SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

Diputados aprueban topar salarios de funcionarios

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Con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención diputados avalaron en lo general la Ley de Remuneraciones que establece que ningún funcionario ganará más que el Presidente y la reducción de salario a burócratas.

Con esta norma se sustentará la reducción en el sector público que planea hacer el Gobierno de López Obrador a partir del 1 de diciembre.

Los artículos del 1 al 17 de la Ley, dos del Código Penal Federal y los dos primeros transitorios del proyecto de decreto fueron reservados antes de la votación en lo general.

El proyecto de Ley fue aprobado en el Senado en noviembre de 2011 y desde entonces quedó congelada su discusión en San Lázaro hasta este jueves, con la dispensa de discusión previa en comisiones.

Durante la discusión, diputados del PVEM, PRI y PAN manifestaron su apoyo a la Ley, pero advirtieron falta de armonización y consecuencias en el servicio público, y, señalaron, presentarán reservas.

Por su parte, el diputado de MC, Tonatiuh Bravo, dijo que la Ley está en los compromisos de su bancada de combatir el derroche, aunque señaló que se deben corregir deficiencias.

El proyecto fue propuesto por el PRD en el sexenio de Felipe Calderón y su objetivo es regular las remuneraciones de los Servidores Públicos de los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos y demás entes públicos.

PAN denuncia a Miguel Riquelme ante la Fepade

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El diputado del PAN, Jorge López Martín, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que se investigue al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, por el presunto desvío de 600 millones de pesos en despensas que son entregadas con la condición de votar por el PRI.

A través de un comunicado, aseguró que la compra de votos se “oficializó” en la entidad, por lo que pidió a la dependencia investigar “con absoluta celeridad y exhaustividad”, de conformidad con lo que el establece el Código Penal Federal y el Marco Electoral vigente.

Según el denunciante, “el operativo” de entrega de despensas se gestiona en los 38 municipios de Coahuila por las autoridades del gobierno estatal y los dirigentes del PRI.

López Martín explicó que tiene testimonios documentados de personas que han sido “obligadas y amenazadas a entregar su credencial de elector so pena de retirarles los programas sociales, si no acreditan, mediante alguna fotografía, a través de su celular o algún testimonio de que sí, en efecto, votaron por el partido de la corrupción, que es el partido de Miguel Riquelme y que evidentemente es el Revolucionario Institucional“.

Por último, llamó al gobernador Riquelme “a que deje de seguir actuando de manera impune”.

Diputados federales aumentan penas de prisión y elevan a delito federal el robo a autotransporte

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Monterrey (29 de noviembre de 2017).- Diputados Federales aprueban por unanimidad la iniciativa para elevar la pena de prisión y a delito federal, el robo de autotransporte.

Daniel Torres Cantú, diputado federal sin partido, en conjunto con otras siete iniciativas que fueron agregadas para hacer un solo dictamen, hicieron una reforma al Código Penal Federal en el cual se aprueba por unanimidad de votos, que se aumente la pena de prisión y se eleve a delito federal el robo de auto transporte ya sea de carga, de pasajeros, turismo o transporte privado.

En un comunicado de prensa emitido por parte de Torres Cantú, se menciona que la pena de prisión aumentara  de 6 a 12 años a quien cometa el delito de robo de autotransporte.

De 2 a 7 años cuando se trate de robo de equipaje, o artículos de valor de turistas o pasajeros.

También aumentara la pena de prisión cuando exista el apoderamiento de un remolque o semiremolque que sea utilizado en el acto.

En el comunicado se menciona que también aumentará a pena cuando a sabiendas de sus funciones el servidor público, cometa o participe en el robo y este tenga o desempeñe funciones de prevención, investigación persecución del delito o ejecución penal, el cual se inhabilitara para desempeñar su cargo o comisión publica por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.