SCJN

Plantea la Suprema Corte ‘echar’ abajo procedimiento del Congreso para sancionar al ‘Bronco’

by Redacción
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el miércoles un proyecto que invalida el procedimiento del Congreso de Nuevo León para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, por las “broncofirmas” y plantea reiniciar el proceso para castigarlo.

El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara propuso a la Primera Sala declarar fundada la controversia constitucional que Rodríguez Calderón promovió en octubre del año pasado para impugnar las “reglas procesales” de la legislatura local para decidir su sanción.

Si el proyecto llega a ser aprobado por al menos tres de los cinco ministros de la Sala, el Congreso local tendría que empezar de cero un nuevo procedimiento contra el mandatario, que el proyecto indica que debe de ser vía un juicio político.

De acuerdo al proyecto, que puedes encontrar más abajo, se plantea todo un procedimiento alterno.

El proceso incluye remitir el asunto a la Cámara de Diputados como autoridad instructora, al Senado como el jurado que declararía la procedencia y luego al Congreso local para que inicie un juicio político. También se tendría que involucrar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado.

Cabe mencionar que la SCJN no revisará la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó una sanción por desvío de recursos para recabar firmar para la candidatura independiente de Rodríguez a la Presidencia, sino que se pronunciaría sobre los actos del poder legislativo local.

En caso que el proyecto de González Alcántara es desechado, la controversia será turnada a otro ministro, que presentará una nueva propuesta, algo que tomaría meses.

Mientras tanto, el gobernador de Nuevo León seguiría protegido por la suspensión que se le otorgó cuando la SCJN aceptó su controversia.

Proyecto SCJN del Bronco by Altavoz MX on Scribd

Ordena la SCJN suspensión de política de Sener que frena energías renovables

by Redacción
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la suspensión de las medidas de la política de confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía (Sener), la cual limita las energías renovables.

“Se concede la medida cautelar solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica, para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”, se lee en el documento.

Por otro lado, la SCJN indicó que tal suspensión puede revocarse o modificarse si se presente un recurso del Gobierno Federal ante tribunales.

La Cofece indicó que la medida violentaba los principios de competencia así como los de libre concurrencia que establecen los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, además de las leyes que se aplican en materia de electricidad, de tal manera que forman un régimen de competencia y suministro en el sector.

TEPJF ordena sancionar a “El Bronco” por irregularidades electorales en 2018

by Redacción
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Congreso de Nuevo León debe imponer sanciones al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y al secretario general de Gobierno, Manuel González, por irregularidades electorales de 2018.

Ambos funcionarios neoleoneses incurrieron en irregularidades electorales en 2018 para favorecer al entonces gobernadores con licencia, Rodríguez Calderón, pues se confirmó que usaron a 572 trabajadores del estado, es decir recursos públicos, para recolectar firmas en pro de su candidatura presidencial.

Este miércoles la Sala Superior resolvió sendos recursos promovidos por González Flores y determinó que argumentar que el proceso está suspendido tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la que “el Bronco” presentó controversia constitucional, como por el Tribunal de Justicia Administrativa del estado, y que por lo tanto no se pueden imponer sanciones, es infundado.

Esto porque ambas suspensiones no fueron materia de análisis, ni de la sentencia del 2 de marzo, emitida por la Sala Especializada del TEPJF en la que se ordenó al Congreso de Nuevo León a concluir el proceso de imposición de sanciones, pero no ejecutarla en el caso del gobernador del estado.

En esa sentencia la Sala Regional Especializada declaró que el Congreso del estado no ha cumplido la orden de imponer sanciones, lo instó a hacerlo a más tardar el 24 de abril pasado y lo apercibió a hacerlo.

En su análisis la Sala Superior estableció que el impugnante “parte de la premisa incorrecto de que se dejó en absoluta libertad al Congreso para determinar una sentencia en su contra, pues si se acreditó la responsabilidad y se ordenó se impusiera una sanción en su contra, pues si se acreditó la responsabilidad y se ordenó se impusiera una sanción atendiendo a la gravedad señalada por la Sala Especializada, comunicar al Congreso la sentencia no fue para que analizar la posibilidad de sancionar, sino para que procediera a imponer una sanción”.

En cuanto a la sentencia combatida por González, la Sala Regional decretó la suspensión temporal de su orden de imponer sanciones en ese plazo, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

De acuerdo al impúgnate la Sala no se pronunció sobre la suspensión decretada por el Tribunal de Justicia Administrativa local.

Los magistrados valoraron que el objetivo de la impugnación era lograr la revocación de la sentencia en la que ordenó ejecutar sanción en contra del secretario general del estado.

(Con información de El Universal)

Invalida la SCJN la #LeyBonilla; la declara inconstitucional

by Redacción
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la #LeyBonilla, misma que buscaba ampliar el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años.

Por unanimidad los 11 ministros se manifestaron a favor del proyecto promovido por Fernando Franco González Salas, el cual declaraba la mencionada ley como inconstitucional.

Al fijar su posicionamiento, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, apoyó el proyecto, pues consideró que se configura “un gran fraude” a la Constitución y acusó al Congreso de Baja California de alterar los resultados de un proceso electoral concluido.

“Voy a posicionarme sobre la totalidad del proyecto porque si bien coincido con todas y cada una de las violaciones constitucionales que en él se identifica, me parece que vistas en su conjunto configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uno de su facultar legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador elector por dos años ejercería el cargo por cinco”, declaró Zaldívar.

Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucía Piña Hernández apoyaron el proyecto de González Salas, pues consideraron que la Ley Bonilla viola la Constitución.

Cabe recordar que las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de Baja California, así como también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que se demanda la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución del Estado y que fue aprobada mediante un decreto.

El pasado 30 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) envió una opinión jurídica a la SCJN, donde por unanimidad, consideraron inconstitucional la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla.

Pesos y contrapesos: La Suprema Corte y el caso Bonilla

by Rene Ramírez
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En 1803 en Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió una de las sentencias más paradigmáticas en la historia jurídica de dicho país y del mundo entero, abriendo las puertas del constitucionalismo moderno: Marbury vs Madison. El caso envuelve la sucesión presidencial de John Adams y Thomas Jefferson, la pugna sobre la designación de William Marbury y Madison al cargo de Juez de Paz y el Secretario de Estado John Marshall. En esta sentencia, se estableció la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Poder Ejecutivo, denominada Judicial Review, ello, para que la Corte como autoridad máxima del Poder Judicial ejerza su autoridad. 

Esta sentencia es relevante, no sólo en el aspecto jurídico sino también en sus consecuencias políticas. Algo fundamental de este asunto, es la afirmación de la naturaleza del Poder Judicial como parte de los órganos del Estado. Con Marbury vs Madison, la Corte determinó que es la autoridad facultada para decir el significado de la Constitución y creó el modelo de Control Constitucional que implica una especie de poder-deber de declarar la nulidad por inconstitucionalidad de todo aquello que contravenga la norma máxima, y  también, que el papel fundamental del Poder Judicial es ser un contrapeso de los otros poderes para proteger los derechos de todos. A pesar de los avances sociales y tecnológicos, esta sentencia continúa vigente en nuestros tiempos. 

Esto viene a colación, ya que el día lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la Acción de Inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, la cual tiene que ver con reforma de ampliación de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y el PRI. Este asunto, sin duda, pondrá a prueba nuestro máximo tribunal y revelará las debilidades de las configuración actual de la Corte. Fernando Franco González Salas Ministro a cargo del proyecto de sentencia, propone declarar la invalidez por inconstitucional de la reforma al artículo 8vo transitorio de la Constitución Política de Baja California que amplía el mandato del Gobernador Bonilla de 2 a 5 años. 

El primer antecedente de este caso se dio cuando el Tribunal Electoral de Baja California ordenó la inaplicación de dicha reforma, no obstante, la sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC22/2019. Al ser cosa juzgada en el ámbito judicial-electoral, el debate pasó al poder legislativo, presentándose el mencionado proyecto de reforma a la Constitución local. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, consistió en disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral; de tal manera, que al ampliar el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal, lo que generó que la CNDH y diversos partidos políticos impugnaran esta reforma ante nuestra máxima autoridad jurídica en el país.

Este tema ya se ha discutido en la SCJN, y en los precedentes se ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad”(Acción de Inconstitucionalidad 13/2015). Asimismo, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformar las leyes electorales locales, éstas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones, tal y como lo determinó nuestro tribunal constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006. Y, por si no fuese suficiente, la SCJN estableció en la jurisprudencia 82/2007 derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006, que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.

Lamentablemente, existen ciertos argumentos que podrían dificultar los 8 votos necesarios para obtener una sentencia que invalide esta reforma, como bien escribe Martín Vivanco Lira en Nexos “la constitución federal no contiene una norma que, expresamente, prohíba la extensión de mandato. El artículo 116 constitucional sólo señala que el periodo de un gobernador no podrá exceder los 6 años. Y nada más” también entra al debate la legitimidad de democrática de los legisladores que realizaron dicha reforma. 

Levitsky y Ziblatt en su obra How democracies die mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender el orden constitucional, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison, al igual, que la voluntad para accionar dichas normas e instituciones construidas para ello. Esta sentencia se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances, instituciones y los controles del poder, así como la independencia judicial y la capacidad de nuestros ministros de actuar como lo que son: defensores de la constitución y operadores de la justicia. 

Dictamen plantea destitución del “Bronco” y Manuel González

by Redacción
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La Comisión Anticorrupción del Congreso Local circuló este martes un dictamen que plantea la destitución e inhabilitación por un periodo de seis años a el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y al secretario general de Gobierno, Manuel González.

“El Congreso del Estado impone a Jaime Rodríguez, en su carácter de servidor público como Gobernador del Estado de Nuevo León, la sanción consistente en destitución del cargo de Gobernador e inhabilitación como servidor público por seis años, contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente dictamen”, se lee en el proyecto.

Cabe mencionar que las sanciones presentadas en los dos dictámenes separados son las mismas que en diciembre había planteado esa Comisión y que no se votaron por considerar que el Congreso podrían incurrir en desacato de una suspensión otorgada al gobernador y al secretario de Gobierno por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Comisión Anticorrupción está siendo convocada para el jueves a las 17:00 horas para dictaminar las sanciones.

Manuel González presenta queja ante la SCJN por sanción

by Redacción
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El secretario de Gobierno, Manuel González, presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que el Congreso fue emplazado a aplicarle una sanción antes del 24 de abril por el caso de las “broncofirmas”.

“El día de ayer presentamos un recurso de queja en la Suprema Corta de Justicia, en la sal del Ministro que está llevando a fondo este asunto, porque consideramos que esta resolución del TEPJF es violatoria de la suspensión”, declaró González.

Por otro lado, reiteró en que las dos suspensiones otorgadas por al SCJN, y dos más por el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado, protegen tanto al Gobernador como a él, por lo que consideró un error de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exigir a los diputados locales una sanción.

“No consideramos que sea lo correcto y utilizaremos todos los medios para impugnar y mantener el estatus de suspensión ante una sanción hasta que no resuelva el máximo órgano del País sobre esta condición. Hoy por hoy, las suspensiones abarcan al Gobernador y a su servidor, porque yo estoy en este caso no como Secretario General de Gobierno, sino porque fui Gobernador interino.”, dijo el funcionario.

Proponen pena de muerte por feminicidios

by Redacción
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En la Cámara de Diputados, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Morena presentaron una iniciativa de reformas constitucionales para eliminar la prohibición de la pena de muerte e imponer ese castigo a los responsables de violación, feminicidio y homicidio doloso.

“Queda claro que agravar las sanciones penales o incluso imponer cadena perpetua para ciertos delitos no ha resultado una solución efectiva para inhibir la comisión de crímenes de extrema crueldad. Es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen y creemos que la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia de crímenes como los que aquí hemos referenciado”, justificaron los legisladores encabezados por Arturo Escobar.

De acuerdo con la propuesta, firmada también por los morenistas Francisco Elizondo, Nayeli Fernández, Alfredo Gordillo, Ana Patricia Peralta y Erika Rosas, la pena procedería contra violadores que asesinen a su víctima y feminicidas cuya víctima sea menor de edad, así como para los que resultaran responsables de homicidios agravados.

De acuerdo con la iniciativa, el artículo 22 de la Constitución prohibiría las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, pero no la pena de muerte.

Asimismo, el artículo 18 señalaría que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, “excepto en los casos en que la legislación penal prevea la pena de muerte”.

Arturo Escobar señaló que en caso de que algún presunto delincuente presente un amparo, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decidiría la aplicación o no de la pena capital.

“Estamos asegurándonos que la iniciativa prevea en la parte constitucional y en las leyes reglamentarias, factores innovadores, como, por ejemplo, que de manera oficiosa y quien prevea un amparo o no, la SCJN conozca del asunto y con 8 votos de sus 11 ministros confirme la sentencia”, declaró.

(Fuente: El Mañanero Diario)

ONGs y MC piden juicio político contra “el Bronco”

by Redacción
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Organizaciones No Gubernamentales y el partido Movimiento Ciudadano (MC) pidieron ayer al Congreso Local un juicio político en contra del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”.

Además de demandar el castigo contra el mandatario por los desvíos para recabar firmar para su campaña a la Presidencia del México en el 2018, la solicitud menciona otros tres posibles casos de corrupción, como lo son el “cobijaste”, la compra millonaria del dron hechizo y el alza salarial injustificada a la suegra de Rodríguez Calderón.

La petición fue entregada en la Oficialía de Partes del Congreso por Carlos Navarro, del Consejo Cívico; Verónica Sada, de Pro Propuesta Ciudadana; Jesús González, de Iniciativa Ahora; Samuel García, senador de MC por Nuevo León y Agustín Basave Alanís, líder estatal de MC.

El senador de MC, explico que con la petición buscan ganar tiempo rumbo a la resolución que tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el castigo contra “el Bronco” por las “broncofirmas”.

De acuerdo a García, la Primera Sala de la Corte confirmó el pasado miércoles, en un acto intraprocesal, la responsabilidad de Rodríguez y su Secretario General de Gobierno, Manuel González, en el desvío de recursos, sin embargo, los ministros todavía deben definir la vía para la sanción, que puede ser por reglas electorales o juicio político.

Cabe recordar que el pasado 18 de diciembre, el Congreso local cerró sesiones sin sancionar a Rodríguez por las “broncofirmas”, al argumentar que la Corte lo impedía porque aún no resolvía una controversia presentada por el gobernador, en la cual se pide declarar como inconstitucional que el Poder Legislativo pueda sancionar al Ejecutivo.

De acuerdo a Samuel García, el juicio político que solicitan al Congreso local, permite separar del cargo al “Bronco”, incluso mientras realiza su defensa.

Campesinos de Guerrero cambian cultivos de amapola por mariguana

by Redacción
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Naturismo Guerrerense se lee en las etiquetas de unos pequeños frascos y goteros. Son pomadas y aceites de cannabidiol (CBD), compuesto de la marihuana no psicotrópico con potencial medicinal y terapéutico.

Arturo López Torres muestra su nueva apuesta en pequeños tarros. El promotor de los productos hechos a base de cannabis es también desde hace cuatro años un activista a favor de la legalización de la amapola con fines medicinales.

Él junto a Crescencio Pacheco -quien junto a su familia están en calidad de desplazados-, elaboraron la primera propuesta en 2016, para hacer legal lo que fue el cultivo que les daba de comer a de decenas de campesinos en municipios de la Sierra: la amapola.

López Torres saca del recipiente de plástico sus productos y asegura que son una verdadera medicina alternativa.

“Para desórdenes neurológicos y psiquiátricos, pero también para alimenticios y digestivos o dolores de inflamación. Entran un sin número de enfermedades que son a las que se pueda ayudar y calmar (…)”, explica sobre los efectos curativos del CBD.

A cuatro años de distancia de las primeras conferencias que dio en varios lugares, uno de ellos donde vivió durante más de 30 años, Filo de Caballos, Leonardo Bravo, sigue con el mismo discurso: la legalización de las drogas, es avalar una forma de vida que han criminalizado decenas de años. Plantas como la marihuana y la amapola, sí tienen un poder de cambiar vidas, tanto de campesinos como de usuarios.

Enseguida sustrae de una carpeta unos volantes con más información sobre las ‘aplicaciones medicinales de los cannabinoides’.

Los productos se prescriben para disminuir la rigidez o la tensión muscular que provoca la esclerosis múltiple, una enfermedad progresiva del sistema nervioso. En una especie de tabla nutricional, organizada por colores, están clasificadas las enfermedades que se pueden combatir con esta sustancia. Son las mismas que mencionó el promotor.

Mujeres elaboran los aceites

La propuesta medicinal a base de cannabis es elaborada por mujeres. Las pomadas y aceites las producen 10 mujeres constituidas en Amapolas -Asociación de mujeres productoras de opio en Latinoamérica para la salud S. de R.L. -, con el propósito de impulsar un movimiento que defienda las propiedades medicinales de la marihuana y la amapola.

En esos propósitos incluyen comercializar el cannabidiol próximamente. Esto podrá ocurrir a partir de abril.

El Senado tiene hasta ese mes, cuando también cierra su actual periodo de sesiones, para concluir el debate sobre el cannabis. Es él último plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacerlo, pues, ha considerado inconstitucional la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.

En 2017 quedó avalado su uso medicinal, pero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) todavía no lo regulariza, según lo que han documentado algunos medios de comunicación sobre el tema.

Estas mujeres comenzaron a hacer la pomada y el aceite con la asesoría de profesionales en Química. Según López Torres buscaron ese asesoramiento para extraer el CBD de la planta. Lo hacen en un espacio rentado en Guerrero, del que se reservarán detalles.

El promotor ofrece algunos datos del cultivo que hacen de marihuana, el paso que antecede la elaboración de CBD en pomada y aceite. De eso se encargan jóvenes que siembran en controlados espacios cannabis sativa.

Dice que comienzan a alinearse al esquema que contempla la propuesta de legalización total de la marihuana. Tratan de ajustarse a los espacios que autorizarán para cultivo. Lo que conoce hasta ahora es que cada persona podrá cultivar cuatro o seis plantas de marihuana con la regulación de una instancia de gobierno que deberán definan.

“Ahorita (cultivamos) en plantas y camuflajeado. Hay que poner malla ciclónica, hay que poner malla con sombra, porque son seis plantas, no nos podemos ir más allá. La ley es la ley y ellos no se fijan que lo estamos haciendo con fines médicos, ellos van a pensar en un momento dado que esas plantas las están haciendo para venderla como marihuana para fumársela”, cuenta.

La cannabis sativa, de acuerdo los datos públicos sobre la planta, tiene una carga mayor de tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva de la marihuana, lo que implica un procedimiento más tardado para las mujeres productoras, porque deben separarlo del CBD, el compuesto que les interesa comercializar.

En sus planes, López Torres prevé una cooperativa con esos jóvenes, quienes se encargarían de cultivar el cannabis de manera orgánica. La cooperativa es una figura que les da la oportunidad de ampliar el espacio de cultivo, para una producción suficiente.

Sembrarán sólo cáñamo ruderalis, una especie que tiene un periodo de floración más corto y un contenido alto en CBD.

Con el cultivo del cannabis ruderalis no sólo garantiza la comercialización del CBD, abren una brecha de oportunidad para el cáñamo o fibra de la de planta, el cual tiene distintos usos industriales, como el textil.

Los detalles que comparte Arturo López Torres sobre los planes de comercializar cannabidiol ocurrió en un espacio de su última visita a Guerrero. Desde hace un tiempo su permanencia en el estado es itinerante.

Él no está en una condición de desplazo como familias de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, que tuvieron que dejar sus casas el 11 de noviembre de 2018, luego de que civiles armados se apoderaran de ellas como hasta ahora. Las familias no han podido regresar y recuperar sus tierras y casas.

Cada vez sube menos al pueblo donde llegó hace más de 30 años, Filo de Caballos, comunidad del municipio de Leonardo Bravo, localizada en la Sierra. En 2010 fue autoridad de la comunidad, pero desde que llegó es gestor de proyectos para los campesinos, ha sido su actividad principal.

Desde esa comunidad impulsó el movimiento por la legalización de la amapola. Primero, su argumento se sostenía en que los militares debían respetar los cultivos de amapola de los campesinos de la Sierra de Guerrero, porque eran una de las pocas opciones en la región para sobrevivir.

Los habitantes de la región destaparon esa demanda después del 28 de abril de 2016, cuando bajaron de distintas comunidades y bloquearon la autopista del Sol en la parte norte de Chilpancingo, con el reclamo a las autoridades de que reactivaran la economía en la Sierra. Esa protesta les costó que policías los desalojaran con violencia, de acuerdo con lo documentado por periodistas en distintos medios de comunicación.

A partir de entonces, los habitantes de pueblos serranos, como Filo de Caballos, comenzaron a hablar de sus plantaciones de amapola y de las agotadas opciones de una región donde, hay mucha riqueza natural -agua abundante, espeso bosque y un clima frío -, pero sin los espacios y la infraestructura (carretera, escolar, sanitaria…) para que les favorece más allá de sembrar amapola y sacar la goma de opio que suben a comprarles.

En ese año López Torres declaró a reporteros sobre que la Sierra es un territorio con mil 280 comunidades y 50 mil habitantes dedicados a sembrar amapola.

Después, se involucró junto a otros habitantes de pueblos cercanos a Filo de Caballos, en un movimiento por la legalización de la amapola. Guerrero, es una de los estados del país que más producía amapola, sobre todo en la Sierra, según los informes institucionales.

En agosto de 2018, los habitantes de la región organizaron en Filo de Caballos el Foro Regional de la Sierra de Guerrero, y debatieron sobre la legalización de la amapola con fines medicinales, con la sugerencia puntual de ser consultados. Ahí estuvo López Torres.

En ese año hubo sobresalto en la región. En noviembre, casi en una sola tanda, se salieron de sus casas unas mil 600 personas, según los números que ellos mismos manejaron. Se desplazaron a Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde varias familias permanecen, otras buscan refugio en Estados Unidos.

La razón de su desplazamiento fue que se instaló un grupo armado en sus pueblos y en sus casas. Algunas familias se quedaron en la Sierra y viven en ese contexto. La amapola dejó de ser una opción rentable, por el aumento de violencia en sus comunidades y por la baja del precio de la goma de opio, extraída de la flor. La gente comenzó a buscar opciones para ganarse el sustento.

Desde entonces, los que se salieron siguen sin volver.

Al explicar las funciones de los cannabinoides, el ex comisario menciona que la legalización de la amapola pinta para demorar mucho más, y después de ese análisis es que se enfocaron al proceso de la marihuana.

La planta también se cultiva de manera abundante en Guerrero y casi siempre se le ha enunciado sólo como una droga. Sus propiedades medicinales son un tema que tiene poco reconocimiento, aunque del opioide se elaboran tratamientos para enfermos de cáncer, entre otros potentes medicamentos.

López Torres tiene una interpretación más profunda de la marihuana. La relaciona a un camino de solución. Cree que su legalización es parte de la solución al problema de violencia en México. “Por causa de esta planta, que satanizaron hace muchos años, son los problemas que hay en el país. Si se legaliza, considero, va a bajar mucho el índice delictivo. De violencia, de todo”. También la evalúa como la gran opción medicinal.

En esta segunda evaluación que hace sobre la marihuana, es donde sostiene, junto a mujeres emprendedoras, la producción de pomadas y aceite. Lo conciben en este momento más que un proyecto, porque ya toma forma de comercio.

Naturismo Guerrerense, la frase que da personalidad a los productos, dice el ex comisario, es una marca registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Se han amparado ante la negativa de la Cofepris de darle el visto bueno a sus productos. Esperan que tan pronto la Comisión lo tenga regularizado.

Tienen casi todo listo para comercializar el CBD, sólo esperan la legalización definitiva de la marihuana en abril.

Para Arturo López es estratégico comenzar el negocio desde ahora, ante el proyecto de legalización total de cannabis en México, para correr menos riesgos de que los dejen fuera. “Si no nos ponemos listos vamos a quedarnos, como siempre, al último”.

El promotor sabe que el mercado de la marihuana legal en el mundo es millonario. Prevés un interés repentino en México de países europeos, además de Estados Unidos y Canadá, por lo atinado de su clima y suelo para producir cannabis.

“Son gente que trae mucho dinero, muchos recursos para venir y posicionarse del mercado, y como siempre, dejarnos a nosotros, los más pequeños o a los agricultores, en el suelo, sin nada, y ellos llevarse la mayor parte de ingresos de esta planta”, avizora.

El 7 de febrero, hace cuatro días, el diario español El País publicó una noticia con el cabezal: ‘Canadá quiere el negocio de la marihuana legal en México’. Es una información que da cuenta como cabilderos de grandes empresarios recorren los pasillos del Senado para “quedarse con una tajada de un negocio multimillonario”.

En la nota citan lo que un empresario canadiense, dedicado al negocio del cannabis, Erick Factor, fundador de MYM Nutraceuticals, dijo a legisladores: “Su localización en el mundo es perfecta, sus costos laborales son perfectos, su clima es perfecto (…) Dejen que las empresas privadas expandan sus negocios, que hagan lo que saben hacer”.

Arturo López sabe de lo que dice.

(Fuente: Animal Político)