Perfila SCJN declarar inconstitucional la criminalización del aborto

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Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron este lunes por declarar inconstitucional la criminalización del aborto.

El proyecto de la Corte, derivado de una impugnación{on que la entonces Procuraduría General (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, pretende declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.

“El vicio de inconstitucionalidad se traduce en que la disposición de calificar el actuar de la mujer como un crimen, con las consecuencias inherentes a tal configuración legislativa. Esto contribuye negativamente al pleno despliegue del derecho a elegir”, se lee en el proyecto del ministro Luis María Aguilar.

Cabe mencionar que la decisión de la SCJN sólo invalidaría el código penal del estado en cuestión, Coahuila, pero si ocho de los 11 ministros del pleno votan a favor del proyecto, se sentaría un precedente que obligaría a los jueces del resto de los estados a fallar a favor de las mujeres.

Tras presentar el proyecto y los argumentos, los ministros de la SCJN levantaron la sesión de este lunes, por lo que seguirá la discusión este martes, donde se espera que se vote la acción de inconstitucionalidad.

Además de Aguilar Morales, los otros ministros que manifestaron su apoyo al proyecto fueron Yasmin Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.

Actualmente, el aborto está despenalizado en cuatro de los 32 estados de la República: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

La SCJN ya había resuelto una controversia constitucional en 2008, cuando declaró constitucional la despenalización del aborto en la capital del país, el entonces Distrito Federal.

Mientras que el pasado mes de julio, por unanimidad, resolvió la Primera Sala declarar inconstitucional penalizar a mujeres víctimas de violación que deciden abortar después de los primeros 90 días de embarazo.

Declara la SCJN constitucional la consulta sobre expresidentes presentada por AMLO

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta popular solicitada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para determinar si se somete a juicio o no a cinco ex Mandatarios federales.

El proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar, que calificaba de inconstitucional la materia de la consulta, fue rechazado por seis de los 11 ministros.

Los otros cinco, votaron a favor y expusieron sus argumentos, en los que coincidían en que la justicia no se somete a votación.

A favor de la constitucionalidad de la consulta estuvieron: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara.

En contra de la constitucionalidad, se pronunciaron: Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, José Fernando Franco, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek.

Este último, con una intervención clara sobre lo que marca la ley, pues recordó que la restricción de los derechos humanos no puede ser objeto de consulta, además cuestionó por qué en algunos casos se pide su opinión a los ciudadanos y en otros no, cuando la misma ley establece que las faltas deben ser sancionadas.

“¿Podemos siquiera imaginar en una consulta sobre si se debe investigar y perseguir a presuntos inculpados en el caso Ayotzinapa, en el caso de la guardería ABC?”, lanzó el ministro.

Esta decisión no es fácil y posiciones como la mía no son muy populares, los jueces constitucionales no somos nombrados para ganar popularidad, los Poderes Ejecutivos y Legislativos si, ademas de su experiencia están para actuar conforme al deseo de las mayorías, pero el poder judicial nunca debe actuar conforme a lo que dicen las mayorías”, añadió.

La mayoría determinó que la materia de la consulta sí es constitucional, por lo que luego de un receso, el Pleno definió la pregunta para la consulta, apegada, de acuerdo a su criterio, a requisitos legales.

La Corte enviará la pregunta reformulada al Senado, que tendrá que aprobar la consulta por mayoría simple, al igual que la Cámara de Diputados, antes de que se turne al Instituto Nacional Electoral (INE) para que emita la convocatoria correspondiente.

El ministro Juan Luis González Alcántara aclaró que, si López Obrador no está satisfecho con la nueva versión de la pregunta, tendrá derecho a desistir de la consulta.

La nueva pregunta, aprobada por ocho votos a favor y tres en contra, quedó de la siguiente manera:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

(Fuente: El Mañanero Diario)

INE se queda con el presupuesto 2019, SCJN le niega

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La controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) fue admitida a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán de la Superema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero se le negó a dejar sin efecto el recorte presupuestal del organismo y al aumento de sueldo de sus integrantes.

El INE impugnó hace unos días el recorte que la Cámara de Diputados aplicó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional, sin embargo, negó la suspensión solicitada en dos temas: aumento al presupuesto de operación y sueldos de sus integrantes.

El ministro solicito que se le de vista a las autoridades señaladas como responsables para que en un plazo de 30 días hábiles contados desde que surta efecto la notificación envíen a la SCJN el informe correspondiente.

Hasta el momento, el ministro instructor solamente ha concedido la suspensión de las normas impugnadas en controversia al Banco de México (Banxico), al ser un organismo que genera sus propios ingresos y no depende del PEF.

Es suspendido recorte salarial para Banxico

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Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia autorizó hoy al Banco de México para pagar a sus funcionarios salarios hasta 50 por ciento mayores al del Presidente de la República.

El Ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite y concedió una suspensión en la controversia constitucional promovida por Banxico para impugnar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

“El Ministro instructor acordó otorgar a Banxico la suspensión solicitada, a efecto de que no se aplique la ley impugnada a los servidores públicos de la institución, hasta en tanto la Corte no resuelva el fondo del asunto, y que sus sueldos se fijen conforme a la excepción prevista en el artículo 127 constitucional, que permite establecer sueldos mayores al del Presidente de la República hasta en un 50 por ciento”, informó la Corte.

Dicha excepción esta prevista para funcionarios o técnicos altamente especializados.

Ello implica que el Gobernador, los miembros de la Junta de Gobierno, y altos funcionarios de carrera de Banxico, podrán percibir hasta 2.4 millones de pesos netos anuales en 2019, y no los 1.6 millones derivados de los 108 mil pesos de salario mensual que el Presidente López Obrador se autoasignó.

Hasta 2018, el Gobernador y subgobernadores de Banxico percibían entre 2.9 y 3 millones de pesos netos anuales, por lo que de todos modos tendrán una reducción, pero mucho menor a la que ya habían previsto en su tabulador para 2019, que los dejaba a ellos y sus principales subordinados en el tope de 1.6 millones.

Pérez Dayán también admitió una controversia similar de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero no concedió suspensión porque no fue solicitada.

Este Ministro ya conocía desde diciembre de una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de Oposición contra la misma ley, de ahí que le han sido turnados los casos relacionados.

En esa acción, Pérez Dayán concedió una suspensión qué obligó a la Cámara de Diputados a aplicar exclusivamente la Constitución al aprobar el Presupuesto de Egreso, sin tomar en cuenta la Ley de Remuneraciones.

Buscan 4 ministros presidencia de SCJN

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Al concluir el plazo para presentar sus “líneas generales” de trabajo en busca de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuatro ministros interesados cumplieron con este requisito.

Se trata de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, quienes de esta manera formalizaron su candidatura para presidir tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Quien sustituya en la presidencia al ministro Luis María Aguilar Morales será el responsable de la dirección de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, y fungirá como representante del Poder Judicial ante el Ejecutivo y el Legislativo por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

Varios de los aspirantes hicieron ofertas para reducir presupuestos globales o congelar salarios de mandos, aunque ninguno de ellos propuso reducciones salariales a ministros, magistrados o jueces.

“No podemos negar que existe actualmente en la sociedad una percepción generalizada de falta de independencia, corrupción y derroche en el PJF“, dice el plan de Zaldívar, quien ha sido el más crítico y no es juez de carrera.

Zaldívar propuso congelar cuatro años los salarios de los mandos, lo que en términos reales los reduciría en más de 15 %, y en el tema del nepotismo, sugirió que el acceso a todos los puestos judiciales, y no solo el de jueces y magistrados, se sujete a examen.

“La sociedad exige austeridad y estoy convencido de que el PJF puede esforzarse más para reordenar, redistribuir y, si es necesario, recortar el gasto”, sostuvo Pardo Rebolledo en su plan.

También Pérez Dayan propuso generalizar los exámenes para que ingrese a la carrera judicial quien tenga los méritos.

Alfredo Gutiérrez criticó que el presupuesto del PJF se solicite inercialmente con base en el año previo, lo que ha llevado a que siempre se pida dinero de más que no se alcanza a ejercer.

SCJN falla a favor de empleadas domésticas, contarán con Seguridad Social

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), y que los patrones no estén obligados a inscribirlas.

Este miércoles, la SCJN aceptó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, con el que se determinó queno existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual, consideraron “provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras”.

“Dejar fuera el trabajo doméstico del régimen obligatorio del IMSS afecta de manera desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas (nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres, según el Inegi)”, detalló la Corte en un comunicado.

De acuerdo con la SCJN, el trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de extensas jornadas, bajos salarios y condiciones lejanas del concepto “trabajo digno”, lo que implide a los trabajadores acceder a prestaciones sociales y generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias”.

Por ello, concedió el amparo con el que se hará de conocimiento al IMSS de esa situación discriminatoria, y ordenará que en un plazo prudente (primer semestre de 2019) el Instituto implemente un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

Este esquema deberá contemplar facilidades administrativas que les permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales, y tendrá que ser de fácil implementación para los patrones, que en su mayoría son amas de casa o padres de familia.

De acuerdo con el amparo concedido, la inscripción no será de carácter voluntario, sino obligatorio.

En un plazo no mayor a 18 meses a partir de la implementación del referido programa piloto, el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

La Corte estima que en un plazo no mayor a tres años se logrará obtener la seguridad social “efectiva, robusta y suficiente” para todas las empleadas domésticas en el país.

En respuesta, el nuevo director del IMSS, Germán Martínez Cázares, dijo que acatarán inmediatamente la resolución.

“He ordenado a la la Dirección de Incorporación y Recaudación inmediatamente se ponga a diseñar un programa piloto que se hará en los plazos que la Corte ha fijado”, explicó el funcionario.

También dijo haber ordenado al área de Vinculación iniciar un diálogo con organizaciones civiles para hacer un trabajo “integral, puntual y claro” al respecto.

El Amparo Directo 9/2018 fue interpuesto por una trabajadora del hogar que exigió el reconocimiento de prestaciones como indemnización constitucional, pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y del tiempo extraordinario, así como una inscripción retroactiva ante el IMSS.

Desde hace siete años, México suscribió el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en favor de las trabajadoras del hogar; sin embargo, este nunca fue enviado al Senado para su ratificación, y continúa sin hacerlo, a pesar de las críticas y exigencias de organizaciones sociales y trabajadoras del hogar.

Este miércoles, la senadora Patricia Mercado informó que recibieron en el Senado a un grupo de trabajadoras del hogar, con quienes se está trabajando una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo, pues hoy “laboran bajo un régimen de excepción”.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.