Llama SCJN a trabajar en armonía; ignora plantón por sus altos salarios

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El Presidente de la Suprema Corte de Justicia llamó a los demás Poderes de la Unión a trabajar en armonía, al tiempo que destacó la importancia de la independencia judicial.

Al rendir su cuarto y último Informe anual, en presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ministro Luis María Aguilar adoptó un tono conciliador e institucional, luego de varios días de críticas del Ejecutivo a la Corte y los jueces por sus salarios, y de jaloneos con el Congreso ante la intención de reducirlos.

“El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres Poderes de la Unión y, por tanto, reconocemos que somos parte del entramado del Estado mexicano, y que debemos estar articulados y en armonía y concordancia con los otros Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo“, dijo Aguilar, quien no aludió al tema de los salarios.

“En estos momentos en los que el País se plantea construir los caminos para la paz, la equidad y la prosperidad, es preciso destacar que estas condiciones son, como ha dicho usted, Presidente, frutos de la justicia. Por lo tanto, es menester fortalecer a las instituciones que imparten justicia”.

Enfatizó que la independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad y el respeto de los derechos humanos.

“Esta cualidad es un corolario del principio democrático de la separación de Poderes, en virtud del cual los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado“, planteó Aguilar.

Destacó que la facultad judicial de resolver controversias no es obstáculo para el desarrollo y la legítima transformación del País, sino la condición necesaria para alcanzar estos objetivos democráticamente.

Ante la cúpula del Poder Judicial, en el salón de Plenos del máximo tribunal, el Ministro informó en un ambiente contrastante con sexenios anteriores, cuando el Estado Mayor Presidencial (EMP) asumía el control de la seguridad en el edificio de Pino Suárez.

De hecho, López Obrador no ingresó por la puerta principal del edificio, cerrada por unas 50 personas que protestan contra los Ministros, sino que llegó a una entrada lateral, lo que hubiera sido imposible cuando el EMP vigilaba el evento.

El Ejecutivo fue recibido por los presidentes de las Salas, Norma Piña y Eduardo Medina Mora, y ya en el Pleno, sólo saludó de mano a Aguilar.

Al Presidente lo acompañaron los Secretarios de Defensa, Gobernación, Educación y Seguridad Pública, Cresencio Sandoval, Olga Sánchez, Esteban Moctezuma y Alfonso Durazo, respectivamente, entre otros, además de su Consejero Jurídico, Julio Scherer.

También asistieron, como es costumbre, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo.

López Obrador rompió la tradición de quedarse a comer con los Ministros.Resume logros y deja pendientes Aguilar, veterano de 50 años en el Poder Judicial a quien aún restan seis años como Ministro, resumió algunos logros de su administración en la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, que a estas alturas ya administra 846 tribunales y juzgados, a cargo de mil 502 jueces y magistrados y más de 45 mil empleados.

Tema relevante fue la infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues entre enero de 2015 y junio de 2016 se instalaron 36 centros de justicia para el NSJP, y a estas alturas ya son 40, con 156 jueces especializados para delitos federales.

En cuanto a disciplina, durante estos cuatro años fueron sancionados administrativamente 260 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, siendo 36 de ellos magistrados de Circuito y 49 jueces de Distrito.

De estos últimos, sólo a ocho se les impuso la sanción máxima de destitución, mientras que 21 fueron suspendidos sin goce de sueldo.

Aguilar dejará varios expedientes relevantes a su sucesor, que la Corte elegirá el 2 de enero.

Destaca el procedimiento contra 15 funcionarios por la filtración y venta, a finales de 2017, de un examen para jueces que fue cancelado en febrero, y por el cual puede ser sancionado el ex Director del Instituto de la Judicatura, Salvador Mondragón.

También está en curso el procedimiento contra el ex Director General de Inmuebles del CJF, Francisco Pérez Maqueda, a quien se encontraron 3.3 millones de pesos en la cajuela de su auto, lo que llevó a la Contraloría del Poder Judicial a presumir que recibió sobornos de constructoras.

Otro caso en investigación desde 2017 son las visitas no justificadas de 10 actuarios de seis juzgados de Toluca y Tepic a narcos en penales de alta seguridad.

Por esa conducta ya habían sido destituidos dos actuarios que trabajaban para el juez Vicente Bermúdez, asesinado en Toluca en octubre de 2016, sin que a la fecha se conozca el móvil.

La carga de trabajo en los tribunales federales tiende a estabilizarse. Entre noviembre de 2017 y 2018 ingresaron un millón 26 mil nuevos casos, por un millón 46 mil en el año anterior, la gran mayoría amparos.

A la Corte, en cambio, llegan cada vez más asuntos: 17 mil sólo este año, lo que ha llevado a los aspirantes a la Presidencia a pedir que se acoten las facultades del máximo tribunal para que no siga viendo miles de casos que no tienen relevancia jurídica nacional.

Critican ONGs terna de AMLO para la SCJN

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este día la terna para quien ocupe el cargo de Ministro en la Suprema Corte de Justicia, que sustituirá al retirado José Ramón Cossío.

La propuesta que enviará al Senado está conformada por Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Ortiz fue la encargada de coordinar los foros de paz, mientras que Maya se desempeñó como Magistrada del Tribunal de Justicia de Querétaro y González fue presidente del Tribunal de Justicia de la CDMX.

Por lo que de inmediato acusaron organizaciones de la sociedad civil se realizó en forma cerrada y sin mecanismos de rendición de cuentas, por lo que críticaron sus acciones.

El presidente aseguró que los tres cumplen con los requisitos y están capacitados para la vacante, pero dicha terna terminó por no convencer a las organizaciones quienes contemplaron una valoración abierta para quienes ocuparían ese cargo.

La decisión de AMLO y Morena en relación a la SCJN

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Tal vez usted piense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un ente lejano para el ciudadano y en realidad es más cercano de lo que usted piensa y su importancia es vital para la vida pública y privada del país, ya que en los últimos años el máximo tribunal ha sentado precedentes interesantes en materia de derechos humanos, interés superior del menor, así como el control de constitucionalidad de las medidas que toman los poderes.

El próximo presidente y la siguiente legislatura tendrán la obligación de renovar al menos a 2 ministros de la Suprema Corte de la Nación, pudiendo cambiar el sentido ideológico del máximo tribunal de una tendencia moderada-conservadora a una progresista.

Presentó a usted el mecanismo el procedimiento se elige a un ministro de la Corte, el presidente manda una terna de candidatos al Senado, que cumplan con los requisitos establecidos por ley, algunos de ellos son que sea licenciado en derecho (con un determinado tiempo de titulación) y que cuente con honorabilidad, el Senado tiene que aprobar con 2/3 partes del Pleno el nombramiento, en caso de que no se logre el voto en la proporción antes mencionada se regresa la terna y el Presidente de la República tiene que mandar una nueva terna (puede cambiar solamente a una o a dos personas de la terna que originalmente envió).

Algunos logros de la SCJN han sido el matrimonio igualitario, el interés superior del menor y el respeto a las minorías LGBTIQ en sus derechos humanos, así como la protección a los indígenas y el respeto a la mujer en todas las áreas de la vida pública y privada.

Así pues AMLO teniendo mayoría en el Senado (ojo es mayoría simple que no le alcanza para realizar designaciones solamente con su partido y aliados) tendrá que negociar con otras fuerzas políticas para llegar a acuerdos sobre los ministros de la SCJN dentro de ello, tiene la posibilidad de volver la SCJN en un espacio más progresista y que tenga en cuenta la agenda de la izquierda mexicana.

Hay que recordar que la nominada por López Obrador a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ya fue ministra de la Suprema Corte (1995-2015) influirá en las decisiones respecto a la designación de ministros del máximo tribunal; La ministra tuvo un papel fundamental en la resolución de sentencias y jurisprudencias que sin duda marcaron un precedente en la vida jurídica del país, como lo es el caso del matrimonio igualitario y llevando que todas las entidades federativas tengan que acatar el mandato de que los Registros Civiles tienen que llevar uniones entre personas del mismo género, aun cuando se contrapongan los Códigos Civiles de las entidades federativas (como es el caso de Nuevo León) en caso de que algún Oficial del Registro Civil se niegue a llevar el matrimonio se puede promover un amparo y con base en el criterio de la SCJN se le concede para que este pueda casarse

AMLO después del primero de julio tiene la posibilidad inclusive de poner a personas de alta confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el respeto de los derechos humanos, habrá que darle tiempo al virtual presidente de saber sí será un Presidente que mandará ternas con candidatos al máximo tribunal con carrera judicial (que sería lo más apropiado) o mandará personajes polémicos y con participación en la política como lo fue en su momento criticado por su nominación y posterior designación el actual ministro: Eduardo Medina Mora.

También recordar que las decisiones sobre los ministros de la Suprema Corte tienen efectos transexenales, ya que los ministros duran 15 años en el puesto y como he mencionado toman decisiones que involucran las relaciones entre los poderes de la Federación.

Le dijeron que no, pero EPN promulga la “Ley Chayote”

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Hoy el Diario Oficial de la Federación dio a conocer que el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó el pasado 8 de mayo la Ley de Comunicación Social, mejor conocida como “Ley Chayote”, esto a pesar de que organizaciones civiles le solicitaron al mandatario no hacerlo.

La ley promulgada que contiene 45 artículos y ocho disposiciones, tiene el objetivo de regular la contratación de propaganda oficial, ademas responde a un amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia en noviembre del año pasado, donde ordenó al Congreso expedir la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril.

“La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los Entes Público a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, indica el artículo segundo de la Ley Chayote.

De acuerdo a organizaciones civiles y organismos internacionales, la ley promulgada y aprobada por ambas cámaras, no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia.

Por otro lado, el Instituto Belisario Domínguez (IBD), advirtió en análisis que dicha ley define de manera vaga los contenidos permitidos y no permitidos, y deja que continúe el gasto por encima de los programado. También asegura, que la “Ley Chayote”, abre la posibilidad de que haya programas gubernamentales que no necesariamente sean útiles para el público.

Por último, el informe del IBD, asegura que la ley no distingue entre los tipos de medios de comunicación.

ONGs acuden a Corte contra Ley de Seguridad

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Representantes de organizaciones civiles acudieron a la Suprema Corte de Justicia a interponer un recurso contra la Ley de Seguridad Interior.

Román Díaz Vázquez, presidente de la Agrupación Política Nacional Acción Ciudadana Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac), afirmó que aglutinan a más de 25 organizaciones firmantes a nivel nacional.

Se trata, dijo, de un amicus curiae, que, explicó, permite intervenir a terceros interesados para emitir su opinión sobre un tema.

Díaz recordó que dichas organizaciones también iniciaron un procedimiento el 6 de diciembre del año pasado en el Senado de la República para solicitar la consulta ciudadana. Sin embargo, reclamó, su voz no fue escuchada.

“No nos hicieron caso, no nos escucharon, no nos atendieron. Por eso interpusimos los primeros juicios de amparo y las primeras quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos“, expuso.

Indicó que han sido más de cinco recursos interpuestos ante diversas instancias.

Román Díaz señaló que el documento presentado contiene objeciones como que la ley viola el Artículo 129 constitucional, el Primero y el 21 de la Constitución.

“Ya casi el plazo vence para interponer inconformidades, le calculamos que esto estará resuelto en unos de dos a cuatro meses, más o menos. Confiamos en ser escuchados, ahora sí, en la Suprema Corte“.

Ante la SCJN también han acudido diputados y senadores pidiendo la abolición de esta legislación.

Senadores impugnan Ley de Seguridad Interior

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Un grupo de senadores de México presentó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada y polémica Ley de Seguridad Interior que según sus detractores militariza al país.

La ley, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno de lanzar a finales del 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

Pero organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla.

La estrategia militar antidrogas se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196,000 personas asesinadas y unos 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

Otro punto controvertido es que la información que se genere durante su aplicación será considerada de Seguridad Nacional, dejándola fuera del escrutinio público.

La Suprema Corte ya analiza una controversia constitucional contra esta ley presentada por la alcaldía de Cholula, mientras la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos de México contempla presentar una acción de inconstitucionalidad.

Al promulgar la ley, el presidente Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad, contemplada en la legislación, hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.

Defendiendo al plurinominal

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Como expresara el politólogo italiano Giovanni Sartori, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto de las libertades y derechos de las minorías; esta definición viene al caso para analizar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 26 de octubre de 2017 que validó las reformas a ley electoral del estado de Nuevo León, que entre otras cosas, amplían el espectro para la distribución de diputaciones plurinominales: los partidos locales podrán inscribir una lista de candidatos plurinominales al Congreso Local, por ello, ahora van representación partidos y ciudadanos, que de lo contrario, difícilmente podrían entrar al Poder Legislativo, con ello, se dará lugar a las minorías de que habla Sartori para que más sectores o grupos de la población estén representados.

Esto es positivo porque posibilita a personas con perfiles profesionales elevados tener derecho (derecho político a ser votado) a obtener un cargo de elección popular, ya que, si sólo existieran diputaciones uninominales, es decir aquellas por las que se vota de forma directa, podría ocurrir que no ganasen los perfiles mejor preparados sino los que desarrollan una campaña más atractiva, los que tengan mejor presencia ante medios, o los más “populares”, o en su caso sólo los operadores políticos que de manera sistemática traban sus zonas de influencia.

Los diputados plurinominales son un mecanismo para representar a la sociedad, que tienen las credenciales profesionales que los avalan y nutren el debate democrático, mismo caso de otros grupos como los pueblos indígenas o las personas que viven con algún tipo de discapacidad, los expertos que trabajan por causas como los derechos de las mujeres en determinados ámbitos, o en juristas de amplia trayectoria que saben en forma y contenido reformar y escribir leyes.

Sin esta figura, que en su momento se consideró progresista y abonó para bien a nuestra democracia, se darían escenarios en los que un partido podría tener el control del congreso sin haber obtenido la mayoría de la votación. Por ejemplo, sin los plurinominales el PRI, que en la elección federal del 2015 obtuvo apenas el 29.18% de la votación emitida, tendría 160 diputados federales de los 300 que integrarían la Cámara, dándose el caso de que una minoría mandaría sobre la mayoría. Algo que la correlación de fuerzas de un congreso con plurinominales impide en este momento.

El que escribe estas líneas, diputado plurinominal federal y que entre otras cosas, tiene preparación en la abogacía y se ha desempeñado en el Congreso de la Unión, obtuvo diversos reconocimientos, como el Borde Score al ser considerado el legislador mejor rankeado obteniendo una puntuación de 100, y Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional donde impulsó exposiciones, foros y Congresos sobre la Seguridad Nacional y el fomento al amor y respeto a los Lábaros Patrios sólo por mencionar algunas de las acciones realizadas.

Cuestionar a los diputados plurinominales porque no hacen campaña o porque no  han dedicado su vida de tiempo completo a la política rompe un principio sustancial de la democracia representativa; porque en democracia hasta el que pierde una elección habría de quedar representado. El partido que no se vio beneficiado con una votación mayoritaria tiene derecho a que su voz tenga eco en el Poder Legislativo, por ello la definición de Sartori es pertinente: sí con el voto de la mayoría pero respetando a las minorías, así se debe vivir en democracia. 

Pretender establecer un sistema donde el que gane, gana todo, y que pierde, pierda todo, constituye una regresión a los Congresos absolutos, donde se diluiría la representación de diversos colectivos; debe considerarse que puede ocurrir que sólo los cuadros con mayores capacidades de llevar votos a los urnas dominen -como de hecho ya lo hacen- los partidos políticos, sin que exista una franja para sus cuadros mejor preparados o bien actores políticos o de la sociedad civil que representan minorías que sólo a través de este mecanismo encontrarán una posición en el Congreso de la Unión o en los 32 Congresos Locales. 

Emplacan autos de lujo en Morelos para no pagar tenencia en la CDMX

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Cuando el cobro de la tenencia pasó de la federación a los estados, comenzó un notable crecimiento de coches circulando en la Ciudad de México con placas de Morelos, y varias agencias de autos de lujo recurrieron a un esquema para que sus clientes burlen el impuesto capitalino, siendo legisladores y funcionarios usuarios de esta acción.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), detalló cómo los compradores de autos de lujo burlan el pago en la Ciudad de México y demostró que diputados locales, senadores y servidores de la Suprema Corte han aplicado este esquema que incluye una red de gestores que trabaja con las agencias, consiguen comprobantes de domicilio en barrios populares de Morelos y registran los autos de quienes circulan en la capital.

El 14 de junio,  MCCI visitó el estacionamiento del Senado de la República, donde observaron que al menos 24 vehículos contaban con placas morelenses, aun cuando ese estado tiene sólo tres representantes.

La visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue muy distinta a lo ocurrido en el Senado, ya que por lo menos once coches de lujo con matrículas de Morelos estaban en el estacionamiento reservado para ministros y colaboradores más cercanos.

Esta práctica de eludir la tenencia de vehículos de más de 250 mil pesos le cuesta a las arcas capitalinas pérdidas entre mil y dos mil millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el número de autos con valor superior a ese precio que fueron dados de baja en 2012 representó 2 mil 50 por ciento respecto a 2011.

El presidente de la ley y el orden

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“Tengo un mensaje para todos ustedes: el crimen y la violencia que hoy afecta a nuestra nación pronto llegará a su fin. A partir del 20 de enero de 2017, la seguridad será restaurada. En esta carrera por la Casa Blanca, yo soy el candidato de la ley y el orden.” Esas fueron las palabras que Donald Trump dijo hace algunos meses en la Convención Republicana cuando aceptó ser el candidato oficial para la presidencia de Estados Unidos.

Un discurso que revitaliza el pensamiento retrógrado de ciertos sectores de la sociedad estadunidense.

 




Hace algunos días vi en Netflix el documental Enmienda XIII (Amendment XIII). El cual mostraba cuatro problemas que a mi parecer es primordial poner atención en estas próximas elecciones: la discriminación y sus políticas criminales, el sistema penitenciario y la participación de las empresas privadas en el mismo.

La discriminación y segregación a la cual se ha enfrentando la comunidad afroamericana desde tiempos inmemorables se ha manifestado con más fuerza en ciertos momentos de la historia.

El desatinado criterio que alguna vez emitió la Suprema Corte de Justicia : “separados pero iguales” (separate but equal) reforzando las leyes de segregación y exclusión, considerándolas “legales” y “justas” (leyes de Jim Crow).

Después, la incongruente guerra contra el crack que desató Nixon, afectando principalmente a los barrios marginados y poblados por afroamericanos. Creando además políticas criminales restrictivas y abusivas por parte de un gobierno que tenía como objetivo encarcelar a todo aquel que “amenazara” la seguridad y estabilidad del gran país de primer mundo.

Estados Unidos es conocido por tener un sistema penitenciario ineficiente e injusto. El gobierno a través de diversos presidentes (Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton) crearon un Estado punitivo el cual persiste en la actualidad, estableciendo sanciones desmesuradas por delitos que no ameritan sanción privativa de la libertad o sentencias excesivas.

Cualquier persona que se considere “criminal” se le impondrá condenas que van desde cadena perpetua sin posibilidad de reducción de la pena por crímenes cometidos incluso y cuando eran menores de edad, trabajos forzados, hasta sentencia de muerte.

Ahora yo me pregunto ¿cuál ha sido el objetivo? ¿para qué ha funcionado la prisión? ¿realmente qué es lo que se sanciona? A lo largo del tiempo se han hecho leyes sin sentido, se han impuesto penas absurdas, y castigos sin lección.




Entre los años 50’s y 60’s se comenzó por sancionar el color de piel. Un afroamericano acusado de asesinar a un blanco iba directamente a la cárcel, en cambio, un blanco acusado de asesinar a un afroamericano, resultado: ¿sentencia? Libertad ¿argumento? Legitima defensa.

En la actualidad Estados Unidos cuenta con alrededor de 2, 217, 947 personas presas, considerándose el país con más personas en prisión en el mundo. Aproximadamente hay 693 personas internas por cada 100.000 habitantes.

La población afroamericana en prisión actualmente asciende a 900,000 (desde 1954 se ha multiplicado cuatro veces). Eso constituye que alrededor del 40% de la población carcelaria es afroamericana, y otro tanto se reserva a minorías étnicas, traduciéndose automáticamente a cifras desproporcionadas.

¿Por qué razón los grupos históricamente discriminados se encuentran en prisión realmente?

Douglas Massey ha señalado que una persona afroamericana sin estudios universitarios tiene el 59% de probabilidad de ir a la cárcel antes de cumplir 35 años.

Otra vez me vuelvo a cuestionar ¿verdaderamente qué se sanciona? No es poco raro que la mayoría de la población penitenciaria en Estados Unidos sea afroamericana y latina. La discriminación y desigualdad social impacta profundamente en las policías criminales del país, y más en un país en donde se ha castigado el color piel y la nacionalidad, el ser pobre y no pertenecer a los estándares socialmente aceptados para la mayoría.

En el 2011 asesinaron a Trayvon Martin, su asesino George Zimmerman pensó que era un ladrón que andaba asaltando, para él era suficientemente sospechoso que estuviera caminando y observando las casas del vecindario. ¿Sentencia? Libertad ¿argumento? Legítima defensa.

Es preocupante que un país a través de su derecho lo utilice como mecanismo de represión y abuso en contra de los grupos en situación de vulnerabilidad, y sobre todo que los actos sean considerados legales.

¿A qué voy con todo eso? Es mostrar los niveles de impunidad que se han ido arrastrado a través del tiempo. Los años de exclusión y segregación de la comunidad afroamericana no han quedado tan atrás, si por una parte es cierto que se han resuelto algunos problemas de desigualdad social, por otra han incrementado. La cárcel se ha utilizado como instrumento idóneo para reprimir.

 




Todavía en el 2016 se encuentra presente el abuso de la policía en contra de personas afroamericanas, propensas a ser golpeadas y/o asesinadas por parecer sospechosas. ¿Y la comunidad latina? Cada vez se hacen leyes más estrictas y discriminatorios en contra de los inmigrantes, con las cuales “se pretende combatir a la inseguridad e inmigración”.

¿Por qué me preocupa que Trump gane? Existen un sinfín de motivos que están de sobra mencionar (misoginia, xenofobia, etc.) , pero este me altera y alarma más. Donald Trump prometió ser el presidente de la “ley y el orden”, “los buenos tiempos regresarán” ¿cuáles buenos tiempos? Los tiempo en donde segregar y discriminar era legal, esos son los tiempos a los que desea regresar ¿y qué es lo peor de todo? la multitud se lo aplaude.

Les recomiendo ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=wP4DdYvD480

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La paradoja populista de la democracia

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En los últimos días escuchamos todos hablar del referéndum en Colombia, escuchamos una iniciativa en la Ciudad de México sobre el presupuesto participativo y vemos como se habla de políticas inclusivas con la ciudadanía.

El tema que traigo a colación debido a una charla en donde estuve presente hace días con un académico del ramo de las políticas públicas. Él hacía hincapié en los riesgos que presenta consultar temas a la ciudadanía en general y esto sin un afán de coartar libertades ni exigencias pero sí puntualizando temas en particular.

El tema de Colombia es muy interesante, análisis sobran y sobrarán y de hecho se están haciendo papers de eso actualmente. Sin embargo, una pregunta que ronda en el aire es: ¿Era necesario consultar a la ciudadanía la paz con las FARC? Y más allá de la respuesta de usted pudiera tener, yo le pongo otra pregunta, ¿Estaba facultado el Presidente y el Congreso para pasar la iniciativa sin consultar?, ¿Las FARC buscan el apoyo popular?, ¿Quién buscaba legitimar a quién?

Usted tendrá la mejor opinión respecto al tema y no pienso ponerme a juzgar el resultado de la consulta sino la forma. Lo mismo pasa con otras iniciativas como aquella que propuso Andrés Manuel pidiendo que el tema del matrimonio igualitario se consulte.

El problema no es consultar, es más, es sumamente importante que la gente participe activamente en el proceso democrático del país. La cuestión ahora es que los riesgos de democratizar todo y cada uno de los temas coyunturales del país radican en resultados inesperados, equivocados para el país y que borra de un plumazo el sistema de poderes.




Imagínese usted que el Banco de México pusiera a votación las tasas de interés o que el Infonavit consultara el monto de los créditos. Sería absurdo. De la misma manera el reto no está solamente en consultar a la gente sino en que la gente sepa del tema.

Las mayorías se equivocan y se equivocan por la baja preparación. Hay que evitar que siga existiendo el analfabetismo y la deserción escolar para tener mejores ciudadanos que piensen y voten de una manera más racional, al menos, informada.

No necesitamos que el país esté lleno de doctores en economía o expertos en política internacional; sin embargo, es importante tener un país informado y preparado donde los rezagos educativos sean mínimos y se puedan discutir cosas de una mejor manera.

 



El Congreso, el Presidente, los Gobernadores, la Suprema Corte ya tienen funciones por cumplir, no pueden caer en el populismo de consultar por consultar para parecer “legítimos”. Legítimos serán los resultados cuando existan métricas adecuadas en su accionar.

He ahí un problema histórico de la izquierda mexicana, el populismo ramplón, las iniciativas busca-votos, la retórica de la descalificación, la terquedad, el caudillismo, el mesianismo y últimamente el creer que un solo diputado arregla congreso o que un gobernador puede hacer lo que le venga en gana solo con decirlo.

Una ciudadanía mejor informada es garantía al menos de un debate más responsable. Las mayorías deben ser conducidas propiamente, sino caeremos en lo que Aristóteles llamó oclocracia, el caos de la “chusma”.

Lo dicho, dicho está.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”