Repercusiones legales del COVID-19

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El pasado 30 de Marzo, el Consejo de Salubridad General declaró como ​emergencia sanitaria causada por fuerza mayor ​la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En seguimiento a la declaratoria, la Secretaría de Salud (SSA) emitió ciertas medidas y acciones extraordinarias para atender la ​emergencia sanitaria​, de las cuales resalto la ​fracción I ​del ​artículo primero​, la ​suspensión “actividades no esenciales” del 30 de marzo al 30 de abril. Al ver que no se estipulan sanciones en ambos decretos, me surge una gran duda, ¿qué sucedería si una empresa considerada como no esencial continúa en actividades? Considero que las repercusiones legales que recaerían sobre esta empresa se pueden analizar en dos vertientes, por un lado la materia laboral y por el otro, la materia de salud.

En un primer plano, en materia laboral, la Ley Federal del Trabajo (LFT) nos dice que los patrones están obligados a seguir con las indicaciones y medidas emitidas por la autoridad competente, en caso de emergencia sanitaria (​art. 132 fracción XIX Bis​). En caso de romper con lo establecido por la SSA, se le podrán multar al patrón de 50 a 5000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada trabajador que se encuentre afectado (​art. 992 y art. 1002​). Es importante resaltar que los patrones están obligados a pagar el salario completo, así como recordar que ​no pueden terminar con el vínculo laboral a causa de la emergencia sanitaria, al no ser una causa de rescisión de la relación laboral (​art. 47​).

Asimismo, la Ley General de Salud sanciona a la empresa que desacate lo establecido por la SSA. La ley antes mencionada establece que la autoridad sanitaria está facultada para suspender actividades o servicios si peligra la salud de las personas (​art. 411​). Por lo que, en caso de incumplir con la suspensión señalada por la SSA, se le podrá sancionar con una multa de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo vigente (​art. 421​).

Al analizar la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud, concluimos en que ​sí hay repercusiones legales para aquellas empresas que no sean consideradas esenciales y sigan operando con total normalidad. Lo anterior, al violar el ​artículo primero fracción I del decreto emitido por la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del presente año.

Bibliografía.
Ley Federal del Trabajo. ​http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf Ley General de Salud. ​http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf Decreto por el Consejo de Salubridad General, 30/03/2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 Decreto por la Secretaría de Salud, 31/03/2020.https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020

Federalismo y COVID-19

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La complicada situación del Coronavirus en todo el país, ha forzado que el gobierno federal tome medidas a través del Consejo General de Salubridad. Este órgano está previsto en la Ley General de Salud, como la autoridad sanitaria que “define prioridades, la expedición de acuerdos y la formulación de opiniones al Poder Ejecutivo Federal, para fortalecer la rectoría y la articulación del Sistema Nacional de Salud” y todas sus disposiciones son obligatorias para las autoridades administrativas del país, en términos de los artículos 73 fracción XVI, Base 1a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4to fracción III de la Ley General de Salud. Toda la estrategia nacional la ha dictado el Consejo a través de los Acuerdos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de marzo, ello para poder darle validez jurídica a todas las medidas institucionales de combate y mitigación del COVID-19. Desde mi perspectiva, el Gobierno Federal ha mantenido un control positivo de la situación desde el aspecto de salud, sin embargo, existen deficiencias y vacíos jurídicos que han dado pie a diversas acciones desde gobiernos estatales (y lamentablemente también municipales), en donde se atribuyen facultades que no tienen, realizando acciones preocupantes, vulnerando así la constitución y diversos derechos humanos. Este escenario genera un desorden institucional dejando en clara evidencia una nula coordinación entre la federación y las entidades federativas sobre la pandemia. 

Este actuar por parte de gobernadores, es parte de ese frágil federalismo en México, establecido en el artículo 40 constitucional. Para aquella persona ajena al término, federalismo  significa un “arreglo político institucional basado en la distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central o ámbitos locales (estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución” (Olamendi, 2000). De una manera sencilla, el federalismo nos permite un mayor control y orden sobre todo el ejercicio público, como decía Alexis de Tocqueville “el federalismo implica la unión de estados soberanos que, en conjunto, integren el gran cuerpo de la unión”. Ello ha implicado diversos retos en México, ya que presume un mayor control al ejercicio del poder, y un “arbitraje de la fuerza” (Vázquez Pando, 1996). En lo que llevamos de contingencia y medidas extraordinarias, el Consejo General de Salubridad ha actuado de manera eficiente desde una visión centralizada del fenómeno, sin embargo, ese ha sido su error constante. En el desarrollo de estos hechos, se ha obviado la participación de los gobierno estatales o su papel durante la emergencia, haciendo que ante este vacío de participación las entidades federativas reaccionen, en muchas ocasiones, violentando de manera flagrante la constitución. De lo anterior, tenemos a estados como Yucatán, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Coahuila, Baja California Sur  y Tamaulipas, entre otros, que han aprobado medidas que violan el derecho a libre tránsito, seguridad jurídica, libertad, a la salud, y atribuciones de índole federal, entre otros. También resulta sumamente peligroso el camino que diversos municipios están tomando, como cerrando municipios enteros como en el caso de Yucatán, e incluso impiden el acceso a personas no originarias de su comunidad. Los gobierno estatales y municipales, deben apegarse al art. 13 de la Ley General de Salud, el cual nos define las competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y que de igual manera dicta que la autoridad máxima en estas situaciones es la Secretaría de Salud Federal. Todo este panorama delicado, podría generar un conflicto grave de gobernabilidad y falta de certeza en las políticas de emergencia, pudiendo contrarrestar todos los esfuerzos institucionales de mitigación del virus, vulnerando de manera sistemática derechos humanos. Una emergencia de esta naturaleza no debe dar entrada a vulneración de la constitución y los ordenamientos jurídicos, ya que al hacerlo, se abre una puerta muy peligrosa que terminaría por destruir un Estado de Derecho que sigue en constante construcción. 

Las autoridades federales, y en especifico, el Consejo General de Salubridad, debe construir un protocolo o lineamientos básicos que deben seguir los gobierno estatales y municipales, es urgente una política integral en donde se oriente e de linea a las figuras locales dentro de la ecuación contra el COVID-19. Es claro que el punto más débil de las políticas sanitarias de emergencia, son justamente las entidades federativas, que parafraseando a M. Cejudo y Gómez Álvarez, “los gobiernos (locales) han actuado en las últimas semanas sin entenderse como parte de una estrategia integral, sino como respuestas específicas a diversos estímulos: la presión ciudadana o mediática, la oportunidad política y, en algunos casos, la falta de conocimiento científico”. En ningún momento se trata de una centralización absoluta, sino de un respeto de esferas de actuación constitucional y administrativa, entender la dinámica de reparto de tareas. Ahora más que nunca, necesitamos medidas homologadas y una coordinación entre la administración pública federal y  las estatales. La precisión de las políticas públicas y la respuesta eficaz son pilares fundamentales dentro del combate al virus, sin embargo, la federación debe evitar a toda costa un vacío de autoridad debido a la falta de claridad de las medidas en las esferas estatales, y las “autoridades tienen a su disposición un cúmulo de herramientas con márgenes de flexibilidad”(Tortolero, 2020) que permiten un respeto a nuestro orden jurídico nacional. No podemos argumentar que una situación compleja como la actual, sea motivo para iniciar una serie de acciones sin fundamento jurídico básico, al contrario, podemos utilizar al COVID-19 como una oportunidad de mejorar, afinar y reconstruir un federalismo endeble y difuso en situaciones de emergencia. Estos son tiempos de dejar las popularidades políticas a un lado, y tener el cuidado de la salud como un máximo institucional con total apego a los cánones constitucionales. Como bien dijo el Dr. Hugo López Gatell: “De lograr una disminución en los casos del virus, no será un logro del Gobierno de México, será un logro del pueblo mexicano”. 

Avanza proyecto a favor de la despenalización del aborto en comisiones de la Cámara de Diputados

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La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados emitió opinión positiva al proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de interrupción legal del embarazo.

El proyecto de decreto, que propone que todos los hospitales públicos deben contar con personal no objetor de conciencia para garantizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, fue aprobado con 16 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

A favor de la opinión positiva votaron diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional (PRI) y la legisladora independiente Lucía Riojas.

En contra votaron los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES).

La opinión positiva fue turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que será encargada de elaborar el dictamen para reformar la Ley General de Salud.

La iniciativa para adicionar la fracción V Bis al artículo 3; el párrafo cuarto al artículo 10 Bis; el capítulo VI Bis “De la Interrupción Legal del Embarazo” y el artículo 71 Bis de la Ley General de Salud fue presentada por la bancada de Morena en Diputados, y contempla aunado al derecho de objeción de conciencia, la obligatoriedad de que cada centro de salud cuente con personal no objetor.

Además, señala que la Secretaría de Salud “reconocerá y garantizará el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la Interrupción Legal del Embarazo”.

“La Secretaría de Salud, por medio de personal capacitado para tales efectos, deberá proceder a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y en aquellos otros supuestos permitidos por la ley , en condiciones de calidad, cuando la mujer interesada así lo solicite”, señala la opinión.

Las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género se pronunciaron a favor de “tomar acciones legislativas que garanticen y protejan el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Por su parte, los diputados del PAN expresaron su rechazo a la “opinión emitida por Morena y sus aliados” en materia de aborto, bajo el argumento de estar “a favor de la vida desde la concepción”.

(Fuente: Animal Político)

El debate de la objeción de conciencia en México

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La objeción de conciencia se ha convertido en el centro de debate nacional, ello porque el Congreso Estatal de Nuevo León aprobó una modificación a su ley local en materia de salud, para incorporar dicha figura jurídica para los miembros del sistema de salud. El tema ocasionó un fuerte debate en redes sociales, programas de opinión, columnistas y mesas de café, teniendo como punto de partida una presunta intención ideológica detrás de la mencionada iniciativa, sin embargo, existe una serie de imprecisiones que se propagaron por el internet, ya que si bien, es un tema en el cual existe una discusión desde un aspecto filosófico o axiológicos en materia de derechos, pero es innegable que existe una obligación constitucional para legislar en la materia. En primer termino, debemos señalar que la objeción de conciencia es un mecanismo que “supone no solamente el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también de obrar de manera conforme a los imperativos de la misma”(Sanchís, Luis Prieto 2006)

El derecho de la objeción de conciencia tiene origen dentro de nuestra legislación nacional en la reforma que se dio en el Senado de la República y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, donde se incorporó esta figura jurídica en la Ley reglamentaria en la materia, y de igual manera en sus artículos transitorios se estipuló que las entidades federativas debían modificar sus legislaciones para armonizarlas con la modificación al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud. Con dicha modificación, se abrió la puerta a reglamentar la responsabilidad de hacer o no hacer, el respeto a la libertad de conciencia y pensamiento, así como los límites, en todo nuestro país. Antes que nada, debemos definir la objeción de conciencia, y  podemos definirla como el respeto del pensamiento o reflexión personal o moral cuando este contravenga una acción a la cual tiene que ejecutar. Podemos ver  que es una ponderación del ejercicio de la libertad personal e incluso religiosa sobre una acción que pudiera lesionar su sentir o forma de pensar y “en principio ejerce un derecho fundamental, por más que el juicio definitivo pueda desembocar en la negación o rechazo de la posición iusfundamental a la vista de la presencia  en el caso de otras razones más fuertes en favor de tal deber jurídico”(Sanchís, Luis Prieto 2006). 

En el aspecto jurídico, hay que enfatizar que este mecanismo es un derecho humano que se ha visto en diversos ámbitos como el militar, empresarial o de la  administración pública. Ello también trae a colación dos derechos, el derecho del acceso a la salud previsto en el artículo 4 constitucional y el derecho a la libertad ideológica, pensamiento o creencia, señalado en el artículo 24 de nuestra carta magna, y es dentro de este derecho donde podríamos ubicar a la objeción de conciencia como derecho protegido por la constitución. Independiente de los titulares tendenciosos y la polarización social respecto a este tema, la objeción de conciencia atiende a procurar al personal del sistema de salud y puede ser encontrado en todas las democracias con estado de derecho, y debería ser visto como una medida mediadora ante diferentes visiones o cosmovisiones sociales, y una herramienta fundamental en la preservación de la diversidad de pensamiento y creencia. También, es imperativo  aclarar que al momento de plasmar la objeción de conciencia se debe tener en claro que no se objeta a la persona y sus características físicas o personales, ya que ello claramente recae en una discriminación, contrario a lo estipulado en el articulo primero constitucional y violatorio de derechos humanos,  precisando que debe objetarse la acción que contravenga el pensamiento del objetor.  

Nuestro máximo órgano de impartición de justicia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en temas de a través de garantías de protección  y abstención el Estado se asegura de que los creyentes puedan efectivamente ejercer su libertad religiosa”(AR 1049/2017). En el ámbito internacional, encontramos este derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, en el cual establece que “toda persona tiene derecho a la libertad  de pensamiento, conciencia y religión”; lo anterior también lo podemos vislumbrar en el artículo 18  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 9no y el 10o de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De igual manera, es innegable la existencia del conflicto ante este derecho, ya que podría ejercerse cómo medida que limitaría el acceso a ciertos servicios, pero debemos vislumbrar que no todo derecho es absoluto. Si vemos los antecedentes en México, la objeción de conciencia se introduce federalmente, en una serie reformas realizadas por la Secretaría de Salud a la Norma Oficial Mexicana 046, con la cual se reconoce el derecho de objeción de conciencia de médicos y enfermeras para la práctica de abortos en el caso de violación, sobre lo anterior es importante precisar, que en diversas entidades no permiten y penalizan dicho acto,  como es el caso de  Nuevo León, por lo cual no se presenta la iniciativa en un ámbito  prohibicionista de la interrupción del embarazo, ya que no es la intención del legislador. De la misma manera, encontramos que, en la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, aprobada en el 2011, en su artículo 42 se reconoce el mismo derecho de objeción para el personal de salud que quiera abstenerse a intervenir en la atención de pacientes terminales. Tenemos que ver que dicha reforma en también contempla limitantes, como son cuando esté en riesgo la vida del paciente o el caso de una urgencia médica. Podemos ver que debe garantizarse el derecho de acceso a la salud en todo momento,  y en ese sentido, al ejercer dicha objeción se debe realizar de manera previa y procurar de proveer al paciente de otro personal  de salud que garantice la atención,  también enfatizar el hecho  que no  debe objetarse con relación al sujeto (paciente) sino al acto; si logramos dilucidar  esto, podemos ver la objeción de conciencia como una medida extraordinaria y un derecho  y no desde un plano ideológico que abone a una polarización innecesaria. 

reneramirezbenites@gmail.com 

Bibliografía 

Amparo en Revisión 1049/2017.  Oposición a que se realice a su menor hija una transfusión sanguínea  por  pertenecer a  la comunidad cristiana  “Testigos  de Jehova”, posible colisión de  derechos a salud de un menor de edad y el derecho a libertad  religiosa de sus padres. Ministro Ponente: Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Primera Sala de la  Suprema Corte de  Justicia de la Nación. 15 de agosto de 2018 

ONU. Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. 2012. La objeción de conciencia al servicio militar. Nueva York  y Ginebra. Naciones Unidas

Sanchís, Luis Prieto. 2006. “Libertad y objeción de conciencia”. Revista Persona y Derecho 54. (2006): 259-273. 

Soberanes Fernández, José Luis. 1998. “La  Objeción  de conciencia ante la justicia constitucional  en México”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. (1998): 137-151. 

Reforma sobre objeción de conciencia es por Ley Federal

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El Diputado federal panista Hernán Salinas asegura que la reforma a la Ley de Salud, la cual fue aprobada por el Congreso local y que incorpora la “objeción de conciencia”, simplemente es igual a lo ya establecido en la Ley General de Salud desde el 2018 y no discrimina por preferencia sexual u otros motivos. Salinas quiso recalcar que esto se trata de una interpretación equivocada de la reforma y su alcance, diciendo que esta figura “brinda la posibilidad al personal médico de poder negarse a realizar procedimientos como abortos, pero no a excusarse de atender por otras cuestiones”.

“Esta reforma homologó el contenido de la Ley Estatal de Salud a la Ley General de Salud que prevé la ‘objeción de conciencia'”, dijo Hernán Salinas. “Esto, en el argot de la medicina, se interpreta como la posibilidad del médico o profesional de la salud a negarse realizar determinado procedimiento como un aborto, por ejemplo, pero nunca negarse por razones de orientación sexual, raza o cualquier otra consideración que sea discriminatoria”.
Además, agregó que el Legislativo “copió” lo que decía el Artículo 10 Bis de la Ley General de la Salud,  y que “los Congreso locales están obligados a adecuar sus leyes a la normativa federal en la materia”.

“Es evidente que los reclamos son de quienes desconocen la legislación federal que está vigente desde 2018 misma que incluso en sus transitorios obligaba a las legislaturas estatales a homologar sus leyes”, (…)  “En lugar de cuestionar a Nuevo León, deberían cuestionar a todos los demás estados que no han cumplido con esta homologación, ya que ellos son los que están en desacato”.

 

(Con información de El Norte)

Marihuana sí, marihuana no… Delgado ya tiene ganador

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Legalizar o no el cannabis es un debate a nivel mundial del que México no es ajeno. Ya en el año 2000 Gilberto Rincón, durante su campaña para la presidencia por el Partido Democracia Social, hablaba de la reglamentación de tal droga, lo que causó amplia polémica. 

Sin embargo, no fue hasta hace 12 años cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, que diversas figuras de la sociedad civil y la academia vieron con buenos ojos la opción de regularizar. Esto buscando alternativas para proteger a los eslabones más bajos de la cadena. 

En 2015 se dio un primer gran paso, o gran retroceso, según el cristal con que se mire. Josefina Ricaño, Juan Francisco Torres, Armando Santacruz y José Pablo Girault, a través de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) recibieron el primer amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el uso lúdico de la marihuana, el cuál permitía sembrarla, cultivarla, prepararla, poseerla y transportarla. 

Otro hito fue cuando Graciela “Grace” Elizalde, una niña de ocho años con Síndrome de Lennox-Gastaut, abrió ese mismo año el debate sobre el uso terapéutico del cannabis en México. En abril de 2017 la Cámara de Diputados autorizó el uso medicinal y científico de la marihuana y sus derivados en México al aprobar las reformas del Senado a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

Tras el quinto amparo recreativo otorgado por la SCJN en 2018, se creó jurisprudencia, lo que declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de marihuana para esta intención, lo que en fines prácticos significó que cualquiera podía pedir un amparo para su consumo y este le sería otorgado. 

Pero esta historia apenas está comenzando a escribirse. A principios de año, el presidente de la Comisión de Salud de las Cámara de Senadores, Miguel Ángel Navarro, y la senadora Jesusa Rodríguez señalaron que el Dictamen para Uso Lúdico de la Marihuana estaría listo a más tardar en el mes de octubre. Y bueno, parece que no se equivocaron. 

Puntual con la llegada del 1 de octubre, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, propuso permitir el autocultivo de hasta seis plantas de marihuana y la creación de Cannsalud, una empresa estatal para que el gobierno tenga la facultad exclusiva de su compra y venta en todo el país. 

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria contempla, además, la elaboración de la Ley General para el Control de Cannabis, modificaciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. 

Hablemos ahora un poco de las actividades de Cannsalud. ¿De dónde viene la importancia de que el gobierno controle las actividades de compraventa de este producto? 

Sencillo, de que la apertura de un nuevo mercado lícito permite a México convertirse en una “potencia en producción de cannabis”, de acuerdo con las palabras de Delgado. 

El propósito fundamental de la empresa es abaratar y facilitar la verificación sanitaria de los productos, registrando y sistematizando la información relativa a la producción, flujos, volumen, calidad, destino, entre otros. Igualmente, evitar que la comercialización de la marihuana sea acaparada por los “grandes intereses comerciales”. 

Claro está que la propuesta no puede entrar en vigor hasta que sea votada por la mayoría en senaduría y diputaciones, pero hay una importante diferencia en cuanto a ocasiones anteriores: la mayoría en ambas cámaras es de Morena y muchos de sus legisladores aseguran que puede ser un negocio lucrativo para las arcas públicas. 

Aún es incierto lo que sucederá durante las votaciones a final de este mes, lo que si podemos saber es que entre la población la idea de legalizar es cada vez más popular. Hasta hace un par de años, únicamente 13% apoyaba esta convicción. A noviembre de 2018, de acuerdo con la XVIII Encuesta de Percepción de Inseguridad Ciudadana, más de un 43% estaban a favor. ¿De qué lado estás tú? 

Cannabis. Regulación Propuesta por Morena

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El 1° de octubre de 2019, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Mario Delgado Carrillo, presentó la Iniciativa de proyecto por la que se expide la Ley General para el Control de Cannabis, así como la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Dicha iniciativa será sujeta al proceso legislativo federal, reabriendo con ello el debate entre la sociedad mexicana y la necesidad de aplicar un modelo de control legal en las actividades relativas al cannabis.

A través de la expedición de la Ley General para el Control de Cannabis, se busca regular las actividades relativas al cultivo, producción, distribución y venta de cannabis y sus derivados para usos personales, terapéuticos, médicos y científicos, además de su control sanitario; lo anterior, mediante la apertura de un mercado lícito.

Con ello, grosso modo se establecen aspectos específicos como el autocultivo, el mercado de precios y ventas, las licencias de cultivo y producción, los usos medicinales que se darán al cannabis, sus fines terapéuticos, las autoridades encargadas de realizar las inspecciones y verificaciones, así como las sanciones administrativas que pueden aplicarse por su incumplimiento, mismas que serán independientes de aquéllas constitutivas de delitos.

Asimismo, destaca la creación de la Cannsalud, como empresa del Estado, encargada de tener el monopolio en la compra al mayoreo del cannabis y sus productos, su análisis, su autorización exclusiva de venta a la industria farmacéutica para la producción de medicamentos y la venta a los franquiciatarios, quienes a su vez venderán a menudeo.

En virtud del modelo propuesto, considero atinados los fines que persigue la Ley General para el Control de Cannabis.

Esto, pues encuentra sustento en tres vertientes fundamentales, a saber: i) proteger el derecho a la salud como un objetivo que legítimamente puede perseguir del Estado, evitando se restrinja el acceso a tratamientos y/o medicamentos derivados del cannabis que pueden implicar un cambio significativo en la salud y la persona; ii) salvaguardar el derecho al libre desarrollo de la personalidad mediante su autoconsumo; y iii) combatir la violencia propiciada por grupos delincuenciales que lucran con su tráfico y venta.

Tal regulación no solo puede dar pauta a la reglamentación constante y directa del mercado del cannabis, sino también a la creación de nuevas fuentes de empleo, sumándose los beneficios fiscales que pueden derivar, como es la previsión que el 25% de lo recaudado del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios deberá destinarse a programas sociales en los municipios y comunidades en los que se hubiere realizado la erradicación de cultivos de cannabis durante los últimos 50 años.

Asimismo, estimo acertado que se adecuen las normas al entorno social y se atiendan los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, en los que se ha determinado la responsabilidad del Poder Legislativo de crear políticas públicas que den pauta a garantizar el derecho fundamental de los mexicanos al libre desarrollo de la personalidad y su relación con el consumo de la marihuana y sus derivados, lo cual incluye su adquisición, cultivo, preparación y consumo; tal y como fue señalado en el comunicado número 092/2018 de 4 de julio de 2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por todo lo anterior, mediante su intervención, la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acertadamente busca regular un mercado que ha sido manejado por criminales, atribuyendo potestades al Estado como órgano regulador directo en la producción y venta del cannabis.

Situación, que traería beneficios en materia de salud, derechos humanos y en los índices de violencia del país.

¿Debería ser Ilegal no Vacunar a tus Hijos?

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En las últimas décadas los avances en la medicina han aumentado la expectativa de vida de los mexicanos a 75 años y han disminuido en gran medida casi hasta la desaparición enfermedades como el sarampión, difteria, tos ferina, paperas y tétanos. Curiosamente en algunos países de Europa y en Estados Unidos han surgido movimientos denominados “antivacunas” que, promueven a los padres la no vacunación de sus hijos basados en supuesta evidencia científica que se ha demostrado es errónea, como decir que las vacunas contienen sustancias peligrosas como aluminio y mercurio, que pueden sobrecargar el sistema inmune del niño, que la protección natural es mejor inducida que la vacuna y que las vacunas son responsables de alergias, asma y enfermedades autoinmunes; inclusive han llegado a colarse teorías de paranoicos que dicen que el gobierno busca controlar la natalidad de la población y que las farmacéuticas buscan debilitarnos para consumir sus productos, todas las teorías con poco sustento y tinte amarillista.

En México no existe registro de movimientos organizados antivacuna, la mayoría de la falta de cobertura se debe a costumbres religiosas o al desconocimiento que genera la no demanda de las mismas por parte de los padres, pero debido a las redes sociales ya hay señales de personas que comparten estas ideas y teorías que podrían traer consecuencias desastrosas en términos de salud pública. Desde 1996 no se tenía registro de brotes de sarampión en México, dado que  la gran mayoría de la población ya contamos con anticuerpos que se han desarrollado gracias a varias generaciones de aplicarse la vacuna. 

En México la Ley General de Salud establece que la vacunación puede ser obligatoria en una situación de emergencia como una epidemia para todos aquellos susceptibles de contagio, fuera de ahí es decisión de los padres si vacunan o no a sus hijos, aunque desde que nacen la mayoría de los hospitales aplican las primeras vacunas. 

¿Debería ser ilegal no vacunar a tus hijos? Yo creo que si, al final todo se reduce a una situación de un derecho individual contra otro individual y/o colectivo. Si bien es cierto que todos tenemos derecho a la libertad religiosa y de decisión, también es una realidad que al no vacunar a nuestros hijos ponemos en riesgo la salud de los demás, vulnerando el derecho de los demás a la salud aumentando el riesgo de esparcir enfermedades que se creían problema del pasado. Ya hay países donde la vacunación es obligatoria y en México existe un antecedente de cómo la salud del niño se sobrepone a otros derechos, como lo es el tema de las transfusiones de sangre que se realizan a niños aún en contra de la voluntad de los padres, por temas religiosos o de otra índole para salvarlos en situaciones de riesgo, y si consideramos que el tema de las vacunas es aún más grave porque el no tenerla vulnera a los demás, pues entonces deberíamos plantearnos como instrumentar la obligatoriedad de las mismas. 

Corte otorga amparo a Ríos Piter para consumir marihuana

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el primer amparo para consumir marihuana de forma recreativa al ex aspirante a la Presidencia de la RepúblicaArmando Ríos Piter.

La primera sala de la SCJN concedió el amparo para solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la adquisición de semilla de marihuana para cultivo, procesamiento y consumo para fines lúdicos y recreativos.

La sala se pronunció en contra de la prohibición absoluta sobre la adquisición de la semilla de marihuana porque es desproporcionado que la ley no permita conseguir la semilla.

Será la Cofepris quien determinará las modalidades de la adquisición de la semilla, esto se podrá dar a través de tenedores legales o de permisos especiales de adquisición”, señaló Luz Elena Orozco, secretaria de la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz.

El amparo contó con cuatro votos a favor y uno en contra para otorgar la protección de la justicia al senador con licencia, quien se integró a la campaña de José Antonio Meade, candidato de Todos por México.

De acuerdo con Milenio, para que el criterio de la Sala se convierta en jurisprudencia hacen falta dos amparos; cuando sumen cinco casos, los jueces deberán resolver a favor de los consumidores que reclamen que la Cofepris no les permite cultivar, procesar y consumir marihuana para fines lúdicos y recreativos.

Desde el primer caso en 2015, hasta ahora, la SCJN ha concedido tres amparos que permiten el cultivo y uso recreativo de esta planta sin que violen la Ley General de Salud. Ninguno de ellos contempla sin fines de comercialización y distribución.

Legalización de la Cannabis para uso medicinal

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La Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal y científico de la marihuana en México el 28 de abril de 2017, la votación fue por 301 votos a favor, 88 en contra y dos abstenciones, con ello se reformaron la Ley General de Salud y el Código Penal Federal; se elimina entonces  la prohibición y penalización por el uso medicinal de la marihuana, la investigación científica con este producto, y por los derivados de su producción y distribución que tengan los fines señalados.




El proceso de reforma abrió un debate nacional sobre los diversos usos de la planta, entre estos claro está, el así llamado “uso recreativo”. El Congreso de la Unión transitó por una opción que permitiese su uso medicinal dejando en puntos suspensivos otros aspectos.

Con las reformas se estableció que el tetrahidrocannabinol es una sustancia psicotrópica con valor terapéutico y que proviene de la planta cannabis, la cual no provoca daños ni problemas de salud pública. Es importante mencionar que aunque el dictamen se aprobó, también se presentaron diversos estudios y encuestas que ponderaron el posicionamiento de diferentes sectores de la ciudadanía sobre el dictamen.

Por ejemplo, este debate en el estado de Nuevo León lleva desarrollándose varios años, hay que recordar que en agosto de 2015 se le concedió un amparo a la niña Grace Elizalde Benavides para obtener y usar cannabidiol para combatir el síndrome Lennox-Gastaut que padece, esto abrió el debate a nivel nacional para aprobar su uso en casos medicinales.

El que escribe estas líneas promovió realizar una encuesta en Nuevo León en marzo de 2016, un año antes de aprobada la reforma, donde se preguntó mediante diversos canales a la ciudadanía sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana. Por el uso medicinal de la marihuana la mayor parte de los ciudadanos dijo estar a favor, sólo en las entrevistas por teléfono ese porcentaje de aprobación fue menor (71%)  mientras que en Facebook tuvo un mayor porcentaje de aprobación (94%).

Sin embargo, los resultados se dividieron en la pregunta por el uso recreativo de la marihuana; la mayoría de los encuestados se inclinaron contra esta posible determinación, nuevamente fue en las entrevistas por teléfono donde se presentó el mayor porcentaje en contra (80.4%), seguida de las entrevistas personales cara a cara con el 58.4% en contra, mientras que en  las universidades el 58% de las respuestas fueron desfavorables. Ha de anotarse que en Facebook y Twitter, dos redes sociales significativas, los porcentajes fueron positivos en 68% y 55% respectivamente.

Al darle seguimiento a esta temática, en agosto de 2016 se realizaron nuevas encuestas sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana. Los porcentajes fueron claros para ambas opciones, la ciudadanía respondió con 76.2% contra el uso recreativo de la marihuana, mientras que para su uso medicinal un 72.4% respondió de forma favorable.

Con la reforma del 28 de abril, probablemente cambiará la calidad de vida de pacientes que utilizarán este producto y sus derivados. La investigación científica señala que los compuestos que se procesan con la sustancia de la planta ayudan a reducir migrañas, náuseas y vómito, aliviar dolor y espasticidad muscular, entre otros padecimientos no menos importantes.




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