Sanción a la abstención

Comparte este artículo:

El 24 de octubre de 2019, la Senadora Nadia Navarro Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de obligación del voto.

Misma, que fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

En la referida iniciativa, esencialmente se propuso reformar los artículos 128, 447 numeral 1 y 456 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de combatir el abstencionismo electoral.

Lo anterior, considerando como nueva causal de infracción la no emisión del voto sin que exista causa justificada y, sancionando al infractor impidiéndole realizar gestiones o trámites ante los entes públicos federales, estatales o municipales durante el lapso que fije la autoridad electoral.

Siendo oportuno precisar, que no se pretende sancionar a quien libremente acude a las urnas y decide anular su voto pues no lo convencen las propuestas de los candidatos, sino por el contrario, únicamente se sancionará a aquellos que sin causa justificada se abstienen de cumplir con su obligación como ciudadanos de la República de acudir a las urnas en las elecciones.

Sobre el particular, considero que esta reforma es necesaria, pero sobre todo congruente con el texto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM). 

Necesaria, puesto que tal y como lo señaló la Senadora Nadia Navarro Acevedo el abstencionismo electoral golpea fuertemente la democracia, siendo imperativo adoptar medidas para su disminución, sin contar el elevado costo financiero que esta práctica representa para el Estado Mexicano.

Máxime, que según se advierte del “estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las Elecciones Federales de 2009, 2012 y 2015“, en México el promedio de participación ciudadana (contando elecciones intermedias y presidenciales) desde 1991 a 2015 es del 57.58%, es decir, existe un preocupante 42.42% de abstencionismo electoral.

Situación anterior, que evidencia la necesidad del Estado Mexicano, por una reforma como la que hoy nos ocupa.

Por su parte, la reforma es congruente con el texto de nuestra CPEUM, pues si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 35 de la CPEUM votar en las elecciones populares es un derecho de la ciudadanía, lo cierto es que el alcance del referido derecho debe interpretarse como la facultad que tiene el ciudadano mexicano para ejercer su voto libremente en las urnas y no así, como la facultad del ciudadano mexicano para decidir sí acude a ejercer el derecho o no.

Lo anterior, puesto que a la par del derecho de la ciudadanía para votar en las elecciones populares, subsiste la obligación contenida en la fracción III, del artículo 36 de la CPEUM, que expresamente establece que son obligaciones del ciudadano de la república votar en las elecciones y en las consultas populares.

Esto, pues tal y como lo señaló, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus “Apuntes de Derecho Electoral” atendiendo a que la norma tiene que permitir el cumplimiento de lo ordenado, y la omisión de lo prohibido, encuentra significado el aserto de que todo mundo tiene el derecho de cumplir con sus obligaciones.

No es óbice, que lo anterior aparentemente resulte una contradicción, pues desde una perspectiva lógico-jurídica, votar se trata de una obligación que se traduce en la función pública de integrar los órganos de elección popular y que funda, a su vez, el derecho del ejercicio obligatorio de votar.

En este orden de ideas, siguiendo con la lógica-jurídica de que a todo incumplimiento de una obligación debe corresponder una sanción, es que resulta congruente la reforma que hoy se comenta.

Finalmente, espero que nuestros legisladores logren advertir la necesidad y congruencia de la reforma propuesta y, sea aprobada a la brevedad con las modificaciones técnicas correspondientes.

Alcaldes y su tarambana irrupción

Comparte este artículo:

Como es público, el martes 22 de octubre del presente, alrededor de las seis de la mañana, acudieron a Palacio Nacional diversos Alcaldes del país (aproximadamente 80), a manifestarse para defender el presupuesto de sus municipios frente al C. Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Buscando con lo anterior, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 (en adelante PEF) se contemplara la asignación de más recursos y evitar supuestos recortes al presupuesto de sus respectivos municipios.

Por el Estado de Tamaulipas, acudieron los CC. Presidentes Municipales Xicoténcatl González Uresti de Victoria y Enrique Rivas de Nuevo Laredo y, por el Estado de Nuevo León, el C. Héctor Castillo Presidente Municipal de Santa Catarina, entre otros.

No obstante, la manifestación en comento, únicamente se trató de una tarambana irrupción y no así, de un formal y verdadero acto de gestión de recursos por parte de los Presidentes Municipales en defensa de sus municipios.

Al respecto, el PEF tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, mediante la distribución y asignación de un determinado monto de recursos, estimado con base en los ingresos por la recaudación de impuestos y derechos.

Dicho presupuesto, es un acto formalmente legislativo, pero materialmente administrativo, porque desde su origen el proyecto de presupuesto proviene del Poder Ejecutivo Federal y su estructura, en general, no cambia por el hecho de que la Cámara de Diputados lo apruebe en sus términos o lo modifique.

Siendo oportuno precisar que si bien es cierto, el Ejecutivo Federal crea el proyecto de PEF, a quien compete su examen, discusión, modificación y aprobación es a la Cámara de Diputados y no así, al Presidente de la República. 

Razón por la cual, califico de tarambana la irrupción de los Presidentes Municipales, en tanto fue realizada en Palacio Nacional y no en la Cámara de Diputados.

 Pues se insiste, por mandato constitucional a la Cámara de Diputados es a quien le compete el examen, discusión, modificación y aprobación del PEF.

En esa tesitura, si lo que pretendían con su actuación era la modificación al PEF para la asignación de mayores recursos o evitar recortes, lo conducente era acudir a la Cámara de Diputados y no así, a Palacio Nacional.

Máxime, que el Presidente de la República por mandato constitucional, a saber, segundo párrafo, fracción IV, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe enviar a más tardar el día 8 de septiembre el Proyecto de PEF a la Cámara de Diputados.

Situación, que vuelve torpe y tardía la irrupción de los Presidentes Municipales, en tanto, que para la fecha en que decidieron “manifestarse” el Proyecto de PEF ya había sido enviado a la Cámara de Diputados.

Por esto, únicamente puede calificarse cómo tarambana irrupción y, no como manifestación, la actuación de los Presidentes Municipales el martes 22 de octubre.

Lo que con esta eventualidad, debe resultar verdaderamente preocupante para la ciudadanía, es la forma con la que se conducen los Presidentes Municipales del País, en tanto lo único que evidenciaron más allá de los desfiguros que realizaron (por los cuales tuvieron incluso que rociarles gas lacrimógeno) es un desconocimiento total de la Constitución y del procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la aprobación del PEF.

Finalmente, ojalá que los Presidentes Municipales hayan realizado los Proyectos Ejecutivos de sus respectivos municipios, debidamente informados, asesorados y teniendo identificados en un documento rector, los objetivos prioritarios y metas inherentes al desarrollo de los mismos, para presentarlos en el Orden de Gobierno, Entidad, Dependencia y/o Empresa productiva competente.

UMA y la Joya del Pancismo

Comparte este artículo:

El 27 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, a través del cual fueron modificados los artículos 26, apartado B y 123, inciso A), fracción VI de la Constitución.

Dicha reforma, en su modificación al artículo 26, apartado B, Constitucional, crea una medida que se utilizaría como referencia económica para el cumplimiento de obligaciones.

En ese contexto se crea la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA) como referente económico, desindexando al salario mínimo general vigente (SMGV) y, a partir del 28 de enero de 2017, toda referencia al SMGV cómo parámetro de medida, debía considerarse efectuados a la UMA.

Esto, pues el artículo TERCERO transitorio del decreto anteriormente señalado, estableció que todas las menciones al SMGV como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la UMA.

Derivado de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, apartado B y TERCERO transitorio de la Constitución, a partir del año 2017, el IMSS y el ISSSTE, comenzaron a utilizar la UMA a efecto de establecer los topes máximos en el cálculo para el pago de las pensiones.

Situación, que ocasionó que el poder adquisitivo y el monto de las pensiones fuera reduciéndose en perjuicio de los pensionados, toda vez que el valor de la UMA tenía menores aumentos en proporción a los realizados al SMGV.

No obstante, ambos Institutos de Seguridad Social, perdieron de vista que a la par de la reforma al artículo 26, apartado B, también se modificó el artículo 123, inciso A) fracción VI de la Constitución, estableciendo que el SMGV no podría ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Es decir, el SMGV, podía seguir utilizándose cómo índice, unidad, base, medida o referencia, siempre y cuando fuera acorde a su naturaleza.

En esa tesitura, tratándose de la determinación de la cuota diaria de pensión, es decir, de una prestación de naturaleza laboral, el parámetro utilizado para su cálculo no puede ser otro que el SMGV.

Por lo anterior, desde el año 2017, diversos grupos de pensionados, al ver reducidos montos en el pago de sus pensiones, comenzaron a demandar el correcto cálculo del mismo, atendiendo al valor del SMGV y no a la UMA.

En consecuencia, a finales de 2017 y principios del año 2018, fueron emitidos los primeros criterios respecto a la indebida aplicación de la UMA, para efecto de realizar el cálculo en el pago de las pensiones. 

Mismos criterios, que gracias al legítimo esfuerzo de grupos de pensionados que con determinación acudieron a Tribunales Competentes a ejercer sus derechos siguieron reiterándose, hasta que el 20 de septiembre de 2019, el décimo octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito creó jurisprudencia.

Jurisprudencia, que únicamente es producto del esfuerzo y valía con la que los pensionados defendieron sus derechos en los Tribunales.

No obstante, recientemente circuló un video, en el que aparece el Senador Dr. Américo Villarreal Anaya, declarando que gracias a las gestiones de los Senadores de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la jurisprudencia que establece que la pensión de retiro de los trabajadores debe ser calculada con base en el salario mínimo.

Estas declaraciones, además de constituir una verdadera joya al pancismo, son un acto demagógico que demerita la valía con la que los pensionados defendieron sus derechos.

Por mi parte, únicamente puedo felicitar a los pensionados por su Voluntad y Trabajo en este logro.