Pide AMLO al Congreso investigar reporte de la ASF; ve motivaciones políticas

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a la Cámara de Diputados que se inicie una investigación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el reporte que estimó sobre costo en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, al cual calificó de tendencioso y falso”. 

Creo que se trata de una actitud politiquera de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. Entonces no vamos a dejar pasar este asunto, porque está de por medio la dignidad y voy a enviar una carta a la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación de todo esto de manera respetuosa”, anunció el Mandatario esta mañana en conferencia de prensa. 

López Obrador descartó acudir a la Fiscalía General de la República toda vez que la ASF depende de la Cámara de Diputados. 

La ASF elaboró un informe tendencioso y falso del manejo de recursos del gobierno que presido, entre otras cosas, tal instancia difundió en los medios informativos que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331 mil 900 millones de pesos, cuando en realidad la cifra fue de 110 mil millones de pesos, una tercera parte menos de lo publicado”, agregó.

Sería lamentable que la Auditoría Superior de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien, aseguró, se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores”.

El Presidente leyó la carta que enviará a la Cámara Baja.

“Aun cuando los responsables de la Auditoría Superior de la Federación se han retractado ante tamaño absurdo, considero que una actitud de ese tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política”, señala el texto.

“En consecuencia, les solicito de manera respetuosa y en observancia del principio de separación de poderes, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento al fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública”, añadió.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Ancira seguirá recluido, le niegan prisión domiciliaria

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Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), deberá continuar su proceso judicial en el Reclusorio Norte, al menos, hasta que sea resuelto el amparo que tramitó contra la decisión de sujetarlo a prisión preventiva justificada por el caso de Agro Nitrogenados.

Un juez de amparo negó a Ancira la suspensión definitiva contra la orden de que permanezca en el Reclusorio mientras se formaliza el acuerdo de reparación del daño que realizó con Pemex para pagar 219 millones de dólares por la compraventa de la planta de fertilizantes o mientras continúa su proceso penal.

El juzgador consideró que de conceder la suspensión, y permitir que Ancira continúe su proceso en prisión domiciliaria se estarían dando efectos restitutorios y el juicio de garantías quedaría sin materia.

El juicio de amparo deberá continuar su tramitación y en su sentencia definitiva el juez deberá analizar si la orden de mantener a Ancira sujeto a prisión preventiva está o no apegada a derecho.

Aunque la defensa indicó que el empresario y Pemex llegaron a un acuerdo preparatorio para extinguir la causa penal en su contra, un juez de control ordenó exhibir el pacto formalizado para analizar una posible modificación de la medida cautelar.

Por este caso, Emilio Lozoya antiguo director de Pemex también está vinculado a proceso por lavado de dinero.

Sin embargo, Lozoya sí tiene permitido continuar su proceso en libertad y se encuentra en trámites con la Fiscalía General de la República (FGR) para la concesión de un criterio de oportunidad que le ayude a liberar las acusaciones en su contra.

Solicitan desafuero de Cabeza de Vaca; lo acusan de lavado de dinero

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este miércoles a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras acusarlo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reveló que la solicitud fue presentada por la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

Por su parte, Cabeza de Vaca acusó al Gobierno federal de orquestar una “embestida política” en su contra.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario tamaulipeco.

De acuerdo con un oficial enviado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la FGR adelantó que está dispuesta a ratificar la solicitud de declaratoria de procedencia mañana.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias sobre el caso ante la SEIDO y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que darían pie a las indagatorias de la FGR.

Una de ellas involucra a la esposa del Gobernador, Mariana Gómez Leal; también a sus hermanos Ismael, quien es actualmente Senador, y José Manuel García Cabeza de Vaca.

También se incluye a su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, a quien le documentan un depósito irregular de 4.5 m millones de pesos y a su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.

De igual manera son indagados Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantu, presuntos socios del gobernador.

En la denuncia se vincula a las empresas Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava y la Inmobiliaria RC de Tamaulipas.

La petición de la FGR para desaforar al Gobernador está relacionada con una querella inicial, presentada en agosto del 2020, en la que el Mandatario fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito, por más de 951 millones de pesos.

La UIF y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación en la que acreditaron que, entre abril y diciembre del 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos.

Los recursos provenían de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominado TC12.

La compañía habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita, pero en Estados Unidos.

(Con información de Grupo Reforma)

Ya chole con la opacidad y la falta de justicia en la 4T

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Estas últimas semanas se han dado muchos movimientos en el tema de procuración de justicia y combate a la corrupción. Lo bueno sería que estas decisiones fueran a favor de la imparcialidad, el apartidismo y con miras a sancionar y restaurar los daños cometidos al patrimonio de todos los mexicanos. Pero no, la realidad es otra. 

En varias ocasiones, el Presidente ha utilizado su discurso en la mañanera con miras a colgarse medallas de una justicia real. Pero lo que vemos es justo lo contrario, una justicia como la de siempre en México: Salvador Cienfuegos, Rosario Robles, Alonso Ancira y Emilio Lozoya son los principales nombres que demuestran esta justicia de cuates, la que por décadas se ha aplicado en nuestro país. 

Unos días, López Obrador sale a cantar justicia en sus mañaneras. Otros, dice que la Fiscalía General de la República es autónoma y no le corresponden a él las investigaciones. Se mantiene fiel a su costumbre, aceptando los aplausos de quienes lo apoyan y rechazando los reclamos de quienes cuestionan estas decisiones. 

Perdones, exoneraciones, no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, y muchas otras terminologías legales han sido utilizadas para defender estas decisiones. Que la investigación del FBI no era nada, que no pasa nada con la evidencia perdida en el caso Lozoya, que Robles está dispuesta a colaborar y poner dedos, y un sinfín de etcéteras. 

Lo que no podemos negar es que la justicia sigue ligada al poder del Ejecutivo. La construcción de una Fiscalía General autónoma se dio sólo en la ley, pero no en la práctica. Sobran los casos donde las decisiones del Presidente pueden hacer la diferencia, pero la realidad es otra. Ahora habrá un candidato a gobernador señalado por violaciones y abuso sexual. Hay un hermano incómodo que desapareció de los medios. Y una Secretaría de la Función Pública que actúa al servicio del Presidente y no por la transparencia que se merecen las y los mexicanos.

A esto le sumamos la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Un caso nos resume perfectamente este comportamiento: Odebrecht. Sigue sin haber transparencia en las investigaciones, son pocos los culpables y menos aún las sanciones impuestas. Un caso que provocó renuncias presidenciales y crisis políticas en Latinoamérica, no provocó siquiera una abolladura al poder de la corrupción en México. 

Por último vemos un claro aumento en las adjudicaciones directas, donde los beneficiados siguen siendo los mismos que en sexenios anteriores. Esto ha empeorado en la crisis de salud y económica que vivimos. Con el argumento de la obtención urgente de material de protección y productos sanitarios para enfrentar la pandemia, se dejó de lado la transparencia en las compras. Millones de pesos que no sabemos a dónde se fueron ni si las empresas que se llevaron esas adjudicaciones cumplieron con los términos, si hubo o no conflicto de intereses o si vendieron sus productos a un precio justo de mercado. 

La justicia en este país sigue igual. La promesa de un cambio quedó en eso: en palabras al aire. Promesas, como tantas que hacen los políticos elección tras elección. En su discurso prometía ser distinto, que no sería cómplice de los mismos grupos de poder y nos hizo creer que la justicia llegaría a México. Y aquí seguimos esperando. 

Kristian Macías es profesor universitario y consultor en políticas públicas. Actualmente es aspirante a candidato independiente por el distrito local 4 con sede en Monterrey.

Conoce más en www.kristianmacias.com

Rechaza FGR negociar con Rosario Robles; mantendrá acusación por uso indebido del servicio público

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La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó negociar con Rosario Robles algún acuerdo para que esta se beneficio con un proceso penal más costo en la cárcel.

En la audiencia del 10 de febrero pasado, la defensa de la ex titular de la Sedesol y Sedatu, expuso que pretendía entregar a la Fer una petición para alcanzar un acuerdo preparatorio por el delito de uso indebido del servicio público.

El juez de control Ganther Alejandro Villar otorgó cinco días hábiles para resolver formalmente el posible acuerdo.

Por su parte, el Ministerio Público federal respondió este fin de semana a la solicitud e informó que no se llegará a un acuerdo reparatorio con Robles,

De acuerdo a fuentes ministeriales la propuesta de Rosario robles era improcedente, tosa vez que pretendía un procedimiento abreviado a cambio de declararse culpable, con una pena de tres sañosamente y sin reparación del daño.

La FGR mantendrá su acusación contra la exfuncionario por el delito de uso indebido del servicio público, en relación a su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos, producto del caso denominado “Estafa Maestra”. Además buscará que sea declarada culpable y le sean dictados 21 anos en la cárcel.

Cabe mencionar que la próxima audiencia de Robles se llevará a cabo el 26 de febrero.

Frenan posible orden de confiscación contra Alonso Ancira

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Un juez federal frenó temporalmente cualquier posible orden de confiscación o aprobación violenta de bienes contra el empresario Alonso Ancira, quien continúa preso en el Reclusorio Norte a la espera de que Petróleos Mexicanos (Pemex) suscriba el acuerdo preparatorio que ofreció por poco más de 216 millones de dólares.

El Juez Segundo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, Antonio González García,  dictó una suspensión de plano en favor del exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA) contra dicho acto que presume podría ser dictado por un juez de control.

Cabe recordar que el miércoles pasado el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga Mendoza, vinculó a proceso al empresario por el delito de lavado de dinero, derivado del caso Agronitrogenados, pero no impuso ninguna medida cautelas sobre sus bienes.

Aún así, en forma preventiva, unas horas desosé del procesamiento, en un amaro presentado días antes de la extradición, la defensa de Ancira pidió impedir cualquier posible ordenamiento de esta naturaleza.

Si bien les fue concedida, la suspensión no impide aseguramientos de la Fiscalía General de la República (FGR) o embargos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“La medida suspensiones solo se circunscribe a, en todo caso, la apropiación violenta por parte de la autoridad, de la totalidad de sus bienes o de una parte significativa de los mismo, sin título legítimo. Por lo que, bajo ningún supuesto, limita la aplicación de alguna sanción como decomiso o la ejecución de alguna medida cautelar aseguramiento o embargo sobre los bienes de su propiedad, en cuyo caso, derivan del ejercicio legítimo de las autoridades fisco-administrativas o de procuración y administración de justicia”, se elle en el acuerdo dictado por el juez González.

Ancira negocia con Pemex un acuerdo repertorio de 216 millones 644 mil 40 dólares, más intereses, como condición para que pueda solicitar el cambio de medida cautelar y abandonar el Reclusorio Norte.

Aunque el apoderado de Pemex aceptó en una audiencia la oferta, esta no ha sido suscrita por los altos mandos de la empresa productiva del Estado, lo que impide celebrar una nueva audiencia para que Ancira pueda pedir la libertad provisional.

Detienen a implicados en masacre contra familia LeBarón; uno habría ordenado quemar a las víctimas

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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de dos presuntos responsables de la masacre perpetrada contra miembros de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

Las acciones se realizaron a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) y de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional (GN).

El primer detenido, identificado como Wilbert “M”, fue localizado en la colonia la Esperanza en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Wilbert “M” está acusado por homicidio calificado; homicidio calificado en grado de tentativa, y daños; así como delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

El segundo detenido, identificado como Tomás “N”, fue localizado en un restaurante de Nuevo Casas Grandes y está acusado de delincuencia organizada. También será trasladado al Altiplano, en el Estado de México.

En su cuenta de Twitter, Adrián LeBarón confirmó la detención de uno de los autores materiales de la masacre.

“Cae el primer (presunto) autor material del asesinato de Rhonita y mis cuatro nietos. Es quien gruta y de la orden de ‘¡Quémenla! Para la verdad el tiempo, para la justicia Dios”, publicó LeBarón.

El 4 de noviembre de 2019, un comando de sicarios atacó a vehículos de familias de la comunidad mormona LeBarón, lo que dejó tres mujeres y seis niños muertos, además de varios menores de edad heridos.

El caso conmocionó al país por su nivel de violencia y tuvo repercusiones en Estados Unidos por la doble nacionalidad de las víctimas.

Ofrece Rosario Robles declararse culpable

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La Fiscalía General de la República (FGR) buscará negociar con la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para resolver a la brevedad el caso de la Estafa Maestra. 

Este miércoles se celebró una audiencia en la que se tenía previsto que la FGR acusara  formalmente a Robles Berlanga por el delito de uso indebido del servicio público por ser presuntamente omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos.

En su lugar, de acuerdo con funcionarios judiciales, la agente del Ministerio Público Federal, Mónica Martell Olguín, expresó frente al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Sur, Ganther Villar Ceballos su aceptación para alcanzar una salida anticipada dentro de la causa penal y que estén en posibilidad de dar por concluido el proceso que se le sigue a la ex funcionaria peñista. 

El juez emplazó al Ministerio Público a entregar en un lapso no mayor a cinco días un planteamiento para que sea la propia FGR la que busque de manera directa a Rosario Robles para que continúen con el diálogo y alcancen una salida anticipada del asunto.

Ganther Villar citó a las partes para el próximo 26 de febrero para la celebración de una nueva audiencia, donde la FGR dará a conocer los acuerdos alcanzados con la ex funcionaria

Desde hace meses, al buscar imputarla por el delito de delincuencia organizada, la defensa de Rosario Robles pidió a la FGR acogerse a un criterio de oportunidad. Sin embargo, de acuerdo con el diario Reforma, lo que la ex Jefa de Gobierno de la CDMX buscará, es asumir su culpabilidad en el caso a cambio de obtener una pena de prisión mínima.

La ex secretaria permanece interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 agosto de 2019.

De acuerdo con su defensa, Robles, quien también fue titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no participaría este día en la audiencia por problemas de salud derivados de una hipertensión que padece así como una caída que sufrió en el lugar de su reclusión, la cual la obligó a acudir a los servicios médicos del lugar. 

(Fuente: El Mañanero Diario)

Mario Marín se reserva derecho a declarar en audiencia; le niegan seguir proceso en arraigo domiciliario

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El exgobernador de Puebla, Mario Marín, se reservó el derecho a declarar durante su audiencia en el Cereso de Cancún.

En la comparecencia, Marín conoció la acusación que presentó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

De acuerdo con los primeros reportes, la defensa de Marín pidió al juez la duplicidad del término constitucional, que son 144 horas, para resolver su situación jurídica.

Marín solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario por una enfermedad del riñón, peligro de contagio de COVID-19 y su edad, sin embargo esa petición le fue negada.

Cabe señalar que el delito del que está acusado el exgobernador está tipificado como grave y no albana libertad bajo fianza.

Marín fue trasladado al Cereso de Cancún, en Quintana Roo, tras su detención por parte de elementos de la FGR en Acapulco, Guerrero.

Marín era buscado desde hace caso dos años, después de que en abril de 2019 una jueza de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.

El empresario y el exgobernador Marín habrían pactado detener a la periodista Lydia Cacho por el delito de difamación y calumnia tras una investigación relacionada con la pederastia.

Ocho funcionarios de Migración en Nuevo León son cesados por masacre en Tamaulipas

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El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), determinó la separación de su cargo de ocho funcionarios de la Oficina de Representación en el estado de Nuevo León.

El cese de labores se dio tras la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento.

De acuerdo a reportes, durante un operativo realizado el 9 de diciembre en el municipio de Escobedo, se aseguró una camioneta Toyota la cual se relaciona en el delito de homicidio de 19 personas calcinadas en enero de 2021 en Camargo, Tamaulipas.

Por otro lado, el instituto dio vista a su Organo Interno de Control (OIC) y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar.

El INM reiteró su colaboración con las autoridades estatales y federales para el esclarecimiento cabal de los lamentables hechos ocurridos en el ejido Santa Anita.