¡No te preocupes Peña!

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La nota del diario estadounidense “The Wall Street Journal” está sacudiendo intensamente el panorama político mexicano y puso a temblar a más de uno del circulo cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto. Señalan, que un funcionario federal de la actual administración y cercano al Presidente López Obrador filtró que el ex Presidente Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y como parte del expediente de investigación en curso del ex director de Pemex en ese sexenio Emilio Lozoya Austin, detenido en Málaga, España, apenas la semana pasada. 

Aunque la posibilidad de juzgar a un ex Presidente suena muy popular ante un ambiente social polarizado y la solo idea se “saborea” ante el escrutinio público, hay que tener paciencia, pues el proceso judicial apenas va comenzando y tiene muchas etapas. Primero, hay que esperar a que de inicio el largo y complejo proceso de extradición que ha caracterizado históricamente a España, y una vez en México, habrá que ver por cuáles delitos se le puede juzgar según lo que dictamine el Juez de aquel país europeo, pues no sería sorpresa para nadie, que ya instalado en una prisión mexicana no se arme bien el expediente en su contra y derive en su eventual liberación.

Este caso tiene múltiples derrames (Odebrecht, Anitrogenadados, despilfarro y excesos operados con las arcas de Pemex, el cobro por reuniones con el, etcétera) y en algún momento, va a derivar en lo político, y aunque el ex Presidente Peña Nieto no ha sido acusado formalmente en ninguna Corte, ni Emilio ha declarado en su contra, AMLO ya le mandó un mensaje vía su conferencia “mañanera”, mismo que podemos interpretar como el que hace unos años el ex titular del Ejecutivo le expresó en su momento a Rosario Robles: No te preocupes Peña“; pues señaló de forma muy precisa, que “no le conviene al país perseguir, juzgar y encarcelar a un ex Presidente”; sin embargo, le funciona muy bien como distractor el poner sobre la mesa la idea de someter a consulta popular -como lo hacía Poncio Pilato en la plaza pública de la antigua Roma- si los ex Presidentes, por lo menos de Salinas de Gortari a la fecha, deban ser juzgados o no (misma que por cierto, expresó que el votaría en contra en la consulta). Sí, como si la aplicación de la justicia fuera selectiva y el Presidente tuviera la facultad de decidir a quien si y a quien no se le aplica la Ley. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan?. Esperemos que la fuerza de los hechos lo pueda hacer modificar la postura por el bien de nuestra incipiente democracia.

La historia que comenzó a finales de 2016 y que se materializa en mayo de 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilita a Lozoya, tiene un elemento clave si en verdad existe voluntad política: la ruta del dinero, tarea que le corresponde a la UIF, es decir, a Santiago Nieto, que cabe recordar, fue el funcionario que separaron de su cargo como Fiscal Electoral en ese sexenio precisamente por indagar muy a fondo este tipo de casos de corrupción y lastimar fibras muy sensibles con el argumento de que el dinero terminaba finalmente en campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. ¿Habrá venganza política? No lo se, pero a Santiago voluntad política le debe sobrar; habrá que esperar a ver que línea le da el Presidente, pues si la obsesión de hacer historia se impone, que mejor que por primera vez en la historia, un ex Presidente de la República enfrente cargos de corrupción ante la justicia mexicana.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

FGR investiga a Peña Nieto, dice el Wall Street Journal

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El diario estadounidense The Wall Street Journal informó esta tarde que el ex Presidente Enrique Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

La indagatoria, según refiere la publicación, es parte del proceso que se lleva en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien el pasado 12 de febrero fue detenido en Málaga, España, a petición de las autoridades mexicanas por los delitos de lavado de dinero, soborno y malversación de fondos.

El señalamiento se desprende de una declaración hecha por una fuente de alto nivel en la Administración federal.

La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht alcanza el más alto nivel”, cita el texto publicado el día de hoy, la extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que en conjunto con las investigaciones en curso definirán si el ex Presidente será acusado en el futuro”, añade.

Emilio Lozoya estuvo prófugo de la justicia desde mayo de 2019 después de que la FGR lo acusara de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y participar en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes propiedad de Altos Hornos de México.

Su abogado Javier Coello Trejo, señaló que, sobre sus decisiones como funcionario, su cliente “no se mandaba solo”, en referencia a que Peña Nieto, como Jefe del Ejecutivo, tuvo que estar al tanto.

Este mismo miércoles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que en total han congelado 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas con Lozoya Austin.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Piden ir por Videgaray tras detención de Lozoya

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El presidente electo de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a las autoridades federales ir tras el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, luego de la detención en España de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ramírez Cuéllar recordó que Bancomext y Nacional Financiera (Nafin), cuyo Consejo de Administración eran presididos por Videgaray cuando fungía como secretario de Hacienda, fueron las entidades responsables del financiamiento utilizado por Pemex para las compras de Fertinal y de la planta de Agro Nitrogenados, mismas que resultaron en investigaciones por corrupción debido a que se adquirieron a sobreprecio y a que formaron parte de supuestos sobornos otorgados a Lozoya.

“Es claro que Lozoya no actuó solo, sino que formaba parte de una amplia red criminal que no pudo haber operado sin la complicidad de las más altas esferas gubernamentales. Por ello, creo que la Fiscalía debe profundizar en sus líneas de investigación y desenmarañar la red de corrupción generada desde el inicio y durante la administración de Peña Nieto”, declaró Ramírez Cuéllar.

El presidente electo de Morena consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe revisar las implicaciones de Videgaray y de otros miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto en las acciones emprendidas por Emilio Lozoya en su paso por la petrolera estatal.

Gertz Manero dice que su propuesta sobre feminicidio busca visibilizarlo

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El Fiscal General de la República Alejandro Gertz dijo que su propuesta sobre el delito de feminicidio se sacó de contexto, ya que al contrario, lo que pretende es visibilizarlo.

“Contrario a lo expresado por colectivos feministas, busca visibilizar el feminicidio (…) mejorar la capacidad de defender a las mujeres. Y haríamos lo mismo con cualquier grupo vulnerable”, dijo Gertz Manero en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En los últimos 5 años los delitos de homicidio crecieron 35% en el caso del feminicidio se disparó, aumento 137%”, señaló el fiscal.

 

Propuso Gertz Manero eliminar el delito de feminicidio

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Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), propuso eliminar el tipo penal de feminicidio y redefinirlo como una agravante del homicidio.  

Gertz Manero, argumentó ante la fracción de Morena de la Cámara de Diputados que es difícil para el Ministerio Público acreditar el feminicidio. 

La propuesta obtuvo un inmediato y rotundo “no” de diputadas como Lorena Villavicencio y Wendy Briceño, de la mayoría parlamentaria morenista, así como de Verónica Juárez, coordinadora de la bancada perredista en el Palacio de San Lázaro. 

“Sí, efectivamente, el fiscal general propuso que se eliminara el feminicidio, que porque es muy complicado de acreditar; él dice que es mucho más sencillo que se mantenga la clasificación de homicidio y que se establezca una agravante vinculada con los elementos que actualmente contiene el tipo penal de feminicidio”, confirmó Villavicencio. 

Dijeron que Gertz Manero argumentó que el Ministerio Público enfrenta serias dificultades técnicas para acreditar la comisión del delito de feminicidio por las características que definen ese tipo penal y sostuvo que por ello sería más conveniente en términos de procuración de justicia mantener en la legislación penal el delito de homicidio y enlistar una agravante con los elementos correspondientes al feminicidio.

Asimismo consideran que con ello  “el fiscal solo busca esconder la pandemia que se ha generado en el país contra las mujeres” 

 

 

Con información de Milenio

“Hay unidades que no respetan la presunción de inocencia”: Alejandro Gertz Manero

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El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero alertó que hay unidades o dependencias del Gobierno Federal que no respetan la presunción de inocencia, por lo que generan crisis en los litigios porque se alegan violaciones al debido proceso.

Durante su participación frente a integrantes del Servicio Exterior Mexicano, Gertz Manero respondió al cuestionamiento de Socorro Flores, representante permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra, sobre el respeto a los tratados internacionales.

“La Fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia, y qué bueno que lo señala, porque hay unidades, no de la Fiscalía sino del Gobierno, que no respetan esa presunción”, señaló el fiscal general.

Gertz Manero reconoció que dicha falta de respeto ha generado complicaciones al consignar a presuntos delincuentes, lo que ha generado el incremento de índices delictivos. Adelantó que la próxima semana presentará al Senado de la República una serie de iniciativas de reformas, pero mantendrá la figura de arraigo.

Hay más de 40 involucrados en la masacre de los LeBarón

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Julián LeBarón informó que al menos 40 sicarios participaron en el ataque contra su familia en noviembre del año pasado. Sus declaraciones fueron hechas después de la reunión que sostuvo con integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) de la Fiscalía General de la República (FGR).

LeBarón declaró al salir de la Seido que los sujetos presuntamente involucrados fueron identificados “por testimonio y declaraciones”; y agregó que hasta el momento, son 7 las personas que están presas, pero el Ministerio Público ya cuenta con más ordenes de arresto contra algunos de los atacantes, quienes supuestamente, son todos de Chihuahua.

“Se sabe por testimonios y declaraciones que ya se está identificando el grupo, y ya tienen muchos apodos para que vean cómo va la cosa, nos dicen que están por el lado de Chihuahua”, declaró por su parte Adrián LeBarón.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó este martes que las armas utilizadas en el ataque donde murieron 12 miembros de la familia LeBarón sonde fabricación estadounidense y de uso de las Fuerzas Armadas.

“Son fabricadas para uso exclusivo del Ejercito norteamericano”, dijo Durazo durante su intervención en la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules 2020 en Cancillería.

Durazo usó el caso LeBarón para ahondar en el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México, precisando que diariamente, ingresan al país 2,000 armas. Ello da aproximado de 700,000 armas anualmente, por lo que Durazo considero importante continuar avanzando en las aduanas al interior.

Uno de los últimos detenidos por el caso LeBarón fue el director de Seguridad Pública en el municipio de Janos, Fidel Alejandro Villegas, quien, supuestamente sostiene nexos con “La Línea”.

Mientras que el pasado 1 de diciembre elementos de las fuerzas armadas detuvieron a tres presunto involucrados, pero familiares de los aprehendidos aseguraron a medios nacionales que eran simples “chivos expiatorios” que nada tenían que ver con esta organización criminal.

La familia LeBarón ha expresado que se encuentra “contenta” con los avances de la investigación.

Denuncian ante la FGR asentamientos en La Huasteca

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que interpuso cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desmonte que se está realizando en zona protegida de La Huasteca.

Por medio de un comunicado, la dependencia federal, señaló que ha realizado estas denuncia con el fin de dar con los responsables de los asentamientos irregulares en el lugar. 

Han sido interpuestas cuatro denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) con la finalidad de conocer al presunto responsable de las actividades de cambio de uso de suelo en esta región”, dice el escrito. 

Además la Profepa indica que mantiene 15 procesos administrativos contra las actividades que se ejecutan en la zona y notificó acerca del sobrevuelo que realizaron ayer en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Sustentable. 

Apenas el día de ayer, 6 de enero, personal de la dependencia, –en coordinación con representantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de esta entidad y de la Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) –, emprendieron un sobrevuelo en la zona sin percibir o detectar a personal o maquinaria trabajando que pudiera constatar afectaciones y/o detectar nuevas”.

La Profepa destacó que estará atenta en la resolución de los procesos descritos, vigilando que se cumpla la normatividad en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo.

 

(El Horizonte) 

Segob pagó 2 mil mdp a empresa de Genaro García Luna

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se detectó una transferencia de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa relacionada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

En breve entrevista, en Palacio Nacional previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Nieto Castillo dijo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.Se le informó (al Presidente) y el definió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República, y esa transferencia es lo que nos ampara, porque al final de cuentas tenemos una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa en la que García Luna es accionista“, dijo.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente AMLO reveló que hubo una triangulación de recursos entre la secretaría de Gobernación y una empresa vinculada con el secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, detenido en Estados Unidos por supuestamente proteger al cártel de Sinaloa.

 

 

 

(Con información de El Universal)

Amnistía en México y su futuro

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“La justicia transicional debe ayudar a convertir a las sociedades oprimidas en sociedades libres, haciendo frente a las injusticias[…]” – Louise Arbour, Ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos

En días recientes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley de Amnistía en nuestro país, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, este hecho se puede ubicar desde la campaña, cuando el entonces candidato mencionó por primera vez dicha propuesta, ahora podemos analizar con detalle las características de la ahora iniciativa, que tiene como panorama general, la violencia en México y sus víctimas indirectas. En la discusión legislativa, vimos que la oposición (Partido Acción Nacional) realizó una estrategia nacional en donde se construyó una narrativa de peligro ante la inminente aprobación de la Ley; sin embargo, su estrategia no tuvo los efectos deseados y no construyó desde un aspecto o aportaciones jurídicas.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el Ejecutivo tiene como principal sujeto a los grupos vulnerables, identificados especialmente para efectos de esa Ley, a las mujeres, jóvenes y personas indígenas. De igual manera, se hace referencia a un hecho histórico, cuando en 1810,  Don Miguel Hidalgo y Costilla liberó presos de la cárcel de Dolores, Hidalgo para que se unieran al movimiento independentista. Se puede vislumbrar, que el origen de la iniciativa está relacionado a un fenómeno vislumbrado con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el cual refleja que la mayoría de delitos cometidos en el paìs son del fuero común, osea, delitos simples, y al existir un panorama general de violencia y desigualdad, el sistema de justicia debe adaptarse en medida para brindar prerrogativas para  todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo y cabe recalcar, que los beneficios de esta iniciativa no serán para personas reincidentes, o aquellas que hayan cometido un delito grave (estipulados en el artículo. 19 constitucional) .

Antes que nada, debemos entender que Amnistía es una “forma de perdón general otorgada por el Poder Legislativo”(Antemate Mendoza Ángel, 2018), que a diferencia de un indulto o perdón presidencial, la Amnistía tiene que ser procesada a través del procedimiento legislativo; sin embargo, no se traduce esto en una impunidad, ya que la figura entiende la dinámica del origen de estos delitos, que puede ser un conflicto en específico o una situación de desigualdad. Esto no es algo nuevo en nuestro país, ya que desde 1994 el presidente Carlos Salinas propuso una Ley de Amnistía dirigida a aquellas personas involucradas en el levantamiento zapatista del EZLN en Chiapas, y anterior a esa  se dio en 1978 por López Portillo durante la guerra sucia. Es importante precisar a quienes va dirigida la iniciativa de Ley: para aquellas mujeres (e incluso médicos) que hayan sido sentenciados por el delito de aborto; aquellos que fueron obligados por la pobreza, discriminación o exclusión a pertenecer al crimen organizado, como por ejemplo los agricultores que trabajaban forzosamente en plantíos de marihuana, amapola, etc.; a quienes no contaron con traductor y pertenecen a una etnia; los que cometieron robo simple sin violencia, como aquellos que robaron comida para poder comer; personas consumidoras de narcóticos que hayan sido detenidos por posesión con cantidades superiores a dos veces la cantidad máxima, y también  tiene delitos de orden político como sedición. La autoridad que tendrá la facultad de aplicar esta ley, será la Fiscalía General de la República.

Esta iniciativa, pertenece a un fenómeno denominado “justicia tradicional”, que podemos entender como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la conciliación”(Naciones Unidas Derechos Humanos, Justicia Transicional y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2014). En ese entendido, puede funcionar como una opción para aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados. Incluso, en un documento de la CNDH y el CIDE en 2018, ya identificaban que estos mecanismos deben ser urgentes en un Estado donde se vulneran de forma sistemática los derechos humanos. Sin duda, el Legislativo tiene una tarea importante para afinar detalles dentro del sistema de justicia penal, para que esta iniciativa pueda ser completamente funcional. Los temas de presupuesto en materia de seguridad y justicia deben ser parte obligada de la discusión legislativa, y podría ser un momento histórico en México para revisar la injusticia y dolor que muchas personas han sufrido.