Corte determina que casinos deben seguir pagando impuestos en NL

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La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional el impuesto de Nuevo León a juegos con apuestas, con lo que salvó una fuente de ingresos que casi todos los Estados han adoptado en los últimos años.

Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte negó hoy tres amparos a casinos de Monterrey contra el impuesto local que se aplica desde 2017.

Lo anterior pese a que la Ministra Yasmín Esquivel había presentado dos proyectos que amparaban a las empresas Players Palace y Apuestas Internacionales, filial de Televisa, por considerar que sólo la Federación puede legislar sobre juegos y sorteos.

 

(Con información de El Norte)

Niegan a Banxico, Cofece e IFT rebasar el tope salarial

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Yasmín Esquivel, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó a tres órganos autónomos la posibilidad de mantener salarios por encima del previsto para el Presidente de la República para este año.

Cabe recordar que el salario anual para el 2020 para el Jefe del Ejecutivo Federal es de 1.7 millones de pesos.

La ministra negó el aumento al Banco de México, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quienes había promovido controversias constitucionales en contra del tope salarial determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con la decisión de la Ministra Esquivel, el único órgano autónomo que mantiene su derecho a recibir percepciones superiores a los del Ejecutivo es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

 

(Con Información del Universal)

Confirma AMLO que dará información sobre Medina Mora

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Recientemente, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Presidencia de la República dar a conocer los motivos que expresó el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora para renunciar a su cargo; por lo tanto, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se dará a conocer dicha información.

Durante su tradicional conferencia de prensa mañanera, el presidente comentó que: “Por lo que corresponde a nosotros se va a dar a conocer todo, nada más que debemos cuidar la parte legal, pero si no hay impedimento, se hace público“. A demás dio a conocer que el día martes publicará el status de la solicitud.

Finalmente comentó que muchas veces, al ser una gran cantidad de solicitudes, en alguna oficina se dice no se puede informar por alguna situación legal, ya que se debe evitar que se viole el debido proceso, pero reiteró que revisará la solicitud en busca de hacerse público el requerimiento generado a raíz de una solicitud de información de un particular.

Con información de La Jornada

“Estamos limpiando la casa”, dice Arturo Zaldívar sobre Poder Judicial

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El Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, advirtió que ya no habrá nepotismo y corrupción en el Poder Judicial. 

“La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo las ha acompañado.

“Que quede claro que esto acabó, que no toleraremos a servidores públicos que anteponen intereses personales a la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso”, señaló en su informe de labores en el que asistieron los integrantes del Gabinete, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Zaldívar admitió que el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para eliminar el nepotismo. Agregó que se ha arraigado un “nocivo” corporativismo judicial.

Con información de El Norte. 

 

 

Rechaza INE recortar presupuesto a partidos

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El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de compensar el recorte presupuestal al organismo con donaciones de los partidos políticos, debido a que eso significa debilitar su autonomía.

“Somos el árbitro, quien regula a los partidos, no podemos vivir de su favor, para fiscalizarlos y actuar con toda imparcialidad”, expuso el consejero Ciro Murayama.

“Esta institución pública debe de vivir de recursos públicos, no de donativos particulares, tampoco de los partidos, de los jugadores, sería invertir los términos y facilitar el debilitamiento del INE. Imagínense que el INE para hacer su trabajo dependa de que las dirigencias de los partidos le quieran hacer los partidos”.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, leyó un pronunciamiento público que afirma que la petición de presupuesto por más de 12 mil millones se basa en las necesidades que tendrá el organismo.

Según los consejeros, el recorte presupuestal tendría las siguientes afectaciones inmediatas:

  • No se podrá renovar el equipo para monitorear las pautas de los partidos.
  • Se tendrán que revisar los convenios con dependencias del Gobierno en los que dan servicios gratuitos.
  • Se suspenderá la mejora de atención en módulos de credencialización
  • Se llevarán al límite diversas actividades del proceso electoral 2021.

Los consejeros declararon que no reducirán los salarios de ningún funcionario del INE hasta que la Cámara de Diputados no adecue la ley conforme lo estableció la Suprema Corte de Justicia.

 

Con información de El Norte. 

 

Dreamers, la Suprema Corte y su futuro migratorio

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Durante la semana pasada, un tema sumamente importante para México y nuestros connacionales con estatus migratorio irregular se discutió en los Estados Unidos, ya que la Suprema Corte de Justicia de dicho país, inició la sesión de argumentos orales para la sentencia: Departamento de Seguridad Nacional vs Regentes de la Universidad de California (Department of Homeland Security v. Regents of the University of California). Antes de explicar los puntos jurídicos y políticos más importantes del caso, tenemos que entender la naturaleza de este grupo de jóvenes que son el tema de fondo del asunto. Los dreamers son jóvenes que llegaron a los Estados Unidos desde pequeños o “aquellos que crecieron como estadounidenses, se identifican asimismo como estadounidenses, primordialmente sólo hablan inglés y no tienen memoria o conexión con los países donde nacieron” (ADL, 2019). Estos jóvenes se beneficiaron de una Acción Ejecutiva emitida por el Presidente Barack Obama en el 2012, conocida como DACA por sus siglas en inglés o Acción Diferida para los Llegados en la infancia (Deferred Action on Childhood Arrivals), cuyo centro de esta política pública consistente en otorgar prerrogativas o beneficios, así como una permanencia temporal en los Estados Unidos siempre y cuando no tengan antecedentes penales, estén estudiando y acrediten su estatus migratorio respecto de haber llegado antes de los 16 años a los Estados Unidos.

Esta acción del Presidente Obama, benefició cerca de 800 mil jóvenes y detuvieron procesos de deportación sumamente injustos, debemos recordar que esta Acción Ejecutiva se dio de manera sorpresiva y extraordinaria ante el rechazo del Congreso de aprobar la llamada “Ley DREAM” por sus siglas en inglés (Development, Relief and Education for Alien Minors). Sin embargo, el Presidente Donald Trump ordenó la terminación de DACA en septiembre del 2017, generando que los jóvenes beneficiados fueran candidatos a una posible deportación. Por supuesto, los efectos de esta decisión por parte de la administración Trump, ocasionó que varios afectados y organizaciones combatan la decisión ante las Cortes de Apelaciones y por último, el caso fue atraído por la Suprema Corte de los Estados Unidos. La litis del caso o análisis central, es determinar si la acción del Presidente Obama era legal o no, y de igual manera la determinación de acabar la política por parte de Trump. La Corte debe determinar si un Presidente tiene la facultad de emitir Acción Ejecutivas relacionadas al tema migratorio, y si otro Presidente puede modificar una Acción con otra para eliminar la anterior. El Gobierno de Trump argumenta que lo hecho por Obama es ilegal y debía ser temporal y no permanente, por lo que debían eliminar DACA; por otro lado, los defensores de los Dreamers sostienen que la terminación de DACA debía ser proporcional ante los miles de beneficiarios, y en ese sentido, no se puede terminar una política para efectos retroactivos ya que vulnera derecho adquiridos, y la Agencia de Seguridad no tiene las facultades para eliminar esta política de manera discrecional.

Independientemente de los debates legales, es claro que los resultados afectan a miles jóvenes cuya vida puede cambiar para siempre. La jueza Sonia Sotomayor, la primera jueza latina de la Corte Suprema, bien dijo en la sesión: “Se trata de nuestra elección de destruir vidas” y este es realmente el tema preocupante. Claramente la decisión por parte de Trump tiene una connotación política, ya que la eliminación de DACA fue una de sus promesas de campaña, sin embargo, durante la campaña electoral del 2018, el 58% de los votantes se oponen a la deportación de los Dreamers, y estos números siguen manteniéndose sobre el apoyo social a estos jóvenes. De igual manera, la oposición (los demócratas) pueden generar un bloque de apoyo, ya que “decidir que el gobierno de Trump tiene la potestad de terminar el programa, eso podría vigorizar a los votantes demócratas y llevar a los activistas por los derechos de los inmigrantes a hacer una campaña aún más agresiva en contra de la reelección de Trump” . Sin duda, estamos ante un escenario incierto y peligroso que podría tanto ayudar a los dreamers como consolidar las políticas del gobierno Trump e iniciar una nueva violación a los derechos humanos.

Caso Cuau podría ayudar a destituir al Bronco: Samuel García

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El día de ayer, el Senador Samuel García presentó un nuevo recurso ante la Suprema Corte de Justicia contra la suspensión otorgada al Gobernador Jaime Rodríguez. Al anunciar esto, sostuvo que se trata de jurisprudencia de un caso de destitución contra Cuauhtémoc Blanco, cuando era Alcalde de Cuernavaca, que permitirá que el Bronco sea sancionado por el Congreso Local. 

García señaló que presentó un segundo “amicus curiae” dirigido a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara.

El primero de estos resolverá las impugnaciones contra la suspensión otorgada a “El Bronco” autorizadas por el ex ministro Eduardo Medina Mora, mientras que González Alcántara resolverá la controversia constitucional promovida como titular del Ejecutivo contra la sanción del Legislativo.

“El primer precedente es el 106/2004, donde la Corte determinó que es improcedente la controversia constitucional contra una resolución dictada por el Congreso. El segundo es el 88/2004, sobre el sobreseimiento cuando se impugnan dictámenes de comisiones”, indicó el senador.

García explicó que este precedente de Blanco, a quien también trataron de destituir como alcalde, podría ayudar en la eventual destitución de Rodríguez por el desvío de recursos en la junta de firmas para su candidatura presencial.

“Ahora sí que este precedente de Cuauhtémoc Blanco nos da un pase para dar un golazo al Bronco porque hay dos jurisprudencias del caso Cuauhtémoc que aplican perfectamente en el caso Bronco”, explicó el legislador.

“En aquel entonces Cuauhtémoc la libró porque estaba en sus últimos días, termina la Alcaldía y quedan sin efectos todo el procedimiento de destitución. Acá no, acá al Bronco le quedan dos añitos, esperamos que este año 2019 logremos destituirlo”.

 

Con información de El Norte. 

Pide Samuel García a Corte respetar proceso de sanción contra “el Bronco”

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El Senador Samuel García de Movimiento Ciudadano ha llamado a la Suprema Corte de Justicia a respetar el procedimiento de sanción iniciado por el Congreso local tras la insistencia de Manuel García (Secretario General de Gobierno) y el Gobernador Jaime Rodríguez (alias “el Bronco”) de desechar la controversia constitucional. Se informó que el recurso fue turnado al Ministro Eduardo Medina Mora, quien va a determinar si se admite o desecha esto mismo. Por esto mismo, Samuel García ha pedido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “que ordena al Legislativo sancionarlos por el desvío de recursos en el acopio de firmas para la candidatura de ‘El Bronco'”.

García se expresó en una rueda de prensa del senado, diciendo: “Hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia: Nuevo León quiere justicia. Le acaban de turnar la controversia constitucional al Ministro Medina Mora, quien va a resolver sobre la admisión o desechamiento de Jaime Rodríguez, ‘El Bronco'”.

“Queremos pedirles que respeten un juicio ya ganado, de más de año y medio, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió la conducta y la infracción al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, ya ha perdido todos los amparos, ya perdió en el Tribunal Electoral, y justo cuando empieza el proceso en el Congreso, va con patadas de ahogado a la Suprema Corte a pedir clemencia”.

 

(Con información de El Norte)

Sánchez Cordero reitera crítica a la “Ley Bonilla”

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó ante los senadores que la “Ley Bonilla” es inconstitucional. No obstante, aclaró que únicamente la Suprema Corte de Justicia podrá determinar su regularidad y supuesta invalidez.

La declaración de Sánchez Cordero se hace en respuesta a la senadora del PRI, Beatriz Paredes, quien advirtió sobre los riesgos de “tentaciones separatistas” con “un gobernadorcito frívolo” de Baja California.

Paredes agregó que incluso toda la federación está entrando en una zona de peligro. “Se puede proponer la prolongación del mandato, después algún otro estado de la república propondrá la reelección inmediata y a partir de esos intentos reeleccionistas, podemos cambiar la naturaleza de la democracias y el pacto federal”, explicó.

Durante su comparecencia ante el Senado, Sánchez Cordero respondió a la senadora priista que, aunque está de acuerdo con la mayoría de sus planteamientos, a ella “no le toca” resolver el problema de la Ley Bonilla. Insistió que es la Suprema Corte de Justicia quien establecerá la Constitucionalidad y la validez de la ley que extendió el período del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

 

Con información de La Jornada

Los altos y bajos de lo que va en la Presidencia de AMLO

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“La Cuarta transformación” acaba de comenzar desde el primer día del mes pasado. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó protesta frente a funcionarios públicos mexicanos, la prensa mexicana e inclusive frente a jefes de Estado de diferentes naciones. 

Una de las razones principales, por las cuales, la mayoría de los votantes emitieron sufragio a favor de AMLO fue por propuestas que se volvieron populares, debido a que incluyen muchas de las inconformidades reclamadas por la mayoría de los mexicanos. Andrés Manuel, al menos en las últimas elecciones presidenciales de 2018, supo escuchar las inconformidades del mexicano promedio, lo cual llevó a su victoria en dichas elecciones (entre otras cosas). 

Andrés Manuel se presentó, en esta coyuntura específica, como el candidato ideal para castigar a los partidos tradicionales, hizo ver a la mayoría en él a un candidato fuera del “sistema” política mexicano -aunque no es el caso-. Llamado por muchos “un populista”, AMLO hizo promesas con la sociedad mexicana que probablemente no sean tan fáciles de cumplir. 

Propuestas relacionadas a la ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana, acabar con la violencia y acabar con la corrupción, son algunas de las propuestas más importantes que AMLO hizo durante su campaña. El problema con las propuestas de AMLO no es el fin de estas, no hay ningún problema con querer ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad, ni de soñar con un gobierno mexicano cada vez menos corrupto, no. 

El problema de dichas promesas es su falta de cuerpo y medios para llegar a ellas. Tomando como ejemplo su combate a la corrupción, AMLO critica a la “mafia del poder” por ser un grupo élite de la política mexicana que se caracteriza por ser corrupto. La crítica hacia los partidos tradicionales y hacia los funcionarios públicos de alto nivel, son compartidos por la mayor parte de la población mexicana, todos queremos que la corrupción dentro del sistema político mexicano se extinga. Sin embargo, AMLO no ha presentado un plan detallado para la lucha contra la corrupción en las instituciones mexicanas. 

“La corrupción se combatirá por medio de mi ejemplo…”, afirmaba AMLO durante los debates presidenciales de las elecciones pasadas. Las instituciones nacionales son entes políticos a los cuales se les debe de prestar mucha atención al momento de querer realizar un cambio a nivel macro en el sistema político de cualquier país democrático. Por lo anterior, no dudo que el equipo del nuevo gobierno cuente con funcionarios honestos, pero considero que es muy ingenuo pensar que la corrupción se limpiará -al menos en un país como el nuestro- con tan solo ver el ejemplo del presidente. 

Antes de que el nuevo gobierno entrará en funciones, Andrés Manuel ya estaba orquestando consultas “populares” sobre temas como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el tren Maya, entre otros. 

A como lo veo, hay 2 problemas fundamentales con la realización de dichas consultas populares. El primero es la compresión limitada de los temas en cuestión por parte de los participantes en la consulta. Y no es extraño que la mayor parte de la ciudadanía no entienda por completo temas tan técnicos como el NAICM o el tren Maya, al contrario, es para eso que funciona la democracia representativa. Y no lo digo como crítica a los ciudadanos, sino al equipo de Andrés Manuel, en ningún momento se informó -de manera objetiva- a los ciudadanos antes de que emitieran su voto. 

El segundo problema con dichas consultas es la falta de representatividad. Con alrededor de 1 millón de personas habiendo votado en la consulta, la decisión -según equipo del gobierno entrante y las organizaciones colaboradoras- fue a favor de cancelar el NAIM de Texcoco. Las consultas no son legalmente vinculantes, sin embargo, fueron suficientemente populares para legitimar las acciones del gobierno entrante. 

Con mayoría en el congreso, AMLO -y Morena- cuenta[n] con poder suficiente para pasar políticas públicas de gran importancia para el país. Morena posee un poder político que deberá de ser equilibrado por parte de los partidos tradicionales (PAN, PRI, PRD) -en el congreso-, y por la Suprema Corte de Justicia (dependiendo del caso). 

Sin embargo, no todo ha sido negativo en lo que va del nuevo sexenio. El nuevo gobierno ha demostrado más transparencia -o al menos así lo han hecho sentir- que gobiernos pasados. Temas como el del desabasto de la gasolina (el cual es material para próximas columnas), el robo de esta (llamado huachicoleo por muchos), entre otros, han sido abordados por parte del mismo Andrés Manuel durante sus conferencias de prensa matutinas. 

Si bien no propongo que todo lo relacionado al nuevo gobierno de AMLO esté incorrecto, es importante recordar que, como ciudadanos, es nuestro deber no caer en fanatismos, ni mezclar la fé ciega con la política. Aún y cuando hayamos votado -o no- por Morena en las pasadas elecciones, es necesario estar vigilantes hacia las propuestas de ley y los movimientos políticos por parte del nuevo gobierno.