Las Mañaneras y la equidad en la competencia electoral

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Es realmente incomprensible que el Presidente López Obrador no respete las reglas constitucionales destinadas a proteger la equidad en la competencia electoral. Sobre todo, porque dichas normas fueron incluidas en nuestra constitución justamente para impedir que servidoras y servidores públicos influyeran en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Pero lo que sí limita con lo cínico es que las conductas ahora prohibidas tuvieron como víctima al mismo AMLO durante su primera campaña presidencial del 2006. 

Aunque ahora parece ya muy lejano, fueron las campañas negativas y la intervención mediática del presidente Fox lo que llevó, primero, a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al Consejo General del entonces llamado IFE instrumentar un procedimiento especial, abreviado, para que se pudieran depurar las conductas que estaban afectando la libertad del sufragio del electorado mexicano; y, además, a que la Sala Superior del TEPJF, en su dictamen de validez de la elección de 2006, concluyera que las intervenciones del presidente pusieron en riesgo la validez de la autenticidad de toda la elección.

Las campañas de dos mil seis pusieron en evidencia varios problemas que nuestra joven democracia electoral cargaba en su equipaje: 1) El acceso a radio y televisión basado en quién contaba con mayores recursos directos, por medio de financiamiento público o privado, o indirectos, en razón de las campañas veladas o expresas de sujetos privados a favor o en contra de los contendientes. 2) La intervención que los gobernantes podían realizar en la autenticidad de las campañas por medio de mensajes disfrazados de propaganda gubernamental. 3) La clara promoción personalizada que realizaban las y los servidores públicos por medio de la propaganda difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social con la consecuente afectación a la equidad en la elección.

La reforma constitucional en materia electoral del 13 de noviembre del 2007 incorporó al texto fundamental algunas normas que me interesa resaltar: i) La obligación de todos los poderes y órganos de suspender la difusión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada (art. 41, fracción III, Apartado C). ii) La obligación de todos los servidores públicos de aplicar en todo tiempo de forma imparcial los recursos públicos y sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos (art. 134, párrafo 7º). iii) La obligación de que la propaganda gubernamental, en todo tiempo, sea institucional, informativa, educativa o de orientación social y, además, la prohibición de que dicha propaganda incluya signos o imágenes que impliquen promoción personalizada de las y los servidores públicos (art. 134., párrafo 8º).

Estas reglas de rango constitucional fueron incorporadas justamente después de la poco limpia campaña electoral presidencial de dos mil seis y, como puede evidenciarse, buscaron alcanzar uno de los fines que están presentes en todo el entramado electoral nacional: la equidad en la competencia. Más claro aún, estas reglas se crearon como una consecuencia de las campañas negativas en contra de AMLO en ese año. Ahora, quince años después, parece ser que es el mismo presidente quien desea desconocer el alcance de estas normas por medio de sus mensajes de corte electoral en las Mañaneras.

Nadie podría desconocer que las y los servidores públicos gozan de derechos y libertades como la expresión política, y que, desde luego, las personas tenemos derecho a saber lo que nuestros gobiernos están realizando. Estas premisas justifican las novedosas Mañaneras, sin embargo, una mínima cultura constitucional debería concluir que las conferencias de prensa matutinas del Presidente también están sometidas a las reglas que describí. Y tampoco podemos negar que si el titular del Ejecutivo incumple con estas reglas constitucionales se afectará la equidad en la competencia entre los partidos durante las campañas electorales que están por iniciar.

En este mismo sentido, las Mañaneras deben ser tomadas como propaganda gubernamental, porque indudablemente son un instrumento de comunicación desde el poder. Recordemos, como afirma Castells (2012), que “en nuestro contexto histórico, la política es fundamentalmente una política mediática” y que “las relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para modelar las mentes construyendo significados a través de la creación de imágenes”. Más allá de la libertad de expresión del Presidente y del derecho a estar informadas de las personas, ¿no es esto lo que construye todos los días AMLO en las Mañaneras? ¿No es esto lo que pretende construir al referirse en las Mañaneras a partidos políticos y coaliciones?

Justo con motivo de estas expresiones el Consejo General del INE, por orden de la Sala Superior del TEPJF, tuvo que conocer en pleno una solicitud de medida cautelar en contra del Presidente por las referencias electorales que hiciera en una Mañanera de diciembre pasado. Para tutelar la equidad en la competencia, el INE ha ordenado a AMLO que “en el mecanismo de comunicación gubernamental se abstenga de realizar conductas que involucren manifestaciones cuyo contenido pueden ser de naturaleza electoral, en apego a lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución”. Esta determinación preventiva de carácter inhibitorio, como era de esperarse, fue impugnada por el partido del Presidente y por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Paradojas de la vida: Quince años después de aquella campaña de 2006 López Obrador es quien ahora ejerce el poder. El Presidente es ahora quien construye su política por medio de las Mañaneras. Ahora, el presidente pasó de ser una víctima del poder mediático a un actor que debe ceñirse a las reglas que prohiben abusar del poder para beneficio propio o del partido en el gobierno. Aunque algunos pensemos que deberíamos privilegiar la libre circulación de las ideas y las opiniones, no podemos desconocer el alcance de las normas constitucionales. Sólo esperemos que el Tribunal Electoral logre otorgar más peso a la equidad en la contienda que al inmenso poder mediático del Presidente de la República.

No he presentado denuncias contra expresidentes, dice AMLO

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Esta mañana, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desde la Presidencia no se ha presentado ninguna denuncia en contra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, ni algún otro expresidentes. En el mismo sentido, aunque respecto a otra acusación, descartó que le haya pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que frene el caso de Lozoya. 

Esto lo declaró el presidente durante su tradicional conferencia de prensa matutina: “No estamos presentando nosotros denuncia contra los expresidentes… Ni contra (Carlos) Salinas, ni contra (Ernesto) Zedillo, Ni contra (Felipe) Calderón, ni contra Peña Nieto“.

Durante la semana se ha estado argumentando que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray; y el expresidente Enrique Peña Nieto presuntamente utilizaron los sobornos de Odebrecht para golpear al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en la campaña electoral del 2012; al respecto Obrador contestó que: “En caso de que sea necesario llevar a cabo una consulta popular, donde el pueblo decida si deben ser llevados a juicio“, reiteró.

Además señaló que si las autoridades deciden que no se debe esperar a la consulta ciudadana para investigarlos “están en la libertad de hacerlo“.

Con información de El Universal y PolíticoMX

Tiene Morena 48 horas para recolectar las 800 mil firmas para consultar juicio a expresidentes

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Morena tiene 48 horas para reunir las 800 mil firmas para poder solicitar, por la vía ciudadana, el proceso para la consulta popular que decida enjuiciar o no a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La senadora morenista, Citlalli Hernández, quien participara en las labora de coordinación de la campaña, dijo al periódico El Universal, que hasta el último conteo se había recabado un millón de firmas, es decir que a 48 horas de se cumpla el plazo legal para entregarlas esquematizadas y foliadas, la iniciativa ciudadana tenía un avance de 55%.

Hernández consideró que la iniciativa logrará cumplir este requisito, pues el plazo para presentar las firmas vence el martes.

“Hasta el conteo que teníamos anteayer había cerca de 800 mil firmas y en estos últimos dos días han estado llegando a todo el país: 150 mil Tabasco; 40 mil de Chihuahua, y una persona de Los Ángeles. A lo menos un millón de firmas sí se han juntado”, dijo en entrevista con El Universal.

Por otro lado, confió en que lograrán juntar los 2 millones de firmas, las cuales se seguirán entregando hoy y mañana: “Hay altas posibilidades de lograr los 2 millones de firmas necesarias. Hubo tres promoventes de la consulta en el Senado y los tres llegaron al acuerdo de utilizar la misma pregunta. Dos esfuerzos han estado caminando de manera conjunta (…) Con todos organizados se completa el otro millón”.

Detalló que la estructura partidista de Morena en la capital estará entregando firmas hoy, así como la estructura de la Unidad de las Izquierdas.

Una vez recabadas, se le notificará al Senado que se reunieron, éste acusará de recibido y las enviará al Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar que sean reales, contactando de manera aleatoria a los firmantes.

Si el INE determina que las firmas son reales y las valida, entonces las enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinará su la pregunta es o no constitucional. El siguiente paso será regresar la consulta al Senado para la dictamine y luego se le enviará al INE para que la aplique.

Va Morena por 2 millones de firmas para enjuiciar a expresidentes

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El Consejo Nacional de Morena determinó por unanimidad realizar una movilización nacional, con el objetivo de recabar las firmas necesarias para solicitar una consulta popular en busca de que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sean sujetos a juicio penal por corrupción.

El líder interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que buscarán recolectar 2 millones de firmas, y no un millón 800 mil como los requiere la ley, “para que no haya pretextos”.

Mientras que el partido tomaba esta decisión, militantes y simpatizantes de Morena en diversas plazas del país y hasta en Nueva York, Estados Unidos, colocaron mesas receptoras en plazas y parques públicos para comenzar a recabar las firmas.

Por otro lado, en redes sociales también promovieron la consulta y habilitaron el portal www.juicioexpresidentes.mx para descargar los formatos de recolección de firmas. En el Zócalo de la CDMX se instalaron dos mesas de recepción, una en la esquina de Madero y Plaza de la Constitución y la segunda en la esquina de 5 de Mayo e Isabela Católica.

Con camisetas de color blanco que tiene impreso el mensaje: “Juicio a expresidentes ¡Ya!”, los activistas dijeron que hubo muy buena participación, pues alcanzaron a recolectar más de 300 firmas en nueve horas.

“Nosotros somos activistas, por eso lo haremos los fines de semana”, declaró Enrique Calles, quien agregó que desde hace años quieren llevar a juicio a los expresidente, pero no se había podido hacer, ahora, comentar, van a cumplir con el requisito legal de juntar más de un millón y medio a 2 millones de firmas, labor que consideró titánica.

Según la Constitución, sólo se puede solicitar la consulta popular del 1 al 15 de septiembre próximo, esa es la fecha límite o de lo contrario tendrán que esperar hasta la siguiente elección.

No descarta AMLO promover consulta para juzgar a expresidentes

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El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó promover la consulta para enjuiciar a sus antecesores, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por temas de corrupción, una idea que ha planteado desde antes de asumir la presidencia en 2018.

El mandatario ha insistido en responsabilizar a estos mandatarios “del periodo neoliberal”, de gran parte de los problemas que enfrenta su administración, como es el caso de la corrupción y la inseguridad. En ese sentido, ha propuesto realizar este ejercicio para el año próximo.

López Obrador explicó que la consulta se podrá realizar al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial resuelven la responsabilidad de los expresidentes en casos de corrupción, como es lo referente a Peña Nieto, quien ha sido implicado en el pago de sobornos para el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y de Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se encuentra preso en Estados Unidos acusado de trabajar con el crimen organizado.

“Al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana para que la gente sea la que decida. No quiero yo ser verdugo, que lo decidamos todos”, dijo durante #LaMañanera.

El mandatario dijo que, de acuerdo a la ley, para hacer una consulta solo se puede solicitar del 1 al 15 de septiembre. Por lo que recordó, que quienes pueden solicitarla son el presidente de la República, una tercera parte de los legisladores de una cámara o el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Solicita García Luna desechar acusación

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El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pidió este martes a un juez federal de Brooklyn desechar la nueva acusación en su contra por el delito de empresa criminal continua, al considerar que hay dudas sobre la legalidad de la integración del gran jurado que lo aprobó.

Los abogados de García Luna presentaron al juez Brian Cogan una moción para acceder a registros sobre la forma en que fue integrado el gran jurado, que no fue establecido en Brooklyn, sino que por la pandemia de COVID-19 tuvo sus deliberaciones en Central Islip, en. el suburbio neoyorquino de Long Island.

“Por una abundancia de precaución, desde este momento solicitamos desechar la nueva acusación, con base en que los procedimientos ante el gran jurado violaron el Título 28 del Código de los Estados Unidos”, afirmarlo los litigantes César DeCastro y Valerie Gotlib.

Cabe mencionar que en el derecho penal estadounidense, el gran jurado es reunido por la fiscalía para aprobar los cargos antes de ser presentados a una corte.

Sus sesiones son secretas, al igual que la identidad de sus integrantes, que deben ser elegidos de manera aleatoria “entre una muestra representativa de la comunidad”, lo que según la defensa del ex funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, no habría ocurrido al mover el caso de Brooklyn a Long Island.

La nueva acusación, por un cargo de empresa criminal continua, es la más grave en su contra, pues contempla una pena mínima de 20 años de cárcel.

Dicha acusación fue presentada el 30 de julio, al tiempo que el Departamento de Justicia acusó por los tres cargos de conspiración a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño Garcia, cercanos colaboradores de García Luna en la SSP y otras dependencias en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

García Luna estaña preso desde diciembre de 2019 por tres cargos de conspiración para tráfico de cocaína, por supuesta protección al Cártel de Sinaloa, así como un cargo de falsedad en declaraciones.

El histórico desmantelamiento a CFE

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En los pasados días, se publicó un acuerdo por parte del CENACE sobre la limitación de privados en su participación en el mercado eléctrico. 

El presidente ha usado una frase recurrentemente “Hay que poner el piso parejo” para CFE y ha sostenido que se les ha dado prioridad a los privados que a CFE en la compra de energía eléctrica.

Esto último es muy interesante de precisar, porque más allá si se está de acuerdo o no en la nueva normativa que limitaría a los privados, es una realidad el hecho de que se ha desmantelado el sistema eléctrico nacional a lo largo de los años, especialmente en el periodo neoliberal del que tanto hace alarde la 4T.

En los límites de Apodaca y San Nicolás de los Garza al norte de la ciudad están numerosas empresas y almacenes de diversos tipos, desde las plantas de Hylsa (ahora Ternium), un parque Kalos, KIR, Conductores Monterrey, entre otras. En la avenida López Mateos / Carretera a Roma durante muchos años existió una Termoeléctrica de la CFE de nombre Monterrey I. Las notas periodísticas de la época de Fox y Calderón hablan de que la planta era incosteable, era poco eficiente y con un panorama desolador. Actualmente, no existe más la termoeléctrica, sin embargo, las instalaciones son usadas como almacén y funciones varias. Esta situación ha pasado en diferentes estados y con plantas de diversos tipos.

La CFE desde la nacionalización de la industria eléctrica sirvió para conectar al país entero y dotarlo de un servicio vital para el desarrollo de un país. Sin embargo, los años pasaron y las capacidades de CFE fueron minadas, una parte, por el avance tecnológico al cual CFE no correspondió y otra parte, por su dependencia en recursos públicos cada día más escasos que no le alcanzaban para mejorar.

CFE se llenó de plantas viejas, poco productivas, sindicatos con pasivos laborales altos y con un atraso respecto a las empresas eléctricas del mundo. En el mundo, numerosos países como Reino Unido, Argentina, Francia, España, abrieron su paso a los privados en el sector.

Recordemos la nefasta extinción de Luz y Fuerza del Centro realizada por Felipe Calderón, justificada ampliamente en TV Azteca, principalmente, a quien se acusó de ineficiente y representar una carga. A decir verdad, LyF tenía adeudos enormes de privados e instituciones públicas que jamás quisieron pagar. De paso decir que desde De la Madrid se inventaron zonificaciones para LyF y para CFE especialmente en el Valle de México y sur del país generando ineficiencias en un reparto por demás arbitrario.

Estas historias refuerzan la percepción de la política gubernamental de abandono deliberado del sector energético en donde se buscó someter a las empresas a “competir” en franca desigualdad al tener saqueos fiscales y limitaciones presupuestarias. El objetivo era claro: Debilitar, desmantelar y privatizar. 

El argumento histórico frente a las empresas estatales es que los monopolios, además de ser ineficientes por definición, distorsionan los precios al consumidor. Sin embargo, una empresa estatal tiene otras razones de existir, no solo el lucro y la maximización de beneficios, como una empresa privada, sino también la de subsidiar a los sectores menos favorecidos y llegar a zonas donde a un privado no le costea, especialmente en ese México rural y atrasado. Esa es la razón de ser de CFE.

Sin embargo, en los últimos 30 años, el gobierno fue cerrando o deshaciéndose de plantas, como la termoeléctrica de Apodaca, justificando con datos que, realmente, mostraban que la ineficiencia de las plantas, pero ignorando el desmantelamiento y la discrecionalidad para la entrada de privados nacionales y extranjeros, donde políticos y grandes empresarios figuran como socios. Además, se dieron casos de políticos y funcionarios del sector (Ej. Rosario Green, secretaria de Energía de Fox, el propio Felipe Calderón con Iberdrola) en un fenómeno de puerta giratoria pasaron a la iniciativa privada con información privilegiada del sector y quitándole más espacios a CFE.

Además, se brindaron subsidios justificados solo en politiquería a entidades e instituciones públicas aunado al perenne impago de empresas privadas. Todo esto suma al abandono.

Ahora, se pega el grito al cielo, desde los privados por la reglamentación que quiere el nuevo gobierno, cuando, por ejemplo, mediante políticas de despojo y contaminación del suelo, la industria eólica se ha establecido en lugares del Istmo de Tehuantepec. O también cuando los privados han relegado a la CFE a ser una empresa de distribución, puesto que los privados producen “más barato” y la CFE tiene que comprarles electricidad.

Los privados suman y son bienvenidos a participar en el sistema eléctrico nacional. No obstante, el presente gobierno quiere revivir una empresa en una competencia desleal y con numerosos atrasos tecnológicos que difícilmente serán subsanados en 6 años, lo cual resultará caro, lento y políticamente en disputa constante por la oposición vinculada a los lobbies energéticos.

Lo dicho, dicho está.

Cassez buscará reparación en México

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La ciudadana francesa Florence Cassez aseguró que buscará que se le reparen los daños, después de que durante el sexenio de Vicente Fox fuera acusada de secuestro.

En una entrevista con el medio francés L’Express, Cassez explicó que la detención del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cambia las cosas y exhibe la verdad de las operaciones del ex funcionario.

“Antes saber que era inocente era suficiente. No me importaba lo que algunas personas pensaban. Ahora, quiero ir más allá, establecer la verdad completa, pedir cuentas a los que me hicieron daño, quiero volver a abrir mi archivo, pedir reparación en México”, dijo Cassez.

Cabe recordar que la ciudadana francesa fue arrestada en 2005 y condenada por participar en una red de secuestro presuntamente dirigida por su novio mexicano, Israel Vallarta.

Tras estar 7 años en la cárcel, la Suprema Corte dictaminó que el juicio de Cassez no había sido justo y ordenó su liberación.

En esa entonces, García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de 2001 a 2005, que se encargaba de investigar casos del crimen organizado, entre ellos del que se acusó a Cassez.

El operativo para detener a Cassez fue dirigido por la extinta AFI y García Luna, y fue televisado, lo que la Corte calificó como una irregularidad y derivó en la liberación de la francesa.

Genaro García Luna; un símbolo más para la 4T

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Hace apenas unos días, fue detenido en Dallas Texas, Genaro García Luna, quien inició su carrera policial en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el sexenio de Ernesto Zedillo, tiempo después, desempeñó algunos otros cargos donde empezó a tener más notoriedad en la vida pública, como lo fue en la ya extinta Policía Federal Preventiva (PFP), para después pasar a ser el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) – un intento de FBI mexicano – en tiempos de Vicente Fox y posteriormente como Secretario de Seguridad Pública con el ex Presidente Felipe Calderón.

La carrera del “súper policía” – como se le conocía internacionalmente a García Luna -, por un lado fue manchada en diversos episodios por acusaciones de actos de corrupción – hasta la fecha ninguno comprobado – y por otro lado, un tanto polémica por el estilo y la forma en que operaba, especialmente desde la Secretaría de Seguridad Pública.

Solo para ilustrar brevemente esto último: se exhibía en cadena nacional las capturas de delincuentes de alto impacto; se le acusó del montaje de la detención de la presunta secuestradora francesa Florence Cassez que culminó con su liberación; el secuestro de Miguel Omar Romano, entonces entrenador del Cruz Azul, quien había sido liberado por agentes de la AFI y no le permitieron salir hasta que llegaran las cámaras de televisión, entre otros. Evidentemente a García Luna le gustaba el reconocimiento y los reflectores.

Aquí dos puntos a resaltar alrededor del caso:

Primero, poco se sabe sobre las evidencias que se tienen, pero se presume que los elementos más firmes que existen en la carpeta de investigación en su contra son los testimonios de personajes clave en el Juicio del Chapo Guzmán, como lo es Jesús “El Rey” Zambada, el cual declaró que personalmente él le había entregado a García Luna sobornos millonarios cuando éste ocupaba la Secretaría de Seguridad Pública, todo esto a cambio de poder operar con total libertad e impunidad en territorio nacional. Otro más, es Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”, quien lo acusó en 2012, vía una carta, de estar en la nómina de varios grupos de la delincuencia organizada, especialmente del Cartel de Sinaloa.

Es verídico que no se puede entender la transformación y el crecimiento exacerbado del narcotráfico transnacional en esa época del que gozaron algunos grupos del crimen organizado, si no fuera por la estrecha complicidad con el Gobierno Federal – no solo en 2006 – 2012, si no incluso desde el siglo pasado -, muy particularmente el Cartel de Sinaloa, a tal nivel que actualmente está presente en 81 países del mundo. En lo personal, soy escéptico de las declaraciones de un criminal bajo esas circunstancias, donde cualquier estrategia jurídica lo puede ayudar. En fin, argumentar si estos delincuentes dicen o no la verdad, sería especular, hay que esperar el juicio.

Segundo, lo político del caso. Genaro García Luna es solo un eslabón de una red de protección policiaca, política y judicial que por años a operado en el país. El juicio del “Chapo” vuelve a alcanzar a terceros, y en este caso, si existen implicaciones políticas particularmente para el ex presidente Felipe Calderón, el cual es hoy por hoy – a falta de nuevos liderazgos – el “único” símbolo de oposición o adversario político principal e histórico del Presidente López Obrador, pues de alguna manera deslegitima su discurso en contra de la estrategia de seguridad de la 4T.

El Presidente López Obrador declaró hace apenas unos días que esta detención es “una derrota más de un régimen autoritario, una prueba de un modelo que fracasó”. Declaración que no sorprende, sabemos que el recurrir al pasado para legitimar sus decisiones ya es costumbre y a Genaro García Luna lo ha convertido en un símbolo más para la 4T – lo adicionó a la lista que encabezan Rosario y Deschamps -. Pero en el entendido jurídico de que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, si a este personaje se le encontrara culpable, por un lado, nos queda claro que se podría llevar consigo a muchos funcionarios mexicanos de primer y segundo nivel involucrados, y por otro lado, es importante cuestionarnos lo siguiente:

¿A quién o quienes de la D.E.A o de alguna otra agencia de Estados Unidos va a “salpicar” esta investigación?. No olvidemos que fue justamente en ese sexenio, donde más colaboración existió, sobre todo en el intercambio de información confidencial, entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Gobierno mexicano en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Además, justamente al término de su encargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública fue que se mudó a vivir al país vecino, y aquí es donde me quiero detener, pues algo se vuelve un poco complicado de entender, por ejemplo: siete años viviendo en Estados Unidos, le otorgaron su residencia permanente, (por cierto, que para otorgártela, las autoridades migratorias de Estados Unidos revisan absolutamente todo tu pasado y presente, difícil de creer que no se percataron de tanta irregularidad) entró y salió del país las veces que él quiso, tiene cuentas bancarias en ese país, propiedades, hizo negocios y tanto tiempo después el Departamento de Justicia viene a decirnos que es un delincuente? A mi entender, por ahí se rompió un pacto de complicidad poco claro.

Otra vez habrá que dejar el sentimiento nacionalista de justicia, la mano país vecino hará lo propio y nos vuelve a enseñar cómo, con voluntad política, se imparte justicia. Pasar de acusador a acusado debe ser lo más difícil, pero, de ser ciertos los cargos que se le imputan (que por cierto, a espera de la audiencia, aún se le pueden agregar mas cargos), no dejemos el caso ahí como ha ocurrido en el pasado, este es solo un paso que puede dar origen a un desmantelamiento total de una red de impunidad en las estructuras policiacas, políticas y judiciales del país, mismas que siguen estando presentes.

Fox afirma que baja en popularidad de AMLO es por “multitud de errores”

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A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Vicente Fox arremetió de nueva cuenta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque está vez por el descenso en aprobación del tabasqueño.

En su mensaje, exfuncionario guanajuatense aseguró que la violencia más “la multitud de errores cometidos” por el gobierno de López Obrador, han quitado los 10 puntos en la aprobación del presidente.

De igual manera afirmó que los datos eran reales pues se trataban de “la voz del pueblo bueno“, y compartió la nota publicada por El Universal donde se registra la baja en popularidad. 

Aquí se informa que Obrador  cerrará su primer año de gobierno con 58.7% de la aprobación, lo que representa una caída del 10%, respecto del 68.7% que obtuvo en agosto pasado tras las elecciones.

Con información de PolíticoMX