Hacia un Gobierno de Coalición

En Europa existen  gobiernos de coalición entre izquierda y derecha, si bien los sistemas políticos son de orden parlamentario, y en varios de los casos con monarquías constitucionales,  sus élites políticas han encontrado fórmulas para construir gobiernos en que la unidad surge de la racionalidad política, y aún de principios ideológicos en que izquierda, centro  y derechas moderadas se unen en ciertas coyunturas para formar un gobierno de coalición en el Parlamento.

También se presentan coaliciones bajo la fórmula de balotaje, esto es una segunda vuelta electoral para cargos públicos en el poder ejecutivo o bien para los Parlamentos. Básicamente consiste en que para llegar a un cargo público  es necesario obtener una mayoría de los votos emitidos que le de representatividad y legitimidad a los gobiernos, fórmulas que varían por porcentajes sobre el total de votos emitidos o bien por una diferencia porcentual entre el primer y el segundo lugar o las dos cosas, sin desestimar otras combinaciones existentes. En el caso de América Latina algunos países con sistemas presidencialistas  han introducido esta fórmula para darle mayor legitimidad al Poder Ejecutivo.

En suma, los gobiernos de coalición existen, son posibles y han dado en algunos casos resultados, con independencia a si el cargo de Presidente de la República es de un partido y el cargo de Primer Ministro es de otro partido, a lo que se le denomina cohabitación; sin embargo, debe subrayarse que se trata de un orden político parlamentario, donde el poder Ejecutivo se divide en Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y donde el Parlamento elige al jefe de Gobierno o Primer Ministro mediante precisamente una coalición que es mayoritaria. O bien se trata de sistemas semi-presidencial.

No se pide en una coalición política que los involucrados piensen lo mismo, ni que renuncien a sus ideologías, en cambio se pide unidad en objetivos comunes. En algún sentido, una fórmula básica para una coalición radica en la pregunta “qué tanto estamos dispuestos a ceder”, más todavía cuando se trata de enfrentar problemáticas de envergadura, posiciones políticas que cuestionan el propio orden democrático o elaborar un programa de gobierno viable.

En el caso de las coaliciones electorales, México tiene fórmulas para realizarlas, desde parciales hasta totales, así como un aleccionador compendio de coaliciones electorales a lo largo de su historia.  Sin embargo hoy se habla en un sentido distinto de coalición, por un lado unos se refieren a un sistema presidencial de mayoría absoluta con doble vuelta -semi-presidencial-; otros un sistema parlamentario donde los partidos políticos representados en el Legislativo se ponen de acuerdo en un Programa de Gobierno y eligen un Primer Ministro. Suponer un régimen parlamentario en México, implicaría crear la figura de Primer Ministro o algo parecido, toda vez que orgánicamente debe tener sentido formar una coalición en el Poder Legislativo, que por supuesto debe trascender el repartir los cargos del gabinete.

Por otra parte se habla de realizar una segunda vuelta electoral como vía de una coalición en el gobierno, pero eso requiere un cambio de régimen y que se establezca que si el ganador no obtiene el 50 por ciento de los votos entonces se transite a una segunda vuelta electoral, por tanto se perfila una estructura semi-presidencial, por lo menos. Ha de decirse que al considerar los tiempos electorales establecidos por la ley, es complicado abrir una nueva fórmula de votación para la elección de Presidente de la República por segunda vuelta. Debe considerarse que la experiencia muestra que en América Latina las fórmulas de segunda vuelta electoral no se han traducido de manera lineal en gobiernos con mayores consensos.

Es posible, aunque quizá no en un momento mediato, avanzar hacia un cambio de régimen que asegure la representación del Parlamento, del Presidente y genere una nueva figura constitucional donde la representación del Estado y el ejercicio de gobierno recaigan en figuras distintas. En otros términos sería dejar atrás el Sistema Político Presidencialista; empero, será por demás complejo, dados los tiempos legales, realizar una reforma a la estructura política nacional.

Si en cambio lo que se busca es un Convenio de Coalición electoral, entre los Partidos Políticos para alcanzar la Presidencia de la República en 2018, entonces el tema es otro, toda vez que la ley actual dispone de los medios para que esto ocurra, empero, la construcción de esta coalición -o alianza como la denominaron en el año- reclama: condiciones al interior de los partidos para ir en unidad a una elección: alguno deberá aceptar que el candidato sea de otro partido; y el partido que logre poner el candidato habría de aceptar que elegirá el que mayor confianza le genere a su aliado electoral y no el que quiera. Un asunto que podría unir a izquierda y derecha en la próxima elección Presidencial sería generar un cambio de régimen político con un sistema coalición en el Gobierno. México podría avanzar bajo un orden político de este tipo. El bien del país es siempre algo que puede unir la diversidad.

El reposicionamiento del PRD: la izquierda y su agenda

En la actualidad los partidos políticos se distinguen de otro tipo de organizaciones porque buscan el poder a través de métodos legales y pacíficos con base en el sufragio o voto libre y secreto de la ciudadanía, así las cosas, la formulación de propuestas distintivas, es la plataforma que permite incluir a una ciudadanía plural y plena de diversidades.  En México, los partidos políticos se conciben como entidades de interés público. En ese marco, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es un actor protagónico en la construcción de una agenda abierta en materia de derechos e inclusión de minorías, atendiéndose a que las democracias modernas son, en su representación,  una suma de minorías.

El surgimiento del PRD se debe a la convergencia de distintos partidos y organizaciones que lo forman tras las elecciones presidenciales de 1988 donde se postuló al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a partir de un frente amplio de las izquierdas llamado “Frente Democrático Nacional” (FDN). Ese frente logró el trabajo y vinculación, entre otros, del Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Mexicano Socialista (PMS), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido Frente Cardenista de la Revolución Mexicana (PFCRM), el Partido Social Demócrata, y diversas fuerzas progresistas que dieron cobijo y consistencia a un proyecto ideológico con la intención de asumir una representación ciudadana de avanzada, abierta, y necesariamente transformadora, todo en clave democrática.

Es importante comprender y asumir la diversidad al interior del PRD, porque una de sus plataformas fue la incorporación de sectores desprotegidos por partidos de derecha o con una agenda más limitada en lo tocante a incluir políticas progresivas al interior de un gobierno, y en evidencia de las leyes,  Es por ello que, desde que gobierna la CDMX y otras entidades en el país, se promulgó la agenda de inclusión de la diversidad sexual, de reconocimiento de derechos como la decisión de la mujer sobre el aborto, y la adopción por parejas del mismo sexo.

La CDMX fue la primera entidad de la República en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009, aperturando un debate necesario sobre nuevos derechos en una sociedad diversa. Hoy nuevos derechos se han aprobado en la Constitución de la CDMX, destacándose: el derecho a la ciudad, a un medio ambiente sano, la protección de animales, el derecho de movilidad y el reconocimiento a la multietnicidad y pluriculturalidad de sus habitantes.

En la elección del EDOMEX el candidato Juan Zepeda se pronunció abiertamente por los matrimonios igualitarios, el aborto y la adopción por parejas del mismo sexo, y ante recientes iniciativas legales, el PRD retoma desde distintos frentes su vocación de izquierda progresista, con un proyecto incluyente. Se trata de posiciones políticas que antes y ahora causan polémica,  e incluso discursos de rechazo y que en su momento tuvieron costos, sin embargo,  la definición política parte de asumir una posición al reconocer derechos de diferentes grupos sociales.  El avance de estas y otras propuestas al seno de la vida social se expresa en el avance electoral del PRD que pese a múltiples obstáculos obtuvo un mayor número de votos al igual que en otras entidades del país, mostrando que la definción política de izquierda es importante para la ciudadanía.

Lanzar diatribas, epítetos e insultos contra el gobierno en turno no es ser de izquierda, ese tipo de política se basa en la negación y hasta en la destrucción del otro, cuando lo que nos define en México es la diferencia, no se puede apostar a tener razón, sino a construir soluciones comunes a los problemas que enfrentamos. A nadie le sirve una izquierda que a todo dice que no, que se fuga de la historia y que más que una propuesta política se convierta en una cuasi-religión con un iluminado al frente.

Se necesita hacer política para establecer una agenda social, aplicarla y medir sus resultados. Si la izquierda dialogante está de regreso es porque la ciudadanía así lo quiere, el PRD tiene futuro desde definiciones políticas claras; en contraste basta preguntar a los iluminados que opinan de las comunidades de la diversidad sexual, del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo para saber que no saben qué decir, o que ocultan lo que realmente piensan.

Legítima defensa y monopolio de la violencia legítima

El Titulo Segundo, Capítulo II del Código Penal para el estado de  Nuevo León en su Artículo 17, establece causas de justificación del delito, una de estas es la legítima defensa, a la letra el texto actual dice  “iii. Obrar el acusado en defensa de su persona, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:  primera: que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella.  segunda: que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales.  tercera: que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y  cuarta: que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa”.

Este artículo, es consistente con el articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por propia mano, toda vez que está previsto que una persona tiene derecho a defenderse cuando es víctima de una agresión o cuando sus bienes están en riesgo inmediato, en evidencia se trata de una agresión a la que no asiste el derecho, se trata en cambio de la decisión de una persona agredir los bienes, vida u honor de otra. El Código Penal prevé las condiciones en que esta justificación no aplica; sin embargo, por diferentes motivos se han dado circunstancias en que cuando una persona se defiende en su domicilio o ante una agresión directa a sus bienes debe enfrentar un proceso penal.

Esto al parecer está en la base de la justificación legislativa en el Congreso del estado de Nuevo León para aprobar un reforma al artículo 17 que antes se cita, señalándose que la victima podrá “lesionar” o “privar de la vida” al agresor; se señala en medios de comunicación que otro razonamiento es que un padre de familia tiene derecho a esta defensa, que no debe ser sujeto de proceso penal, que el cauce legal debe ser la legítima defensa previa investigación en todos los casos, se señala el trauma que viven las familias cuando ante un robo o una agresión en su casa a manos de la delincuencia; y finalmente algunos actores retoman el contexto de inseguridad que se vive en algunas zonas del estado de Nuevo León para subrayar las virtudes de la reforma.

Sin embargo, conviene señalar que si bien es un derecho la legítima defensa, esta no se da en el vacío, sino en un contexto de inseguridad en el estado de Nuevo León y por tanto de temor e incertidumbre ciudadana; segundo que la legitima defensa es una justificación a un determinado delito que para este caso pudieran ser lesiones y homicidio; tercero que privar de la vida a una persona pudiera resultar no proporcional, en lo absoluto, al daño que pretendía cometer; cuarto, que cada persona habría de conocer el contenido completo de la legislación porque existen circunstancias de tiempo, modo y lugar en que no podría justificarse la legítima defensa; quinto, que el populismo jurídico suele ser bien recibido cuando se trata de la vida y de los bienes, pero al enfrentarse a la realidad enfrenta mayores problemas que los que pretendió resolver; sexto, una persona debe saber la diferencia y relación entre agresión, violencia y conducta delictiva o de  otro modo terminará disparándole a la persona que entró al patio de la casa a recoger un objeto; séptimo, es por demás complejo pedirle al ciudadano que considere la proporcionalidad de la defensa en función de la agresión y el factor de la violencia.

Es fácil decir que uno pude agredir y matar el que entre a su casa, la pregunta es, si esta propuesta en realidad obedece al déficit de seguridad pública, o la afirmación de la legítima defensa; pedirle al ciudadano que en una situación de tensión analice si el robo simple debe ser considerado una agresión suficiente para privar de la vida a una persona es un asunto mayor. El monopolio de la violencia legítima es del Estado, la violencia legítima es necesaria, pero también lo es que esta no sea la vía para justificar el déficit institucional del propio Estado, transfiriéndole al ciudadano la potestad de proteger su vida y bienes.

México y el Cambio Ambiental

El medio ambiente es un tema complejo debido a que un pequeño cambio puede alterar todo el sistema. Bajo esta perspectiva, en el año de 1988 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) con la responsabilidad, entre otras, de investigar el proceso del cambio climático. Este grupo determinó entre otras cosas las siguientes consecuencias del cambio climático generado por las actividades de la humanidad: 1) Aumento de la temperatura promedio global de los océanos y superficie terrestre, 2) Aumento promedio mundial del nivel del mar, 3) Modificación de los patrones naturales de precipitación, 4) Sequías más prolongadas y 5) Disminución de la productividad agrícola por mencionar algunos.

Las investigaciones sobre el cambio climático México demuestran por ejemplo que se ha vuelto más cálido desde 1960 y que la precipitación ha disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo. Debe subrayarse que todas las naciones del mundo experimentan los efectos del cambio climático, es algo de lo que simplemente nadie se puede sustraer, y las pérdidas son  públicas y globales.

En este entorno primero se estableció el Protocolo de Kyoto que se adoptó  en el año de 1997 y entró en vigor en 2005, el cual no lo ratificó los Estados Unidos, el mayor emisor de gases de invernadero a nivel mundial. Posteriormente en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que se celebró París en el año 2015, donde se logró que por primera vez casi todos los estados se pusieran de acuerdo sobre los métodos para reducir el cambio climático, Inclusive el papa Francisco publicó la encíclica Laudato si que llama a la acción contra el cambio climático. Puede apreciarse que se trata de un esfuerzo multilateral en el orden mundial, donde México participa con una agenda precisa, y donde su papel es relevante en el concierto de las naciones al ser la quinceava economía mundial.

México firmó el Acuerdo de París, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Rafael Pacchiano Alamán lo hizo en representación del Presidente Lic. Enrique Peña Nieto. Posteriormente en diciembre del año 2016 en la Cumbre Mundial de la Biodiversidad COP 13 se estableció un compromiso que incluyó más de 110 países para incorporar criterios de biodiversidad en políticas forestales, agricultura, pesca y turismo.

México es un Estado a la vanguardia en estos procesos, donde destaca la Nueva Estrategia de Biodiversidad 2016-2030 que eleva a 37% el presupuesto para conservar la biodiversidad en México; en contraste permanece la interrogante sobre el papel de los E.U., dado que su Presidente no ratificó el Acuerdo de París, incluso con la presión de la OTAN, la Unión Europea, el grupo G7, y el Vaticano. 

Los nexos entre la política multilateral de México y la agenda de seguridad nacional es clara en el caso del medio ambiente; somos un actor global responsable que honra su compromiso como miembro fundador de los principales foros multilaterales, esto es, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros no menos relevantes. Más aún cuando es conocido a escala mundial que aplicar políticas que consideren el medio ambiente y la biodiversidad es tema de Seguridad Nacional, por los efectos que el cambio climático supone para poblaciones, ciudades, biodiversidad e inclusive para el desarrollo de los Estados.

Ahora el Presidente de los E.U. enfrenta cuatro problemas: 1) el cuestionamiento de la comunidad internacional; 2) las criticas a su visión sobre seguridad nacional y seguridad global; 3) las dudas sobre si E.U. podrá sustraerse a la generación de energías limpias; 4) el impacto económico que se derivará de la mayor competitividad de las economías que utilizan energías limpias; la sociedad abierta hoy se cierra ante la historia, página difícil en que ni las agencias de inteligencia de los Estados Unidos muestran capacidades para procesar la información de que disponen para proteger a su ciudadanía y explicársela a su Presidente.

Una reforma necesaria a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

La reforma energética del año 2013 establece que se reformarán los artículos 25, 27 y 28 para otorgar un desarrollo en materia de energéticos con la rectoría del Estado; entre sus objetivos indica que va a mejorar la economía de las familias dado que bajarán los costos de la luz y el gas; que aumentará la inversión y los empleos; que se reforzará a PEMEX y CFE; así como que se reforzará la rectoría del Estado como el propietario del gas y petróleo. También la reforma planteó liberalizar los precios de gasolinas para que el precio final fuese puesto por las condiciones de mercado, en ese sentido la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció que durante el año 2017 se daría ese proceso, lo que como es del dominio público comenzó a ocurrir en enero.

Sin embargo, a pesar de lo indicado por la Reforma Energética, los costos de la gasolina no disminuyeron, hay muchas razones para que tal situación acontezca, entre  estas los altos precios de petróleo y que el subsidio a las gasolinas terminó, sin embargo, un factor relevante en el costo de las gasolinas es que su transportación se sigue efectuando por ductos y vías carreteras.

Debe mencionarse que en México 4.5 de cada 10 litros de gasolina que se consumen provienen del extranjero, gran parte del estado de Texas en la Unión Americana, por lo que un transporte más eficiente bajaría los costos finales para los consumidores.  De acuerdo con datos de Ferromex un carro tanque tiene capacidad para mover 66 mil 525 litros. Entre los productos que transportan este tipo de tanques están: sosa cáustica, amoniaco, combustóleo, aceites, y ácido sulfúrico, entre otros, por lo que pudiera convertirse en un medio económico y menos contaminante para transportar la gasolina. En evidencia, el transporte ferroviario puede transportar de forma masiva cualquier cosa, y no hay razones ni argumentos para cuestionar que la gasolina pudiera llevarse de un lugar a otro por este medio.

Sin embargo, el lector recordará que los ferrocarriles se entregaron a concesionarios, esto es, ya no son propiedad ni son administrados por las instituciones del Estado mexicano; por ello,  la propuesta de llevar las gasolinas a través de los ferrocarriles enfrenta una problemática porque sólo el dueño de la concesión ferroviaria en México tiene la potestad de transportar carga sobre las vías concesionadas, esta potestad es una exclusividad que tienen los concesionados desde el día que se les otorgó por decreto hasta treinta años, por ello sólo hay un precio y una sola ruta por la que transitaría la carga de gasolina, esto consecuentemente haría difícil que bajaran los costos del producto y en poco beneficiaría al consumidor final. Parece que pasamos de un monopolio estatal o una dominancia privada en tres partes, ahora hay que hacer leyes para transportar nuestro petróleo por las vías férreas que antes eran nuestras, pero que a fuerza de dispendios, falta de racionalidad, y mala administración dieron por resultado un servicio atrasado, poco competitivo y con mal funcionamiento.

Por ello quien escribe estas líneas, junto con el Diputado Daniel Torres Cantú, plantea modificar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en particular se trata de adicionar el artículo 11 Bis y modificar el 15. Con esto se busca modificar la cláusula de exclusividad en materia ferroviaria para el transporte de petrolíferos, así como otorgar permisos para la construcción de espuelas y centros de almacenamiento que posibilitarían conectarlas con las vías ferroviarias troncales, todo ello para hacer una mejor economía y reducir el costos de la gasolina para las familias.

El concurso de nuevos inversionistas en el sector petrolero en el marco de la reforma energética en poco tiempo llevará a la misma conclusión sobre el alto costo de transportar el petróleo y sus derivados por el territorio nacional, la inversión extranjera tal vez sea un aliciente para promover e impulsar una mayor inversión en el sector ferroviario, pero lo cierto es debe abrirse esta opción en lo inmediato para abatir precios innecesariamente altos que afectan de manera negativa diversos sectores de la economía. Esta opción además generaría empleos y relanzaría un sector especializado en el manejo de carga, conectividad a la par de dar mayor dinamismo a diversas regiones del país.

Participación Ciudadana

En los últimos años con la expansión de la democracia como régimen político y del liberalismo como vía de desarrollo económico, se acepta en lo general que un orden liberal y republicano necesita ciudadanos que sean corresponsables con la construcción del espacio público, es decir con el debate de la ideas, con la discusión entre las diferentes formas de pensar y desde luego con un ejercicio critico que fomente y posibilite además del control de los gobernantes que las iniciativas ciudadanas sean efectivas en el sistema político. Esto sólo es posible si se asegura la libertad de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y que las personas puedan desarrollar proyectos comunitarios y de vida autónomos.

La participación ciudadana es un derecho humano, un medio y un fin, así como la forma democrática de articular una corresponsabilidad con las autoridades gubernamentales; la participación ciudadana se puede concretar como las acciones emprendidas por las personas para vigilar las tareas de gobierno y controlar las actividades en las  que participa la propia comunidad. De acuerdo con el documento emitido por el Consejo Económico y Social de la ONU la participación ciudadana se convierte en un factor fundamental en la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la prestación de servicios públicos; es así porque el principio de una República es que las personas puedan participar y efectivamente participen en los asuntos públicos, es decir, en los asuntos que son de todos.

En lo general puede entenderse la participación ciudadana como la intervención de individuos y de grupos de la sociedad en actividades públicas y procesos decisorios, esto en representación de sus intereses particulares; la ciudadanía tiene derecho a expresar sus intereses, a incidir en las acciones de gobierno que afectan su comunidad, a exigir que los gobernantes informen en qué y por qué conjunto de  razones se invierten los recursos públicos, asimismo, la ciudadanía puede asumir una posición ante decisiones que pueden afectar a toda una nación.

En el caso mexicano, algunos antecedentes de la participación ciudadana se remontan a un plebiscito de 1824 que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la Federación. Está también el Plebiscito de 1993 sobre la Reforma Política del Distrito Federal en que participaron 321,933 ciudadanos: el 84.8% se pronunció a favor de la elección de gobernantes locales, el 84.3% demandó la existencia de un Congreso local y el 66.5% optó por la creación de un estado más.

De acuerdo con Arminda Balbuena Cisnero y Lucero Fragoso Lugo los instrumentos legales o figuras que existen y en que es relevante la participación ciudadana son: a) plebiscito: los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo previo a actos o decisiones del Poder Ejecutivo; b) Referéndum: la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes propias de la competencia del Poder Legislativo; c) Iniciativa Popular: los ciudadanos pueden presentar al Poder Legislativo proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes; d) Consulta Popular: vía para someter a consideración de la ciudadanía cualquier asunto que afecte a las entidades federativas o federación; y e) Revocación de mandato: para remover de su cargo a un funcionario electo antes de que concluya su periodo.

En México se publicó el 9 de agosto de 2012 el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se establecieron dos instrumentos sustantivos de la participación ciudadana, a saber la consulta popular y la iniciativa ciudadana, y en evidencia otros quedaron pendientes. Sin embargo, nació un momento político diferente en que se hizo posible la participación ciudadana. Por otra parte, en Nuevo León se aprobó el 13 de mayo de 2016 la “Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León” cuyo artículo 3º establece que la participación ciudadana es el derecho de las y los ciudadanos habitantes del Estado de Nuevo León (…) a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

El papel del internet en México

En su visita a México el fundador de Alibabá Group, el fundador y presidente ejecutivo de la empresa de internet explicó en distintos foros la importancia de internet para el futuro de los Estados y el desarrollo de la economía. En sus palabras explica que “si la gente no está conectada a Internet en los próximos 10 ó 20 años, va a estar peor que cuando la gente no tenía electricidad hace 20 años; se quedarán rezagados”.

Con estas declaraciones en perspectiva, habrían de considerarse las capacidades institucionales que se requieren para potencializar el uso del internet, en específico la seguridad informática en nuestro país porque el desarrollo de internet tiene como contraparte una serie de riesgos.

De acuerdo con el libro “La Guerra en la Red” de Richard A. Clarke y Robert K. Knake el escenario del ciberespacio se convertirá en el teatro de operaciones para las próximas guerras entre estados.

Esta situación se ha visto reforzada por tres acontecimientos que posibilitan visibilizar el potencial de amenaza para Estados y ciudadanías: 1) en 2007 fue el ciberataque que se efectuó contra Estonia desde direcciones IP rusas, esto en represalia por quitar un monumento a los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial, cabe destacar que Estonia es uno de los Estados con mayor uso del internet por lo que los daños fueron importantes; 2)  en 2010 fue el empleo de Stuxnet un virus especialmente diseñado para destruir los sistemas de la planta nuclear iraní de Sushehr y el complejo de enriquecimiento de uranio en Natans, este segundo acto fue perpetrado por Estados Unidos e Israel; 3) en 2013 las revelaciones que dio Edward Snowden sobre las capacidades de investigación y el uso de los metadatos para intervenir correos electrónicos, servicios de voz, video, foto, entre otras, por parte de las agencias de inteligencia de ese país, es decir, un espionaje global, donde hasta los celulares de líderes mundiales fueron intervenidos.




En este contexto el Estado Mexicano asentó en su Programa para la Seguridad Nacional al ciberterrorismo como un riesgo y amenaza; asimismo, en México el Gobierno de la República puso en operación el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT MX) de la Policía Federal.

Sin embargo, aún falta por hacer, por ejemplo Víctor Lagunes Soto, Jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República, declaró en septiembre del año pasado que nuestro país pierde 3 mil millones de dólares por ciber delitos al año. Del mismo modo, en nuestro territorio sólo el 19 por ciento de las empresas tienen programas de seguridad informática contra el 40 por ciento que se presenta a nivel global.

Los daños por ataques del terrorismo cibernético pueden ir desde la inhabilitación de los equipos y algunas máquinas como lo demostró el caso de Stuxnet hasta el robo de información para después ponerla en venta, vulnerándose los datos personales y confidenciales de los usuarios.

En evidencia, si internet es la herramienta económica del futuro, hay que estructurar un plan de seguridad mediante una política pública que sume las acciones de Gobierno, empresas, centros de educación superior y ciudadanía contra los riesgos que puede traer.

La información que se maneja a través de Internet es valiosa para las personas y para las instituciones públicas, privadas y sociales. La información supone conocimiento, inteligencia y valor agregado, y esta información va desde la que se utiliza para operar una termoeléctrica o una planta nuclear hasta el intercambio de imagen, voz y texto de las personas en su vida cotidiana.




La seguridad informática representa uno de los ejes de trabajo, formación, capacitación e investigación del presente y del futuro, de ahí el peso que cada vez más se le da en diversos foros nacionales e internacionales, más aún si se consideran los graves riesgos a los que un país, una comunidad o una empresa están expuestos ante ataques de diferente índole que van desde el robo de activos hasta riesgos a la seguridad nacional.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

Legalización de la Cannabis para uso medicinal

La Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal y científico de la marihuana en México el 28 de abril de 2017, la votación fue por 301 votos a favor, 88 en contra y dos abstenciones, con ello se reformaron la Ley General de Salud y el Código Penal Federal; se elimina entonces  la prohibición y penalización por el uso medicinal de la marihuana, la investigación científica con este producto, y por los derivados de su producción y distribución que tengan los fines señalados.




El proceso de reforma abrió un debate nacional sobre los diversos usos de la planta, entre estos claro está, el así llamado “uso recreativo”. El Congreso de la Unión transitó por una opción que permitiese su uso medicinal dejando en puntos suspensivos otros aspectos.

Con las reformas se estableció que el tetrahidrocannabinol es una sustancia psicotrópica con valor terapéutico y que proviene de la planta cannabis, la cual no provoca daños ni problemas de salud pública. Es importante mencionar que aunque el dictamen se aprobó, también se presentaron diversos estudios y encuestas que ponderaron el posicionamiento de diferentes sectores de la ciudadanía sobre el dictamen.

Por ejemplo, este debate en el estado de Nuevo León lleva desarrollándose varios años, hay que recordar que en agosto de 2015 se le concedió un amparo a la niña Grace Elizalde Benavides para obtener y usar cannabidiol para combatir el síndrome Lennox-Gastaut que padece, esto abrió el debate a nivel nacional para aprobar su uso en casos medicinales.

El que escribe estas líneas promovió realizar una encuesta en Nuevo León en marzo de 2016, un año antes de aprobada la reforma, donde se preguntó mediante diversos canales a la ciudadanía sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana. Por el uso medicinal de la marihuana la mayor parte de los ciudadanos dijo estar a favor, sólo en las entrevistas por teléfono ese porcentaje de aprobación fue menor (71%)  mientras que en Facebook tuvo un mayor porcentaje de aprobación (94%).

Sin embargo, los resultados se dividieron en la pregunta por el uso recreativo de la marihuana; la mayoría de los encuestados se inclinaron contra esta posible determinación, nuevamente fue en las entrevistas por teléfono donde se presentó el mayor porcentaje en contra (80.4%), seguida de las entrevistas personales cara a cara con el 58.4% en contra, mientras que en  las universidades el 58% de las respuestas fueron desfavorables. Ha de anotarse que en Facebook y Twitter, dos redes sociales significativas, los porcentajes fueron positivos en 68% y 55% respectivamente.

Al darle seguimiento a esta temática, en agosto de 2016 se realizaron nuevas encuestas sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana. Los porcentajes fueron claros para ambas opciones, la ciudadanía respondió con 76.2% contra el uso recreativo de la marihuana, mientras que para su uso medicinal un 72.4% respondió de forma favorable.

Con la reforma del 28 de abril, probablemente cambiará la calidad de vida de pacientes que utilizarán este producto y sus derivados. La investigación científica señala que los compuestos que se procesan con la sustancia de la planta ayudan a reducir migrañas, náuseas y vómito, aliviar dolor y espasticidad muscular, entre otros padecimientos no menos importantes.




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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La búsqueda de niñas y niños desaparecidos y la Alerta Amber

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año 1 millón 200 mil niñas y niños son objeto de trata. Esta actividad delincuencial varía de región en región; sin embargo, se señala que la mayor parte de los factores por los cuales se puede tratar a un niño es para: prostitución infantil, trabajos agrícolas, industriales, servidumbre y para ser mano de obra barata.

La trata de personas viola todos los derechos de las niñas y los niños al mismo tiempo, es una forma moderna de esclavitud y uno de los delitos que gobierno y sociedad deben combatir por todos los medios al alcance. La trata es un delito que viola los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo, los coloca en una situación de vulnerabilidad y son objeto de prostitución, matrimonio forzado, adopción ilegal, mano de obra barata, incorporación a grupos armados, servidumbre en casas, y por tanto están expuestos a contraer enfermedades como el VIH SIDA, por mencionar alguna de las más relevantes.

Ante esta situación existen diversos acuerdos y convenciones en materia legal internacional como la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, su artículo 35 solicita a los Estados Partes que “tomen todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”, de igual manera el artículo 39 de la misma convención estipula que se deberá “promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima”.

Otros convenios son el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; y desde luego el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición contra las peores formas de trabajo infantil.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas, en el año 2015 se reportó 6 mil 342 casos de niñas, niños y adolescentes en el fuero común y 193 más en el fuero federal, y las cifras van en creciente aumento.[1]




Al seno de esta problemática que es nacional y mundial, nació el Programa ALERTA AMBER en Dallas, Texas en 1996 por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija quien fue secuestrada y asesinada, donde tuvo apoyo de los medios de comunicación y la ciudadanía; este programa es uno de los más exitosos. Por ello el 2 de mayo de 2012, el Gobierno de la República puso en operación el Programa Nacional Alerta AMBER México, como una herramienta que contribuye a la difusión, búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

El programa muestra resultados promisorios en nuestro país ante la participación de ciudadanía y sociedad civil organizada, por ejemplo, la empresa telefónica AT&T envió más de cuatro millones de mensajes de texto a sus usuarios, apoyando en la localización de niños, niñas y adolescentes del país. Cuando se activa una Alerta AMBER, AT&T envía mensajes de texto para convocar a su base de usuarios de telefonía móvil a participar. Según datos de esta empresa, hasta el momento, en siete de cada diez alertas en las que participa la comunidad AT&T, el menor ha sido encontrado y entregado a sus familiares (72%).[2]

Por ello, el que firma estas líneas ha propuesto una iniciativa al Congreso de la Unión para que todas las compañías telefónicas estén obligadas a enviar de manera estratégica un mensaje de texto a sus bases de usuarios cada vez que una ALERTA AMBER sea emitida, así serán más los ciudadanos que podrán conocer el suceso y ayudar en la recuperación del niño, niña o adolescente desaparecido; considerándose en evidencia el informar, como ya se hace, a distintos organismos del Estado y medios sobre la sustracción de un infante, para concitar la participación de la ciudadanía.

La persecución de este delito debe unir todo el sistema de justicia penal, a la sociedad civil y a los tres órdenes de gobierno, se trata de uno de los delitos más inclementes que existan en la realidad humana, una forma de hacerlo es encontrar a los niños, otra es perseguir el delito e imponer las penas que correspondan con toda la fuerza del Estado.




[1] Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XL, Agosto, 2016, pp. 44 y 52

[2] https://www.att.com.mx/noticias/att-pgr-reportan-alianza-alerta-amber.html

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La seguridad pública en las elecciones en el Estado de México

En los procesos electorales de México las propuestas en seguridad pública de los candidatos a ocupar cargos públicos es una carta de presentación sobre lo que conocen y la forma en que podrían enfrentan los temas que contiene la agenda de seguridad pública, más aún porque es un tema central en la percepción ciudadana sobre la eficacia de los gobiernos.

En el caso del Estado de México (EDOMEX) los problemas que enfrenta en la materia obligan a los candidatos a presentar propuestas sólidas, consistentes, viables y creíbles ente el electorado.

Alfredo del Mazo candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone construir Centros de Mando en dos lugares específicos; el primero en Naucalpan y el segundo en el oriente del estado para mejorar la atención policiaca; y propone instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en el transporte público.

Josefina Vázquez Mota abanderada del Partido Acción Nacional (PAN)  declaró que profesionalizaría los cuerpos policiales bajo un esquema de sueldos y capacitación. Ha enfocado parte de sus propuestas en el combate a la violencia de género y los feminicidios en particular.

Juan Zepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone modificar el Mando Único Policial que pasaría a ser uno coordinado o mixto, y ha afirmado que establecería una policía de proximidad con las capacidades para atender de forma más rápida los delitos que se cometiesen.

Por último, Delfina Gómez Álvarez de MORENA, propuso que para combatir la inseguridad se instalárán cámaras de videovigilancia y botones de pánico en las zonas donde existen los mayores índices de delitos en la entidad.




Respecto a sus plataformas electorales el documento que entregó el PAN denominado Plataforma Electoral Edomex 2017. Soluciones para el Estado de México” en su  Eje 1. Comunidades seguras y Estado de Derecho, señala que este tema es prioritario, esto es,  seguridad pública, procuración y administración de justicia, así como trato digno y empoderamiento de las víctimas de delito. Para ello intengra 31 estrategias, donde destaca: 1) Transitar del modelo de seguridad pública al de seguridad ciudadana, 2) Transformar de forma integral los cuerpos policiacos estatales a través de su profesionalización y 3) Fortalecer las áreas de control interno de las policías estatal y municipal.

Por su parte, la plataforma de MORENA indica en su punto tres “Seguridad pública y erradicación de la violencia” que debe crearse un nuevo concepto de orden basado en la justicia, la dignididad, el respeto a los derechos humanos y la paz, para ello propone acciones como: 1) se rechaza el uso de la fuerza pública para la solución de conflictos, prioriza el diálogo y el consenso para la toma de decisiones; 2) Establecer el Servicio Civil de Carrera para los policías peritos y Agentes del Ministerio Público, y 3) Garantizar mayores salarios para elementos de la policía estatal y municipal.




La Coalición PRI, PVEM, PANAL, y PES en el documento La plataforma electoral y programa de gobierno 2017-2023. Acción con visión por el Estado de México en su eje 3.2 Seguridad y justicia, coloca al mexiquense al centro de las políticas de seguridad atendiendo de forma prioritaria los problemas de seguridad y violencia, para ello propone: 1) Mejorar el programa de incentivos de las condiciones laborales y prestaciones sociales de los policías, 2) Atender la profesionalización de las corporaciones policiales del Estado, 3) Dignificar la vocación policial y 4) Fortalecer una cultura de prevención del delito desde la educación formal.

Por último la plataforma del PRD títulada Por el Bienestar, la Paz y la Felicidad asienta en su primer política para la Transformación del Estado de México que, la seguridad debe garantizar la vida de las personas, y propone 1) Reformar los órganos relacionados con la seguridad y justicia con ello se podrá garantizar que la seguridad y justicia sean profesionales, 2) La seguridad Pública será ciudadana y humana, y 3) Se establecerá el Mando Coordinado de todas las fuerzas de seguridad en el Estado.

Como puede apreciarse, partidos políticos, equipos de campaña y candidatos de las principales fuerzas políticas en el Edomex establecieron objetivos, estrategias y acciones puntuales sobre cómo transformar y perfeccionar la seguridad pública, corresponde las personas analizar la viabilidad de cada propuesta y ponderar su posible eficacia para, entre otros elementos, analizar el sentido del que será su voto.

Las ciudadanías sí son sustanciales para encauzar la acción de los gobiernos desde las campañas y su participación es fundamental.

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