Liga Estados Unidos a dos miembros del CJNG en ataque a García Harfuch y Aristóteles Sandoval

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó y vinculó este martes a dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al atentado del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, así como al asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Se trata de Carlos Andrés Rivera Varela, conocido como “La Firma”, de doble nacionalidad colombiano-mexicana, así como a Francisco Javier Gudiño Haro, identificado como “La Gallina”.

Según datos proporcionados por la dependencia federal estadounidense, Rivera Varela es originario de Cali, Colombia, pero ha residido en México durante muchos años; mientras que Gudino Haro, oriundo de Jalisco, es dueño o controla la empresa agrícola registrada en Puerto Vallarta Agricola Costa Alegre S.P.R de R.L.

“Este grupo es presuntamente responsable del intento de asesinato, con armamento de alto poder, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en la Ciudad de México el 26 de junio de 2020. El mismo grupo también presuntamente estuvo detrás del asesinato del exgobernador de Jalisco en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020”, refirió la dependencia federal de los Estados Unidos en un comunicado de prensa.

Ambos fuer0n señalados por asistir materialmente o brindar apoyo financiero o tecnológico, así como de bienes y servicios en apoyo del CJNG, el cual es liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘El Mencho’.

Además, ayudaron a orquestar asesinatos utilizando armamento de alto poder en nombre del CJNG, considerado uno de los más peligrosos en México.

También fue identificado Alejandro Chacón Miranda, quien presuntamente facilita los viajes que a menudo están relacionados con actividades ilícitas para los miembros del citado cártel.

Los tres fueron vinculados a Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’. quien es identificado como jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco, siendo responsable de violencia significativa en la región.

(Fuente: López-Dóriga Digital)

El Estado que no responde y la sociedad que no ve

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Juan Manuel Montaño, 15 años. Jair Andrés Cortez, 14 años. Jean Paul Perlaza, 15 años. Leyder Cárdenas, 15 años. Álvaro José Caicedo, 14 años; sus cuerpos, llenos de golpes, con rayones en los brazos, heridas de arma blanca en el cuello y tiros de gracia en la cabeza, fueron encontrados en un cañaduzal a las 6:34 p.m. del martes 11 de agosto, en el sur de Cali. Cuatro días después, nueve jóvenes son asesinados a tiros en Nariño, al sur del país. 

Ser colombiano significa estar acostumbrado a oír este tipo de noticias, y si bien estos crímenes lograron sacudir a todo el país, lo cierto es que sólo son la punta de un iceberg que ha venido creciendo estos últimos años y que ha logrado solidificarse a causa de la crisis derivada del coronavirus. Departamentos como Cauca y Nariño se han convertido en algunas de las zonas más golpeadas por grupos paramilitares y disidencias de las FARC, los cuales se disputan las rutas de narcotráfico e incluso han logrado imponer normas estrictas a la población. Al mismo tiempo, estos departamentos cuentan con los niveles más altos en cuanto a presencia del ejército colombiano se refiere, lo cual nos hace preguntarnos; ¿dónde estaba el ejército y la policía cuando mataron a los cinco de Cali y los nueve de Nariño?, ¿dónde están las autoridades cuando los grupos paramilitares se han hecho con el control de las poblaciones del Cauca y Nariño? La firma de los acuerdos en 2016 prometía no sólo ponerle fin al conflicto armado más largo de la historia, sino también mejorar la vida de todos los colombianos, y, sin embargo, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia, el año 2019 volvió a presentar la cifra más alta de masacres desde 2014.

Lo cierto es que en Colombia no hay paz, y me atrevería a decir que nunca la hubo. Y no estoy diciendo que las negociaciones no hayan servido de nada, o que este en desacuerdo con el proceso, todo lo contrario, siempre fui partidaria de este, pero lo cierto es que es muy difícil hablar de paz en un país donde noticias como esta se han vuelto temas de conversación diaria, hasta llegar al punto de causar indignación (temporal), más no sorpresa. El gobierno colombiano le ha fallado al pueblo en implementar los acuerdos de paz, y no apunto sólo al Ejecutivo, si no a las autoridades de cada departamento y ciudad en donde la violencia no ha hecho sino crecer en los últimos años, azotando más que nada a las comunidades afro e indígenas, en donde se amanece todos los días con una noticia como la de Llano Verde. 

Seamos honestos, lo más probable es que ni a usted ni a mi nos haya tocado vivir el conflicto armado y la violencia de manera directa, o al menos no tan directa como en Llano Verde o en muchas otras comunidades del país. Nosotros no tuvimos que huir de nuestras casas por la amenaza de grupos paramilitares o al margen de la ley, a nosotros nunca nos pusieron una pistola en la cabeza para que sembráramos coca o cualquier otro cultivo ilícito; nosotros nos indignamos leyendo este tipo de noticias en los periódicos o viéndolas en los noticieros, pero no las hemos vivido en carne propia, y, sin embargo, somos quienes tomamos las decisiones por aquellos que sí las han vivido, y las siguen viviendo todos los días.

Lo que tenemos aquí, en primera instancia, es un problema en las instituciones del país; dejemos de hablar de una manzana podrida, cuando todos sabemos que el campo esta contaminado. ¿Cómo es posible que la principal teoría del asesinato de los cinco de Llano Verde sea que fue la policía quién cometió el asesinato? El otro problema, y no menos grave que el de instituciones, es nuestra indiferencia ante la violencia y la muerte de jóvenes, de líderes sociales, de mujeres, de colombianos. Así como nos duele una orden de detención preventiva de un expresidente, así como salimos en caravanas a mostrar nuestro desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia contra una persona que tiene todas los recursos a su merced para defenderse, salgamos pues, a mostrarnos inconformes por aquellos que no pueden tener un proceso justo, que ni pueden alzar la voz, o peor, que la alzan y son ignorados, o silenciados a la fuerza. 

Y si, tal vez a nuestros padres sí les tocó vivir mucho más de frente el conflicto, y tal vez nos hemos sentido inseguros en nuestras propias ciudades, y tal vez sentimos miedo cuando vamos en un carro y pasa una moto al lado, o cuando salimos en la noche, eso no lo niego, aquí no se trata de menospreciar las tragedias de nadie, si no de protestar por todas, de verlas a todas por igual, porque todas nos deberían doler por igual. Dueles, Colombia. Dueles por tus muertos, por tus instituciones podridas, por tu justicia ciega y autoridades sin autoridad. Pero dueles más por tu indiferencia.