Se compromete SCJN a revisar sentencia sobre Comisión de la Verdad del caso Iguala

Comparte este artículo:

Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se comprometió con representantes de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a revisar la sentencia de crear la Comisión de la Verdad del caso Iguala.

De acuerdo con Milenio, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y una comitiva se reunió con el ministro a quien externaron la necesidad de revisar la decisión que emitió el Tribunal Colegiado y que la Procuraduría General de la República no ha acatado.

“En este punto se comprometió el presidente de la Corte, las ministras, que en cuanto llegue aquí en la Suprema Corte hará el análisis de todo el expediente y se someterá análisis para dar muy pronto la resolución que ellos consideren, que debe de ser, conforme a derecho”, indicó De la Cruz.

El presidente de la SCJN, les explicó a los padres que primero se deben agotar las diversas instancias judicialespara que la sentencia del Primer Tribunal Colegiado pueda llegar a la Corte.

La decisión de AMLO y Morena en relación a la SCJN

Comparte este artículo:

Tal vez usted piense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un ente lejano para el ciudadano y en realidad es más cercano de lo que usted piensa y su importancia es vital para la vida pública y privada del país, ya que en los últimos años el máximo tribunal ha sentado precedentes interesantes en materia de derechos humanos, interés superior del menor, así como el control de constitucionalidad de las medidas que toman los poderes.

El próximo presidente y la siguiente legislatura tendrán la obligación de renovar al menos a 2 ministros de la Suprema Corte de la Nación, pudiendo cambiar el sentido ideológico del máximo tribunal de una tendencia moderada-conservadora a una progresista.

Presentó a usted el mecanismo el procedimiento se elige a un ministro de la Corte, el presidente manda una terna de candidatos al Senado, que cumplan con los requisitos establecidos por ley, algunos de ellos son que sea licenciado en derecho (con un determinado tiempo de titulación) y que cuente con honorabilidad, el Senado tiene que aprobar con 2/3 partes del Pleno el nombramiento, en caso de que no se logre el voto en la proporción antes mencionada se regresa la terna y el Presidente de la República tiene que mandar una nueva terna (puede cambiar solamente a una o a dos personas de la terna que originalmente envió).

Algunos logros de la SCJN han sido el matrimonio igualitario, el interés superior del menor y el respeto a las minorías LGBTIQ en sus derechos humanos, así como la protección a los indígenas y el respeto a la mujer en todas las áreas de la vida pública y privada.

Así pues AMLO teniendo mayoría en el Senado (ojo es mayoría simple que no le alcanza para realizar designaciones solamente con su partido y aliados) tendrá que negociar con otras fuerzas políticas para llegar a acuerdos sobre los ministros de la SCJN dentro de ello, tiene la posibilidad de volver la SCJN en un espacio más progresista y que tenga en cuenta la agenda de la izquierda mexicana.

Hay que recordar que la nominada por López Obrador a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ya fue ministra de la Suprema Corte (1995-2015) influirá en las decisiones respecto a la designación de ministros del máximo tribunal; La ministra tuvo un papel fundamental en la resolución de sentencias y jurisprudencias que sin duda marcaron un precedente en la vida jurídica del país, como lo es el caso del matrimonio igualitario y llevando que todas las entidades federativas tengan que acatar el mandato de que los Registros Civiles tienen que llevar uniones entre personas del mismo género, aun cuando se contrapongan los Códigos Civiles de las entidades federativas (como es el caso de Nuevo León) en caso de que algún Oficial del Registro Civil se niegue a llevar el matrimonio se puede promover un amparo y con base en el criterio de la SCJN se le concede para que este pueda casarse

AMLO después del primero de julio tiene la posibilidad inclusive de poner a personas de alta confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el respeto de los derechos humanos, habrá que darle tiempo al virtual presidente de saber sí será un Presidente que mandará ternas con candidatos al máximo tribunal con carrera judicial (que sería lo más apropiado) o mandará personajes polémicos y con participación en la política como lo fue en su momento criticado por su nominación y posterior designación el actual ministro: Eduardo Medina Mora.

También recordar que las decisiones sobre los ministros de la Suprema Corte tienen efectos transexenales, ya que los ministros duran 15 años en el puesto y como he mencionado toman decisiones que involucran las relaciones entre los poderes de la Federación.

AMLO y el posible retorno del presidencialismo mexicano

Comparte este artículo:

La victoria de López Obrador del pasado 1 de julio puede representar un retorno al presidencialismo de mediados del siglo pasado. Con una mayoría absoluta en el Congreso, mayoría en diecinueve congresos locales y jefe supremo de un potencial partido hegemónico, el devenir nacional puede quedar a merced de la voluntad del virtual presidente. Si a ello, le sumamos el respaldo social manifestado en la euforia electoral y el apoyo “condicional” de la clase empresarial, después de haber sido acérrimos críticos a lo largo de su campaña, los contrapesos parecen diluirse del juego político. 

Según Arnaldo Córdova, en su magnifica obra La formación del poder político en México, fue en el mandato de Lázaro Cárdenas que se logró afianzar el fenómeno político y social llamado presidencialismo. La Revolución mexicana permitió la institucionalización del poder político a partir de una serie de medidas tomadas por el nuevo grupo en el poder: la profesionalización del ejército, el reconocimiento de los conflictos sociales mediados por el Ejecutivo, la cooptación o eliminación de las fuerzas disidentes y una amplia legitimación como consecuencia de la inclusión de las masas en la nueva estructura del poder. 

El proceso de la formación del poder político comienza desde la promulgación de la Constitución de 1917. En ella, se establecieron los preceptos legales para la eliminación del caudillismo -fenómeno característico de la época porfiriana, en el cual Díaz era el caudillo mayor- y el ascenso del presidencialismo. La del 17′ era una constitución que dotaba al Poder Ejecutivo de grandes facultades, especialmente las expresadas en los artículos 27º y 123º- la concepción originaria de la propiedad y las relaciones obrero-patronales, respectivamente. 

De esa manera, el Ejecutivo obtiene dos atribuciones que le permiten sobreponerse por arriba de cualquier fuerza social, nacional e internacional: la capacidad de expropiar los recursos en manos de empresas trasnacionales y la de ser árbitro entre conflictos sociales.

Para Fernando Castañeda, “el único poder que puede darle sentido, es un poder igualmente inconmensurable cuyo único fundamento es su autoridad misma: el arbitrio”.

Bajo la estructura de poder, edificada en los gobiernos posrevolucionarios, el sistema político mexicano promueve la concentración del poder en manos del Ejecutivo. Diego Valadés en una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales argumentó que es incorrecto decir que el Presidente de México es la cabeza del Poder Ejecutivo; por el contrario, el Presidente es el Poder Ejecutivo. El artículo 80º establece que “se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo….”.

Las reformas electorales en la segunda mitad del siglo pasado, el incipiente sistema de partidos bajo el juego político del PRI, PAN y PRD, la alternancia presidencial, la adquisición de facultades por parte de estados y municipios y el nuevo protagonismo del Poder Judicial, sobre todo de la SCJN, fueron elementos que representaban un proceso de descentralización del poder. Asimismo, las propuestas de una Fiscalía Anticorrupción autónoma y un gobierno de coalición (distinto a una coalición electoral) promovían el fortalecimiento de las instituciones.

Enrique Krauze apunta a que el caudillismo del siglo decimonónico ha retornado en forma de populismo en los últimos años. En mi opinión el populismo político no es el problema, así como Cárdenas, AMLO puede incluir a las masas en la estructura del poder y efectuar una política dirigida a las urgencias sociales; algunas reformas sociales son necesarias en la coyuntura nacional. 

Empero, lo que sí es preocupante, en primer lugar, es el retroceso de las instituciones y el ascenso de las figuras políticas; para él la corrupción no será eliminada a partir de las instituciones, sino de su mera persona: si el presidente es honesto, la corrupción se desvanecerá. 

En segundo lugar, la anulación del pluralismo político y la erradicación de contrapesos -la élite política se está reconfigurando y todos quieren una parte del pastel-, ni siquiera por parte de la clase empresarial, es igualmente preocupante. 

El presidencialismo de la época de Cárdenas fue degenerado hacia un autoritarismo que tuvo su punto más álgido con Díaz Ordaz. Sin embargo, actualmente la sociedad civil es más fuerte y más participativa, y existen múltiples medios de comunicación independientes. Por ello, se debe exigir a AMLO lo prometido y generar un contrapeso a su amplio poder: la participación política no acabó el 2 de julio.

Corte otorga amparo a Ríos Piter para consumir marihuana

Comparte este artículo:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el primer amparo para consumir marihuana de forma recreativa al ex aspirante a la Presidencia de la RepúblicaArmando Ríos Piter.

La primera sala de la SCJN concedió el amparo para solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la adquisición de semilla de marihuana para cultivo, procesamiento y consumo para fines lúdicos y recreativos.

La sala se pronunció en contra de la prohibición absoluta sobre la adquisición de la semilla de marihuana porque es desproporcionado que la ley no permita conseguir la semilla.

Será la Cofepris quien determinará las modalidades de la adquisición de la semilla, esto se podrá dar a través de tenedores legales o de permisos especiales de adquisición”, señaló Luz Elena Orozco, secretaria de la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz.

El amparo contó con cuatro votos a favor y uno en contra para otorgar la protección de la justicia al senador con licencia, quien se integró a la campaña de José Antonio Meade, candidato de Todos por México.

De acuerdo con Milenio, para que el criterio de la Sala se convierta en jurisprudencia hacen falta dos amparos; cuando sumen cinco casos, los jueces deberán resolver a favor de los consumidores que reclamen que la Cofepris no les permite cultivar, procesar y consumir marihuana para fines lúdicos y recreativos.

Desde el primer caso en 2015, hasta ahora, la SCJN ha concedido tres amparos que permiten el cultivo y uso recreativo de esta planta sin que violen la Ley General de Salud. Ninguno de ellos contempla sin fines de comercialización y distribución.

Aprueba Senado la llamada “Ley Chayote”

Comparte este artículo:

Esta mañana el Senado de la República aprobó en lo general con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención la Ley de Publicidad Oficial, mejor conocida como “Ley Chayote”.

La ley que busca regular la publicidad oficial que los entes públicos otorgan a medios de comunicación, modifica el artículo de la Constitución, y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019.

Esta modificación estipula que debe de haber transparencia en los contratos, topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero, esto de acuerdo a la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio el 30 de abril como fecha limite para emitir una legislación en el tema.

El panista Héctor Larios criticó la aprobación de la controversial ley, diciendo que lo único que se lograba es que se institucionalice el gasto de dinero de los contribuyentes en promover acciones de Gobierno, algo que consideró como inconcebible en países desarrollados.

Por su parte, Martha Tagle, dijo que lo aprobado no tenía contenía el espíritu la orden de la Corte y de la Constitución.

“¿Cuáles son los efectos de la omisión legislativa en materia de libertad de expresión? No se refiere al tiempo, escuchen bien, la omisión es no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución, viola la libertad de expresión, de prensa y de información. La ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, dijo la legisladora.

La Ley de Comunicación Oficial fue aprobada anteriormente en la Cámara de Diputados el 10 de abril. La llamada “Ley Chayote” ha sido objetivo de criticas por parte de ONGs, entre ellas Artículo 19, ya que aseguran que ponen en peligro la libertad de prensa y de expresión.

Se requieren policías capacitados, para revisiones sin orden judicial: Alto al Secuestro

Comparte este artículo:

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, expresó su preocupación por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) misma que declaro como constitucional la facultad que se le otorgó a las policías de realizar revisiones a personas y vehículos sin una orden judicial.

Por esto, Miranda de Wallace, dijo que para poder implementar tal política, se debe de tener elementos preparados que puedan sustentar los términos jurídicos para justificar esas revisiones,

Por otro lado, la activista dio a conocer que de enero de 2016 a diciembre de 2017 se detuvieron a 3 mil 85 presuntos secuestradores, de los cuales 92 eran policías o ex policías, siendo el Edomex, Chiapas y Guanajuato, las entidades con mayor número de elementos policiacos detenidos.

De Wallace, dio a conocer que en el mes de febrero, el secuestro registro un aumento del 9.9% con respecto a enero, puesto que hubo 122 casos. Las entidades con el mayor número de incidencias fueron el Edomex con 27, Veractuz con 21 y Tamaulipas con 15.

Corte avala cateos policiales sin necesidad de un permiso

Comparte este artículo:

En sesión de este martes, los ministros continuaron con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los ministros votaron -ocho a favor y tres en contra- para aprobar el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso declarar infundados los argumentos de la CNDH quien pedía declarar inválidos diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El ministro Fernando Franco González Salas, destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece -ni siquiera- lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con estas figuras, “y me preocupa mucho, porque al final del día creo que esto es fundamental”.

En contraparte, la ministra, Margarita Luna Ramos, enfatizó que el artículo 132 señala que son obligaciones de la policía, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al ministerio público, en aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del ministerio público.

En este caso, el ministro presiente, Luis María Aguilar estuvo a favor del proyecto, indicando que la medida es idónea, en virtud de que permite a la policía recolectar datos de prueba que podrán servir para investigación de delitos y también para su prevención y persecución.

Con esta resolución la SCJN establece que son constitucionales estas inspecciones sin que exista una orden escrita previa, empero, siempre que exista sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.

Por el contrario, el agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba, para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo en ese momento una conducta ilícita.

Finalmente, la Corte señaló que los criterios adoptados no son aplicables a las revisiones e inspecciones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público, por corresponder a otros parámetros constitucionales.

 

ONGs acuden a Corte contra Ley de Seguridad

Comparte este artículo:

Representantes de organizaciones civiles acudieron a la Suprema Corte de Justicia a interponer un recurso contra la Ley de Seguridad Interior.

Román Díaz Vázquez, presidente de la Agrupación Política Nacional Acción Ciudadana Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac), afirmó que aglutinan a más de 25 organizaciones firmantes a nivel nacional.

Se trata, dijo, de un amicus curiae, que, explicó, permite intervenir a terceros interesados para emitir su opinión sobre un tema.

Díaz recordó que dichas organizaciones también iniciaron un procedimiento el 6 de diciembre del año pasado en el Senado de la República para solicitar la consulta ciudadana. Sin embargo, reclamó, su voz no fue escuchada.

“No nos hicieron caso, no nos escucharon, no nos atendieron. Por eso interpusimos los primeros juicios de amparo y las primeras quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos“, expuso.

Indicó que han sido más de cinco recursos interpuestos ante diversas instancias.

Román Díaz señaló que el documento presentado contiene objeciones como que la ley viola el Artículo 129 constitucional, el Primero y el 21 de la Constitución.

“Ya casi el plazo vence para interponer inconformidades, le calculamos que esto estará resuelto en unos de dos a cuatro meses, más o menos. Confiamos en ser escuchados, ahora sí, en la Suprema Corte“.

Ante la SCJN también han acudido diputados y senadores pidiendo la abolición de esta legislación.

La Constitución no puede ser usada como pretexto para olvidar los derechos humanos: Aguilar Morales

Comparte este artículo:

La Constitución, bajo ningún concepto, puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto de los derechos humanos reconocidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal tanto a favor de las víctimas como a los imputados por un delito, dijo el ministro presidente de la Corte Luis María Aguilar Morales.

El ministro presidente de la SCJN presentó este viernes su Tercer Informa Anual de Labores ante los Plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral; como invitados asistieron el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los presidentes de las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados, Ernesto Cordero y Jorge Carlos Ramírez Marín.

También recordó que “tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”.

De igual forma expresó su enérgica condena a los funcionarios o empleados que “sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público”.

Reiteró que la igualdad de género no es una moda pasajera, sino que es prioritaria para el Poder Judicial de la Federación.

Entre las acciones emprendidas durante el presente ejercicio, detalló, debe destacarse que se aprobó la elaboración de un manual de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, con el que se busca establecer una base metodológica de inclusión de la perspectiva de género desde un enfoque de derechos humanos en la labor jurisdiccional.

Articulo 19 gana amparo histórico en SCJN que forzará a regular derroche de gobiernos en prensa

Comparte este artículo:

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría de cuatro votos resolver en favor de  Artículo 19, un juicio de amparo por la “omisión legislativa” para emitir la legislación secundaria al 134 constitucional.

Con esta sentencia, el Congreso de la Unión tiene por mandato expedir la legislación en materia de publicidad gubernamental antes del  30  abril del 2018.

La demanda de amparo que metió Artículo 19, pide a la Corte obligar a diputados y senadores a hacer una ley que se prometió con la Reforma político-electoral de 2014 y que a la fecha no ha llegado.

“Esta omisión da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de la quejosa”, argumenta la sentencia.

Al tiempo que refiere que la ausencia de reglas deja abierta la puerta a que cualquier gasto en el tema sea potencialmente arbitrario.

Luego de que la Primera Sala concediera el amparo a Artículo 19, Ricardo Luévano, integrante de la asociación, celebró la resolución de la corte y la calificó de “histórica” y de un “muy buen mensaje” de cara al proceso electoral del 2018.

“Ha sido trascendente este avance para la historia dentro de la autonomías de los poderes, que este poder (la Corte) se pronuncie por una omisión legislativa tan evidente”, dijo.