“Estados del norte mantienen a los del sur”, Carlos de la Fuente

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El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León, Carlos de la Fuente Flores, aseguró que los estado del norte mantienen la economía de aquellos ubicados al sur del país con las aportaciones que dan a la economía mexicana.

De la Fuente dijo al periódico Milenio que en la época del empresario Eugenio Garza Sada, Nuevo Léon aportaba alrededor de 8 y 10 por ciento del PIB del país, por lo que los estado del norte mantienen a los del sur.

Las declaraciones del diputado local panista se dan luego de que el ex titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Pedro Salmerón, y el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, fueron declaradas personas non gratas por el Congreso local.

El albiazul dijo que a lo mejor ellos desconocen esos datos y aunque respetan sus comentario y pueden manifestarse públicamente, no comparten esas ideas.

Cabe recordar que Salmerón calificó de “valientes jóvenes” a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre que mataron al empresario regiomontano hace más de 40 años.

Comienza proceso formal para definir sanción contra “el Bronco”

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La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició formalmente los procedimientos para determinar el camino legal que procederá para sancionar al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”.

La sesión duro solamente seis minutos, puesto que antes de entrar al análisis del tema se declaró en sesión permanente y terminó los trabajos, bajo el argumento de que se requiere más tiempo para analizar el procedimiento legal que ejecutará.

La petición para suspender la sesión fue hecha por Itzel Castillo, del PAN; Beatriz de los Santos, Morena, Claudia Tapia, de Morena Cuarta Transformación y Dolores Leal, de Nueva Alianza.

Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la comisión, adelantó que preven determinar la sanción hasta noviembre y además justificó el aplazamiento del análisis debido a que se trata de un asunto relevante e histórico ara el estado.

“Tenemos que estar seguros de lo que tenemos que hacer como Congreso en un caso inédito, y garantizar los derechos de todos los involucrados”, dijo De la Garza.

El diputado de Movimiento Ciudadano adelantó que la sanción se daría de manera directa y no a través de un juicio político, aunque no se ha consensuado este escenario todavía.

De la Garza adelantó que la comisión reanudará trabajos la próxima semana.

Diputados Morenistas acusan intereses en reparto de comisiones

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Diputados locales de Morena acusaron que los coordinadores de bancada validaron el reparto de comisiones y sus presidencias basándose en intereses personales.

En rueda de prensa, los legisladores Claudia Tapia, Julia de los Monteros y Luis Armando Torres criticaron que las presidencias de las comisiones de Hacienda del Estado, que antes eran presididas por Morena, y de Medio Ambiente, que tenía el Partido Verde Ecologista de México, fueron resignadas a otros partido.

“Están pasando cosas aquí peores que en la Legislatura pasada y eso es difícil de superar, esto parece un mercado de Alí Babá, las comisiones están pactadas y no estamos de acuerdo”, acusó Tapia.

Por su parte Torres y Alonso aseguraron que las comisiones fueron entregadas a diputados que no representan los intereses ciudadanos.

“Esto parece una carnicería, es lo que vimos de cómo se repartieron las comisiones, vuelven a tomarlas quienes nunca han representado al ciudadano, es lamentable que jueguen con nuestra inteligencia, se reparten las comisiones y nosotros ni enterados estábamos”.

Los morenistas incluso acusaron a su coordinador de bancada, Ramiro González, de validar los cambios sin haberlos consultado antes, por lo que buscarán cambiar la coordinación.

“No nos representó, se sentó con otro Diputado a acordar las comisiones, un Diputado que viene entrando apenas ahora”.

(Con información de Grupo Reforma)

Carlos Leal pide licencia; suplente entra a la bancada del PRI

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El diputado local del Partido Encuentro Social (PES), Carlos Leal, solicitó licencia al cargo el día de hoy.

La solicitud de licencia fue ingresada este martes en asuntos en cartera en la sesión del pleno. Por la petición, la Comisión de Gobernación sesionará de manera extraordinaria para validar la solicitud.

Por otro lado, su suplente, Nabor Guerrero, ingresará a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con lo que el tricolor sumará 9 legisladores y pasará a ser la primera minoría del Legislativo local.

Cabe mencionar que al PRI le corresponderá la administración del Congreso.

#ContraPortada: “La vergonzosa farsa en el Congreso de Nuevo León”

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No es que los políticos se caractericen por la congruencia y los principios, no seamos ingenuos, pero lo que hoy está pasando en el [¿H.?] Congreso de Nuevo León está superando la vergüenza y el ridículo de cualquier otra legislatura.

Desde el primer día con la investidura de diputado local varios lobos se quitaron el disfraz de ovejas y mostraron los dientes con acuerdos en lo oscurito, sin recordar en lo más mínimo el discurso nostálgico y conmovedor, en ocasiones hasta de justicia social, que pronunciaron para solicitar el voto de los nuevoleoneses semanas anteriores en épocas de campañas políticas, que básicamente vienen asimilándose a la navidad electorera.

¿Cómo te explicas que en la peor época del PRI y con solo dos diputados ganados por mayoría hoy sean una de las fuerzas políticas más sólidas en el Congreso? Es aberrante.

El caso del diputado Melchor Heredia [vaya que me cuesta trabajo llamarlo diputado] que en tan solo un año ha pertenecido a 3 partidos políticos. Compitió con el PES, inmediatamente se fue con el PRI y ahora resulta que se identifica con MORENA realizando, nuevamente, su cambio de bancada. ¿Qué intereses puede representar esta persona? ¿Cómo les respondes a los ciudadanos que “representas”? imposible no pensar en acuerdos que vayan más allá de su trabajo legislativo.

La vergonzosa farsa que se construye en el Congreso de Nuevo León va más allá de la poca moral, de los valores obsoletos y del nulo compromiso con los ciudadanos; es el claro mensaje de la desaparición de ideologías en los partidos políticos. Desde hace años que la doctrina, los estatutos y las ideas que argumentaban representar los partidos han desaparecido, hoy se atiende única y exclusivamente al mercado electoral como la ley de oferta y demanda lo entienda.

¿De qué manera te explicas una alianza del PAN con el PRD? ¿Izquierda y derecha juntos? La única razón era intentar detener el tren que significaba la figura de Andrés Manuel López Obrador y vaya que no solo fracasaron en el intento, sino que desvirtuaron la oferta política de sus partidos, peor aún, dividieron los grupos al interior de sus institutos políticos. ¿Qué es hoy el PRD? Sí, para ti que estás leyendo esto, al parecer aún existe el PRD.

¿Cómo explicas que partidos pro-aborto y partidos pro-vida compitan juntos en una misma elección? ¿Dónde carajos está la representatividad? Lo único claro es que ganar la elección es el bien máximo de una política débil y donde cada vez menos depositan su confianza.

La gran farsa en el Congreso de Nuevo León está consumada, ya no existen las ideologías en los partidos políticos y hoy solo se mantiene la ambición de ganar. ¿Ganar para qué? Esa es la pregunta.

¿Muerte civil para las y los servidores públicos corruptos?

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Recientemente, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León (LRANL). Una de las novedades de la Ley es la posibilidad de que se sancione con inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a las y los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves o hechos de corrupción (art. 78, fracción V). Por su parte, el Senado de la República como cámara de origen aprobó en marzo pasado un decreto de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), instituyendo la inhabilitación definitiva; esta iniciativa está ahora en comisiones en la Cámara de Diputados. 

El objetivo de esta colaboración es delinear algunos problemas de lo que se ha denominado en los medios como “muerte civil”. 

Acerca de la formalidad del término, es cierto que periodísticamente resulta muy atractivo usar el término de “muerte civil”, pero este no es exacto, porque la institución no implica la pérdida de otras capacidades como el ejercer el sufragio activo. Lo que implica en verdad es solo la prohibición permanente de incorporarse a un empleo, cargo o comisión de naturaleza pública.

La delimitación de este tipo de sanción de acuerdo con la LGRA (art. 78) es solo temporal y fluctúa en el siguiente rango:

a).- De tres meses a 1 año, si la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno. b).- De 1 hasta 10 años, si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede las 200 UMAS ($16, 898.00). c).- De 10 a 20 años, si se exceden las 200 UMAS.

La nueva LRANL publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 7 de junio de 2019, agrega también la inhabilitación definitiva. Para ello, segmenta los supuestos de inhabilitación de la siguiente forma:

a).- Inhabilitación temporal de tres meses a 1 año cuando la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno.  b).- Inhabilitación temporal de 1 a 10 años cuando el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 1, 500 el valor diario de la UMA ($126, 735.00). c).- Inhabilitación definitiva cuando el monto de la afectación exceda las 1,500 UMAS.

Este mismo modelo adoptado en Nuevo León fue el aprobado por el Senado en marzo pasado, aunque se mantiene la frontera de la gravedad en 200 UMAS y no en 1,500 como la local.

Considero que es importante preguntarnos como sociedad si 20 años de inhabilitación temporal constituyen un castigo suficiente que garantice la protección del bien común en los casos en que así sea pertinente según la LGRA. Para el Congreso de Nuevo León (norma ya vigente) y para el Senado (norma en proceso legislativo), parecería que la respuesta es negativa. No, no son suficientes 20 años de inhabilitación.

En este sentido, si la corrupción es tan grave como para justificar una sanción gravosa como la inhabilitación permanente para ser funcionario público, ¿no podría ser igualmente plausible como consecuencia penal en algunos de los delitos en los que conforme al artículo 19 constitucional se puede ordenar la prisión preventiva oficiosa, como, por ejemplo, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas…? 

Señalo esto porque el Congreso Local no adecuó el Código Penal del estado para incluir como sanción penal la inhabilitación definitiva; y el Senado sólo se refirió a los delitos por hechos de corrupción (art. 212 del Código Penal Federal), pero no a otras posibles conductas delictivas que pudieran ser responsabilidad de personas que fungen como servidores públicos y que deberían ser más gravosas en cuanto a su sanción, como por ejemplo, cuando el abuso sexual o violación fuese cometida por quien desempeñe un cargo o empleo público (art. 266 Bis Código Penal Federal): ¿No sería igualmente recomendable que un agente de migración abusador sexual o violador de una niña o niño fuera inhabilitado definitivamente para desempeñar cargos públicos, tal como se propone por el Senado para servidores públicos corruptos?

Ahora, estrictamente en el ámbito de las responsabilidades administrativas, en el artículo 109, fracción III de la Constitución Política se establece como posibilidad de sanción a servidores públicos el siguiente catálogo: amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas. Como puede advertirse, la norma constitucional no especifica claramente que pueda imponerse una inhabilitación definitiva. Dudo que respecto de una restricción de derechos de esta magnitud, la CPEUM haya dejado libertad de configuración al legislador ordinario. Desde esta perspectiva, ¿puede considerarse que la creatividad del Congreso Local está acorde a la CPEUM a pesar de que en esta no se contempla expresamente el supuesto de inhabilitación permanente? En todo caso, aun aceptando que la Constitución permite la libre configuración del legislador, ¿podía el Legislativo Local crear un supuesto novedoso cuando todavía no se aprueba la reforma a la Ley General respectiva, la cual es jerárquicamente superior a la ley local de responsabilidades administrativas? ¿Tenía el legislador local libertad configurativa para crear una frontera sancionatoria no de 200 UMAS, sino de 1,500?

En síntesis, parecería que en este tema debemos exigir a nuestros representantes: Primero, un debate serio y profundo sobre si la inhabilitación de servidores públicos debe aumentarse, en algunos casos, de veinte años a permanente; segundo, si acordamos que así deba ser, la decisión pública acerca de si la inhabilitación permanente o definitiva es un camino sancionador solamente para hechos de corrupción o también para otras conductas delictivas, y, finalmente, el ejercicio efectivo de las y los legisladores como defensores de la Constitución.

#Kleroterion: “¡Gobierno Incluyente!”

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Siempre que un gobierno se preocupa por todas y todos sus ciudadanos y trabaja con equidad, está demostrando la empatía natural que se debe tener y no sólo por ser político o gobernante, sino por el simple hecho de que todos somos iguales.

Por lo que se expresa que para ser un buen funcionario, primero que nada, se debe tener una visión plena de inclusión, equidad y justicia, ya que con esto podemos entender de manera clara lo que los demás sentimos, como dicen, “ponerse en los zapatos de todos”, siendo éste, el cimiento principal de la confianza y la reciprocidad.

Debemos entender que para que exista la conciencia no es necesario que nosotros o alguien cercano sufra o padezca una discapacidad, debe ser un sentido natural que todas y todos debemos entender y apoyar de manera constante; hoy en día ha quedado demostrado que las personas con discapacidad enfrentan y salen adelante sin pensar en que los apoyen o no, el que físicamente necesiten ayuda de ninguna manera significa que no sean personas capaces en todos los sentidos, demostrando que muchas veces la verdadera discapacidad la encuentran en la propia sociedad y en su gobierno, es por esto, que hoy más que nunca el gobierno en sus tres niveles, tienen la obligación de contratar en sus filas laborales un porcentaje mínimo de personas con discapacidad y es precisamente en lo que mi estado Nuevo León, se ha comprometido, proponiendo y realizando todo lo concerniente para que se tenga un sistema de inclusión y equitativo; por lo que revisaremos todos los edificios públicos velando porque se cumpla el porcentaje establecido de trabajadores con discapacidad, además de que cuenten con infraestructura adecuada para el buen desempeño de sus funciones, ya que estamos seguros que las personas con discapacidad merecen todo nuestro reconocimiento y deben ser admiradas por su esfuerzo, capacidad, profesionalismo, experiencia y estudios, como cualquier otra persona y nunca por su condición física.

Por lo anterior, concluyo diciendo que es un verdadero orgullo ser partícipe de estas actuaciones de la mano con los legisladores del Congreso de Nuevo León, ya que sin su voto esta iniciativa no hubiera sido posible, así como de los integrantes del Consejo para las Personas con Discapacidad y del DIF Nuevo León, por lo que nuestro estado se compromete a promover y cumplir la inclusión con al menos el 2 porciento de empleados con alguna discapacidad en un periodo de un año al Gobierno Estatal, incluso inferior a los 3 años que propone como meta dicha iniciativa, lo que sin duda demuestra que unidos podemos ser un Gobierno incluyente y de oportunidades para todas y todos…

Bronco vetador… Echa para atrás 7 leyes

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, envió al Congreso local un paquete de siete vetos.

La Diputación Permanente dio entrada a los oficios enviados por el poder Ejecutivo Estatal en los que remite observaciones a los decretos que contienen las nuevas leyes de Cambio climático, la Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna, y a tres reformas al Código Penal, una de ellas para establecer delitos ambientales.

Además vetó reformas a la Ley de Víctimas del Estado y a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que establecía el Premio Estatal al Emprendedor.

“Escrito presentado por Jaime Rodríguez, Gobernador del Estado, y Manuel González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite las observaciones al Decreto 133 por el que se expide la Ley de Cambio Climático del Estado”, dijo la diputada panista Claudia Caballero, al dar lectura a los asuntos en cartera.

El mandatario estatal vetó el contenido de diversas reformas al Código Penal contenidos en los decretos 135 por el que se reforma el Artículo 271 Bis 2 del Código Penal; el 136 que adiciona el capítulo de “Delitos contra el Medio Ambiente”; el 141 que modifica diversos artículos de ese ordenamiento. También se vetó el Decreto 138 que contiene reformas al Artículo 46 de la Ley de Víctimas del Estado; el 134 por el que modifica artículos de la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el Estado.

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, cuestionó que el Ejecutivo estatal haya vetado modificaciones legales a favor del medio ambienten, justo el día en que se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente.

De la Fuente agregó que el Gobierno no hace ni deja hacer y que bloquea todos los avances que logra el Congreso local.

(Con información de Grupo Reforma)

El pataleo de la partidocracia

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En la última sesión del periodo legislativo de primavera, los diputados del HCNL  aprobaron la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, supuestamente modificada para ajustarla a las necesidades del Sistema Estatal Anticorrupción. Esta Ley tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes  de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.  Y las sanciones correspondientes a las fallas de los propios servidores públicos. 

Curiosamente, en esta Ley destinada a los servidores públicos, se incluye un artículo obligando a los accionistas y socios de las empresas que quieren hacer negocio con el gobierno como proveedores, a presentar su declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de interés). Se intentó establecer la misma obligación a nivel federal, hace algunos años, y el presidente Peña Nieto la vetó. El origen de esta exigencia es una venganza de los políticos que no aceptan que les exijan sus declaraciones de bienes y que pretenden exigir la misma obligación a los empresarios que quieren hacer negocio con el gobierno. Solamente, se olvidan una cosa: los servidores públicos administran los recursos de todos los mexicanos. Los empresarios, administran sus propios recursos. 

En Nuevo León, la partidocracia del PRIAN logró imponer la permanencia de este artículo en la Ley, y en forma por demás extraña, la llamada chiquillada de los partidos minoritarios, la aprobó cómo si fuera algo natural.  La Ley fue aprobada por unanimidad de los diputados. Ocurren situaciones muy raras en el Congreso; por esto tiene tan poca credibilidad, a pesar de algunas excepciones valiosas. 

¿Por qué no existirá la independencia de juicio para rechazar posturas a todas luces inaceptables? ¿Qué fuerza sobrenatural tendrá el PRIAN para que los diputados de MC, de Morena y otros se dobleguen frente a imposiciones tan absurdas y cuyo único propósito es provocar el veto de la Ley y por lo tanto la imposibilidad de aplicarla hasta que en una nueva sesión legislativa, se corrija o ¡hasta que nunca se corrija! 

El ejercicio de la política no es de extraterrestres. Hace falta que enviemos al Congreso más diputados dotados de sentido común, y no individuos que se atribuyan privilegios inexistentes. La política es la búsqueda del bien común. No del bien particular de unos cuantos individuos que pretenden picarnos los ojos. Aquí en Nuevo León, la partidocracia sigue disfrutando de la poca capacidad de quienes quisieran imponer un nuevo orden. 

Estado tomará control del transporte público

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El Secretario General de Gobierno, Manuel González, anunció que el Estado asumirá la operación del transporte urbano, esto tras presentar en la Oficialía de Partes del Congreso una iniciativa para obtener un financiamiento por 4 mil 910 millones de pesos para los siguientes dos años.

La iniciativa presentada, estipula que con el dinero se compren las unidades que estén en buen estado.

“El Estado ha tomado la decisión de asumir, bajo la adquisición local, todo el transporte público del Estado en su versión camiones urbanos. El Gobierno del Estado toma la decisión tal vez, no tal vez, la decisión más importante en materia de movilidad y transporte en la historia del Estado de Nuevo León y muy probablemente la decisión más importante del Gobierno del Estado en lo que resta de su mandato”, dijo González.

El funcionario estatal aseguró que desde anoche se llegó al trato con los transportistas, por lo que hoy no habrá paros.