Invertir en México es acto de heroísmo: CCE

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“En el México regulado de hoy, la inversión, si le quisiera poner un adjetivo, diría que es heroica.”

 

El presidente del organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, participó en el Foro Nacional de Consulta Pública para los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020, y declaró que tomando en cuenta todas las sobrerregulaciones y las tasas altas de interés que las empresas enfrentan, invertir en México se ha convertido en un acto “casi heroico”.

 

“Vamos a esperar el 15 de agosto a ver qué decide el Banco de México con las tasas, esa es una de las situaciones que limitan la inversión.”

 

(Con información de SDP Noticias)

Moody’s y Fitch dan otro duro golpe a México

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La agencia calificadora Moody’s bajó la perspectiva de la deuda soberana de México de “estable” a “negativa”, lo que representa un deterioro a pesar de que la calificación del país permanezca en el nivel A3.

De igual forma, Fitch Ratings bajó la nota a ‘BBB’ desde ‘BBB+’, y colocó al país en perspectiva estable, pero también es un criterio negativo para el país.

Lo anterior derivó en una caída del peso frente al dólar que sufrió una apreciación de 1.08 por ciento a los 19.79 pesos por dólar, después de que el Banco de México había cerrado las operaciones del martes en 19.5170 unidades.

En el caso de Moody’s, cambiar la perspectiva a negativa de las calificaciones A3 de México fue motivada por “el debilitamiento del marco de política en dos aspectos clave, con potenciales implicaciones negativas para el crecimiento y la deuda”.

“(En primer lugar) las políticas que ahora son menos predecibles están afectando negativamente la confianza de los inversionistas y las perspectivas económicas de mediano plazo. Segundo, menor crecimiento económico, aunado a cambios en la política energética y al papel que juega Pemex, introducen riesgos para la perspectiva fiscal de mediano plazo, a pesar del compromiso del gobierno con mantener una política fiscal prudente en el corto plazo”, señaló la agencia.

Por su parte, Fitch refiere que la baja de calificación soberana de México refleja una combinación del incremento del riesgo para las finanzas públicas que representa el cada vez más deteriorado perfil crediticio de Pemex además de pronósticos de crecimiento cada vez más débil, lo cual es exacerbado por amenazas externas de tensiones comerciales, algo de incertidumbre en la política doméstica y restricciones fiscales.

Los ajustes se dan en un contexto de negociaciones entre México y Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre los aranceles a productos mexicanos que pretende imponer la Administración de Donald Trump, medida que, de no detenerse, entraría en vigor el 10 de junio.

Banxico vuelve a recortar expectativa de crecimiento económico

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El Banco de México (Banxico) recortó sus expectativas de crecimiento de la economía para este año, aunque mantuvo sin cambio las relacionadas con 2020, de acuerdo con su informe trimestral enero-marzo 2019.

Banxico prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca entre 0.8 y 1.8 por ciento en el primer año de Andrés Manuel López Obrador, su previsión era de 1.1 y 2.1 por ciento.

En lo que respecta al 2020, mantiene su expectativa entre 1.7 y 2.7 por ciento.

De acuerdo a su reporte trimestral, estas proyecciones se dan en un contexto donde en el primer trimestre se acentuó la debilidad que la economía mexicana había exhibido a finales de 2018, reflejando tanto factores externos como internos.

Especialmente, el retroceso de la actividad económica fue reflejo de la contracción tanto de las actividades secundarias, como de las terciarias.

Al tiempo que, a finales de 2018 y en el periodo que se reporta, el consumo privado mostró un débil desempeño; pero tanto las remesas como la confianza del consumidor se mantienen en niveles elevados.

Se establece que entre los principales riesgos para el crecimiento de la economía se encuentran que, el proceso de ratificación e implementación del T-MEC se retrase y genere mayor incertidumbre, lo cual afectaría la inversión.

También la mayor incertidumbre interna que afecte a la inversión y el consumo y que se observe un deterioro en la calificación de la deuda de Pemex o en la del país, y que se presenten nuevas afectaciones a la producción o distribución de bienes y servicios.

Entre los aspectos de riesgo externos, se encuentra la posibilidad de mayores disputas comerciales a nivel mundial; que se observen episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales, y una desaceleración mayor a la esperada de la economía y comercios globales.

Las previsiones para la inflación general anual se ajustaron ligeramente al alza por mayores previsiones para los precios de los energéticos y por los aumentos recientes en la inflación subyacente, en particular, alzas mayores a las previstas de los precios de algunos servicios.

El subgobernador del banco central, Jonathan Heath descartó que haya posibilidad de una recesión de la economía.

Aunque dijo que “en esto de la recesión creo que si me hacen apostar en 100 a 1, pues suena muy interesante, no veo yo una recesión, yo creo que perdería la apuesta, sin embargo 100 a 1 chance y lo tomo”.

Cabe recordar que en febrero pasado, cuando Banxico recortó su expectativa del PIB para 2019 por tercera ocasión, López Obrador dijo que “les vamos a demostrar que va a crecer la economía”.

A pesar de ese optimismo, en abril la Secretaría de Hacienda tuvo que recortar su previsión de crecimiento para este año de 1.5 y 2.5 a ubicarse en 1.1 y 2.1 por ciento.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Banxico reduce estimado de crecimiento para el 2019

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En su encuesta de abril, expertos del sector privado consultados por el Banco de México (Banxico) consideraron que para el cierre de 2019, el crecimiento el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicará en 1.52%, menor al 1.56% estimado el mes de marzo.

Por otro lado, se mantienen las expectativas de inflación cercanas a 3.66%, con un tipo de cambio de 19.90 pesos, siete centavos menos que en su previsión de marzo.

Para el 2020, prevén un crecimiento del PIB de 1.72%, cifra menor al 1.82%, desde un 3.65% previo, y un tipo de cambio de 20.34 pesos por dólar.

Para los especialistas consultados, entre los factores que podrían amenazar el crecimiento de la economía nacional destacan nuevamente la incertidumbre de la política interna y los problemas de inseguridad pública.

 

El banco central, la política monetaria y el crecimiento económico en México

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Existe una relación estrecha entre la política fiscal y la política monetaria. El gasto del gobierno puede ser financiado a partir de tres fuentes: recaudación a través de impuestos, endeudamiento (interno o externo) o emisión de papel-dinero. 

La razón por la cual el gobierno prefiere la última fuente sobre la segunda es por dos factores: por un lado, mientras los bonos poseen un costo (pago por servicios de la deuda), el dinero no acarrea intereses; por otro lado, el llamado impuesto inflacionario perjudica a los ahorradores y beneficia a los deudores. En este caso, si financia su gasto a partir de la emisión de dinero, éste es usado antes de que el aumento en la masa monetaria afecte los precios. De esa manera, para el público, la inflación representa un impuesto al consumo, ya que se desvaloriza la moneda y, por ende, ésta posee un menor poder adquisitivo.

Empero, la inflación tiene efectos nocivos para el bienestar social en general. Por un lado, distorsiona los precios relativos entre bienes y, por el otro, merma la acumulación del capital, es decir, desincentiva la inversión. 

La economía mexicana vivió periodos de hiperinflación en los años ochenta como consecuencia de políticas fiscales deficitarias y políticas monetarias expansivas. Es bueno que el consciente colectivo mexicano lo tenga presente. Asimismo, el gobierno ha aprendido del pasado y, ante ello, ha procurado cuidar los indicadores macroeconómicos. Ello fue posible, en parte, gracias a la autonomía del Banco de México.

El banco central tiene como prioridad velar por la estabilidad de los precios, lo que se traduce a mantener el poder adquisitivo del peso mexicano. Desde su autonomía, a principios de los noventa, este objetivo se ha cumplido en términos generales.

Empero, ¿el banco central sólo debe contener la inflación? o ¿es capaz de incentivar el crecimiento económico?

Estas preguntas entran a colación debido a que el próximo jueves (28 de marzo) la Junta de Gobierno de Banxico decidirá si mantener o no la tasa de referencia interbancaria (la tasa a la que se prestan los bancos). 

Existen múltiples factores de los que depende la decisión del Banco. En primer lugar, el miércoles pasado (20 de marzo), la Reserva Federal anunció que la tasa de referencia se mantendrá entre 2.25 y 2.5 en lo que resta del año. 

En la jerga monetaria la actitud de la FED se le denomina dovish (en contraposición con hawkish) e implica que el Banco desea incentivar la economía estadounidense. ¿En qué sentido? Manteniendo a una tasa baja el costo del dinero, es decir, promoviendo el crédito y con éste la inversión. 

Esta conclusión a la que llega la FED se alimenta de dos aspectos: una inflación esperada de 1.8% para el 2019 y el ajuste a la baja del crecimiento de la economía estadounidense (1.9-2.2%).

Asimismo, en el contexto internacional, las expectativas de crecimiento se encuentran a la baja, ante lo cual los bancos centrales del mundo han adquirido una postura laxa frente a la política monetaria; es decir, han incrementado el monto de dinero en circulación, lo que se traduce en tasas de interés más bajas. 

Actualmente en México, la tasa de referencia interbancaria a 28 días es de 8.5125%, muy por arriba de la de Estados Unidos. Si bien México posee un mayor riesgo, por lo cual debe de ofrecer una mayor tasa, la brecha es muy amplia. México posee, entre los países en desarrollo, las tasas más altas, sin contar a Argentina y Turquía, economías en situaciones de alerta.

Los bonos mexicanos, a la tasa actual, son bastante atractivos, más para aquellas economías que hoy tienen políticas monetarias laxas; sin embargo, debido a la amplia brecha, el Banco de México podría aventurarse a reducir la tasa de referencia interbancaria y, con ello, incentivar la economía nacional. Esta posibilidad se refuerza ante el anuncio del día de ayer (22 de marzo) del INEGI sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): la inflación anual es de 3.95%. Aunque el nivel de la tasa de crecimiento de los precios se encuentra por arriba de la inflación objetivo de Banxico (3%), a mi parecer está en niveles sostenibles.

Para combatir la pobreza, la economía mexicana debe de crecer a tasas cercanas al 5% anual. Actualmente, ante el panorama de desconfianza en el gobierno federal y el contexto de desaceleración de la economía mundial, el Banco de México puede ser un elemento, entre muchos otros, que ayude a impulsar la economía nacional.

La importancia de los organismos constitucionales autónomos

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En entrevista con Carmen Aristegui, el ex ministro José Ramón Cossio Díaz señaló el cambio institucional y normativo en el cual se dio la aparición de los organismos constitucionalmente autónomos. Siguiendo un sistema napoleónico, la Constitución de 1917 implicaba una concentración de poder en la rama del Poder Ejecutivo, sobre todo en la figura del Presidente. Se buscaba la centralización del poder ante las fuerzas centrífugas de poder regionales bajo los denominados caciques o caudillos. De esa manera, el Estado adquiría una influencia preponderante y las decisiones políticas se generaban a partir de un complejo e ineficiente entramado burocrático.

En cambio, en los años noventa y siguiendo un modelo estadounidense, el Estado comenzó a delegar algunas funciones técnicas. Los organismos constitucionalmente autónomos transformaron, mas no anularon, la teoría tradicional de la división de poderes. 

Dichos órganos representan un cuarto poder en tanto no se encuentran sujetos a ninguno de los tres anteriores. Sin embargo, ello no implica que se encuentren fuera del Estado, en tanto están regulados por la Constitución misma.

Según una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos autónomos poseen cuatro características esenciales: 1) deben estar establecidos directamente por la Constitución; b) deben mantener relaciones de coordinación con los otros poderes; c) deben contar con independencia financiera y funcional; y 4) deben atender funciones primarias u originarias del Estado para el beneficio de la sociedad.

Esas funciones son aquellas que poseen un alto grado de especialización y complejidad. Es decir, funciones que no deben encontrarse bajo el juego político, sino concentrarse en aspectos meramente técnicos.

Ello implica que sus funciones no se encuentran supeditadas a las visiones ideológicas o políticas, sino que se rigen por parámetros científico-técnicos o formales. 

Sin embargo, existen algunos, sobre todo entre la izquierda, que argumentan que las teorías y metodologías denominadas liberales se encuentran sesgadas ideológicamente. Inclusive existen argumentos absurdos como que el lenguaje matemático es un mecanismo ideológico usado para justificar las políticas liberales y extender la dominación burguesa. 

No niego que los sistemas teóricos en las ciencias sociales pueden encontrarse influenciados por elementos personales y sociales. Siguiendo el pensamiento kuhniano, reconozco que los conceptos y las teorías en las ciencias sociales carecen de universalidad y representan una cierta cosmovisión.

Asimismo, de forma extraordinaria Marx definió a la ideología de la siguiente manera: una visión parcial de la realidad. Sin embargo, el mismo Marx argumentaba que existía una verdad única acerca de la realidad, vislumbrada a través del materialismo histórico y la filosofía dialéctica. 

A mi parecer, las teorías sociales, incluyendo el marxismo, incluyen elementos políticos e ideológicos. Sin embargo, siguiendo a Schumpeter, pienso que existe una objetividad en las herramientas analíticas de las ciencias sociales y por ello es posible hablar de una evolución ascendente. Es decir, existen herramientas, métodos y técnicas que no dependen de la filiación política o ideológica, sino que expresan un elemento pragmático. 

Esas herramientas se traducen en funciones que se rigen por estrictos parámetros de tecnicidad y que no deben contaminarse con intereses políticos. Por ello, la autonomía de estos organismos es fundamental para cumplir sus precisas funciones. 

Hablaré de la importancia de los dos organismos que, a mi parecer, más han contribuido a la resolución de problemas y a justificar la edificación de un cuarto poder. 

El Banco de México fue una institución creada en 1925 para dar solución a dos problemas generados por el conflicto revolucionario: crear un clima de certeza de precios que atrajera  la inversión nacional y extranjera y un mecanismo de financiamiento para que el gobierno cumpliera las promesas sociales estipuladas por el Constituyente. 

Desde sus inicios, el Banco central planteó una postura conservadora en cuanto a la política monetaria y al financiamiento concedido al gobierno. El mismo Rodrigo Gómez a lo largo de su gestión (1952-1970) señaló que nunca sacrificaría la estabilidad de los precios por el crecimiento económico. 

La necesidad de su autonomía técnica -dejar de estar obligado a financiar mediante emisión de dinero al gobierno- fue evidenciada en las crisis de 1982 y 1994.

La función principal del Banco es velar por la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Ello lo logra a partir del control de la masa monetaria en circulación. Si bien existen críticas de su existencia -desde la izquierda hasta los denominados libertarios de la derecha liberal- no puede haber duda de su necesidad.

El otro organismo es el INEGI el cual tiene la función de generar y procesar datos estadísticos. Esta función es fundamental no sólo para el gobierno, sino para consumidores y productores. Como alguna vez señaló Friedrich Hayek, el sistema de precios es el invento involuntario más grandioso de la humanidad. Los consumidores y productores toman sus decisiones a partir de los precios de mercado con el fin de maximizar sus utilidades. Ello permite generar certeza en torno a las expectativas racionales. 

Sin embargo, el INEGI también genera datos en otros rubros, que permiten guiar y evaluar las políticas públicas del gobierno en turno. Por ello, cancelar catorce encuestas debido al recorte en el presupuesto designado al organismo puede ser nocivo para determinar la eficacia de las políticas del gobierno de López Obrador.

Como dijo el ex ministro Cossío Díaz, López Obrador propone el regreso a la ampliación de las funciones del Estado. Integrar nuevamente funciones especializadas y complejas en el Poder Ejecutivo implicaría exponerlas al vaivén de la política. 

López Obrador, quien ha aludido a una versión histórica acotada, debería reconocer la atrofia estatal cuando se busca centralizar funciones altamente especializadas.

Fórmula 1 en México, costos y ganancias según datos oficiales

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En 2014 el Gobierno de México firmó un contrato para la realización de cinco carreras del campeonato mundial de automovilismo deportivo conocido como Fórmula 1. Las tres primeras ediciones dejaron al país y a la Ciudad de México una derrama económica superior a los 23 mil millones de pesos. Dicha cantidad es 600% mayor al monto de dinero público que se tuvo que pagar para realizar todo el evento.

Así lo detallan los datos oficiales del Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, los cuales estiman además que con la derrama económica que dejó la edición de 2018 (que aún se sigue contabilizando) y la que tendrá la edición de 2019, la ganancia final de las cinco carreras será de casi 40 mil millones de pesos.

La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves pasado que la continuidad del Gran Premio de México de Fórmula 1 a partir del 2020 está en duda. Esto ya que el gobierno federal no seguirá costeando los “400 millones de pesos” que anualmente costaría el evento. Añadió que para la Ciudad de México asumir ese costo resulta “oneroso”.

La información obtenida por este medio vía transparencia muestra que el costo anual del evento es aún más alto al señalado por la jefa de Gobierno. No obstante, la derrama económica reconocida por el gobierno federal y por la administración de la capital es significativamente mayor a la inversión inicial.

La información proporcionada por el Consejo de Promoción Turística dependiente de la Secretaría de Turismo indica que en 2014 se firmó un contrato número 36/2014, con la empresa Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), para la realización de cinco carreras de Fórmula 1 en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

El concepto preciso del contrato fue el siguiente: “Servicios de promoción de México por virtud de la realización y ejecución de los actos necesarios para la celebración del evento de Fórmula 1 Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, en cada uno de los años 2015 a 2019″.

El monto total de dicho contrato fue de 213 millones 279 mil dólares. Esto sin tomar en cuenta la inversión que por su lado realizaron entidades privadas.

El monto del contrato fue calculado en virtud de la inversión que requeriría cada una de las cinco carreras en el autódromo Hermanos Rodríguez, y que se estipuló así: para la edición 2015 un monto de 44 millones 177 mil dólares; en 2016 y 2017 un monto de 40 millones 987 mil dólares respectivamente; y para 2018 y 2019 un monto de 43 millones 564 mil dólares respectivamente.

En total, y tomando en cuenta el tipo de cambio anual referido por el Banco de México  (la edición de 2019 se pagó el año pasado), el monto en pesos del contrato es de aproximadamente 3 mil 558 millones de pesos.

En la respuesta a la solicitud planteada el Consejo de Promoción Turística detalló la derrama económica que a nivel país ha dejado la realización de este evento año con año. Señaló que estos datos se obtuvieron a partir de los estudios realizados por la firma especializada AECOM y Formula Money.

De acuerdo con la información proporcionada, la primera edición del Gran Premio de México 2015 dejó una derrama económica para el país de 8 mil 100 millones de pesos;  la segunda edición correspondiente a 2016 dejó una ganancia de 6 mil 600 millones de pesos; y la de 2017 dejó un saldo de 8 mil 400 millones de pesos.

El Consejo agregó que la derrama económica de la edición de 2018 se conocerá con precisión hasta el segundo trimestre de este año, pero estimó que será “similar” a la de ediciones anteriores. Y en el caso de la quinta y última edición del Gran Premio de México, correspondiente a 2019, se estima también una derrama “similar”.

Si se toma en cuenta solo la derrama económica de las tres primeras ediciones, donde hay montos confirmados, esta fue de 23 mil 100 millones de pesos. Esta cantidad es casi ocho veces superior al monto de 3 mil 588 millones de pesos que se pagaron para la realización de las cinco carreras o, lo que es lo mismo, un incremento de más de 600%.

Y si se toma en cuenta que al cierre de las cinco ediciones se estima una derrama económica de entre 38 mil y 40 mil millones de pesos, este monto representaría un alza de casi 1 mil 200% en comparación con la inversión para su realización.

En 2016 la derrama económica específica para la Ciudad de México fue de 1 mil 577 millones de pesos, mientras que en el año 2017 el Gran Premio dejó una ganancia de 1 mil 632 millones de pesos.

Lo anterior significa que, tan solo la capital del país, hubo una derrama económica equivalente a más del doble de lo que anualmente se tuvo que invertir para realizar la carrera.

INE se queda con el presupuesto 2019, SCJN le niega

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La controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) fue admitida a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán de la Superema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero se le negó a dejar sin efecto el recorte presupuestal del organismo y al aumento de sueldo de sus integrantes.

El INE impugnó hace unos días el recorte que la Cámara de Diputados aplicó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional, sin embargo, negó la suspensión solicitada en dos temas: aumento al presupuesto de operación y sueldos de sus integrantes.

El ministro solicito que se le de vista a las autoridades señaladas como responsables para que en un plazo de 30 días hábiles contados desde que surta efecto la notificación envíen a la SCJN el informe correspondiente.

Hasta el momento, el ministro instructor solamente ha concedido la suspensión de las normas impugnadas en controversia al Banco de México (Banxico), al ser un organismo que genera sus propios ingresos y no depende del PEF.

Es suspendido recorte salarial para Banxico

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Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia autorizó hoy al Banco de México para pagar a sus funcionarios salarios hasta 50 por ciento mayores al del Presidente de la República.

El Ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite y concedió una suspensión en la controversia constitucional promovida por Banxico para impugnar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

“El Ministro instructor acordó otorgar a Banxico la suspensión solicitada, a efecto de que no se aplique la ley impugnada a los servidores públicos de la institución, hasta en tanto la Corte no resuelva el fondo del asunto, y que sus sueldos se fijen conforme a la excepción prevista en el artículo 127 constitucional, que permite establecer sueldos mayores al del Presidente de la República hasta en un 50 por ciento”, informó la Corte.

Dicha excepción esta prevista para funcionarios o técnicos altamente especializados.

Ello implica que el Gobernador, los miembros de la Junta de Gobierno, y altos funcionarios de carrera de Banxico, podrán percibir hasta 2.4 millones de pesos netos anuales en 2019, y no los 1.6 millones derivados de los 108 mil pesos de salario mensual que el Presidente López Obrador se autoasignó.

Hasta 2018, el Gobernador y subgobernadores de Banxico percibían entre 2.9 y 3 millones de pesos netos anuales, por lo que de todos modos tendrán una reducción, pero mucho menor a la que ya habían previsto en su tabulador para 2019, que los dejaba a ellos y sus principales subordinados en el tope de 1.6 millones.

Pérez Dayán también admitió una controversia similar de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero no concedió suspensión porque no fue solicitada.

Este Ministro ya conocía desde diciembre de una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de Oposición contra la misma ley, de ahí que le han sido turnados los casos relacionados.

En esa acción, Pérez Dayán concedió una suspensión qué obligó a la Cámara de Diputados a aplicar exclusivamente la Constitución al aprobar el Presupuesto de Egreso, sin tomar en cuenta la Ley de Remuneraciones.

Crecimiento económico o estabilidad macroeconómica

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López Obrador, quien tomará posesión el próximo sábado, ha establecido que su gobierno respetará la estabilidad macroeconómica. Esa no es una promesa menor si revisamos los acontecimientos de la crisis de la deuda de 1982, la crisis de 1987 y el “error de diciembre” de 1994. Aquí nos concentraremos en la primera, la cual sumió al país en una de las peores crisis de su historia reciente. 

Cuando Luis Echeverría asciende a la Presidencia en 1970, el gobierno se enfrenta a dos problemas centrales: la pérdida de legitimidad política por los sucesos de 1968 y a un recesión económica. 

El autoritarismo mostrado en la represión estudiantil representaba el agotamiento del sistema político. Asimismo, la recesión económica de 1971 expresaba el fin del periodo denominado “desarrollo estabilizador”. Periodo en el cual la economía presentó un crecimiento sostenido y una estabilidad macroeconómica, es decir, bajos niveles de déficit y deuda, así como una inflación controlada. 

Sin embargo, los aspectos negativos del modelo de sustitución de importaciones iban agudizándose a medida que terminaba la década de los sesenta: cuellos de botella en la producción, baja productividad y, por ende, baja competitividad, una burguesía conformista y la dependencia estructural de bienes de capital externos. 

Con ello, Echeverría buscó recuperar la legitimidad política a través de un inusitado gasto público dirigido a sectores poco productivos. El entonces presidente pensaba que el “desarrollo estabilizador” había provocado una mayor desigualdad, por lo cual su proyecto, denominado “desarrollo compartido”, debía concentrarse en la redistribución del ingreso nacional. 

Bajo este populismo económico, el aparato burocrático se expandió de forma desmedida, el déficit aumentó y el financiamiento tuvo que hacerse a través de la emisión de dinero por parte del Banco de México y de endeudamiento externo. 

Con la devaluación de 1976, la lucha contra la iniciativa privada y el acuerdo de estabilización pactado con el Fondo Monetario Internacional parecía que el gobierno había aprendido la lección. Sin embargo, ante el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en 1977, la dirección de la política económica no sólo continuó por la misma senda, sino que se intensificó. Entre 1977 y 1981, el PIB creció a una tasa promedio anual de 7.8%.

López Portillo buscó redirigir los excedentes provocados por la bonanza petrolera a otros sectores como el campo; sin embargo, los ingresos generados por las exportaciones del petróleo eran usados fundamentalmente para cubrir los gastos de PEMEX. 

Por lo tanto, el gobierno buscó financiarse a partir de deuda externa. En esa época, ante la confianza que generaba el hallazgo de petróleo, existía gran disponibilidad de préstamos para el país. Deuda que era pagada a partir del aumento de riqueza gracias al crudo. De esa manera, lo que hacían los bancos internacionales era simplemente reciclar los petrodólares.

Aunque la inflación había crecido en menor medida que la producción, el tipo de cambio fijo provocó el aumento de la demanda de bienes importados con lo cual el peso se encontraba sobrevalorado y presionaba a la balanza de pagos. Para cubrir el déficit en la balanza de cuenta corriente, el gobierno aumentó su deuda externa, con lo cual la tendencia se reforzaba. 

Ante la caída del precio internacional del petróleo en 1981, la expectativa devaluatoria presionó aún más al tipo de cambio. Al ver que las reservas internacionales del Banco de México se agotaban, el gobierno no tuvo otra opción más que hacer flotar el peso. Sin embargo, el peso se encontraba aún sobrevalorado y, aunado a ello, debido al encarecimiento de las importaciones, López Portillo aumentó los salarios, con lo cual se dispararon los precios. 

Ante la desconfianza de los mercados y con la necesidad de financiar el déficit, el gobierno buscó financiarse a partir del aumento de la masa monetaria en circulación, lo que generó un mayor aumento de los precios. 

La expropiación de la banca en 1982 y el control generalizado de cambios para detener la fuga de dólares solamente empeoraron la desconfianza y agudizaron la crisis. Ante ello, el entonces Secretario de Hacienda, Jesús Silva-Herzog, declaraba impagable la deuda externa y México se hundía en una severa crisis.

A más de treinta años de ese suceso, México ha aprendido su lección. La autonomía del Banco de México, organismo encargado de velar por la estabilidad de precios y mantener el poder adquisitivo de la divisa nacional, evita que el gobierno siga financiándose a través de la impresión de billetes. Por ello, la designación de Gerado Esquivel y Jonathan Heath como subgobernadores del Banco genera confianza. 

Nadie niega la necesidad de la economía mexicana de aumentar las tasas de crecimiento. Para comenzar a revertir la pobreza, la economía debe de crecer por lo menos al 5 % anual, pero ello no implica descuidar la estabilidad macroeconómica.

Como diría Rodrigo Gómez, Director del Banco de México de 1952 a 1970, en ningún momento se debe sacrificar la estabilidad de los precios en aras de un mayor crecimiento económico.