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Incrementan en un 12% carpetas por abortos en Nuevo León

by Redacción
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Después de la polémica Ley Antiaborto que aprobó el Congreso local de Nuevo León, en el 2019 se incrementaron en un 12% las carpetas de investigación abiertas por aborto, esto de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el 2015 se reportaron 58 indagatorias; en el 2016, 47 reportes; en el 2017, 28 carpetas; en el 2018, 38 indagatorias y en el 2019, se registraron 84.

De acuerdo a activistas y organizaciones, esto refleja una clara criminalización a las mujeres.

La dirigente de la asociación Voces de Mujeres en Acción, Sandra Cardona, indicó que ha habido una criminalización social a partir de la reforma aprobada en marzo que garantiza el derecho a la vida dese la concepción hasta la muerte natural.

Por otro lado, acusó que se ha desinformado al hacerlo ver como una práctica prohibida en el Estado, cuando la propia ley lo permite en casos de violación, riesgo de muerte o daño grave a la salud.

“Se ha criminalizado, pero ya no sólo desde el Gobierno, se ha venido haciendo una criminalización social, se hizo demasiado ruco con esto y se desinformó a la población. Vemos que hay todo un estigma respecto a eso, una criminalización social”, dijo la también integrante de la Red Necesito Abortar.

Por su parte, Irma Alma Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad, señaló que el alza en las denuncias es consecuencia de la reforma que criminaliza a las mujeres.

“Es una transgresión a sus derechos, al derecho que tienen de decidir o de proteger su cuerpo”.

(Con información de Grupo Reforma)

NL: la farsa del Congreso

by Daniel Butruille
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Las denuncias relativas a los “ajustes” efectuados a la Ley de Movilidad me parecen el colmo de la degradación de la democracia en el fallido estado de Nuevo León. Cuando una Ley votada en el pleno  del Congreso por los diputados sigue siendo sujeta a negociaciones antes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, muestra que no existe ningún respeto ni siquiera a lo votado.

El PAN habla de errores de dedos, (que dedos tan torpes que se equivocan hasta en 6 artículos de la Ley), el PRI habla de fallas involuntarias de la Oficialía Mayor. ¿Así será el profesionalismo de funcionarios cuidadosamente seleccionados por los dos partidos representantes de la partidocracia?

Los “errores de dedo” alteran el sentido de los artículos “corregidos”, ¿no habrá un lector, como en cualquier casa editorial para dar el visto bueno antes de publicar? La ligereza con la cual Carlos de la Fuente y Francisco Cienfuegos minimizan las alteraciones es más que sospechosa.

La partidocracia no sólo traiciona sus electores, parece que traiciona sus propios diputados y que tras bambalina se puso de acuerdo con la AET y el Secretario de Gobierno para publicar el texto a modo que habían sido incapaces de hacer aprobar en el Pleno.

De confirmarse, estos hechos constituyen una negación de la democracia, al contrario de lo que afirmó el Secretario de Gobierno que tantos vetos y rechazos a las leyes era muestra de una democracia vibrante. Más bien, demuestra que lo único irreversible es la muerte. Un voto en el Congreso es más reversible que una camiseta sin marca.

Frente a estas evidencias, la necesidad de seleccionar con mucho cuidado los próximos diputados se hace más urgente. Todo lo que huele a partidocracia, huele a manipulación y a traición de la voluntad popular.  ¿Será necesario mantener la farsa de un Congreso que junto con su brazo fiscalizador, la Auditoría Superior del Estado,  nos cuesta casi 600 millones de pesos de nuestros impuestos? Para no fiscalizar y para alterar las leyes votadas. Quizás farsa debería escribirse fraude.

Congreso de NL exige a Estado sancionar desmontes en la Huasteca

by Marisol Straffon
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Respecto a los desmontes en La Huasteca, el Congreso local ha exigido a autoridades del estado que cumplan con sus atribuciones, es decir, investigar y sancionar a los responsables. El presidente de la Permanente, Juan Carlos Ruiz, ha dicho que la autoridad no puede poner excusas para no actuar, debido a que independientemente de corresponder esto a un área federal, puede intervenir. Agregó que hay evidencias de deforestación en el Cañón de Ballesteros y no puede permanecer en sólo confirmar los desmontes.

“Todos los grupos legislativos y la presidencia de este Congreso aprobamos el hacer un llamado puntual y exigente al Gobierno del Estado para que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que encabeza Manuel Vital, aplique las atribuciones que tiene en materia de protección al medio ambiente, porque no lo ha hecho”, expresó Ruiz.

“Exigimos acciones, no basta con decir que van a impedir obras… no hay barras para que el Gobierno estatal entre, suspenda y sancione”. (…) “La autoridad no puede patear el bote”, añadió, ” (si lo hacen) entonces lo que sigue es que este Congreso los denuncie por el inejercicio de sus facultades”.

Por el otro lado, Carlos de la Fuente, el líder de la fracción del PAN, ha indicado que incluso la Profepa puede llevar a cabo poco en la materia, y el tema ambiental está en “limbo”. “La Secretaría de Desarrollo Sustentable no sé si evade una responsabilidad porque en el tema de La Huasteca se tardaron mucho en ir a verificar los desmontes. Qué bueno que reaccionaron, pero lo hicieron tarde y no puede nada más quedar en una suspensión de los trabajos, debe haber sanciones ejemplares, porque es un área natural protegida”.  (…) “Lo preocupante es la lentitud, si vemos que la Profepa no puede actuar, pues entonces hay que entrarle por parte de la autoridad estatal”.

(Con información de El Norte)

“El Bronco” se destapa para el 2024

by Marisol Straffon
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Una entrevista sostenida entre Jaime Rodríguez Calderón (alias “el Bronco”) y El Heraldo reveló que el Bronco está planeando contender para la Presidencia de la República en el 2024, a pesar de haber protagonizado “una de las campañas más polémicas” el año pasado. Él menciona que podría tener más posibilidades bajo estas circunstancias diferentes, ya que “México está en ese marasmo, de esperar si Andrés Manuel (López Obrador) dará o no resultados”.

“Tome la decisión, con la responsabilidad, sabiendo que no tenía esa posibilidad de ganar, lo sabía, pero creo que tuvimos resultados exitosos, porque haber sacado ese número de votos era importante (dos millones 339 mil 431, que representaron 5.13 por ciento de los resultados), sin tener una estructura política en el país, utilizando simplemente la red digital. Nos dio un buen resultado y me atrevería de nuevo, claro que lo haría”.

Respecto al proceso iniciado en el Congreso de Nuevo León en contra suya, éste opina que no va a proceder debido a que el Poder Legislativo no es superior a él jerárquicamente, sino iguales, como establecería la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “De ahí que recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional, la cual suspendió las acciones mientras estudian a fondo el caso.”

 

(Con información de El Horizonte)

#EspacioPúblico: “Los verbos y la ley de movilidad”

by Eduardo Quintanilla
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Espacio público. ¿Qué sería de una ciudad sin espacio público? ¿Qué sería de una ciudad sin reglas de operación en su espacio público? ¿Qué sería de una ley de movilidad para el estado de Nuevo León sin un articulado claro y preciso en el tema?

Tres preguntas que me hago al mismo tiempo que se discute la ley de movilidad del estado de Nuevo León en lo que parece su recta final. Me era necesario leer el proyecto y entender cómo había sido tratado el concepto, así que lo busqué en la pagina oficial de Congreso.

Al buscar los artículos que hablan del tema del espacio público me encontré con un escueto capítulo que me deja claro que no ha sido tomado con la importancia necesaria y que, los legisladores, simplemente lo incluyeron dentro del proyecto por cumplir con una demanda realizada por organizaciones de la sociedad civil.

Mi primera preocupación, parece de forma, pero realmente es de fondo. Los verbos utilizados en el documento no generan ningún tipo de acción específica ni garantizan formas claras de protección al espacio público

Promoverá, facilitará, valorará y contemplará definitivamente no son obligará, ni realizará ni deberá.

Me preocupa que una ley que busca establecer las bases, conceptos y normas para movernos en la ciudad deje tan abierto y a criterio de los ejecutantes lo que debe ser tratado como obligaciones con reglas claras y estándares de calidad.

Los verbos utilizados, al ser aplicados en el documento, dejan la puerta abierta a los mismos criterios de operación que hasta ahora se han tenido y que ya conocemos los resultados. “Procurará su cumplimiento” no garantiza nada, “deberá promover los derechos humanos” no significa que lo haga y “facilitará ascensos y descensos de transporte público” no me asegura nada en términos de inclusión para personas con discapacidad ni obliga a aplicar en el espacio público ni en las unidades de transporte criterios de accesibilidad.

También me preocupan las omisiones. Una en particular: la perspectiva de género. No se puede hablar de espacio público sin asegurar que se realice bajo criterios de perspectiva de género. Y no solo es una omisión del capítulo, lo es de todo el documento, no se incluye la palabra género ni siquiera en glosario.

Y, por último, me preocupan los verbos no escritos en la ley, pero necesarios en la labor legislativa. Verbos que, si regresara en el tiempo, aplicaría en el articulado de un reglamento de trabajo para que fuera leído por el equipo legislativo previo al inicio del trabajo de ley de movilidad.

El reglamento diría lo siguiente: 

Artículo 1. Los presidentes de comisiones resolverán diferencias entre bancadas para que las “comisiones unidas” realmente estén unidas.

Artículo 2. Las recomendaciones recibidas por asesores profesionales externos en mesas de trabajo serán aplicadas y se comprobará su destino.

Artículo 3. Se tendrá la claridad de estar trabajando una ley de movilidad y no solo una ley de transporte.

Artículo 4. Se dejará de pensar en resolver problemas presentes causados por una mala planeación en el pasado y se establecerán las bases para un futuro que no repita los mismos errores.

Artículo 5. En caso de tener diferencias con el Gobierno del Estado por temas presupuestales, los legisladores encontrarán la manera de resolver esas diferencias por ser un tema de utilidad y trascendencia pública.

¿Ven la diferencia con los verbos y su aplicación?

Está en juego el futuro de la movilidad, especialmente en el área metropolitana de Monterrey. La claridad con la que se construya la ley es clave.

Ya para finalizar, incluiría un artículo más al reglamento que menciono con el fin de garantizar un buen proyecto:

Artículo 6. Tanto el Congreso como el Gobierno del Estado, tendrán la voluntad política y moral de construir una ley que su prioridad sea beneficiar siempre a los usuarios del transporte y del espacio público.

Vinculan a primer sujeto por porno venganza

by Miranda Gómez
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En Nuevo León, un joven fue vinculado a proceso por el presunto delito “pornovenganza” o violación a la intimidad, por difundir contenido sexual en las redes sociales sin el consentimiento de la persona afectada.

El hombre de 27 años de edad, César N., se convirtió en la primera persona en ser vinculada por difundir material sexual gráfico para perjudicar a una persona identificada como A.A.P.

“A partir de este caso las personas pensarán dos veces antes de difundir este tipo de material, porque ahora habrá consecuencias para quien cometa este tipo de actos”, dijo Claudia Lozano, defensora legal de la víctima.

El pasado pasado 7 de noviembre el Congreso de Nuevo León aprobó Ley Olimpia, que clasifica como delito la difusión de material íntimo de un individuo sin su consentimiento.

 

Con información de PolíticoMx.

 

 

Legítima Defensa: ¿Estamos preparados?

by Verónica Lozano Prianti
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Imagina esta escena: Te encuentras en tu negocio, el que con tanto esfuerzo has puesto en marcha. Las cosas al fin van bien, las ventas crecen, las deudas disminuyen, estás feliz. Un día, al atardecer, alguien toca tu puerta; una empleada se acerca a abrir pero es repentinamente empujada por una mujer. Detrás de ella, una persona con un arma de fuego en su mano entra al local y comienza a amenazar a los presentes para conseguir dinero y algunos objetos. Tienes dos opciones, entregar lo que te piden para no ser lastimado o enfrentar al atacante… ¿Tu qué harías?

Decenas de ladrones han salido ilesos y beneficiados de estas actividades, sin embargo, este no fue el caso de Jorge Alejandro Banda Ramos quien, el pasado 8 de noviembre al intentar asaltar un negocio enfrente de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), murió mientras intentaba escapar del lugar con tres balas en su cuerpo. Ahora el tirador enfrenta un juicio por homicidio mientras el Congreso decide si aprobar o no una reforma al artículo 17, fracción III, del Código Penal de Nuevo León, una extensión a las aplicaciones de la legítima defensa.

Y ¿qué es eso? La legítima defensa es la capacidad de realizar una acción que tiende a ser penada en pro de la protección personal, de la familia, de los bienes o del honor de un individuo. Esta exime de su responsabilidad al autor y le permite reducir e incluso evitar el castigo que le sea asignado.

Este concepto es relativamente nuevo en el Código Penal de Nuevo León. En mayo del 2017 el Congreso local aprobó una reforma al artículo 17 de la mencionada ley la cual permite a cualquier ciudadano privar de la vida a quienes traspasen o pretendan traspasar sin autorización la propiedad donde se encuentre él o su familia dando como resultado un peligro inminente.

El legislador panista e impulsor de la iniciativa Marcos Mendoza Vázquez argumento, en ese momento, que ante la inminente ola de inseguridad a la que se enfrentaba el Estado, era necesario ayudar a las personas a protegerse legalmente para lograr salir impunes del ilícito.

Hace unos meses el tema volvió a la mesa. La diputada Claudia Caballero, en representación de la bancada del PAN, presentó en febrero al Congreso local una nueva reforma al Código Penal del Estado que pretendía ampliar el alcance de la legítima defensa con arma de fuego. A finales de octubre, la Comisión de Justicia y Seguridad aprobó amplificar su alcance a los trabajos y negocios con el fin de defender el patrimonio del afectado. Se propuso también poder hacerlo dentro del automóvil, sin embargo, la propuesta fue desechada. 

Ahora solo falta que el pleno del Congreso apruebe la reforma del artículo 17, fracción III. Aunque la sesión para tomar una decisión respecto a este tema se ha programado, los diputados se han visto en la necesidad de atrasarlo debido al tiempo que se llevó el análisis del informe de gobierno de Jaime Rodríguez.

Si pensamos en una resolución, lo más seguro es que la modificación sea aprobada sin mayores problemas pues, aunque los legisladores de Morena, PVEM y MC ponen resistencia, las bancadas del PRI y PAN, con mayoría de asientos, adelantaron públicamente que darán su voto a favor.

La verdad es que la gente está harta de que lo roben, lo golpeen y lo ataquen, y la inminente falta de seguridad en los municipios hace pensar que la única opción que se tiene para sentirse a salvo es tomar la justicia en manos propias. Pero ¿estamos preparados para este cambio? Las voces expertas dicen que tener acceso a armas no es la solución a la violencia, menos si quien la porta no sabe utilizarlas o es incapaz de controlarse al sentir emociones intensas.

Habrá que esperar a que el Congreso tome una decisión, después se deberán de revisar los detalles e interpretaciones de la ley y, posteriormente, adoptarla con medida. Sólo queda recordar que la legítima defensa no es un permiso para matar y tampoco evita que quien la ponga en practica enfrente un juicio, únicamente le ayuda a no ser detenido al momento como un homicida.

Piso parejo o detenemos todo

by Alejandra Cantú Medina
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La ley siempre debe estar a la par del comportamiento de la sociedad, cuando esto falla existe el caos. La falta de regulación en la ley de transporte en Nuevo León ha traído problemas de interés público. Por un lado, vemos la carencia de aceptación con el shock generacional y cultural por la llegada de la tecnología a modificar la forma de brindar un servicio de transporte de parte de los ejecutantes. Y por el otro, la necesidad de innovar y mejorar las deficiencias de estos servicios para brindar mayor seguridad a los usuarios. 

Antes de la llegada de Uber, DiDi, Cabify u otro servicio similar, se vivía bajo un “monopolio” de transportación. Los taxis fijaban las tarifas, no se sabía con certeza quién sería el conductor y la seguridad que tenían los clientes no era siempre la óptima, ya que los ponía en una situación de vulnerabilidad. Después, con el inicio de estos servicios digitales, las personas que los usaban tenían la confianza y seguridad de quién era su conductor, la ruta exacta que se tomaba para llegar al destino y la tarifa que se pagaría. Viendo desde un punto de vista progresista todo esto suena como la solución de los problemas de transporte, pero las cosas no son tan simples. 

Esta semana, los taxistas se manifestaron ante el Congreso exigiendo piso parejo para todos los conductores, tanto de medios digitales como los convencionales. Ahora bien, es importante definir lo que para ellos es piso parejo. Si esta famosa frase significa que independientemente de la plataforma cada conductor cumpla con requisitos tales como exámenes toxicológicos, licencia de chofer, pago de cuotas requeridas y contar con los registros y permisos necesarios, entonces sí, es más que necesario que el Congreso regule de forma igualitaria a todos los que brindan estos servicios. “Con respecto a la publicación en el Periódico Oficial del Estado sobre las reglas de operación o normas generales estatales de carácter técnico para las Empresas de Redes de Transporte, promovidas por el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Transporte que encabeza Noé Chávez Montemayor, la compañía de tecnología se muestra a favor de su cumplimiento”, indicó Uber. Pero piso parejo no significa, bajo ninguna circunstancia, que estas plataformas digitales no puedan laborar y se le dé preferencia únicamente a los taxistas. El giro que se le ha dado a sus reclamaciones va más allá que solo exigir que cuenten con estas regulaciones. “Vamos a cerrar aeropuertos, quemar coches… los quieren pues se los vamos a quemar aquí en el Congreso”, amenazaba el dirigente de las manifestaciones frente el Congreso esta semana por considerar estos nuevos servicios una competencia desleal. 

El mundo se encuentra en un constante cambio y movimiento. Es imposible negarse a estos cambios y transformaciones que sufren tanto los empleos como los servicios que se reciben. Los medios de transporte no son la excepción aquí. Sí, la regulación de estos medios es de suma importancia para que exista una competencia justa, pero el innovar y hacer uso de la tecnología para mejorar un servicio, no se le puede considerar nunca una competencia desleal. Por el contrario el acaparar e impedir la entrada de nuevas plataformas por el uso de la fuerza, sí es para mí la definición de competencia desleal. El Estado tiene una tarea muy importante aquí, ya que deben mostrar que no se doblegarán ante amenazas fundadas en terror, si no que harán lo que jurídicamente es correcto, para que tanto plataformas actuales como las tradicionales puedan laborar y, de ese modo, los usuarios puedan elegir la opción que más les convenga. 

Monterrey vs. Santiago de Chile

by Eduardo Quintanilla
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Por un lado, tenemos a diez activistas exhortando al Congreso de Nuevo León a acelerar la Ley de Movilidad y por otro lado tenemos a más de un millón de personas protestando en las calles de Santiago de Chile tras el anuncio del incremento en las tarifas del Metro. ¿Cuál de los dos eventos es más preocupante? 

Yo estaría más preocupado por el pequeño grupo que por la manifestación masiva.

Los dos responden a una serie de acontecimientos que, con el tiempo, han tomado características de crisis. Son la manifestación de solicitudes sociales de cambiar lo que ya no funciona y marca un deterioro en la economía de más de la mitad de la población. 

Un millón de personas protestando parece de cuidado. Yo pondría atención en lo que simboliza un pequeño grupo de personas exhortando a diputados locales. 

Además, no veo una sola crisis, veo cuatro y lo veo así: 

Crisis de movilidad: La sencilla de ver. Se vive a diario un transporte caro, ineficiente, incómodo y que todo apunta a que será aun más caro y sin expectativas claras de mejora. La lucha entre el gobierno y los intereses de transportistas parecen no tener fin ni arreglo justo para los usuarios. Sumemos el uso desmedido del auto privado como problema que no se enfrenta de manera adecuada y el desarrollo urbano que sigue expandiendo la mancha urbana sin planeación de transporte. Hoy tenemos el nada honroso primer lugar en contaminación en el país, de seguir así lograremos el mismo puesto a nivel Latinoamérica. 

Crisis política: La que no creemos nuestra. La lucha de poder entre bancadas legislativas, gobierno del estado, municipios y partidos ha llegado al nivel en que ponerse de acuerdo por el bien común es el último punto en la agenda. Y si a esto sumamos que empieza la carrera política al 2021, las cosas se ponen peor. Los ojos están puestos en el futuro sin solucionar el presente. Parece un buen momento para que los ciudadanos nos involucremos más en la política y las decisiones que tomamos en una elección; nosotros somos quienes votamos por quienes nos representan, por cierto ¿Recuerdan al diputado local de su distrito? ¿El trabajo que ha realizado?

Crisis social: La que nos negamos a ver. La ciudad se encuentra polarizada, los problemas de unos no significan gran cosa para otros y los más afectados son los que menos recursos tienen. Los problemas de los usuarios de transporte público son de poco interés para los que se mueven en auto, para ellos la preocupación está en las condiciones de las calles y sus baches. Mientras los que más tienen se preocupan por mejorar el medio ambiente haciendo carpool sin bajarse de sus autos privados, los que no contaminan, porque caminan y usan el trasporte público, tienen que gastar más en transporte y caminar por banquetas en pésimo estado.  Complicado entender lo que es realmente el bien común. 

Crisis sistémica: La difícil de entender. No se están viendo los verdaderos problemas ni soluciones de fondo.  Se da más importancia a soluciones reactivas de problemas inmediatos que seguir procesos para lograr objetivos de largo plazo, que dudo se tengan. Se aplican las mismas soluciones que nos han llevado a la situación actual. Subir tarifas de transporte, más carriles para autos, concesionar el río para una autopista privada, salir en la foto inaugurando obras que pronto serán olvidadas, son solo algunos ejemplos.  

Por todo lo anterior es que veo una crisis silenciosa en la ciudad que preocupa más que una estruendosa. 

Hay que abrir bien los ojos y pensar que quizás la crisis chilena, con cientos de miles de manifestantes en las calles, empezó con 10 activistas haciendo un exhorto al gobierno y en su momento no se les dio importancia.

El debate de la objeción de conciencia en México

by Rene Ramírez
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La objeción de conciencia se ha convertido en el centro de debate nacional, ello porque el Congreso Estatal de Nuevo León aprobó una modificación a su ley local en materia de salud, para incorporar dicha figura jurídica para los miembros del sistema de salud. El tema ocasionó un fuerte debate en redes sociales, programas de opinión, columnistas y mesas de café, teniendo como punto de partida una presunta intención ideológica detrás de la mencionada iniciativa, sin embargo, existe una serie de imprecisiones que se propagaron por el internet, ya que si bien, es un tema en el cual existe una discusión desde un aspecto filosófico o axiológicos en materia de derechos, pero es innegable que existe una obligación constitucional para legislar en la materia. En primer termino, debemos señalar que la objeción de conciencia es un mecanismo que “supone no solamente el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también de obrar de manera conforme a los imperativos de la misma”(Sanchís, Luis Prieto 2006)

El derecho de la objeción de conciencia tiene origen dentro de nuestra legislación nacional en la reforma que se dio en el Senado de la República y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, donde se incorporó esta figura jurídica en la Ley reglamentaria en la materia, y de igual manera en sus artículos transitorios se estipuló que las entidades federativas debían modificar sus legislaciones para armonizarlas con la modificación al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud. Con dicha modificación, se abrió la puerta a reglamentar la responsabilidad de hacer o no hacer, el respeto a la libertad de conciencia y pensamiento, así como los límites, en todo nuestro país. Antes que nada, debemos definir la objeción de conciencia, y  podemos definirla como el respeto del pensamiento o reflexión personal o moral cuando este contravenga una acción a la cual tiene que ejecutar. Podemos ver  que es una ponderación del ejercicio de la libertad personal e incluso religiosa sobre una acción que pudiera lesionar su sentir o forma de pensar y “en principio ejerce un derecho fundamental, por más que el juicio definitivo pueda desembocar en la negación o rechazo de la posición iusfundamental a la vista de la presencia  en el caso de otras razones más fuertes en favor de tal deber jurídico”(Sanchís, Luis Prieto 2006). 

En el aspecto jurídico, hay que enfatizar que este mecanismo es un derecho humano que se ha visto en diversos ámbitos como el militar, empresarial o de la  administración pública. Ello también trae a colación dos derechos, el derecho del acceso a la salud previsto en el artículo 4 constitucional y el derecho a la libertad ideológica, pensamiento o creencia, señalado en el artículo 24 de nuestra carta magna, y es dentro de este derecho donde podríamos ubicar a la objeción de conciencia como derecho protegido por la constitución. Independiente de los titulares tendenciosos y la polarización social respecto a este tema, la objeción de conciencia atiende a procurar al personal del sistema de salud y puede ser encontrado en todas las democracias con estado de derecho, y debería ser visto como una medida mediadora ante diferentes visiones o cosmovisiones sociales, y una herramienta fundamental en la preservación de la diversidad de pensamiento y creencia. También, es imperativo  aclarar que al momento de plasmar la objeción de conciencia se debe tener en claro que no se objeta a la persona y sus características físicas o personales, ya que ello claramente recae en una discriminación, contrario a lo estipulado en el articulo primero constitucional y violatorio de derechos humanos,  precisando que debe objetarse la acción que contravenga el pensamiento del objetor.  

Nuestro máximo órgano de impartición de justicia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en temas de a través de garantías de protección  y abstención el Estado se asegura de que los creyentes puedan efectivamente ejercer su libertad religiosa”(AR 1049/2017). En el ámbito internacional, encontramos este derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, en el cual establece que “toda persona tiene derecho a la libertad  de pensamiento, conciencia y religión”; lo anterior también lo podemos vislumbrar en el artículo 18  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 9no y el 10o de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De igual manera, es innegable la existencia del conflicto ante este derecho, ya que podría ejercerse cómo medida que limitaría el acceso a ciertos servicios, pero debemos vislumbrar que no todo derecho es absoluto. Si vemos los antecedentes en México, la objeción de conciencia se introduce federalmente, en una serie reformas realizadas por la Secretaría de Salud a la Norma Oficial Mexicana 046, con la cual se reconoce el derecho de objeción de conciencia de médicos y enfermeras para la práctica de abortos en el caso de violación, sobre lo anterior es importante precisar, que en diversas entidades no permiten y penalizan dicho acto,  como es el caso de  Nuevo León, por lo cual no se presenta la iniciativa en un ámbito  prohibicionista de la interrupción del embarazo, ya que no es la intención del legislador. De la misma manera, encontramos que, en la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, aprobada en el 2011, en su artículo 42 se reconoce el mismo derecho de objeción para el personal de salud que quiera abstenerse a intervenir en la atención de pacientes terminales. Tenemos que ver que dicha reforma en también contempla limitantes, como son cuando esté en riesgo la vida del paciente o el caso de una urgencia médica. Podemos ver que debe garantizarse el derecho de acceso a la salud en todo momento,  y en ese sentido, al ejercer dicha objeción se debe realizar de manera previa y procurar de proveer al paciente de otro personal  de salud que garantice la atención,  también enfatizar el hecho  que no  debe objetarse con relación al sujeto (paciente) sino al acto; si logramos dilucidar  esto, podemos ver la objeción de conciencia como una medida extraordinaria y un derecho  y no desde un plano ideológico que abone a una polarización innecesaria. 

reneramirezbenites@gmail.com 

Bibliografía 

Amparo en Revisión 1049/2017.  Oposición a que se realice a su menor hija una transfusión sanguínea  por  pertenecer a  la comunidad cristiana  “Testigos  de Jehova”, posible colisión de  derechos a salud de un menor de edad y el derecho a libertad  religiosa de sus padres. Ministro Ponente: Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Primera Sala de la  Suprema Corte de  Justicia de la Nación. 15 de agosto de 2018 

ONU. Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. 2012. La objeción de conciencia al servicio militar. Nueva York  y Ginebra. Naciones Unidas

Sanchís, Luis Prieto. 2006. “Libertad y objeción de conciencia”. Revista Persona y Derecho 54. (2006): 259-273. 

Soberanes Fernández, José Luis. 1998. “La  Objeción  de conciencia ante la justicia constitucional  en México”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. (1998): 137-151.