Consejero del INE defiende el financiamiento a los partidos políticos

Monterrey (11 de octubre 2017).- El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, considera que el financiamiento publico a los partidos políticos, si construye un “incentivo perverso”, pero que renunciar a el no es la mejor opción.

Comento durante su participación en el foro “Política y elecciones en México: cuatro décadas de logros y desafíos”, con propósito de la reforma política de 1977, donde señalo que hay que repensar el esquema de financiamiento, llevado acabo en la Facultad de Derecho de la UNAM.

“Una cosa es racionalizar el dinero que la sociedad invierte a la política y otra es renunciar al mismo y con ello perder lo que hace 40 años se buscó conseguir”, dijo Córdova Vianello.

Considero que el sistema electoral es perfectible, y que hay tiempos para ello y sobre todo, la perspectiva con la que se están dado los cambios que tienen que hacerse.

“Tienen que seguir tres ejes; la consolidación, el fortalecimiento y la evolución del sistema electoral, no su involución”, mencionó.

#RoboComoGraco se vuelve tendencia en redes sociales tras denuncias

Las denuncias son constantes contra Graco Ramírez, gobernador de Morelos por bloquear o condicionar la distribución de la ayuda hacía personas afectadas por el sismo que sacudió al centro y sur del país el pasado 19 de septiembre.

En redes sociales ha estado circulando un video donde se observa dos tráileres con ayuda hacia Morelos, pero estos se encuentran escoltados por la Policía del Mando Único y estos son llevados a la bodega del Sistema DIF, dejando en claro el bloqueo impuesto por el gobierno de Graco Ramírez.

Una de las personas que conduce el convoy asegura que la intención era entregar esa ayuda directamente a quienes la necesitan en las comunidades, sin embargo, dice, la policía los obligó a entrar a la capital y estacionarse frente a la bodega del DIF.

“Nos acaban de decir que por órdenes superiores de la directora del DIF de aquí de Morelos no podemos irnos de aquí y pues, bueno, nos tienen atados. Estamos en una zona que no conocemos, aunque ya sabemos cómo se mueve el tejemaneje de esta zona, supongo”.

Ante la incongruencia del gobierno, cientos de ciudadanos se dieron a la tarea de acudir a la zona del DIF para así exigir el traslado de los víveres, tal demanda permitió que otros camiones salieran con la ayuda proveniente de diferentes partes del país, logrando así llevar la ayuda a las zonas siniestradas.

Según voluntarios que acudieron al DIF para recibir las donaciones, la bodega se encuentra llena de productos, víveres, agua potable, y el argumento para no distribuirlos “es que no tenemos bolsas”.

Distintas fuentes han señalado que en los municipios de Tétela del Volcán y Ocuituco, en las faldas del Popocatépetl; Jantetelco, Tepalcingo, Axochiapan, Jonacatepec y Ayala, en la zona oriente; Xochitepec, Tetecala, Miacatlán y Tlaltizapán, en la zona sur-poniente, así como en la capital, la gente afectada pide víveres, cobijas, ropa, medicamentos, pañales “y muchas manos” para retirar escombros.

En esta ciudad, organizaciones civiles denunciaron que el gobierno del estado impide la distribución de la ayuda o la distribuye con base en criterios político-partidistas.

En la zona sur del estado de Morelos, muchas personas aseguran que la ayuda sólo se entrega a las familias previa solicitud de credencial de elector, esto con el pretexto que se ocupa revisar el domicilio del individuo.

En los centros de acopio las familias hacen filas hasta de una hora para poder recibir un paquete con algunos granos, o bolsas de pañales, papel higiénico, toallas sanitarias.

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco, condenó “el uso político” que el gobierno estatal le ha dado al sismo “de manera alevosa” en contra de su pueblo.

Otro video que también se viralizo, muestra que Policías de Morelos, retienen dos camiones procedentes de la ciudad de Monterrey, junto con las unidades detienen a cuatro personas también regiomontanas.

El costo de la democracia en México

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará un presupuesto de 25.4 mil millones de pesos para el año 2018, según Ciro Murayama, consejero presidente de su Comisión Temporal de Presupuesto “México vivirá la elección más grande de su historia, porque van a concurrir tres elecciones federales y 30 procesos locales”; la suma tendría que ponderarse porque no es menor si se considera que el presupuesto íntegro en 2017 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue de 69 mil 408 millones; de SEMARNAT 35 mil 978 millones; de CONACYT 26 mil 963 millones y de la SEMAR 26 mil 336 millones. Es decir, el presupuesto del INE para el proceso electoral de 2018 es equiparable a los recursos que se destinan a los gastos de inversión y operación de la Marina Armada de México así como a los salarios de todos los marinos del país en un año.

Indican las autoridades electorales que 18 mil millones serán para gasto operativo del instituto y 6 mil millones para el financiamiento de los partidos políticos. Estas cifras, dicen también,  que es en proporción el mismo que se aplicó en los años 2000, 2006 y 2012 en tanto que instituciones encargadas de regular los comicios electorales empleaban el 0.35% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); si se sigue esa declaración en futuras elecciones habrá más y más gastos, y sobra decir que no se traducen en mayor confianza para la democracia o en una mejoría en su calidad; habría de señalarse que tal proporción es equívoca: es hasta mediocre argumentar una relación lineal entre gasto público y gasto electoral.

En los últimos años el INE registra una disminución en la confianza pública. Los resultados de una encuesta del periódico Reforma revelaron que el 60% de los ciudadanos consideran que el INE no está preparado para organizar las elecciones federales y el 55% estima que el Instituto es poco independiente respecto al gobierno.  Ha de decirse que en todo caso el INE actúa de ese modo porque la ley así lo establece, aunque poco ha hecho para reducir costos de operación, salarios y otros gastos. Varios de  sus Consejeros pasaron del cubículo y de escribir libros a una responsabilidad nacional, algunos sin ninguna experiencia de mediano nivel en la administración pública, se les nota a la defensiva y sin saber qué hacer.

Tomando otros indicadores como referencia puede analizarse la situación que atraviesa la democracia mexicana; de acuerdo con Latinobarómetro el 49% de los encuestados respondió de manera positiva respecto al apoyo a la democracia: 49% de los encuestados considera que es preferible la democracia a otros sistemas políticos, y para 51 por ciento no es así, este dato es preocupante  para una democracia que se gasta 25 mil millones.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova señaló en un foro en la UNAM que el INE tuvo responsabilidad al no diseñar una estrategia adecuada para informar a la ciudadanía sobre temas electorales y las propias atribuciones del INE, pero sí presupuestó en 2017 para su Coordinación de Comunicación Social 68 millones de pesos. Eso se llama incompetencia en cualquier parte. Sería sano que los partidos políticos y los Consejeros acordaran reducir el gasto de los partidos por lo menos en años no electorales, pactar una renuncia en bloque del Consejo del INE, reducir el costo operativo del instituto, y designar Consejeros con capacidad administrativa y operativa, gente sobra,  aunque no salgan en la tele.

Si bien el INE precisa recursos para sufragar los costos por organizar elecciones estatales, federales y fiscalización. Lo cierto es, que en un país con 50 millones de personas en la pobreza, donde se hicieron ajustes a todas las Secretarías de Estado Federales, donde la Secretaría de Hacienda generó un presupuesto base cero para revisar los éxitos que tienen los programas y con esa base asignar recursos, habría que preguntarse sobre la ética pública de solicitar los recursos que pide el INE, así como  la propia ley y los resultados que se tienen. Porque si bien hoy no sabemos quién ganará la próxima elección, podemos estar seguros que 25 mil millones después alguien alzará la voz alegando desconfianza en el actuar del Instituto Nacional Electoral.

Periodista Venezolano acusa a Embajadora de su país de Participar en Evento de Morena

En entrevista con Noticias MVS con Luis Cárdenas, el periodista venezolano, Juan Carlos Aguirre, acuso a la embajadora de Venezuela en nuestro país, Maria de Lourdes Urbaneja, de participar en eventos públicos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante la entrevista con el periodista mexicano, Aguirre dijo que la embajadora venezolana era una representante del chavismo haciendo política, puesto que participaba en un evento para buscar influir en la opinión pública.

El periodista venezolano comento que vio a Lourdes Urbaneja en un evento en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también participo la Secretaria General de Morena, Yeidckol Polvensky, misma que culpo a la oposición de lo que sucede en Venezuela y contaba con el apoyo de la embajadora venezolana.

Por último, Aguirre aclaro que hay venezolanos luchando por la libertad de Venezuela y aclaro que el discurso populista de hace 18 años que llevo a Hugo Chávez al poder, era completamente distinto al de algunos candidatos en México.

Con información de Noticias MVS.

Hoja de Ruta: “Riesgo de Ruptura Tiempo-Espacio”




Pocos lo saben, pero hace poco más de un mes hubo un grave riesgo de fractura en la continuidad tiempo-espacio de la dimensión que habitamos los mexicanos. El escenario: el 88 aniversario del PRI. El orador (y probable disruptor de nuestra curvatura): el presidente EPN. La frase: “la oposición no está lista para ser gobierno”.

Aunque no se ha podido confirmar, existen fuertes rumores de que mientras el mandatario sacaba de su cósmico pecho tan atronadoras palabras, se afectó la gravedad de la sala (se vieron flotar por microsegundos vasos, saleros y chalecos rojos), se presentaron extraños destellos que dibujaron por un instante algo similar a un portal (se presume que a una dimensión paralela donde el INE se mantuvo ciudadanizado) y una inexplicable sensación de deja-vú colectivo entre la multitud de asistentes, donde una fuente que prefirió omitir su nombre dijo haber sentido “como si me hubieran flasheado con el aparatito de Men in Black”.

No conforme con el alto riesgo de fractura temporal provocado por su primera frase, el líder del partidazo continuó: “Hoy nuevamente hay riesgos de retroceso. Al igual que hace seis años, están resurgiendo las amenazas que representan la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica”.

Para ese momento, entre el público y el presidium hubo una momentánea visión de criaturas que solo podrían ser equiparadas al horror cósmico de H.P. Lovecraft: colores que venían del espacio exterior, monstruos de tentáculos inmensos y ojos infinitos flotando entre el caos estelar. Trascendió que uno de los asistentes subió un video a YouTube que daba fe de los increíbles sucesos.

Lamentablemente, el video fue bajado apenas minutos después desde un servidor asociado al CISEN. El investigador Jaime Maussan señaló que jamás había visto un riesgo tan alto de provocar una fractura temporal y un desastre entre los multi-versos.

Según el experto en fenómenos paranormales, el episodio habría sido provocado por la paradoja creada por un presidente emanado del PRI diciendo en el presente lo que sus predecesores sostuvieron por décadas, generando una suerte de paradoja cósmica. Denunció también que el estado mayor presidencial entregó las pocas pruebas existentes a la NASA ante el interés del presidente Trump de conocer otras realidades donde sus declaraciones sean ciertas.

Todavía anoche se vio a personal del Instituto de Astronomía de la UNAM en la sede nacional del PRI revisando detectores de partículas con la esperanza de encontrar evidencias de la discrepancia. Un connotado científico que pidió omitir su identidad advirtió a la población mexicana mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos episodios: “podríamos, sin siquiera darnos cuenta, quedar atrapados en un bucle temporal, llegando a olvidar incluso que alguna vez tuvimos alternancia y que la transición a la democracia, aunque fracasada, se intentó”.




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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Trabajar por la honestidad en México

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

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Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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