¿Muerte civil para las y los servidores públicos corruptos?

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Recientemente, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León (LRANL). Una de las novedades de la Ley es la posibilidad de que se sancione con inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a las y los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves o hechos de corrupción (art. 78, fracción V). Por su parte, el Senado de la República como cámara de origen aprobó en marzo pasado un decreto de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), instituyendo la inhabilitación definitiva; esta iniciativa está ahora en comisiones en la Cámara de Diputados. 

El objetivo de esta colaboración es delinear algunos problemas de lo que se ha denominado en los medios como “muerte civil”. 

Acerca de la formalidad del término, es cierto que periodísticamente resulta muy atractivo usar el término de “muerte civil”, pero este no es exacto, porque la institución no implica la pérdida de otras capacidades como el ejercer el sufragio activo. Lo que implica en verdad es solo la prohibición permanente de incorporarse a un empleo, cargo o comisión de naturaleza pública.

La delimitación de este tipo de sanción de acuerdo con la LGRA (art. 78) es solo temporal y fluctúa en el siguiente rango:

a).- De tres meses a 1 año, si la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno. b).- De 1 hasta 10 años, si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede las 200 UMAS ($16, 898.00). c).- De 10 a 20 años, si se exceden las 200 UMAS.

La nueva LRANL publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 7 de junio de 2019, agrega también la inhabilitación definitiva. Para ello, segmenta los supuestos de inhabilitación de la siguiente forma:

a).- Inhabilitación temporal de tres meses a 1 año cuando la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno.  b).- Inhabilitación temporal de 1 a 10 años cuando el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 1, 500 el valor diario de la UMA ($126, 735.00). c).- Inhabilitación definitiva cuando el monto de la afectación exceda las 1,500 UMAS.

Este mismo modelo adoptado en Nuevo León fue el aprobado por el Senado en marzo pasado, aunque se mantiene la frontera de la gravedad en 200 UMAS y no en 1,500 como la local.

Considero que es importante preguntarnos como sociedad si 20 años de inhabilitación temporal constituyen un castigo suficiente que garantice la protección del bien común en los casos en que así sea pertinente según la LGRA. Para el Congreso de Nuevo León (norma ya vigente) y para el Senado (norma en proceso legislativo), parecería que la respuesta es negativa. No, no son suficientes 20 años de inhabilitación.

En este sentido, si la corrupción es tan grave como para justificar una sanción gravosa como la inhabilitación permanente para ser funcionario público, ¿no podría ser igualmente plausible como consecuencia penal en algunos de los delitos en los que conforme al artículo 19 constitucional se puede ordenar la prisión preventiva oficiosa, como, por ejemplo, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas…? 

Señalo esto porque el Congreso Local no adecuó el Código Penal del estado para incluir como sanción penal la inhabilitación definitiva; y el Senado sólo se refirió a los delitos por hechos de corrupción (art. 212 del Código Penal Federal), pero no a otras posibles conductas delictivas que pudieran ser responsabilidad de personas que fungen como servidores públicos y que deberían ser más gravosas en cuanto a su sanción, como por ejemplo, cuando el abuso sexual o violación fuese cometida por quien desempeñe un cargo o empleo público (art. 266 Bis Código Penal Federal): ¿No sería igualmente recomendable que un agente de migración abusador sexual o violador de una niña o niño fuera inhabilitado definitivamente para desempeñar cargos públicos, tal como se propone por el Senado para servidores públicos corruptos?

Ahora, estrictamente en el ámbito de las responsabilidades administrativas, en el artículo 109, fracción III de la Constitución Política se establece como posibilidad de sanción a servidores públicos el siguiente catálogo: amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas. Como puede advertirse, la norma constitucional no especifica claramente que pueda imponerse una inhabilitación definitiva. Dudo que respecto de una restricción de derechos de esta magnitud, la CPEUM haya dejado libertad de configuración al legislador ordinario. Desde esta perspectiva, ¿puede considerarse que la creatividad del Congreso Local está acorde a la CPEUM a pesar de que en esta no se contempla expresamente el supuesto de inhabilitación permanente? En todo caso, aun aceptando que la Constitución permite la libre configuración del legislador, ¿podía el Legislativo Local crear un supuesto novedoso cuando todavía no se aprueba la reforma a la Ley General respectiva, la cual es jerárquicamente superior a la ley local de responsabilidades administrativas? ¿Tenía el legislador local libertad configurativa para crear una frontera sancionatoria no de 200 UMAS, sino de 1,500?

En síntesis, parecería que en este tema debemos exigir a nuestros representantes: Primero, un debate serio y profundo sobre si la inhabilitación de servidores públicos debe aumentarse, en algunos casos, de veinte años a permanente; segundo, si acordamos que así deba ser, la decisión pública acerca de si la inhabilitación permanente o definitiva es un camino sancionador solamente para hechos de corrupción o también para otras conductas delictivas, y, finalmente, el ejercicio efectivo de las y los legisladores como defensores de la Constitución.

Diputado propone 10 años de cárcel para árbitros vendidos

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El diputado federal y también presidente de la Comisión del Deporte, Ernesto D’Alessio, propuso una iniciativa para imponer un castigo de 5 a 10 años de prisión; además de una multa de entre 84 mil 490 y 253 mil 470 pesos a quien incurra en el fraude deportivo.

“Quien con el propósito de obtener un lucro económico o beneficio deportivo, ofrezca, prometa, coacciones, proponga, invite, pague, obsequie, entregue un beneficio económico o en especia a atletas, árbitros, auxiliares técnicos, directores deportivos, entrenadores, jueces deportivos, médicos, vicepresidentes, administradores de entidades deportivas, directores del deporte municipal, estatal o federal, presidente de clubes o federaciones deportivas con el objetivo de alterar, modificar, arreglar, cambiar o varias resultados deportivos en competencias de carácter profesional o amateur”, dice la iniciativa presentada por el morenista con el objetivo de reformar el Código Penal Federal.

En la propuesta, D’Alessio también plantea que se sancione a quien oculte, encubra o pretenda encubrir actos de corrupción en la modificación de resultados deportivos.

“El que se encarga de organizar el acto de corrupción, busca a algún jugador o miembro del cuerpo técnico, dispuesto a ganar dinero a cambio de que se garantice la derrota en un partido específico, pero esto no es una regla, pues a veces es más sencillo y eficiente comprar al árbitro que a un grupo de personas para negociar la participación en una estadística como es cometer tiros de esquina o tiros penal”, dijo el legislador en el Pleno de San Lázaro.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

Diputados aprueban topar salarios de funcionarios

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Con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención diputados avalaron en lo general la Ley de Remuneraciones que establece que ningún funcionario ganará más que el Presidente y la reducción de salario a burócratas.

Con esta norma se sustentará la reducción en el sector público que planea hacer el Gobierno de López Obrador a partir del 1 de diciembre.

Los artículos del 1 al 17 de la Ley, dos del Código Penal Federal y los dos primeros transitorios del proyecto de decreto fueron reservados antes de la votación en lo general.

El proyecto de Ley fue aprobado en el Senado en noviembre de 2011 y desde entonces quedó congelada su discusión en San Lázaro hasta este jueves, con la dispensa de discusión previa en comisiones.

Durante la discusión, diputados del PVEM, PRI y PAN manifestaron su apoyo a la Ley, pero advirtieron falta de armonización y consecuencias en el servicio público, y, señalaron, presentarán reservas.

Por su parte, el diputado de MC, Tonatiuh Bravo, dijo que la Ley está en los compromisos de su bancada de combatir el derroche, aunque señaló que se deben corregir deficiencias.

El proyecto fue propuesto por el PRD en el sexenio de Felipe Calderón y su objetivo es regular las remuneraciones de los Servidores Públicos de los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos y demás entes públicos.

PAN denuncia a Miguel Riquelme ante la Fepade

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El diputado del PAN, Jorge López Martín, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que se investigue al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, por el presunto desvío de 600 millones de pesos en despensas que son entregadas con la condición de votar por el PRI.

A través de un comunicado, aseguró que la compra de votos se “oficializó” en la entidad, por lo que pidió a la dependencia investigar “con absoluta celeridad y exhaustividad”, de conformidad con lo que el establece el Código Penal Federal y el Marco Electoral vigente.

Según el denunciante, “el operativo” de entrega de despensas se gestiona en los 38 municipios de Coahuila por las autoridades del gobierno estatal y los dirigentes del PRI.

López Martín explicó que tiene testimonios documentados de personas que han sido “obligadas y amenazadas a entregar su credencial de elector so pena de retirarles los programas sociales, si no acreditan, mediante alguna fotografía, a través de su celular o algún testimonio de que sí, en efecto, votaron por el partido de la corrupción, que es el partido de Miguel Riquelme y que evidentemente es el Revolucionario Institucional“.

Por último, llamó al gobernador Riquelme “a que deje de seguir actuando de manera impune”.

Diputados federales aumentan penas de prisión y elevan a delito federal el robo a autotransporte

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Monterrey (29 de noviembre de 2017).- Diputados Federales aprueban por unanimidad la iniciativa para elevar la pena de prisión y a delito federal, el robo de autotransporte.

Daniel Torres Cantú, diputado federal sin partido, en conjunto con otras siete iniciativas que fueron agregadas para hacer un solo dictamen, hicieron una reforma al Código Penal Federal en el cual se aprueba por unanimidad de votos, que se aumente la pena de prisión y se eleve a delito federal el robo de auto transporte ya sea de carga, de pasajeros, turismo o transporte privado.

En un comunicado de prensa emitido por parte de Torres Cantú, se menciona que la pena de prisión aumentara  de 6 a 12 años a quien cometa el delito de robo de autotransporte.

De 2 a 7 años cuando se trate de robo de equipaje, o artículos de valor de turistas o pasajeros.

También aumentara la pena de prisión cuando exista el apoderamiento de un remolque o semiremolque que sea utilizado en el acto.

En el comunicado se menciona que también aumentará a pena cuando a sabiendas de sus funciones el servidor público, cometa o participe en el robo y este tenga o desempeñe funciones de prevención, investigación persecución del delito o ejecución penal, el cual se inhabilitara para desempeñar su cargo o comisión publica por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.