Infonavit Presenta Denuncia Penal y Medidas de Apoyo tras Irregularidades en Conjunto Habitacional Pedregal de Cantaluna

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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) interpuso una denuncia penal este lunes ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero. La denuncia se dirige contra el municipio de Acapulco de Juárez, así como contra administradores y ejecutivos de la empresa desarrolladora Opción Paquimé, el director responsable de obra y el corresponsable del Conjunto Habitacional Pedregal de Cantaluna, y aquellos que resulten responsables.

La denuncia tiene como objetivo iniciar una investigación para determinar responsabilidades legales debido a la construcción del Conjunto Habitacional Pedregal de Cantaluna con edificios de 3 y 4 niveles, a pesar de que las regulaciones indican que las edificaciones deberían constar de un máximo de 2 niveles, debido a su ubicación en una zona de alto riesgo sísmico según el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco.

La denuncia fue recibida por Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, vicefiscal de investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quien asignó el caso a Delitos Graves.

Además de la denuncia, el Consejo de Administración del Infonavit tomó la decisión de cancelar la deuda de los acreditados de Pedregal de Cantaluna, la cual ascendía a más de 140 millones de pesos. Para apoyar a los afectados, se establecerá un mecanismo que permitirá a las personas obtener un crédito equivalente al monto cancelado para la compra de vivienda, departamento o terreno en cualquier municipio de México. También se ofrecerá un vale de adquisición de vivienda o terreno que incluirá los recursos del enganche y los pagos realizados en el crédito cancelado, lo que permitirá a los afectados aumentar el monto del financiamiento o adelantar pagos en su nuevo crédito.

El Infonavit ha instado a los afectados a comunicarse directamente con el Instituto a través de la dirección de correo electrónico apoyocantaluna@infonavit.org.mx o en la Delegación Regional Guerrero ubicada en Blvd. de las Naciones L.29, Mz. 40, colonia La Zanja, Acapulco, Guerrero.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Pide Samuel apoyo federal por agua y migración

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El gobernador Samuel García pidió este jueves que la Federación apoye al Estado ante los problemas de abasto de agua y migración.

“Creo que esta mesa debe de alzar la voz y que le llegue hasta al presidente, a nuestro presidente Andrés Manuel. Que haya una prioridad exclusiva en Nuevo León porque la migración es un fenómeno real, no puede la Federación taparse los ojos como si no pasara, porque esta ciudad está creciendo desmedidamente”, dijo García durante la firma de un convenio entre Alcaldes con Sedatu e Infonavit.

El mandatario señaló que el crecimiento por natalidad en el Estado es de 2 o 3 por ciento, sin embargo, en el último año llegaron alrededor de 140 mil nuevos habitantes de otros países y entidades federativas.

“El tema de agua ya tronó, y tronó por una sencilla razón: crecimos el doble y estamos en el mismo acuífero y, a como viene la cosa, en 2040 vamos a ser 9 millones de habitantes en el mismo acuífero y no nos han hecho una sola adecuación hídrica a la región noreste”, expresó.

Por otro lado, el titular del Ejecutivo Federal pidió que la Federación reconozca a Nuevo León como un motor económico para el país y lo apoye.

“Yo quisiera pedir que la Federación reconozca que, como somos un motor económico y está creciendo por migración por las oportunidades que generamos, que requerimos lana para infraestructura, transporte y vivienda. Que la Federación tome a Nuevo León como un posible caso de éxito, que seamos un laboratorio de buenas prácticas”.

Plantea Samuel veda administrativa; suspende agenda y ‘suspende campaña’ por macro incendio

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El candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aseguró que de ganar la elección, impulsará a Pequeñas y Medianas Empresas con una veda administrativa de 2 años.

El emecista explicó que durante este periodo de tiempo, se les eximirá de pagar impuestos y puedan salir adelante pese al impacto económico que ha generado la pandemia.

“Vamos a dejar de molestar a los empresarios, a los negocios, a las pymes, las que se vayan a crear o revivir ante el Covid, no las vamos a molestar en 2 años.

“Va a hacer una simplificación administrativa completa, ventanilla única. Vamos a gestionar que nivel federal y municipal tampoco las molesten”.

La veda también comprendería otros impuestos como el del Infonavit, IMSS, Sobre Nómina, más los que se generan a nivel local.

Samuel suspende campaña y va Santiago

Declarando que lo hace a titulo personal, el aspirante dijo que ayudará con víveres a las familias de Santiago, afectadas por los incendios que han devastado mil hectáreas en Nuevo León, por lo que se trasladó esta tarde hacia ese municipio.

Asimismo, recriminó a la actual administración federal por haber recortado en el presente sexenio los recursos a Conafor.

“Es clara, subrayo, clara la irresponsabilidad de la 4T y Morena en este tema. Cuando fui senador, este gobierno retrógrada recortó todo el presupuesto a medio ambiente y tres cuartas partes al Conafor, que es la que se encarga de cuidar la Sierra en casos de incendios.

“No solamente voté en contra, presenté un amparo con Reforestación Extrema y con Pronatura dónde alegábamos que quitarle tres cuartas partes era sepultar una oficina de 3 personas que cuidan el área protegida de Cumbres”.

#Kleroterion: “Reforma al Infonavit, un nuevo impulso a la hipotecaria nacional”

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El presidente López Obrador presentó las bases de su reforma al infonavit. Entre ellos el acceso a créditos para que los trabajadores compren los terrenos y construyan su vivienda, además de que los recursos se entregarán de forma directa y sin intermediarios que gestionen o asignen una vivienda determinada a los trabajadores.

Otros de los ajustes que se contemplan en esta reforma son:  Que los trabajadores soliciten un crédito cuantas veces lo necesiten; La posibilidad de refinanciamiento del crédito; Ejercicio de un crédito para la reparación, ampliación y remodelación de una vivienda; así como la liberación de recursos sin relación laboral activa, lo que quiere decir que los trabajadores pueden acceder al crédito sin contar con un empleo al momento de solicitarlo.

Esta es sin duda una de las reformas más necesarias en nuestro país y no me queda duda que fortalecerá la capacidad de crédito para vivienda de los trabajadores mexicanos, pero debe servirnos también para reflexionar sobre la labor del infonavit, una institución que junto al IMSS, representan sin duda uno de los activos más importantes que tenemos los mexicanos.

Piénsalo de esta forma. La mayoría de quienes desean tener una casa, no digo en México, sino en el mundo, tienen que hacer uso de un crédito hipotecario. La opción más común es que acudan a la banca comercial con los costos y condiciones que eso representa. Esos créditos finalmente tiene por objetivo producir ganancias para quienes los otorgan, partiendo de eso entenderás que no sólo llegan a ser créditos caros, sino que además se rigen por la dictadura del mercado y quienes tienen un crédito de ese tipo no pueden fallar.

La visión del infonavit es otra. De entrada su vocación es social, lo que significa que el objetivo que persigue es que la gente pueda hacerse de un patrimonio digno. Contrario a los créditos de la banca comercial en el infonavit se le presta dinero a los trabajadores de un fondo al cual todos aportamos. 

Cada que alguien obtiene un crédito infonavit tiene que ser consciente que ese dinero que recibe es gracias a las aportaciones que hacemos todos los trabajadores al instituto, eso debe de comprometernos a todos a ser cumplidos en el pago del crédito pues de que cumplamos depende que el instituto pueda otorgarle un crédito hipotecario a alguien más en el futuro.

El modelo de esta “hipotecaria nacional” es tan atractivo para el desarrollo de oportunidades de viviendo que en su momento incluso China, el gigante asiático, envió una delegación al país con la intención de aprender el modelo en poder replicarlo allá.

Pero también tenemos que ser conscientes que durante los últimos sexenios el instituto perdió mucha de su vocación social.  Muy seguido recibo mensajes en mis redes sociales sobre casos de personas cuyo crédito se fue a las nubes o que están a punto de desalojar.

Para colmo las condiciones de las viviendas que les entregaban a los trabajadores fueron empeorando año con año. Si comparamos las viviendas que el instituto entregó en las décadas de los setentas y ochentas con las que se entregaron principalmente a partir del 2000, la ubicación, el tamaño de los lotes, los metros de construcción y la calidad de las mismas deja MUCHO, pero MUCHO que desear. 

En su momento hice un recorrido por un fraccionamiento de casas infonavit abandonadas que transmití en mis redes sociales y lo que encontré fue lamentable. Casas abandonadas y destruidas. Ubicadas en una zona tan alejadas que aún en coche es una odisea llegar a donde están.

Lo peor es que ese tipo de escenas se repitieron en todos los estados del país durante los últimos 3 sexenios. Por eso esta reforma que es tan importante, porque le da un nuevo impulso al instituto y sienta las bases para que las condiciones de crédito y calidad de las viviendas empiecen a mejorar.

Queda claro que falta mucho, pero mucho por hacer. Sigue quedando pendiente, por ejemplo, darle solución a muchos créditos que se fueron a las nubes por las condiciones en que en su momento se otorgaron, pero de que esta reforma es benéfica para los trabajadores mexicanos nadie lo puede negar. 

Afección por la ilegalidad

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Hoy, estamos a punto de que concluya septiembre, un mes que sin lugar a dudas es sumamente relevante para la vida pública del País. Incluso, ha sido catalogado como el “mes patrio“, pues celebramos el Día de los Niños Héroes, el Grito de Dolores y el Día de la Independencia de México; por lo cual estimo que se trata del mes de nuestra identidad nacional.

Además, es relevante por que a más tardar el 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal en cumplimiento a lo señalado por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe hacer llegar a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que será aprobado a más tardar el 15 de noviembre siguiente y que esencialmente tiene como objetivo el ordenamiento del gasto público, esto es, señalar las erogaciones que realizará la Federación durante el año siguiente, incluyendo dentro de las mismas las participaciones que a cada Entidad Federativa corresponden.

Cabe mencionar, que el rubro de participaciones a las entidades federativas, desde el comienzo del mandato como Presidente de la República de Andrés Manuel López Obrador, ha sido año tras año cuestionado, principalmente por los simpatizantes de la “Alianza Federalista” que se inconforman y lo califican de injusto.

No obstante, dicho calificativo (que no es más que un disparate de pazguatos), se da pues erróneamente pretenden realizar un juicio de valor (subjetivo) sobre facultades regladas y no discrecionales.

Esto, pues el procedimiento de asignación de participaciones previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, establece una facultad reglada para la Administración Pública Federal, es decir, señala de manera concreta la conducta determinada que la autoridad federal debe seguir, siendo en el caso que nos ocupa, la asignación del 20% a las entidades federativas de la recaudación federal participable, atendiendo a las fórmulas previstas en el ordenamiento de mérito.

Situación, por la que en este caso no es atinado pretender otorgar un alcance subjetivo al concepto de justicia, pues se insiste, estamos en presencia de facultades regladas, no discrecionales que pudieren variar al arbitrio y capricho de la administración.

Así, el alcance de lo justo e injusto, tratándose de facultades regladas, como lo son la asignación de participaciones a las entidades federativas, debe realizarse a través de un juicio de validez, es decir, ¿si es válido o no conforme a la ley, asignar a las entidades federativas una cantidad menor a lo que recaudan por concepto de impuestos federales?.

La respuesta a la interrogante del párrafo anterior, es: sí; pues el artículo 2do de la Ley de Coordinación Fiscal esencialmente señala que el fondo general de participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable, de ahí, que a todas las entidades federativas se les devuelva en principio menos recursos de los que recaudan por concepto de impuestos federales.

Situación, por la que es inconsecuente considerar injusto que se les devuelvan menos recursos de lo que recaudan a las entidades federativas, en tanto, la asignación de participaciones se trata simplemente de la aplicación de las fórmulas contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, en donde no tienen cabida la arbitrariedad o razonamientos subjetivos.

Cabe aclarar, que lo anterior no quiere decir que únicamente el 20% sea invertido en las entidades como erróneamente lo pretenden hacer ver quienes simpatizan con la “Alianza Federalista”, pues ese 80% que conserva la Federación se trata de recursos utilizados para la creación y mantenimiento de tribunales, hospitales, escuelas, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, carreteras, seguridad pública, puentes internacionales y puertos; ejemplificado regionalmente en la rehabilitación de la refinería en Madero, la creación de la línea 3 del tren ligero en Jalisco, la presa libertad en Nuevo León, etc. Prácticamente inversión en todo el País.

Finalmente, quien insista en calificar de injusta la aplicación de las fórmulas contenidas en la ley, únicamente evidencia su afección por la ilegalidad.

“Rebotan” cheque para pagar la rifa del valor del Avión Presidencial

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El cheque que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Gobierno Federal y que, supuestamente, pagaría pagaría los premios de la rifa del avión presidencial fue rechazado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Esta institucion, bajo la gestión de Jaime Cárdenas, decidió devolverlo a la FGR porque los 2 mil millones de pesos no contaban con la figura legal de un “aseguramiento“, que es producto de un presunto delito.

Por otro lado, oficiales revelan que en junio pasado, el Indep solicitó a la FGR que le enviara el acuerdo sobre la legalidad para disponer de los recursos y el destino que debían dar al dinero. La Fiscal Emma Vásquez respondió el 1 de julio que hasta ese momento no existía legalmente el aseguramiento.

La Fiscal, aseguró que: “En la carpeta de investigación no existe acuerdo de aseguramiento, respecto de la cantidad de 2 mil millones de pesos, que fue consignada al Indep“. Por lo tanto, y ante esta respuesta, el director Corporativo de Bienes del Indep, Andrés Álvarez Kuri, decidió regresar el cheque.

Álvarez comentó por escrito que este “instituto sólo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario (dinero efectivo) asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa“. Por lo que el 22 de julio, el Indep decisión regresar a la fiscalía los recursos mediante este oficio que solicitó con urgencia al Ministerio Público Federal indicarle la fecha y hora para formalizar su devolución.

Los 2 mil millones de pesos del cheque, en efecto no proceden de un aseguramiento, sino que fueron entregados a la Fiscalía por parte de la empresa Telra Realty el 10 de febrero como parte de un acuerdo reparatorio dentro de la indagatoria por una indemnización que pagó el Infonavit a esa compañía. Hasta el momento, dichos recursos los mantiene la FGR en una cuenta abierta en la sucursal 116 de BBVA Bancomer y se encuentran en un limbo legal que impide que sean utilizados por el Gobierno.

Origen del asunto

Realizando un recuento de los hechos, el pasado primero de agosto del 2018, el Infonavit detectó una ‘transa‘ por 5 mil millones de pesos por indemnización ilegal a la empresa Telra de las familias El-Mann y Zaga. Posteriormente, el 28 de enero del presente año, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de dicha empresa luego de investigaciónes por parte de la Fiscalía General de la República. Para el 31 de enero, Telra ofreció negociar con la FGR para “reparar el daño” y devolvió 2 mil millones de pesos.

Es decir, los hermanos El Mann ofrecieron un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos a la FGR, tres días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les había bloqueado todas sus cuentas bancarias, incluidas las de su fideicomiso inmobiliario Fibra Uno. Ofrecieron dos cheques para reparar el daño por el caso Telra aunque, según el documento, para materializar el pago pidieron que la FGR diera aviso a la UIF, lo que hace suponer que en ese momento sus activos aún estaban congelados.

Pacto Fiscal

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La semana pasada, los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila manifestaron su intención de realizar una revisión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (en adelante SNCF).

Posteriormente, se sumó a esta iniciativa el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, afirmando que de no modificarse el pacto fiscal se plantearía abandonarlo.

Todos, bajo las premisas falaces de que lo justo es que se otorguen mayores recursos a los Estados que más aportan a la Federación y, que reciben menos dinero del que recaudan sus respectivas Entidades federativas; pasando por alto el funcionamiento del SNCF.

El SNCF, tal y como fue señalado en su exposición de motivos, no impide que los Estados recauden sus propios impuestos, sino por el contrario, supone que tanto el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales actúen con prudencia a efecto de no superponer gravámenes sobre el contribuyente.

Prácticamente, se trata de un acuerdo entre la Federación y Estados, en el cual las Entidades federativas reciben participaciones a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente de riqueza, esto es, abstenerse de tener un impuesto federal y local sobre el mismo concepto.

Ahora bien, a efecto de fijar las participaciones se creó un Fondo General, el cual se constituye con el 20% de la recaudación que obtenga la Federación en un ejercicio fiscal.

Es decir, del monto total recaudado el 80% es para la Federación y el 20% para los Estados.

No obstante, lo anterior no quiere decir que únicamente el 20% sea invertido en las Entidades como erróneamente lo hacen ver las declaraciones de los gobernadores, pues ese 80% que conserva la Federación se trata de recursos utilizados para la creación y mantenimiento de tribunales, hospitales, escuelas, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, carreteras, seguridad pública, puentes internacionales y puertos, la rehabilitación de la refinería en Madero, la creación de la línea 3 del tren ligero en Jalisco, la presa libertad en Nuevo León, etc. prácticamente inversión en todo el País.

Máxime, que además existen fondos de aportaciones federales a los que pueden acceder los Estados, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de objetivos.

Así, en primer término es claro que las Entidades federativas reciben menos de lo que aportan a la federación, pues únicamente el 20% de la recaudación es participable y en consecuencia de libre administración por los Estados; sin embargo esto no quiere decir que ese 20% sea la única inversión realizada en la entidad, pues insisto, el otro 80% de la recaudación se ocupa para el funcionamiento de áreas que competencialmente le corresponden a la federación.

Por otra parte, es cierto que históricamente los Estados con mayor actividad económica reciben menos ingresos que los más rezagados, sin embargo, esta situación per se no implica una actuación arbitraria por parte de la federación o un maltrato hacia las Entidades Federativas.

Esto, pues por mandato constitucional, a la Federación le corresponde fomentar el desarrollo regional y redistribuir la riqueza, a efecto de permitir el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos.

Así, la idea de otorgar mayores porciones de participaciones a los Estados que más recaudan aunque sea lo “debido”, produce el inconveniente de que las Entidades rezagadas no obtengan recursos que auxilien su desarrollo económico. 

Por lo anterior, califico de falaces las premisas de justicia sobre el reparto de las participaciones aducido por los gobernadores, pues pasan por alto el funcionamiento del SNCF, el gasto para el mantenimiento de áreas que competencialmente le corresponden a la federación y la obligación de fomentar el desarrollo regional y redistribuir la riqueza.

Finalmente, aunque comparto la idea de revisar el SNCF que data de 1978, estimo que la discusión debe darse en la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, tomando en consideración los puntos señalados en el párrafo anterior y no de manera incendiaria en declaraciones de prensa.

#Kleroterion: “Hogar, triste hogar”

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El patrimonio más grande que tiene cualquier familia es su casa. Para muchas de estas familias la única forma de obtener un crédito para hacerse de una casa es por medio del Infonavit, institución que por décadas ha sido la encargada de ofrecerle a la clase trabajadora un crédito hipotecario que les permita forjar su patrimonio.

Sin embargo en las pasadas dos décadas y especialmente durante los últimos 2 sexenios empezaron a darse fenómenos que afectaron a la clase trabajadora que posee un crédito Infonavit y ello derivó en una ola de desalojos, en su mayoría orquestados por mafias (los casos están documentados en la prensa y en diversos medios de comunicación) que se aprovechan de la gente, de las circunstancias adversas que enfrentan y de las condiciones en que firmaron el crédito de su vivienda.

En respuesta a ello el gobierno federal lanzó una serie de programas para atender esta problemática. De manera puntual el Presidente ordenó detener los desalojos que se están llevando en contra de quienes por una u otra razón han incumplido con el pago de sus créditos. Este programa  tiene un objetivo muy noble, pero además incide directamente en el entorno de las personas que habitan alrededor de una vivienda que ha sido desalojada. Me explico: por principio de cuentas se trata de preservar el ideal por el que fue creado. Que los trabajadores tengan acceso a un crédito para adquirir una vivienda, que el crédito sea accesible a pagar y que la gente pueda preservar su patrimonio. Poner un alto a los desalojos es anteponer ante todo a los trabajadores y sus familias por encima de cualquier lógica de mercado, el Infonavit es una institución social, no una financiera del ámbito privado.

Por otro lado, detener esos desalojos también incide en la seguridad de las personas que viven alrededor. Sólo en Nuevo León hay más de 8 mil viviendas abandonadas, en su mayoría por desalojos que ya fueron llevados a cabo, o porque son viviendas construidas en lugares apartados y en condiciones pocos dignas (este tema merece por si mismo una columna e investigación aparte), estas viviendas se convierten en focos de inseguridad que afectan a las personas que viven en esas colonias. Esa situación degrada aún más el tejido social.

En definitiva la orden del Presidente por poner un alto a los desalojos responde a una necesidad del pueblo que muchas veces quienes no vivimos en ese entorno no podemos ver, tampoco estoy diciendo que el fenómeno ya está resuelto, como ciudadanos hay que organizarnos y exigir que la orden presidencial se cumpla, que se le den alternativas a la gente y que se propongan soluciones. Por mi parte, he emprendido una cruzada para que quienes enfrentan un caso de este tipo conozcan las opciones para solucionarlo. Si tú eres uno de esos casos o conoces a alguien que esté en esa situación, dale mi WhatsApp: 8118001357, organicémonos para impedir que nadie vuelva a pasar de un “hogar, dulce hogar” a un “hogar, triste hogar”.

Debo no niego, pago no tengo

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Este lunes 6 falleció en la Ciudad de México, Jesús Silva-Herzog Flores, ex secretario de Hacienda en el sexenio de López Portillo.

Emblemático hombre del priismo de los últimos 40 años, hijo del ideólogo de Lázaro Cárdenas, Jesús Silva Herzog y padre de uno de los intelectuales mexicanos más destacados de este siglo, del igual nombre, Jesús Silva-Herzog Márquez.

Don Jesús fue un político diferente en el priismo, con una personalidad más austera, sin escándalos, ni enredado con ficheras como su jefe López Portillo y otros secretarios de esos tiempos.

Le tocó devaluar la moneda en 1982, una de las devaluaciones más significativas que tuvo el país. Se recuerda aquella frase de “Debo no niego, pago no tengo” que alguna vez profirió don Jesús en un documental referente a aquel sexenio.

Silva-Herzog haciendo uso de los habilidades negociadoras y facilidad de palabra logró re-negociar la deuda, reencausar una economía en plena caída libre y aceptar el papel de “el secretario que devaluó”.




Siempre leal al partido intentó varias veces ser Presidente de la República, pero se quedó con las ganas en dos ocasiones.

En el 2000, en aquella elección que puso a Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la capital, Jesús Silva-Herzog logró un tercer lugar con una de las mejores votaciones que ha tenido el PRI en la ciudad.

Asimismo, como embajador en Estados Unidos en la década de los noventas, logró aquel financiamiento del gobierno de Clinton que ayudó a México a salir de la crisis del “Error de diciembre”.

Don Jesús, fue un priista diferente, de una casta distinta, de la verdadera Revolución de la que su padre fue parte. Quizás el legado más grande de Silva-Herzog será la fundación del INFONAVIT, una institución de seguridad social fundamental para este país.

Se fue un líder, uno de los últimos ideólogos históricos del PRI, de los pocos priistas que se salvan de la típica crítica contra el partido. Que en paz descanse.

Lo dicho, dicho está.




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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La paradoja populista de la democracia

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En los últimos días escuchamos todos hablar del referéndum en Colombia, escuchamos una iniciativa en la Ciudad de México sobre el presupuesto participativo y vemos como se habla de políticas inclusivas con la ciudadanía.

El tema que traigo a colación debido a una charla en donde estuve presente hace días con un académico del ramo de las políticas públicas. Él hacía hincapié en los riesgos que presenta consultar temas a la ciudadanía en general y esto sin un afán de coartar libertades ni exigencias pero sí puntualizando temas en particular.

El tema de Colombia es muy interesante, análisis sobran y sobrarán y de hecho se están haciendo papers de eso actualmente. Sin embargo, una pregunta que ronda en el aire es: ¿Era necesario consultar a la ciudadanía la paz con las FARC? Y más allá de la respuesta de usted pudiera tener, yo le pongo otra pregunta, ¿Estaba facultado el Presidente y el Congreso para pasar la iniciativa sin consultar?, ¿Las FARC buscan el apoyo popular?, ¿Quién buscaba legitimar a quién?

Usted tendrá la mejor opinión respecto al tema y no pienso ponerme a juzgar el resultado de la consulta sino la forma. Lo mismo pasa con otras iniciativas como aquella que propuso Andrés Manuel pidiendo que el tema del matrimonio igualitario se consulte.

El problema no es consultar, es más, es sumamente importante que la gente participe activamente en el proceso democrático del país. La cuestión ahora es que los riesgos de democratizar todo y cada uno de los temas coyunturales del país radican en resultados inesperados, equivocados para el país y que borra de un plumazo el sistema de poderes.




Imagínese usted que el Banco de México pusiera a votación las tasas de interés o que el Infonavit consultara el monto de los créditos. Sería absurdo. De la misma manera el reto no está solamente en consultar a la gente sino en que la gente sepa del tema.

Las mayorías se equivocan y se equivocan por la baja preparación. Hay que evitar que siga existiendo el analfabetismo y la deserción escolar para tener mejores ciudadanos que piensen y voten de una manera más racional, al menos, informada.

No necesitamos que el país esté lleno de doctores en economía o expertos en política internacional; sin embargo, es importante tener un país informado y preparado donde los rezagos educativos sean mínimos y se puedan discutir cosas de una mejor manera.

 



El Congreso, el Presidente, los Gobernadores, la Suprema Corte ya tienen funciones por cumplir, no pueden caer en el populismo de consultar por consultar para parecer “legítimos”. Legítimos serán los resultados cuando existan métricas adecuadas en su accionar.

He ahí un problema histórico de la izquierda mexicana, el populismo ramplón, las iniciativas busca-votos, la retórica de la descalificación, la terquedad, el caudillismo, el mesianismo y últimamente el creer que un solo diputado arregla congreso o que un gobernador puede hacer lo que le venga en gana solo con decirlo.

Una ciudadanía mejor informada es garantía al menos de un debate más responsable. Las mayorías deben ser conducidas propiamente, sino caeremos en lo que Aristóteles llamó oclocracia, el caos de la “chusma”.

Lo dicho, dicho está.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”