La reciente polémica sobre la reforma electoral obliga a una reflexión: pareciera que los cauces democráticos y la división de poderes están comenzando a mostrar disfuncionalidad, al menos en su etapa rutinaria. Toda organización funciona con base en rutinas, y cuando estas sufren disrupción (sobre todo si esta no es planeada) pueden experimentar inestabilidad.

Podría argumentarse que el hecho de que una disputa entre el poder legislativo y el ejecutivo sea resuelta por una instancia del poder judicial es normal, ya que es un mecanismo de control diseñado para tal efecto. Eso es cierto. Sin embargo, estamos observando un comportamiento inusual propio de una situación inusual: es la primera ocasión en nuestro sistema político moderno que un gobernador no tiene un solo diputado en el Congreso. Lo anterior es circunstancia de la reciente adición de la posibilidad de competir por puestos de elección popular por la vía independiente, por lo que el escenario presente era una consecuencia lógica y previsible.

Cuando se elige al máximo representante popular en cualquier sistema democrático, siempre se analiza cómo gobernará el nuevo líder dependiendo de la composición legislativa que le toque. Por ejemplo, el recién electo presidente de Francia, Emmanuel Macron, logró colocar 314 escaños de su partido, La République En Marche!, de un total de 577. Esto le permitirá gobernar con la mayoría absoluta y, en consecuencia, empujar con relativa facilidad su programa de gobierno.

Un gobernante que no tiene representación legislativa alguna, inevitablemente iba a enfrentarse a una situación desventajosa, lo cual exigiría una alta capacidad de negociación, que hasta el momento no ha sido el sello de la actual administración.

Lo importante de analizar es el respeto al orden constitucional, a la división de poderes y al orden republicano. Cuando comienza a abusarse del instrumento del veto, se vuelven práctica común tácticas dilatorias para buscar evitar la publicación de la legislación y hay un sentimiento de imposición de parte del legislativo, el sistema se está tensando.

No es normal que un Ejecutivo se niegue a publicar una legislación, ni que tenga que venir una orden de un tribunal para que se acate. Menos normal es que un Ejecutivo decida abiertamente desacatar la orden de un tribunal. El debate es interesante, pues plantea preguntas fundamentales: ¿El Ejecutivo está en su derecho a defender su postura e intereses ante su indefensión legislativa, usando cuanta herramienta o táctica tenga a la mano (dentro de la ley, por supuesto)? O por el contrario ¿La actitud de negarse a aceptar las decisiones que toma el congreso vulnera la más esencial soberanía, dado que su composición fue producto de un proceso electoral aceptado por todos los actores en cuestión?

Mientras sigue desenvolviéndose la rocosa relación entre el Ejecutivo y Legislativo locales, es evidente que el Gobernador deberá buscar como primera prioridad de 2018 contar con representación legislativa. Solamente conformando una fuerza política propia podría empujar su programa de gobierno, lo cual, para todo fin práctico, constituiría un partido político, aunque no tenga registro ni reciba recursos. Su finalidad sería la misma: un grupo que compite por obtener y conservar el poder con una agenda común. Esto es normal, así le sucedió a En Marche! en Francia y a Podemos en España. De ahí a que nos lleve a cerrar este espacio con otra pregunta que exigirá futura reflexión: Hoy en México ¿Se rechaza al sistema de partidos, o a los partidos y gobernantes que tenemos?