AMLO explica la corrupción en el sector de la salud y justifica la eliminación del Insabi

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha justificado la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), señalando que la intención es integrar todo el sistema de salud y recuperar lo público. Según el mandatario, en las administraciones anteriores, el sector de la salud estaba infestado de corrupción.

López Obrador ha explicado que el anterior programa de salud, el Seguro Popular, servía para permitir que se robaran el dinero dedicado a la compra de medicamentos. El presidente ha dado ejemplos concretos de corrupción, como el hecho de que la esposa del secretario de Salud de Vicente Fox, Julio Frenk, vendía medicamentos durante su tiempo en el Seguro Popular. Uno de los medicamentos que vendía fue prohibido por la Cofepris porque era dañino para la salud.

Además, el presidente ha denunciado que en el pasado, el gobierno compraba medicamentos a diez empresas por un valor de 100 mil millones de pesos, pero éstas proporcionaban medicinas caducas, adulteradas y con sobreprecios.

López Obrador ha destacado la necesidad de limpiar el sector salud de corrupción. Ha mencionado el caso del ISSSTE, en el que la maestra Elba Esther Gordillo impuso a Miguel Ángel Yunes y otros ex gobernadores, subcontratando todos los servicios. La intención del presidente es integrar todo el sector de la salud, recuperando lo público.

El presidente ha asegurado que se fortalecerá el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE para que puedan brindar un buen servicio a maestros, servidores públicos y a todos los derechohabientes. Además, se buscará atender a las personas que no tienen seguridad social con el IMSS-Bienestar.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

PAN en el Senado denuncia contrataciones «falsas» de médicos cubanos para atender covid-19

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La bancada del PAN en el Senado denunció un presunto caso de corrupción al que llamaron “Cubagate”, al señalar que los gobiernos federal y de la Ciudad de Méxicocontrataron médicos cubanos sin título para apoyar en la atención durante la pandemia de covid-19.

El coordinador parlamentario, Julen Rementería afirmó que “no hay una sola evidencia de que los 585 cubanos que el gobierno federal y el de la Ciudad de México trajeron a nuestro país para que se sumaran a la atención de la contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19 cuenten con título profesional”. 

En su cuenta de Twitter, el legislador presentó una investigación realizada durante seis meses, sustentada con documentos oficiales emitidos por dependencias e institucionesde los propios gobiernos de Morena, así como órganos autónomos de arbitraje médico.

En dicha investigación dijo que “el gobierno del presidente López Obrador, el de Claudia Sheinbaum y el del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, orquestaron un fraude de 255 millones 873 mil 177 pesos al presupuesto de salud».

Un fraude de 255 millones 873 mil 177.04 pesos a la salud de los mexicanos que en plena pandemia fueron tratados por estos falsos médicos“, posteó en su red social.

Insistió en que se fraguó un fraude al presupuesto de salud y detalló que el 21 de abril del 2020, en plena crisis de la pandemia,el Insabi, a través de un convenio de colaboración, transfirió 135 millones 875 mil 81.52 pesos al gobierno de Claudia Sheinbaum para ayudarle en la crisis del covid“.

Tres días después, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó dos convenios bianuales con médicos cubanos por 135 millones 875 mil 081 pesos y 103 millones 638 mil 266 pesos respectivamente.

La Secretaría de Salud federal y de la CDMX, el IMSS e ISSSTE respondieron vía transparencia que no era de su competencia tener la documentación que acredita a los 585 médicos cubanos como profesionales de la salud, sino que correspondía al Ministerio de Salud en Cuba.

El Instituto Nacional de Migración tampoco presentó documentación para acreditar que los médicos ingresaron al país para atender a pacientes con covid-19.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Colima, Nayarit, Sinaloa y Guerrero están cerca de tener un colapso hospitalario por COVID-19: López-Gatell

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Este jueves, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que, en los estados de Colima, Nayarit, Sinaloa y Guerrero, la ocupación hospitalaria está llegando a niveles altos en la tercera ola de contagios de covid-19, lo que advirtió, podría ocasionar un colapso.

Durante su participación en la reunión con miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el subsecretario de Salud destacó que “hay entidades como Colima que nos reportan ocupaciones ya casi del 97 por ciento y eso es preocupante porque quiere decir que están próximos tener un colapso de la infraestructura hospitalaria”.

López-Gatell señaló que, de acuerdo con los datos recibidos por las propias entidades, el porcentaje de ocupación hospitalaria se está acercando a la ocupación completa en Colima, Nayarit, Sinaloa y Guerrero.

«Pero no con respecto a la cantidad posible de camas, sino la existente en este momento. ¿Por qué sabemos que hay todavía posibilidades de más? Porque en la segunda ola llegaron a tener mayor disponibilidad de camas», explicó.

López-Gatell hizo un llamado a los gobernadores a acelerar la reconversión hospitalaria debido a la tercera oleada del Covid-19.

«Entonces, el llamado completo es que no retarden la reconversión hospitalaria. Es importante que los servicios estatales también amplíen su capacidad«, sostuvo el funcionario.

Además, el subsecretario de Salud subrayó que ya se está realizando dicha reconversión en hospitales del IMSS, el ISSSTE, Pemex, así como las Secretarías de Defensa y Marina.

En cuanto a la inmunización, López-Gatell señaló que se está buscando incrementar la velocidad de vacunación, la cual destacó, ha ido creciendo a más de un millón 400 mil dosis en un solo día.

“El comportamiento de la vacunación sigue este patrón de espigas semanales, arranca a cierta velocidad el lunes, llega a un máximo el miércoles y desciende jueves, viernes, sábado y domingo y estamos buscando que se mantenga de manera continua la operación en las entidades federativas durante los fines de semana”.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Vacunas para personal médico de Nuevo León llegarían entre el 15 y 30 de enero

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El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que entre el 15 y 31 de enero próximo llegarán a la entidad las vacunas de Pfizer contra el COVID-19 y estarán aplicándose a empleados del sector salud del estado.

De la O detalló que las vacunas del laboratorio Pfizer no serán aplicadas a mujeres embarazadas y menores de 16 años.

“Entre el 15 y 31 de enero estarán llegando las vacunas a Nuevo León. Vamos a iniciar en el mes de enero, va tener acceso el personal de salud, del sector Salud del Estado, del IMSS, ISSSTE, Hospital Universitario, hospitales privados, de Pemex, todos vamos a tener acceso a la vacuna en primera etapa. Después, toda la población de Nuevo León mayor de 16 años de edad”, dijo el funcionario en su conferencia de prensa diaria de seguimiento de la pandemia del coronavirus en Nuevo León.

Por otro lado, afirmó que esta vacuna no ha ocasionado efectos adversos y sólo ha dejado molestias como dolores y fiebre leve. Además, recalcó que el Estado está preparada para la logística e iniciar con la aplicación de vacunas.

Cabe mencionar, que el titular de salud estatal no precisó la cantidad de vacunas que estarán llegando en enero.

Afección por la ilegalidad

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Hoy, estamos a punto de que concluya septiembre, un mes que sin lugar a dudas es sumamente relevante para la vida pública del País. Incluso, ha sido catalogado como el “mes patrio“, pues celebramos el Día de los Niños Héroes, el Grito de Dolores y el Día de la Independencia de México; por lo cual estimo que se trata del mes de nuestra identidad nacional.

Además, es relevante por que a más tardar el 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal en cumplimiento a lo señalado por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe hacer llegar a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que será aprobado a más tardar el 15 de noviembre siguiente y que esencialmente tiene como objetivo el ordenamiento del gasto público, esto es, señalar las erogaciones que realizará la Federación durante el año siguiente, incluyendo dentro de las mismas las participaciones que a cada Entidad Federativa corresponden.

Cabe mencionar, que el rubro de participaciones a las entidades federativas, desde el comienzo del mandato como Presidente de la República de Andrés Manuel López Obrador, ha sido año tras año cuestionado, principalmente por los simpatizantes de la “Alianza Federalista” que se inconforman y lo califican de injusto.

No obstante, dicho calificativo (que no es más que un disparate de pazguatos), se da pues erróneamente pretenden realizar un juicio de valor (subjetivo) sobre facultades regladas y no discrecionales.

Esto, pues el procedimiento de asignación de participaciones previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, establece una facultad reglada para la Administración Pública Federal, es decir, señala de manera concreta la conducta determinada que la autoridad federal debe seguir, siendo en el caso que nos ocupa, la asignación del 20% a las entidades federativas de la recaudación federal participable, atendiendo a las fórmulas previstas en el ordenamiento de mérito.

Situación, por la que en este caso no es atinado pretender otorgar un alcance subjetivo al concepto de justicia, pues se insiste, estamos en presencia de facultades regladas, no discrecionales que pudieren variar al arbitrio y capricho de la administración.

Así, el alcance de lo justo e injusto, tratándose de facultades regladas, como lo son la asignación de participaciones a las entidades federativas, debe realizarse a través de un juicio de validez, es decir, ¿si es válido o no conforme a la ley, asignar a las entidades federativas una cantidad menor a lo que recaudan por concepto de impuestos federales?.

La respuesta a la interrogante del párrafo anterior, es: sí; pues el artículo 2do de la Ley de Coordinación Fiscal esencialmente señala que el fondo general de participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable, de ahí, que a todas las entidades federativas se les devuelva en principio menos recursos de los que recaudan por concepto de impuestos federales.

Situación, por la que es inconsecuente considerar injusto que se les devuelvan menos recursos de lo que recaudan a las entidades federativas, en tanto, la asignación de participaciones se trata simplemente de la aplicación de las fórmulas contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, en donde no tienen cabida la arbitrariedad o razonamientos subjetivos.

Cabe aclarar, que lo anterior no quiere decir que únicamente el 20% sea invertido en las entidades como erróneamente lo pretenden hacer ver quienes simpatizan con la “Alianza Federalista”, pues ese 80% que conserva la Federación se trata de recursos utilizados para la creación y mantenimiento de tribunales, hospitales, escuelas, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, carreteras, seguridad pública, puentes internacionales y puertos; ejemplificado regionalmente en la rehabilitación de la refinería en Madero, la creación de la línea 3 del tren ligero en Jalisco, la presa libertad en Nuevo León, etc. Prácticamente inversión en todo el País.

Finalmente, quien insista en calificar de injusta la aplicación de las fórmulas contenidas en la ley, únicamente evidencia su afección por la ilegalidad.

Estamos en la antesala de muchísimas recaídas: vocero de padres de niños con cáncer

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Debido al desabasto de medicamentos oncológicos, “estamos ante la antesala de muchísimas recaídas”, así lo advirtió Israel Rivas Bastidas, vocero de los padres de niños con cáncer, quienes reiteraron su llamado al gobierno para que los menores reciban su tratamiento en tiempo y forma.

En un video, el vocero y padre de Dhana, una niña que padece leucemia linfoblástica aguda, recordó que desde hace dos años han luchado para exigir a las autoridades que se regularice el abasto de medicamentos para niños con cáncer.

Más de mil 600 niños a lo largo y ancho del país han perdido la batalla contra el cáncer, nos duele como padres y madres que esto siga sucediendo porque cada vez que muere un niño de estos es como si muriera nuestro propio hijo“, comentó en un video colocado en las redes sociales.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en lo que va de 2020 han fallecido mil 639 niños que padecían esta enfermedad, aunque estos lamentables decesos son en general, no se especifica si fueron asociados con el desabasto de medicamentos.

El desabasto de medicamentos nos ha golpeado muchísimo“, y aseguró que realiza este video porque exigen al gobierno que cumpla con el abasto.

Por otro lado, agradeció que el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoé Robledo, se haya reunido con mamás de niños que son atendidos en el Centro México Nacional ‘La Raza’, para escuchar sus demandas. No obstante, sólo se han beneficiado quienes son atendidos en el IMSS, por lo que faltan las demás instituciones del Sector Salud, como los hospitales que forman parte del Instituto de Salud para el Bienestar y el ISSSTE.

Les decimos que no nos vamos a rendir y que vamos a segur en esta lucha (…) los papás de niños con cáncer no tenemos enemigos, nuestro único enemigo es el cáncer“, finalizó.

Con información de La Silla Rota

Visores de buceo son adaptados como máscaras para Covid

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Investigadores del Tec de Monterrey y del Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” adaptaron visores de buceo como alternativa a las mascarillas N95. Ante la escasez de equipo médico para enfrentar el coronavirus.

Está compuesto por una máscara de buceo y un adaptador con filtro.

La nueva mascarilla está diseñada para minimizar la acumulación de humedad en el visor y que no se empañe como los goggles regulares.

La mascarilla queda totalmente sellada y permite la protección total de la cara, además es esterilizable. También, le hemos implementado un adaptador que hace posible la colocación de un filtro que brinda protección ante la entrada y salida de bacterias o virus“, dijo Mariel Alfaro, ingeniera biomédica del Tec de Monterrey Campus Ciudad de México.

En un comunicado, las dos instituciones informaron que el Hospital General de Zona 24 del IMSS, el Instituto Nacional de Perinatología, el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE y la Cruz Roja Mexicana Polanco ya recibieron este equipo.

 

 

 

(Con información de El Norte)

Revelan que administración de EPN desvió fondos destinados para insumos médicos

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Durante la Administración de Enrique Peña Nieto se desviaron recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que debieron ser utilizados para adquirir ventiladores, uniformes y medicamentos para la institución.

Entre 2014 y 2018, el IMSS contrató a 133 empresas fantasma a las que les pagó 320.9 millones de pesos por 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, gasas y medicinas.

De acuerdo con datos proporcionados por Impunidad Cero y Justicia Justa en el estudio Facturas falsas: la epidemia en el sector Salud, de 2014 a 2018, los sectores de Salud federal y estatales desviaron 4 mil 179 millones de pesos a empresas fantasma.

El IMSS fue la segunda institución con el mayor desfalco.

En los años analizados los directores del IMSS fueron: José Antonio González Anaya (2012-2016), Mikel Arriola (2016-2017) y Tuffic Miguel Ortega (2017-2018).

Uno de los contratos se firmó en 2017 con la empresa Interacción Biomédica por 4.7 millones de pesos para supuestamente adquirir nueve ventiladores pediátrico-adulto-neonatal, después de un proceso de licitación.

Cada ventilador, se lee en el fallo de compra realizada por la delegación Tamaulipas, costó 532 mil 652 pesos y según las especificaciones, es un equipo electromecánico controlado por microprocesador y de soporte de vida para apoyo ventilatorio”.

El contrato se firmó el 28 de noviembre de 2017, cuatro meses después de que la empresa fuera señalada de forma definitiva por el SAT como fantasma y su nombre apareciera publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Un año después, se le otorgó otro contrato por 2.3 millones para surtir a la delegación del Instituto en Michoacán de gasas, jeringas, algodón, catéteres, termómetros, jabones, antisépticos, vendas y tubos para recolección de sangre.

Entre 2017 y 2018, Biomédica vendió al IMSS más ventiladores y equipo médico para el área de urgencias por 10.7 millones de pesos, entre el que había cunas de calor radiante, electromiógrafos y monitores de signos vitales.

Esta empresa también celebró contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otros organismos de salud estatales, como el del Estado de México, al que le vendió mil 474 millones de pesos.

En materia de construcción, la empresa fantasma que facturó el monto más alto fue Tradeco Urbana, filial de Grupo Tradeco, uno de los consorcios más beneficiados en el gobierno de Felipe Calderón y que estuvo a cargo de importantes obras, como la construcción del Puente Baluarte Bicentenario, el más alto de Latinoamérica.

A finales de 2013, Tradeco Infraestructura en conjunto con Tradeco Urbana, ganó un contrato por 447.6 millones de pesos para la construcción de un hospital en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, pero ante al retraso en la obra, en octubre de 2015 el IMSS le revocó el contrato y encargó la obra a otra empresa.

En noviembre de ese año el ISSSTE, que le había otorgado a Tradeco Infraestructura y Grupo IGSA otro contrato para la construcción de un hospital, también se lo revocó y comenzó un procedimiento administrativo que culminó con una inhabilitación por 30 meses para Tradeco Infraestructura.

Ahora se sabe que entre 2014 y 2015, el IMSS le pagó 147 millones de pesos a Tradeco por los incipientes trabajos en el hospital de Aguascalientes. En octubre de 2017 el SAT determinó de forma definitiva que Tradeco Urbana había emitido comprobantes fiscales, entre ellos los del IMSS, que amparaban operaciones inexistentes.

Otra empresa fantasma que supuestamente realizó trabajos de conservación de unidades médicas rurales en Oaxaca fue Arquitectura e Ingeniería Celsus, que ganó tres contratos por 690 mil pesos, mientras que Ax Servicios y Concesiones remodeló los quirófanos del Hospital General de Zona en Ciudad del Carmen, Campeche.

Entre los insumos que es muy probable que no hayan llegado a los hospitales porque se compraron a empresas fantasma hay 12 reanimadores de asistencia ventilatoria para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, cuatro aspiradores portátiles, sillas de ruedas, nebulizadores, camas, incubadoras, anteojos y gafas protectoras.

Entre los recursos desviados a compañías fachada hubo al menos 14.6 millones de pesos que iban para compra de equipo, en su mayoría aparatos médicos para el área de Urgencias.

Diversas empresas expidieron al IMSS 7.2 millones de pesos en facturas que terminaron siendo inválidas para adquirir instrumental médico y quirúrgico, como fórceps, espátulas, pinzas, separadores de tejido, charolas, vasos metálicos, tijeras y cánulas. También se destinaron 3.5 millones de pesos para la supuesta compra de medicamentos y material de curación, como jeringas, compresas, alcohol, gasas absorbentes, algodón, vendas elásticas, parches, antisépticos y cubrebocas.

Se desviaron 33.1 millones de pesos que serían para la compra de ropa hospitalaria, 21.7 millones de pesos para adquirir colchas y sábanas para camas, y tres millones para abastecerse de colchones y colchonetas.

Los contratos más cuantiosos de ropa para el personal médico se los llevó Hinfra.

En 2017, el IMSS le pagó 24.7 millones de pesos por uniformes quirúrgicos en tallas mediana, grande y extra grande, así como 11.7 millones para batas de aislamiento. Un año antes, en 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había advertido que la empresa simuló operaciones con beneficiarios de subsidios. Además, Hinfra está involucrada en un presunto desvío de 12 millones de pesos en Chihuahua, donde también se investiga al ex Gobernador César Duarte Jáquez.

La Fiscalía General del Estado reveló que Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor del estado y acusado de peculado, otorgó un contrato a la compañía para simular servicios de asesoría que nunca se llevaron a cabo,

Hinfra, constituida en Puebla en 2013, es la segunda empresa fantasma que más facturó al IMSS.

De acuerdo con los datos recabados por Impunidad Cero, vendió al Instituto insumos por más de 60 millones de pesos.

El Instituto también desvió al menos 44.6 millones de pesos que serían destinados a diversos trabajos de mantenimiento a sus instalaciones hospitalarias y de conservación a su infraestructura, a diversas empresas que sólo existían en el papel.

En 2014 desembolsó 5.6 millones de pesos supuestamente para que la Comercializadora Radchen le prestara diversos servicios de mantenimiento. Uno de ellos era para la limpieza de ductos de aires acondicionados en la delegación del IMSS en Tamaulipas.

La delegación del IMSS en Nuevo León le otorgó a Grupo Global de Negocios un contrato por 2.3 millones de pesos en 2016 para que le diera mantenimiento a unos montacargas. Otro rubro al que se destinaron 8.5 millones de pesos fue al de compras de artículos terapéuticos y playeras deportivas.

Cabe mencionar que, de acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de la Función Pública, desde el 01 de mayo pasado inició una investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte del IMSS, desde su delegación en Hidalgo.

La dependencia agregó que durante el pasado fin de semana se requirió información al IMSS y se giró un oficio al director de la Institución, Zoé Robledo, para contar con mayores elementos para resolver el caso con celeridad.

Rechazan derroche en compra de estadio de béisbol

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El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, rechazó que se haya incurrido en un derecho de recursos en la trompa del estadio de beisbol Héctor Espino en Sonora por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en plena contingencia por COVID-19.

En su cuenta de Twitter, Ramírez Cuevas aclaró que la compra se llevó a cabo desde el 30 de diciembre de 2019 y el pago se hizo en febrero de este año con recursos previamente comprometidos.

El funcionario detalló que todo esto es como parte de un acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)  y el gobierno sonorense para fortalecer las finanzas del ISSSTE de la entidad y así garantizar las pensiones de los trabajadores.

“Gran parte de esos recursos serán invertidos en el sector salud”, señaló el vocero.

 

Pacto Fiscal

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La semana pasada, los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila manifestaron su intención de realizar una revisión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (en adelante SNCF).

Posteriormente, se sumó a esta iniciativa el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, afirmando que de no modificarse el pacto fiscal se plantearía abandonarlo.

Todos, bajo las premisas falaces de que lo justo es que se otorguen mayores recursos a los Estados que más aportan a la Federación y, que reciben menos dinero del que recaudan sus respectivas Entidades federativas; pasando por alto el funcionamiento del SNCF.

El SNCF, tal y como fue señalado en su exposición de motivos, no impide que los Estados recauden sus propios impuestos, sino por el contrario, supone que tanto el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales actúen con prudencia a efecto de no superponer gravámenes sobre el contribuyente.

Prácticamente, se trata de un acuerdo entre la Federación y Estados, en el cual las Entidades federativas reciben participaciones a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente de riqueza, esto es, abstenerse de tener un impuesto federal y local sobre el mismo concepto.

Ahora bien, a efecto de fijar las participaciones se creó un Fondo General, el cual se constituye con el 20% de la recaudación que obtenga la Federación en un ejercicio fiscal.

Es decir, del monto total recaudado el 80% es para la Federación y el 20% para los Estados.

No obstante, lo anterior no quiere decir que únicamente el 20% sea invertido en las Entidades como erróneamente lo hacen ver las declaraciones de los gobernadores, pues ese 80% que conserva la Federación se trata de recursos utilizados para la creación y mantenimiento de tribunales, hospitales, escuelas, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, carreteras, seguridad pública, puentes internacionales y puertos, la rehabilitación de la refinería en Madero, la creación de la línea 3 del tren ligero en Jalisco, la presa libertad en Nuevo León, etc. prácticamente inversión en todo el País.

Máxime, que además existen fondos de aportaciones federales a los que pueden acceder los Estados, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de objetivos.

Así, en primer término es claro que las Entidades federativas reciben menos de lo que aportan a la federación, pues únicamente el 20% de la recaudación es participable y en consecuencia de libre administración por los Estados; sin embargo esto no quiere decir que ese 20% sea la única inversión realizada en la entidad, pues insisto, el otro 80% de la recaudación se ocupa para el funcionamiento de áreas que competencialmente le corresponden a la federación.

Por otra parte, es cierto que históricamente los Estados con mayor actividad económica reciben menos ingresos que los más rezagados, sin embargo, esta situación per se no implica una actuación arbitraria por parte de la federación o un maltrato hacia las Entidades Federativas.

Esto, pues por mandato constitucional, a la Federación le corresponde fomentar el desarrollo regional y redistribuir la riqueza, a efecto de permitir el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos.

Así, la idea de otorgar mayores porciones de participaciones a los Estados que más recaudan aunque sea lo “debido”, produce el inconveniente de que las Entidades rezagadas no obtengan recursos que auxilien su desarrollo económico. 

Por lo anterior, califico de falaces las premisas de justicia sobre el reparto de las participaciones aducido por los gobernadores, pues pasan por alto el funcionamiento del SNCF, el gasto para el mantenimiento de áreas que competencialmente le corresponden a la federación y la obligación de fomentar el desarrollo regional y redistribuir la riqueza.

Finalmente, aunque comparto la idea de revisar el SNCF que data de 1978, estimo que la discusión debe darse en la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, tomando en consideración los puntos señalados en el párrafo anterior y no de manera incendiaria en declaraciones de prensa.