Una reforma necesaria a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

La reforma energética del año 2013 establece que se reformarán los artículos 25, 27 y 28 para otorgar un desarrollo en materia de energéticos con la rectoría del Estado; entre sus objetivos indica que va a mejorar la economía de las familias dado que bajarán los costos de la luz y el gas; que aumentará la inversión y los empleos; que se reforzará a PEMEX y CFE; así como que se reforzará la rectoría del Estado como el propietario del gas y petróleo. También la reforma planteó liberalizar los precios de gasolinas para que el precio final fuese puesto por las condiciones de mercado, en ese sentido la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció que durante el año 2017 se daría ese proceso, lo que como es del dominio público comenzó a ocurrir en enero.

Sin embargo, a pesar de lo indicado por la Reforma Energética, los costos de la gasolina no disminuyeron, hay muchas razones para que tal situación acontezca, entre  estas los altos precios de petróleo y que el subsidio a las gasolinas terminó, sin embargo, un factor relevante en el costo de las gasolinas es que su transportación se sigue efectuando por ductos y vías carreteras.

Debe mencionarse que en México 4.5 de cada 10 litros de gasolina que se consumen provienen del extranjero, gran parte del estado de Texas en la Unión Americana, por lo que un transporte más eficiente bajaría los costos finales para los consumidores.  De acuerdo con datos de Ferromex un carro tanque tiene capacidad para mover 66 mil 525 litros. Entre los productos que transportan este tipo de tanques están: sosa cáustica, amoniaco, combustóleo, aceites, y ácido sulfúrico, entre otros, por lo que pudiera convertirse en un medio económico y menos contaminante para transportar la gasolina. En evidencia, el transporte ferroviario puede transportar de forma masiva cualquier cosa, y no hay razones ni argumentos para cuestionar que la gasolina pudiera llevarse de un lugar a otro por este medio.

Sin embargo, el lector recordará que los ferrocarriles se entregaron a concesionarios, esto es, ya no son propiedad ni son administrados por las instituciones del Estado mexicano; por ello,  la propuesta de llevar las gasolinas a través de los ferrocarriles enfrenta una problemática porque sólo el dueño de la concesión ferroviaria en México tiene la potestad de transportar carga sobre las vías concesionadas, esta potestad es una exclusividad que tienen los concesionados desde el día que se les otorgó por decreto hasta treinta años, por ello sólo hay un precio y una sola ruta por la que transitaría la carga de gasolina, esto consecuentemente haría difícil que bajaran los costos del producto y en poco beneficiaría al consumidor final. Parece que pasamos de un monopolio estatal o una dominancia privada en tres partes, ahora hay que hacer leyes para transportar nuestro petróleo por las vías férreas que antes eran nuestras, pero que a fuerza de dispendios, falta de racionalidad, y mala administración dieron por resultado un servicio atrasado, poco competitivo y con mal funcionamiento.

Por ello quien escribe estas líneas, junto con el Diputado Daniel Torres Cantú, plantea modificar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en particular se trata de adicionar el artículo 11 Bis y modificar el 15. Con esto se busca modificar la cláusula de exclusividad en materia ferroviaria para el transporte de petrolíferos, así como otorgar permisos para la construcción de espuelas y centros de almacenamiento que posibilitarían conectarlas con las vías ferroviarias troncales, todo ello para hacer una mejor economía y reducir el costos de la gasolina para las familias.

El concurso de nuevos inversionistas en el sector petrolero en el marco de la reforma energética en poco tiempo llevará a la misma conclusión sobre el alto costo de transportar el petróleo y sus derivados por el territorio nacional, la inversión extranjera tal vez sea un aliciente para promover e impulsar una mayor inversión en el sector ferroviario, pero lo cierto es debe abrirse esta opción en lo inmediato para abatir precios innecesariamente altos que afectan de manera negativa diversos sectores de la economía. Esta opción además generaría empleos y relanzaría un sector especializado en el manejo de carga, conectividad a la par de dar mayor dinamismo a diversas regiones del país.

Participación Ciudadana

En los últimos años con la expansión de la democracia como régimen político y del liberalismo como vía de desarrollo económico, se acepta en lo general que un orden liberal y republicano necesita ciudadanos que sean corresponsables con la construcción del espacio público, es decir con el debate de la ideas, con la discusión entre las diferentes formas de pensar y desde luego con un ejercicio critico que fomente y posibilite además del control de los gobernantes que las iniciativas ciudadanas sean efectivas en el sistema político. Esto sólo es posible si se asegura la libertad de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y que las personas puedan desarrollar proyectos comunitarios y de vida autónomos.

La participación ciudadana es un derecho humano, un medio y un fin, así como la forma democrática de articular una corresponsabilidad con las autoridades gubernamentales; la participación ciudadana se puede concretar como las acciones emprendidas por las personas para vigilar las tareas de gobierno y controlar las actividades en las  que participa la propia comunidad. De acuerdo con el documento emitido por el Consejo Económico y Social de la ONU la participación ciudadana se convierte en un factor fundamental en la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la prestación de servicios públicos; es así porque el principio de una República es que las personas puedan participar y efectivamente participen en los asuntos públicos, es decir, en los asuntos que son de todos.

En lo general puede entenderse la participación ciudadana como la intervención de individuos y de grupos de la sociedad en actividades públicas y procesos decisorios, esto en representación de sus intereses particulares; la ciudadanía tiene derecho a expresar sus intereses, a incidir en las acciones de gobierno que afectan su comunidad, a exigir que los gobernantes informen en qué y por qué conjunto de  razones se invierten los recursos públicos, asimismo, la ciudadanía puede asumir una posición ante decisiones que pueden afectar a toda una nación.

En el caso mexicano, algunos antecedentes de la participación ciudadana se remontan a un plebiscito de 1824 que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la Federación. Está también el Plebiscito de 1993 sobre la Reforma Política del Distrito Federal en que participaron 321,933 ciudadanos: el 84.8% se pronunció a favor de la elección de gobernantes locales, el 84.3% demandó la existencia de un Congreso local y el 66.5% optó por la creación de un estado más.

De acuerdo con Arminda Balbuena Cisnero y Lucero Fragoso Lugo los instrumentos legales o figuras que existen y en que es relevante la participación ciudadana son: a) plebiscito: los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo previo a actos o decisiones del Poder Ejecutivo; b) Referéndum: la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes propias de la competencia del Poder Legislativo; c) Iniciativa Popular: los ciudadanos pueden presentar al Poder Legislativo proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes; d) Consulta Popular: vía para someter a consideración de la ciudadanía cualquier asunto que afecte a las entidades federativas o federación; y e) Revocación de mandato: para remover de su cargo a un funcionario electo antes de que concluya su periodo.

En México se publicó el 9 de agosto de 2012 el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se establecieron dos instrumentos sustantivos de la participación ciudadana, a saber la consulta popular y la iniciativa ciudadana, y en evidencia otros quedaron pendientes. Sin embargo, nació un momento político diferente en que se hizo posible la participación ciudadana. Por otra parte, en Nuevo León se aprobó el 13 de mayo de 2016 la “Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León” cuyo artículo 3º establece que la participación ciudadana es el derecho de las y los ciudadanos habitantes del Estado de Nuevo León (…) a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

El papel del internet en México

En su visita a México el fundador de Alibabá Group, el fundador y presidente ejecutivo de la empresa de internet explicó en distintos foros la importancia de internet para el futuro de los Estados y el desarrollo de la economía. En sus palabras explica que “si la gente no está conectada a Internet en los próximos 10 ó 20 años, va a estar peor que cuando la gente no tenía electricidad hace 20 años; se quedarán rezagados”.

Con estas declaraciones en perspectiva, habrían de considerarse las capacidades institucionales que se requieren para potencializar el uso del internet, en específico la seguridad informática en nuestro país porque el desarrollo de internet tiene como contraparte una serie de riesgos.

De acuerdo con el libro “La Guerra en la Red” de Richard A. Clarke y Robert K. Knake el escenario del ciberespacio se convertirá en el teatro de operaciones para las próximas guerras entre estados.

Esta situación se ha visto reforzada por tres acontecimientos que posibilitan visibilizar el potencial de amenaza para Estados y ciudadanías: 1) en 2007 fue el ciberataque que se efectuó contra Estonia desde direcciones IP rusas, esto en represalia por quitar un monumento a los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial, cabe destacar que Estonia es uno de los Estados con mayor uso del internet por lo que los daños fueron importantes; 2)  en 2010 fue el empleo de Stuxnet un virus especialmente diseñado para destruir los sistemas de la planta nuclear iraní de Sushehr y el complejo de enriquecimiento de uranio en Natans, este segundo acto fue perpetrado por Estados Unidos e Israel; 3) en 2013 las revelaciones que dio Edward Snowden sobre las capacidades de investigación y el uso de los metadatos para intervenir correos electrónicos, servicios de voz, video, foto, entre otras, por parte de las agencias de inteligencia de ese país, es decir, un espionaje global, donde hasta los celulares de líderes mundiales fueron intervenidos.




En este contexto el Estado Mexicano asentó en su Programa para la Seguridad Nacional al ciberterrorismo como un riesgo y amenaza; asimismo, en México el Gobierno de la República puso en operación el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT MX) de la Policía Federal.

Sin embargo, aún falta por hacer, por ejemplo Víctor Lagunes Soto, Jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República, declaró en septiembre del año pasado que nuestro país pierde 3 mil millones de dólares por ciber delitos al año. Del mismo modo, en nuestro territorio sólo el 19 por ciento de las empresas tienen programas de seguridad informática contra el 40 por ciento que se presenta a nivel global.

Los daños por ataques del terrorismo cibernético pueden ir desde la inhabilitación de los equipos y algunas máquinas como lo demostró el caso de Stuxnet hasta el robo de información para después ponerla en venta, vulnerándose los datos personales y confidenciales de los usuarios.

En evidencia, si internet es la herramienta económica del futuro, hay que estructurar un plan de seguridad mediante una política pública que sume las acciones de Gobierno, empresas, centros de educación superior y ciudadanía contra los riesgos que puede traer.

La información que se maneja a través de Internet es valiosa para las personas y para las instituciones públicas, privadas y sociales. La información supone conocimiento, inteligencia y valor agregado, y esta información va desde la que se utiliza para operar una termoeléctrica o una planta nuclear hasta el intercambio de imagen, voz y texto de las personas en su vida cotidiana.




La seguridad informática representa uno de los ejes de trabajo, formación, capacitación e investigación del presente y del futuro, de ahí el peso que cada vez más se le da en diversos foros nacionales e internacionales, más aún si se consideran los graves riesgos a los que un país, una comunidad o una empresa están expuestos ante ataques de diferente índole que van desde el robo de activos hasta riesgos a la seguridad nacional.

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Legalización de la Cannabis para uso medicinal

La Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal y científico de la marihuana en México el 28 de abril de 2017, la votación fue por 301 votos a favor, 88 en contra y dos abstenciones, con ello se reformaron la Ley General de Salud y el Código Penal Federal; se elimina entonces  la prohibición y penalización por el uso medicinal de la marihuana, la investigación científica con este producto, y por los derivados de su producción y distribución que tengan los fines señalados.




El proceso de reforma abrió un debate nacional sobre los diversos usos de la planta, entre estos claro está, el así llamado “uso recreativo”. El Congreso de la Unión transitó por una opción que permitiese su uso medicinal dejando en puntos suspensivos otros aspectos.

Con las reformas se estableció que el tetrahidrocannabinol es una sustancia psicotrópica con valor terapéutico y que proviene de la planta cannabis, la cual no provoca daños ni problemas de salud pública. Es importante mencionar que aunque el dictamen se aprobó, también se presentaron diversos estudios y encuestas que ponderaron el posicionamiento de diferentes sectores de la ciudadanía sobre el dictamen.

Por ejemplo, este debate en el estado de Nuevo León lleva desarrollándose varios años, hay que recordar que en agosto de 2015 se le concedió un amparo a la niña Grace Elizalde Benavides para obtener y usar cannabidiol para combatir el síndrome Lennox-Gastaut que padece, esto abrió el debate a nivel nacional para aprobar su uso en casos medicinales.

El que escribe estas líneas promovió realizar una encuesta en Nuevo León en marzo de 2016, un año antes de aprobada la reforma, donde se preguntó mediante diversos canales a la ciudadanía sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana. Por el uso medicinal de la marihuana la mayor parte de los ciudadanos dijo estar a favor, sólo en las entrevistas por teléfono ese porcentaje de aprobación fue menor (71%)  mientras que en Facebook tuvo un mayor porcentaje de aprobación (94%).

Sin embargo, los resultados se dividieron en la pregunta por el uso recreativo de la marihuana; la mayoría de los encuestados se inclinaron contra esta posible determinación, nuevamente fue en las entrevistas por teléfono donde se presentó el mayor porcentaje en contra (80.4%), seguida de las entrevistas personales cara a cara con el 58.4% en contra, mientras que en  las universidades el 58% de las respuestas fueron desfavorables. Ha de anotarse que en Facebook y Twitter, dos redes sociales significativas, los porcentajes fueron positivos en 68% y 55% respectivamente.

Al darle seguimiento a esta temática, en agosto de 2016 se realizaron nuevas encuestas sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana. Los porcentajes fueron claros para ambas opciones, la ciudadanía respondió con 76.2% contra el uso recreativo de la marihuana, mientras que para su uso medicinal un 72.4% respondió de forma favorable.

Con la reforma del 28 de abril, probablemente cambiará la calidad de vida de pacientes que utilizarán este producto y sus derivados. La investigación científica señala que los compuestos que se procesan con la sustancia de la planta ayudan a reducir migrañas, náuseas y vómito, aliviar dolor y espasticidad muscular, entre otros padecimientos no menos importantes.




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La búsqueda de niñas y niños desaparecidos y la Alerta Amber

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año 1 millón 200 mil niñas y niños son objeto de trata. Esta actividad delincuencial varía de región en región; sin embargo, se señala que la mayor parte de los factores por los cuales se puede tratar a un niño es para: prostitución infantil, trabajos agrícolas, industriales, servidumbre y para ser mano de obra barata.

La trata de personas viola todos los derechos de las niñas y los niños al mismo tiempo, es una forma moderna de esclavitud y uno de los delitos que gobierno y sociedad deben combatir por todos los medios al alcance. La trata es un delito que viola los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo, los coloca en una situación de vulnerabilidad y son objeto de prostitución, matrimonio forzado, adopción ilegal, mano de obra barata, incorporación a grupos armados, servidumbre en casas, y por tanto están expuestos a contraer enfermedades como el VIH SIDA, por mencionar alguna de las más relevantes.

Ante esta situación existen diversos acuerdos y convenciones en materia legal internacional como la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, su artículo 35 solicita a los Estados Partes que “tomen todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”, de igual manera el artículo 39 de la misma convención estipula que se deberá “promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima”.

Otros convenios son el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; y desde luego el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición contra las peores formas de trabajo infantil.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas, en el año 2015 se reportó 6 mil 342 casos de niñas, niños y adolescentes en el fuero común y 193 más en el fuero federal, y las cifras van en creciente aumento.[1]




Al seno de esta problemática que es nacional y mundial, nació el Programa ALERTA AMBER en Dallas, Texas en 1996 por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija quien fue secuestrada y asesinada, donde tuvo apoyo de los medios de comunicación y la ciudadanía; este programa es uno de los más exitosos. Por ello el 2 de mayo de 2012, el Gobierno de la República puso en operación el Programa Nacional Alerta AMBER México, como una herramienta que contribuye a la difusión, búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

El programa muestra resultados promisorios en nuestro país ante la participación de ciudadanía y sociedad civil organizada, por ejemplo, la empresa telefónica AT&T envió más de cuatro millones de mensajes de texto a sus usuarios, apoyando en la localización de niños, niñas y adolescentes del país. Cuando se activa una Alerta AMBER, AT&T envía mensajes de texto para convocar a su base de usuarios de telefonía móvil a participar. Según datos de esta empresa, hasta el momento, en siete de cada diez alertas en las que participa la comunidad AT&T, el menor ha sido encontrado y entregado a sus familiares (72%).[2]

Por ello, el que firma estas líneas ha propuesto una iniciativa al Congreso de la Unión para que todas las compañías telefónicas estén obligadas a enviar de manera estratégica un mensaje de texto a sus bases de usuarios cada vez que una ALERTA AMBER sea emitida, así serán más los ciudadanos que podrán conocer el suceso y ayudar en la recuperación del niño, niña o adolescente desaparecido; considerándose en evidencia el informar, como ya se hace, a distintos organismos del Estado y medios sobre la sustracción de un infante, para concitar la participación de la ciudadanía.

La persecución de este delito debe unir todo el sistema de justicia penal, a la sociedad civil y a los tres órdenes de gobierno, se trata de uno de los delitos más inclementes que existan en la realidad humana, una forma de hacerlo es encontrar a los niños, otra es perseguir el delito e imponer las penas que correspondan con toda la fuerza del Estado.




[1] Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XL, Agosto, 2016, pp. 44 y 52

[2] https://www.att.com.mx/noticias/att-pgr-reportan-alianza-alerta-amber.html

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La seguridad pública en las elecciones en el Estado de México

En los procesos electorales de México las propuestas en seguridad pública de los candidatos a ocupar cargos públicos es una carta de presentación sobre lo que conocen y la forma en que podrían enfrentan los temas que contiene la agenda de seguridad pública, más aún porque es un tema central en la percepción ciudadana sobre la eficacia de los gobiernos.

En el caso del Estado de México (EDOMEX) los problemas que enfrenta en la materia obligan a los candidatos a presentar propuestas sólidas, consistentes, viables y creíbles ente el electorado.

Alfredo del Mazo candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone construir Centros de Mando en dos lugares específicos; el primero en Naucalpan y el segundo en el oriente del estado para mejorar la atención policiaca; y propone instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en el transporte público.

Josefina Vázquez Mota abanderada del Partido Acción Nacional (PAN)  declaró que profesionalizaría los cuerpos policiales bajo un esquema de sueldos y capacitación. Ha enfocado parte de sus propuestas en el combate a la violencia de género y los feminicidios en particular.

Juan Zepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone modificar el Mando Único Policial que pasaría a ser uno coordinado o mixto, y ha afirmado que establecería una policía de proximidad con las capacidades para atender de forma más rápida los delitos que se cometiesen.

Por último, Delfina Gómez Álvarez de MORENA, propuso que para combatir la inseguridad se instalárán cámaras de videovigilancia y botones de pánico en las zonas donde existen los mayores índices de delitos en la entidad.




Respecto a sus plataformas electorales el documento que entregó el PAN denominado Plataforma Electoral Edomex 2017. Soluciones para el Estado de México” en su  Eje 1. Comunidades seguras y Estado de Derecho, señala que este tema es prioritario, esto es,  seguridad pública, procuración y administración de justicia, así como trato digno y empoderamiento de las víctimas de delito. Para ello intengra 31 estrategias, donde destaca: 1) Transitar del modelo de seguridad pública al de seguridad ciudadana, 2) Transformar de forma integral los cuerpos policiacos estatales a través de su profesionalización y 3) Fortalecer las áreas de control interno de las policías estatal y municipal.

Por su parte, la plataforma de MORENA indica en su punto tres “Seguridad pública y erradicación de la violencia” que debe crearse un nuevo concepto de orden basado en la justicia, la dignididad, el respeto a los derechos humanos y la paz, para ello propone acciones como: 1) se rechaza el uso de la fuerza pública para la solución de conflictos, prioriza el diálogo y el consenso para la toma de decisiones; 2) Establecer el Servicio Civil de Carrera para los policías peritos y Agentes del Ministerio Público, y 3) Garantizar mayores salarios para elementos de la policía estatal y municipal.




La Coalición PRI, PVEM, PANAL, y PES en el documento La plataforma electoral y programa de gobierno 2017-2023. Acción con visión por el Estado de México en su eje 3.2 Seguridad y justicia, coloca al mexiquense al centro de las políticas de seguridad atendiendo de forma prioritaria los problemas de seguridad y violencia, para ello propone: 1) Mejorar el programa de incentivos de las condiciones laborales y prestaciones sociales de los policías, 2) Atender la profesionalización de las corporaciones policiales del Estado, 3) Dignificar la vocación policial y 4) Fortalecer una cultura de prevención del delito desde la educación formal.

Por último la plataforma del PRD títulada Por el Bienestar, la Paz y la Felicidad asienta en su primer política para la Transformación del Estado de México que, la seguridad debe garantizar la vida de las personas, y propone 1) Reformar los órganos relacionados con la seguridad y justicia con ello se podrá garantizar que la seguridad y justicia sean profesionales, 2) La seguridad Pública será ciudadana y humana, y 3) Se establecerá el Mando Coordinado de todas las fuerzas de seguridad en el Estado.

Como puede apreciarse, partidos políticos, equipos de campaña y candidatos de las principales fuerzas políticas en el Edomex establecieron objetivos, estrategias y acciones puntuales sobre cómo transformar y perfeccionar la seguridad pública, corresponde las personas analizar la viabilidad de cada propuesta y ponderar su posible eficacia para, entre otros elementos, analizar el sentido del que será su voto.

Las ciudadanías sí son sustanciales para encauzar la acción de los gobiernos desde las campañas y su participación es fundamental.

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La piratería en México

De acuerdo con Enrique Guillén, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) el contrabando y la piratería en México cuestan alrededor del 1.25% del PIB lo que en cifras equivaldría a 236 mil 800 millones de pesos. Por ello, la piratería representa el segundo delito que más preocupa a las autoridades, justo después del narcotráfico. Habría de decirse que el segundo delito que más debería preocupar a los mexicanos es la piratería.

Los sectores con mayor vulnerabilidad ante esta situación son el de vinos, cigarros, libros y acero. Algunos datos al respecto muestran el alcance de la piratería en esos terrenos, por ejemplo: en la industria tabacalera creció del dos al 17 por ciento entre 2011-2014, dicho en términos netos: 340 millones de cajetillas de cigarros que entran al territorio nacional no pagan impuestos, esto representa un grave riesgo a la salud y habría que atenderlo a la prontitud. Ahora hay que imaginar cuántas escuelas se dejaron de construir o en su caso de equipar debido a hábitos de consumo nocivos para la ciudadanía y para las instituciones.

Por otro lado, explica Salvador Quesada, Director de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), que en la industria del acero ha ingresado varilla china que sólo cuenta con el 15% de fortaleza que la nacional, esto quedó demostrado al efectuarse pruebas de calidad, sin embargo es más barata y se vende sin ningún tipo de problema aunque ponga en riesgo las construcciones donde se instala. Se ahorran unos pesos y se pone en riesgo el patrimonio de miles de familias que son sus hogares, y aún de terceros.




Por ello la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados dictaminó a favor la propuesta presentada por el suscrito y los también diputados Jorge Ramos del PAN y Enrique Jackson del PRI para decretar el 11 de Octubre de cada año “Día Nacional del Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. El problema de la llamada piratería implica un vector fundamental de las sociedades modernas que es la propiedad intelectual, esto es, el mundo de las patentes, los procesos, las técnicas y los materiales con que se genera riqueza.

Ahora bien, la tarea no es menor porque si bien pueden crearse herramientas legislativas para tratar de combatir este mal, también es cierto, como lo comentan los legisladores en el cuerpo dictamen que se turnará al Pleno de Diputados para su valoración y votación, la necesidad de fomentar una cultura de la legalidad con participación de ciudadanos, sector productivo y autoridades.

Esto es importante ya que de acuerdo con el estudio “Piratería: entendiendo el mercado sombra en México” realizado por la American Chamber of Commerce of México y el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) en general el 50% de los encuestados no ven a la piratería como un delito grave, incluso es algo que forma parte de su vida cotidiana, de ahí que tampoco se considere problemático consumir productos que tienen un origen ilegal.

Por último, tomando en consideración la “Cuarta encuesta de hábitos de consumo de productos pirata y falsificado” realizada por el mismo instituto se obtuvo como resultado que ocho de cada diez personas han comprado un producto pirata y que los productos que más se consumen son: películas, calzado, ropa, textiles y perfumes.




La cultura de la legalidad en el consumo es primordial por varias razones, primero, porque con la piratería se fractura la innovación y la investigación, segundo, porque se pone en riesgo el trabajo de cientos de miles de personas; tercero, porque se adquieren productos de mala calidad con riesgos reales para el consumidor;  y cuarto porque se crea una economía paralela que daña las finanzas públicas y así la disponibilidad de recursos para el desarrollo.

Por tanto, deben reforzarse las acciones orientadas a la cultura de la legalidad y hacer visibles los problemas que se crean al consumir productos de origen “pirata” particularmente por su vinculación con el crimen organizado. Que las ciudadanías financien con sus compras lo que más las lastima que es la delincuencia organizada resulta una paradoja, sin embargo, es real y evidente que se incentiva la evasión fiscal, el daño a la propiedad intelectual, el trabajo honesto de hombres y mujeres y la inversión económica. La economía de la piratería es de suma cero en términos de desarrollo público: todos pierden menos la delincuencia.
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Indignación Social

“La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”

Michael Mann

Los datos oficiales actualizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que el 2016 fue el año más violento en el curso de la administración del Presidente de México Lic. Enrique Peña Nieto; debido a que de enero a noviembre se registraron 18 mil 915 casos de homicidios dolosos, esto implica que son 3 mil 350 más que los cometidos el año anterior.

En el caso de los secuestros, aunque también tienen un incremento no es tan pronunciado como el de homicidios, se contabilizan durante el mismo periodo mil 022 casos comparados con 960 casos que se suscitaron el año anterior.




Esto viene a colación ya que, el pasado 1 de marzo el joven de 13 años Víctor Alfredo fue secuestrado al salir de la secundaria “Capitán Alonso de León” que se ubica en el centro de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, posterior a ese hecho fue asesinado aunque los plagiarios cobraron un rescate. El cuerpo lo localizaron a la altura del kilómetro 13 del Libramiento Noreste en el municipio de Escobedo, lamentablemente también en un avanzado estado de descomposición.

Por estos lamentables hechos un hombre fue detenido quien declaró haber matado al joven luego de que éste lo reconociera, porque previo a estos hechos delictivos él se desempeñaba como trabajador en una ferretería del padre.

Más allá de lo triste que resulta la pérdida de cualquier vida humana,  aquí estamos ante el caso de un joven con el futuro por delante, sin embargo habría que detenerse y cuestionar por qué este hecho no causó mayor indignación y protesta en amplios sectores de la sociedad, ¿será quizá que ya se ha normalizado la violencia y la muerte como si fuera parte de nuestra vida cotidiana?

Habría que cuestionar si ante hechos de este tipo pareciera que como sociedad denunciamos más la pérdida de ciertas vidas y sí asumimos acciones diferenciadas con base en la identidad, posición social o incluso espacio geográfico donde ocurre un homicidio.

En este punto, es necesario ser contundente, todas las vidas importan y todas deben ser resguardadas y denunciadas en caso de pérdida. Lo que no significa desatender la particularidad y especialidad jurídica y social que tienen los casos como feminicidios, o los que provoca la homofobia, o en su caso las muertes de migrantes.




Las interrogantes a que se hace referencia, recuerdan justamente las dudas que suscitaron entre teóricos y literatos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué nadie denunció los actos de violencia sistemática que se vivieron en la sociedad durante ese tiempo? La respuesta que otorgaron sobre todo desde la filosofía fue que la existencia humana era la cuestión fundamental por ello cada pérdida humana era y es irreparable.

Retomando las preocupaciones de Hannah Arendt sobre los acontecimientos de esa contienda bélica y el proceso de la banalización del mal, habría que considerar como sociedad los valores que difundimos, toda vida debería ser igualmente importante sin considerar etnia, género, edad, o condición socioeconómica; todas las pérdidas deberían y deben generar malestar en sociedad y movilizaciones, lo que es grave es comenzar a tolerar estos hechos por percibirlos parte de la vida cotidiana, pero más grave es que unas muertes tengan mayor significado que otras por razones especialmente equívocas.

Si como sociedad ponderamos la muerte en función de lo que nos separa y nos divide va a ser muy complejo hablar de igualdad y democracia. Si como sociedad lo que importa hasta en la muerte es el estatus, el prestigio y la fisonomía de las víctimas, olvidamos que con ello fracturamos la trascendencia que tiene cada vida.

Hay cosas que no se dicen porque son políticamente incorrectas, y esa corrección quizá sea menos nociva que el problema real, es importante asumir que el crimen surge en sociedades reales, valores reales y familias reales, es sustancial aceptar que las muertes importan distinto si se trata de personas marginadas o de mayores recursos, que incluso la noticia sobre una muerte tiene mayor o menor trascendencia si ocurrió en una colonia y no en otra, y es importante decirlo porque en ese mosaico social es donde surge el crimen y no en otra parte.

Todas las víctimas merecen el derecho a la verdad, a la reparación del daño pero sobre todo a la justicia, la tarea es enorme ante la magnitud de muertes que la delincuencia organizada provoca en nuestro país, y siendo así de grande el reto es abrazar los valores de justicia, equidad y universalidad de la vida, desde los cuales la indignación tiene sentido.

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Trabajar por la honestidad en México

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

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