#Kleroterion: “¿Por qué antes no corrigieron el fraude del Seguro Popular?”

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Hoy quienes nunca se interesaron por la seguridad social de los más pobres cuestionan el esfuerzo titánico de la Cuarta Transformación por consolidar un modelo de seguridad social universal comparable a los mejores del mundo. Las críticas sobran, pero esos  mismos críticos nunca alzaron la voz ante las irregularidades detectadas en el Seguro Popular. 

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2015 y 2016 los gobiernos estatales desviaron recursos millonarios del Seguro Popular,  las irregularidades encontradas sumaron más de 19 mil 500 millones de pesos. A esta cantidad deberían añadirse otros 13 mil millones que el Gobierno federal distrajo en esos mismos años del fideicomiso concentrador, donde el Seguro Popular guardaba sus recursos.

Eso es sólo en esos dos años y si usted busca pronunciamientos de la oposición denunciando la situación será difícil que las encuentre porque básicamente guardaron un SILENCIO COMPLICE ¿por qué?

Quizás la respuesta a esa pregunta se encuentre en los millones de pesos que cada gobierno estatal dispuso y en las muchas irregularidades documentadas. Hubo gobiernos que recibieron dinero y lo ejercieron con opacidad, que no elevaron el nivel de atención y que antes JAMÁS pusieron un peso más de su bolsa, como ahora anuncian que lo harán, para cubrir la atención en enfermedades que el Seguro Popular no cubría.

Pero incluso si les damos el beneficio de la duda, la pregunta es: ¿por qué se niegan a apoyar al INSABI? ¿por qué critican el nuevo modelo en lugar de ser pro activos y colaborar para perfeccionarlo?  ¿Por qué hoy sí “les interesa” la salud de los que menos tienen si antes volteaban la vista y dejaban todo a cargo del Seguro Popular? Otra vez quizás la respuesta se encuentre en los millones que dejarán de recibir, en los contratos de medicinas y construcción de hospitales que ya no podrán asignar, en la nómina que ya no podrán controlar a su antojo y beneficio.

Durante el fin de semana los gobernadores del PAN anunciaron la creación de una alternativa al INSABI que “garantice el servicio gratuito, cobertura y calidad en los servicios de salud para todos los mexicanos” y  que mantenga los beneficios del seguro popular.

Habría que preguntarse ¿beneficios para quien?, pero en última instancia el tema de fondo aquí es: si tanto les importaba, como hoy dicen, la salud de los más pobres, ¿por qué no le pusieron un alto a las irregularidades del Seguro Popular documentadas en las tres administraciones anteriores? ¿por qué no hicieron los ajustes de presupuesto y las leyes necesarias para que desde hace décadas México tuviera un sistema de salud universal? ¿por qué prefirieron mantener un sistema que los beneficiaba a ellos y permitieron que la calidad del sistema de salud disminuyera año con año? ¿Por qué a pesar de las pruebas documentadas y de los señalamientos de organismos internacionales nunca corrigieron EL FRAUDE DEL SEGURO POPULAR?

#ContraPortada: “La llanta Ponchada y el Nieto Gringo”

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Las trivialidades de la vida del presidente intentan esconder lo imposible: el año más violento de la historia ya está en su cuenta presidencial.

El personaje casi mesiánico de Andrés Manuel López Obrador le permite tomar con total calma los problemas que hoy tienen preocupado al mexicano de a pie.

Sus redes sociales-las mismas que lo posicionaron como el político más popular del país- van desde su vídeo grabado por una llanta ponchada camino a Sonora hasta las interminables críticas hacia su nieto nacido en Houston y no en un hospital del tan criticado INSABI.

No pretendo caer en la crítica mundana y vaga que acostumbran los opositores [no todos, pero tampoco ninguno] de López Obrador, pero hoy son varios los problemas de fondo que nos dejan muy lejos de la esperanza que prometió el gobierno de la 4T.

El año más violento en la historia de México actual: Las cifras de inseguridad son de terror, no solo no ha funcionado la estrategia pérdida de la Guardia Nacional, sino que además las cifras están superando cualquier panorama negativo que pudiéramos esperar de un gobierno que suele tener funcionarios improvisados y sin la capacidad necesaria para enfrentar las crisis que vive el país.

En el primer año de gobierno han superado los números de Felipe Calderón [27, 213 homicidios dolosos] y los de Peña Nieto [33, 743 homicidios dolosos] con un ritmo de 4 mexicanos asesinados por hora, sumando hasta el momento la nada alentadora cifra de 34, 579 homicidios según datos de su propio gobierno.

La transición del Seguro Popular al INSABI: El deterioro del sistema de salud pública y las condiciones en que éste opera no solo es ineficiente, sino que además es detestable; dentro de todo lo negativo quizá lo menos malo era el Seguro Popular que ofrecía una cobertura casi total a enfermedades de primer, segundo y tercer nivel para todos aquellos que no tenían otra forma de tratarse mediante seguridad social.

Ese no es el principal problema, incluso puede ser una estrategia mayormente efectiva el transitar a un nuevo instituto de salud pública. Lo grave aparece cuando se hace con las prisas de una planeación nula, de una proyección apegada más a temas de corrupción [preocupantes por supuesto] que a temas de acceso a la salud y con la falta de sensibilidad de dejar en la incertidumbre a miles de personas que necesitan tratamientos como el cáncer.

De nueva cuenta las buenas voluntades no bastan para construir un buen gobierno, los discursos populares no generan mejores condiciones de vida y el stand up mañanero no soluciona la sangre que todos los días derrama nuestro país a razón de cuatro homicidios dolosos por hora.

Pero claro, la llanta ponchada y el nieto gringo, a eso le da importancia el gobierno y la oposición.

No todos, pero tampoco ninguno.

Trabajadores del Seguro Popular exigen pago de salarios y oportunidad de continuidad

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Esta mañana, los ahora extrabajadores del Seguro Popular se manifestaron frente a las instalaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en Ciudad de México, para exigir el pago de servicios de más de 50 mil empleados por 12 años. Advirtieron que de no obtener respuesta, aumentarán las movilizaciones por toda la capital del país. 

El diario Milenio informó que los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud de Oaxaca denuncian que las autoridades les informaron que a partir del 1 de enero ya no se presentaran a laborar, por lo que exigen que se instalen unas mesas de trabajo para llegar a un acuerdo. 

El secretario general del sindicato, Ulises Cortés, exigió “que se le pague el dinero en tiempo y forma a más de 50 mil trabajadores en este país que le sirvieron durante más de 12 años al pueblo de México, en un organismo descentralizado en cada entidad federativa que se llamó Seguro Popular y el Insabi tiene que responder y absorber a cada uno de los trabajadores en cada entidad y pagarles el día de mañana su pago correspondiente“.

Así mismo, aseguró que se dirigen a la Ciudad de México integrantes del gremio de todos los estados del país, “vamos a cerrar las calles, vamos a intensificar. Viene Coahuila, San Luis Potosí, viene Guerrero“.

Se dio a conocer la información de que los manifestación se registraron en la colonia Guadalupe Inn, en CDMX, y los sindicalizados portan pancartas bajo el grito de mantener el Seguro Popular y el abasto de medicamentos.

Con información de Político MX

Tatiana Clouthier pide denunciar cobros indebidos en salud

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Durante el fin de semana, la Diputada por Morena, Tatiana Clouthier exhortó a los ciudadanos a que se denuncia para que se pueda proceder a investigar y sancionar a los hospitales públicos que cobran a los pacientes que acuden a recibir atención a lo que es ahora el Insabi, antes Seguro Popular. La misma legisladora compartió el número 87678527 para poder llamar y externar su queja.

Clouthier comentó que: “Si recibes cobros indebidos o te niegan la atención, denuncia“. Por lo que “todas las personas sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente los servicios de salud, medicamentos y de más insumos asociados, (lo dice) el artículo 71 Bis1 de la Ley General de Salud“. En el mismo sentido se aclaró que con la entrada del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) solo cambiaron las reglas de operación, pero no se suspendió la atención que ya se daba con el Seguro Popular. Siendo que bastará con que se presente la credencial de elector o el CURP para que reciban medicamentos y diagnósticos clínicos.

Indicó que “Se mantiene con la manera anteriormente (el servicio médico) y es el Estado el responsable de dar el servicio y la federación estará dándole los recursos para que esto suceda“.

El primero de enero, al hacer entrada el Insabi, se vivió un momento de tensión e incertidumbre entre los pacientes, esto sucedió en el Hospital Universitario, entre otros. Por lo que la diputada comentó que en este caso, el Gobierno federal le pagará por el servicio que reciban los pacientes.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Ramiro González dijo que tuvo una reunión con el director del HU, Edelmiro Pérez quien le aseguró que el servicio se sigue brindando a las personas que estuvieron afiliadas al Seguro Popular. Por lo que concluyó que “Hay que tener mucho cuidado de que no sea una situación en donde están aprovechando otras cosas, para dejar de brindar otro servicios, cuando no ha sido la instrucción del Gobierno federal“.

 Con información de El Norte

Ni salud ni bienestar

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El primero de enero de este año, comenzó a operar el nuevo órgano descentralizado de la Secretaría de Salud: El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que viene a reemplazar al Seguro Popular. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre tener salud y tener bienestar? La Real Academia Española define la primera como el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones y la segunda como el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Por lo tanto, la salud para el bienestar se podría explicar como estar en un estado funcional necesario para poder vivir dignamente.

El motivo por el que se crea el INSABI es para brindar servicios gratuitos de salud a 69 millones de personas que no cuentan con un seguro social; algunos de los servicios son atención universal médica y medicinas y tratamientos gratis.

Todo va bien hasta que uno se pone a pensar: ¿cómo puede un presidente decir que va a expandir los servicios médicos cuando ni siquiera en los hospitales actuales se puede brindar una atención suficiente a los pacientes? A diario al pasar por estos lugares vemos a gente desesperada por ser atendida y familiares que son obligados a permanecer fuera sin saber qué pasa con sus seres queridos dentro. A diario vemos noticias o publicaciones en redes sociales sobre el mal cuidado que se da en los hospitales del IMSS y la escasez de cosas básicas como jeringas, gasas y medicamentos.

Según el CONEVAL en el 2015 se contaba en el país con 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, siendo la más baja de los países de la OCDE y en el caso del personal de enfermería se contaba con 2.8 por cada 1,000 habitantes, mientras que el promedio de los países de la OCDE era de nueve. Por otro lado, el porcentaje de hospitales con 30 camas censables o más en el sector público es de 58.7%, siendo nuestro país, el segundo país de la OCDE con menor número de camas totales por cada 1,000 habitantes, justo por encima de la India, con un total de 1.5 camas.

Además, falta hablar sobre los efectos de haber eliminado el Seguro Popular, la gente que estaba afiliada a este seguro ha estado teniendo dificultades para volver a incorporarse a este nuevo Instituto y se quejan en redes sociales que la promesa de que todo fuera a ser gratuito es mentira, pues sí siguen cobrando varias cuotas y otras ya existentes han aumentado como el costo de hospitalización de 88 pesos a 477 pesos.

Es muy triste ver cómo se están ejecutando las acciones del gobierno sin una correcta planeación antes. No puedes prometer algo en una mañanera y luego “cumplir” de una manera tan mediocre. No se les dio un debido seguimiento de transición a los afiliados del Seguro Popular al INSABI, también el personal médico no tiene idea de cómo atender según este nuevo modelo y peor aún, la principal idea de hacer que todo fuera gratuito es completamente mentira. Con estos modos no se cumple ni salud ni bienestar y solo demuestra una vez más el pobre diseño e implementación de las políticas públicas de esta cuarta transformación.

#Kleroterion: “¡Salud por la Salud!”

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Arrancamos un año nuevo, el cual estoy seguro nos dará nuevas oportunidades, así como nuevos desafíos, pero más allá de eso esperamos un buen gobierno que nos brinde lo necesario para poder transitar de la mejor manera en esta sociedad, por supuesto, en el entendido de cumplir nuestras obligaciones, pero también de tener un acceso real a nuestros derechos.

Tal es el caso que al comenzar el 2020 es sustituido el ya conocido Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), creado por iniciativa del Presidente López Obrador, actuando como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, con criterios de igualdad, inclusión y universalidad, por lo que de hoy en adelante se podrá ofrecer de manera gratuita servicios de salud a millones de mexicanas y mexicanos, que no tengan seguridad social, acabándose las pólizas, afiliaciones o cuotas anuales; pero lo mejor, es que se tendrá atención para todos los padecimientos, además de incluir los que son muy costosos como el cáncer o VIH, creándose el Fondo de Salud para el Bienestar, así como un acceso a una gran variedad de  medicamentos, todos gratuitos.

Por su parte, será muy sencillo tener acceso a estos servicios ya que solo es necesario contar con el INE, CURP o acta de nacimiento. Asimismo, todo esto será posible al recuperar clínicas, hospitales y centros de salud, que a la fecha se encuentran en abandono, cuidando que no falten medicamentos y equipamiento moderno y eficaz, ponderando el nivel de atención, la promoción de salud y la prevención de enfermedades, reclutando personal médico con sentido de ética profesional, sensibilidad social y dispuestos a trabajar en cualquier rincón del país que lo necesite.

Ahora bien, la entrada en vigor del INSABI implica un esquema de coordinación con las entidades, evitando la duplicidad de plazas médicas, así como combatir la corrupción en la compra de medicamentos, lo cual será de manera consolidada con la SHCP, logrando ahorros y dando una mejor planeación y ejecución de recursos para la infraestructura médica.

Es entonces que este año es y será histórico para todas y todos ya que con el INSABI se comienza la recuperación del sector salud que tanta falta hacía, ya que gran parte se tenía desmantelado y privatizado, por lo que se cumple a cabalidad con un derecho natural y vital, el servicio médico, así hoy podemos decir…salud por la salud, enhorabuena.

Fallece el secretario de Seguridad de Michoacán

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El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Martín Godoy, murió cuando el helicóptero en el que viajaba a Huetamo se desplomó. Junto a Godoy viajaba el directo del Seguro Popular local, Germán Ortega Silva y los dos pilotos de la aeronave.

El gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, informó de la tragedia a través de su cuenta de Twitter.

De forma preliminar Aureoles atribuyó la caída del helicóptero Bell 206 matrícula XA-VRG a condiciones climatológicas adversas. Sin embargo, subrayó que aguardarán al desarrollo de las investigaciones para conocer las razones del desplome de la aeronave.

Antes de los mensajes del mandatario perredista, el gobierno de Michoacán informo que perdió contacto con el helicóptero en la zona serrana del municipio de Villa Madero, luego de que entrara a la comunidad de San Diego Curucutpazeo alrededor de las 8 horas.

El sistema de salud mexicano y la necesidad de la cobertura universal

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Uno de los temas más relevantes a los que se enfrenta el gobierno de López Obrador es detener el deterioro del sistema de salud mexicano. El modelo actual implementado en los años de la posguerra no parece resolver la problemática actual de la cobertura. 

Existen dos grandes sistemas de seguridad social (salud y pensiones), uno de origen alemán y otro de origen inglés. El primero se le conoce como modelo “bismarckiano” que nació en 1883 en Alemania, diseñado por Otto Von Bismarck. Bajo esta modalidad el Estado funge como gestor, definiendo la composición de las aportaciones para cubrir los costos de sanidad y de retiro. La cobertura se encuentra sujeto a un empleo formal y se financia a través de las aportaciones conjuntas del empleado, el empleador y, en algunos casos, el Estado. 

Por otro lado, encontramos el modelo de Beveridge, implementado en Reino Unido en los años de la segunda Guerra Mundial. En 1941, el gobierno inglés le encomendó a William Beveridge la tarea de llevar a cabo un análisis sobre las deficiencias del seguro social.

Beveridge observó que la sujeción de la seguridad social a la condición laboral generaba ineficiencias en la distribución de los servicios. Ante ello, este modelo propone la universalización de los servicios de salud financiado a partir de impuestos generales y uniformes, independientemente del nivel de renta del asegurado. La financiación depende en su mayoría del presupuesto del Estado, con lo cual éste no es un simple gestor, sino que administra y presta los servicios. 

En este mismo sentido, se puede hacer una serie de tipologías de la seguridad social: socialdemócrata, en el cual el Estado proporciona, por fuera del mercado, beneficios universales y homogéneos que son financiados con altas tasas impositivas; corporativo, en el cual la fuerza política de algunos sectores sociales les provee acceso a grandes beneficios y se encuentra sujeto a su posición laboral; y el liberal, en el cual el Estado transfiere recursos a la población más desprotegida, dejando al resto a disposición del mercado.

En el caso mexicano, el Estado posrevolucionario emprendió el modelo bismarckiano y ha integrado algunos elementos del modelo Beveridge desde los años ochenta. El gobierno mexicano benefició a algunos sectores sociales, sobre todo los que se encontraban sindicalizados, otorgándoles grandes prestaciones y beneficios.

En México, desde la creación del IMSS y del ISSSTE, trabajadores formales en el sector privado y público tienen la posibilidad de recibir servicios de salud y de seguridad social (pensiones) a partir de una cuota que se les descuenta de su salario o sueldo. Las otras partes del financiamiento son generadas por los patrones y el Estado.

Dado que la prestación de servicios del IMSS, ISSSTE y PEMEX están condicionadas al trabajo formal, existe toda una población que no puede acceder a ellos. Para ello, durante el sexenio de Vicente Fox y bajo la titularidad de Julio Frenk Mora en la Secretaria de Salud, se implementó el llamado Seguro Popular (SP), el cual buscaba cubrir las necesidades según una estructura de cuotas dado los ingresos de las familias que no contaban con trabajo formal. Si bien el proyecto era necesario, su implementación dejó mucho que desear, ya que los “gastos de bolsillo” -aquel gasto adicional que hacen las familias con SP para atenderse en hospitales privados por falta de atención en los hospitales asignados por el Seguro Popular- no descendió, sino que aumentó.

En las últimas décadas, las crecientes demandas de seguridad social sobre el IMSS han puesto en duda su viabilidad financiera para seguir prestando los servicios de los derechohabientes, dado que su capacidad de inversión se ha visto acotada. Según datos del IMSS, publicados por Reforma (06/07/2019) el pago de pensionados y jubilados equivale al 19 por ciento de su gasto. Si bien el Seguro Social cerró con un superávit de 14 mil 766 millones de pesos, sus pasivos llegaron a 290 mil 400 millones de pesos en 2018, 29 mil millones de pesos más que el año anterior. Según el IMSS, esto se debió al incremento de las aportaciones financieras que está obligado a hacer, las cuales representaron el 7.5 por ciento de su gasto.

En su visita al estado de Chiapas, López Obrador planteó integrar el IMSS y el ISSSTE al Seguro Popular (al cual obviamente le cambiará el nombre), para dar cobertura universal, es decir, prestar servicios tanto a derechohabientes como a la población abierta.

La descentralización del sistema salud que se intentó llevar a cabo en los sexenios pasados fue un fracaso. La corrupción, ineficiencia y displicencia de los gobiernos locales generó una seria degradación de las prestaciones sanitarias. 

Si bien la centralización acarrea sus problemas, en este caso parece ser necesario. Pero para ello, López Obrador deberá conciliar los distintos intereses de los trabajadores del IMSS -quienes tienen mejores prestaciones que los del SP. Si quiere integrar las distintas instituciones deberá saber dialogar y convencer a los implicados de los beneficios. Esperemos que haga un mejor trabajo que lo que observamos en el caso de la Policía Federal y su incorporación a la Guardia Nacional. 

Dan 10 años de cárcel a Granier por desvío

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Una juez del fuero común de Tabasco condenó a 10 años de prisión y una multa de 525 días de salario al ex Gobernador Andrés Granier por un presunto desvío de 196 millones de pesos del Seguro Popular.

Guadalupe Cadenas Sánchez, Juez Tercero Penal en Villahermosa, emitió la primera sentencia condenatoria contra Granier, al hallarlo inocente del delito de ejercicio indebido del servicio público, pero culpable por peculado.

Eduardo Luengo Creel, abogado del ex Mandatario tabasqueño, cuestionó el fallo judicial porque en su opinión nunca hubo un desvío de recursos y está documentada la aplicación de los mismos, aunque en un año distinto.

Anticipó que presentará el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco por esta sentencia que calificó de exorbitante.

Contra Granier se presentaron un total de cinco acusaciones penales ante los tribunales, tres de ellas de orden federal y dos del fuero común. Ha sido absuelto en una y condenado en otra.

A nivel federal tiene iniciados dos juicios por el delito de defraudación fiscal: uno de ellos por 689 mil pesos y el otro por dos millones 156 mil 489 pesos.

En el fuero común de Tabasco se le sigue otro proceso por peculado o desvío de recursos públicos por 2 mil 604 millones de pesos.

En mayo de 2015, un Tribunal federal absolvió en definitiva al ex Gobernador de un supuesto lavado 35 millones 338 mil 315 pesos, al considerar que la PGR no probó que los recursos procedieran del erario o fueran ilícitos.

Granier fue encarcelado en el Reclusorio Oriente el 25 de junio de 2013, pero sólo estuvo unos días en la cárcel porque el 11 de julio siguiente lo internaron en la Torre Médica del Penal de Tepepan, para ser tratado de diversos males de salud.

A la fecha permanece internado en la clínica de dicho centro penitenciario, el mismo donde estuvo un tiempo Elba Esther Gordillo.

Detectan malos manejos de recursos del Seguro Popular en 28 Estados de la República

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Monterrey (03 de julio de 2017).- La ASF (Auditoria Superior de la Federación) detecto malos manejos de los recursos federales asignados en 28 de las 32 entidades del país en 2016. Dicho lo anterior el monto estimado asciende a los 6 mil millones de pesos en donde hay estados en los que al menos los desvíos van desde un 24 hasta el 55% del dinero correspondiente.

Un determinador fue el programa que permite acercar servicios de salud y tratamiento de enfermedades graves como VIH o cáncer a la población más vulnerable, el Seguro Popular.

Los estados reportados con irregularidades son; Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Veracruz a pesar de que son las entidades con los montos más altos en cuanto a recursos del Seguro Popular.

Una revisión hecha por Animal Político estableció que de los 6 mil millones reportados con anomalías, al menos 4 mil 500 son recursos que dichas entidades aseguraron haber gastado pero se desconoce en qué se hizo o en otros casos no hay manera de comprobar por falta de documentos.

Hay cuatro estados más en los que la ASF no encontró ningún indicio de posibles desvíos de recursos federales asignados para el Seguro Popular que son, Coahuila, Colima, Tlaxcala y Zacatecas.

Tres estados más fueron reportados con posible daño patrimonial en el manejo del Seguro Popular, entre los cuales se encuentran Nuevo León con 29 millones 444 mil pesos y Sinaloa con 24 millones 252 mil pesos.