Tras advertencia de consultora Bronco llama a modificación del sistema penintenciario

Comparte este artículo:

El gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez hizo un llamado la tarde de este lunes para que los diputados del Congreso de Nuevo León aprueben la modificación del Sistema Penitenciario estatal, esto luego de que la agencia consultura neoyorquina, Exiger Advisory, apuntara en una reunión que los penales de la entidad sufren de déficit de celadores, malas condiciones y carencia de una evaluación de riesgo de los internos.

La situación crítica fue anunciada al interior del Palacio de Gobierno frente al gabinete estatal, donde los consultores señalaron las fallas y recomendaciones de la policía estatal y los centros penitenciarios, así como una crisis de los sistemas judiciales del estado como la poca coordinación entre las agencias y la falta de utilización de tecnologías avanzadas de investigación.

El Bronco anunció que a través de estas recomendaciones, el Gobierno Estatal hace el llamado a los legisladores para la aprobación de la propuesta de la modificación en el Sistema Penitenciario, la cual se mantiene en la congeladora desde hace más de un año y que permitiría un mejor rendimiento de los centros penitenciarios.

“No puede estar el Sistema de Administración Penitenciaria dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública. Requerimos que se de la aprobación del Congreso para dedicarse exclusivamente al sistema penitenciario. Antes funcionaba esta fórmula, pero los tiempos han cambiado; no teníamos tantos presos”, señaló el gobernador.

Según el informe de Exiger Advisory, los penales de Cadereyta y Apodaca tienen una sobrepoblación del 22 y 33 por ciento, respectivamente, además de que los programas sociales dentro de estos centros no proporcionan los recursos adecuados para que los reclusos tengan un regreso exitoso fuera de las celdas.

La democracia abusada en Nuevo León

Comparte este artículo:

En Nuevo León se dan cosas extrañas. En 2015, el voto popular marcó un rechazo total a la partidocracia del PRIAN, sin embargo, parece que el Gobernador electo en nombre del combate a la corrupción está perpetuando la corrupción, insultando así a los electores, quienes se lo devolvieron tres años después, infligiéndole una derrota electoral de la cual no parece haberse percatado. O es o se hace. 

En 2018, en las elecciones para renovar el Congreso estatal, se le dio una paliza ejemplar al PRI, para castigar el desempeño nacional del partido y de su presidente y la corrupción que para este partido es “el” sistema de gobierno. Sin embargo, lo que sembró este partido, a raíz de las raterías y de los desvíos de Rodrigo Medina, de Javier y César Duarte y de tantos otros, parece perpetuarse a través del diputado paracaidista Paco Cienfuegos, diputado por obra y gracia de una ley electoral a modo, ensuciada por la propia partidocracia. 

Siendo minoría parece tener la fuerza suficiente para manipular todos y cada uno de los partidos y de manejar el Congreso a su antojo, con el respaldo de los milloncitos que su partido tiene acumulado gracias a las maniobras de empresas fantasmas y de los milagros que realizó su jefe y cuate Rodrigo Medina que dejó un Estado endeudado sin nunca justificar en que había utilizado el dinero de la mega deuda que nos heredó y que pagarán todavía nuestros nietos y sus propios nietos. 

Parece que Paco Cienfuegos es quien tiene acceso a parte del tesoro. ¿Será? ¿Cómo será que para los observadores se ve que hasta Morena obedece a las instrucciones de Paco Cienfuegos, a través de operadores ex priistas que oportunamente vistieron la casaca morena? Hasta la coordinadora del partido de AMLO fue desbancada por instrucciones del tal Paco. 

¿Se habrá enterado la dirigencia nacional del partido moreno o asistimos a un juego arreglado con anticipación? Que desaparezca el PRIAN y viva el PRIMOR. La democracia mexicana está viviendo horas revueltas en Nuevo León. 

Pronto sabremos si unos cuantos ingenuos sirvieron de pantalla para que reviva la pesadilla del partido único y de sus consecuencias antidemocráticas o si nos aprestamos a ser testigos de un verdadero intento de reequilibrio de la sociedad y de la implementación de las medidas necesarias para que exista justicia social, a través de una sistema de redistribución fiscal equitativo y que dé esperanza a una nación entera y no solamente a los mas favorecidos. 

Lo cierto es que parece que la democracia electoral en Nuevo León no tiene consecuencias y que los mismos pillos de siempre hacen y deshacen a su antojo. ¿Se habrán percatado los electores? La Sociedad Civil debe pronunciarse para no mostrarse sumisa a unos cuantos políticos manipuladores y deshonestos. 

Quitan a Tapia de coordinación de la bancada de Morena

Comparte este artículo:

Tras una serie de rumores, la diputada local de Morena, Claudia Tapia, fue removida de su posición como coordinadora de la bancada de ese partido en el Congreso del Estado.

En la cuenta de Twitter del partido Morena, se informó sobre el cambio y se le desea éxito al diputado Ramiro González Ramírez en su nueva responsabilidad.

Tapia ha sido varias veces cuestionada por no apoyar las propuestas de sus propios compañeros y votar temas que han sido cuestionados, esto a tan solo un mes de haber comenzado la actual legislatura.

Decisiones para la integración del Congreso del Estado

Comparte este artículo:

En mi colaboración anterior me referí a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado que reconfiguró, por breve tiempo, el Congreso del Estado (JI-257/2018 y acumulados). En esta ocasión presento el efecto de eterno movimiento que se aprecia en el Congreso en el número de diputaciones por ambos principios, por partido político, como consecuencia del dictado de sentencias y acuerdos de los órganos y tribunales electorales. Asimismo, sintetizaré las razones que motivaron en definitiva estos cambios.

En primer lugar, debe destacarse que entre el 10 de julio y el 31 de agosto se requirieron 2 acuerdos de distribución y asignación por parte de la Comisión Estatal Electoral, 1 sentencia del Tribunal Electoral del Estado y 2 sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Monterrey y Sala Superior). Para apreciar mejor este movimiento presento el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Decisiones emitidas para la integración del Congreso del Estado
Decisión No.  Fecha (2018) Contenido de la Decisión Emitida por
1 10 de julio 1ª distribución y asignación de curules por el principio de representación proporcional Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
2.1 10 de agosto Modificación de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y orden a la CEE de realizarla de nueva cuenta conforme a los parámetros señalados en la sentencia Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
2.2 13 de agosto 2ª distribución y asignación de curules por el principio de representación proporcional, en cumplimiento a lo ordenado por el TEE Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
3 27 de agosto Revocación de la sentencia del TEE de fecha 10 de agosto, deja sin efectos el acuerdo de la CEE de fecha 13 de agosto, y en plenitud de jurisdicción realiza la asignación de las diputaciones de representación proporcional Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
4 31 de agosto Modificación de la sentencia de Sala Regional Monterrey de fecha 27 de agosto Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Fuente: Elaboración propia con los datos de los acuerdos y sentencias dictadas por los referidos órganos y tribunales

Si bien esta cadena de decisiones no podría evitarse por la forma en que está diseñado nuestro sistema de justicia electoral, una explicación de la percepción de incertidumbre en los resultados, al menos en lo que hace a las decisiones de la CEE, se produce porque este órgano lleva a cabo la asignación de diputaciones de representación proporcional inmediatamente después de realizar el cómputo definitivo de la elección de mayoría relativa para el Congreso. Esto es, asigna diputaciones de representación proporcional con una votación (la de mayoría relativa) que aún no ha sido impugnada y que, por ende, puede variar según las inconformidades que se presenten.  A diferencia de este modelo, el Consejo General del INE lleva a cabo la asignación de curules federales de representación proporcional “una vez resueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto (…) y a más tardar el 23 de julio del año de la elección.” (Art. 327.2 LGIPE). 

Sin embargo, la mayor fuente de problematización en los resultados está en la interpretación que de las normas jurídicas del sistema electoral para la integración del Congreso realizan los órganos y los tribunales electorales. Veamos, también por medio de un cuadro, el movimiento que tuvo la integración del Congreso a lo largo de estos 45 días, en cuanto al total de diputaciones por ambos principios:

Cuadro 2. Total de diputaciones por ambos principios por partido en cada decisión y mayor diferencia entre dos decisiones
Partido Decisión 1

(CEE)

Decisión 2.1 (TEE) /

Decisión 2.2

(CEE)

Decisión 3

(TEPJF Sala Monterrey)

Decisión 4

(TEPJF Sala Superior)

Diferencia entre  decisión local (1 ó 2) y decisión definitiva  (4)
PAN 16 16 15 15 -1
PRI 6 8 6 6 -2
PT 4 4 4 4 0
PVEM 1 1 1 1 0
MC 3 3 4 4 +1
NA 1 1 1 1 0
MORENA 8 6 8 8 +2
PES 3 3 3 3 0
TOTAL 42 42 42 42 N/A
Fuente: Elaboración propia con los datos de los acuerdos y sentencias dictadas por los referidos órganos y tribunales

Como puede apreciarse, el núcleo del movimiento en la integración del Congreso se centra en cuatro partidos políticos: PAN (-1), PRI (-2), MC (+1) y MORENA (+2). Particularmente resalta el caso del PRI que solo con la sentencia del TEE alcanzó 8 curules en total. Veamos las razones definidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que configuraron en definitiva el número de curules por partido con representación en el Congreso del Estado.

El principal tema de interpretación que modificó la integración del Congreso fue lo relativo a la sobre representación y a la sub representación, particularmente respecto a dos cuestiones. En primer lugar, si la Coalición Juntos Haremos Historia debía ser tomada en cuenta como un solo partido político para la asignación y por ende para la verificación de dichos límites; y, en segundo lugar, el momento en que debía llevarse a cabo la verificación de ambas cuestiones (sobre y sub representación) y, respecto a lo segundo, cómo debía compensarse.

Con relación al primer problema, contrario a lo que sostuvo en su decisión del 10 de agosto el TEE, tanto la Sala Regional Monterrey (SM-JDC-721/2018 y acumulados, p. 19) como la Sala Superior (SUP-REC-1036/2018 y acumulados, p. 26), confirmaron que la asignación de representación proporcional debe ser por partido político y no por coalición. Sobre el segundo problema, afirmaron que la verificación de la sobre y la sub representación debe realizarse en tiempos distintos: a) Por lo que hace a la sobre representación, debe tener lugar en cada una de las etapas de asignación; b) y respecto a la sub representación, ésta se efectuará solamente al concluir el procedimiento. Esto último fue lo que distorsionó la integración del Congreso derivado de la decisión del TEE el 10 de agosto pasado, porque este tribunal llevó a cabo tres rondas para compensar la “sub representación” del PRI (JI-257/2018 y acumulados, p. 35).

Respecto a la compensación, cuando un partido político se encuentra en sobre representación en cualquiera de las etapas de asignación, dicho partido deja de continuar en la asignación y su votación debe ser descontada para depurar las siguientes operaciones con los partidos que aún tienen derecho a que se les repartan curules. (Art. 267 LEE). Sin embargo, esta regla no es posible aplicarla tal cual cuando, al final de las operaciones, se advierte que un partido político está sub representado, como fue el caso del PRI; en este caso, la pregunta es a qué partido político se le debe restar una curul de representación proporcional para compensar al ente partidista sub representado: Según la sentencia definitiva de la Sala Superior, la compensación debe realizarse con aquel partido político que, aun cuando esté dentro de sus límites constitucionales, cuente con mayor sobre representación; este fue el caso del PAN, de forma que fue a este partido al que se le restó una curul para compensar la sub representación del PRI en el Congreso de Nuevo León para esta Legislatura, quedando el PAN con 15 diputaciones y el PRI con 6, por ambos principios.

Aunque no afectaron el número de curules de representación proporcional para cada partido político, el TEPJF también definió otros criterios respecto a género y a la simultaneidad de candidaturas por mayoría relativa y por representación proporcional, lo que impactó más bien a quién se le debía expedir la constancia de una diputación de representación proporcional.

En efecto, respecto a lo primero, la Sala Superior revoca la decisión de la Sala Regional Monterrey del pasado 27 de agosto en donde la y los Magistrados habían decidido, contrario a lo que se señala expresamente en el artículo 263 de la Ley Electoral del Estado, que la compensación por género debía iniciarse con los partidos políticos más votados al efecto de armonizar los principios de autodeterminación de los partidos políticos y democrático. Por ello la Sala Superior confirma que la Sala Regional debió haberse ajustado tanto a la Ley como a los Lineamientos emitidos por la CEE, porque no se advertía una “razón clara y objetiva que justifique la inaplicación de las directrices establecidas por el legislador local y reglamentadas por el instituto electoral estatal.” (SUP-REC-1036/2018 y acumulados, p. 62).

Finalmente, la Sala Superior del TEPJF decidió que (a) cuando una fórmula de candidaturas al Congreso es registrada de forma simultánea para contender tanto por un distrito electoral de mayoría relativa como en la lista plurinominal; (b) la fórmula es exactamente igual en cuanto a propietario y suplente; y (c) es electa por mayoría relativa en un distrito uninominal, la fórmula completa está obligada a acceder al Congreso por este principio. Este fue el caso de las fórmulas registradas por el PAN para dos distritos uninominales y a la vez para la lista plurinominal.

En resumen, las decisiones de los órganos administrativos y de los tribunales en donde se interpretaron las reglas que conforman el sistema electoral de Nuevo León llevaron a que, en escasos 45 días, el número de curules de representación proporcional por partido en el Congreso del Estado se viera modificado hasta en cuatro ocasiones. Sin duda, debería hacerse una adecuación en la legislación electoral para que, al menos, la asignación de las diputaciones de representación proporcional sea realizada por la CEE hasta que estén firmes en el nivel local las elecciones de mayoría relativa al Congreso; además, el Poder Legislativo debería realizar un esfuerzo para crear o modificar normas con mayor claridad y, sobre todo, evitar la inclusión de múltiples principios jurídicos en una sola norma, tal como acontece en el artículo 263 de la Ley Electoral del Estado.

Un Auditor que no audita

Comparte este artículo:

Impulsado por un afán desmedido de ambición irracional, el Gobernador Rodríguez decidió hace un año abandonar las responsabilidades que había buscado dos años antes y aceptado después de una elección incontestada. 

La irracionalidad resultó compartida cuando el pleno de los diputados, expresión democrática de la representación popular, le otorgó al gobernante una licencia para abandonar sus responsabilidades y lanzarse en una aventura azarosa para perseguir objetivos diferentes de los que le fueron asignados por los electores.

La irracionalidad se transformo en corresponsabilidad cuando el gobernador con licencia violó leyes y reglamentos y obligó a sus subordinados o ex subordinados a dedicar el tiempo que le deben al gobierno a recabar firmas y a ser cómplices de su irresponsabilidad pública. 

Frente a esta falta de responsabilidad de los poderes electos del Estado, ¿que le queda a los ciudadanos, oportunamente clasificados cómo electores, cuando conviene, y luego relegados a la categoría de simples espectadores?  

Queda una institución trabajosamente  estructurada durante el sexenio de Natividad González Parás, brillantemente asumida por un hombre digno de todos los respectos, el C.P. Sergio Marenco (QEPD), la Auditoría Superior del Estado. A parte de  analizar y esclarecer las cuentas públicas, la ASE tiene cómo objetivo atender las llamadas de atención que llevan a su consideración para analizar y sancionar las desviaciones que le sean señaladas oportunamente y perseguirlas de oficio. Ya se le solicitó actuar. 

Desgraciadamente, el Auditor actual, el C.P. Jorge Galván González ha decidido nadar de muertito. Ni actúa, ni analiza, y menos sanciona, a menos que sus amos del Congreso le indiquen que hacer. Tenemos un Auditor que no audita. O bien porque no sabe, a pesar de disponer de un equipo de más de 200 expertos contadores y juristas, que le cuesta a los contribuyentes más de 200 millones de pesos al año, o bien porque no quiere, ya que lo sacaría de su tranquilidad y de su rutina operacional o bien porque sus amos del Congreso no se lo permiten. ¿Realmente necesita diez meses para integrar la carpeta del “cobijagate”? ¿O la consigna es esperar al informe del Gober para no hacer olas inoportunas? 

Frente a la inacción del Auditor General, los ciudadanos estamos desamparados. En la ilegalidad señalada oportunamente por el INE, confirmada por el Tribunal, la Contraloría del Estado que debería sancionar los funcionarios públicos denunciados está involucrada y está deshabilitada para actuar. Además, el Gobernador removió justo a tiempo, la entonces titular, sustituyéndola de manera irregular por un funcionario a modo que opera ciegamente a las ordenes del jefe (o socio).  

Nuevo León está gobernado por un gobernante denunciado y condenado por haber violado la Ley, y ninguna instancia establecida toma acción en esta situación. Hemos caído en la posición más lamentable de ausencia de Estado de Derecho: los gobernantes violan la Ley y no queda nadie para aplicársela. 

¿Estará la ciudadanía tan indefensa, la Sociedad Civil tan carente de capacidad de reacción que 5 millones de individuos tengan que vivir en una situación de agresión abierta por parte de sus seudo autoridades? ¿No habrá algún abogado para sugerir una solución? ¿O la única solución es  ir debajo de las ventanas del despacho del Gobernador para exigirle su renuncia? 

Un Auditor que no audita, un Congreso cómplice y mudo, un Contralor maniatado y ocupado en taparle sus fechorías al Gobernador, este es el panorama actual del otrora Estado ejemplar de Nuevo León. ¿Qué podrá informar en su informe?

Diputados locales exigen a Bronco vetar ‘tarifazo’

Comparte este artículo:

El Congreso local de Nuevo León, pidió al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, que vete el acuerdo aprobado el día ayer por el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETyV) que contempla el aumento a las tarifas del transporte público, ademas los diputados locales anunciaron que denunciaran a Elizabeth Garza, Directora Ejecutiva del órgano.

El presidente del Congreso local, el priista Marco González, aseguró que el aumento a los precios del transporte se dieron sin tomar en cuenta estudios sociales, el mal servicio que se presta, por lo que exigieron que “el Bronco” no lo publique para que no entre en vigor.

Por otro lado, el legislador priista, dio a conocer que denunciaran a la titular del CETyV ante la Fiscalía Anticorrupción, esto por haber cobrado un sueldo mensual de 84 mil pesos con cargo al erario público y sin trabajar, esto debido a que la sesión del lunes fue la primera del organismo en 46 meses.

“Los 46 meses de inactividad derivan en que hoy no haya mejoras en el transporte, pero sí para que en escasas cuatro aprueben un golpe en el bolsillo de los nuevoleoneses. El Congreso no puede ser omiso ante el incumplimiento”, dijo González.

Los coordinadores de las ocho bancadas que conforman el congreso local, suscribieron el punto de acuerdo.

Proponen en Nuevo León que delito de chantaje se persiga de oficio

Comparte este artículo:

El diputado local priista, Álvaro Ibarra propuso modificaciones al Código Penal del Estado de Nuevo León, con el objetivo de que el delito de chantaje se persiga de oficio por parte ce las autoridades judiciales.

Ibarra expuso que en mayo del presente año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en Nuevo León el delito de extorsión o chantaje se ubica en el cuatro lugar a nivel nacional.

“Ante estos hechos que sufre nuestra sociedad, es que estimamos necesario realizar modificaciones a nuestro Código Penal, con el objeto de que este delito se persiga de oficio por parte de las autoridades judiciales, para que de esta forma se cumpla con el principio de impartición de justicia, sin que haya de por medio requisitos que limiten su acceso y la aplicación de Ley”, comentó el legislador priista.

El ex diputado federal, exhorto a todos los integrantes del Poder Legislativo a volver prioritario este tema y todos “los que estén relacionados con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”.

La propuesta con Proyecto de Decreto se reservó y será enviada a la Comisión de Dictamen Legislativo que le corresponde.

El PRI hace de las suyas en Nuevo León

Comparte este artículo:

En las primeras horas de este 1 de septiembre el Congreso de Nuevo León comenzó con sus activadas del nuevo periodo de sesiones, en la cual el Partido Revolucionario Institucional sorprendió y se convirtió en la primera minoría y además presidirá la mesa directiva durante el primer año de sesiones.

Horas antes de la toma de protesta de los 42 diputados locales, los legisladores Alejandra García Ortiz y Melchor Heredía Vázquez, renunciaron a la bancada del Partido Encuentro Social (PES) y se pasaron ala bancada tricolor. Hay que recordar los ambos diputados llegaron a su curul con el triunfo del PES y avalados por Morena y el Partido del Trabajo (PT), pero ya con constancia en mano se pasaron a la bancada priista.

Con estos cambios, el PRI paso de tener 6 diputados a 8, mientras que Morena tiene 7, por lo que los tricolores se convirtieron en la segunda fuerza en el congreso local.

El artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en Nuevo León establece que corresponde a la primera minoría la presidencia de la mesa directiva durante el primer año de ejercicio constitucional, el segundo alto, al partido que haya alcanzado mayoría absoluta o más diputados que cualquier otro grupo legislativo, que por el momento es el PAN, el ser cel año será a propuesta de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno.

Cienfuegos es nombrado coordinador de la bancada del PRI en el Congreso Local

Comparte este artículo:

El Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León anuncio esta tarde que el todavía alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, será el próximo coordinador de la bancada priista en el Congreso Local.

En conferencia de prensa, en la cual sobresalió la ausencia de Marco González, actual coordinador de la fracción tricolor, el dirigente local Pedro Pablo Treviño, indicó a sus diputados locales electos a recuperar la confianza de la ciudadanía.

“En coordinación directa con el comité directivo estatal del PRI, vamos a trabajar unidos para recuperar la confianza de los nuevoleoneses. Estamos conscientes de la realidad que tenemos en el ámbito nacional y estatal, estamos seguros de que nuestra propuesta política será la que genere las coincidencias para construir el Nuevo León que todos queremos”, dijo Treviño.

Por su parte Cienfuegos, dijo que desarrollarán reformas para garantizar la seguridad en el estado, promover la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

“La seguridad es una de las exigencias más sentidas de toda la comunidad y tenemos que hacer reformas que puedan beneficiar tanto la tipificación de delitos, las sanciones de los mismos, como el presupuesto que se destine a los cuerpos de seguridad. Propondremos una unidad de contraloría para el Congreso del Estado, como órgano de control interno para supervisar la gestión del gasto del poder legislativo figura que estará encargada de iniciar las investigaciones de los servidores públicos del Congreso”, dijo el alcalde de Guadalupe.

El dirigente estatal del PRI, dijo que se eligió a Cienfuegos por un “común acuerdo entre los diputados electos del partido”.

Francisco Cienfuegos llegó al Congreso local por la vía plurinominal y se espera que deja la alcaldía de Guadalupe el próximo viernes 31 de agosto.

La sentencia que reconfiguró el Congreso del Estado

Comparte este artículo:

Todo sistema electoral busca fundamentalmente “traducir los votos en escaños ganados por partidos y candidatos” (Proyecto ACE). Las familias de sistemas electorales, según Colomer (2001), se clasifican en tres tipos: i) sistemas mayoritarios (reglas de un solo ganador); ii) sistemas proporcionales (reglas de múltiples ganadores), y iii) sistemas mixtos. El sistema electoral para integrar el Congreso del Estado de Nuevo León es mixto: 26 diputaciones electas por mayoría relativa (MR) y 16 diputaciones electas por el principio de representación proporcional (RP).

La aplicación de las reglas jurídicas sirvieron de fundamento para que la Comisión Estatal Electoral (CEE) determinara que para la Legislatura 2018-2021 el Congreso se integraría de la siguiente forma: el PAN con 16 curules (12 de MR y 4 de RP); el PRI, 6  (2 de MR y 4 de RP); el PT, 4 (3 de MR y 1 de RP); el PVEM, 1 (solo RP); MC, 3 (1 de MR y 2 de RP); PNA, 1 (solo RP); MORENA, 8 (5 de MR y 3 de RP); y PES, 3 (solo de MR). (Acuerdo CEE/CG/2017/2018). 

El total de escaños que correspondieron al PRI fue producto de que este partido se encontraba sub representado. En efecto, en el artículo 116, fracción II de la Constitución General se establece que “en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.” Para la CEE, el PRI estaría sub representado con 5.6850 diputaciones, por ende, el cálculo final para este partido fue de 6 curules: 2 de MR y 4 de RP.

En contra del acuerdo se presentaron 11 juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE), por diversas causas. Una de las que el TEE les dio la razón a los inconformes, fue que la CEE debió estimar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en la entidad como un partido político, para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, incluidas las fórmulas sobre los límites de la sobre y sub representación política. (JI-257/2018 y acumulados). Para ello, el Tribunal estimó aplicable una tesis relevante de 2007 en la cual se establece que los límites de sobrerrepresentación les aplican a las coaliciones como si se trataran de un partido (Tesis XXIII/2007). Un razonamiento esencialmente igual fue utilizado por el Tribunal Electoral del Estado de México y con ello se le restaron a MORENA 10 escaños del Congreso de ese estado. (JDCL/434/2028 y acumulados). Incluso, el TEE afirmó en la sentencia que la CEE obró de forma incorrecta porque cuando los partidos coaligados (MORENA, PT y PES)  registraron sus listas plurinominales, debió habérseles advertido que debían presentar una sola lista por la coalición para tener derecho al reparto de curules por representación proporcional (p. 15). 

Como consecuencia de este criterio del TEE, la nueva distribución se modificó toda vez que para el Tribunal al PRI le correspondían dos diputaciones más de representación proporcional para compensar la sub representación en la que aún se encontraba y, por ende, dichos escaños se tomaron de la Coalición Juntos Haremos Historia, uno de MORENA y otro más del PT. Los demás partidos quedaron exactamente igual que en el acuerdo original de la CEE.

El criterio utilizado por el TEE en su sentencia del 10 de agosto reconfiguró la integración del Congreso del Estado. No obstante, desde mi perspectiva, se trata de una reconfiguración cuya vida será efímera. Enseguida mis razones.

En primer lugar, considerar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) para efectos de la distribución de escaños y la verificación de límites constitucionales,  desatiende el espíritu de la reforma de 2008 conforme a la cual, las candidaturas que compiten en coalición aparecen en las boletas tantas veces como partidos estén coaligados. Desde este sentido, las labores de escrutinio y cómputo en casilla deben contemplar las distintas formas de combinación de las coaliciones, porque a nivel de casilla lo que importa es saber cuántos votos obtuvo cada candidatura (art. 426 del Reglamento de Elecciones), sin embargo, la distribución de los votos entre los partidos coaligados para efectos de los cómputos y la distribución de escaños, debe realizarse “igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación” (arts. 311.1.c] de la LGIPE y 81 BIS 7 de la Ley Electoral del Estado). Estas normas se crearon para que los partidos coaligados no se otorgaran votos entre sí de forma artificial a través del convenio de coalición, y su fuerza electoral fuese solo el producto de los votos emitidos por los electores, en las diversas combinaciones de votación para cada coalición. En efecto, tal fue la intención del legislador en 2008, según puede corroborarse en la exposición de motivos del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

La Iniciativa propone que, en todo caso, cada uno de los partidos coaligados aparezca en la boleta con su propio emblema, y que los votos se sumen a favor del candidato de la coalición y cuenten, por separado, a favor de cada partido. En consecuencia, los partidos coaligados deberán registrar, por sí mismos, listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y a senadores por el mismo principio. (DOF del 14 de enero de 2008).

La sentencia del TEE parece olvidar esta razón y por ello, incorrectamente, considera a la Coalición JHH como un solo partido, cuando la distribución y la sobre y sub representación debe observarse para cada partido coaligado.

En esta misma línea argumentativa, la tesis que usa el TEE para fundar su criterio es, primero que nada, solo un criterio orientador, dado que no constituye jurisprudencia; y en segundo término, su creación como tesis relevante es, precisamente, anterior a la reforma de 2008 que antes señalé, por lo que resultaba inaplicable para la reconfiguración del Congreso.

En segundo lugar, si el TEE hubiese investigado, así fuera de forma superficial, el comportamiento del INE en el acuerdo de distribución y asignación de curules de representación proporcional de la elección de 2015, habría corroborado que la distribución de curules y, por ende, la verificación de la sobrerrepresentación, se realiza por cada partido político, y no considerando a cada coalición como un partido político. De hecho, apenas hace un par de días, el Consejo General del INE emitió el acuerdo correspondiente para 2018 y en ningún momento considera a la Coalición JHH como un solo partido político (INE/CG1181/2018); en efecto, en el acuerdo se determina que el PT, no la Coalición JHH, se encontró en sobrerrepresentación (p. 36). Por qué el Tribunal toma un criterio sin sustento en los precedentes del órgano regulador de las elecciones en el país es una incógnita. Lo que me parece claro es que su razonamiento podrá ser revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En efecto, y este sería mi tercer argumento, recientemente, la Sala Toluca del TEPJF modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México a que hice mención líneas arriba. En su sentencia, la Sala Toluca determinó que MORENA, PT y PES tenían razón en sus agravios porque para efectos de representación proporcional no conforman una unidad y, por ende, los límites de sobrerrepresentación están referidos “a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos y, no así a todos los partidos que conformaron la coalición.” (ST-JRC-135/2018 y acumulados). Muy probablemente este podrá ser un criterio que utilice la Sala Regional Monterrey y, por tanto, la reconfiguración del Congreso ordenada por el TEE tendrá una muy breve duración.

Por último, no logro explicarme cómo es que un juzgador puede dejar de observar la voluntad expresa del legislador. Como se sabe, en 2017 se aprobó una reforma electoral que, entre otras cosas, introdujo al sistema electoral de Nuevo León la figura de las listas plurinominales. Una de las novedades fue que, además de las candidaturas de mayoría relativa, “cada partido político registrará una lista de dos fórmulas de candidatos por la vía plurinominal, compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. Cada formula será de un género distinto y ambas fórmulas podrán ser registradas por las dos vías de manera simultánea.”  Esta fue la voluntad expresa del legislador: que cada partido político, no cada coalición, registrara las candidaturas plurinominales. El TEE desconoce con su sentencia la voluntad expresa del legislador y, además, obvia el modelo que para la elección de diputaciones federales plurinominales determina la Legislación General: “La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional…” (art. 238.4 LGIPE). De hecho, no solo desconoce la voluntad del legislador, también deja de ser congruente con sus propias sentencias, como la que dictó el 28 de febrero de este año, en el expediente JI-15/2018, en donde, para resolver el problema planteado por el PAN en el sentido de si los partidos estaban obligados a registrar las dos fórmulas plurinominales, el TEE en ningún momento razona en su sentencia que esta obligación corresponde tanto a partidos como a coaliciones.

En síntesis, la sentencia del TEE que reconfiguró el Congreso del Estado tendrá efectos efímeros, porque para la distribución y asignación de diputaciones de representación proporcional, y para la verificación de límites constitucionales como la sobrerrepresentación, no se debe tomar a las coaliciones como un solo partido político.