Corte otorga amparo a Ríos Piter para consumir marihuana

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el primer amparo para consumir marihuana de forma recreativa al ex aspirante a la Presidencia de la RepúblicaArmando Ríos Piter.

La primera sala de la SCJN concedió el amparo para solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la adquisición de semilla de marihuana para cultivo, procesamiento y consumo para fines lúdicos y recreativos.

La sala se pronunció en contra de la prohibición absoluta sobre la adquisición de la semilla de marihuana porque es desproporcionado que la ley no permita conseguir la semilla.

Será la Cofepris quien determinará las modalidades de la adquisición de la semilla, esto se podrá dar a través de tenedores legales o de permisos especiales de adquisición”, señaló Luz Elena Orozco, secretaria de la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz.

El amparo contó con cuatro votos a favor y uno en contra para otorgar la protección de la justicia al senador con licencia, quien se integró a la campaña de José Antonio Meade, candidato de Todos por México.

De acuerdo con Milenio, para que el criterio de la Sala se convierta en jurisprudencia hacen falta dos amparos; cuando sumen cinco casos, los jueces deberán resolver a favor de los consumidores que reclamen que la Cofepris no les permite cultivar, procesar y consumir marihuana para fines lúdicos y recreativos.

Desde el primer caso en 2015, hasta ahora, la SCJN ha concedido tres amparos que permiten el cultivo y uso recreativo de esta planta sin que violen la Ley General de Salud. Ninguno de ellos contempla sin fines de comercialización y distribución.

Aprueba Senado la llamada “Ley Chayote”

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Esta mañana el Senado de la República aprobó en lo general con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención la Ley de Publicidad Oficial, mejor conocida como “Ley Chayote”.

La ley que busca regular la publicidad oficial que los entes públicos otorgan a medios de comunicación, modifica el artículo de la Constitución, y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019.

Esta modificación estipula que debe de haber transparencia en los contratos, topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero, esto de acuerdo a la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio el 30 de abril como fecha limite para emitir una legislación en el tema.

El panista Héctor Larios criticó la aprobación de la controversial ley, diciendo que lo único que se lograba es que se institucionalice el gasto de dinero de los contribuyentes en promover acciones de Gobierno, algo que consideró como inconcebible en países desarrollados.

Por su parte, Martha Tagle, dijo que lo aprobado no tenía contenía el espíritu la orden de la Corte y de la Constitución.

“¿Cuáles son los efectos de la omisión legislativa en materia de libertad de expresión? No se refiere al tiempo, escuchen bien, la omisión es no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución, viola la libertad de expresión, de prensa y de información. La ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, dijo la legisladora.

La Ley de Comunicación Oficial fue aprobada anteriormente en la Cámara de Diputados el 10 de abril. La llamada “Ley Chayote” ha sido objetivo de criticas por parte de ONGs, entre ellas Artículo 19, ya que aseguran que ponen en peligro la libertad de prensa y de expresión.

Se requieren policías capacitados, para revisiones sin orden judicial: Alto al Secuestro

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Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, expresó su preocupación por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) misma que declaro como constitucional la facultad que se le otorgó a las policías de realizar revisiones a personas y vehículos sin una orden judicial.

Por esto, Miranda de Wallace, dijo que para poder implementar tal política, se debe de tener elementos preparados que puedan sustentar los términos jurídicos para justificar esas revisiones,

Por otro lado, la activista dio a conocer que de enero de 2016 a diciembre de 2017 se detuvieron a 3 mil 85 presuntos secuestradores, de los cuales 92 eran policías o ex policías, siendo el Edomex, Chiapas y Guanajuato, las entidades con mayor número de elementos policiacos detenidos.

De Wallace, dio a conocer que en el mes de febrero, el secuestro registro un aumento del 9.9% con respecto a enero, puesto que hubo 122 casos. Las entidades con el mayor número de incidencias fueron el Edomex con 27, Veractuz con 21 y Tamaulipas con 15.

Corte avala cateos policiales sin necesidad de un permiso

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En sesión de este martes, los ministros continuaron con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los ministros votaron -ocho a favor y tres en contra- para aprobar el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso declarar infundados los argumentos de la CNDH quien pedía declarar inválidos diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El ministro Fernando Franco González Salas, destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece -ni siquiera- lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con estas figuras, “y me preocupa mucho, porque al final del día creo que esto es fundamental”.

En contraparte, la ministra, Margarita Luna Ramos, enfatizó que el artículo 132 señala que son obligaciones de la policía, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al ministerio público, en aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del ministerio público.

En este caso, el ministro presiente, Luis María Aguilar estuvo a favor del proyecto, indicando que la medida es idónea, en virtud de que permite a la policía recolectar datos de prueba que podrán servir para investigación de delitos y también para su prevención y persecución.

Con esta resolución la SCJN establece que son constitucionales estas inspecciones sin que exista una orden escrita previa, empero, siempre que exista sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.

Por el contrario, el agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba, para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo en ese momento una conducta ilícita.

Finalmente, la Corte señaló que los criterios adoptados no son aplicables a las revisiones e inspecciones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público, por corresponder a otros parámetros constitucionales.

 

ONGs acuden a Corte contra Ley de Seguridad

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Representantes de organizaciones civiles acudieron a la Suprema Corte de Justicia a interponer un recurso contra la Ley de Seguridad Interior.

Román Díaz Vázquez, presidente de la Agrupación Política Nacional Acción Ciudadana Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac), afirmó que aglutinan a más de 25 organizaciones firmantes a nivel nacional.

Se trata, dijo, de un amicus curiae, que, explicó, permite intervenir a terceros interesados para emitir su opinión sobre un tema.

Díaz recordó que dichas organizaciones también iniciaron un procedimiento el 6 de diciembre del año pasado en el Senado de la República para solicitar la consulta ciudadana. Sin embargo, reclamó, su voz no fue escuchada.

“No nos hicieron caso, no nos escucharon, no nos atendieron. Por eso interpusimos los primeros juicios de amparo y las primeras quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos“, expuso.

Indicó que han sido más de cinco recursos interpuestos ante diversas instancias.

Román Díaz señaló que el documento presentado contiene objeciones como que la ley viola el Artículo 129 constitucional, el Primero y el 21 de la Constitución.

“Ya casi el plazo vence para interponer inconformidades, le calculamos que esto estará resuelto en unos de dos a cuatro meses, más o menos. Confiamos en ser escuchados, ahora sí, en la Suprema Corte“.

Ante la SCJN también han acudido diputados y senadores pidiendo la abolición de esta legislación.

La Constitución no puede ser usada como pretexto para olvidar los derechos humanos: Aguilar Morales

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La Constitución, bajo ningún concepto, puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto de los derechos humanos reconocidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal tanto a favor de las víctimas como a los imputados por un delito, dijo el ministro presidente de la Corte Luis María Aguilar Morales.

El ministro presidente de la SCJN presentó este viernes su Tercer Informa Anual de Labores ante los Plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral; como invitados asistieron el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los presidentes de las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados, Ernesto Cordero y Jorge Carlos Ramírez Marín.

También recordó que “tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”.

De igual forma expresó su enérgica condena a los funcionarios o empleados que “sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público”.

Reiteró que la igualdad de género no es una moda pasajera, sino que es prioritaria para el Poder Judicial de la Federación.

Entre las acciones emprendidas durante el presente ejercicio, detalló, debe destacarse que se aprobó la elaboración de un manual de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, con el que se busca establecer una base metodológica de inclusión de la perspectiva de género desde un enfoque de derechos humanos en la labor jurisdiccional.

Articulo 19 gana amparo histórico en SCJN que forzará a regular derroche de gobiernos en prensa

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría de cuatro votos resolver en favor de  Artículo 19, un juicio de amparo por la “omisión legislativa” para emitir la legislación secundaria al 134 constitucional.

Con esta sentencia, el Congreso de la Unión tiene por mandato expedir la legislación en materia de publicidad gubernamental antes del  30  abril del 2018.

La demanda de amparo que metió Artículo 19, pide a la Corte obligar a diputados y senadores a hacer una ley que se prometió con la Reforma político-electoral de 2014 y que a la fecha no ha llegado.

“Esta omisión da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de la quejosa”, argumenta la sentencia.

Al tiempo que refiere que la ausencia de reglas deja abierta la puerta a que cualquier gasto en el tema sea potencialmente arbitrario.

Luego de que la Primera Sala concediera el amparo a Artículo 19, Ricardo Luévano, integrante de la asociación, celebró la resolución de la corte y la calificó de “histórica” y de un “muy buen mensaje” de cara al proceso electoral del 2018.

“Ha sido trascendente este avance para la historia dentro de la autonomías de los poderes, que este poder (la Corte) se pronuncie por una omisión legislativa tan evidente”, dijo.

Valida SCJN Reforma a la Ley Estatal Electoral

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En un fuerte revés para el gobierno estatal de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalo, esta mañana, las reformas a la Ley Estatal Electoral de Nuevo León.

La reforma que había sido aprobada por el Congreso Local el 29 de junio, fue impugnada por el gobierno estatal, puesto que este la consideraba inconstitucional en varios de sus puntos.

Por su parte el ministro-presidente de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, presento un proyecto donde se planeaba que la Ley se tenía que rechazar al tener partes que ser podrían considerar inconstitucionales, entre ellas que fue publicada el 10 de julio por el Ejecutivo estatal, fecha que era pasado el plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral.

El proyecto del ministro fue rechazado con una mayoría de 6 votos en contra y 2 a favor. Ahora la controversial Ley entrará en un proceso de returno, donde la SCJN tendrá que determinar si la Ley es aplicable en el 2018, de igual manera si los temas de paridad, candidaturas independientes, selección, financiamiento, candidaturas comunes y Diputaciones plurinominales, son validas o no.

Uber pide a los Diputados Locales Legislar a favor de los Ciudadanos

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Uber solicitó a los diputados locales a legislar en favor de los ciudadanos, dado que, días anteriores se presentó una iniciativa en el Congreso para prohibir el pago en efectivo en plataformas digitales de transporte que operan en la ciudad.

A través de un comunicado, la compañía señaló que la opción del pago en efectivo es “un derecho del consumidor”, pues en México la moneda nacional tiene “poder liberatorio absoluto y los mexicanos pueden pagar todos los servicios en la moneda de curso legal”.

El Congreso Local no tiene facultades para regular sobre la política monetaria, ni para decidir qué sí y qué no puede pagarse en efectivo u otra modalidad de pago. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable de la conducción y emisión de dicha política es la banca central y es facultad del Congreso de la Unión fijar las condiciones de la moneda nacional“, se estipuló en el texto.

Cabe resaltar que el pago en efectivo ya ha sido analizado con anterioridad, gracias a que el Congreso de Yucatán había presentado la limitación del pago en efectivo, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó como inconstitucional, dado que marca una limitante para el consumidor.

Uber expresó que, “el restringir los pagos en efectivo genera la protección para un gremio, no para los miles de regiomontanos que pagan a través de Uber en efectivo”.

De acuerdo con información proporcionada por Uber, en Nuevo León alrededor del 60 por ciento de los viajes que se realizan por medio de la aplicación son con la modalidad en efectivo.

Siempre no, SCJN declaraciones constitucional la reforma #SinVotoNoHayDinero

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaro hoy la reforma #SinVotoNoHayDinero como constitucional, esto después de que el ministro Jorge Pardo Rebolledo presentará un proyecto para declararla inconstitucional.

La reforma #SinVotoNoHayDinero que fue aprobada en el Congreso de Jalisco y que busca regular y reducir la cantidad de presupuesto público que se le destina a los partidos políticos, se vio bajo ataque el pasado 20 de junio, cuando el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presento un recurso para declarar su inconstitucionalidad. Además del PVEM, el Partido Nueva Alianza y Morena, impugnaron la reforma.

Hoy el ministro Pardo Rebolledo, presento a votación un proyecto que buscaba anular la reforma de ley, con el argumento que violaba la constitución federal y la Ley Federal de Partidos.

El proyecto fue rechazado con siete votas a favor y cuatro en contra, por lo que la reforma #SinVotoNoHay dinero fue declarada como constitucional.

El diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto, mismo que propuesto e impulso esta reforma en ese estado, declaró lo siguiente en su cuenta de Twitter:

El ministro Arturo Zaldívar aseguró, “que los Estados gozan de la libertad de configuración para establecer el financiamiento de los partidos nacionales, siempre y cuando sea equitativo y resista un análisis de reglas objetivas y aplicables para todos los partidos”.