Los primeros desafíos de la Sala Anticorrupción en Nuevo León

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El pasado 1º de mayo, después de un proceso que involucró la cooperación del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción y del H. Congreso del Estado, inició su encargo como Magistrado el Licenciado Mario Treviño Martínez; posteriormente, el 15 de junio, se declaró formalmente el inicio de funciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Acuerdo 2/2018 de la Sala Superior), la Sala Anticorrupción.

Esta Sala Especializada es producto de la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, configuró diversos órganos en la materia y determinó la obligatoriedad de replicar el modelo en las entidades federativas. Una de las partes importantes de la reforma consistió en distinguir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en dos tipos, las graves y las no graves. Para resolver las primeras, la reforma reconfiguró la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en lo que nos interesa, ordenó a las entidades federativas que instituyeran Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas con competencia para establecer “las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” (art. 116, fracción V de la CPEUM). 

Para cumplir con estas bases constitucionales, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Local, expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y modificó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. En suma, parecería que la escena está puesta para que inicie a funcionar la Sala Anticorrupción.

Advierto, sin embargo, al menos tres desafíos con los que deberá enfrentarse la referida Sala: i) la transferencia de asuntos a la Sala Anticorrupción que no caen estrictamente dentro de su ámbito de competencia; ii) la complejidad técnica jurídica de decidir cuál ley de responsabilidades aplicará para los casos nuevos que conozca: la anterior a la reforma anticorrupción o la ley general, toda vez que el Congreso aún no adecua la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y iii) eventualmente, cuál será la decisión que se seguirá respecto de los 570 servidores públicos del Gobierno del Estado que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometieron alguna irregularidad que amerita la sanción a través de la vía administrativa local. 

i).- Competencia vía acuerdo general

Recientemente, se publicó que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León reasignó a la Sala Anticorrupción de dicho órgano jurisdiccional todos los asuntos que sobre responsabilidades de los servidores públicos ingresaron durante  2016, 2017 y 2018 (El Norte, 23 de julio de 2018). Desde una perspectiva de eficiencia y especialización esto parece una buena idea, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, la decisión plantea problemas jurídicos de competencia.

Esto es, la reforma constitucional de 2015 únicamente otorgó competencia a las Salas Anticorrupción para resolver vía sentencia las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, cuyos expedientes les sean remitidos por la autoridades substanciadoras; pero no tienen competencia constitucional para conocer las revisiones jurisdiccionales que conforme a las leyes de responsabilidades anteriores son del conocimiento de los Tribunales de Justicia Administrativa hasta que ya se ha impuesto una sanción a los servidores públicos. Aun en el supuesto de que se quisiera justificar esta competencia con la reforma que tuvo la Ley de Justicia Administrativa este año (Periódico Oficial del Estado, 19 de enero de 2018), esto solamente sería posible respecto de los casos que se turnasen a la Sala Anticorrupción con posterioridad al 20 de enero, fecha en que entró en vigor esta reforma, pero no con relación a asuntos de 2016 y 2017 como se pretende justificar vía un Acuerdo General de la Sala Superior (3/2018).

ii).- Cuál ley aplicar

Uno de los principales problemas en el derecho es la selección de las normas que servirán para resolver un conflicto. La Sala Anticorrupción deberá enfrentar el desafío de decidir, para casos nuevos que le sean turnados, si los juzgará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la cual, a la fecha, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional general de 2015 y local de 2017. Es cierto que este dilema se presentará en primer lugar en las autoridades de control interno que, conociendo de oficio o por denuncia, de presuntas irregularidades de servidores públicos, deberán ceñirse a una ley específica, a conductas calificadas como ilícitos administrativos por dicha ley específica y dentro de un procedimiento en particular. En todo caso, lo que deseo resaltar es que, cuando dichos casos lleguen eventualmente a su conocimiento, deberá resolver también si las decisiones tomadas por las autoridades investigadoras y substanciadoras fueron correctas; además, deberá tener en cuenta que entre los modelos de responsabilidades de los servidores públicos existen diferencias substanciales.

La magnitud de este problema fue reconocida por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando, vía una demanda de amparo, pretendieron obtener una sentencia en la cual se declarara que los Congresos de los Estados debían abrogar sus leyes de responsabilidades administrativas y solamente debían ceñirse a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Amparo-CPC-LERA-Versio%CC%81n-Pu%CC%81blica-PDF.pdf). Recientemente, un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México falló en contra del CPC Nacional, y concluyó que:

es válido considerar que el cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa local de conformidad con lo previsto en el decreto referido puede llevarse a cabo de diversas maneras, pues armonizar la legislación local con la general puede implicar adicionar, modificar o derogar disposiciones específicas de la legislación existente de la materia con el fin de ajustarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; hacer adecuaciones a otras normativas con el fin de implementar lo establecido en la última normativa mencionada; entre otras, lo que se efectúa atendiendo a las circunstancias específicas de cada entidad federativa. (Amparo Indirecto 1152/2017).

Es decir, el Juez de Distrito determinó que las legislaturas de los estados tienen libertad para adecuar, dentro de la plataforma mínima de la Ley General y según su propia realidad social, sus leyes locales. En este caso, el Congreso de Nuevo León ya adecuó lo relativo al órgano, y lo pertinente al procedimiento que seguirá según la Ley General, pero no está del todo claro respecto a las conductas ilícitas; quiero decir, no es del todo evidente qué conductas son las consideradas como irregulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la Ley de Responsabilidades anterior aún está vigente, esto es, coexisten dos leyes con modelos substancialmente diferentes: la Ley General acorde al sistema anticorrupción y la ley que responde a la lógica previa a la reforma constitucional.

iii).- Los 570 

Finalmente, la Sala Anticorrupción deberá enfrentarse al que muy probablemente será el primer gran caso de su mandato constitucional: El caso de los 570 servidores públicos que según el Tribunal Electoral recabaron firmas de apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez durante el tiempo de sus jornadas laborales, con lo que incurrieron en conductas ilícitas de índole administrativa que deben ser sancionadas de acuerdo a las leyes del estado de Nuevo León.

En efecto, como se recordará, el pasado 21 de junio la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que 572 servidoras y servidores públicos, entre los que se encuentran personas que fungen o fungían como titulares de Secretarías de Estado, “…faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano)” (SRE-PSC-153/2018); el fallo fue comunicado a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados. Posteriormente, el 30 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en esencia dicha resolución, absolviendo únicamente a dos personas, por lo que la cifra final de servidores públicos que incumplieron con el principio de neutralidad e imparcialidad contemplado en el artículo 134 de la Constitución es de 570 personas (SUP-REP- 204/2018 y acumulados).

Este caso, sin duda, será de alto impacto en nuestro estado, no solo por el número elevado de servidores involucrados, sino porque, tal vez como ningún otro, puede evidenciar, casi de forma didáctica, cómo es que el “abuso del poder para beneficio privado” (https://www.transparency.org/declaration/en), por regla general, se da en contextos de redes y no de forma individual y aislada.

Qué decisiones tome el titular de la Sala Anticorrupción a los desafíos antes descritos sin duda delinearán el alcance jurídico de sus facultades pero, tal vez más importante aún, permitirán confirmar o refutar si esta vía -las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos- será un camino eficiente en el combate a la corrupción e impunidad en nuestra entidad.

2018: la nueva realidad política

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Después de las elecciones del pasado domingo 1 de julio, Nuevo León y México enfrenta una nueva realidad política a la que no nos habíamos enfrentado. Por décadas en Nuevo León solamente tuvimos representantes de los partidos de siempre PRI y PAN, a nivel estatal y federal. El resultado de estas últimas elecciones arrojó en el Congreso local 12 distritos para el PAN, 11 para la coalición Juntos Haremos Historia, 2 para el PRI y 1 para Movimiento Ciudadano, esto nos pone desde luego, en una nueva dinámica en la vida política del estado. 

Por años la ciudadanía confió y votó a los partidos de siempre, y esa opción perduraba por tiempo, sin importar los candidatos los partidos ganaban las elecciones. Tenemos muchos ejemplos de ello, Apodaca y Escobedo bastiones priistas, San Nicolás y Santa Catarina bastiones panistas, Guadalupe de 1994 al 2003 del PAN, luego del 2003 al 2018 PRI sin alternancias. En San Pedro Garza García el PAN ha gobernado hasta 2018 por más de 30 años. La nueva realidad política nos dice que cada vez menos la ciudadanía confía en los partidos políticos por el hecho de serlo, y ahora el candidato tiene mucha más relevancia para la toma de la decisión. 

Después de estos últimos años donde el abuso, corrupción e impunidad de la clase política ha prevalecido y la mayoría de las veces sin tener consecuencias, la política en general se ha hundido en el descrédito y desconfianza de la ciudadanía, y con mucha razón. Esta elección gran parte de la ciudadanía optó por una opción que ponga fin a los abusos de los políticos corruptos de siempre, y en gran medida, ese hartazgo lo capitalizó la coalición Juntos Haremos Historia. Eso es la democracia, se gana y se pierde, pero lo importante es, donde la ciudadanía decida que estén los políticos que sean una oposición responsable, que no estén en contra de todo solo porque son de otro partido, si no, que señalen lo que esté mal y propongan soluciones, porque Nuevo León es un estado plural, donde es importante considerar todas las voces para asumir esta nueva etapa. Que esta nueva realidad política sirva para mejorar a Nuevo León y a México, porque ser oposición es amar a México. 

Regalando Diputaciones como Enchiladas

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Los Partidos tienen la receta perfecta para que puedan negociar el robo de Diputaciones, sin que nadie se de cuenta. Son dos ingredientes, la complejidad intencional de la Ley Electoral sobre cómo se asignan los Curules de Proporcionalidad, para que pocos entiendan y nadie grite faul. El segundo ingrediente son las lagunas legales, áreas grises que justifique los criterios a modo de la CEE, resultados de negociación partidista.

Es el robo más complejo a nuestra democracia, le echan tanto coco a este crimen electoral debido a que el Congreso es la clave para fortalecer su estructura de poder, así como para aprobar las cuentas públicas del Ejecutivo, lleno de compadres Partidistas. 

El Congreso de Nuevo León está compuesto por 42 diputados. 26 entran directo ganando su distrito y los 16 restantes son elegidos por proporcionalidad, algo que es en principio noble para que la mayor cantidad de Votantes sean representados por un Diputado. Digo en principio porque el PRI y el PAN nos metieron a los mentados Pluris de Lista el año pasado. 

El proceso para asignar estos 16 curules tiene reglas más complicadas que un manual en coreano para armar un avión a escala, si a este le arrancaran unas páginas.

Simplificare de manera muy general, el proceso de cómo se asignan estas 16 diputaciones y los abusos de la CEE para regalarle curules al PAN y al PRI, como si fueran enchiladas.

El primer paso es asignar Diputaciones por “Porcentaje Mínimo”, empezando con los Pluris, que quedan en deuda con su Partido en lugar de con los Electores. Cada Partido que llegue a más del 3% de todos los votos, puede meter al Primero de su Lista de Pluris. Si obtienen más del 6%, meten a sus dos Pluris. 

Aquí empieza la inconsistencia de la CEE. Luis Susarrey, que era Pluri del PAN, gano su distrito. Entonces la CEE determinó que la asignación le tocaba entonces al siguiente de la Lista de Pluris.

Pero para Movimiento Ciudadano, con Luis Donaldo Colosio, que igual gano su distrito y estaba en la lista de Pluris de MC, la CEE determino algo diferente. En lugar de brincarse al siguiente de la Lista de Pluris, metió al Suplente de Colosio.

Ambos criterios son debatibles, pero es una barrabasada que la CEE aplique diferentes criterios en la misma sentada. Es tan incompatible como decir Heil Hitler y Namaste en el mismo respiro. 

Viene el segundo paso, el Coeciente Electoral, donde se calcula solo los votos de los Partidos que pudieron colocar a un Diputado en el paso anterior, restando los votos contenidos en los 3 y 6 porcientos utilizados para hacerlo, lo que se divide entre los Curules que aún no fueran asignados.

Pero la CEE se brinca esto y comienza el cálculo de la sub y sobre representación. Esta figura se usa para ponerle un suelo y un techo a las fórmulas de asignación, para que las matemáticas de la asignación estén alineadas a la realidad de los votos. Así se define el mínimo y máximo de diputados que un Partido puede tener, si con las fórmulas de asignación un Partido está sobre representado le quitan las Diputaciones correspondientes y si esta sub representado se las asignan. 

La CEE cometió dos violaciones, primero tomo como base la votación efectiva, cuando la Constitución y el sentido común, marca que debe ser la emitida.

De esta manera el PAN pudo robarse una Diputación, ya que su tope era 15 Curules, pero le dieron 16.

Pero para que funcionen las cochinadas en la CEE se tienen que repartir pa’ todos, entonces al PRI le regalaron también una diputación. Solo que no se pusieron tan técnicos, sencillamente redondearon el número de Sub Representación de 5.6 a 6, como si estuvieran en el OXXO! Lo cual, además de una idiotez, es un crimen.

Para agrandar el insulto, el curúl que se robó el PRI, fue arrebatado arbitrariamente a MC, el único partido que hizo bien las cosas en esta Legislatura.

Una verdadera vergüenza el trabajo del Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, y pues del PRI PAN ni se diga, son organizaciones criminales por excelencia.

Por falta de espacio no puedo entrar en los siguientes pasos de las asignaciones, pero quería transmitirles lo más alarmante para que juntos actuemos. ¿Cómo?

Difundiendo el mensaje en nuestros círculos y exigiéndole a los Magistrados del Tribunal Electoral en estos correos gastonenriquez@tee-nl.org.mx lealisla@tee-nl.org.mx jbautista@tee-nl.org.mx ya que estamos en sus manos. También es importante entender la importancia del Legislativo, con auténticos diputados, Medina y Natividad ahorita serían roomies en el Topo Chico. Imagínense esa chulada, que los Gobernantes no puedan robar.

La designación de la Magistratura Anticorrupción en Nuevo León: Una oportunidad perdida

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El 24 de noviembre de 2017 el Congreso del Estado de Nuevo León designó a nueve personas como integrantes del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción. La decisión derivó de un procedimiento en donde el Congreso contó con el apoyo técnico del Grupo Ciudadano de Acompañamiento, lo que dotaría de legitimidad al resultado; además, los perfiles y el origen de las personas nombradas anunciaban que el Comité de Selección sería un filtro ciudadano en los nombramientos de los titulares de órganos esenciales para el Sistema.

Además de designar al Comité de Participación Ciudadana, el Comité desempeñaría una importante labor en las designaciones de los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

Por lo que hace a la Magistratura Anticorrupción, así como las Fiscalías, el Comité de Selección tiene la atribución de opinar sobre el contenido de la convocatoria pública para ocupar dichos cargos; definir quiénes de los aspirantes cumplen con los requisitos, así como analizar y evaluar los perfiles de las y los candidatos.  Para la evaluación, en las convocatorias se determinó que se llevaría a cabo “mediante una entrevista de sus antecedentes y trayectoria.” 

Todo parecía indicar que la función del Comité de Selección del SLA-NL cumpliría la expectativa de “promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos.”

La importancia de la Magistratura Anticorrupción en el SLA-NL deriva del alcance de su facultad sancionadora para combatir la corrupción y la impunidad:  Disuasión de conductas infractoras, cumplimiento forzoso de la ley, castigo y presencia de la autoridad. De ahí justamente lo nuclear de que los procedimientos para su designación fueran abiertos, competidos y transparentes. Como justificaré, el Comité de Selección perdió la oportunidad de constituir un verdadero filtro ciudadano en la designación de la referida Magistratura.

Para la Magistratura Anticorrupción se inscribieron 37 personas. El Comité de Selección del SLA-NL acordó el formato para la entrevista de evaluación de las y los aspirantes. Las entrevistas fueron el 14, 15 y 16 de este año. El 20 de marzo, el Comité acordó la lista de las 36 personas que cumplieron los requisitos; presuntivamente, ese mismo día envió al Congreso del Estado una lista con cinco nombres como finalistas. Por último, y previa comparecencia de las personas integrantes de la terna formada por el Congreso, el 23 de marzo se designó a Mario Treviño Martínez para el cargo.

La oportunidad que perdió el Comité de Selección del SLA-NL se evidencia con lo siguiente:

1).- La entrevista no permitió interacción y fue insuficiente para evaluar los perfiles y el conocimiento técnico de los aspirantes. Este modelo no respondió a la definición de una entrevista, y permitió a las y los aspirantes conocer con antelación las preguntas.

2).- No hubo transparencia en cuanto al contenido de las cédulas a utilizar durante la entrevista y, más grave aún, no hubo parámetros objetivos, claros, previos y públicos para la evaluación.

3).- No se han hecho públicas las razones según las cuales se conformó la lista de los cinco finalistas.

4).- El Comité de Selección no ha rendido cuentas de sus decisiones. No se han publicado las actas o minutas de las sesiones que celebró para este procedimiento de designación.

5).- El Comité se desapega de los principios esenciales de un Gobierno Abierto: Transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, contrario a lo que esperaríamos de un órgano público ciudadano, el Comité se ha mimetizado en un órgano público de servidores públicos tradicionales, por lo que no se ajusta a ninguna de las tres dimensiones de la transparencia: a) pasiva, b) activa y c) focalizada.

El producto de la intervención de este órgano ciudadano en la designación del Magistrado Anticorrupción, dejó de responder a “un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo.”

En suma, una oportunidad perdida de construir una democracia de interacción que “tiene por actores al mundo militante de las asociaciones, cuyo movimiento dibuja una especie de doble cooperador y contradictorio del poder…” 

La intervención del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción de Nuevo León en la designación de la Magistratura Anticorrupción privilegió la cooperación, más que el contrapeso al poder.

Debaten Barroso y Héctor García por Ley de Uniformes

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El día de ayer, los legisladores locales aprobaron la Ley de Uniformes, la cual consta de otorgar Uniformes Gratuitos para Estudiantes de Educación Básica.

Con unanimidad de 36 votos a favor este martes el Legislativo aprobó financiar uniformes para primaria y secundaria de manera gradual por nueve años.

“Esperemos que sea de utilidad para todos los ciudadanos de Nuevo León. Para los padres que no tienen la posibilidad de estar gastando cada ciclo escolar, aunque sea un poco tarde y un poco después y aunque sea tal vez, después de una copia de la de su servidor”, expresó Barroso.

Una clase de debate anticipado, el diputado Barroso solicitó la palabra, con la razón de hacer constar que dicha Ley en discusión había sido propuesta del mismo, y no del diputado García, como se había manejado en un inicio.

Inmediatamente García pidió la palabra para desconocer el precedente y por alusiones personales arremetió contra Barroso.

“No se lo permito diputado. Yo no le copio a usted nada. ¿Podrá precisar en qué comisión estaba su iniciativa? Porque en la mía no. Porque perdón, pero yo a usted no le copio absolutamente nada y menos sus iniciativas”, manifestó.

De acuerdo con Barroso, se trata del expediente 10173/LXXIV, del 3 de agosto de 2016, que presentó en conjunto el dirigente panista Mauro Guerra Villarreal. Esto, aún cuando Barroso pertenecía al grupo legislativo de Acción Nacional.

Sin embargo García reiteró que en la comisión de Legislación que él encabeza no existe tal y señaló a la Oficialía Mayor como su fuente.

Para el ahora diputado “independiente” la aprobación de esta ley a nombre de los priistas muestra el uso faccioso que hacen los diputados en la tribuna.

Se registra Luis Donaldo Colosio Riojas por el Distrito 4

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Esta mañana Luis Donaldo Colosio Riojas se registró como candidato a diputado local por el distrito 4 con cabecera en Monterrey, bajo el respaldo de Movimiento Ciudadano en la Comisión Estatal Electoral (CEE).

Acompañado de los candidatos a alcaldes y diputados locales, Colosio Riojas se presentó en la sede de la CEE para entregar los documentos correspondientes.

El ahora candidato dijo que dedicará el tiempo restante previo a inicio de campaña al diseño y planeación de una campaña fuerte, que le permita conocer casa por casa el distrito.

“Estoy sumamente orgulloso de formar parte de este gran equipo de mujeres y hombres valientes; ciudadanos responsables comprometidos con su estado, su país y con su gente. De aquí nacerá la mejor bancada en lo que será la mejor Legislatura en la historia del Congreso de Nuevo León”, aseguró Colosio.

“Trabajaremos todos los días, tanto en campaña, como durante toda la duración de nuestro mandato, en escuchar y recoger las inquietudes de la gente y así traducirlas en esfuerzos legislativos que tengan un impacto contundente, real, pero sobretodo cercano a lo que la ciudadanía necesita”, añadió.

Luis Donaldo estará acompañando a los distintos candidatos locales de Movimiento Ciudadano durante el tiempo de campaña.

Mariela Saldívar denunciara ataques en su contra

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La Diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Mariela Saldívar, aseguró esta mañana víctima de violencia política y género, acoso y suplantación en redes sociales, razones por las cuales presentará una denuncia este miércoles ante la Procuraduría de Justicia.

“Voy a presentar primero una denuncia ante la Procuraduría por los delitos de difamación, calumnia, acoso y suplantación de identidad por diferentes ataques que he recibido en redes sociales, Twitter, Facebook y en una página de internet donde suplantaron mi identidad desde abril de 2017 a la fecha con presiones políticas, primero buscando que renunciara a mi cargo como Coordinadora de Políticas Públicas y luego para presionarme en decisiones que he tomado como Diputada”, dijo la legisladora local.

Saldívar aseguro que son dos las personas que han hecho ataques directamente a su persona, pero también dijo que revelará los nombres de los medios, aunque aclaró que hay quienes la han atacado desde el anonimato.

Nombra González a Genaro Alanís como Secretario de Gobierno

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En su primera acción como gobernador interino de Nuevo León, Manuel González, nombró a Genaro Alanís, como secretario de Gobierno, mismo que González ocupó hasta el domingo antes de tomar protesta.

Alanís, quien anteriormente fungía el puesto de subsecretario de política, también fue brevemente operador de la asociación “La Nueva Independencia”, misma que tiene el objetivo de financiar y operar la recolección de firmas a favor de la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” a la Presidencia de México. Poco después de tomar el puesto, “el Bronco”, metió reversa, para evitar controversias.

Manuel González, también anunció, que por el momento el Procurador General del Estado, Bernardo González, estará a cargo de la coordinación del Gabinete de Seguridad, esto con el fin de que Alanís se enfoque principalmente en la operación política del gobierno estatal.

“Liberamos un poco a Genaro para que nos ayude en tareas partidarias”, comentó el gobernador interino.

El mandatario interino ordeno a Alanís, coordinar una mesa de trabajo permanente con los dirigentes de los partidos políticos, con de garantizar un proceso electoral en armonía. También González, adelantó, que posiblemente se establezca otra mesa con los coordinadores de las bancadas del Congreso Local y otras más con los líderes del magisterio.

En los primeros minutos del 2018, Manuel González, tomó protesta como gobernador interino de Nuevo León, esto después de que “el Bronco” solicitará licencia por seis meses para ir enfocarse enteramente en su candidatura a la Presidencia de México.

 

Aprueban licencia a “el Bronco”; Manuel González como interino

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En una caliente sesión extraordinario, el Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría la licencia de seis meses solicitada por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”. Mientras que la propuesta del mandatario, de que el gobernador interino fuera su secretario de Gobierno, Manuel González, también fue aprobada con voto secreto.

Durante la sesión los ánimos se calentaron, después de que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se declarará en contra de otorgar la licencia, ya que desde su punto de vista era el peor mensaje que podría mandar el Gobernador, ya que no estaba cumpliendo con su palabra.

“Por más que revisamos antecedentes legales que revisamos, no está obligado este Congreso a darle una licencia a un Gobernador para que se vaya a competir porque le conviene o le plazca. La gente está en contra de que le demos la licencia, sus redes están pulverizadas por los reclamos de quienes dicen que no se debe ir, nos está dejando morir”, dijo García.

Por su parte la diputada priista, Liliana Tijerina, arremetió en contra del diputado de Movimiento Ciudadano, ya que aseguro, que el primero en poner el mal ejemplo fue su partido, al aliarse con “el Bronco” durante las elecciones del 2015. Además, Tijerina, dijo que Mariela Saldivar, diputada de MC, estaba en ese puesto por la licencia que se le había dado a la ex diputada Concepción Landa.

El diputado Ángel Barroso, también arremetió contra García, pues aseguro que el diputado de MC, se mordería la lengua en unos meses, cuando solicitará licencia para competir por una senaduría.

En respuesta a los ataques, el coordinador de la bancada de MC, le dijo a Barroso, que el era el ejemplo perfecto de un chapulín, ya que saltaba de partido en partido, además los acuso de haber andado coqueteando con el Frente Ciudadano por México, en los meses anteriores.

Después de que se aprobará la licencia a “el Bronco”, el diputado del PRI, Héctor García propuso como gobernador interino al actual Secretario de Gobierno, Manuel González. Tras un voto secreto de todos los diputados, la propuesta fue aprobada y González tomará protesta en las primeras horas del 1ero de enero del 2018.

 

“El Bronco” pedirá licencia hoy

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, pedirá licencia ante el Congreso de ese estado hoy en punto de las 10:30 hrs.

Con el fin de poderse ir de precampaña para la Presidencia de la República, “el Bronco” pedirá licencia por 6 meses al Congreso de Nuevo León. Se espera que esta mañana el aún mandatario de Nuevo León se presente en el Palacio Legislativo, donde será recibido por la Presidenta del mismo, Karina Barrón.

Aunque no esta claro si la licencia comenzará el 31 de diciembre o 1 de enero, lo que si se sabe es que el gobernador de Nuevo León, tiene los votos a favor para que se le conceda. Tampoco queda claro, si la solicitud de licencia viene con alguna propuesta de quien sea el gobernador de interino del estado en esos seis meses.

Tan pronto sea presentada la solicitud de licencia, esta será turnada a la Comisión de Gobernación, donde se estudiara y dictaminara con carácter de urgente, para que sea votada tan pronto como el viernes en el Pleno del Congreso.