El Talón de Aquiles: EL RETROCESO DEL PROGRESO

El 23 de junio de 2016, el 52% de los británicos votaron a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El 3 de octubre, 50.21% de los votantes en un referéndum, seis millones y medio de colombianos, se opusieron a un acuerdo de paz. El 8 de noviembre, Hillary Clinton obtuvo más de dos millones y medio de sufragios que Donald Trump (voto popular), quien sin embargo ganó los votos electorales.

Presentar un texto argumentando que en este 2016 triunfaron el temor y la ignorancia es insuficiente, pues opinólogos y futurólogos ya se me adelantaron. Procedo entonces a desarrollar dos factores que dan profundidad a esa tesis: la incapacidad ciudadana a alimentar un régimen que requiere de participación de calidad, y una desconexión indulgente de las fuerzas políticas que deberían defender las conquistas sociales logradas durante la segunda mitad del Siglo XX, explican por qué estamos como estamos.

La democracia representativa: víctima del capitalismo (casi) salvaje

Soy el producto de un mundo socialdemócrata que la revolución neoconservadora de los años 1980 destruyó. Se me enseñó que cada derecho conlleva una responsabilidad, que es adeudo del ciudadano informarse y contribuir al debate, y que el interés colectivo pasa por encima del individual. No me considero “socialista”, mucho menos “comunista”, pero sin duda soy “izquierdista”.

 




Se me convenció que el principal rol del Estado es la moderación política: al redistribuir la riqueza y fortalecer la clase media, el Estado evita las derivas extremistas tanto de izquierda (revolución bolchevique) como de derecha (nazismo), que se alimentan de pobreza e ignorancia. La democracia solo funciona en donde la clase media, urbana, y educada, es fuerte. La educación es antídoto a la manipulación y demagogia.

Una de las primeras víctimas del neoliberalismo fue la educación. La obsesión por controlar el déficit fiscal y la nefasta idea que el sector privado siempre es mejor que el público, evaporaron presupuestos, debilitaron servicios, y alentaron privatizaciones.

La educación privada nunca ha sido reconocida por inculcar valores de solidaridad social; y la pública, aunque quisiera, no tuvo condiciones. Se crearon así brechas entre los que pudieron pagar una educación de calidad, y los que no.

Los resultados están a la vista: a los ciudadanos de hoy no les interesa lo público, ya sea porque no le dan importancia (creen que no la tiene), o debido al exceso de trabajo – la pauperización del mercado laboral también es una realidad – que no permite una participación política activa de calidad.

A este escenario agréguesele la explosión en importancia de internet, de las redes sociales, y la consolidación de una cultura en donde el límite entre espectáculo y realidad se borraron. Hoy, no se sabe qué información es real e irreal. Los “trolls” desinforman, distorsionan, y divulgan falsedades adrede a quienes no saben, y no quieren aprender a distinguir, como decía la canción, “entre besos y raíces”. Hoy, la política es espectáculo, el ciudadano espectador, y el votante consumidor.

Las marchas de salvación de la patria y de dignidad nacional organizadas por el uribismo contra un acuerdo de paz en Colombia, son ejemplo de ello. De nada sirvió defender uno de los acuerdos de paz más ambiciosos y sofisticados que se hayan firmado, que contaba con el apoyo unánime de la comunidad internacional.

Pudo más la desinformación. También eso explica el éxito de las campañas de los líderes aislacionistas del Reino Unido y de Trump, cuya sorpresa ante sus propias victorias apenas superó las evidentes muestras de la falta de preparación para las mismas. La cohesión social del consenso keynesianismo fue rota hace tiempo. Hoy, las consecuencias son evidentes.

Brechas y condescendencias

Claro, el neoliberalismo no es culpable de todo. La izquierda también lo es. Primero, dejamos de ser izquierda. Nos derechizamos. Nuestro supuesto proyecto inclusivo no lo fue tanto: siempre excluimos a religiosos y otros grupos que no dudamos en llamar “fundamentalistas”.

Si el Partido Demócrata hubiera defendido al proletariado blanco rural arruinado por la deslocalización empresarial fruto de la globalización, hubiera probablemente mantenido su apoyo. Pero la izquierda de Clinton, antiaborto y pro-gay (alienándose así el voto religioso y conservador) se convirtió además en la primera línea de defensa del libre comercio, con lo cual perdió el voto de los trabajadores. Segundo, existe en la izquierda una tendencia a la condescendencia.

Muchos nos vemos como una especie de vanguardia liberadora cuya misión es guiar a los alienados hacia el “progreso”. La educación, ese instrumento que extirpó nuestra ignorancia, nos da esa responsabilidad social, que constituye nuestra mejor muestra de consciencia y solidaridad.

Ser de izquierda es un privilegio de burgueses, y muchos de los votos “racistas, xenofóbicos, y sexistas” que vimos en 2016 son reacción a ese complejo de superioridad. ¿Cómo apoyar el aislacionismo en un mundo globalizado? ¿Cómo no entender que la paz es mejor que la guerra? Al ser parte de la “izquierda caviar”, nos hemos desconectado de las inquietudes del ciudadano común. Nos cuesta imaginar que haya gente que no piense como nosotros.

Los triunfos populistas de 2016 no nos gustan porque no se amoldan a la idea de progreso que nosotros, izquierdistas, hemos construido. Es casi patético constatar los fallidos esfuerzos del Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para explicar, con complejos tecnicismos, sin duda correctos pero también aburridos, el acuerdo de paz, mientras Uribe ejecutaba una retórica simple, sin duda simplista aunque apasionada, que tergiversó lo acordado y le dio la victoria.

Y cuando el elector nos dijo que éramos nosotros los que no habíamos entendido su grado de frustración, los frustrados fuimos nosotros ante mayorías que se atrevieron a no compartir nuestra opinión portadora de valores progresistas dignas del siglo XXI.

Los resultados en el Reino Unido, en Colombia, y en Estados Unidos no son antidemocráticos porque son el fruto de lógicas democráticas, pero ponen en entredicho la construcción del ideal democrático de centro-izquierda, basado en el respeto, la tolerancia, y el reconocimiento de la diversidad, y en la defensa de minorías.

 




Las mujeres, que rara vez han sido minoría, también cuentan en esa visión, que ahora vemos en peligro en un mundo en donde las mayorías progresistas brillan por su inexistencia. En Estados Unidos, un tercio de los ciudadanos es incapaz de nombrar uno de los tres poderes de gobierno.

¿Cómo darle poder a tantos ignorantes? Filósofos como Platón y John Stuart Mill ya han propuesto ideas para limitar los efectos políticos perniciosos de la inopia popular. Es aquí, precisamente aquí, en donde se abre la puerta al autoritarismo de izquierda, tan peligroso como el de derecha.

Conclusión: tengo miedo

Queda todavía mucho por analizar. Se debe aceptar que esta racha victoriosa populista de derecha no se alimenta solo del temor e ignorancia: una buena proporción de la clase media, individuos con ingresos anuales de USD 100,000 o más, votaron por Trump, así como lo hicieron 42% de las mujeres y 29% de los latinos (más de los que votaron por Romney). Además, 43% de sus votantes tienen título universitario.

El retroceso del progreso ha causado una profunda división social: los treinta millones de personas votaron en el Brexit (la tasa de participación casi alcanza 72%), dividieron al Reino Unido entre Inglaterra y Gales (favorables a salir de la Unión Europea) y Escocia e Irlanda del norte (a favor de la permanencia).

Colombia, como Estados Unidos, es un país dividido, como lo muestra el proceso que actualmente se desarrolla para aprobar una nueva versión del acuerdo de paz (que sigue generando oposición). Tercero, las mayorías silenciosas pesan fuerte. El abstencionismo debe ser estudiado con mayor detalle.

 




En 2016, los intolerantes afirmaron su voz, por tanto tiempo irrespetada y ridiculizada. Basta de hablar de integración, de paz, de cambio climático, de musulmanes, y de comunidades sexualmente diversas: es hora de ocuparse de la gente “normal” con problemas reales. A partir de 2016, el fenómeno es mundial.

En Francia, los analistas monitorean con atención el apoyo a Marine Le Pen y al Frente Nacional. En Costa Rica, gárrulos oportunistas como Otto Guevara se atreven a reivindicar el discurso incendiario de Trump. Ya se propuso estudiar la abolición del beneficio de la nacionalidad costarricense a los hijos de nicaragüenses nacidos en Costa Rica. Veamos si se le ocurre construir un muro entre Costa Rica y Nicaragua.

El retroceso del progreso se alimentó por una derecha neoliberal que cercenó el consenso keynesiano, pero también por una “izquierda champagne” que en un inicio se quiso oponer, pero que terminó pactando con el capitalismo de la post-Guerra fría.

Ayer fueron los que vemos como “fundamentalistas reaccionarios” los que temieron la llegada a la Casa Blanca, de lo que vieron como un presidente negro, musulmán, que ni siquiera había nacido en Estados Unidos. Hoy, somos nosotros, izquierda y centro-izquierda, los que tememos la llegada a esa misma Casa Blanca de lo que vemos como un populista ignorante, irresponsable, e imprevisible. ¿Ignorancia versus prepotencia?

Fernando A. Chinchilla
San José (Costa Rica), diciembre de 2016

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

TIEMPOS DE REFLEXIÓN SOBRE LA DEMOCRACIA

La salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido vía referéndum popular, el rechazo del acuerdo de paz con las FARC propuesto al pueblo colombiano mediante plebiscito, y ahora la elección popular del candidato por el Partido Republicano, Donald J. Trump, como Presidente de los Estados Unidos de América. ¿Difícil año para la democracia en el mundo?

Este tipo de decisiones, que no han sido ni populares ni bien recibidas por los sectores intelectuales de las poblaciones respectivas de sus países (y diría yo, no solo en sus países, sino en el resto del mundo), han traído severos cuestionamientos a esta forma de gobierno, cuyos orígenes se remontan a la antigua Atenas.

Pareciera ser que después de más 2,500 años de historia y progreso, aún no ha terminado de comprenderse la naturaleza y características inherentes al sistema político más utilizado del mundo.

Es por todos conocido que la democracia parte de una premisa fundamental: La igualdad, misma que en los últimos 100 años ha alcanzado tal importancia que además de ser un concepto ineludible al hablar de cualquier tipo de justicia, incluso se ha reconocido como un derecho humano, inherente a la propia dignidad de las personas.

 




Errónea resultaría la apreciación de esta sola parte del rompecabezas, pues existe otra característica, mucho menos popular y muchas veces difícil de digerir (como en estos casos), que le es inherente al sistema griego: La solidaridad.

La democracia obliga a quienes no fueron mayoría al momento de manifestar su voluntad en una decisión (por ejemplo, una elección popular) a someterse y sujetarse a lo decidido por quienes conformaron la mayoría, sin importar si la decisión cumple con los estándares mínimos aceptables de racionalidad, moralidad e inteligencia.

 




Podrán pensar muchos en que lo anterior le da la razón a los críticos de esta forma de gobierno, pero se equivocan. La solidaridad democrática, antes de constituir una falla, representa una fortaleza porque nos obliga a todos los integrantes de una sociedad a crecer juntos en conciencia, sensibilidad y educación. Impide que un sector de la población más consciente que el resto se aisle del resto de la sociedad y avance por sí solo, pues lo obliga a compartir su progreso intelectual.

Los líderes políticos del Reino Unido, el Presidente de Colombia y el Presidente de Estados Unidos, todos le fallaron a su sociedad. Les faltó trabajar en la educación de la gente, les faltó trabajar en su sensibilización, y les faltó mucha inteligencia a ellos mismos por no anticipar estos resultados.

La democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno en el mundo, y el día de ayer, por tercera vez este año, nos mandó un fuerte mensaje a todos. ¿Ya iremos a responder, o hasta cuándo?

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La paradoja populista de la democracia

En los últimos días escuchamos todos hablar del referéndum en Colombia, escuchamos una iniciativa en la Ciudad de México sobre el presupuesto participativo y vemos como se habla de políticas inclusivas con la ciudadanía.

El tema que traigo a colación debido a una charla en donde estuve presente hace días con un académico del ramo de las políticas públicas. Él hacía hincapié en los riesgos que presenta consultar temas a la ciudadanía en general y esto sin un afán de coartar libertades ni exigencias pero sí puntualizando temas en particular.

El tema de Colombia es muy interesante, análisis sobran y sobrarán y de hecho se están haciendo papers de eso actualmente. Sin embargo, una pregunta que ronda en el aire es: ¿Era necesario consultar a la ciudadanía la paz con las FARC? Y más allá de la respuesta de usted pudiera tener, yo le pongo otra pregunta, ¿Estaba facultado el Presidente y el Congreso para pasar la iniciativa sin consultar?, ¿Las FARC buscan el apoyo popular?, ¿Quién buscaba legitimar a quién?

Usted tendrá la mejor opinión respecto al tema y no pienso ponerme a juzgar el resultado de la consulta sino la forma. Lo mismo pasa con otras iniciativas como aquella que propuso Andrés Manuel pidiendo que el tema del matrimonio igualitario se consulte.

El problema no es consultar, es más, es sumamente importante que la gente participe activamente en el proceso democrático del país. La cuestión ahora es que los riesgos de democratizar todo y cada uno de los temas coyunturales del país radican en resultados inesperados, equivocados para el país y que borra de un plumazo el sistema de poderes.




Imagínese usted que el Banco de México pusiera a votación las tasas de interés o que el Infonavit consultara el monto de los créditos. Sería absurdo. De la misma manera el reto no está solamente en consultar a la gente sino en que la gente sepa del tema.

Las mayorías se equivocan y se equivocan por la baja preparación. Hay que evitar que siga existiendo el analfabetismo y la deserción escolar para tener mejores ciudadanos que piensen y voten de una manera más racional, al menos, informada.

No necesitamos que el país esté lleno de doctores en economía o expertos en política internacional; sin embargo, es importante tener un país informado y preparado donde los rezagos educativos sean mínimos y se puedan discutir cosas de una mejor manera.

 



El Congreso, el Presidente, los Gobernadores, la Suprema Corte ya tienen funciones por cumplir, no pueden caer en el populismo de consultar por consultar para parecer “legítimos”. Legítimos serán los resultados cuando existan métricas adecuadas en su accionar.

He ahí un problema histórico de la izquierda mexicana, el populismo ramplón, las iniciativas busca-votos, la retórica de la descalificación, la terquedad, el caudillismo, el mesianismo y últimamente el creer que un solo diputado arregla congreso o que un gobernador puede hacer lo que le venga en gana solo con decirlo.

Una ciudadanía mejor informada es garantía al menos de un debate más responsable. Las mayorías deben ser conducidas propiamente, sino caeremos en lo que Aristóteles llamó oclocracia, el caos de la “chusma”.

Lo dicho, dicho está.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Estados Unidos: Encuestas KKK

El Ku Klux Klan es una organización que nació después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, misma que tuvo como razón principal la abolición de la esclavitud en todo el país, algo con lo que no estuvieron de acuerdo los Estados Confederados.

 




Todos hemos visto imágenes de los miembros del KKK, la gente usa togas color blanco y se tapan las caras con capuchas del mismo color. El objetivo de taparse las caras es que no los identifiquen como miembros de la organización y así poder hacer sus actos racistas – que en su tiempo eran desde actos terroristas y hasta linchamientos – para después continuar con sus vidas con total normalidad y sin ser perseguidos o juzgados por la sociedad.

¿Son las encuestas en Estados Unidos un reflejo del KKK? El caso de que las encuestas se equivoquen ha sido un tema importante durante el año. El primer caso se dio en Reino Unido, donde todas las encuestas, incluso las de salida, marcaban que el famoso #Brexit no iba a suceder y que RU se mantendría en la Unión Europea. Al final del día sucedió todo lo contrario, el #Brexit sucedió y los británicos están en camino a ser la primera nación de darse de baja de la UE.

Mientras tanto en Colombia, todas las encuestas marcaban que los colombianos iban a aceptar los Tratados de Paz con las FARC. Era tan seguro que se iban a aceptar que incluso el Presidente Santos anunció los acuerdos con bombo y platillo e invitando a mandatarios de todo el mundo, días antes del plebiscito. El resultado fue desalentador, los colombianos rechazaron la paz con las FARC y ahora el Gobierno Colombiano tendrá que ver otras opciones para cristalizar los acuerdos con el grupo guerrillero.

 




Aunque la mayoría de las encuestas en Estados Unidos le dan la ventaja a Hillary Clinton, sobre Donald Trump, algo me hace sentir que no nos están contando la historia completa. Algo me hace sentir que hay gente, que al igual que los miembros del KKK, le da pena decir que votará por una figura racista, misógina y deplorable como Donald Trump.

Es decir que ver un serio revés en los resultados el 8 de noviembre no es nada descabellado y el riesgo de una victoria de Trump no se puede descartar por completo, digan lo que digan las encuestas de algunos medios con mayor prestigio en Estados Unidos.

Para ser honesto, ¿cuántos aquí dirían que piensan votar por Trump?
______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Mírame y no me toques

“Es la sensación que sentimos de que, como Consejo Ciudadano, podemos hacer muy poco” comentó Graciella Fulvi al anunciar ante los medios la renuncia de al menos 6 de los 7 contralores ciudadanos (Rogelio Sada, Malaquías Aguirre, Lourdes López, Graciella Fulvi, Sandra Garza y Paula Villalpando).

La renuncia se deriva, entre algunas cosas, por el famoso #cobijagate y la poca respuesta que el gobierno habría tenido contra la falta administrativa. El órgano fue creado con el objetivo de sumar esfuerzos, al supuestamente vigilar y corregir, junto con la administración estatal, los esfuerzos en la lucha diaria contra la corrupción.

Este comentario contrasta con lo dicho por Nora Elia Cantú, contralora general del gobierno independiente, cuando el pasado 02 de marzo comentó en la toma de protesta de este mismo consejo que “el aparato burocrático es grande y su participación va a ser muy valiosa”.




¿Valiosa? Al parecer lo habrá sido para efectos de opinión pública porque ellos solo están para “ver, no revisar” según dijo Jaime Rodríguez. Mírame y no me toques diría Joan Manuel Serrat. Pero desgraciadamente es cierto lo dicho por el Bronco. La ley lo respalda. Legalmente no tienen ningún poder para actuar e incidir, y es aquí donde entra lo irreverente de la situación. Tener a gente de tanto prestigio y talento, solo para aparentar participación, pero vetando su injerencia, es no solo absurdo sino un desperdicio de tiempo para cualquiera.

Pero no quiero enfrascarme en hecho mencionado, sino en la reflexión de la efectividad de los modelos de participación ciudadana, los cuales deben dejar de ser simples observadores y convertirse en una especie de juez que puede y debe incidir en el día a día de la administración gubernamental.

Hoy se habla de los contralores ciudadanos, de revocación de mandato, de consultas ciudadanas, de democracia participativa, pero si estas herramientas no van acompañadas de un poder factico para transformar, de poco nos servirán para mejorar al país. La bandera ciudadana no debe de ser de dientes para afuera, sino la columna vertebral de cualquier gobierno.

Y es que, si la política se la dejamos a los de siempre, se hará política para los de siempre.




POSDATA: Alarmante los resultados del referendo en Colombia del domingo pasado. Los ciudadanos salieron a las calles a votar y rechazar, por mínima diferencia, los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC. La democracia en manos de la desinformación puede ser muy dañina. Más amor por favor.

Si no nos vemos, pues nos escribimos.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

En Colombia el NO se encuentra sobre el SÍ

El día de ayer 02 de octubre, se realizó un referéndum en Colombia para desmantelar a la Farc (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) con la intención de dar paz a la guerrilla que ha tenido una duración de 52 de años en el cual durante este tiempo se han declarado 200 mil muertes, 45 mil desaparecidos y millones de desplazados (gente que, por el conflicto dentro de su país, fue obligado a abandonarlo y vivir fuera de este).

La Farc es un grupo de ideología comunista, marxista-leninista; la cual busca acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas de su país. Estaba en contra de la participación militar de los Estados Unidos Americanos en el mismo. Además de, estar involucrada en actividades consideradas ilegales dentro del país.

paz    Imagen de sinembargo.mx

En el 2012 se estableció una Mesa de Dialogo apoyada por Cuba, Noruega, Venezuela y Chile; donde se quería llegar a un acuerdo, en el cual se encontraba estipulado: una mejor distribución de tierras, el combate a las drogas y la sustitución de cultivos ilícitos, la participación política de organizaciones populares y la compensación de las víctimas, entre otras cosas.

 




A finales del 2012 empezaron las conversaciones de paz, pero no fue hasta el año 2016 en donde la Farc y el Gobierno colombiano, firmaron el último de los seis puntos de una agenda de negociaciones iniciadas el 4 de septiembre del 2012.

En el referéndum llevado acabo el día de ayer, los ciudadanos tenían que responder “sí” o “no” a la pregunta “Aceptar el acuerdo de paz entre el Gobierno y la Farc”.

El primero en depositar su papeleta dentro de la urna en la Plaza Bolívar (Bogotá) fue el Presidente Santos, quien se atrevió a dar unas palabras a los medios que ahí se encontraban “Acabo de depositar mi voto en este plebiscito, en esta votación histórica que espero cambie la historia de este país para bien. Terminar una guerra de 52 años, el camino de la paz. La paz nos llevara a un mejor futuro” estas fueron las palabras del presidente Santos a los periodistas.

urnas
Las campañas de ambos mandos (“si” y “no”) eran muy fuertes, en ambas se citaba a todos los ciudadanos a que votaran, incluso en algunos lugares se habilitó transporte público, además de encontrase vigente la Ley Seca.

A pesar de todo esto el 63% de la población no acudió, y de aquellos tantos que acudieron el 50.20% votaron “no” y el otro 49.79% voto “si”, siendo más que obvio el ganador de esta votación.

 

 




Los que votaron “si” estaban a favor de reinstalar la Farc como un Partido Político, la verificación y dejación de armas. Que habría amnistía, pero que también se buscaría juzgar a los responsables, tanto de la guerrilla como de los demás actores.

¿Las razones? Las tendrán cada uno de los votantes que acudieron y escogieron su partido. ¿Las consecuencias? El tiempo las dirá.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

Y se hizo la paz… El 24 de agosto, representantes del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron la consecución, después de cuatro años de negociaciones, de un pacto final de paz. Son 52 años de conflicto, que probablemente generaron más de los 220,000 muertos, 45,000 desaparecidos, y 5 millones de desplazados contabilizados, los que hoy podrían estar terminando.

En esta tercera (y última) entrega de esta serie del Talón de Aquiles dedicado al proceso de paz en Colombia, detallo la descripción sobre lo acordado ya iniciada en el artículo anterior e identifico algunos de los retos más apremiantes en el corto plazo para avanzar en el camino del establecimiento de una paz sostenible.

El Acuerdo General de Paz, cuyo nombre oficial es “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” es el resultado de seis acuerdos parciales alcanzados a lo largo de los últimos cuatro años: el de “Reforma Rural Integral” (26/05/2013), el de “Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz” (6/11/2013), el de “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (4/05/2014), el de “Víctimas” (15/12/2015), el de “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas” (23/06/2016), y el de “Mecanismos de implementación y Verificación” (24/08/2016).

En el acuerdo definitivo no aparecen los pactos parciales necesariamente en el orden cronológico en el que fueron firmados, lo cual se explica por el imperativo de dotar de coherencia al texto final. Conviene también recordar que la negociación fue compleja.

El acuerdo de cese del fuego, por ejemplo, contiene dos sub-acuerdos: el de “Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil – en lo Económico, lo Social, y lo Político – de Acuerdo con sus Intereses”, y uno con un nombre un tanto largo: el de “Garantías de seguridad y lucha contra las Organizaciones Criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra Defensores de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, o Movimientos Políticos, incluyendo las Organizaciones Criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del Paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Los acuerdos son complementados por una serie de anexos. Declaran los negociadores que en su conjunto, este marco es un “todo indisoluble”.

¿Qué se firmó?

El acuerdo de desarrollo agrario se enfoca en corregir lo que las FARC-EP interpretan como las “causas históricas del conflicto”, ligadas a la necesidad de una reforma agraria. Por ello, crea una “Jurisdicción Agraria” para proteger derechos de propiedad, entregar predios a los “sin tierras”, formalizar las fincas de pequeños y medianos propietarios, e implementar programas de reconversión productiva (desarrollo con enfoque territorial).

Los planes tienden a borrar las brechas entre el mundo urbano y el rural, pues son guiados por lineamientos del uso del suelo y financiados por esquemas de crédito y estímulo a la productividad (entre ellos la economía social solidaria). El acuerdo también busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

El pacto de participación política abre el sistema a la participación de nuevas fuerzas. Resalta la aceptación, por parte de las FARC-EP, de la democracia como un sistema legítimo. También llama la atención el énfasis para promover la inclusión de las mujeres en la política activa y la idea de establecer sistemas de “alerta temprana” y “planes de evacuación” para salvaguardar la vida de la reinsertados.

Estas dos últimas medidas son comprensibles si se recuerda la masacre a las que fueron expuestos los líderes de la Unión Patriótica durante los años 1980. Además, crea el pacto “Circunscripciones Especiales de Paz” para que las regiones más golpeadas por el conflicto puedan elegir legisladores bajo un régimen especial.

Falta determinar cómo entienden las FARC-EP la “democracia”, si bien la referencia a la participación ciudadana comunitaria y regional, y a las veedurías ciudadanas, entre otros, sugiere una concepción más cercana a la democracia “participativa”.

El acuerdo sobre la cuestión de las drogas parte de la premisa que las causas del conflicto no tienen que ver con el narcotráfico. Dicha concepción se contrapone a la que se ha venido manejando por las autoridades gubernamentales al menos durante los últimos quince años. Además, el acuerdo propone un plan de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos ideado por autoridades nacionales, regionales y locales, para que las comunidades inmersas en esta economía ilegal puedan reconvertirse.

Paralelamente, se plantea abordar el consumo de drogas como un asunto de salud pública (lo cual implica crear un sistema nacional de atención para favorecer la rehabilitación y reinserción social de los consumidores). Se propone también focalizar las políticas de lucha contra el crimen organizado en las altas esferas y en el lavado de activos. En una referencia implícita al Plan Colombia, señala el acuerdo que esta política debe estar guiada por los principios de soberanía nacional y de no intervención extranjera en los asuntos del Estado colombiano.

El acuerdo sobre víctimas crea una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no Repetición. Se crea también una Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, se fortalece el programa de reparación integral para víctimas de la violencia y se establece una Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho organismo es autónomo y, con la idea de contribuir a la verdad y la reparación, se concentra en indagar delitos de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra (toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, y violencia sexual, entre otros).

En fin, las garantías de no repetición se relacionan con cambiar las condiciones sociales, económicas, y políticas que causaron el conflicto y que lo han alimentado durante décadas. Mención especial merece aquí la lucha contra la impunidad, tan presente en Colombia como en otros países de la región, y a la cual me referiré, con mayor detalle, en otra ocasión.

El acuerdo sobre el fin del conflicto establece una hoja de ruta para que el proceso de desarme y desmovilización, bajo la responsabilidad de la ONU y de representantes del Gobierno y de las FARC-EP, haya finalizado a más tardar 180 días después de la firma del acuerdo final.

Se autoriza el despliegue de observadores desarmados de países miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se ordena a al Ejército reorganizarse para dejar pasar a las columnas de las FARC-EP hacia una de las 23 zonas de concentración designadas para la “transición y la normalización”.

Se trata de zonas desmilitarizadas en donde las ordenes de captura quedan sin efecto, y en donde se prohíben, salvo algunas excepciones, militares o guerrilleros armados. Y, por supuesto, se establece un mecanismo de solución de controversias. El pacto contiene también compromisos para facilitar la conversión de las FARC-EP en partido político (disposiciones legales, de financiamiento, acceso a medios, seguridad, representación, creación de un centro de pensamiento, etc.), clarifica el camino que deben seguir los niños soldados que salgan de las zonas de concentración, y otros.

En fin, se crean medidas de seguridad contra posibles sabotajes por parte de grupos ligados a los antiguos paramilitares, previsión comprensible si se recuerdan los sabotajes por parte de estos grupos a los que estuvo expuesto el proceso de paz impulsado por el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

En fin, el acuerdo de implementación y verificación establece la “Comisión de Implementación, Seguimiento, y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, la cual quedó instalada al día siguiente de la firma final de paz. Este acuerdo focaliza en los elementos logísticos del acuerdo de paz.

Lo difícil comienza ahora

Es momento de celebrar con optimismo. El acuerdo es inédito en múltiples aspectos. Hablar de “reforma agraria” en Colombia es, en sí, revolucionario, y constituye un cambio retórico profundo en las élites políticas del país. Proponer tratar el tema del consumo de drogas como un asunto de salud pública está en línea con las tendencias de buscar nuevos enfoques para tratar el tema sin “criminalizarlo” y alejándose de las restrictivas consideraciones de “seguridad”.

Indicar explícitamente que se requieren garantías de no-repetición equivale a reconocer implícitamente que de poco sirve pactar, desarmar, desmovilizar, y reinsertar si poco tiempo después hay rearme, movilización, y reactivación de grupos armados no-estatales. Y hablar de equidad de género, incluir una reflexión sobre el multiculturalismo en Colombia, y mencionar explícitamente los derechos de la comunidad LGBTI, constituyen, en mi opinión, innovaciones sustanciales en materia de diseño de acuerdos de paz.

La celebración, sin embargo, debe ser sobria, y el optimismo mesurado, pues lo difícil comienza ahora. El camino a la paz está plagado de violencia. El proceso, por supuesto, es vulnerable. Primero, existe una fuerte y dinámica oposición al mismo, la cual indica que la justicia transicional – el “Tribunal del Terrorismo” como lo llaman – dejaría crímenes sin castigar. Los acuerdos señalan que quienes admitan haber cometido delitos como secuestro y ejecuciones recibirían penas reducidas.

Crímenes menos graves, como el tráfico de drogas, podrían también ser amnistiados (si bien el pacto identifica casos en donde no aplica la amnistía). Se trata aquí del clásico vaivén de los procesos de paz, muy delicado por cierto, entre justicia y perdón. Todos no pueden ser encarcelados, pero tampoco se debe permitir que crímenes graves queden impunes.

La oposición también señala que la reinserción premia la militancia armada. Concretamente, el expresidente Álvaro Uribe indica que el proceso desacredita a la democracia y legitima a insurgentes que no tienen razón de ser, pues no lucharon contra un régimen autoritario como los existentes en la América Latina de antaño. La campaña del plebiscito se anuncia entonces intensa, entre un Gobierno creíble a nivel internacional pero impopular a nivel interno, y una oposición poco creíble a nivel internacional pero popular en el país.

En cuanto a las FARC-EP, uno de sus principales retos es salvaguardar su cohesión. En marcos de pacificación, no es extraño observar fraccionamientos internos entre aquellos que respetan lo negociado y los que no. Así ha sucedido en África, en Centroamérica, así sucedió en Colombia en el pasado, y puede volver a suceder.

El punto es garantizar que la mayoría adhiera al proceso, que la disidencia sea insignificante. Pero ello no es necesariamente fácil. Una guerrilla constituida hoy por los nietos de sus fundadores, por personas que nacieron, crecieron, y se educaron en la selva, en un ambiente militar, y cuyas redes sociales están intrínsecamente ligadas a la insurgencia, no se irán simplemente a un pueblo para fundar un restaurante o una zapatería.

O, más exactamente, tal vez es eso lo que el proceso de paz pide a muchos de estos exguerrilleros. La “reinserción” social nunca es fácil; aun menos lo es cuando más bien se trata, en muchos de los casos, de una “inserción”. Además, el peligro de ser asesinado en el proceso es real. Y, por supuesto, existe el reto de aprender a ser un “político”: no es lo mismo ser un guerrillero que lucha por un proyecto de sociedad revolucionario, que ser un político “insertado” en el sistema, y que busca reformas paulatinas. El Frente Primero de las FARC-EP (Provincia de Guaviare) ya indicó que una de sus facciones no se adhiere al proceso.

Procesos de Paz de Colombia (tercera parte)

Este proceso demuestra que en Colombia solo tienen éxito las iniciativas de paz en las cuales los insurgentes ya habían decidido dejar las armas antes de sentarse a negociar. En decir, la voluntad de desarmarse en este país no es un resultado de procesos de paz (como sí lo es en otros casos), sino un requisito para iniciarlos. Ahora, este proceso tiene especificidades que merecen ser mencionadas. El acuerdo tiene una programación clara, un rol bien establecido para la verificación internacional, y protocolos concretos que indican cómo implementarlo.

En ese sentido, se trata de una propuesta seria. Además, parece generar apoyo de las instituciones nacionales. El 19 de julio, la Sala Constitucional aprobó el plebiscito para la paz y se fijó su fecha de realización para el 2 de octubre. Indicaron los magistrados que el resultado es vinculante para el Presidente (no así para los otros poderes públicos).

A nivel financiero – uno de los retos de la reconstrucción en todo post-conflicto es el financiamiento – el Gobierno de Colombia suscribió un crédito externo con el Banco de Desarrollo Alemán de hasta USD 100 millones para financiar temas de paz durante diez años. La Unión Europea está también considerando la posibilidad de crear un fondo fiduciario para ayudar con las tareas de establecer una paz sostenible.

Como lo indiqué en mis anteriores entregas sobre este tema, no se entra a una etapa de “post-conflicto” hasta que no haya un acuerdo de paz definitivo con todos los actores armados, lo cual incluye en este caso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que hoy en día sigue activa.

En marzo, el Gobierno y los elenistas anunciaron el inicio de una negociación paralela al de las FARC-EP. Parece entonces haber conciencia sobre la importancia de evitar un escenario de “paz fragmentada”. En la actualidad, sin embargo, el proceso está en un punto muerto. De hecho, se sabe que algunos de los guerrilleros de las FARC-EP, que no aceptan la desmovilización, han decidido “pasarse” al ELN. En suma, si bien es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho, vale la pena aceptar el reto de convertir lo dicho en hecho, aunque haya que caminar con cuidado para no terminar maltrecho. Por una Colombia en Paz, si pudiera yo votaría “Sí”.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Septiembre de 2016)

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Talón de Aquiles: Paz en Colombia: ¿Colombia en Paz? De la Guerra Verdadera Hacia Una Paz Fragmentada




Los tambores de guerra han callado. En la calle, líderes sociales afirman que la paz es inminente. Y sin embargo, queda todavía tela por cortar: el rol de las Fuerzas Militares en el post-conflicto no fue discutido durante este proceso de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue activo, y no queda claro si el Estado colombiano entrará a generar legitimidad a aquellas zonas hasta hoy controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). En esta segunda entrega del “Talón de Aquiles” dedicado al proceso de paz en Colombia, exploro el concepto de “paz fragmentada”, y completo el sobrevuelo de los procesos de paz en ese país.

Una paz fragmentada: procesos de paz en Colombia (segunda parte)

El régimen político colombiano entró en un nuevo periodo en 1991 con la aprobación de la nueva constitución que sustituye la de 1886. El nuevo orden formalizó la eliminación de los rezagos institucionales del Frente Nacional y permitió la incorporación al sistema político del M-19, del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL) y de la Corriente Renovación Socialista (CRS).




El proceso es considerado como “exitoso”, a pesar de que el nuevo marco democrático y pluralista colombiano no impidió la continuación del conflicto armado. El ELN siguió activo y las FARC-EP experimentaron un crecimiento como nunca antes visto.

Además, aunque la historia oficial indica que el EPL se desmovilizó en 1991, 20% de sus efectivos se negó a hacerlo.

En 2013 todavía existían remanentes activos (cerca de 200 combatientes) en Catatumbo (Norte de Santander). Y también se expandieron los paramilitares quienes, de la mano de su líder, Carlos Castaño, fundaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Algunos acercamientos, en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), tuvieron lugar en 1992 y 1993. Sin embargo, son dos los procesos de paz que se desarrollaron en los quince años posteriores a 1991. El primero, con las FARC-EP, fue liderado por el Presidente Pastrana (1998-2002) y fue acompañado por gobiernos de diversos países, organizaciones internacionales, y miembros de la sociedad civil.

El mismo, que fue considerado durante años como la última oportunidad de las FARC-EP para salir de la guerra, terminó en un rotundo fracaso. En febrero de 2002, luego de casi cuatro años de diálogos caracterizados por sabotajes (por parte de las FARC-EP, el ELN, y paramilitares), de desconfianzas del Ejército (ante la desmilitarización de una zona para adelantar las conversaciones), de presiones de Washington (que ya pensaba en un “Plan Colombia”), el Presidente dio por concluido el proceso.

La gota que derramó el vaso fue el secuestro por parte de las FARC del senador Jorge Géchem. Queda deslegitimado así el diálogo, como de hecho lo demuestra la popularidad alcanzada por la mano dura defendida por Álvaro Uribe en la campaña electoral de 2002. El segundo proceso de paz, desarrollado durante el primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006), permitió la desmovilización de cerca de 30,000 efectivos de las AUC. El proceso generó severas dudas, pero fue acompañado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante este tiempo, se vivió en Colombia, en el mejor de los casos, una “paz fragmentada”, es decir un contexto en donde se logró desarmar, desmovilizar, y reinsertar (DDR) varios de los actores armados mientras que otros se reforzaron y continuaron con el conflicto armado. A decir verdad, la tal “paz fragmentada” es en realidad un eufemismo, pues no hay paz cuando actores armados siguen usando la violencia para avanzar sus objetivos políticos.

Un proceso serio

Se sabe que el gobierno de Álvaro Uribe, por medio del Comisionado de Paz, Frank Pearl, buscó negociar clandestinamente con las FARC en condiciones similares a las actuales (sin cese al fuego y creando zonas de distensión). Sin embargo, es en 2011 que el Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anuncia a las FARC-EP su intención de retomar los acercamientos, lo cual desemboca en dos reuniones exploratorias, secretas, que tienen lugar en Cuba.

El Gobierno y las FARC-EP elaboraron una agenda para establecer los parámetros que regirían encuentros posteriores. El Gobierno nombró entonces a Frank Pearl, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, y a Enrique Santos en su delegación; más adelante, se sumó Luis Carlos Villegas, Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo.

Las FARC designaron a Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda, y Andrés París. Luego, se designó a Cuba y a Noruega como países garantes y se solicitó a Venezuela y Chile fungir como facilitadores. Entre febrero y agosto de 2012 se organizaron diez sesiones preparatorias y en septiembre, el Presidente Santos dio a conocer a la luz pública estos intercambios.

La agenda de negociación se articuló alrededor de cinco puntos: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; y determinar quienes son víctimas del conflicto armado. El primer acuerdo parcial, el de la política de tierras y desarrollo agrario, se logró seis meses después de iniciado el proceso, el 26 de mayo de 2013.

Se discutieron problemas como el acceso y uso de la tierra, la formalización de títulos de propiedad, la protección de reservas, el diseño de programas de desarrollo (infraestructura, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza) con un enfoque territorial.

El segundo acuerdo, que versa sobre la participación política de las FARC-EP en el post-conflicto, llegó luego de 16 rondas de negociaciones, el 6 de noviembre de 2013. Se trata, entre otros, de garantías de protección para los exguerrilleros que deseen vincularse a la política.

El 16 de mayo de 2014 se alcanzó un acuerdo en el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos. Entre los puntos debatidos se encuentran el desminado, la entrega de rutas, estrategias para bajar el consumo de drogas, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, y la suspensión de las fumigaciones con glisofato.

El 23 de septiembre de 2015, como parte del punto relacionado al “fin del conflicto”, se acordó crear un sistema de justicia transicional con una jurisdicción especial de paz que investiga, juzga, y sanciona delitos relacionados al conflicto armado. El objetivo es que haya verdad, justicia, y reparación a las victimas, es decir, que no haya impunidad. El 23 de junio de 2016 se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo.

Poco se sabe sobre el proceso en sí, lo cual no es extraño. Las negociaciones de paz que han sido exitosas en otras partes del mundo han contado con una estrategia de relaciones públicas que limita la circulación de la información. O sea, contrariamente a otros procesos colombianos, en esta ocasión no se hizo un “espectáculo público”.

El proceso ha sido serio, ha sido apoyado por partidos políticos colombianos de (casi) todo el espectro ideológico, entre ellos el Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, y otros movimientos progresistas, el Partido Liberal, el Verde, campesinos, estudiantes, indígenas, empresarios, y líderes religiosos.

Solo el “uribismo” (corriente política a favor del expresidente Álvaro Uribe) y algunos sectores afines al partido conservador se han manifestado en contra, aduciendo que no se puede negociar si no se solicita como prerrequisito un cese al fuego y que el Marco Jurídico para la Paz podría eximir a guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad de sus responsabilidades.

Pero dichos grupos se encuentran aislados, no solo a nivel nacional sino también internacional: 47 países (incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) han manifestado su apoyo al proceso de paz. Del mismo modo, entidades como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Europea, y organizaciones como Human Rights Watch, ven con buenos ojos las negociaciones.

La firma del acuerdo no solo es un punto de llegada; también es un punto de partida

Para varios observadores, la “verdadera Guerra” de las FARC-EP inició en 1982 cuando, durante su séptima conferencia, el grupo guerrillero se planteó convertirse en un ejército popular. Durante los siguientes veinticinco años, las FARC-EP crecieron exponencialmente.

Pero también ascendieron los paramilitares, el narcotráfico se convirtió en una problemática transversal (que afectó a todos los actores en conflicto, incluyendo al Estado), y la población se cansó de hablar de paz. Hacia 2008, luego de la desmovilización de las AUC, de la muerte del líder fundador de las FARC, Manuel Marulanda “Tirofijo”, de la captura de varios miembros del Estado Mayor Central, y de la persistente imagen que borraba la diferencia entre guerrilleros y narcotraficantes ante la opinión pública nacional e internacional, quedó claro que los “mejores tiempos” de las FARC-EP habían quedado atrás. La negociación se convirtió en una necesidad.

El proceso de paz actual excluye al ELN, y por ello es difícil argumentar que tiene la posibilidad de generar una “paz integral”. A pesar de ello, este intento es inédito al menos a dos niveles. Primero, el congreso aprobó el “Acto Legislativo para la Paz”, que permite que se incorporen rápidamente los acuerdos al régimen legal y constitucional, posibilitando que el Congreso simplemente apruebe o repruebe las reformas que presente el Presidente.

Segundo, se prevé un mecanismo de refrendación, el cual se hará por medio de un plebiscito que debe tener lugar antes que acabe el año 2016. El umbral aprobatorio se ha establecido al 13% (4,5 millones de votos).

Este es el siguiente round de los luchadores por la paz: asegurarse que los acuerdos de paz definitivos sean apoyados por la población. La batalla no está ganada, como lo demostró Guatemala en 1999, cuando se perdió el referéndum que validaba muchas de las reformas pactadas por los acuerdos de paz de 1996.

En Colombia, si bien la mayoría manifiesta actualmente que votará a favor de los acuerdos, debe recordarse que la popularidad de Santos está por los suelos – se sitúa actualmente en el 25% – y que la mayoría se ha manifestado en contra del proceso de paz. Los colombianos prefieren hoy aprobar un “mal acuerdo” a que continúe una “buena guerra” que, desde hace tiempo se sabe, nadie era capaz de ganar.

Cali (Colombia) y Ciudad de México (México), Julio y agosto de 2016

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? EL CONFLICTO ARMADO EN SU PRIMERA FASE

El 23 de junio de 2016 se firma en la Habana, Cuba, el cese al fuego entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

¿Estamos siendo testigos del fin de un conflicto armado interno de más de medio siglo de existencia (54 años para ser exactos)? Para entender el significado de dicho acuerdo, conviene recordar las raíces históricas del conflicto y hacer un repaso de las intentos (abortados y “exitosos”) para alcanzar la paz en Colombia.

Solo así podremos evaluar sus prospectos de éxito. Naturalmente, esta labor no se puede realizar en un corto artículo de opinión, por lo que dedicaré varias columnas al tema. Este mes muestro las particularidades históricas de la primera fase de este conflicto. Más adelante, revisaré los obstáculos a la paz, analizaré la historia de este proceso, y disertaré sobre sus probabilidades de “exito”.

Las particularidades del conflicto armado colombiano

Durante la Guerra Fría, se desarrolla en el “Tercer Mundo” lo que se identifica como “Guerras de Baja Intensidad”. Se trata de enfrentamientos militares entre grupos armados patrocinados por las superpotencias – los Estados Unidos (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) – y Estados soberanos, pero cuyos efectos se limitan a nivel local.

Para algunos, estas son guerras idealistas, sobre todo si se compara con la violencia étnica, la cual parece a primera vista irracional (los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda son dos claros ejemplos al respecto), y a la “narco-violencia”, alimentada supuestamente por la codicia y el egoísmo individual de criminales que buscan enriquecerse a toda costa.




En los “años dorados”, señala la versión romántica del guerrillero asociada al Che Guevara, se defendían ideales progresistas solidarios ligados entre otros a la justicia social.

En América Latina, la mayoría de esfuerzos revolucionarios fueron de “izquierda” (contra dictaduras “de derecha”), aunque también hubo esfuerzos contrarrevolucionarios, es decir de grupos armados apoyados por la derecha, que se levantaron contra gobiernos de izquierda ajenos a la definición convencional de democracia. Esta imagen es, por supuesto, reduccionista.

Se ignora, por ejemplo, que en la mayoría de los casos latinoamericanos, la URSS no tuvo un rol directo en el expansionismo revolucionario (la influencia de Fidel Castro es más significativa). Además, esta imagen desatiende factores internos como pobreza, injusticia, desigualdades, y represión, que han alimentado legítimamente reivindicaciones sociopolíticas en la región.

En fin, desconoce que movimientos revolucionarios de izquierda iniciaron guerras contra gobiernos de centro-izquierda elegidos democráticamente, como lo hizo Sendero Luminoso en el Perú. Es decir, cada actor armado en América Latina es particular, y en ese sentido, los actores armados colombianos no son la excepción.

Las FARC no fueron, al menos en sus inicios, una guerrilla ideológica con un universo conceptual claro y un proyecto alterno de sociedad. Al contrario, son el prototipo de la guerrilla campesina que nace como grupo de autodefensa, y cuyo ideario ideológico es definido por primera vez en los años 1970s.

Además, las FARC nunca recibieron grandes sumas de dinero de patronos externos, sino que desde un inicio financian su esfuerzo de guerra de manera interna, principalmente por medio de la extorsión, los secuestros, y el pago de peajes o cuotas. El conflicto en Colombia es entonces “diferente”, pues no obedeció a factores geopolíticos internacionales.

Además, el esfuerzo revolucionario nunca se hizo en contra de una dictadura, sino más bien contra el Frente Nacional, un régimen que si bien no era democrático en el sentido liberal del término, tampoco cuadraba con el autoritarismo tradicional latinoamericano. Y a partir de 1991, la lucha fue contra lo que muchos expertos coinciden en definir como una democracia representativa.

La transformación del conflicto armado colombiano a través del tiempo

La violencia política en Colombia solo se entiende si se enmarca en un contexto histórico que, para los efectos de este ensayo, ubicaré en el periodo conocido como “La Violencia”, una guerra civil entre los partidos Liberal y Conservador que se desata oficialmente en abril de 1948, con el homicidio del José Eliecer Gaitán (líder del Partido Liberal para las elecciones de 1949).

Asesinatos, agresiones, persecuciones, y otros, son parte de ese marco de violencia perpetrado por paramilitares, reclutados por los conservadores, para defender el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-50) ante la inestabilidad creada por “el Bogotazo” (turbas populares generadas por el asesinato de Gaitán).

Para poner fin a “La Violencia”, liberales y conservadores acuerdan en 1956 la creación del “Frente Nacional” (el cual entra en vigencia en 1958), un pacto que distribuye equitativamente los puestos administrativos estatales entre ambos partidos (Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial) y determina previamente los resultados electorales (alternancia entre los dos partidos tradicionales) durante 16 años (1958-76).

El acuerdo permitió poner fin al único gobierno que ha llegado al poder en Colombia por medio de Golpe de Estado en el siglo XX, el del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-57), respetando la despolitización de la policía por él iniciada y la desmovilización de algunas de las guerrillas liberales activadas durante “La Violencia”. Pero el pacto también generó resistencia.

En 1962, el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-66) atacó una de las “Repúblicas Independientes” (que no reconocían la autoridad estatal), bajo control de una comunidad de campesinos que se habían negado a entregar las armas, y que se habían refugiado en esa zona para escapar del acoso de las autoridades. Este es el inicio de ataques destinados a “pacificar” el país y a extender el imperio de la ley del Estado colombiano en su territorio.

En 1964, estos grupos se reagruparon en el denominado “Bloque Sur”, y en 1966 se convirtieron en las FARC. Un origen igualmente contestatario ante el Frente Nacional tiene el Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla urbana que se levantó en 1974 ante el “fraude electoral” cometido en 1970 sobre el General Rojas Pinilla (candidato presidencial que perdió frente al del Frente Nacional).

Comunidades indígenas también se armaron en 1984 para defenderse de los ataques de militares, terratenientes, Gobierno, y otros grupos, creando el Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL). Orígenes más ideológicos tienen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo fundado en enero de 1965 por sacerdotes armados (Teología de la Liberación) y estudiantes universitarios recién llegados de Cuba (adeptos al “foquismo” del Che), y el Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla originalmente maoísta, fundada en julio de 1967, que en 1975 viró hacia la línea marxista-leninista. Pero estos modelos “socialistas” sirvieron, en el mejor de los casos, tan solo como marcos de referencia.

Sin el afán de adentrarnos en la minucia de las diferencias ideológicas de las guerrillas, deseo destacar que otros fenómenos de igual importancia para explicar la violencia en Colombia han quedado por fuera de este análisis, como lo son el financiamiento, por parte de las élites agrarias (con el entrenamiento del Ejército), de grupos de autodefensas (o paramilitares), y el surgimiento de una élite económica rural ligada al florecimiento del narcotráfico (que luego se reagrupó en los Carteles de Medellín y de Cali).

La conjunción de todos estos factores hacen que la década 1980 sea especialmente violenta en Colombia, con cinco grupos guerrilleros activos luchando contra el Estado (en esa época el país se gana la reputación de ser un “laboratorio guerrillero”), paramilitares atacando a las guerrillas, y dos carteles de droga luchando entre sí, contra el Estado, y contra las guerrillas.

El clímax de este cuadro se alcanzó a finales de la década, cuando cuatro aspirantes presidenciales, Jaime Pardo Leal (Partido Unión Patriótica), Bernardo Jaramillo Ossa (sustituto de Pardo Leal), Luis Carlos Galán (Partido Liberal), y Carlos Pizarro Leongómez (Alianza Democrática M-19) son asesinados.

Colombia está al borde del colapso, y probablemente en parte gracias a ello, se abre una oportunidad para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que permite, entre otros, eliminar los rezagos del Frente Nacional.

Procesos de Paz de Colombia (primera parte)

Durante esta primera fase del conflicto armado (1962-90), se llevan a cabo dos procesos de paz. El primero, liderado por el Presidente Belisario Betancur (1982-86) es severamente criticado, pues se señala que consistió en un cese al fuego sin punto de llegada. Fue como detener el enfrentamiento armado en la teoría (lo cual además no sucedió en la práctica), sin discutir los términos de la paz.

El proceso, que se alarga por tres años, termina abruptamente en 1985, con la trágicamente recordada toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. El ejército contraataca y produce un baño de sangre en donde mueren 98 personas, entre ellos once magistrados.

El segundo proceso tuvo lugar durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986-90), y produjo la desmovilización de tres movimientos guerrilleros. El M-19 firmó un acuerdo de paz el 26 de abril de 1990, el EPL lo hizo el 16 de mayo (una parte del grupo rehusó a desmovilizarse), y en mayo de 1991, se llega pacta con el MAQL.

Se aprobó, con participación de los exguerrilleros desmovilizados, la nueva constitución política, que entró en vigencia en 1991. Pero el ELN y las FARC-EP no participaron en ese proceso. Conversaciones adicionales entre estos dos grupos y el Gobierno de César Gaviria (1990-94), tuvieron lugar en Caracas (Venezuela) y en Tlaxcala (México) en 1991 y 1992. El ELN se fragmentó y un acuerdo de paz con un sector del mismo, la denominada “Corriente Renovación Socialista” es alcanzado el 9 de abril de 1994.

Dos son los elementos que deseo rescatar aquí. Por un lado, las FARC-EP y el ELN, las guerrillas más antiguas de Colombia, han siempre sido reacias a negociar. De ahí el valor del acuerdo recientemente alcanzado en la Habana. Por el otro, el conflicto armado colombiano entra a inicios de los años 1990 en una segunda fase.

Los paramilitares crecerán y fundarán las “Autodefensas Unidas de Colombia”; las FARC-EP entran en un nuevo proceso de expansión vinculado a su incursión en la economía del narcotráfico (eso es lo que la “historia oficial” reza), y el ELN, junto a los rezagos del EPL, continúan en actividad.

Se trata de un contexto de “paz fragmentada”, es decir de un marco en donde se logró el tan ansiado cese al fuego definitivo con tres guerrillas menores, pero en donde los dos grupos revolucionarios históricamente más importantes de Colombia, el ELN, y las FARC-EP, se levantaron más fuerte que nunca. A este nuevo marco es al que le dedicaré mi atención en la próxima entrega de esta columna.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Julio 2016)

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”