“Sólo Trump gana más que presidente de la SCJN”: AMLO

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar los sueldos en el Poder Judicial durante su rueda de prensa matutina de este martes, al asegurar que solamente Donald Trump gana más que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se molestan, pero la verdad es que como se dice se rayaban, sueldos elevadísimos, dicen que no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales, pues tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son 7 millones de pesos al año en sueldo bruto más otras prestaciones. No tengo duda que son los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte”, dijo López Obrador.

El político tabasqueño advirtió que no esta en negociación el tema de los sueldos en el Poder Judicial debido a que lo sueldos no son justos en un país en pobreza.

“No es una negociación, este es un asunto de principios, si por eso hubo el cambio”, aseguró el mandatario.

AMLO anuncia terna para la SCJN

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en su conferencia matutina en Palacio Nacional la terna para Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sustituirá al retirado magistrado José Ramón Cossío.

La terna que será enviada al Senado esta conformada por Celia Maya García, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Maya García es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y experta en derecho procesal. Mientras que el Doctor González Alcántara Carrancá, ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Loretta Ortiz es egresada de la Escuela Libre de Derecho, académica de la Universidad Iberoamericana, y fue una de las organizadoras de Pacificación durante la transición del Gobierno.

López Obrador aseguró que los tres cumplen con los requisitos y están capacitados para la vacante.

SCJN falla a favor de empleadas domésticas, contarán con Seguridad Social

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), y que los patrones no estén obligados a inscribirlas.

Este miércoles, la SCJN aceptó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, con el que se determinó queno existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual, consideraron “provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras”.

“Dejar fuera el trabajo doméstico del régimen obligatorio del IMSS afecta de manera desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas (nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres, según el Inegi)”, detalló la Corte en un comunicado.

De acuerdo con la SCJN, el trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de extensas jornadas, bajos salarios y condiciones lejanas del concepto “trabajo digno”, lo que implide a los trabajadores acceder a prestaciones sociales y generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias”.

Por ello, concedió el amparo con el que se hará de conocimiento al IMSS de esa situación discriminatoria, y ordenará que en un plazo prudente (primer semestre de 2019) el Instituto implemente un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

Este esquema deberá contemplar facilidades administrativas que les permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales, y tendrá que ser de fácil implementación para los patrones, que en su mayoría son amas de casa o padres de familia.

De acuerdo con el amparo concedido, la inscripción no será de carácter voluntario, sino obligatorio.

En un plazo no mayor a 18 meses a partir de la implementación del referido programa piloto, el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

La Corte estima que en un plazo no mayor a tres años se logrará obtener la seguridad social “efectiva, robusta y suficiente” para todas las empleadas domésticas en el país.

En respuesta, el nuevo director del IMSS, Germán Martínez Cázares, dijo que acatarán inmediatamente la resolución.

“He ordenado a la la Dirección de Incorporación y Recaudación inmediatamente se ponga a diseñar un programa piloto que se hará en los plazos que la Corte ha fijado”, explicó el funcionario.

También dijo haber ordenado al área de Vinculación iniciar un diálogo con organizaciones civiles para hacer un trabajo “integral, puntual y claro” al respecto.

El Amparo Directo 9/2018 fue interpuesto por una trabajadora del hogar que exigió el reconocimiento de prestaciones como indemnización constitucional, pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y del tiempo extraordinario, así como una inscripción retroactiva ante el IMSS.

Desde hace siete años, México suscribió el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en favor de las trabajadoras del hogar; sin embargo, este nunca fue enviado al Senado para su ratificación, y continúa sin hacerlo, a pesar de las críticas y exigencias de organizaciones sociales y trabajadoras del hogar.

Este miércoles, la senadora Patricia Mercado informó que recibieron en el Senado a un grupo de trabajadoras del hogar, con quienes se está trabajando una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo, pues hoy “laboran bajo un régimen de excepción”.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

La violencia y el estado de excepción permanente

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En su obra de cuatro volúmenes Homo Sacer, Giorgio Agamben plantea la gran paradoja a la que llegaron las democracias constitucionales en el siglo XX: el sacrificio de la vida individual en aras de la continuidad política. 

Retomando el argumento del jurista Carl Schmitt -al estado de normalidad le subyace, en todo momento, el estado de excepción en potencia-, Agamben señala la sujeción de la vida humana por parte del poder. Asimismo, alude al término foucaultiano de biopolítica como el control de la vida biológica por parte de la vida política. 

Para Schmitt, existe una diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. El primero es limitado y creado por el derecho, mientras que el segundo es ilimitado y extralegal, puesto que precede al derecho (Constitución). 

La formación del Estado es un acto político, es decir, nace a partir de la decisión originaria de un soberano para agrupar a un pueblo bajo un mismo orden normativo. Acto político que no se extingue una vez edificado el Estado, sino que se encuentra “aletargado y oculto” a lo largo de la vigencia de la Constitución. 

Por ello, una vez que la Constitución desaparece el poder político resurge y la voluntad de decisión se encuentra nuevamente activa. Por lo tanto, en periodos de excepcionalidad el poder político se impone nuevamente al derecho. 

El estado de excepción es un mecanismo jurídico integrado en muchas constituciones democráticas que busca la supervivencia del derecho a partir de la eliminación momentánea del derecho mismo. 

El estado de excepción se activa con el objetivo de preservar la vida política aunque ello implique el sacrificio de la vida individual. Ese fue el caso de Hitler, quien a partir del artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar legitimó el Holocausto. 

En el caso mexicano, el artículo 29º constitucional especifica que la suspensión de garantías implica el retiro momentáneo de ciertos derechos individuales por el surgimiento de algún fenómeno que atente contra la supervivencia del Estado. 

Empero, cabe resaltar que la decisión de Calderón, continuada por Peña Nieto, de enfrentar militarmente al crimen organizado no implica un estado de excepción en términos jurídicos. Ello porque no se cumplieron con los requisitos estipulados en el artículo 29º constitucional.

De esa manera, el estado de excepción no proviene de un dispositivo jurídico, sino de la voluntad política del Ejecutivo. Por lo cual, desde que Calderón dio comienzo a la guerra en el 2006, México ha vivido en un estado de excepción informal y permanente.

Con la militarización del país la violencia se ha disparado, así como el número de denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses. El artículo 29º establece que no podrá violarse el derecho a la vida; sin embargo, como señalamos, la suspensión de garantías no se encuentra activa.

El combate contra el crimen organizado se gesta en un espectro extrajurídico en el cual reina la voluntad política del soberano, es decir, del Presidente, en tanto jefe máximo de las fuerzas armadas. 

Ahora, judicializar dicho combate no implica la solución del problema. Lo único que genera la Ley de Seguridad Interior es la legalidad del estado de excepción permanente. Si ya contábamos desde Calderón con el arraigo (dispositivo aberrante de nuestro sistema jurídico), ahora los cuerpos militares podrán hacer uso, en su facultad de vigilancia, de “cualquier método de recolección de información”, por ejemplo.

Por ello, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es reconfortante. En un nuevo acto de protagonismo, lo que Soussa Dos Santos llama el fenómeno de la judicialización de la política, la Corte no sólo encontró inconstitucional la Ley, sino que la declaró invalida. 

La militarización del país ha empeorado la situación de violencia en México. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto subestimaron la compleja estructura criminal y su imbricación en la sociedad. El combate frontal resultó ser un fracaso.

La próxima propuesta debe ser integral, construida sobre la base de la legalización de la mariguana, el fortalecimiento de las autoridades civiles y el robustecimiento de la procuración de justicia. 

Lamentablemente, el gobierno entrante no parece prever eso. El octavo punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador establece la creación de un cuerpo militarizado encargado de la seguridad pública: la Guardia Nacional. No parece que los militares vayan a regresar a sus cuarteles.

Es alrededor de este tema, el de mayor trascendencia para nuestro país, que la sociedad civil debe agruparse y presionar al nuevo gobierno. No existe otro problema más importante y urgente que el de la violencia. Se deben sumar esfuerzos para acabar con la guerra. Frente a este problema, el aeropuerto y la reacción de los mercados son nimiedades. 

Declara la SCJN inconstitucional la Ley de Seguridad Interior

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, esto a casi un año que fue promulgada por el gobierno federal.

El ministro Fernando Franco González, aseveró que el tema de seguridad interior es una facultad del Presidente de la República, quien deberá motivar sus decisiones y apegarse a la Constitución, así como a los tratados internacionales.

“El Congreso de la Unión no tiene competencia para emitir la Ley de Seguridad Interior; no obstante, debo precisar que la disposición por el Presidente de la República de las fuerzas armadas permanentes como los señala la Constitución, es un acto de autoridad que incide de manera directa en los derechos humanos, por lo que deberá estar debidamente fundados y motivados su acto, ciñéndose a las directrices que establecen las demás disposiciones de la Constitución federal, los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular aquellas en que se encuentra involucrados México, las cuales este tribunal pleno ha reconocido que nos son obligatorias”, dijo el ministro en la la sesión de este jueves.

Por su parte el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se pronunció a favor de impulsar una nueva ley, ya que en una legislación desarticulada podría generar un mal mayor y destacó que no debe normalizarse el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

“Una ley desarticulada podría generar un mal mayor no deseado a la participación de las fuerzas armadas, de tal forma que debería emitirse una nueva norma, completa, integral, estructurada, que sea congruente y que dé certeza jurídica. En ese sentido me inclinare por pronunciarme por la invalidez de esta norma”, sugirió el Ministro Presidente de la SCJN.

Mientras tanto, Jorge Pardo Rebolledo, afirmó que no comparte la visión de quienes aseguran que dicha legislación busca regular aspectos en materia de seguridad pública o empedrar a las fuerzas armadas.

“Una legislación que me parece que es necesaria, que nuestro contexto y realidad social exige y que también me parece indispensable para salvaguardar, en primer lugar los derechos humanos de todos los que vivimos en este país, como también darle un marco regulatorio a las propias fuerzas armadas para que sepan cuáles son los límites y cuáles son los lineamientos que deben seguir cuando intervengan en este tipo de acción. Concluyó diciendo que la Ley de Seguridad Interior no está regulando a la seguridad pública, ni menos empoderando a las fuerzas armadas para que realicen esas funciones en sustitución de las autoridades civiles”.

La Ley de Seguridad Interior quedo invalidada por mayoría de nueve votos.

#Kleroterion: “La Remuneración Justa…”

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Uno de los factores principales de cualquier trabajo, es la remuneración justa y equitativa, acorde al trabajo, tiempo, capacidad, entrega, plazos, entre otros. Sin embargo, esto no ocurría u ocurre en el sector público, ya que infinidad de veces es bien sabido que los sueldos son totalmente extremosos e inequitativos, pero cuando hablamos de cargos públicos, sabemos la desigualdad que muchas veces existe entre los salarios del servidor y el de su equipo de trabajo, cuando en muchas ocasiones, el asesor, empleado, director, subdirector, etc., gana más que el principal y en muchas veces ni siquiera el trabajo es el justificado para obtener ese sueldo y en otras ocasiones, los que realizan la verdadera labor, no ven reflejado en su salario la remuneración justa.  

Es por esto que un gran avance en esta administración es sin duda, la presentación, aprobación y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la que se viene a reglamentar, entre otras cosas, los sueldos a los funcionarios federales, respecto a la administración entrante, en este sentido se fija el tope salarial de 108 mil pesos al titular del ejecutivo, dando pie a la ya tan mencionada frase de “nadie puede ganar más que el presidente”, además de un tema el cual me uno de manera grata y estoy seguro que gran parte de la población en general también, es que desparecen las pensiones a los ex presidentes, que finalmente termina pagando el ciudadano y/o contribuyente, por lo que en todos los aspectos es benéfico para los ciudadanos, así como para la estructura del próximo presupuesto 2019.

Lo importante de esta reforma va más allá de partidos o corrientes, es una manera de sensibilizar al político en comparación a lo sueldos de la ciudadanía, los cuales en muchas ocasiones merman la credibilidad de los servidores públicos, por lo que se da entrada a una administración justa y equilibrada respecto a todas las labores, trabajos y profesiones distintas a las de gobierno y eso sin duda, da buenas expectativas a la población, que ya por demás tiene muchos vacíos jurídicos y las diferentes problemáticas con las que se va viviendo en México.

Con esta nueva Ley se reduce en un 60 por ciento lo que actualmente gana el primer mandatario, por lo que es muy buen ejemplo cuando se trata de austeridad, ya que si desde el principio se establecen los mecanismos de ahorro respecto a los venideros servidores públicos, será sin duda un gran comienzo.

Es importante reconocer que esto no significa devaluar el trabajo o desempeño de los servidores públicos, más bien es adecuar la pirámide natural de la Administración Pública Federal, adecuando y transparentando los sueldos justos y lógicos, sin olvidar que son servidores federales, estableciendo sus tabuladores, funciones específicas y justificación de los cargos. 

Ahora bien, es muy importante saber con más precisión a quién va dirigida esta ley, además de los funcionarios a nivel federal, también están incluidos los institutos autónomos, el Poder Legislativo y el Judicial, es decir, a Diputados y Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, las Instituciones de Educación Superior de la Federación de carácter autónomo y los Organismos Públicos Descentralizados de la Federación. 

Asimismo, estas remuneraciones deben adoptar siete principios generales: la anualidad, el reconocimiento del desempeño, la equidad, la fiscalización, igualdad, legalidad y sobre todo la transparencia y rendición de cuentas, entendiendo como remuneraciones a las percepciones en efectivo o en especie, las cuales incluyen dietas o salarios, gratificaciones, premios, aguinaldos, bonos y recompensas.     

Además, esta ley contempla la denuncia por anomalías a la instancia interna de control y disciplina, así como la petición de iniciar un juicio político a los funcionarios como Ministros de la SCJN, Diputados y Senadores, Consejeros de la Judicatura Federal, Fiscal General, Magistrados del TEPJF y de Circuito, Jueces de Distrito y los Consejeros del INE, así como diversas sanciones como multas e inhabilitaciones y en algunos supuestos hasta cárcel, dependiendo la gravedad del ilícito.

Estoy convencido que esta reforma, muchos no la ven con buenos ojos, tan es así que varios funcionarios en diferentes instancias federales, han renunciado por el tan mencionado recorte presupuestal, además de solicitar su jubilación adelantada, o en su caso, están en la búsqueda de otros cargos en diversos sectores, así como los jueces y magistrados que manifiestan que ellos están exentos de esta ley por el artículo 94 de la Constitución, en específico el párrafo 11,  que a la letra dice: “La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”, argumentando que para poder exigirles la aplicación de esta ley es necesario una reforma constitucional.

Cabe mencionar otro caso específico, el de los gobernadores, ya que la ciudadanía puede asemejarlos con la misma referencia de cargo federal, pero en su calidad de mandatarios estatales, éstos son regidos por medio de sus propias leyes, por lo que sus salarios se basan en la misma soberanía y autonomía por la que son regidos, sin embargo, de acuerdo al proceso legislativo natural, al aprobarse esta Ley Federal es obligación de los Congresos Estatales ajustar sus leyes locales para que ningún gobernador o servidor público gane más que el presidente, pero también estamos observado que muchos mandatarios estatales están adoptando como propia esta ley por considerándola adecuada, oportuna, eficaz y necesaria.

Concluyo diciendo que toda persona tiene derecho a un salario digno y equitativo, pero cuando se trata de servidores públicos se debe tener esa exigencia de transparencia para comenzar a creer nuevamente en los políticos; dejar de ver esas distancias irracionales e ilógicas, entre los gobernantes y los gobernados, ya que para la ciudadanos es verdaderamente indignante un sueldo de más de 300 mil pesos a un funcionario, en comparación con un sueldo de 4 mil pesos mensuales de un empleado, que cobren los servidores, por supuesto, es su derecho y por algo muchos de ellos están en esos puestos, su experiencia y capacidad los hacen acreedores a una remuneración, lo único que se pide es una remuneración justa…

SCJN establece jurisprudencia sobre mariguana recreativa

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) estableció este jueves una jurisprudencia que permitirá cultivar y consumir mariguana con fines recreativos a cualquier ciudadano que solicite un permiso al Gobierno federal.

Los ministros Arturo Zaldívar y Norma Piña presentaron dos proyecto en la Primera Sala de la SCJN, los cuales propusieron invalidar los artículos de la Ley General de Salud que establecen la prohibición absoluta de la mariguana.

“La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercios, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que respecto de estos actos no existió solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros”, se lee en los proyectos presentados.

Los Ministros agregaron, que las normas impugnadas violan los derechos humanos a la dignidad, pluralismo, personalidad, propia imagen, libertad personal y corporal, así como la salud propia, además de que el consumo personal y privado de la mariguana no daña a terceros.

Los proyectos fueron aprobados con 4 votos a favor y  1 en contra.

Quien pretenda consumir mariguana con fines recreativos puede solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en caso de que la autoridad sanitaria negara el permiso, los jueves y magistrados estarían obligados a conceder el amparo a los consumidores.

 

Se compromete SCJN a revisar sentencia sobre Comisión de la Verdad del caso Iguala

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Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se comprometió con representantes de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a revisar la sentencia de crear la Comisión de la Verdad del caso Iguala.

De acuerdo con Milenio, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y una comitiva se reunió con el ministro a quien externaron la necesidad de revisar la decisión que emitió el Tribunal Colegiado y que la Procuraduría General de la República no ha acatado.

“En este punto se comprometió el presidente de la Corte, las ministras, que en cuanto llegue aquí en la Suprema Corte hará el análisis de todo el expediente y se someterá análisis para dar muy pronto la resolución que ellos consideren, que debe de ser, conforme a derecho”, indicó De la Cruz.

El presidente de la SCJN, les explicó a los padres que primero se deben agotar las diversas instancias judicialespara que la sentencia del Primer Tribunal Colegiado pueda llegar a la Corte.

La decisión de AMLO y Morena en relación a la SCJN

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Tal vez usted piense que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un ente lejano para el ciudadano y en realidad es más cercano de lo que usted piensa y su importancia es vital para la vida pública y privada del país, ya que en los últimos años el máximo tribunal ha sentado precedentes interesantes en materia de derechos humanos, interés superior del menor, así como el control de constitucionalidad de las medidas que toman los poderes.

El próximo presidente y la siguiente legislatura tendrán la obligación de renovar al menos a 2 ministros de la Suprema Corte de la Nación, pudiendo cambiar el sentido ideológico del máximo tribunal de una tendencia moderada-conservadora a una progresista.

Presentó a usted el mecanismo el procedimiento se elige a un ministro de la Corte, el presidente manda una terna de candidatos al Senado, que cumplan con los requisitos establecidos por ley, algunos de ellos son que sea licenciado en derecho (con un determinado tiempo de titulación) y que cuente con honorabilidad, el Senado tiene que aprobar con 2/3 partes del Pleno el nombramiento, en caso de que no se logre el voto en la proporción antes mencionada se regresa la terna y el Presidente de la República tiene que mandar una nueva terna (puede cambiar solamente a una o a dos personas de la terna que originalmente envió).

Algunos logros de la SCJN han sido el matrimonio igualitario, el interés superior del menor y el respeto a las minorías LGBTIQ en sus derechos humanos, así como la protección a los indígenas y el respeto a la mujer en todas las áreas de la vida pública y privada.

Así pues AMLO teniendo mayoría en el Senado (ojo es mayoría simple que no le alcanza para realizar designaciones solamente con su partido y aliados) tendrá que negociar con otras fuerzas políticas para llegar a acuerdos sobre los ministros de la SCJN dentro de ello, tiene la posibilidad de volver la SCJN en un espacio más progresista y que tenga en cuenta la agenda de la izquierda mexicana.

Hay que recordar que la nominada por López Obrador a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ya fue ministra de la Suprema Corte (1995-2015) influirá en las decisiones respecto a la designación de ministros del máximo tribunal; La ministra tuvo un papel fundamental en la resolución de sentencias y jurisprudencias que sin duda marcaron un precedente en la vida jurídica del país, como lo es el caso del matrimonio igualitario y llevando que todas las entidades federativas tengan que acatar el mandato de que los Registros Civiles tienen que llevar uniones entre personas del mismo género, aun cuando se contrapongan los Códigos Civiles de las entidades federativas (como es el caso de Nuevo León) en caso de que algún Oficial del Registro Civil se niegue a llevar el matrimonio se puede promover un amparo y con base en el criterio de la SCJN se le concede para que este pueda casarse

AMLO después del primero de julio tiene la posibilidad inclusive de poner a personas de alta confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el respeto de los derechos humanos, habrá que darle tiempo al virtual presidente de saber sí será un Presidente que mandará ternas con candidatos al máximo tribunal con carrera judicial (que sería lo más apropiado) o mandará personajes polémicos y con participación en la política como lo fue en su momento criticado por su nominación y posterior designación el actual ministro: Eduardo Medina Mora.

También recordar que las decisiones sobre los ministros de la Suprema Corte tienen efectos transexenales, ya que los ministros duran 15 años en el puesto y como he mencionado toman decisiones que involucran las relaciones entre los poderes de la Federación.