Pide Monreal aplazar un mes más entrada en vigor de reforma a outsourcing

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Este martes el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sugirió realizar un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras del Congreso de la Unión el próximo 29 de agosto, con el fin de analizar la iniciativa que presentará, la cual consiste en ampliar el plazo de la entrada en vigor de la reforma que regula el outsourcing y que queda sin efectos el próximo 1 de agosto.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Monreal recordó que en los artículos transitorios de la reforma se establece, como fecha límite, el 1 de agosto, para la entrada en vigor de las reformas aprobadas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Con esta propuesta, busca aplazar un mes que las empresas regularicen a sus trabajadores que estaban contratados por outsourcing, incluso que les den seguridad social, así como el aplazamiento para que las empresas registren servicios especializados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de subcontratación.

«Estamos a poco menos de dos semanas del plazo establecido en el artículo primero transitorio de dicho decreto, para que pueda entrar en vigor algunas acciones referidas en los artículos transitorios cuarto, quinto y sexto; y así permitir la ejecución y la concretización de las modificaciones aprobadas por el Legislativo, las cuales hasta este momento, estimo, no se han logrado implementar en su totalidad», dijo.

Finalmente, Monreal Ávila expuso que después de escuchar a los diversos sectores en la materia, es conveniente  proponer una iniciativa que amplíe el plazo del uno de agosto a septiembre, y con ello permitir una mejor ejecución de las medidas que contiene la reforma sobre subcontratación.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Repensar el sistema laboral mexicano

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Uno de los pendientes más importantes en el desarrollo de México tiene que ver con el sistema laboral. Este ha sido un sistema injusto e ineficiente que, en lugar de contribuir en la movilidad social de las y los mexicanos, ha acrecentado las desigualdades socioeconómicas de la sociedad. 

Este es un debate que cobra relevancia en el marco de la reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la regulación del outsourcing. Esta es una propuesta que surge a partir de las preocupaciones del gobierno federal sobre los efectos perversos que ha provocado la subcontratación en el mercado laboral mexicano, como por ejemplo las reducciones en los beneficios de seguridad social de las y los trabajadores (afectando las pensiones, los fondos de vivienda y las licencias de maternidad e incapacidad, así como reduciendo las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos) [1]. 

El problema de la subcontratación se inserta dentro de otro más grande y grave, que es el de la precarización laboral. Este es un fenómeno que se puede entender a partir del esfuerzo que hacen muchas empresas por reducir sus costos salariales. Sin embargo, este esfuerzo empresarial se vuelve problemático cuando termina afectando el bienestar de las y los trabajadores, pues no se les registra formalmente en la seguridad social, o simplemente les reducen los salarios para, así, pagar las cuotas, lo cual significa que estos terminan pagando indirectamente su seguridad social [2] [3].  

Este escenario de precarización laboral, empleos informales, subcontratación, etc., nos coloca en una situación crítica que se materializa en menores oportunidades de condiciones socioeconómicas mínimas, que garanticen vidas dignas de las y los trabajadores y sus familias. Asimismo, esta precarización laboral tiene efectos devastadores para el desarrollo de nuestro país debido a que representa un factor determinante de la pobreza [4]. 

Es por eso por lo que se debe repensar el actual sistema laboral mexicano. Quitar el outsourcing tal vez ayude a reducir las practicas de flexibilización laboral que tanto han vulnerado y desprotegido a muchas y muchos trabajadores. No obstante, lo que se necesita es un cambio más estructural y profundo que haga de la seguridad social un derecho universal y accesible al cual no se le saque la vuelta para reducir costos salariales, así como uno donde se priorice a las y los trabajadores y no solamente, como se ha hecho hasta ahora, la “competitividad empresarial”. 

Si la 4T realmente busca lograr una transformación significativa que haga de México un país justo y equitativo, socioeconómicamente hablando, se debe pensar en una reforma laboral integral que modifique los actuales mecanismos que hacen que la seguridad social no sea accesible para todas y todos los mexicanos, económicamente activos, y promueva una dignificación del empleo y la fuerza laboral, lo cual incluya, tal vez, regulaciones en la subcontratación, como lo que actualmente se está proponiendo. 

El pasado 18 de noviembre se lanzó la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral, promovida por el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 8 estados de la república mexicana. Hay que estar al pendiente de esta reforma y analizar su contenido para saber si va en la dirección correcta. Estamos en tiempos de cambio y no hay mejores cambios, que le harían tanto bien a México, que aquellos que tengan que ver con el sistema laboral mexicano. 

Instagram/Twitter @toniuniversal 

[1] Animal Político (2020). AMLO presenta iniciativa para regular outsourcing; pide sancionar subcontratación con cárcel. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2020/11/amlo-iniciativa-outsourcing-prohibe-subcontratacion/ 

[2] Ramírez López, B.P. (2019) El binomio formalidad/informalidad en el mercado de trabajo mexicano. Equidad y Desarrollo, (33), pp.89-103. https://doi.org/10.19052/eq.voll.iss33.5

[3] Ríos, V. (2020). Más dañino que el “outsourcing“. Expansión Política. Recuperado de https://politica.expansion.mx/voces/2020/11/16/viri-rios-mas-danino-que-el-outsourcing 

[4] Martínez-Licerio, K.A., Marroquín-Arreola, J. y Ríos-Bolívar, H. (2019). Precarización laboral y pobreza en México. Análisis Económico, 34, (86), pp. 113-131, ISSN:0185-3937.

Gobierno ofrece memorial e indemnización a familiares de víctimas de la mina Pasta de Conchos

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El Gobierno federal planteó a los familiares de los mineros que quedaron sepultados en la mina de carbón de Pasta de Conchos en 2006 la edificación de un memorial y una indemnización a cada una de las familias de hasta 3.7 millones de pesos.

Así lo informó la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, quien aseguró que serán los afectados quienes decidirán si se continúa o no con el rescate de los restos.

De acuerdo con Alcalde Luján, este lunes, en la reunión que sostuvieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los familiares de las víctimas recibieron la propuesta y se les planteó regresar a la Ciudad de México dentro de 15 días, el 14 de septiembre, para dar a conocer su decisión.

“Se plantearon varias alternativas y tendremos información el 14 de septiembre, por lo pronto que las familias pueden platicar las alternativas”, expuso la funcionaria, quien además garantizó que la indemnización no excluye el rescate.

Señaló que otra alternativa es que se construya un memorial donde está la mina y que se dé la indemnización a las familias.

“Después de varios meses de hacer todos los exámenes de gas, de agua, de condiciones, se estableció más o menos plazos y costos del rescate. Con esta información de manera transparente es que se presenta a las familias la posibilidad de que ellos decidan si continuamos con esa vía (rescate) o hay una alternativa para que ahí podamos hacer un memorial para que nunca se olvidé lo que sucedió y también que podamos proceder con la indemnización, la indemnización no excluye lo otro, no es una u otra”, dijo.

La funcionaria afirmó que de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, el rescate de los restos de 63 mineros llevaría al menos cuatro años y costaría aproximadamente mil 700 millones de pesos.

Por su parte, el Presidente López Obrador dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que tras la reunión se acordó cumplir con el compromiso de rescatar los cuerpos o de analizar otras opciones para hacer justicia ellos decidirán; ojalá sea por consenso”, afirmó.

(Fuente: El Mañanero Diario)

“Gran Confinamiento” dejará 3 millones de desempleados en México: FMI

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En México, 3 millones de personas quedarán sin empleo tanto en el sector formal como en el informal, lo cual representará el mayor volumen de desocupados en la historia del país, según cálculos basados a partir de los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo internacional anticipa que la población que saldrá a buscar empleo y no tendrá éxito va a representar 5.3 por ciento de la fuerza laboral del país durante 2020.

Por lo que esa tasa equivale a más de 3 millones de personas desocupadas, considerando que la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 57 millones en 2019, la cual sube cada año a consecuencia del crecimiento demográfico y las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En este escenario, significará un millón de personas desempleadas adicionales, respecto al 2019.

El récord anterior se registró en 2010, cuando se contabilizaron 2.6 millones de mexicanos sin empleo, ese año, la economía se recuperaba de una recesión de 5.3 por ciento en 2009, provocada por la crisis hipotecaria que se detonó en Estados Unidos.

El FMI calcula que la producción nacional se va a desplomar 6.6 por ciento, lo cual sería la peor contracción desde la Gran Depresión, hace 90 años.

Este confinamiento ya provocó la pérdida de 347 mil puestos de trabajo formales entre el 13 de marzo y el 06 de abril, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Hace unos días, el consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que entre 800 mil y un millón de personas se quedarán sin empleo este año si no hay medidas ambiciosas por parte del gobierno ante la contingencia económica.

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estimó una pérdida de hasta 1.5 millones de empleos formales.

Sin embargo, seis de cada 10 mexicanos que están ocupados en el país laboran en negocios informales o sin un vínculo reconocido, los cuales sumaron 31.3 millones de personas el año pasado, de acuerdo al INEGI.

El Gran Confinamiento (como lo ha denominado el FMI), también va a dejar sin empleo a miles de personas en la informalidad, porque este sector depende del funcionamiento de la economía formal, advierte José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Anticipa que “entre 500 mil y 600 mil empleos se van a perder en la informalidad, dado que muchos micronegocios dependen de sus ventas al sector formal”.

De la Cruz recomienda que en este momento el gobierno debe actuar “es sus tres niveles, porque el confinamiento va a generar un daño al mercado laboral que involucrará a millones de personas”.

Y advierte que las miles de familias que caigan en la pobreza, buscarán en primera instancia subsistir con trabajos honestos pero mal pagados, pero esta condición será un incentivo para que muchas personas cometan actividades ilegales.

(Fuente: El Mañanero Diario)