Olga Sánchez Cordero

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Por mera congruencia jurídica, Olga Sánchez Cordero debe renunciar como titular de la Secretaría de Gobernación. Su permanencia en el puesto es un insulto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una evidencia del atropello legal que permite la cuarta transformación. 

En su momento, declaró que en su calidad de ex juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificaba la llamada “Ley Bonilla” como inconstitucional. Esta declaración la hizo en el propio Senado de la República. El viernes de la semana pasada, durante la toma de posesión del nuevo gobernador de Baja California, se atrevió a declara que la “ley Bonilla” habría de “pervivir”, lo que traducido en mexicano contemporáneo, significa que esta ley debe sobrevivir. 

La secretaria de Gobernación de AMLO, le niega la razón a la ex titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con algunas semanas de intervalo, la inconstitucionalidad de la “ley Bonilla”, se transformó en una legalidad que habrá que “pervivir”. Si estos son los argumentos legales del gabinete constituido por AMLO, este país está listo para una revuelta de gran tamaño, ya que la propia Suprema Corte de la Nación, aún no se ha pronunciado sobre la legalidad del caso. 

¿Será que la cuarta transformación le está enviando mensaje a la SCJN, para que no equivoque su dictamen? Todavía no llegamos al año de la toma de posesión y el nuevo régimen está mostrando los dientes. Lo que opina el presidente prevalecerá sobre la Ley y sobre la Constitución. 

Solamente el Ejercito podrá temperar los abusos de un régimen que está perdiendo los estribos. Ya dio los primeros avisos, y es de esperar que en el gabinete tomaron nota de las advertencias.

 Hace muchos meses, antes de las elecciones del 1º de julio del 2018, hice una referencia a Salvador Allende, el malogrado presidente izquierdista chileno que se atrevió a desafiar al imperio, para que le futuro presidente tuviera consciencia de las limitaciones de su poder. Ojalá recapacite antes de que México se vea involucrado en alguna asonada militar como cualquier república bananera. 

¿Adónde está la futura séptima potencia económica mundial? Parece que nos equivocamos de líder.  El potencial sigue estando presente, sólo falta corregir algunos parámetros en el mando del país..

Sánchez Cordero asegura que 5 años en BC son legales

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien asistió a la toma de protesta de Jaime Bonilla en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que por el momento cinco años de gubernatura en Baja California, son legales.

“Hoy es legal, es legal porque el Congreso local emitió una norma y estaba facultado para emitirla. Hay una presunción de legalidad cuando el Congreso emite la norma y está facultado para ello”, dijo Sánchez Cordero.

La ex ministra, dijo que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que debe de determinar si es constitucional o no.

Por último, aseguró que la nueva administración estatal será “espectacular”.

El debate de la objeción de conciencia en México

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La objeción de conciencia se ha convertido en el centro de debate nacional, ello porque el Congreso Estatal de Nuevo León aprobó una modificación a su ley local en materia de salud, para incorporar dicha figura jurídica para los miembros del sistema de salud. El tema ocasionó un fuerte debate en redes sociales, programas de opinión, columnistas y mesas de café, teniendo como punto de partida una presunta intención ideológica detrás de la mencionada iniciativa, sin embargo, existe una serie de imprecisiones que se propagaron por el internet, ya que si bien, es un tema en el cual existe una discusión desde un aspecto filosófico o axiológicos en materia de derechos, pero es innegable que existe una obligación constitucional para legislar en la materia. En primer termino, debemos señalar que la objeción de conciencia es un mecanismo que “supone no solamente el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también de obrar de manera conforme a los imperativos de la misma”(Sanchís, Luis Prieto 2006)

El derecho de la objeción de conciencia tiene origen dentro de nuestra legislación nacional en la reforma que se dio en el Senado de la República y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, donde se incorporó esta figura jurídica en la Ley reglamentaria en la materia, y de igual manera en sus artículos transitorios se estipuló que las entidades federativas debían modificar sus legislaciones para armonizarlas con la modificación al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud. Con dicha modificación, se abrió la puerta a reglamentar la responsabilidad de hacer o no hacer, el respeto a la libertad de conciencia y pensamiento, así como los límites, en todo nuestro país. Antes que nada, debemos definir la objeción de conciencia, y  podemos definirla como el respeto del pensamiento o reflexión personal o moral cuando este contravenga una acción a la cual tiene que ejecutar. Podemos ver  que es una ponderación del ejercicio de la libertad personal e incluso religiosa sobre una acción que pudiera lesionar su sentir o forma de pensar y “en principio ejerce un derecho fundamental, por más que el juicio definitivo pueda desembocar en la negación o rechazo de la posición iusfundamental a la vista de la presencia  en el caso de otras razones más fuertes en favor de tal deber jurídico”(Sanchís, Luis Prieto 2006). 

En el aspecto jurídico, hay que enfatizar que este mecanismo es un derecho humano que se ha visto en diversos ámbitos como el militar, empresarial o de la  administración pública. Ello también trae a colación dos derechos, el derecho del acceso a la salud previsto en el artículo 4 constitucional y el derecho a la libertad ideológica, pensamiento o creencia, señalado en el artículo 24 de nuestra carta magna, y es dentro de este derecho donde podríamos ubicar a la objeción de conciencia como derecho protegido por la constitución. Independiente de los titulares tendenciosos y la polarización social respecto a este tema, la objeción de conciencia atiende a procurar al personal del sistema de salud y puede ser encontrado en todas las democracias con estado de derecho, y debería ser visto como una medida mediadora ante diferentes visiones o cosmovisiones sociales, y una herramienta fundamental en la preservación de la diversidad de pensamiento y creencia. También, es imperativo  aclarar que al momento de plasmar la objeción de conciencia se debe tener en claro que no se objeta a la persona y sus características físicas o personales, ya que ello claramente recae en una discriminación, contrario a lo estipulado en el articulo primero constitucional y violatorio de derechos humanos,  precisando que debe objetarse la acción que contravenga el pensamiento del objetor.  

Nuestro máximo órgano de impartición de justicia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en temas de a través de garantías de protección  y abstención el Estado se asegura de que los creyentes puedan efectivamente ejercer su libertad religiosa”(AR 1049/2017). En el ámbito internacional, encontramos este derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, en el cual establece que “toda persona tiene derecho a la libertad  de pensamiento, conciencia y religión”; lo anterior también lo podemos vislumbrar en el artículo 18  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 9no y el 10o de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De igual manera, es innegable la existencia del conflicto ante este derecho, ya que podría ejercerse cómo medida que limitaría el acceso a ciertos servicios, pero debemos vislumbrar que no todo derecho es absoluto. Si vemos los antecedentes en México, la objeción de conciencia se introduce federalmente, en una serie reformas realizadas por la Secretaría de Salud a la Norma Oficial Mexicana 046, con la cual se reconoce el derecho de objeción de conciencia de médicos y enfermeras para la práctica de abortos en el caso de violación, sobre lo anterior es importante precisar, que en diversas entidades no permiten y penalizan dicho acto,  como es el caso de  Nuevo León, por lo cual no se presenta la iniciativa en un ámbito  prohibicionista de la interrupción del embarazo, ya que no es la intención del legislador. De la misma manera, encontramos que, en la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, aprobada en el 2011, en su artículo 42 se reconoce el mismo derecho de objeción para el personal de salud que quiera abstenerse a intervenir en la atención de pacientes terminales. Tenemos que ver que dicha reforma en también contempla limitantes, como son cuando esté en riesgo la vida del paciente o el caso de una urgencia médica. Podemos ver que debe garantizarse el derecho de acceso a la salud en todo momento,  y en ese sentido, al ejercer dicha objeción se debe realizar de manera previa y procurar de proveer al paciente de otro personal  de salud que garantice la atención,  también enfatizar el hecho  que no  debe objetarse con relación al sujeto (paciente) sino al acto; si logramos dilucidar  esto, podemos ver la objeción de conciencia como una medida extraordinaria y un derecho  y no desde un plano ideológico que abone a una polarización innecesaria. 

reneramirezbenites@gmail.com 

Bibliografía 

Amparo en Revisión 1049/2017.  Oposición a que se realice a su menor hija una transfusión sanguínea  por  pertenecer a  la comunidad cristiana  “Testigos  de Jehova”, posible colisión de  derechos a salud de un menor de edad y el derecho a libertad  religiosa de sus padres. Ministro Ponente: Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Primera Sala de la  Suprema Corte de  Justicia de la Nación. 15 de agosto de 2018 

ONU. Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. 2012. La objeción de conciencia al servicio militar. Nueva York  y Ginebra. Naciones Unidas

Sanchís, Luis Prieto. 2006. “Libertad y objeción de conciencia”. Revista Persona y Derecho 54. (2006): 259-273. 

Soberanes Fernández, José Luis. 1998. “La  Objeción  de conciencia ante la justicia constitucional  en México”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. (1998): 137-151. 

¿Nuevos tiempos del Poder Judicial?

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La autodenominada Cuarta Transformación, a pesar de sus aciertos o desaciertos, ha desencadenado una serie de debates o nuevas reflexiones sobre la concepción de diversos hechos, instituciones y posicionamientos. En el imaginario colectivo, así como la comentocracia y sujetos políticos, hemos entrado en una nueva dinámica de preguntarnos y cuestionarnos si verdaderamente nuestro Estado funciona como debería o como se establece en la constitución, leyes o conforme a las necesidades sociales. Una de esas interesantes nuevas reflexiones, tiene que ver con el Poder Judicial, en específico, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su papel en el Estado-Moderno. A lo anterior, me refiero a las nuevas dinámicas en cómo se relacionan y accionan las instituciones públicas, el Estado de Derecho, la democracia y la sociedad moderna con sus nuevas exigencias. 

Este repensar respecto al papel de la Corte, tienen como origen la renuncia de Medina Mora como Ministro, y la serie de comentarios, injerencias, acusaciones y advertencias sobre la autonomía e independencia de nuestro máximo tribunal respecto con otros poderes públicos. En algo sin precedentes y ante el panorama crítico, el Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, utilizó las redes sociales para declarar que el Poder Judicial Mexicano no debe ser oposición sino contrapeso, y que dichos términos no pueden confundirse, ya que “la Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos”, y remató contundentemente: “los contrapesos deben estar en el Congreso”. 

La declaración del Ministro Presidente, generó una serie de controversias que podemos resumir en dos posiciones principales; para cierto grupo de personas, la Corte debe y es un contrapoder del Ejecutivo y Legislativo, y otro grupo que coincide con el Dr. Arturo Zaldívar. El declaración no coincide plenamente con los postulados básicos de los tres poder establecido por Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes”,  ya que desde la concepción del filósofo político, en todos los Estados se encuentran tres poderes (los antes mencionados) porque “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan en reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas al mismo modo”. En términos sencillos, debe de existir un poder dividido y no concentrado. En otro plano, Alexis de Tocqueville en “La Democracia en America” analizó la naciente y joven democracia estadounidense, en dicha obra dice que “la mayor dificultad no era saber cómo se iba a constituir el gobierno federal, sino como obedecerían las leyes”. Desde la perspectiva de Tocqueville la teoría debería llevarse a la práctica, por ello, necesitaron constituir un poder judicial independiente, ya que  “en los jueces descansa incesantemente la paz, la prosperidad y la existencia misma de la Unión, sin ellos, la Constitución es letra muerta” y en ese sentido, hacen un ejercicio de defensa de la constitución y del poder público. 

A pesar de todo lo anterior, lo que expresa el Ministro Presidente es también cierto, la Corte no es oposición, ya que no debe estar en constante conflicto de los demás poderes, sino accionarse cuando dichos entes han vulnerado la constitución, y en cambio, si pensamos que el Poder Judicial es oposición, se traduce en una dinámica repetitiva de oponerse, lo cual no es así. Lo que no está en debate, es la necesidad de consolidar una Corte y Poder Judicial independiente y separado del poder político. Sin duda, son tiempos complejos en los cuales estaremos en un continuo análisis de hasta lo que creíamos que era y no es. Cómo alguna vez escribió John Adams: “el Ejecutivo nunca ejercerá los poderes legislativo y judicial o uno de ambos, a fin de que sea un gobierno de leyes, y no de hombres”. 

#NoMásDerroches denuncia presión a magistrados en caso Santa Lucía

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El colectivo titulado bajo el hasta #NoMásDerroches exigió este viernes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que absorba lo más pronto posible el caso con fin de resolver la situación.  Esto ante una supuesta presión contra los magistrados en el caso.

Reiteramos en forma enérgica y a manera de auxilio a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que se sirva atraer la resolución del resto de los recursos de revisión interpuestos por el Ejecutivo en contra de la orden de suspensión de obras en Santa Lucía… para lograr que sean resueltos de manera imparcial y con estricto apego a Derecho“, señaló.

Esta denuncia también se realiza en el marco del suceso del martes de esta semana, cuando el juez quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió la anulación a una de las siete suspensiones definitivas contra el aeropuerto de Santa Lucía, dándole la razón a la Sedena.

Así mismo, el miércoles pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a Jorge Arturo Camero Campos, miembro del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien en junio formó parte del grupo que concedió la suspensión provisional de amparo a #NoMásDerroches, por lo que se ordenó preservar las obras que ya habían sido canceladas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

De acuerdo al sitio web del colectivo, “Con independencia de la procedencia o no de las acusaciones contra el magistrado Camero, el contexto en el que esta decisión se da -precisamente horas después de que decidiera votar en contra del Proyecto de Santa Lucía- así como el hecho sin precedentes de los otros dos magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado de resolver ellos mismos la improcedencia de su remoción en el conocimiento de los asuntos, evidencian y confirman la presión ejercida por el Gobierno federal a fin de que el asunto sea resuelto conforme a sus intereses“.

Con información de El Financiero

UMA y la Joya del Pancismo

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El 27 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, a través del cual fueron modificados los artículos 26, apartado B y 123, inciso A), fracción VI de la Constitución.

Dicha reforma, en su modificación al artículo 26, apartado B, Constitucional, crea una medida que se utilizaría como referencia económica para el cumplimiento de obligaciones.

En ese contexto se crea la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA) como referente económico, desindexando al salario mínimo general vigente (SMGV) y, a partir del 28 de enero de 2017, toda referencia al SMGV cómo parámetro de medida, debía considerarse efectuados a la UMA.

Esto, pues el artículo TERCERO transitorio del decreto anteriormente señalado, estableció que todas las menciones al SMGV como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la UMA.

Derivado de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, apartado B y TERCERO transitorio de la Constitución, a partir del año 2017, el IMSS y el ISSSTE, comenzaron a utilizar la UMA a efecto de establecer los topes máximos en el cálculo para el pago de las pensiones.

Situación, que ocasionó que el poder adquisitivo y el monto de las pensiones fuera reduciéndose en perjuicio de los pensionados, toda vez que el valor de la UMA tenía menores aumentos en proporción a los realizados al SMGV.

No obstante, ambos Institutos de Seguridad Social, perdieron de vista que a la par de la reforma al artículo 26, apartado B, también se modificó el artículo 123, inciso A) fracción VI de la Constitución, estableciendo que el SMGV no podría ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Es decir, el SMGV, podía seguir utilizándose cómo índice, unidad, base, medida o referencia, siempre y cuando fuera acorde a su naturaleza.

En esa tesitura, tratándose de la determinación de la cuota diaria de pensión, es decir, de una prestación de naturaleza laboral, el parámetro utilizado para su cálculo no puede ser otro que el SMGV.

Por lo anterior, desde el año 2017, diversos grupos de pensionados, al ver reducidos montos en el pago de sus pensiones, comenzaron a demandar el correcto cálculo del mismo, atendiendo al valor del SMGV y no a la UMA.

En consecuencia, a finales de 2017 y principios del año 2018, fueron emitidos los primeros criterios respecto a la indebida aplicación de la UMA, para efecto de realizar el cálculo en el pago de las pensiones. 

Mismos criterios, que gracias al legítimo esfuerzo de grupos de pensionados que con determinación acudieron a Tribunales Competentes a ejercer sus derechos siguieron reiterándose, hasta que el 20 de septiembre de 2019, el décimo octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito creó jurisprudencia.

Jurisprudencia, que únicamente es producto del esfuerzo y valía con la que los pensionados defendieron sus derechos en los Tribunales.

No obstante, recientemente circuló un video, en el que aparece el Senador Dr. Américo Villarreal Anaya, declarando que gracias a las gestiones de los Senadores de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la jurisprudencia que establece que la pensión de retiro de los trabajadores debe ser calculada con base en el salario mínimo.

Estas declaraciones, además de constituir una verdadera joya al pancismo, son un acto demagógico que demerita la valía con la que los pensionados defendieron sus derechos.

Por mi parte, únicamente puedo felicitar a los pensionados por su Voluntad y Trabajo en este logro.

AMLO nunca ha presionado al Poder Judicial: Zaldívar

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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que el Mandatario AMLO nunca ha presionado al Poder Judicial.


“Lo he dicho y hoy lo reitero, el Presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial, no hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión, en los asuntos que estamos manejando”,
indicó en entrevista con el Canal 11 del Estado.

En el mismo comentario, Zaldívar reveló que el ex Presidente Felipe Calderón sí presionó a los ministros de la Corte.

“Cosa que también he dicho no se podría decir de algún otro Presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones (de) Felipe Calderón”, agregó.

Los dichos del Ministro ocurren en medio de las presuntas presiones del Ejecutivo para resolver si se construye o no el aeropuerto de Santa Lucía, de acuerdo con el colectivo #NoMasDerroches, que solicitó a la Suprema Corte resolver el asunto.

En repetidas ocasiones, el Presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con ‘exhibir ‘a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. Además, prácticamente a diario, como lo han constatado los medios de comunicación, funcionarios militares acuden al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México”, señaló la organización.

 

(Con información de Reforma)

Senado aprueba la renuncia de Medina Mora

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El Senado aprobó la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con 111 votos a favor, 13 en contra y cinco abstenciones, entre exigencias de que sea investigado por su presunta responsabilidad en el caso Atenco, tráfico de influencias y otras acusaciones en su contra.

Ahora se abre el proceso para que esta cámara legislativa reciba la terna del presidente AMLO, a fin de nombrar un nuevo ministro.  El ministro que elija el Senado será para completar los 11 años que le restaban al período de Medina Mora, del cual sólo ejerció el cargo 4 años de un total de 15.

Los senadores de Morena rechazaron que la dimisión de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN obedezca a un pacto de impunidad entre el gobierno y el dimitente a cambio de dejar una vacante en el máximo tribunal del país.

Sin embargo, el senador Félix Salgado Macedonio expuso en tribuna, sin presentar las pruebas suficientes, que el exministro forma parte del crimen organizado.

 

 

(Con información de Excélsior) 

¿Sigma o hecho anunciado?

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la máxima autoridad judicial y nuestro Tribunal Constitucional. Desde la concepción de Charles Louis de Sécondat, Barón de Montesquieu, cuando en 1748 publica su conocida obra “Del Espíritu de las leyes”, donde vislumbra y contempla la separación de poderes. Charles decía que “si no estuviera separado el poder, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los ciudadanos[…]”. En ese sentido, la SCJN ha tenido un largo, difícil y complejo recorrido para consolidarse lo que es en estos momentos. En días recientes, el Ministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo en la Corte, el cual hubiera concluido en el año 2030. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, de un lado están aquellos que gritan y aluden a una crisis dentro de la Corte; y por otro lado, aquellos que mencionan que el Ministro Medina Mora era un persona con un pasado denunciable y un presente aún peor, por lo cual no debe tomarnos por sorpresa este hecho. 

Podemos especular respecto al motivo del Ministro para renunciar a su cargo, sin embargo, ya que conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Constitución, la renuncia de un ministro sólo es procedente por “causas graves” y debe enviarse al Presidente de la República para que, en su caso, acepte o niegue dicha renuncia. Sin embargo, el motivo de fondo que la opinión pública y la mayoría de los analistas atribuye a este hecho sin precedentes, es la columna de opinión escrita por Salvador García Soto y publicada en El Universal el 5 de mayo de este año. En dicha columna, el periodista hace publico un reporte de la National Crime Agency (Agencia Nacional del Delito) del Gobierno del Reino Unido, en donde detectan una actividad sospechosa respecto a “transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del Ministro Medina Mora, en el Banco HSBC del Reino Unido de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que fueron depositados en los últimos 2 años”. También, el periodista hace mención al Reporte emitido por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos el cual “documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años”:  

El tema generó en su momento tal nivel de controversia, que desde el Congreso de la Unión se tomaron tribuna por diversos legisladores para solicitar que el Ministro aclare dichos señalamientos. Lo cierto, es que estamos ante un hecho sin precedentes desde la reforma de 1994 que crea a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. El único registro conocido fue en 1989 con el retiro voluntario del entonces Ministro Ernesto Díaz Infante por “motivos de salud”, sin embargo, estaba involucrado por la prensa en temas de corrupción.  

Si bien, el tema del Ministro y su desempeño como servidor público es en sí mismo un tema, los motivos de su renuncia otro y independencia del Poder Judicial de la Federación otro. El Presidente de la SCJN, el Ministro Arturo Zaldívar, tuiteó de manera inmediata a este hecho, que “la SCJN ha sido y seguirá siendo independiente y defensora de los derechos humanos todas y todos. Poder equilibrador que controla la constitucionalidad”, y en ese sentido debemos dirigir la discusión. Es equívoco pensar que la renunciar de Medina Mora es una influencia del Ejecutivo para cooptar, secuestrar o influir el máximo tribunal, ya que el pasado y desarrollo profesional de este personaje eran una carga que restaba credibilidad a la Corte, y que renuncia alguien que nunca debió llegar. Y de igual manera, este hecho se da en un contexto judicial interno en el cual el actual Presidente Zaldívar, tiene una política frontal contra la corrupción y los conflicto al interior del Poder Judicial, y por ello existe una probabilidad que la presión de su dimisión viniera desde dentro de la institución y no de fuera. 

Es de celebrar que el origen del debate respecto a este hecho, es porque en México estamos entendiendo, comprendiendo y asimilando el importante e imperativo papel que la SCJN tiene en el desarrollo jurídico, institucional, constitucional y democrático en toda nuestra vida pública. Pero como escriben Javier Martín Reyes y Jesús Garza Onofre en The Washington Post el 4 de octubre: “Se trata no sólo de la primera renuncia de este tipo en 25 años en México, sino también de la dimisión de un político poderoso que abre la puerta a una reconfiguración del tribunal constitucional mexicano”. El proceso de designación de Ministros de la Corte como está estipulado en el artículo 96 constitucional, en el cual establece que el Presidente enviará al Senado una terna de donde se designará a un candidato, como hemos sido testigos (incluso con el proceso para designar a Medina Mora), es un proceso jurídico y político para designar a los miembros de la Corte que no es lo suficientemente estricto, que permita la contradicción y un escrutinio profundo, que tenga como consecuencia que el candidato designado por el Senado sea el idóneo y se procure la independencia e imparcialidad de la SCJN. Es evidente que los ojos estarán centrados en el Senado y en la terna que envié el Presidente Lopez Obrador para llenar la vacante, y será una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. 

Medina Mora renunció por investigaciones de la FGR: AMLO

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Esta mañana, en conferencia de prensa en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su consideración de que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debió a que quiere atender algunas denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de ciertas especulaciones sobre los motivos que tendría Mora para dimitir de su puesto como ministro en donde se pensó inclusive que era por motivo de salud o por el reciente fallecimiento de su esposa, se reveló que el motivo real era este. Siendo que de igual forma fue revelado que sus cuentas bancarias estaban siendo investigadas por la Agencia de Seguridad Nacional en el Reino Unido y el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos.

“Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR, no podemos culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a instancias judiciales”, comentó López Obrador.

Así mismo, señaló que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, le informó que existían depósitos financieros sospechosos del ministro que no correspondían al patrimonio declarado, con base en ello pidió presentar las investigaciones correspondientes al Ministerio Público.

Respecto a la renuncia, también expuso que solamente continuó con el debido proceso, siendo que puede haber otras investigaciones abiertas, por lo que será la Fiscalía la que determine si hay delitos o no y dado sea el caso, si se tiene que juzgar.

¿Qué sigue?

El Artículo 98 de la Constitución Mexicana establece que las renuncias de los ministros de la Corte solamente procederán por causas graves, y serán sometidas al Ejecutivo, cuando este la acepte será enviada al Senado para su aprobación.

A pesar de que la renuncia ya ha sido aceptada por AMLO, esta fue enviada ahora a la cámara de senadores apenas el día de ayer, donde por lo menos dos tercios de la misma deben aceptarla. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que están a la espera del documento con el fin de analizarlo.

Medina Mora fue elegido ministro de la Suprema Corte en marzo del  2015 después de haber sido embajador de México en los Estados Unidos, siendo que este puesto (como ministro) tiene una duración de 15 años, por lo que su periodo aún tenía 11 años restantes.

Siendo que la probabilidad de que Medina Mora no continúe siendo ministro en la Suprema Corte es muy alta, el paso siguiente para el presidente es proponer una terna de candidatos para elegir al sustituto y enviarla al Senado.

Tras haber hecho una comparecencia, el Senado acordará al candidato idóneo tras una votación con mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes. Esto puede suceder hasta dos veces.

Si en 30 días, el Senado no llega a un acuerdo o decisión, el cargo lo ocupará la persona que, dentro de la terna, sea designada por el presidente.

Tras estos hechos, el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, comentó estar al pendiente de la decisión del Senado, esto a través de su cuenta de Twitter.

Con información de El Economista y El Financiero.