Pide Monreal aplazar un mes más entrada en vigor de reforma a outsourcing

Comparte este artículo:

Este martes el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sugirió realizar un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras del Congreso de la Unión el próximo 29 de agosto, con el fin de analizar la iniciativa que presentará, la cual consiste en ampliar el plazo de la entrada en vigor de la reforma que regula el outsourcing y que queda sin efectos el próximo 1 de agosto.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Monreal recordó que en los artículos transitorios de la reforma se establece, como fecha límite, el 1 de agosto, para la entrada en vigor de las reformas aprobadas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Con esta propuesta, busca aplazar un mes que las empresas regularicen a sus trabajadores que estaban contratados por outsourcing, incluso que les den seguridad social, así como el aplazamiento para que las empresas registren servicios especializados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de subcontratación.

«Estamos a poco menos de dos semanas del plazo establecido en el artículo primero transitorio de dicho decreto, para que pueda entrar en vigor algunas acciones referidas en los artículos transitorios cuarto, quinto y sexto; y así permitir la ejecución y la concretización de las modificaciones aprobadas por el Legislativo, las cuales hasta este momento, estimo, no se han logrado implementar en su totalidad», dijo.

Finalmente, Monreal Ávila expuso que después de escuchar a los diversos sectores en la materia, es conveniente  proponer una iniciativa que amplíe el plazo del uno de agosto a septiembre, y con ello permitir una mejor ejecución de las medidas que contiene la reforma sobre subcontratación.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Acuerdo sobre outsourcing divide a la IP

Comparte este artículo:

A través de un comunicado en conjunto, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Nacional Agropecuario y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, manifestaron su desacuerdo con lo tratado entre el gobierno federal, los sindicatos y algunos empresarios, con el fin de eliminar la figura del outsourcing.

“Canacintra, CNA y Coparmex declaran que la iniciativa del Ejecutivo federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas. Su aprobación en estos términos dañaría además seriamente a la competitividad del País y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas”, expresaron.

A su vez, destacaron que el incumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales se ha dado debido a la falta de supervisión por parte de organismos como el SAT, Infonavit, IMSS y la Secretaría del Trabajo.

“La responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización. Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría”, señalaron los empresarios.

Por ultimo, señalaron que están a favor de un diálogo y regulación para el beneficio de los trabajadores, pero no de eliminar a los modelos de subcontratación.

“Esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y desde luego, la creación de más y mejores empleos, de tal manera que los trabajadores contratados bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus derechos”, formularon.

Con información de: “Reforma”. 

Llegan IP y Gobierno a un acuerdo sobre outsourcing

Comparte este artículo:

Durante la mañanera del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma del acuerdo entre el gobierno, los sindicatos y la iniciativa privada para dar inicio, de forma inmediata, a la regulación de los trabajadores empleados por medio de subcontrataciones/outsourcing.

Debido a que distintos empresarios solicitaron un plazo de tiempo para realizar los cambios pertinentes, el presidente solicitó que el congreso aplace los debates sobre la iniciativa hasta febrero del próximo año. A su vez, una vez iniciada la discusión, se catalogará como preferente y será aprobada en menos de 30 días.

Del diálogo entre el gobierno federal y el sector privado se hicieron cuatro acuerdos:

  • Regularizar a los trabajadores empleados por medio de subcontrataciones y resolver los abusos que ella conlleva.
  • Resolver el esquema del reparto de utilidades.
  • Iniciar el proceso de discusión parlamentaria en febrero 2021.
  • Fomentar prácticas integras dentro de las empresas y sus nóminas.

“Hay acuerdo es que no debe existir esta subcontratación de manera discrecional sin límites y que se debe evitar el abuso que se ha hecho. Eso se logró en el acuerdo con los empresarios, quienes como lo dijeron no defienden a quienes hacen mal uso de la subcontratación que afecta a los trabajadores, sino están porque se resuelva este asunto”, expresó el presidente.

Con información de:”El Economista”. 

“No jodan”, dijo CCE a gobierno por desaparición del outsourcing

Comparte este artículo:

Esta mañana, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que el gobierno no debe joder a la iniciativa privada y a las empresas con la desaparición del out e insourcing.

En vez de quitar las manzanas podridas, va a quitar el árbol y nos quedamos sin nada”, aseguró el empresario en conferencia de prensa, quien ha sostenido un diálogo con el presidente de la República y Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). El exdirector de Femsa aseguró que: “Lo que está intentando la autoridad (con la desaparición del outsourcing) es tumbar los árboles y dices ‘no jodan’“.

Salazar Lomelín afirmó que los empresarios pueden hacer política pública y no dejarla a los políticos. Al final, según argumenta, los intereses de los políticos son de muy corto plazo o no tienen un análisis profundo de las consecuencias que tienen las actividades como el outsourcing e insourcing. Los cuales, dijo, son “un maravilloso ejemplo de cómo un esquema que puede ser muy positiva, pues tiene consecuencias desastrosas para la economía (si desaparecen) como hemos tratado e intentado hacerle ver a las autoridades“.

Diversos representantes de la iniciativa privada se declararon en sesión permanente para revisar la iniciativa para eliminar el outsourcing desde noviembre.

Con información de Forbes

Carlos Salazar Lomelín, presidente de CCE, asegura que sanciones por outsourcing no preocupan

Comparte este artículo:

Esta mañana, Carlos Salazar, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, durante su intervención en la conferencia de prensa matutina del presidente de la República, dijo que, mientras se cumpla con la ley, no precupan las sanciones previstas en la iniciativa sobre outsourcing del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que: “Yo siempre he dicho que las personas que cumplen y cumplimos con la ley no se tienen que preocupar por las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que pudiera llevar a las personas hasta cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final el 99.99 por ciento cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones“.

No obstante, Lomelí comentó que lo que realmente les preocupa son las causas que podrían detonar las sanciones y que si alguien no cumple con la ley, serán los primeros en pedir que el responsable sea castigado.

Finalizó su intervención comentando que: “De lo que nos tenemos que asegurar es qué detona una determinada función y si alguien no cumple con la ley nosotros somos los primeros en pedir que la persona sea castigada porque nos afecta a todos, nos afecta a la sociedad en su conjunto“.

Con información de El Norte

Pone Gobierno de México freno a veto a outsourcing

Comparte este artículo:

Tras semanas de críticas y reclamos por parte de la Iniciativa Privada y organismos, el Gobierno de México estaría dispuesto a eliminar la criminalización de outsourcing y alargar el periodo de transición a empresas que tengan que cambiar sistemas de contratación laboral. Incluso podría acceder a no prohibir el outsourcing y sólo regularlo, siempre y cuando no se asocie a prácticas financiera y laborales ilegales, según comentaron fuentes oficiales.

Cabe mencionar que representantes empresariales y del Gobierno federal sostuvieron una reunión anoche en Palacio Nacional, y pactaron una mesa para revisar las posibles modificaciones a la propuesta oficial, que contempla considerar como crimen organizado la práctica ilegal del outsourcing.

Las mismas fuentes, dice el periódico Reforma, reiteraron que el Gobierno estaría dispuesto a flexibilizar la propuesta y evitar los articulados que criminalizan la práctica.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró la posibilidad de modificar la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados para regular la subcontratación de empleados a través de terceros, conocida como outsourcing.

“Estamos haciendo la revisión, para que no se den estas irregularidades, para decirlo amablemente, porque van en contra de los trabajadores, además, como autoridad, dándonos cuenta que estañan utilizando estas maniobras”, expresó López Obrador en #LaMañanera.

El mandatario consideró que los empresarios deberían probar que los usos que se dan a la figura de outsourcing no se convierten en abusos contra los trabajadores.

“Sí, sí se puede modificar la iniciativa, pero tiene que probar de que no es esto abusivo”, señaló.

Cabe recordar que industriales y expertos lanzaron distintas advertencias sobre el contenido de la iniciativa como, por ejemplo, que volverá burocráticas las contrataciones, que inhibirá la creación de nuevos empleos y que restará competitividad a las empresas.

La IP solicitó ayer a la Cámara de Diputados no prohibir el outsourcing, sino sancionar a las empresas que realizan malas prácticas, además, demandó alargar el periodo de transición de una eventual reforma hasta el 2022.

(Con información de Grupo Reforma)

Repensar el sistema laboral mexicano

Comparte este artículo:

Uno de los pendientes más importantes en el desarrollo de México tiene que ver con el sistema laboral. Este ha sido un sistema injusto e ineficiente que, en lugar de contribuir en la movilidad social de las y los mexicanos, ha acrecentado las desigualdades socioeconómicas de la sociedad. 

Este es un debate que cobra relevancia en el marco de la reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la regulación del outsourcing. Esta es una propuesta que surge a partir de las preocupaciones del gobierno federal sobre los efectos perversos que ha provocado la subcontratación en el mercado laboral mexicano, como por ejemplo las reducciones en los beneficios de seguridad social de las y los trabajadores (afectando las pensiones, los fondos de vivienda y las licencias de maternidad e incapacidad, así como reduciendo las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos) [1]. 

El problema de la subcontratación se inserta dentro de otro más grande y grave, que es el de la precarización laboral. Este es un fenómeno que se puede entender a partir del esfuerzo que hacen muchas empresas por reducir sus costos salariales. Sin embargo, este esfuerzo empresarial se vuelve problemático cuando termina afectando el bienestar de las y los trabajadores, pues no se les registra formalmente en la seguridad social, o simplemente les reducen los salarios para, así, pagar las cuotas, lo cual significa que estos terminan pagando indirectamente su seguridad social [2] [3].  

Este escenario de precarización laboral, empleos informales, subcontratación, etc., nos coloca en una situación crítica que se materializa en menores oportunidades de condiciones socioeconómicas mínimas, que garanticen vidas dignas de las y los trabajadores y sus familias. Asimismo, esta precarización laboral tiene efectos devastadores para el desarrollo de nuestro país debido a que representa un factor determinante de la pobreza [4]. 

Es por eso por lo que se debe repensar el actual sistema laboral mexicano. Quitar el outsourcing tal vez ayude a reducir las practicas de flexibilización laboral que tanto han vulnerado y desprotegido a muchas y muchos trabajadores. No obstante, lo que se necesita es un cambio más estructural y profundo que haga de la seguridad social un derecho universal y accesible al cual no se le saque la vuelta para reducir costos salariales, así como uno donde se priorice a las y los trabajadores y no solamente, como se ha hecho hasta ahora, la “competitividad empresarial”. 

Si la 4T realmente busca lograr una transformación significativa que haga de México un país justo y equitativo, socioeconómicamente hablando, se debe pensar en una reforma laboral integral que modifique los actuales mecanismos que hacen que la seguridad social no sea accesible para todas y todos los mexicanos, económicamente activos, y promueva una dignificación del empleo y la fuerza laboral, lo cual incluya, tal vez, regulaciones en la subcontratación, como lo que actualmente se está proponiendo. 

El pasado 18 de noviembre se lanzó la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral, promovida por el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 8 estados de la república mexicana. Hay que estar al pendiente de esta reforma y analizar su contenido para saber si va en la dirección correcta. Estamos en tiempos de cambio y no hay mejores cambios, que le harían tanto bien a México, que aquellos que tengan que ver con el sistema laboral mexicano. 

Instagram/Twitter @toniuniversal 

[1] Animal Político (2020). AMLO presenta iniciativa para regular outsourcing; pide sancionar subcontratación con cárcel. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2020/11/amlo-iniciativa-outsourcing-prohibe-subcontratacion/ 

[2] Ramírez López, B.P. (2019) El binomio formalidad/informalidad en el mercado de trabajo mexicano. Equidad y Desarrollo, (33), pp.89-103. https://doi.org/10.19052/eq.voll.iss33.5

[3] Ríos, V. (2020). Más dañino que el “outsourcing“. Expansión Política. Recuperado de https://politica.expansion.mx/voces/2020/11/16/viri-rios-mas-danino-que-el-outsourcing 

[4] Martínez-Licerio, K.A., Marroquín-Arreola, J. y Ríos-Bolívar, H. (2019). Precarización laboral y pobreza en México. Análisis Económico, 34, (86), pp. 113-131, ISSN:0185-3937.

PAN y PRI rechazan criminalizar outsourcing

Comparte este artículo:

Después de que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador propusiera una iniciativa para criminalizar el outsourcing, las bancadas de los partidos Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional se manifestaron en contra; consideran que la medida tendría por consecuencia que muchos trabajadores cayeran en la informalidad.

“Sí creo que vas a expulsar a miles a la informalidad y vas a provocar un daño mayor que el que pretendes remediar. El Gobierno no va a recaudar más dinero, y estas personas no van a tener mejores condiciones laborales” expresó Gustavo Madero, miembro del Partido Acción Nacional.

A su vez, la senadora del PRI, Nuvia Mayorga, declaró “No podemos generalizar a todas las outsourcing que tenemos en nuestro País. Hay unas que hacen bien su trabajo; si bien existen algunas irregularidades, creo que se pueden corregir. El outsourcing hoy se usa en todo el mundo y no podemos generalizar (…) Hay que establecer reglas claras porque es algo que se usa mucho a nivel internacional, pero en México no es bueno enjuiciar a todas las empresas de outsourcing”.

Con información de: “Reforma”. 

Presenta AMLO iniciativa para extinguir outsourcing

Comparte este artículo:

Esta mañana, en conferencia de prensa matutina, el titular del ejecutivo presentó y firmó una iniciativa de ley para que pretende eliminar la subcontratación, también conocida como outsourcing, ya que dijo, se ha utilizado para hacer fraudes fiscales y limitar los derechos de los trabajadores.  Este mecanismo por el que están contratados alrededor de 4 millones 600 mil personas, sería eliminada al regular la contratación de personal, los servicios especializados y obras especializadas, así como las agencias de colocación.

Se explicó que la propuesta incluye modificaciones a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como al Código Fiscal. Por su parte, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dio a conocer que, de aprobarse la reforma, quedará prohibida la práctica consistente en la contratación de personas para que estas trabajen para una empresa en beneficio de otra.

Se destaca que dicho proyecto fue enviado ya al Congreso, e informó que: “Vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y, sobre todo, que afecta a los trabajadores porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales“.

Aseguró en el mismo sentido que este tipo de situación provoca despidos masivos a finales de año para no generar antigüedad. Por lo que reiteró que no se reconocen los derechos de los trabajadores como lo es el aguinaldo o el reparto de utilidades. Comentó que este mecanismo había sido creado para facilitar los trámites de contratación a las empresas, no obstante “se echó a perder“, asegura, debido a que existen despachos creados para estos procedimientos.

Desde Palacio Nacional, y previo a firmar el documento, afirmó: “Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia, de repente empiezan los despidos de miles de trabajadores. Hay empresas de este tipo que tienen hasta cien mil, 150 mil trabajadores. Vamos a presentar esta iniciativa de ley“.

Sostiene que: “Es un abuso, una ley que se creó aceptando sin conceder, para facilitar los trámites a las empresas, que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó“.

Con información de Milenio y Proceso

Javier de la Fuente denuncia amenazas a su persona

Comparte este artículo:

El secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Pedro, Javier de la Fuente García, calificó de falsas las supuestas acusaciones que se difundieron en un informe que revela que hace diez años un juez de Coahuila emitió dos órdenes de aprehensión.

El funcionario señaló que: “En relación a una información dada a conocer el día de hoy (ayer) en redes sociales, comunico que no existe en mi contra una orden de aprehensión y que nunca he sido detenido o sentenciado por delito alguno“.

De acuerdo a las fichas difundidas, De la Fuente fue acusado en el año 2006 por el delito de defraudación fiscal puesto que al ser director de la empresa General Hulla SA de CV, estaba implicado en ofrecer servicios de outsourcing a la mina de la Pasta de Conchos, en donde fallecieron 65 trabajadores el 2 de febrero de ese año.

Se comenta que las acusaciones vienen de parte de los familiares de los mineros, puesto que las autoridades fiscales reportaban que les pagaban $300 pesos diarios cuando solamente recibían $83; por lo que la acusación también señala a otro trabajador llamado Raymundo Gómez.

El documento, por lo tanto indica que “Javier de la Fuente García cuenta con dos averiguaciones previas por delitos federales en el estado de Coahuila“. Se indica que el juez Tercero de Distrito con sede en Piedras Negras inició la averiguación 333/2006/11 y el 13 de junio de 2007 liberó orden de aprehensión, pero nunca se ejecutó porque ganó un amparo; posteriormente el 23 de febrero de 2012 se emitió otra igual, pero tampoco fue detenido y prescribió en 2015.

De la Fuente reaccionó a esa información señalando que “difamación no nos va a detener” por lo que relacionó este documento con la ley en materia de desarrollo urbano que se está ejecutando, lo cual ha generado desde amenazas hasta agresiones en contra de servidores públicos. “Es notorio que existe una campaña para intentar detener el trabajo de esta dependencia, llegando incluso a las amenazas y las agresiones en contra de servidores públicos“, comentó.

Finalmente, el funcionario sampetrino aceptó que fue accionista de esa empresa que era de su padre, sin embargo no fue directivo ni empleado y advirtió que presentará una denuncia penal por la difamación.

Por lo que concluyó comentando que “Los accionistas de General de Hulla fueron sujetos a procedimientos por temas fiscales que derivaron en el pago de multas solventadas hace años.” Por lo que “ante las acusaciones infundadas e infamantes presentaré las denuncias correspondientes“, sentenció el funcionario.

Con información de El Horizonte