Divide a diputados quintetas de aspirantes a INE

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La conformación de las quintetas de aspirantes a consejeros del INE dividió las opiniones de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Coordinadores y diputados de Oposición y del Partido Verde demandaron que los cuatro aspirantes que ocuparán un lugar en el Consejo General del instituto sean votados el próximo miércoles por el Pleno, en tanto que legisladores del PT pidieron que se reponga el proceso de evaluación para la integración de las listas.

Al concluir las entrevistas a los 20 aspirantes seleccionados por el Comité Técnico de Evaluación, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, insistió en que si bien este fue un ejercicio positivo, es necesario reponer el proceso de evaluación a fin de hacer nuevas quintetas.

En contraste, Arturo Escobar, del Partido Verde, se pronunció a favor de que el próximo miércoles se lleve a cabo la votación de los aspirantes por el Pleno de San Lázaro.

El diputado del PES Fernando Manzanilla calificó como positivo el proceso y dijo que espera que el próximo miércoles sean electos los nuevos integrantes del Consejo General del INE de forma consensuada.

En su turno, el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que el Comité Técnico de Evaluación supo conducir con transparencia y apegado a la legalidad un proceso muy complejo.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, también subrayó el carácter inédito del ejercicio.

El legislador dijo que su partido continúa con su idea original de buscar a ciudadanos independientes, con profundos valores democráticos y que vivan con mucha dignidad la austeridad para formar parte del Consejo General del INE.

Reconoció que falta construir los acuerdos y se comprometió a atender la demanda del Partido del Trabajo.

 

(Con información de Reforma)

Viene Lozoya a ‘cantar’ moches a políticos

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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien probablemente estará llegando a México el día de mañana, negoció con el Gobierno federal su regreso y ofreció entregar al menos 12 videos de políticos y legisladores mexicanos que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y otras iniciativas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto.

Hoy el periódico Reforma revela que fuentes cercanas al caso aseguran que existen 16 horas de grabaciones en video de senadores, diputados y dirigentes de partidos políticos opositores que participaron en la reforma constitucional aprobada en “fast-track” en diciembre de 2013 en la Cámara de Diputados y en las negociaciones del “Pacto por México”.

De acuerdo a los testimonios, los pagos a políticos dados a cambio de que avalaran las iniciativas de Peña Nieto ocurrían en las oficinas de Lozoya en la Torre de Pemex, y en una sede alterna en la colonia Anzures, donde despachaba el exfuncionario.

Cabe señalar que durante la aprobación energética los principales negociadores de la Oposición en el Senado fueron los panistas Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y el regiomontano Raúl Gracia Guzmán, así como los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Mientras tanto en la Cámara de Diputados quienes encabezaron las negociaciones fue el ex candidato del PAN a la Presidencia de la República en el 2018, Ricardo Anaya, y el diputado albiazul, Luis Alberto Villarreal, este último ha sido señalado en distintas ocasiones por ser el promotor del cobro de “moches” a estados y municipios a cambio de recursos.

Otros legisladores que participaron son los del Partido Verte Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Pablo Escudero.

Según el diario de circulación nacional, sus fuentes no confirmaron si todos estos legisladores recibieron pagos y si también había políticos priistas incluidos.

Cabe recordar, que en julio del 2017, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprensión contra Emilio Lozoya por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por los depósitos que recibió del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), por facilitar la venta millonaria de una planta chatarra.

Lozoya fue capturado en España en febrero de este año, y luego de un acuerdo con la FGR, el pasado 30 de junio, el priista aceptó ser extraditado.

De acuerdo a testimonios de personas allegadas, Lozoya regresa en el marco de la aplicación de un “criterio de oportunidad”, contemplado en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los testimonios sobre las revelaciones indican que en la trata del pago de sobornos resultan “clave” el chofer y el exsecretario particular de Lozoya, quienes habrían realizado algunas entregas de dinero.

(Con información de Grupo Reforma)

La ilusión de la pena de muerte, un engaño más del populismo penal

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El pasado 25 de febrero el diputado federal Arturo Escobar y Vega, junto con integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde y de MORENA presentaron una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Mexicana. La iniciativa busca que se establezca -nuevamente- la pena de muerte en nuestro país, específicamente contra los delitos de:

  1. Violación. Cuando los violadores asesinen a su víctima y ésta sea menor de edad.
  2. Feminicidio. Cuando la víctima sea menor de edad.
  3. Homicidio doloso. Cuando la víctima sea menor de edad.

Además, la propuesta plantea que México denuncie los tratados internacionales que obligan a nuestro país a abolir la pena de muerte, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos facultativos. Es decir, que estos tratados internacionales ya no sean aplicables para nuestro país. En el continente únicamente dos Estados han denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela en el año 2012. 

Para justificar la idoneidad de la pena capital, en la iniciativa se mencionan estudios de dos universidades estadounidenses que entre los años 2003 y 2006 afirmaron que la pena de muerte tiene efectos disuasorios en delitos como el asesinato. Lo que no toman en cuenta los legisladores es que en ese mismo país, 20 estados han abolido la pena de muerte, 7 de ellos después del año 2007.

La propuesta de reforma constitucional responde a algo conocido como populismo penal, el cual consiste en proponer penas más duras y de mayor duración como respuesta inmediata al aumento de índices delictivos. Sin embargo, este tipo de iniciativas no atacan el problema de fondo y no representan una solución real, ya que dejan de lado medidas integrales para atender deberes como la prevención, investigación y sanción de delitos.

En un país como el nuestro en el que impera la impunidad, donde el 98% de los delitos no son castigados, la propuesta presentada no solo es inviable, sino preocupante, ¿de qué sirven mayores penas cuando las que existen difícilmente se aplican?

Además, en México la justicia no está al alcance de todas las personas por igual, por lo que dicha iniciativa terminaría por criminalizar a quienes menos tienen. Vale la pena recordar las palabras de Ndume Olatushani, quien estuvo condenado a muerte en Estados Unidos por un crimen que no cometió y finalmente obtuvo su libertad en el año 2012: “con demasiada frecuencia, es la gente que no tiene voz la que es sometida [a la pena de muerte]… Durante todo el tiempo que estuve allí, nunca conocí a nadie que tuviera dinero, nunca conocí a una persona rica condenada a muerte.”

Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en seguridad lo ha dicho incansablemente, “incrementar las penas, según el conocimiento aceptado por siglos, no tiene el menor efecto para reducir la delincuencia”. La solución está en la prevención, en la profesionalización, en aplicar efectivamente las sanciones que ya existen y en atender los vicios históricos de nuestras instituciones.

Independientemente de su inviabilidad constitucionalidad y convencionalidad, la iniciativa no representa solución alguna a los problemas del país; las soluciones reales no son las más rápidas, ni las más aceptadas mediáticamente. 

Solo en la medida en la que las autoridades dejen de aprovecharse del dolor de las víctimas para lucrar políticamente y comiencen a atender áreas como la procuración de justicia, la prevención del delito, la investigación diligente y el juzgar con perspectiva de género, solo en esa medida podremos aspirar a un mejor país para todos y para todas. 

Proponen pena de muerte por feminicidios

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En la Cámara de Diputados, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Morena presentaron una iniciativa de reformas constitucionales para eliminar la prohibición de la pena de muerte e imponer ese castigo a los responsables de violación, feminicidio y homicidio doloso.

“Queda claro que agravar las sanciones penales o incluso imponer cadena perpetua para ciertos delitos no ha resultado una solución efectiva para inhibir la comisión de crímenes de extrema crueldad. Es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen y creemos que la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia de crímenes como los que aquí hemos referenciado”, justificaron los legisladores encabezados por Arturo Escobar.

De acuerdo con la propuesta, firmada también por los morenistas Francisco Elizondo, Nayeli Fernández, Alfredo Gordillo, Ana Patricia Peralta y Erika Rosas, la pena procedería contra violadores que asesinen a su víctima y feminicidas cuya víctima sea menor de edad, así como para los que resultaran responsables de homicidios agravados.

De acuerdo con la iniciativa, el artículo 22 de la Constitución prohibiría las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, pero no la pena de muerte.

Asimismo, el artículo 18 señalaría que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, “excepto en los casos en que la legislación penal prevea la pena de muerte”.

Arturo Escobar señaló que en caso de que algún presunto delincuente presente un amparo, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decidiría la aplicación o no de la pena capital.

“Estamos asegurándonos que la iniciativa prevea en la parte constitucional y en las leyes reglamentarias, factores innovadores, como, por ejemplo, que de manera oficiosa y quien prevea un amparo o no, la SCJN conozca del asunto y con 8 votos de sus 11 ministros confirme la sentencia”, declaró.

(Fuente: El Mañanero Diario)

PVEM admite que hubo canje y que le salió ‘baratísimo”

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El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, reconoció que hubo una “negociación política” con el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado, para cederle cinco diputados y lograr la mayoría absoluta.

El acuerdo, informó Escobar, fue a cambio de que Morena impulse programas de atención prioritaria al cáncer infantil.

El coordinador del PVEM, expresó que el tema de salud infantil es causa suficiente para llegar a un pacto para la integración de la Junta de Coordinación Política.

“Nos salió baratísimo”, dijo Escobar.

Por otro lado, negó que el movimiento político tuviera relación con la votación de la licencia de Manuel Velasco.

Por último, dijo que los diputados que se pasaron a Morena estarán allá, pero seguirán siendo militantes del PVEM.

La Casita de Arturo Escobar

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La semana pasada la FEPADE giró una orden de arresto en contra el ex vocero del Partido Verde Ecologista de México y ahora ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaria de Gobernación. Junto con él se giro una averiguación previa contra las empresas Proyectos Juveniles SA de CV, Multiservicios de Excelencia RQ de SC y Cards & Systems Solutions SA de CV; todos acusados por aportaciones de dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello.

Este partido —que tiene la bandera de ecologista y no lo es— ha cometido, desde la perspectiva de muchos expertos y ciudadanos, un sinfín de delitos electorales.

Si alguien quiere saber todo lo que está mal con la política mexicana sólo tiene que voltear a ver al PVEM. Este partido —que tiene la bandera de ecologista y no lo es— ha cometido, desde la perspectiva de muchos expertos y ciudadanos, un sinfín de delitos electorales. Incluso antes de las elecciones del 7 de junio, existió una petición en www.change.org para quitarles el registro.

Lo que me parece más descaro es que de este partido el Gobierno Federal haya seleccionado a Arturo Escobar como subsecretario, casi como si hubiera sido un regalo. Hoy Arturo tiene una orden de aprehensión por parte de la PGR.

Lo que me parece más descaro es que de este partido el Gobierno Federal haya seleccionado a Arturo Escobar como subsecretario, casi como si hubiera sido un regalo. Hoy Arturo tiene una orden de aprehensión por parte de la PGR.

Escobar, por ser miembro del PVEM, no estuvo en ningún momento exento del escrutinio público. El pasado mes de octubre Milenio hizo una historia sobre la casa que posee Arturo en Oaks at Sonterra, en el barrio de Stone Oaks, uno de los sectores más exclusivos de San Antonio, Texas.

El pasado mes de octubre Milenio hizo una historia sobre la casa que posee Arturo en Oaks at Sonterra, en el barrio de Stone Oaks, uno de los sectores más exclusivos de San Antonio, Texas.

Según información que Altavoz recolectó durante los pasados días, la casa fue adquirida por Escobar y su esposa, en el año 2007, a menos de un año de haber sido electo como senador. El salario del ex vocero del Verde en esa entonces era de alrededor de $129 mil pesos y el costo de la casa rondaba los $4 millones de pesos. La casa cuenta con 4 cuartos, 3 baños completos, y alberca y su costo actual de mercado es de $5 millones de pesos.

Arturo Escobar aclaró que la casa la adquirió por medio de un crédito, lo que me parece creíble, pero entonces ¿porqué no puso la casa en su declaración patrimonial?

Arturo Escobar aclaró que la casa la adquirió por medio de un crédito, lo que me parece creíble, pero entonces ¿porqué no puso la casa en su declaración patrimonial? ¿Qué esconde el ex vocero del PVEM y ex subsecretario? No sé usted, estimado lector, pero algo aquí me huele a gato encerrado. Creo que Arturo Escobar tiene muchas cosas que responder y no sólo a un delito electoral como hoy se le acusa.

Se adjuntan fotografías con información de la casa. Información de Bexar Data y Zillow.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Juicio justo e imparcial a Arturo Escobar

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Hace ya aproximadamente siete meses, lancé una petición en la plataforma Change.org para exigir al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que le retirara el registro al Partido Verde Ecologista de México por las graves y sistemáticas violaciones a la normatividad electoral. Recibí el importante apoyo de más de 165,000 mexicanos de todas partes de la República que, al igual que yo, están hartos y cansados de la impunidad.

Para la difusión de la petición digital y para la elaboración de la petición formal ante el INE, recibí la invaluable ayuda de la Sen. Martha Tagle, del Dr. Alfredo Figueroa, del Dr. Sergio Aguayo, del Dr. Eduardo Huchim, de la Lic. Paulina Arriaga, del Lic. Carlos Brito, del Lic. Genaro Lozano, del Lic. Alberto Serdán, del Lic. Alfredo Lecona, entre otros muchos expertos que supieron elaborar un impecable escrito para la solicitud formal.

Apelamos la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien desde hace aproximadamente tres meses no ha siquiera abierto el expediente para estudiarlo.

Lamentablemente, la solicitud fue resuelta en sentido negativo por el INE. Esto denotó parcialidad y subordinación con el Gobierno Federal, puesto que pruebas abundaban y argumentos sobraban. Además de que no supieron fundamentar y motivar satisfactoriamente su decisión. Por ello, apelamos la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien desde hace aproximadamente tres meses no ha siquiera abierto el expediente para estudiarlo.

A la par de esta situación, se estaba realizando una investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra del hasta hace cuatro días Subsecretario de Prevención del Delito, Arturo Escobar, por la firma de contratos ilícitos, en su calidad de representante del PVEM, para la compra y entrega de tarjetas denominadas “Premia Platino” con el fin de atraer votos.

Santiago Nieto, titular de la FEPADE, expresó:

“Recibí la instrucción de la Procuradora General de la República de que actúe con absoluta imparcialidad. Mi ejercicio no es contra el partido político, sino contra las personas físicas que han incurrido en una conducta delictiva; buscamos mandar un mensaje, con independencia, de quiénes son los sujetos activos.”

Con base en la investigación de la FEPADE y las pruebas que tienen, la PGR solicitó a un juez federal que gire una orden de aprehensión contra el ahora ex funcionario de la Secretaría de Gobernación y ex vocero del PVEM.

Con base en la investigación de la FEPADE y las pruebas que tienen, la PGR solicitó a un juez federal que gire una orden de aprehensión contra el ahora ex funcionario de la Secretaría de Gobernación y ex vocero del PVEM. El juez tiene un plazo de diez días para dictar o no dictar la orden, el cual vence el cinco de diciembre.

El PVEM ha respaldado enérgica y públicamente a su ex vocero. Parece ser que Arturo Escobar no es más que el “chivo expiatorio” del Gobierno Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente los de arriba decidieron rodar su cabeza para recuperar algo de credibilidad en la ciudadanía.

Eso no significa que vamos a prescindir de exigir que se lleve a cabo un juicio justo, con un juez imparcial, para procesar y, de ser probada en juicio su culpabilidad, para condenar a Arturo Escobar por ser un delincuente electoral.

Muchos ciudadanos nos damos cuenta de esto, no nos engañan. Pero eso no significa que vamos a prescindir de exigir que se lleve a cabo un juicio justo, con un juez imparcial, para procesar y, de ser probada en juicio su culpabilidad, para condenar a Arturo Escobar por ser un delincuente electoral.

Ante esta situación, la asociación civil llamada Cauce Ciudadano ha iniciado una petición en Change.org en la que exige a la FEPADE y a la PGR que hagan su trabajo. Nada más. Y cito:

“Es hora de que como ciudadanas y ciudadanos exijamos nuevamente a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer: un expediente impecable por parte de la FEPADE, para que las pruebas sean sólidas, y un juez autónomo del poder político para tener un juicio totalmente justo, para que no ocurra como en otros casos (como el caso Cassez) que por un pésimo actuar de las autoridades la verdad nunca salió a la luz.”

Me uno a esta petición de Cauce Ciudadano, e invito a quienes también estén cansados y hartos de la impunidad y de la simulación, que apoyen su petición con su firma. Link: change.org/p/juicio-a-arturo-escobar-por-delitos-electorales-snietocastillo-arelygomezglz

Asimismo, invito a Cauce Ciudadano y a los mexicanos que no se han unido aún a continuar la exigencia de que #QuitenRegistroAlVerde. Las investigaciones por delitos electorales en contra de su entonces representante legal demuestran que sí hubieron graves y sistemáticas violaciones a la ley.

Invito a Cauce Ciudadano y a los mexicanos que no se han unido aún a continuar la exigencia de que #QuitenRegistroAlVerde.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”