El presidente de la ley y el orden

“Tengo un mensaje para todos ustedes: el crimen y la violencia que hoy afecta a nuestra nación pronto llegará a su fin. A partir del 20 de enero de 2017, la seguridad será restaurada. En esta carrera por la Casa Blanca, yo soy el candidato de la ley y el orden.” Esas fueron las palabras que Donald Trump dijo hace algunos meses en la Convención Republicana cuando aceptó ser el candidato oficial para la presidencia de Estados Unidos.

Un discurso que revitaliza el pensamiento retrógrado de ciertos sectores de la sociedad estadunidense.

 




Hace algunos días vi en Netflix el documental Enmienda XIII (Amendment XIII). El cual mostraba cuatro problemas que a mi parecer es primordial poner atención en estas próximas elecciones: la discriminación y sus políticas criminales, el sistema penitenciario y la participación de las empresas privadas en el mismo.

La discriminación y segregación a la cual se ha enfrentando la comunidad afroamericana desde tiempos inmemorables se ha manifestado con más fuerza en ciertos momentos de la historia.

El desatinado criterio que alguna vez emitió la Suprema Corte de Justicia : “separados pero iguales” (separate but equal) reforzando las leyes de segregación y exclusión, considerándolas “legales” y “justas” (leyes de Jim Crow).

Después, la incongruente guerra contra el crack que desató Nixon, afectando principalmente a los barrios marginados y poblados por afroamericanos. Creando además políticas criminales restrictivas y abusivas por parte de un gobierno que tenía como objetivo encarcelar a todo aquel que “amenazara” la seguridad y estabilidad del gran país de primer mundo.

Estados Unidos es conocido por tener un sistema penitenciario ineficiente e injusto. El gobierno a través de diversos presidentes (Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton) crearon un Estado punitivo el cual persiste en la actualidad, estableciendo sanciones desmesuradas por delitos que no ameritan sanción privativa de la libertad o sentencias excesivas.

Cualquier persona que se considere “criminal” se le impondrá condenas que van desde cadena perpetua sin posibilidad de reducción de la pena por crímenes cometidos incluso y cuando eran menores de edad, trabajos forzados, hasta sentencia de muerte.

Ahora yo me pregunto ¿cuál ha sido el objetivo? ¿para qué ha funcionado la prisión? ¿realmente qué es lo que se sanciona? A lo largo del tiempo se han hecho leyes sin sentido, se han impuesto penas absurdas, y castigos sin lección.




Entre los años 50’s y 60’s se comenzó por sancionar el color de piel. Un afroamericano acusado de asesinar a un blanco iba directamente a la cárcel, en cambio, un blanco acusado de asesinar a un afroamericano, resultado: ¿sentencia? Libertad ¿argumento? Legitima defensa.

En la actualidad Estados Unidos cuenta con alrededor de 2, 217, 947 personas presas, considerándose el país con más personas en prisión en el mundo. Aproximadamente hay 693 personas internas por cada 100.000 habitantes.

La población afroamericana en prisión actualmente asciende a 900,000 (desde 1954 se ha multiplicado cuatro veces). Eso constituye que alrededor del 40% de la población carcelaria es afroamericana, y otro tanto se reserva a minorías étnicas, traduciéndose automáticamente a cifras desproporcionadas.

¿Por qué razón los grupos históricamente discriminados se encuentran en prisión realmente?

Douglas Massey ha señalado que una persona afroamericana sin estudios universitarios tiene el 59% de probabilidad de ir a la cárcel antes de cumplir 35 años.

Otra vez me vuelvo a cuestionar ¿verdaderamente qué se sanciona? No es poco raro que la mayoría de la población penitenciaria en Estados Unidos sea afroamericana y latina. La discriminación y desigualdad social impacta profundamente en las policías criminales del país, y más en un país en donde se ha castigado el color piel y la nacionalidad, el ser pobre y no pertenecer a los estándares socialmente aceptados para la mayoría.

En el 2011 asesinaron a Trayvon Martin, su asesino George Zimmerman pensó que era un ladrón que andaba asaltando, para él era suficientemente sospechoso que estuviera caminando y observando las casas del vecindario. ¿Sentencia? Libertad ¿argumento? Legítima defensa.

Es preocupante que un país a través de su derecho lo utilice como mecanismo de represión y abuso en contra de los grupos en situación de vulnerabilidad, y sobre todo que los actos sean considerados legales.

¿A qué voy con todo eso? Es mostrar los niveles de impunidad que se han ido arrastrado a través del tiempo. Los años de exclusión y segregación de la comunidad afroamericana no han quedado tan atrás, si por una parte es cierto que se han resuelto algunos problemas de desigualdad social, por otra han incrementado. La cárcel se ha utilizado como instrumento idóneo para reprimir.

 




Todavía en el 2016 se encuentra presente el abuso de la policía en contra de personas afroamericanas, propensas a ser golpeadas y/o asesinadas por parecer sospechosas. ¿Y la comunidad latina? Cada vez se hacen leyes más estrictas y discriminatorios en contra de los inmigrantes, con las cuales “se pretende combatir a la inseguridad e inmigración”.

¿Por qué me preocupa que Trump gane? Existen un sinfín de motivos que están de sobra mencionar (misoginia, xenofobia, etc.) , pero este me altera y alarma más. Donald Trump prometió ser el presidente de la “ley y el orden”, “los buenos tiempos regresarán” ¿cuáles buenos tiempos? Los tiempo en donde segregar y discriminar era legal, esos son los tiempos a los que desea regresar ¿y qué es lo peor de todo? la multitud se lo aplaude.

Les recomiendo ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=wP4DdYvD480

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La paradoja populista de la democracia

En los últimos días escuchamos todos hablar del referéndum en Colombia, escuchamos una iniciativa en la Ciudad de México sobre el presupuesto participativo y vemos como se habla de políticas inclusivas con la ciudadanía.

El tema que traigo a colación debido a una charla en donde estuve presente hace días con un académico del ramo de las políticas públicas. Él hacía hincapié en los riesgos que presenta consultar temas a la ciudadanía en general y esto sin un afán de coartar libertades ni exigencias pero sí puntualizando temas en particular.

El tema de Colombia es muy interesante, análisis sobran y sobrarán y de hecho se están haciendo papers de eso actualmente. Sin embargo, una pregunta que ronda en el aire es: ¿Era necesario consultar a la ciudadanía la paz con las FARC? Y más allá de la respuesta de usted pudiera tener, yo le pongo otra pregunta, ¿Estaba facultado el Presidente y el Congreso para pasar la iniciativa sin consultar?, ¿Las FARC buscan el apoyo popular?, ¿Quién buscaba legitimar a quién?

Usted tendrá la mejor opinión respecto al tema y no pienso ponerme a juzgar el resultado de la consulta sino la forma. Lo mismo pasa con otras iniciativas como aquella que propuso Andrés Manuel pidiendo que el tema del matrimonio igualitario se consulte.

El problema no es consultar, es más, es sumamente importante que la gente participe activamente en el proceso democrático del país. La cuestión ahora es que los riesgos de democratizar todo y cada uno de los temas coyunturales del país radican en resultados inesperados, equivocados para el país y que borra de un plumazo el sistema de poderes.




Imagínese usted que el Banco de México pusiera a votación las tasas de interés o que el Infonavit consultara el monto de los créditos. Sería absurdo. De la misma manera el reto no está solamente en consultar a la gente sino en que la gente sepa del tema.

Las mayorías se equivocan y se equivocan por la baja preparación. Hay que evitar que siga existiendo el analfabetismo y la deserción escolar para tener mejores ciudadanos que piensen y voten de una manera más racional, al menos, informada.

No necesitamos que el país esté lleno de doctores en economía o expertos en política internacional; sin embargo, es importante tener un país informado y preparado donde los rezagos educativos sean mínimos y se puedan discutir cosas de una mejor manera.

 



El Congreso, el Presidente, los Gobernadores, la Suprema Corte ya tienen funciones por cumplir, no pueden caer en el populismo de consultar por consultar para parecer “legítimos”. Legítimos serán los resultados cuando existan métricas adecuadas en su accionar.

He ahí un problema histórico de la izquierda mexicana, el populismo ramplón, las iniciativas busca-votos, la retórica de la descalificación, la terquedad, el caudillismo, el mesianismo y últimamente el creer que un solo diputado arregla congreso o que un gobernador puede hacer lo que le venga en gana solo con decirlo.

Una ciudadanía mejor informada es garantía al menos de un debate más responsable. Las mayorías deben ser conducidas propiamente, sino caeremos en lo que Aristóteles llamó oclocracia, el caos de la “chusma”.

Lo dicho, dicho está.

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El PAN y el catolicismo

laicismo

El PAN fue fundado en 1939 y desde entonces, se ha alegado que es una institución vinculada a la Iglesia católica. Por supuesto, muchos de sus candidatos y electores son creyentes, pero no es de sorprender en un país donde el 80% de la población se declara católica.

En este artículo pretendo demostrar de manera breve la inexistencia de una inspiración religiosa en su fundación, así como en su desarrollo a lo largo de los años.

Lo hare mediante hechos y declaraciones de los arquitectos intelectuales y figuras del partido:

1) “don Manuel (…) quiso destacar una idea que después tuvo gran trascendencia: la necesidad de que el partido tuviera una integración pluralista, como un reflejo de la integración pluralista de la sociedad. Esta idea excluyó toda integración facciosa, religiosa o clasista del PAN y, de acuerdo con una concepción auténticamente democrática, sólo se requirió la coincidencia de principios básicos, que hicieran posible la unidad dentro de la diversidad”

2) “Gómez Morin (…) Desde un principio lo definió con claridad: el PAN sería un partido civil, incluso laico, sin definición religiosa alguna”

3) En entrevista concedida a los esposos James y Edna Wilkie entre 1964 y 1965, Cosío Villegas declaró: “Acción Nacional, contra lo que pueda creerse, no cuenta con ciertos apoyos (…) digamos, típicamente, la Iglesia católica… La Iglesia católica nunca le ha dado un apoyo abierto, ostensible, a Acción Nacional. Y dudo mucho que se lo dé, aún callada o silenciosamente.”

4) “No hay “bloques”, no hay papeles aprendidos de antemano para recitarse aquí, no hay ni puede haber sombra de coacción intelectual o moral, y menos aún de otros géneros.” La principal motivación del partido fue ofrecer una plataforma de auténtica representación política. Para lograrlo, era (y sigue siendo) indispensable el libre florecimiento de ideas (incluyendo por supuesto las religiosas, área que abarca los “otros géneros”).

5) El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. En ese entonces, la Iglesia católica en México sugería que las mujeres se apegaran a la tradición y no participasen en asuntos políticos. Contrario a lo establecido por la Iglesia, el PAN postuló a Norma Villarreal de Zambrano, quien se convertió en la primera alcaldesa de México, en San Pedro Garza García (1967-1969).

6) Recientemente, la Iglesia ha convocado a sus feligreses a manifestarse en contra del matrimonio igualitario. En una entrevista que Adela Micha realizó a Margartia Zavala hace un par de meses, se le preguntó su posición en torno al tema. La pre-candidata presidencial contestó: “Mira Adela, la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció al respecto y dice que es discriminatorio prohibirlo, por lo que mi opinión está de más”. El senador y ex presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth se pronunció a favor.

Es de resaltar el que prevalezca la distinción entre las opiniones personales y los asuntos de gobierno, más aún cuando se trate de un tema relacionado a los intereses del clero, siempre teniendo en mente la expresa laicidad del Estado en la Constitución. Para fortalecer esta laicidad, también se expresa en la Constitución la prohibición de establecer partidos políticos de afiliación religiosa.

Por lo tanto, en México, ni el PAN ni cualquier otro partido puede ser portavoz del Vaticano.

[1] Manuel González Hinojosa, Manuel Gómez Morin, El Político, Testimonios de la muerte de Manuel Gómez Morin, Editorial Jus, 1973

[2] Javier Garciadiego, Religión y Política en la Fundación de Acción Nacional, Letras Libres, mayo 2012

[3] Enrique Krauze, Convergencias Maderistas, Letras Libres, mayo 2012

[4] Informe a la Asamblea Constituyente de Acción Nacional, Manuel Gómez Morin, Constructor de Instituciones, Compilación y estudio introductorio de Carlos Castillo Peraza, Fondo de Cultura Económica, 1994

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LA DICTADURA HETEROSEXUAL

Este sábado 10 de septiembre es la marcha nacional organizada por el “Frente Nacional por la Familia“, entre comillas, porque no se están manifestando a favor de ella, sino en contra de todas las familias.

Las personas que promueven este tipo de marchas no se manifestan por “sus derechos”, sino en contra de los de otras personas.

Si un grupo de hombres saliera hoy a manifestarse en contra del voto de las mujeres y promoviera una iniciativa de ley para removerlo, ello no sería manifestar una opinión, sino promover un discurso de odio por razón de género. El caso de ahora es el mismo, pero con discriminación por orientación sexual.

Se habla de una “dictadura gay” que viene a “meterse con nuestros hijos”, cuando al parecer la “dictadura” real es la heterosexual.

En México, la Suprema Corte se tardó, pero ya declaró inconstitucional la norma que prohiba a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Este criterio es jurisprudencia obligatoria.

Asimismo, la Corte también declaró en jurisprudencia obligatoria la inconstitucionalidad de la norma que incluya la procreación como finalidad del matrimonio.

No obstante lo anterior, aún hay personas que eligen discriminar y odiar sin fundamento real.

El Frente quiere promover una iniciativa de ley para impedir a las personas del mismo sexo casarse y formar una familia. Ésto sería totalmente inconstitucional y no tendría validez, por lo que el “esfuerzo” es inútil.

Se supone que el Frente está “armado” con abogados y abogadas. Si ésto es cierto, seguro están conscientes de que su iniciativa discriminatoria no tiene sentido. ¿Por qué insisten en meterse en la vida de las demás personas aun y sabiendo que no van a lograr nada?

¿Realmente es la comunidad LGBTTTIQ la que se está metiendo con sus hijos e hijas? ¿O son las mismas personas del Frente quienes les están inculcando abiertamente la desigualdad a sus propios hijos e hijas, adoctrinándoles para pensar que la ciudadanía no es única, sino que se divide en clases?

La lucha por los derechos de las personas LGBTTTIQ es la batalla de los derechos civiles de nuestro tiempo: estas personas no son ciudadanas de segunda clase frente a las personas heterosexuales. Se trata de derechos humanos, no de privilegios, como este Frente se ha empeñado en difundir.

Si las personas heterosexuales tienen derecho a casarse con la persona que aman, buscar lo mismo para las personas homosexuales no es privilegio, es igualdad de derechos.

Exactamente lo mismo es con la adopción. No es posible que una persona soltera pueda adoptar, pero si resulta que esta persona soltera es homosexual, automáticamente pierde su derecho.

Está comprobado científicamente (por estudios de la Universidad Clark de Massachusetts, la de Melbourne, la de Cambridge, la de Washington, etc.) que los niños y niñas que crecen en una familia de una pareja del mismo sexo tienen el mismo nivel de desarrollo que los de una familia de una pareja heterosexual.

Se ha comprobado (según estudios de la Universidad de California, de Padova, de Lethbridge, etc.) que la homosexualidad no es una decisión, sino una combinación de factores epigenéticos, hormonales y ambientales.

Empero, si la orientación sexual de una persona es una cuestión biológica o una decisión es irrelevante porque si resultase que indubitablemente es una decisión, esto no le quitaría sus legítimos derechos.

La conversación no debe girar en torno a si la orientación sexual es biológica o no, sino en torno a si todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, independientemente de nuestras condiciones biológicas y de nuestras decisiones de la vida diaria. Y la respuesta es sí: sí tenemos los mismos derechos y hay que respetarlos.

Las parejas del mismo sexo no se meten con los derechos de las parejas de distinto sexo; tampoco se meten con sus hijos e hijas. ¿Qué les hace creer a las personas heterosexuales que tienen ese derecho? No lo tienen.

El problema no es el entorno familiar de la niñez que vive con una pareja homosexual, sino el estigma social y la discriminación que estas familias sufren por parte de la sociedad heteropatriarcal.

De acuerdo a varias disposiciones de la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las conductas discriminatorias en las que incurre el Frente pueden ser materia de sanciones administrativas y de medidas de reparación, además de ser violatorias de la Constitución federal.

Resulta preocupante que se esté promoviendo un discurso de odio en las calles, pero es más preocupante aún que esta homofobia que mata –porque sí mata– se esté promoviendo dentro de casa.

La niñez no peligra con el reconocimiento ni la promoción de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ, la niñez peligra con la tolerancia a la homofobia y, en general, a todo tipo de discriminación y de odio.

mariasantosv.blogspot.mx

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Los alcances del amparo mariguano

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso de enorme trascendencia en el que, mediante el otorgamiento de un amparo, da luz verde a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) otorgue a cuatro personas integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un permiso para la siembra y autoconsumo de la mariguana.

Sin embargo, es importante precisar cuáles son los alcances de dicha de resolución.

En primer lugar, hay que decir que no se trata de una “despenalización”, puesto que en este caso la Suprema Corte no ha eliminado ninguno de los tipos penales relacionados con las actividades de siembra, producción, posesión, comercialización, etc., de drogas ilícitas. El amparo se limita a declarar inconstitucionales algunas disposiciones de la Ley General de Salud, particularmente los artículos 237 y 248, que establecen una prohibición expresa para la siembra, cultivo, preparación, etc., de ciertos estupefacientes, entre ellos la mariguana.

En primer lugar, hay que decir que no se trata de una “despenalización”, puesto que en este caso la Suprema Corte no ha eliminado ninguno de los tipos penales relacionados con las actividades de siembra, producción, posesión, comercialización, etc., de drogas ilícitas.

Por otro lado, tampoco se trata de una “legalización”, al menos no en los términos amplios que dicha palabra implica. Se trata sólo de una autorización para que estas cuatro personas puedan llevar a cabo todas las acciones necesarias para el autoconsumo de mariguana sin ser sancionados.

Para que todas las personas puedan tener acceso a esta autorización existen varios caminos, ninguno de ellos sencillo ni inmediato.

Por otro lado, tampoco se trata de una “legalización”, al menos no en los términos amplios que dicha palabra implica.

Una primera vía es la jurisdiccional, es decir, que otras personas sigan presentando amparos en los mismos términos que el presentado por SMART, esperando obtener resoluciones favorables y que, paulatinamente, se forme jurisprudencia obligatoria. Pero incluso habiendo jurisprudencia, en tanto que ésta sólo obliga a los jueces, no implicaría que las disposiciones de la Ley General de Salud declaradas inconstitucionales dejaran de aplicar para todas las personas. Para ello se requeriría que, una vez formada la jurisprudencia, la Suprema Corte abra un procedimiento de “declaración general de inconstitucionalidad” a partir del cual pudiera determinar la anulación de estos artículos con efectos generales para toda la población.

Una primera vía es la jurisdiccional, es decir, que otras personas sigan presentando amparos en los mismos términos que el presentado por SMART, esperando obtener resoluciones favorables y que, paulatinamente, se forme jurisprudencia obligatoria.

La otra vía, que pareciera la más apropiada en un país democrático, es la legislativa. Sin duda el fallo de la Corte genera una presión sobre el Congreso de la Unión para iniciar un debate serio sobre la posible legalización y despenalización de la mariguana.

En todo caso, la resolución de la Suprema Corte es un fallo histórico que abre un parteaguas en la política de drogas de nuestro país. Más allá del tema concreto de la mariguana, lo que hay que celebrar de la resolución es el afianzamiento del derecho a la autonomía personal y al libre desarrollo de la persona.

La otra vía, que pareciera la más apropiada en un país democrático, es la legislativa.

Con independencia de nuestra postura concreta respecto de la política de drogas, esto es algo que debe resultarnos satisfactorio. No es poca cosa que un Estado reconozca a sus ciudadanos la libertad más amplia para decidir sobre su proyecto de vida.

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