Sanción a la abstención

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El 24 de octubre de 2019, la Senadora Nadia Navarro Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de obligación del voto.

Misma, que fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

En la referida iniciativa, esencialmente se propuso reformar los artículos 128, 447 numeral 1 y 456 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de combatir el abstencionismo electoral.

Lo anterior, considerando como nueva causal de infracción la no emisión del voto sin que exista causa justificada y, sancionando al infractor impidiéndole realizar gestiones o trámites ante los entes públicos federales, estatales o municipales durante el lapso que fije la autoridad electoral.

Siendo oportuno precisar, que no se pretende sancionar a quien libremente acude a las urnas y decide anular su voto pues no lo convencen las propuestas de los candidatos, sino por el contrario, únicamente se sancionará a aquellos que sin causa justificada se abstienen de cumplir con su obligación como ciudadanos de la República de acudir a las urnas en las elecciones.

Sobre el particular, considero que esta reforma es necesaria, pero sobre todo congruente con el texto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM). 

Necesaria, puesto que tal y como lo señaló la Senadora Nadia Navarro Acevedo el abstencionismo electoral golpea fuertemente la democracia, siendo imperativo adoptar medidas para su disminución, sin contar el elevado costo financiero que esta práctica representa para el Estado Mexicano.

Máxime, que según se advierte del “estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las Elecciones Federales de 2009, 2012 y 2015“, en México el promedio de participación ciudadana (contando elecciones intermedias y presidenciales) desde 1991 a 2015 es del 57.58%, es decir, existe un preocupante 42.42% de abstencionismo electoral.

Situación anterior, que evidencia la necesidad del Estado Mexicano, por una reforma como la que hoy nos ocupa.

Por su parte, la reforma es congruente con el texto de nuestra CPEUM, pues si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 35 de la CPEUM votar en las elecciones populares es un derecho de la ciudadanía, lo cierto es que el alcance del referido derecho debe interpretarse como la facultad que tiene el ciudadano mexicano para ejercer su voto libremente en las urnas y no así, como la facultad del ciudadano mexicano para decidir sí acude a ejercer el derecho o no.

Lo anterior, puesto que a la par del derecho de la ciudadanía para votar en las elecciones populares, subsiste la obligación contenida en la fracción III, del artículo 36 de la CPEUM, que expresamente establece que son obligaciones del ciudadano de la república votar en las elecciones y en las consultas populares.

Esto, pues tal y como lo señaló, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus “Apuntes de Derecho Electoral” atendiendo a que la norma tiene que permitir el cumplimiento de lo ordenado, y la omisión de lo prohibido, encuentra significado el aserto de que todo mundo tiene el derecho de cumplir con sus obligaciones.

No es óbice, que lo anterior aparentemente resulte una contradicción, pues desde una perspectiva lógico-jurídica, votar se trata de una obligación que se traduce en la función pública de integrar los órganos de elección popular y que funda, a su vez, el derecho del ejercicio obligatorio de votar.

En este orden de ideas, siguiendo con la lógica-jurídica de que a todo incumplimiento de una obligación debe corresponder una sanción, es que resulta congruente la reforma que hoy se comenta.

Finalmente, espero que nuestros legisladores logren advertir la necesidad y congruencia de la reforma propuesta y, sea aprobada a la brevedad con las modificaciones técnicas correspondientes.

Congresos Locales y Federalismo

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Recientemente en las entidades federativas, sus poderes locales han realizado modificaciones que ponen en duda el respeto al federalismo. Si bien, existe un diferente tipo de federalismo al comparado con décadas anteriores, las entidades federativas continúan sin entender la dinámica con el Pacto Federal y nuestro máximo ordenamiento jurídico: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Charles de Secondar, Barón de Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes” propone el modelo actual de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a fin de un autocontrol del poder y evitar la tiranía. Por ello, en nuestro país los constituyentes del siglo XIX conjugaron ideas del modelo francés, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Con ello, los constituyentes deseaban establecer controles constitucionales al poder político y entendían que el Legislativo sería un ambiente de confrontación para la limitación del Ejecutivo. Sin embargo, tres episodios recientes nos demuestran lo frágil de este balance y el regreso a viejas prácticas para evadir el federalismo, el cual también es contrapeso. El crítico y comentado suceso en Baja California, donde el Poder Legislativo reformó la constitución para ampliar el mandado del gobernador electo de 2 a 5 años. En otro episodio, se promulgó en Tabasco la llamada “Ley Garrote”, que vulnera y pone en peligro inminente el ejercicio de libertad de expresión, y por último, Yucatán, al no aprobar el dictamen que reformaría la Constitución Local que permitiría el matrimonio igualitario, a pesar de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Como podemos apreciar en estos casos, los Congresos Locales han vulnerado lo estipulado en la Constitución Federal bajo un argumento en común: respeto a la soberanía de las entidades federativas. Sin embargo, y con el mayor respeto, en los estados necesitan clases para entender soberanía y federalismo. Ningún legislador, gobernador o magistrado en su sentido particular o colegiado, es superior a lo estipulado en la Constitución Federal, y tanto es así, que la misma Carta Magna es la que impone las condiciones, características, formas y procesos de conducirse de todos los poderes, en cualquier tipo de expresión. A esto, no me refiero que los estados no tengan una naturaleza de soberanos y autónomos, al contrario, también existe actualmente una vulneración a ello por parte de la nueva administración, ejemplo es la materia de salud con el proyecto de federalizar el sistema de salud pública. La soberanía de las entidades se fortalece con el respeto al Pacto Federal, y el entender que somos un país unido bajo una misma expresión constitucional, y que nadie puede reformar o modificar leyes al antojo propio o imaginación inconstitucional, y que al estipular límites se fortalece la dinámica estados-federación. Levitsky y Ziblatt en su obra “How Democracy Dies”, mencionan que las instituciones por si solas no bastan para defender y hacer valer la constitución y debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison. Sin duda, no entienden que no entienden.

Oposición advierte a secretarios por memorándum de AMLO

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Con un memorándum, el senador panista Julen Rementería del Puerto advirtió a los titulares de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, Educación y Gobernación que pueden ser sancionados si acatan la instrucción que les giró el Presidente de la República para vetar la ley educativa vigente.

“Con el máximo respeto al cargo que dignamente representan, les exhorto a no violentar la Constitución y las leyes secundarias en materia educativa. Les recuerdo que toda conducta que realicen intencionadamente en contra de la norma fundamental de nuestro País puede ser sancionada. Estaremos atentos a su actuación”, sostuvo en el escrito.

Con fecha del 16 de abril, el legislador dirigió el memorándum a los funcionarios después de que el Ejecutivo tomara la decisión de “dejar sin efecto” la reforma educativa impulsada por el ex Presidente Peña Nieto con un memorándum que turnó a sus Secretarios.

“Causa extrañeza el memorándum dirigido a ustedes el día de hoy por parte del Presidente de la República, donde se les instruye a cumplir con una serie de lineamientos y directivas, marcados con los incisos a), b), c) y d), en ausencia de facultades expresas por el texto constitucional, con la única única finalidad de ‘abrogar’ la denominada reforma educativa”, planteó.

“Si el Presidente como en otros casos, pretende intencionalmente desconocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al amparo de la impunidad procesal (de) que goza y que le impide ser procesado como cualquier ciudadano, no debe traducirse en una conducta a imitar por parte de ustedes, pues la Constitución no faculta en ninguno de sus artículos a que el titular del Ejecutivo federal, o su gabinete, pueda dejar sin efectos una reforma constitucional y sus leyes secundarias, a través de un acto unilateral de voluntad.

“Lo anterior, implicaría desconocer flagrantemente el texto constitucional del cual algunos de ustedes son más que letrados”, expuso el legislador.

A través de un tuit dirigido a los Secretarios, Rementería del Puerto también les dejó otra advertencia: “Si ustedes deciden violar la Constitución, los mexicanos nos encargaremos de que paguen las consecuencias. Hoy, mañana o en un futuro no lejano. Aquí les dejo un memorándum“, ironizó el senador incorporando el documento.

Avala Cámara de Diputados a la Guardia Nacional

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Por unanimidad, la Cámara de Diputados apto el proyecto de decreto para la creación de la Guardia Nacional. Ahora pasará a los congresos de los 32 estados, donde se espera que obtenga el aval de 17, para luego ser promulgada en el Diario Oficial de la Federación, por el Poder Ejecutivo para su creación.

La iniciativa fue aprobada sin cambios con 463 votos a favor, uno en contra y 0 abstenciones.

“Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafo noveno párrafo décimo y su inciso b); 31, fracción III, fracción IV; 36 fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21;  y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, menciona el decreto de Dictamen de la Guardia Nacional.

El documento establece que el nuevo cuerpo de seguridad tendrá un mando civil, respetará el federalismo y contará con cinco años como tiempo máximo para comenzar a operar.

“Las instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El decreto también establece que la actuación de la Guardia Nacional estará apegada a los compromisos en derechos humanos en materia internacional que ha suscrito México. Además, la eliminación de candados a cargo del Legislativo para tener la facultad sobre la Guardia Nacional, así como la obligación de los gobernadores para capacitar a los policías locales.

López Obrador no descarta una nueva Constitución al final de su sexenio

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes, en el marco del 102 aniversario de la Constitución de 1917, que la Carta Magna ya está “muy parchada” porque se le han hecho muchas reformas y que, aunque no lo hará su Gobierno, las próximas generaciones no deben descartar la creación de una nueva.

“Los que son maestros en el tema hablan de que ya son demasiadas las reformas, entre 700 y 900 reformas, no sé el dato exacto. Está muy parchada la Constitución, muy remendada. No se debe descartar hacer una nueva Constitución, pero a lo que nosotros corresponde vamos a impulsar reformas en tres sentidos”, dijo.

De acuerdo con el estudio “Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la Constitución se ha reformado 707 veces.

López Obrador indicó en el Teatro de la República, en Querétaro, que su Gobierno optó por realizar reformas en tres sentidos: acabar con la corrupción, combatir la impunidad y defender a la democracia. Dijo que pese a que busca crear una cuarta transformación se optó por mantener la Constitución actual para darle prioridad a otras tareas.

“Nosotros buscamos una nueva transformación y correspondería tener una nueva Constitución. Pensamos, sin embargo, que no hay condiciones para hacerla, porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes y se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución“, dijo.

“Consideramos que nuestras reformas tienen la misma importancia y profundidad que una nueva Constitución, que no debe descartarse, pero que podría dejarse para el porvenir, para cuando entreguemos la estafeta a las nuevas generaciones, que ellos convoquen a un nuevo constituyente y elaboren una nueva Constitución“, agregó.

Dijo que será primordial reformar la Ley para que la corrupción sea considerada como delito grave además de que al presidente se le juzgue por dicho delito y no únicamente por ‘traición a la patria’.

“Se propone que el Presidente sea juzgado por corrupción y se terminen los fueros y privilegios en todo el Gobierno, esa es la gran reforma que hace falta”, dijo.

Al evento acudieron los miembros de su gabinete; el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; el coordinador de la Cámara de Senadores, Martí Batres; los gobernadores de las 32 entidades del país, y los comandantes de las Fuerzas Armadas de México.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

Consulta pública sobre el NAIM es inviable: CCE

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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que no debe someterse a consulta pública la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y tampoco será conveniente cancelarlo porque habrá implicaciones jurídicas y financieras, así como afectaciones a la reputación del País.

Para el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, no hay garantías de imparcialidad, objetividad y seguridad en la consulta ciudadana y se trata de un ejercicio que “no se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de consulta Popular“.

Además de que “la cancelación del NAIM tendría implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente riesgos reputacionales y de confianza en perjuicio de México y de futuros proyectos de gran envergadura, que requieren inversión nacional e internacional”, dijo Castañón.

Las cuestiones técnicas deben decidirlas las instituciones y funcionarios, pero no por consulta, ejercicio que “no tiene validez legal y no es jurídicamente vinculante”.

Añadió que si bien es importante la participación ciudadana para un “desarrollo democrático robusto”, las decisiones para contar con “desarrollo económico y de infraestructura” al ser de alta complejidad corresponden a la autoridad, porque es la que tiene “la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas, para concluir con la mejor opción”.

Propone Jorge Blanco mayores sanciones por Acoso Cibernético

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Para proteger la dignidad de las personas, la vida privada y evitar el acoso cibernético, el Coordinador del Grupo Legislativo Independiente, Jorge Blanco Durán, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado.

Desde la tribuna del Congreso, el Diputado planteó la necesidad de elevar las sanciones a quienes divulguen sin consentimiento o autorización alguna fotografía, imagen, audio o video de contenido erótico o sexual de una persona con la que haya mantenido una relación de confianza, afectiva o sentimental, afectando su intimidad.

“Esto va más directamente al Código Penal. Muchas veces se ha dicho que es imposible controlar todo lo que se comparte en los grupos de WhatsApp, la diferencia es que no podemos llegar todavía a los terceros, simplemente estamos hablando del que origina la falta, el que con dolo y alevosía quiere hacerle daño a una persona”, aseguró el Legislador Independiente.

La iniciativa considera hacer énfasis en salvaguardar la dignidad de la persona, cuando sea víctima de acoso. En la exposición de motivos plantea que el 90% de los afectados por tal conducta son mujeres, de acuerdo a investigaciones de especialistas.

La iniciativa plantea que se “sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años y de ochocientos a dos mil días multa. La pena se aumentará hasta en una mitad cuando la víctima fuese menor de dieciocho años de edad, o se trate de persona que no tiene la capacidad de comprender el hecho o no tenga la capacidad de resistirlo”.

En caso de que el delito lo cometiera un servidor público y usara los medios que su cargo le proporciona, la pena se incrementaría un tercio y sería destituido del cargo.

De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado garantiza el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional: repaso de un año de trabajo

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El Congreso General de la República tiene tareas sustanciales para la vida de nuestro país que cumple a través de las diversas Comisiones que integra a su interior, una de ellas es la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en la que participan, como su nombre lo indica,  legisladores de ambas Cámaras. Esto es así porque ahí se conocen y analizan temas que tienen una alta sensibilidad e importancia estratégica para la nación en su conjunto, dado que la seguridad nacional trata entre otros aspectos de preservar la independencia, soberanía e integridad del Estado mexicano así como de generar una condición de paz y estabilidad que permita el desarrollo con base en las aspiraciones y objetivos nacionales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En pasado jueves 4 de octubre hice entrega de la Presidencia de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional a la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, en Sesión Ordinaria de dicha comisión llevada a cabo en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Previo a este hecho, entregué también el Informe de Labores correspondiente para exponer las actividades que se desarrollaron desde la Presidencia de la Comisión durante el año que estuve al frente de ella, las cuales se orientaron a tres ejes centrales: 1. Fomentar una cultura de Seguridad Nacional; 3. Respeto a las instituciones; Fortalecimiento de la identidad nacional y nuestros símbolos patrios.

Bajo esta noción durante un año se generaron actividades sustanciales para el propio desarrollo de la Comisión a través de tres sesiones ordinarias y una reunión de trabajo con funcionarios federales. Además se organizó el Congreso de la Cultura de Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados en el lapso que va del 21 al 24 de febrero de 2017 donde se contó con la participación del Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que es la escuela de altos estudios militares donde se forman a los altos mandos militares  y a algunos funcionarios civiles en esta materia compleja y multidimensional.

Gracias al trabajo de todos los participantes se produjo un libro con el mismo título impreso en agosto, el cual integró el trabajo de especialistas, académicos y políticos que reflexionaron en las tres mesas de trabajo del evento, de ese mismo tema se realizó un foro en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De igual manera, para reforzar el respeto a nuestros símbolos patrios se montó la exposición que llevó el título “La Bandera Mexicana 1810-1867” en la Cámara de Diputados y que posteriormente se exhibió en los congresos locales de Nuevo León y Puebla, así como en el Poder Judicial, el Palacio de Gobierno, la Casa de Cultura de Nuevo León, y la Universidad Autónoma de Nuevo León. También se realizó la exposición que llevó el título “Identidad Nacional Fortaleza de México: Objetos que cuentan nuestra historia”, y se produjo el cortometraje Centenario de la Constitución en cual ha sido visto por más de 6 millones de persona a través de Facebook, también en el marco de esta conmemoración se entregaron más de 80 mil ejemplares del cómic de colorear “Centenario de la Constitución”.

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tuvo un desempeño que se desplegó a través de la organización de diferentes foros relativos  a la seguridad nacional hasta el montaje de las exposiciones antes señaladas, pasando por la participación en eventos, discusiones académicas y con ONG’S y cámaras empresariales; baste señalar que se impartieron doce conferencias para igual número de universidades, con el propósito de acercar y difundir la cultura de la seguridad nacional en diversos sectores de nuestras sociedad.

Durante estas actividades, desde la Presidencia de esta Comisión se avanzó con el propósito de que más allá de cualquier agenda partidista o de grupo político, había que establecer el interés de México y sus instituciones. Por ello, tras la entrega de la Presidencia señalé públicamente que “mi trabajo al frente de la comisión siempre puso por delante el amor a México, yo trabajé y seguiré trabajando por México, no por ningún partido político”.  Los partidos políticos son instituciones de interés público y son necesarios para la vida política nacional,  al mismo tiempo, al seno de esa pluralidad, cualquier ciudadano debe asumir el interés mayor de trabajar y contribuir para hacer patria.

Uber pide a los Diputados Locales Legislar a favor de los Ciudadanos

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Uber solicitó a los diputados locales a legislar en favor de los ciudadanos, dado que, días anteriores se presentó una iniciativa en el Congreso para prohibir el pago en efectivo en plataformas digitales de transporte que operan en la ciudad.

A través de un comunicado, la compañía señaló que la opción del pago en efectivo es “un derecho del consumidor”, pues en México la moneda nacional tiene “poder liberatorio absoluto y los mexicanos pueden pagar todos los servicios en la moneda de curso legal”.

El Congreso Local no tiene facultades para regular sobre la política monetaria, ni para decidir qué sí y qué no puede pagarse en efectivo u otra modalidad de pago. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable de la conducción y emisión de dicha política es la banca central y es facultad del Congreso de la Unión fijar las condiciones de la moneda nacional“, se estipuló en el texto.

Cabe resaltar que el pago en efectivo ya ha sido analizado con anterioridad, gracias a que el Congreso de Yucatán había presentado la limitación del pago en efectivo, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó como inconstitucional, dado que marca una limitante para el consumidor.

Uber expresó que, “el restringir los pagos en efectivo genera la protección para un gremio, no para los miles de regiomontanos que pagan a través de Uber en efectivo”.

De acuerdo con información proporcionada por Uber, en Nuevo León alrededor del 60 por ciento de los viajes que se realizan por medio de la aplicación son con la modalidad en efectivo.