Corte otorga amparo a Ríos Piter para consumir marihuana

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el primer amparo para consumir marihuana de forma recreativa al ex aspirante a la Presidencia de la RepúblicaArmando Ríos Piter.

La primera sala de la SCJN concedió el amparo para solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la adquisición de semilla de marihuana para cultivo, procesamiento y consumo para fines lúdicos y recreativos.

La sala se pronunció en contra de la prohibición absoluta sobre la adquisición de la semilla de marihuana porque es desproporcionado que la ley no permita conseguir la semilla.

Será la Cofepris quien determinará las modalidades de la adquisición de la semilla, esto se podrá dar a través de tenedores legales o de permisos especiales de adquisición”, señaló Luz Elena Orozco, secretaria de la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz.

El amparo contó con cuatro votos a favor y uno en contra para otorgar la protección de la justicia al senador con licencia, quien se integró a la campaña de José Antonio Meade, candidato de Todos por México.

De acuerdo con Milenio, para que el criterio de la Sala se convierta en jurisprudencia hacen falta dos amparos; cuando sumen cinco casos, los jueces deberán resolver a favor de los consumidores que reclamen que la Cofepris no les permite cultivar, procesar y consumir marihuana para fines lúdicos y recreativos.

Desde el primer caso en 2015, hasta ahora, la SCJN ha concedido tres amparos que permiten el cultivo y uso recreativo de esta planta sin que violen la Ley General de Salud. Ninguno de ellos contempla sin fines de comercialización y distribución.

Red proveedora del IMSS falsificó marcas y registros para vender equipo

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De acuerdo con el sitio Animal Político, funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “solaparon” una serie de irregularidades y aceptaron favores, por parte de una red de empresas que simuló competencia y falsificó registros sanitarios para vender equipo médico por una cantidad millonarias.

En una segunda entrega de una investigación sobre una red de empresas vinculadas a una familia que obtuvieron cientos de contratos por 674 millones de pesos, Animal Político detalla cómo María  Isabel Camacho Ruiz, “cabeza de la red“, utilizaron “el nombre y los documentos oficiales de una empresa para participar en licitaciones, sin autorización de la dueña”.

Camacho Ruiz, quien ha negado que exista una red de empresas beneficiadas irregularmente con contratos del IMSS, sí reconoció la compra de boletos de avión a favor de funcionarios del IMSS. De acuerdo con la investigación del sitio, la empresaria utilizó dos empresas para vender equipo al IMSS: International Equipment JCB, que es de su propiedad, e Innovación MEC, fundada por Miriam Escalona, quien previamente había sido su abogada. En este caso, Camacho utilizó la empresa sin permiso de Escalona para vender equipo”de alta especialización médica, como unidades de monitoreo de signos vitales, equipo de diagnóstico cardíaco y de rayos X, mobiliario hospitalario como camillas y camas especiales, entre otros”, refiere el reportaje.

Animal Político reportó otras irregularidades como la falta de registros del equipo que Camacho vendió al IMSS, así como la falta de aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En cuanto a la falsificación de datos, el reportaje ilustra cómo Dacega, una empresa de Camacho, utilizó un registro sanitario “folio 0359E2014” que la Cofepris supuestamente le otorgó para comercializar un “Sistema de Imagen de Rayos X Advanced TRX“.

Sin embargo, refiere la publicación, “en los archivos de Cofepris lo que se observa es que ese registro se otorgó, en realidad, a la empresa Karl Storz Endoscopía México para la venta de Fibroscopios – Gastroenterológicos“.

Cofepris confirmó a Animal Político que el registro sanitario no se le otorgó a ninguna de las empresas de la red. Este último dato también fue confirmado por el IMSS.

Asimismo, los autores del reportaje dijeron que, en una revisión de la base de datos de licitaciones de Compranet se confirmó que el IMSS le compró ese equipo a dos de las empresas de la red de María Isabel Camacho: Innovación MEC (un equipo) y a JCB (tres equipos).

“Además de presentar registros falsos en la licitación, Innovación MEC y JCB falsearon la marca del equipo. Animal Político consultó a la compañía Advanced Instrumentations, ubicada en Miami, Florida, para confirmar que hubiera vendido a las empresas de la red la Unidad Radiológica Fluoroscópica con Arco en C. En entrevista telefónica la firma desmintió este dato, ya que no es fabricante de ese modelo”, informó Animal Político.

Además, del uso ilícito de Innovación MEC para vender equipo al IMSS, Escalona Correa, aseguró el sitio, “se enteró dos años y medio después de que dejó de laborar en la empresa de María Isabel Camacho; para ese momento la empresa ya había ganado 47 licitaciones, había generado 330 facturas por la venta de (entre otros equipos) 174 electrocardiógrafos, por lo cual emprendió una batalla legal contra Camacho Ruiz para deslindarse de estas acciones”.

Escalona, dijo, Animal Político, “presentó documentos que prueban que esta red utilizó el domicilio de su empresa para otras en las licitaciones; registró como empleados suyos a miembros de la red, incluido un ex funcionario del IMSS y su madre; falsificó su firma en facturas y realizó movimientos hacendarios de manera virtual”.

Pero María Isabel Camacho, su abogado Jorge Federico Solórzano y su socio, el ex funcionario del IMSS Javier Israel Fernández “negaron las acusaciones y aseguraron que se trata de un intento de extorsión por parte de Escalona“.

Los alcances del amparo mariguano

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La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso de enorme trascendencia en el que, mediante el otorgamiento de un amparo, da luz verde a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) otorgue a cuatro personas integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un permiso para la siembra y autoconsumo de la mariguana.

Sin embargo, es importante precisar cuáles son los alcances de dicha de resolución.

En primer lugar, hay que decir que no se trata de una “despenalización”, puesto que en este caso la Suprema Corte no ha eliminado ninguno de los tipos penales relacionados con las actividades de siembra, producción, posesión, comercialización, etc., de drogas ilícitas. El amparo se limita a declarar inconstitucionales algunas disposiciones de la Ley General de Salud, particularmente los artículos 237 y 248, que establecen una prohibición expresa para la siembra, cultivo, preparación, etc., de ciertos estupefacientes, entre ellos la mariguana.

En primer lugar, hay que decir que no se trata de una “despenalización”, puesto que en este caso la Suprema Corte no ha eliminado ninguno de los tipos penales relacionados con las actividades de siembra, producción, posesión, comercialización, etc., de drogas ilícitas.

Por otro lado, tampoco se trata de una “legalización”, al menos no en los términos amplios que dicha palabra implica. Se trata sólo de una autorización para que estas cuatro personas puedan llevar a cabo todas las acciones necesarias para el autoconsumo de mariguana sin ser sancionados.

Para que todas las personas puedan tener acceso a esta autorización existen varios caminos, ninguno de ellos sencillo ni inmediato.

Por otro lado, tampoco se trata de una “legalización”, al menos no en los términos amplios que dicha palabra implica.

Una primera vía es la jurisdiccional, es decir, que otras personas sigan presentando amparos en los mismos términos que el presentado por SMART, esperando obtener resoluciones favorables y que, paulatinamente, se forme jurisprudencia obligatoria. Pero incluso habiendo jurisprudencia, en tanto que ésta sólo obliga a los jueces, no implicaría que las disposiciones de la Ley General de Salud declaradas inconstitucionales dejaran de aplicar para todas las personas. Para ello se requeriría que, una vez formada la jurisprudencia, la Suprema Corte abra un procedimiento de “declaración general de inconstitucionalidad” a partir del cual pudiera determinar la anulación de estos artículos con efectos generales para toda la población.

Una primera vía es la jurisdiccional, es decir, que otras personas sigan presentando amparos en los mismos términos que el presentado por SMART, esperando obtener resoluciones favorables y que, paulatinamente, se forme jurisprudencia obligatoria.

La otra vía, que pareciera la más apropiada en un país democrático, es la legislativa. Sin duda el fallo de la Corte genera una presión sobre el Congreso de la Unión para iniciar un debate serio sobre la posible legalización y despenalización de la mariguana.

En todo caso, la resolución de la Suprema Corte es un fallo histórico que abre un parteaguas en la política de drogas de nuestro país. Más allá del tema concreto de la mariguana, lo que hay que celebrar de la resolución es el afianzamiento del derecho a la autonomía personal y al libre desarrollo de la persona.

La otra vía, que pareciera la más apropiada en un país democrático, es la legislativa.

Con independencia de nuestra postura concreta respecto de la política de drogas, esto es algo que debe resultarnos satisfactorio. No es poca cosa que un Estado reconozca a sus ciudadanos la libertad más amplia para decidir sobre su proyecto de vida.

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