Bonilla inicia trámites para expropiación de club privado en Tijuana

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Después de que el gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla amenazara con expropiar el Club Social y Deportivo Campestre, este martes formalizó una declaratoria de utilidad pública en el Periódico Oficial del Estado, justificando que lo hace por justicia social.

En la publicación se determina que sus instalaciones son las más apropiadas, idóneas e insustituibles para llevar a cabo “la construcción y habilitación del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre, en virtud de que no se cuenta en la ciudad con ningún otro predio que cumpla con esas características”.

Se considera que al ser escasos los espacios de recreación en la zona poniente el Club Campestre Tijuana, reúne las características necesarias para convertirse en espacio público.

Asegura la autoridad que los grupos desfavorecidos suelen vivir en barrios con poco espacio verde disponible, por lo que tienen la teoría que ofrecerles “espacios verdes urbanos puede ayudar a reducir las desigualdades de salud, discapacidad y otros”.

El gobierno aclara que tuvo en la mira otros predios como el Rancho Cueros de Venado; Aguajes del Encino y San Antonio de los Buenos, pero no contaban con buena ubicación y  acceso al transporte público.

El Club Campestre cuenta con alrededor de 50 hectáreas sobre el bulevar Agua Caliente, cuenta con un un campo de golf con 18 hoyos, alberca exterior, y una interior, gimnasio, salón de eventos, dos restaurantes para 90 personas y una terraza con capacidad para 70 comensales.

También posee una barra con bar, sauna, canchas de tenis, raquetbol, futbol y basquetbol.

Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista, asesor de organismos empresariales en Tijuana asegura que para que sea un área pública, la expropiación debe cumplir con varias condiciones, pues al ser “una violación al derecho a la privacidad” debe satisfacerse la causa de utilidad pública.

También, el bien expropiado debe permanecer con el mismo mantenimiento que tenía de manera privada.

Asimismo, se debe pagar previa valuación del predio, el cual se calcula con los elementos catastral y comercial.

Revela que de concretarse la expropiación, esta sería la segunda ocasión que el inmueble es expropiado por un gobierno.

El historiador Gabriel Rivera Delgado, recuerda que la primera ocasión fue por parte del gobernador priista Raúl Sánchez Martell, el 10 de noviembre de 1970; con el mismo objetivo, que fuera un parque para la ciudad, sin embargo los socios del club promovieron una revocación administrativa del decreto y amparos, lo que derivó en un impedimento para su ejecución.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Propone Jaime Bonilla expropiar el Club Campestre de Tijuana

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El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, propuso expropiar el Club Campestre de Tijuana para convertir el campo de golf en un parque público.

Bonilla Valdez realizó una consulta digital durante su transmisión diaria, a través de Facebook, en la que pidió la opinión de la gente para convertir el club en un espacio abierto a la ciudadanía, en el que más del 70% de los votantes estuvieron a favor.

Fue el lunes, cuando el mandatario ordenó al secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, analizar e investigar si existen las condiciones para realizar el trámite legal.

“Para ver el camino que vamos a seguir nada más para que quede claro que este gobierno no se va a mantener al margen de la necesidad, si hay necesidad de parques y pulmones, tenemos que recuperarlos”, expreso el mandatario morenista.

Entre sus argumentos, dijo que el Club Campestre no tiene ningún beneficio social, además de que ha presentado faltas como no pagar predial o no cumplir con el pago del agua y, también, acusó al organismo de excluir al resto de los sectores de la población al solamente dar acceso a los miembros, alrededor de unos 200 y sus familias.

(Con información de El Universal)

Pfizer y AstraZeneca prometen vacunas hasta 2020, informan Gobernadores del PAN

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Los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) informaron que las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer sólo pueden suministrar vacunas contra el COVID-19 hasta diciembre de este año o hasta 2022.

El viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que los Gobiernos estatales podrían adquirir y comprar vacunas, los mandatarios panistas hicieron gestiones par adquirir los biológicos pero recibieron informes desalentadores.

“En seguimiento al ofrecimiento de intentar adquirir vacunas vs. #COVID19, informamos: Representantes de @AztraZeneca y de @Pfizer nos informan que no se tiene disponibilidad en la producción. El posible suministro sería a partir de diciembre o del próximo año”, dieron a conocer en su cuenta de Twitter los mandatarios estatales.

Los gobernador prometieron que seguirán “contactando de forma directa a los laboratorios de las vacunas ya autorizadas por las autoridades responsables del @GobiernoMX”.

Cabe recordar que el lunes la Secretaría de Salud e emitió el decreto que permite a entidades y privadas obtener de forma directa las vacunas.

Este mismo lunes, también la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que esperaba conocer la disponibilidad de los laboratorios para adquirir directamente las dosis.

En Baja California, fue el gobernador Jaime Bonilla quien afirmó que entró en pláticas con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para poder obtener la vacuna.

AMLO dice que no ha sido fácil enfrentar a la pandemia y a los conservadores

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha sido fácil enfrentarse a la pandemia del COVID-19, la crisis económica causada por está y a los llamados “conservadores”, durante sus primeros 2 años de gobierno.

En el marco de un acto para la supervisión de obras de mejoramiento urbano en la ciudad de Tijuana, Baja California, el mandatario federal agradeció el apoyo de los ciudadanos, al reconocer que en sus primeros 24 meses al frente del gobierno de la República ha lidiado con diversas adversidades que han ofrecido resistencia ante la llamada “Cuatralbos Transformación”.

“No ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia, la crisis económica y también enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y privilegio, pero dijimos ‘basta'”, expresó López Obrador.

Acompañado del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, el mandatario dijo que espera a la brevedad que todo México pueda salir de la actual situación de emergencia sanitaria, debido a las gestiones realizadas por su gobierno para acceder a la ansiada vacuna contra el COVID-19.

También en Tijuana, el presidente aseguró que su administración está recuperando las casetas tomadas “por delincuentes” y por personas “acostumbradas” a vivir por la toma de las casetas. Aseguró que la toma casetas ya se había convertido en una práctica de oficio en estados como Nayarit, Sonora, Sinaloa y muchos más; en tanto que para algunos funcionarios acceder a Carreteras y Puentes Federales (Capufe) era uno de los cargos más deseados, por la corrupción prevaleciente. 

Dijo que su gobierno “está poniendo orden” y que su administración pondrá fin al llamado “reparto del botín” que se hacía del presupuesto público.

Apoyan gobernadores y Jefa de Gobierno a AMLO

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Siete Gobernadores emanados de las filas de Morena acusaron a los integrantes de la Alianza Federalista de lanzar amagos contra el Gobierno federal por su desesperación ante las próximas elecciones.

A través de un pronunciamiento, los ejecutivos estatales calificaron de irresponsable e inconstitucional el planteamiento de los Mandatarios de Oposición, quienes amenazaron con romper el pacto federal si la Federación no les entrega más recursos.

Entendemos que la dificultad electoral que enfrentan en sus estados por las elecciones del 2021 los lleve a una desesperada acción por llamar la atención“, expresaron.

En el documento, los morenistas se lanzaron contra los inconformes, que han demandado la revisión del marco legal y una nueva distribución de los recursos.

Advirtieron que no se pueden privilegiar las finanzas de los estados del norte del País y dejar en la pobreza las entidades federativas del sureste.

Tras rechazar el endeudamiento como camino para solucionar las presiones de gasto y urgir que los Gobiernos locales apliquen medidas de austeridad, los siete Mandatarios pidieron a los integrantes de la Alianza Federalista actuar con calma.

El pronunciamiento fue publicado en redes sociales por el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y está acompañado por los nombres de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los Mandatarios de Baja California, Jaime Bonilla; de Chiapas, Rutilio Escandón; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; de Puebla, Miguel Barbosa, y de Veracruz, Cuitláhuac García.

(Con información de Reforma)

Fraude a la Constitución

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Como es público, el 11 de mayo del presente, a través de sesión remota el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad 112/2019, en la cual mediante sentencia se determinó declarar la invalidez del Decreto No. 351 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California que extendía el periodo de Jaime Bonilla como Gobernador electo de 2 a 5 años.

La referida sentencia, desde su emisión y en lo sucesivo será de absoluta relevancia para la vida pública de nuestro País.

Esto, no precisamente por haber invalidado la ampliación del mandato intentado, sino porque la SCJN por segunda ocasión para resolver un asunto utilizó el concepto de “fraude a la Constitución”; siendo la primera vez que se utilizó cuando la SCJN analizó la Ley de Seguridad Interior.

Concepto, que parafraseando las palabras del Ministro Arturo Zaldívar (en la sesión y en su columna publicada en Milenio) implica que “una autoridad en simulación de actuar en uso de sus competencias pretenda vulnerar la esencia o un mandato constitucional”.

Así, el “fraude a la Constitución” deja de ser un concepto retórico y se consolida como un verdadero principio de teoría del derecho para invalidar actos disfrazados de constitucionales, cuando no lo son.

Sobre el particular, considero que este concepto podría ser utilizado nuevamente en el corto plazo, cuando nuestros tribunales federales tengan que resolver sobre la constitucionalidad de las “contribuciones verdes” que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano han amagado con implementar y, que en el caso del Estado de Tamaulipas ya fueron aprobadas y entraran en vigor el siguiente año.

Lo anterior, pues simulando que están en uso de sus facultades para establecer contribuciones ambientales, lo que realmente se pretende es intervenir en la política sobre el sistema eléctrico nacional, violentando con esto los artículos 25 y 28 de nuestra Constitución, pues la rectoría en esa materia le corresponde exclusivamente a la Federación.

Sostengo esto, pues basta consultar las manifestaciones que han efectuado el grupo gobernadores sobre la implementación de las referidas contribuciones.

Incluso, en el caso de Tamaulipas en donde ya fueron aprobadas por el Congreso del Estado, al consultar la exposición de motivos de la reforma se observa:

“… la Federación ha optado de manera no razonable por promover los combustibles fósiles y establecer barreras de entrada a las alternativas limpias, lo que impacta en las decisiones que previamente ha tomado el Estado de Tamaulipas para la adopción al cambio climático, la mitigación de emisión de gases y compuestos de efecto invernadero y la transición hacia una economía competitiva y sustentable.

El cambio regulatorio federal obliga, por tanto, a establecer medidas para internalizar los costos sociales derivados de un viraje hacia un modelo de desarrollo y productividad basado en combustibles fósiles.

Por tanto, a través de la presente iniciativa, se propone recurrir a instrumentos fiscales que no sólo generen recaudación para sufragar los gastos públicos sino que, también desincentiven la emisión de gases contaminantes que contribuyen al cambio climático, esto es, “contribuciones verdes” que trasladen a los agentes económicos la carga de la contaminación y degradación de los elementos que, en conjunto, componen el medioambiente como un interés jurídicamente tutelado.

…”

Lo anterior, vuelve patente no solo la intención de violentar el marco constitucional, sino que incluso se pretende desincentivar la política eléctrica nacional que en uso de sus facultades dirige el gobierno federal.

Así, estimo que en el caso narrado podríamos estar en presencia de un nuevo “fraude a la Constitución”, pues las entidades federativas simulando estar actuando en usos de sus facultades para imponer contribuciones ambientales pretenden interferir en la política eléctrica nacional, violentando con esto los artículos 25 y 28 de nuestra norma fundamental.

Finalmente, a quien le corresponderá pronunciarse sobre su constitucionalidad será a nuestro valeroso Poder Judicial Federal.

Pesos y contrapesos: La Suprema Corte y el caso Bonilla

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En 1803 en Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió una de las sentencias más paradigmáticas en la historia jurídica de dicho país y del mundo entero, abriendo las puertas del constitucionalismo moderno: Marbury vs Madison. El caso envuelve la sucesión presidencial de John Adams y Thomas Jefferson, la pugna sobre la designación de William Marbury y Madison al cargo de Juez de Paz y el Secretario de Estado John Marshall. En esta sentencia, se estableció la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Poder Ejecutivo, denominada Judicial Review, ello, para que la Corte como autoridad máxima del Poder Judicial ejerza su autoridad. 

Esta sentencia es relevante, no sólo en el aspecto jurídico sino también en sus consecuencias políticas. Algo fundamental de este asunto, es la afirmación de la naturaleza del Poder Judicial como parte de los órganos del Estado. Con Marbury vs Madison, la Corte determinó que es la autoridad facultada para decir el significado de la Constitución y creó el modelo de Control Constitucional que implica una especie de poder-deber de declarar la nulidad por inconstitucionalidad de todo aquello que contravenga la norma máxima, y  también, que el papel fundamental del Poder Judicial es ser un contrapeso de los otros poderes para proteger los derechos de todos. A pesar de los avances sociales y tecnológicos, esta sentencia continúa vigente en nuestros tiempos. 

Esto viene a colación, ya que el día lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la Acción de Inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, la cual tiene que ver con reforma de ampliación de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y el PRI. Este asunto, sin duda, pondrá a prueba nuestro máximo tribunal y revelará las debilidades de las configuración actual de la Corte. Fernando Franco González Salas Ministro a cargo del proyecto de sentencia, propone declarar la invalidez por inconstitucional de la reforma al artículo 8vo transitorio de la Constitución Política de Baja California que amplía el mandato del Gobernador Bonilla de 2 a 5 años. 

El primer antecedente de este caso se dio cuando el Tribunal Electoral de Baja California ordenó la inaplicación de dicha reforma, no obstante, la sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC22/2019. Al ser cosa juzgada en el ámbito judicial-electoral, el debate pasó al poder legislativo, presentándose el mencionado proyecto de reforma a la Constitución local. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, consistió en disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral; de tal manera, que al ampliar el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal, lo que generó que la CNDH y diversos partidos políticos impugnaran esta reforma ante nuestra máxima autoridad jurídica en el país.

Este tema ya se ha discutido en la SCJN, y en los precedentes se ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad”(Acción de Inconstitucionalidad 13/2015). Asimismo, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformar las leyes electorales locales, éstas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones, tal y como lo determinó nuestro tribunal constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006. Y, por si no fuese suficiente, la SCJN estableció en la jurisprudencia 82/2007 derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006, que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.

Lamentablemente, existen ciertos argumentos que podrían dificultar los 8 votos necesarios para obtener una sentencia que invalide esta reforma, como bien escribe Martín Vivanco Lira en Nexos “la constitución federal no contiene una norma que, expresamente, prohíba la extensión de mandato. El artículo 116 constitucional sólo señala que el periodo de un gobernador no podrá exceder los 6 años. Y nada más” también entra al debate la legitimidad de democrática de los legisladores que realizaron dicha reforma. 

Levitsky y Ziblatt en su obra How democracies die mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender el orden constitucional, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison, al igual, que la voluntad para accionar dichas normas e instituciones construidas para ello. Esta sentencia se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances, instituciones y los controles del poder, así como la independencia judicial y la capacidad de nuestros ministros de actuar como lo que son: defensores de la constitución y operadores de la justicia. 

Participar para progresar

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Estoy seguro que todas y todos, al menos una vez, hemos emitido opiniones sobre la vida pública de nuestra ciudad, estado o país.

Siempre han estado presentes las pláticas de política en las comidas familiares, en las reuniones con amigos o en el trabajo. Cada quien ha tomado sus posturas, y hoy más que nunca nos hemos dividido en la opinión sobre nuestros gobiernos. 

Pero seguramente también nos hemos preguntado cómo dar ese siguiente paso, cómo transformar nuestro entorno o cómo hacer que nuestras opiniones sean escuchadas.

Eso se logra mediante la participación ciudadana, algo que en México no ocurre en gran medida.

Te voy a mostrar unos ejemplos para que veas lo poco que la gente participa: en mi estado, Quintana Roo, el año pasado (2019) se llevaron a cabo elecciones para renovar únicamente el congreso local. 

Como era de esperarse, MORENA arrasó, llevándose 11 de 15 distritos, mas sus respectivos diputados plurinominales. Pero lo que me parece realmente alarmante es que la participación fue del 22.15%. Es un número bajísimo, y con esa mínima participación, se eligieron a nuestros nuevos representantes. En un distrito de Cancún, donde viven 88,000 personas, la persona que resultó ganadora de la elección a la diputación local, lo hizo con 6,520 votos.

 Es preocupante que los políticos que nos representan, lo hagan con tan poco respaldo de la ciudadanía. 

Quintana Roo no es el único caso: Jaime Bonilla, actual gobernador de Baja California, ganó la elección del 2019 con un porcentaje de participación ciudadana del 29.3%. Un estado donde viven aproximadamente 3.5 millones de personas, es gobernado por alguien que sólo fue votado por 382,000. Preocupante, ¿no?

En Puebla, Miguel Barbosa ganó una elección en donde solo participó el 33% de la Lista Nominal. En Aguascalientes, la participación fue del 38%. 

¿A qué se debe la apatía de la gente? ¿Por qué, si tanto malestar hay en la sociedad, no salen a votar?

Son preguntas que me hago a diario. Considero de vital importancia señalar que, en una democracia como la que vivimos, nuestra mejor arma para mejorar al país, es la participación ciudadana. Nuestros representantes tienen la obligación de escucharnos, pero primero nosotros nos debemos hacer escuchar. Nuestros gobernantes tienen la obligación de atender nuestras necesidades, pero primero nosotros debemos exigir. 

Como sociedad tenemos que estar bien informados, para así poder emitir opiniones fundamentadas y poder exigir lo que nos merecemos, pero necesitamos que todos participen. Cuando tengamos la oportunidad de salir a votar, hagámoslo. Probablemente pienses que un sólo voto no hace gran cambio, pero si como tú piensan otro medio millón de personas, son una diferencia abismal. México vive hoy en día uno de sus momentos políticos más tensos y difíciles, y no importa qué lado de la discusión apoyes, lo que importa es que salgas, exijas y participes. 

Todos tenemos que construir el futuro de nuestro país, ladrillo a ladrillo, paso a paso, participando. Levantando la voz, dándonos a escuchar, acudiendo a votar e impulsar a las personas de nuestro entorno a que hagan lo mismo. Tenemos que contagiar esas ganas de progresar y demostrarle a quien es apático, que es más fácil de lo que creen. Podemos convertir ese 22% en un 80% si todos entendemos nuestra importancia, como individuos, dentro de nuestra democracia.

El próximo año se llevarán a cabo elecciones federales (es decir, en todo México), para renovar nuestra Cámara de Diputados, entre muchos otros cargos a nivel local. Tu presencia y participación son esenciales. Nunca pienses que tu voto o tu palabra no valen. Cada uno de nosotros tenemos el poder de moldear el camino que seguirá nuestro país. 

Convierte tu opinión en acción, porque no hay nada peor que quien critica, juzga y cuestiona, pero cuando tiene la oportunidad de actuar, no lo hace. 

La clave del progreso es la participación. Son completamente válidas las diferentes posturas, opiniones y diferencias que como sociedad tenemos. Lo que no es válido, es que nos mantengamos apáticos, negándonos a reaccionar ante los problemas que se nos presentan.

Depende de ti, y depende de todos. 

Reconoce gobernador de Baja California carencias en IMSS

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El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla reconoció las carencias que hay en el IMSS en la entidad y admitió que hubo un descuido por parte de la institución federal.

A través de una transmisión en vivo, el Mandatario estatal afirmó que los médicos no han tenido seguridad ante la epidemia de COVID-19 y aseguró que están cayendo “como moscas”.

“Obviamente (el IMSS Baja California) me preocupa más que nunca, es que los mismos médicos están cayendo como moscas”, dijo

“Porque no se les dio la protección, ahora es el problema. El problema del Seguro Social afectó a los bajacalifornianos porque hubo un descuido del IMSS en Baja California, que no se ha puesto las pilas, el IMSS no se aplicó”.

El Mandatario estatal hizo referencia a un video del actor Eugenio Derbez, en el que denuncia que los médicos no tienen protección ni equipo suficiente, el cual fue desmentido el domingo por la noche por la delegada del IMSS en el estado, Desiree Sagarnaga, quien emitió un video en el que acusó a Derbez de difundir “fake news”, pero hoy el Gobernador respaldó que los médicos no tienen equipo en la entidad.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Da Bonilla notarías a su “padrino” político

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Jaime Bonilla, Gobernador de Morena en Baja California, entregó a su amigo Xicoténcatl Leyva Mortera y a José Román Leyva Castro sobrino de éste, dos notarías para cada uno, las cuales les fueron entregadas a través del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Leyva Mortera es considerado el padrino político de Bonilla Valdez.

También se le entregó una más a Tirso Adolfo Liévano Hernández, quien fuera presidente del PRI en Tijuana y también estuvo al frente de la Dirección General del Registro Público estatal.

No contento con ello, Rodríguez Lozano, durante la toma de protesta, les dijo: “¡lo de ustedes es un acto de justicia!”.

Y orgulloso argumentó: “Aquí hay una suerte de que hay dos queridos amigos míos, Tirso Liévano y José Román Leyva Castro, a quien conozco desde niño, pero no hay favoritismo. No van a ser por mi relación ni relaciones que pudieran tener con el Gobernador, sino que es un acto de justicia. Estamos seguros que harán un cambio”.

Ahora, con estas nuevas notarías, la familia Leyva Mortera ya tendrá cuatro.

Para esta toma de protesta, Rodríguez Lozano no convocó a la prensa sino solo realizó una transmisión en redes sociales.

Lozano aprovechó para hacer una aclaración: “Hay un nuevo notario también y que no vino, de una vez lo digo porque no quiero que quede como algo subrepticio, ese nuevo notario es Xicoténcatl Leyva Mortera, quien fue notario y que no vayan a decir que nos sacamos un as de la manga”.

Pues dijo que “se lo merece y estamos haciéndole justicia a un hombre, que también fue un extraordinario notario y que por cuestiones políticas del poder tuvo que renunciar a su notaría”.

Y es que el priista Xicoténcatl Leyva gobernó Baja California de 1983  a 1989 cuando renunció supuestamente por orden de Carlos Salinas, porque en aquel estado Cuauhtémoc Cárdenas habría recibido una extraordinaria cantidad de votos en la elección de 1988.

Aunque la tradición es que los gobernadores, antes de su partida, entreguen a los cuates las notarías, Bonilla ya comenzó a repartirlas, pues aún no sabe si se quedará 2 o 5 años.

Leyva Mortera es un amigo de Bonilla, de muchos años atrás, incluso participó en la campaña del morenista a la gubernatura.

(Fuente: El Mañanero Diario)