gobernador de Veracruz, afirmó que si bien es un juez quien dicta las sentencias, también está claro, que lo hace con base en los elementos que le aporta la PGR.

No más sentencias pequeñas para grandes ladrones, que la justicia se aplique sin distingo, sin privilegios (…) Por eso urgimos a que las autoridades en la materia, en la medida en que nuestro marco jurídico lo permita corrijan, y que lo hagan muy pronto, de lo contrario, sólo en una breve fracción de tiempo veremos a Javier Duarte libre por la buena conducta que seguramente va a observar tras las rejas, buena conducta, por cierto, que no observó como gobernador de Veracruz“, resaltó.

Raquel Bonilla, de Morena, dijo que seguramente Duarte de Ochoa se está riendo de la sentencia que representa una burla al sistema de justicia.

Javier Duarte se debe de estar riendo desde prisión al recordar que durante su gobierno, él, en dos días decidió encarcelar a un par de tuiteros acusándolos de terrorismo equiparado con una pena de tres a 30 años de prisión sin derecho a fianza”, dijo.

AMLO asegura que en caso Duarte buscaron “show” y no castigo

Comparte este artículo:

El presidente electoAndrés Manuel López Obrador, calificó como un circo y un show que la sentencia del ex gobernador de VeracruzJavier Duarte de Ochoa, haya sido de nueve años.

En conferencia de prensa en la casa de transición, indicó que no ha habido voluntad política para reformar las leyes y que así la corrupción se convierta en delito grave.

Afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR), buscó dar un “espectáculo” con su actuación contra el ex gobernador veracruzano, quien el día de ayer se declaró culpable por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Esa voluntad política que no ha habido, pues todo es puro circo, molesta cuando digo eso, pero es la verdad. Imagínense cuántas líneas a gatas, cuánta tinta, cuántas palabras, cuántas imágenes, cuánto cinito, cuánto show por esos asuntos para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer”. – Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que los acusadores no presentaron todas las pruebas porque lo que buscaban era el escándalo, la especulación, el show y también los votos en la pasada elección.

 

Javier Duarte se declara culpable

Comparte este artículo:

Javier Duarte se declarará culpable esta tarde ante un juez federal del caso de asociación delictuosa y lavado de dinero en el que le imputan haber desviado recursos del erario de Veracruz a través de una red de empresas fantasma, blanqueados en 41 inmuebles.

El ex Gobernador pactó con la PGR un procedimiento abreviado que le traerá como beneficios la imposición de las condenas mínimas previstas por la ley para cada uno de los delitos, así como la reducción adicional de la tercera parte de cada una de ellas.

Desde el pasado 21 de agosto, al presentar la acusación, la PGR pidió que el ex Gobernador de Veracruz sea condenado a 25 años de prisión -15 años por lavado y 10 por asociación delictuosa-, en caso de que sea llevado a juicio.

En el mismo documento, pidió por anticipado el decomiso de 41 bienes inmuebles, 21 de ellos parcelas en Campeche, 6 inmuebles en la Ciudad de México, 5 en Quintana Roo, 4 en Veracruz, 4 en Guerrero y uno en el Estado de México.

A principios de mes, Reforma reportó que la Procuraduría ofreció 110 datos de prueba con los cuales pretende llevar a juicio a Duarte, 72 de ellos interrogatorios a testigos, 33 escrituras y documentos diversos y 5 series fotográficas y redes de vínculos.

Entre los testigos ofrecidos por la PGR están el ex diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad, y el ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita.

También Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, a quien un testigo colaborador de la PGR señala como supuesta ex pareja sentimental de Duarte, y Ari Berger Alazraki, apoderado de Berger Joyeros, la joyería de Polanco en la que otro testigo con beneficios dice haber adquirido prendas para Karime Macías.

Condenan a Javier Duarte a 9 años de prisión y multa de 58 mil pesos

Comparte este artículo:

Después de 17 meses detenido, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y recibió una condena de nueve años de prisión, menor a la originalmente prevista. También se le impuso una multa por 58,890 pesos (equivalentes a 990 días) y se le decomisaron 41 propiedades, entre ellas parcelas de Campeche y departamentos en Santa Fe e Ixtapa.

Esto se debe a que Duarte ya no enfrentó cargos por delincuencia organizada, delito retirado por la Procuraduría General de la República (PGR), y a que su decisión de aceptar culpabilidad permitió que recibiera una sentencia más baja.

Duarte, su defensa y la PGR sostuvieron la tarde de este miércoles una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal próximo al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde las partes aceptaron que el ex gobernador se sometiera a un procedimiento abreviado.

“Sí, su señoría”, respondió cuando el juez Marco Antonio Forte Tapia le preguntó por la responsabilidad de los hechos que se le atribuyeron. Duarte acudió a la audiencia rapado y con la barba crecida.

La PGR presentó 47 pruebas, como testimonios y escrituras de propiedades.

Según la condena, Duarte saldría de prisión en 2026, pues se contemplan los más de 400 días que ha estado detenido desde que el 15 de abril se le detuvo en Guatemala.

Al final de la audiencia, los abogados de Duarte dijeron a medios que el equipo legal analizará si acepta o impugna la condena. “Está tranquilo”, señaló sobre su cliente el defensor Ricardo Sánchez Reyes Retana.

El ex mandatario veracruzano enfrenta señalamientos de corrupción al menos desde 2016. Ese año, un reportaje del portal Animal Político documentó cómo su administración usó una red de empresas fantasma para desviar recursos del estado. A la par, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado decenas de denuncias penales por irregularidades en su gestión.

Desde entonces, Duarte (quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016 y ya fue expulsado del PRI) negó haber encabezado un entramado para efectuar desvíos millonarios.

En octubre de 2016, a semanas de que terminara su mandato, solicitó licencia argumentando que con ello facilitaría las investigaciones en su contra. Sin embargo, salió del país y se instaló en Guatemala, donde permaneció prófugo hasta abril de 2017.

Ese mes fue detenido por autoridades guatemaltecas y mexicanas, y poco después fue extraditado a México para enfrentar procesos penales. Con la audiencia de este miércoles, el proceso del ámbito federal está cerca de concluir. En tanto, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ha dicho que buscará que el proceso local contra el ex priista siga su marcha.

 

Pide Senado a Corte Penal Internacional indagar a Javier Duarte

Comparte este artículo:

Este martes el Pleno del Senado, voto a favor de solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar una investigación en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por posibles crímenes contra la humanidad, después de que se denunciara la aplicación de 70 mil pruebas falsas para la detección de VIH.

El senador por Nuevo León, Samuel Garcia, fue quien llevo el tema a la tribuna. En su discurso, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), advirtió de la posibilidad de que el ex mandatario veracruzano quede exonerado en México por la comisión de ese deliro, esto como consecuencia de las fallas de la Procuraduría General de la República (PGR) en la integración del expediente.

“Las autoridades mexicanas han sido incompetentes para tramitar y resolver el caso con justicia y certeza jurídica. Además se ha manifestado de manera tácita la falta de voluntad de las autoridades competentes del Estado Mexicano para enfrentar el caso”, señaló García.

El senador de Morena, Ricardo Ahued, respaldo junto a sus compañeros de bancada el planteamiento, y ademas aseguró que Veracruz está de luto ante los abusos y la corrupción registrados.

Julián Rementería, del PAN, aseguró que lo sucedido en Veracruz no debe repetirse en ningún otro Estado de la República.

Por su parte el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, sugirió que el Senado solicite información a la PGR por la indebida integración de los expedientes en el caso Duarte.

Cabe mencionar que el exhorto a la CPI fue aprobado con votos también de senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 

Piden indagar el vínculo entre Duarte y Robles

Comparte este artículo:

Los coordinadores de Morena y el PRI en el Senado se pronunciaron a favor de que se investiguen los supuestos vínculos entre las empresas fantasmas de los presuntos desvíos registrados en Sedatu y los desfalcos del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara alta, aseguró que la información publicada por Mexicanos contra la Corrupción en Reforma será parte de las carpetas de investigación de la Comisión Especial que se creará para dar seguimiento a este caso.

“Toda la información sirve. El trabajo de investigación de algunos medios no debe desaprovecharse, son informaciones que nos sirven para la Comisión que integraremos una vez que demos paso a las comisiones legislativas“, dijo Monreal.

“Vamos a ir integrando todos los expedientes necesarios en este caso y en los casos vinculatorios con otros asuntos de la misma importancia y de la misma gravedad. Si sirve, se incorporará a la información de la carpeta de investigación que llevará a cabo el Senado“.

Por su parte, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, también se pronunció a favor de que se investigue y esclarezca el caso, pero insistió en que deben seguirse los cauces institucionales para evitar que sea sólo un asunto mediático.

“Si hay algo, que se investigue. Vi el tuit que sacó la Secretaria Rosario Robles al respecto de que no tiene nada que ver y que se investigue. Yo me voy por ese camino, investiguen lo que se que tengan que investigar, si hay pruebas de alguien que las aporte y que se llegue hasta sus últimas consecuencias, nosotros no nos oponemos absolutamente a nada”, expresó Osorio.

“Pero que no se litigue en los medios; si hay algo, que se vaya a las instancias correspondientes de investigación”.

Reforma publicó este lunes que una red de 11 empresas fantasma usada para desviar 164 millones de pesos de la Sedatu, en tiempos de Robles, tiene una liga con Duarte.

En las actas de cinco compañías por las que transitó el dinero saqueado en la dependencia, entre 2016 y 2017, aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, quien a la vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del Gobierno de Duarte.

Pierden el fuero cinco diputados federales implicados en la red de empresas fantasma de Veracruz

Comparte este artículo:

El próximo 1 de septiembre dejarán de ser diputados federales cinco ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte, en el que ocuparon altos cargos en dependencias de Veracruz desde las cuales se hicieron millonarios pagos a empresas fantasma. Gracias a su fuero como legisladores no se ha podido proceder en contra de algunos de ellos.

Se trata de Antonio Tarek Abdalá quien fuera Tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz; Alberto Silva Ramos quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y coordinador de comunicación social; Adolfo Mota Hernández quien ocupó el cargo de secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera quien trabajó como Oficial Mayor de dicha dependencia; y Noemí Guzmán Lagunes, ex secretaria de Protección Civil.

En las elecciones federales de 2015 todos ellos obtuvieron un lugar en la Cámara Baja abanderados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con excepción de Spinoso quien compitió por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lo hicieron justo después de dejar sus cargos en el gobierno de Veracruz y cuando ya se habían realizado la mayor parte de las transferencias de recursos públicos a las compañías fachada con licitaciones simuladas.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) publicaron en mayo pasado que la administración de Javier Duarte transfirió más de 3 mil 600 millones de pesos a una red de empresas fantasma a través de distintas dependencias, entre ellas las que encabezaron los hoy diputados federales.

El año pasado la Fiscalía de Veracruz intentó proceder en contra de algunos de los legisladores pero el fuero que perderán el próximo 1 de septiembre lo impidió.

La Procuraduría General de la República también investiga, por su parte, la desaparición de recursos federales en la gestión de estos funcionarios a partir de las denuncias formales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación  (ASF).

PGR reclasifica delito a Javier Duarte por falta de pruebas

Comparte este artículo:

Tras acabar el plazo de un año que un juez federal dio para investigar, la PGR acusó formalmente al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de lavado de dinero y asociación delictuosa y pidió que se abra juicio en su contra. Sin embargo, la Procuraduría retiró el cargo de delincuencia organizada que le había imputado inicialmente, y que era el único que ameritaba su prisión preventiva automática.

La PGR informó este miércoles a través de un comunicado que al valorar las pruebas contra Duarte “determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación”.

Lo anterior abre la puerta a los abogados de Duarte para que  (en una futura audiencia) soliciten al juez que retire la medida de prisión preventiva impuesta a su cliente y así pueda enfrentar el juicio en libertad. Será decisión del juzgador determinar si considera justificado mantenerlo en prisión por su riesgo de fuga o no.

El delito de lavado de dinero es uno de los que PGR imputó al ex mandatario desde la audiencia inicial realizada en julio del año pasado, y por los cuales consiguió que se le vinculara a proceso. El otro delito inicial era el de delincuencia organizada, sin embargo, en la acusación formal presentada ayer este ilícito fue reclasificado al de asociación delictuosa.

Bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio el Ministerio Público tiene la facultad de modificar o incluso retirar una imputación que haya hecho de forma inicial. Esto se debe a que los delitos que se señalan en las audiencias iniciales, como la que enfrentó Duarte el año pasado, se establecen a partir de datos preliminares.

Luego de la audiencia inicial viene el periodo de investigación complementaria, fijado dentro de un tiempo límite por el juez, en donde el Ministerio Público debe reunir pruebas con las cuales pretende sostener el caso ante un juez. De ahí que los fiscales tengan la posibilidad de modificar un caso a partir de la evidencia que logren reunir o no.

En el caso de Javier Duarte este periodo de investigación complementaria se extendió por un año debido a que la PGR pidió seis meses iniciales al juez para trabajar el caso, y luego fue la defensa la que pidió seis meses más.

De acuerdo con la investigación inicial de la Procuraduría, Javier Duarte consiguió desviar y lavar el origen de al menos 400 millones de pesos extraídos de las arcas públicas de Veracruz, gracias a una red que incluye múltiples prestanombres y empresas fantasma. El dinero se habría utilizado para gastos personales y en propiedades.

¡Otra de la PGR! Le dejan la puerta abierta a Duarte para salir de la cárcel

Comparte este artículo:

La Procuraduría General de la República (PGR) hace otra más y ahora le abrió la puerta al ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, de poder salir de la cárcel pronto.

La PGR retiro anoche el delito de delincuencia organizada en su contra y lo reclasificó por el de asociación delictuosa, debido a que el delito no considera la prisión preventiva oficiosa.

El único delito que conservó la PGR de la importación original fue el de lavado de dinero, mientras que la de delincuencia organizada fue reclasificada.

Por otro lado, Duarte no quedaría libre de inmediato, esto debido a que tiene decretada la prisión preventiva justificada por el lavado de dinero, aparte enfrenta dos procesos que se le siguen en el fuero común.

Pero el ex gobernador de Veracruz, podría litigar para reclasificar la medida cautela y salir en unos meses bajo libertad provisional.

Ahora que la acusación ha sido formalmente presentada, será un juez quien acordará una fecha de una audiencia intermedia en la que hablar de debatirse la legalidad de cada prueba para un eventual juicio.

Si Duarte impugna alguna prueba de la PGR, la audiencia se podría posponer por meses.

(Con información de Grupos Reforma)