Suprema Corte, Cannabis y Salud

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La cannabis sativa es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas biológicas, psicológicas, médicas y antropológicas, sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente (Ex Secretario de Salud y Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias) “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia” y es en ese sentido de eliminar estigmas, donde debemos ubicar el análisis y discusión en favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta los diferentes productos como la marihuana. 

Lo anterior viene a colación y a manera de introducción, ya que la semana anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el Amparo en Revisión 57/2019 la cual es una sentencia que va a situarse como de las más relevantes en los últimos años y marca un episodio importante respecto al uso medicinal de la marihuana en México. El caso se trata de una familia, cuyo hijo necesitaba urgentemente un tratamiento médico basado en dicha planta ya que posee a un diagnóstico de epilepsia, sin embargo, en el Congreso Federal el 20 de junio de 2017, entró en vigor una reforma a la Ley General de Salud (LGS) que permite que productos derivados de la marihuana, puedan ser usado con fines médicos, pero el Legislativo fue omiso al vencer el plazo de 180 días para emitir una legislación que facilite y permita las modificaciones hechas a la LGS. La sentencia en innovadora en muchos sentidos, ya que encuentra que la omisión de las autoridades en emitir legislación secundaria de la materia, atenta contra el derecho a la salud, y como el caso en el que se centra en un menor, de igual manera encuentra una violación a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En dicha sentencia, la Corte sostiene que “el Estado tiene la obligación de asegurar el más alto nivel posible de salud de las personas” y además “destaca que el interés superior de la niñez (en este caso), no se limita a escucharlo en su calidad de paciente y brindar la atención médica que requiera, también implica la asignación de recursos suficientes y la creación de políticas públicas para otorgar servicios médicos de la mejor calidad para su bienestar y desarrollo integral, pues de no existir esas medidas, el ejercicio del derecho se encontraría limitado”. Ello resulta interesante, al observar que nuestro máximo tribunal ahora tiene una labor más cercana y concreta a la hora de establecer directrices y principios en temas de políticas públicas específicas. 

Como podemos observar, esta sentencia tiene el mismo ánimo que las emitidas desde noviembre del 2015, en donde la Primera Sala de la SCJN, determinó que el uso recreativo de la marihuana “encuentra cobertura en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y que su prohibición absoluta es inconstitucional” (Zaldívar Arturo, 2015). Es claro que estamos viendo un tema sumamente imperativo para nuestro sistema de salud y los tratamientos alternativos de diversas patologías, y como tema pendiente, la sentencia no es clara respecto a la generación y distribución de la marihuana, por lo cual todavía tenemos mucho que analizar, en palabras de Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”, y en ese tenor, las autoridades políticas y jurídicas deben entender los nuevos fenómenos en materia de salud. 

¿Por qué la reforma en Baja California resulta inconstitucional?

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El debate público nacional se ha centrado últimamente en una cuestionable decisión tomada por un Congreso Local, mismo que ha encendido las alarmas al respeto a los límites del pacto federal y los controles constitucionales al poder político. El Diputado Víctor Manuel Morán, propuso al Congreso de Baja California, una reforma que amplía el mandato constitucional del gobernador electo, Jaime Bonilla, para transitar de una administración de 2 años a 5. Con el voto de 21 diputados a favor, dicha reforma ha sido avalada incluso por 3 ayuntamientos, a excepción de Tijuana y Mexicali. Si bien, existe la probabilidad de que el actual gobernador de la entidad, Francisco Vega, no promulgue dicha reforma, el Pleno del Congreso puede publicarla en el Diario Oficial Local como una contramedida ante la negativa del ejecutivo estatal. Independientemente de las aristas políticas de esta modificación, en medios de comunicación, distintos académicos y analistas han calificado a dicha reforma como inconstitucional, sin embargo, y haciendo a un lado la obviedad, favoreciendo de antemano el debate y análisis, existe una pregunta importante: ¿Por qué la reforma en Baja California para ampliar el mandato del gobernador electo tiene una naturaleza inconstitucional?

Si bien, la misma pregunta podría parecernos sobrada, es necesario encontrar los puntos jurídicos precisos para declarar que esta reforma efectivamente posee dicha categoría. La modificación no era nueva, el antecedente de esta situación se dio en el Tribunal Electoral de Baja California, el cual  ordenó la inaplicación del decreto No. 112 de la Constitución local, lo que traería como efecto la ampliación del mandato del gobernador a 5 años, sin embargo,  dicha sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC2272019. Al ser cosa juzgada en el aspecto Judicial-Electoral, el debate pasó al Poder Legislativo, presentándose un proyecto de reforma. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, era el disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral, y ampliando el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal. Otro de los argumentos en la exposición de motivos de dicha iniciativa, recae en la facultad de los estados en legislar materia electoral; otro es el volumen de votos con el que fue electo, ya que “si la ciudadanía eligió un opción de manera tan contundente, se ha de entender que no fue para que gobernar únicamente por 2 años”, y también, esgrimieron que 2 años no son suficientes para llevar a cabo y ejecutar un proyecto de gobierno. Respecto al contexto del periodo corto, debemos recordar que las autoridades electorales, impulsaron una reforma para homologar y empatar los calendarios electorales y  lograr tener de esta manera, una elección constitucional y una intermedia como sucede en Estados Unidos, el cual sí garantiza un ahorro presupuestal. Es por ello, que la convocatoria electoral de Baja California tiene un origen de temporalidad de 2 años. En primer término, la medida es desproporcionada al supuesto beneficio, ya que la planteada economía, en visión del legislador proponente, tiene un mayor valor que la voluntad popular. Desde un punto de vista axiológico-político, ampliar de esta manera el mandado constitucional de un gobernador electo es modificar los términos y condiciones por los cuales se llevó a cabo la elección, ya que dicho electorado tenía un conocimiento previo de la duración del mandato por el cual los partidos políticos propusieron candidatos, y en ese sentido se está violentado la voluntad popular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad, y como podemos ver, el Congreso de Baja California no respetó lo estipulado por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la SCJN.  El artículo 105 en su fracción II de la CPEUM, menciona que, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformas las leyes electorales locales, estas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones. Continuando con el tema de la prórroga, la SCJN en el 2007 estableció que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso, y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.  

Como podemos apreciar, los argumentos sobran para categorizar esta reforma de inconstitucional, sin embargo, estamos a la expectativa de ver el actuar de los diferentes mecanismos constitucionales de control político. En efecto, uno de dichos controles republicanos del poder es la temporalidad del ejercicio, que permite alternancia y pluralidad política. Este debe ser un ejemplo de lo dispuesto por Montesquieu de que “por disposición de las cosas, el poder detiene al poder”, y es en esa lógica, que las instituciones pertinentes deben accionarse contra esta medida. En días recientes, la SCJN desechó dos demandas de controversia constitucional en contra de la reforma aprobada por el Congreso Local, presentadas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, por “notoria y manifiesta improcedencia” debido a que la reforma no ha sido publicada aún en el Diario Oficial Local, por lo cual no es derecho positivo impugnable por el momento. 

Otro argumento que han presentado en medios de comunicación los defensores de dicha reforma, es que debe respetarse la autonomía y voluntad de Baja California. Sin embargo, las autoridades locales deben estar conscientes de que la autonomía de las entidades federativas está limitada por la CPEUM, y ello no vulnera el Pacto Federal, al contrario, estipulando limites se fortalece, y al violar dichos límites, se está vulnerando la máxima disposición normativa del país, ya que todos los poderes locales (ejecutivo, legislativo y judicial) también son regulados por la constitución federal. 

Levitsky y Ziblatt mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender la constitución, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison. Lo que sucede en Baja California y su desenlace, sin duda se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances instituciones y la debida defensa de la constitución.

Apoya la Suprema Corte al aborto en caso de violación

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Anteriormente, en el 2016, el poder ejecutivo del estado de Baja California, había iniciado una orden constitucional, que permitirá a la mujer decidir si terminaría su embarazo, en caso de este ser resultado de una violación o agresión sexual. Posteriormente, esto pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estará discutiendo próximamente dentro del pleno

 

La norma, establece que se tiene que poner por escrito, el hecho de que este embarazo haya sido producto de agresión sexual. Sin necesidad de tener que haber hecho denuncias previas, ni haber autorización legal externa. 

 

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reiteró la importancia de la decisión de continuación en el tiempo de gestación de un embarazo no deseado. Afirmó, que también es indispensable que el estado apoye a las mujeres y sus decisiones, en vez de criminalizarlas. Esta Ley de Normalización y Metrología, hasta ahora tiene la mayoría de ocho votos en la SCJN. 

SCJN autoriza que Fiscalía de Chihuahua investigue a EPN

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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó la suspensión que impedía a la Fiscalía General de Chihuahua investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y a todo su gabinete.

Los ministros determinaron que el mexiquense  podrá ser investigado por las autoridades estatales y, en su caso, proceder judicialmente en su contra, siempre y cuando no se trate de delitos del orden federal ni los que hubiera cometido en el desempeño de sus funciones.

Lo anterior, luego de un proceso en el que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusara a la Administración federal, a cargo de Peña Nieto, de permitir la liberación del exconsejero del PRI, Alejandro Gutiérrez, involucrado en desvío de recursos destinados por la Federación a esa entidad.

Razón por la cual, el entonces mandatario federal e integrantes de su gabinete presentaron una controversia constitucional ante la SCJN en contra de las acusaciones del gobierno de Corral Jurado.

El ministro Eduardo Medina Mora terminó otorgando a Peña y sus allegados una suspensión que congeló cualquier indagatoria contra ellos.

Hoy, sin embargo, por unanimidad, la Sala avaló el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez Potisek.

La controversia que promovió Peña es la primera en su tipo que admite en el máximo tribunal de justicia del país.

En el recurso presentado por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, se pidió la protección contra las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones, así como órdenes de aprehensión.

El ministro Medina Mora señaló en su resolución, que siguiendo los precedentes de la Corte en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, y se debe determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.

En 2018, el panista Javier Corral lanzó una advertencia respecto a que llevaría a Peña Nieto a la cárcel una vez que terminara su mandato, el titular del Ejecutivo federal presentó la controversia antes de terminar su mandato para protegerse de cualquier acto futuro.

Cabe mencionar que el actual consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, no ha desistido de esta controversia, lo que indicaría que el actual Gobierno está interesado en que la Corte se pronuncie sobre el tema.

La resolución de la controversia podría tomar aún varios meses, pues Chihuahua pidió hace unos días que se declare impedido a Medina Mora para seguir llevando el caso, luego de que fuera captado en pleno banquete de la boda de la hija de un abogado de Gutiérrez Gutiérrez.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Corte desechará impugnaciones contra ley salarial

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En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres de los ministros se han pronunciado por desechar las impugnaciones contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún funcionario deberá ganar más que el presidente de la República.

Se trata del ministro presidente Arturo Zaldívar, así como de las ministras Yasmín Esquivel y Norma Piña quienes este lunes rechazaron el proyecto que propone la invalidez de la legislación que fue presentado por Alberto Pérez Dayán.

El argumento es que, según los ministros, 15 de los 17 artículos que conforman dicha ley fueron recientemente reformados en abril pasado para adicionar algunas definiciones, principios, corregir ortografía y otros errores y omisiones, por lo cual consideran que el máximo tribunal no debe analizar la constitucionalidad de la ley que ha sido reformada casi totalmente.

“En conclusión y en mi opinión, el decreto publicado el 12 de abril modifica el sistema normativo previsto en el decreto impugnado, al grado de que han cesado los efectos jurídicos del decreto impugnado en estas acciones y, en consecuencia, votaré por el sobreseimiento total de este asunto y, en caso de no alcanzarse la mayoría simple para lograr este objetivo, con estos argumentos votaré contra todo el proyecto en su integridad”, señaló Zaldívar Lelo de Larrea.

“En virtud de que votaré por el sobreseimiento de esta acción de inconstitucionalidad y su acumulada, por la totalidad de las normas el decreto impugnado, porque constituye un sistema normativo cuyos efectos han cesado debido a una reforma posterior-criterio que he reiterado desde hace tres años- ahora, incluidas las normas penales, por las razones que he dicho, para preservar la coherencia de mi votación, no me voy a pronunciar sobre el fondo en relación a la constitucionalidad o no del decreto mencionado”, dijo por su parte Norma Piña.

La votación de Zaldívar no tiene precedentes, pues, por primera vez desde que asumió la presidencia de la SCJN en enero pasado, el ministro adelantó el sentido de su voto y añadió que debe decretarse el sobreseimiento del caso en su totalidad.

La postura fue acompañada por las ministras Esquivel Mossa y Piña Hernández, quienes además adelantaron que votarán en contra de todo el proyecto y por sobreseer las impugnaciones presentadas por senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para invalidar la ley.

Si mañana que continúe la difusión otro de los ministros se pronuncia en el mismo sentido que sus tres compañeros, sería imposible alcanzar la votación calificada de ocho, necesaria para invalidar la Ley Federal de Remuneraciones.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Ordenan la captura de Mario Marín “El Gober Precioso” y Kamel Nacif

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Una magistrada federal ordenó la aprehensión el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como “el Gober Precioso” y del empresario textilero Kamel Nacif, esto por la presunta comisión del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho en el 2005.

La titular del Primer Tribunal Unitario de Cancún, María Elena Suárez Préstamo, instruyó sus capturas, así como las de Hugo Adolfo Karam Beltrán, en ese entonces jefe de la Policía Judicial de Puebla, y Juan Sánchez Moreno, su director de Mandamientos Judiciales.

De acuerdo a fuentes consultadas por el periódico Reforma, ya se confirmaron las órdenes de aprehensión e informaron que la Policía Federal Ministerial ya se encuentra tras el rastro del ex Mandatario poblano y los otros implicados.

Por otro lado, detallaron que el delito de tortura, es de naturaleza grave, por lo tanto los prófugos no podrán suspender la aprehensión con un amparo y tampoco tendrán derecho a al libertad provisional, en caso de ser detenidos y procesados.

El pasado 27 de noviembre, el Juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, Gerardo Vázquez Morales, negó las órdenes de aprehensión de Marín, Nacif, Karam y Sánchez, dentro de la causa penal 26/2018.

Sin embargo, sí ordenó la captura de Alejandro Rocha Laureano, agente de la Policía de Puebla, quien fue detenido el 4 de diciembre en la capital de dicha entidad. Rocha fue uno de los aprehensiones de Chaco en 2005 y también uno de los responsables de trasladar a la periodista desde Cancún a Puebla por tierras, trayecto en el que se habrían cometido parte de las torturas psicológicas y amenazas de violación sexual.

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la negativa de aprehensiones contra Marín y los otros tres sospechosos y el pasado jueves consiguió que la magistrada María Elena Suárez revocara ese fallo e instruyera las capturas, dentro de la apelación 4/2019.

Cabe recordar que Lydia Cacho fue detenida en el 2005 en base a una orden de captura que derivó de una denuncia del empresario Kamel Nacif, “El Rey de la Mezclilla”, por delitos de difamación y calumnia, derivado de la publicación del libro “Los demonios del Edén”, donde se refieren fiestas donde pervertían a menores de edad.

Tiempo después de la detención, se difundieron públicamente conversaciones telefónica entre Marín y Nacif, en las que celebran el “escarmiento” que habían dado a Cacho.

La conversaciones fueron declaradas como ilegales en noviembre de 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al haber sido obtenidas sin orden judicial de por medio.

(Con información de Grupo Reforma)

Rechaza México ante ONU petición de Vaticano de proteger vida desde la concepción

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El Gobierno de México aceptó 262 de las 264 recomendaciones emitidas por 102 países como parte del tercer Examen Periódico Universal al que se sometió en noviembre de 2018.

La recomendación del Vaticano decía: “Respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural introduciendo enmiendas a las constituciones de los estados para garantizar una protección similar en las constituciones de los estados para garantizar una protección similar en los ámbitos federal y local”.

Sin embargo, el Estado Mexicano rechazó la recomendación, pues contraviene principios constitucionales y amparos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La SCJN ha resuelto que negar el acceso a la interrupción del embarazo a un mujer víctima de violación sexual, constituye una violación a sus derechos humanos y que la interrupción legal del embarazo derivado de una violación sexual, debe ser atendida por las instituciones de salid como urgente”, señaló México.

Las otra recomendación rechazada por el Gobierno de México era la ratificación de las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, pues señaló requiere de más tiempo para tomar una decisión al respecto.

De entre las recomendaciones aceptadas resalta un plan para terminar con la impunidad en el país y evitar así violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.

El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas, indicó que las recomendaciones aceptadas pueden dividirse en cuatro grandes grupo: inequidad social y grupos vulnerables, libertad de expresión, Estado de Derecho y desapariciones, y paz y seguridad.

“No hubo línea”, asegura AMLO sobre elección de ministra

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El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Yasmín Esquivel haya sido elegida para ocupar una vacante de Ministra de la Supere Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aseguró que no hubo línea para su elección.

“Me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso, ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una mujer con preparación, con méritos, egresada de la UNAM, de la Escuela de Derecho, con maestría, con doctorado. Se ha desempeñado en cargos también relacionados con el Poder Judicial, con áreas de administración de justicia y celebro que se haya decidido por ella de manera democrática”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

“Quiero decirles también, porque todavía hay la idea de que el poder de poderes es el Ejecutivo y el Presidente, quiero decirles que esto ya cambió. No hay línea, la línea es que no hay línea. Yo envío, como lo establece la ley, las propuestas al Senado, les advierto en algunos casos, inclusive a los que voy a proponer, cuando los invito, les digo: te voy a proponer, pero no me voy a meter, van a ser los legisladores, como lo establece la ley, los que van a decidir, si aceptas así, adelante”, manifestó el mandatario.

Por otro lado, el político tabasqueño rechazó que haya un conflicto de interés respecto al esposo de Esquivel  el empresario José María Riobóo, debido a que no ocupa ningún cargo en el Gobierno.

“No tienen ningún cargo aquí y sí me ha ayudado mucho. Es ingeniero con mucha capacidad profesional, es de los mejores estructuristas del País, independientemente de su gusta o no gusta, si cae bien o no cae bien, lo conozco porque fue quien hizo el proyecto para los segundos pisos”.

11 de marzo: “100 días de AMLO”

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Se cumplieron 100 días de mandato de Andrés Manuel López Obrador, 100 días que se han sentido eternos. Muchas cosas han sucedido en este corto periodo de tiempo. Entre sus conferencias mañaneras que nos mantienen en cunclillas para conocer que otro cambio se avecina y lo que pasa todos los días en el país, ya no sabemos que viene, si un abrazo o un balazo.

Sólo queda hacer un pequeño recuento de todo lo que ha cambiado en tan poco tiempo. Se ha cortado o trasladado financiamiento público en programas como PROSPERA, publicidad y comunicación para la Secretaría de Turismo, apoyo a guarderías y centros infantiles, entre otros. Se han adelgazado a las Instituciones, centralizando el poder en una figura magnanima y benevolente. Yo sigo cuestionando, ¿Cómo se puede construir una democracia fuerte, estable y efícaz sin instituciones que la respalden?

Ustedes dirán: “pero las instituciones continúan”; pues sí, pero ¿hasta cuándo? En los últimos meses, se ha buscado forjar nuevas, un claro ejemplo: la Guardia Nacional. Esta nueva figura de seguridad pública, que brindará certeza para los gobernantes, pero no del todo para los gobernados. En estos 100 días, una gran cantidad  de organizaciones en favor de los derechos humanos, se han posicionado en contra de esta propuesta que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, Senadores y 17 Congresos locales.

Por otra parte, se ha cancelado el aeropuerto de Texcoco con argumentos de daño al medio ambiente y falta de transparencia en las licitaciones. Así mismo, se ha iniciado el proyecto del Tren Maya con la misma falta de estudios medio ambientales en las zonas que no cuentan con vías ferroviarias.

En las últimas semanas, se ha mandado una terna de candidatas a juezas de la Suprema Corte verdaderamente preocupante, no sólo porque las aspirantes han contrapuesto sus posturas personales por encima del marco constitucional, sino porque se cuestiona su independencia y poder de contrapeso con respecto al ejecutivo, ya que llevan una relación cercana con el presidente.

En estos últimos meses, ha comenzado una lucha contra el huachicol, que se aplaude, pero una vez más la implementación queda corta y refleja una falta de expertise en el manejo de la administración pública.

No todo es malo, acorde a la última encuesta elaborada por Paramatría,  las acciones del representante del poder ejecutivo son vistas de manera positiva por más del 80% de la población. Después de haber tenido un presidente ausente en casos de crisis y sin capacidad de respuesta, llega ahora alguien que acorde a la ciudadanía da la cara ante la población. La legimitimidad la tiene, y por lo tanto las acciones antes mencionadas parecen pasar de largo, pero la pregunta queda latente, ¿Hasta cuándo durará ese apoyo, si se sigue tomando decisiones a ciegas y sin un plan realmente estructurado? El tiempo lo dirá todo, claro, en más de 100 días.

Día de la mujer: momento de reflexión

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El día de hoy se conmemora la lucha que desde hace ya más de un siglo, las mujeres han venido teniendo en busca del reconocimiento de sus derechos. Sin duda, es digno de reconocerse los avances que el movimiento feminista ha ido generando paulatinamente en materia de equidad de género. Pero la realidad no es tan optimista como los discursos políticamente correctos que en este día varios actores de la vida pública intentan colocar en la sociedad. Cito, brevemente, algunos ejemplos en los planos local y federal.

El pasado 6 de marzo la legislatura local de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución local para establecer el derecho a la vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, aún y cuando no “tocaron” el Código Penal del Estado, donde se establecen casos de excepción para no penalizar el aborto: cuando la concepción sea producto de una violación, o cuando se ponga en riesgo la vida de la madre. Considero que dicha reforma es violatoria de garantías individuales y derechos de la mujer pues, desde 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como criterio la despenalización del aborto y a favor de los derechos a la vida, salud, integridad y privacidad de las mujeres. En fin, habrá que esperar a ver qué dice la SCJN una vez que, como es de esperarse, los opositores a la reforma impugnen ante esa instancia a través de los controles de constitucionalidad.

Por otro lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recortó casi 50% del presupuesto destinado al Programa de Estancias Infantiles lo cual, indudablemente, va a generar un gasto extra en las familias que contaban con esta opción para el cuidado de sus hijos durante sus jornadas laborales. Además, muchas mujeres trabajadoras se verán forzadas quizás a renunciar a sus empleos para poder cuidar de sus hijos. El cambio será, sin duda, brusco. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció y advirtió que dicha decisión impactará de manera negativa en las garantías de los menores de edad y sus familias. 

En fin, son tantos los ejemplos donde el rol masculino se impone sobre el femenino (violaciones, feminicidios, violencia laboral, etc.) que la pregunta es si vamos a seguir politizando temas tan sensibles, o de una vez por todas nos convertimos en una comunidad real con todo lo que eso implica. Las mujeres exigen políticas públicas que les permitan tener un trato justo en todos los ámbitos de su vida. Son varias las lecciones que el mundo recientemente nos muestra para pensar que la dirección correcta no es por donde nuestro país transita.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.