Pesos y contrapesos: La Suprema Corte y el caso Bonilla

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En 1803 en Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió una de las sentencias más paradigmáticas en la historia jurídica de dicho país y del mundo entero, abriendo las puertas del constitucionalismo moderno: Marbury vs Madison. El caso envuelve la sucesión presidencial de John Adams y Thomas Jefferson, la pugna sobre la designación de William Marbury y Madison al cargo de Juez de Paz y el Secretario de Estado John Marshall. En esta sentencia, se estableció la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Poder Ejecutivo, denominada Judicial Review, ello, para que la Corte como autoridad máxima del Poder Judicial ejerza su autoridad. 

Esta sentencia es relevante, no sólo en el aspecto jurídico sino también en sus consecuencias políticas. Algo fundamental de este asunto, es la afirmación de la naturaleza del Poder Judicial como parte de los órganos del Estado. Con Marbury vs Madison, la Corte determinó que es la autoridad facultada para decir el significado de la Constitución y creó el modelo de Control Constitucional que implica una especie de poder-deber de declarar la nulidad por inconstitucionalidad de todo aquello que contravenga la norma máxima, y  también, que el papel fundamental del Poder Judicial es ser un contrapeso de los otros poderes para proteger los derechos de todos. A pesar de los avances sociales y tecnológicos, esta sentencia continúa vigente en nuestros tiempos. 

Esto viene a colación, ya que el día lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la Acción de Inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, la cual tiene que ver con reforma de ampliación de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y el PRI. Este asunto, sin duda, pondrá a prueba nuestro máximo tribunal y revelará las debilidades de las configuración actual de la Corte. Fernando Franco González Salas Ministro a cargo del proyecto de sentencia, propone declarar la invalidez por inconstitucional de la reforma al artículo 8vo transitorio de la Constitución Política de Baja California que amplía el mandato del Gobernador Bonilla de 2 a 5 años. 

El primer antecedente de este caso se dio cuando el Tribunal Electoral de Baja California ordenó la inaplicación de dicha reforma, no obstante, la sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC22/2019. Al ser cosa juzgada en el ámbito judicial-electoral, el debate pasó al poder legislativo, presentándose el mencionado proyecto de reforma a la Constitución local. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, consistió en disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral; de tal manera, que al ampliar el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal, lo que generó que la CNDH y diversos partidos políticos impugnaran esta reforma ante nuestra máxima autoridad jurídica en el país.

Este tema ya se ha discutido en la SCJN, y en los precedentes se ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad”(Acción de Inconstitucionalidad 13/2015). Asimismo, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformar las leyes electorales locales, éstas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones, tal y como lo determinó nuestro tribunal constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006. Y, por si no fuese suficiente, la SCJN estableció en la jurisprudencia 82/2007 derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006, que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.

Lamentablemente, existen ciertos argumentos que podrían dificultar los 8 votos necesarios para obtener una sentencia que invalide esta reforma, como bien escribe Martín Vivanco Lira en Nexos “la constitución federal no contiene una norma que, expresamente, prohíba la extensión de mandato. El artículo 116 constitucional sólo señala que el periodo de un gobernador no podrá exceder los 6 años. Y nada más” también entra al debate la legitimidad de democrática de los legisladores que realizaron dicha reforma. 

Levitsky y Ziblatt en su obra How democracies die mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender el orden constitucional, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison, al igual, que la voluntad para accionar dichas normas e instituciones construidas para ello. Esta sentencia se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances, instituciones y los controles del poder, así como la independencia judicial y la capacidad de nuestros ministros de actuar como lo que son: defensores de la constitución y operadores de la justicia. 

Participar para progresar

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Estoy seguro que todas y todos, al menos una vez, hemos emitido opiniones sobre la vida pública de nuestra ciudad, estado o país.

Siempre han estado presentes las pláticas de política en las comidas familiares, en las reuniones con amigos o en el trabajo. Cada quien ha tomado sus posturas, y hoy más que nunca nos hemos dividido en la opinión sobre nuestros gobiernos. 

Pero seguramente también nos hemos preguntado cómo dar ese siguiente paso, cómo transformar nuestro entorno o cómo hacer que nuestras opiniones sean escuchadas.

Eso se logra mediante la participación ciudadana, algo que en México no ocurre en gran medida.

Te voy a mostrar unos ejemplos para que veas lo poco que la gente participa: en mi estado, Quintana Roo, el año pasado (2019) se llevaron a cabo elecciones para renovar únicamente el congreso local. 

Como era de esperarse, MORENA arrasó, llevándose 11 de 15 distritos, mas sus respectivos diputados plurinominales. Pero lo que me parece realmente alarmante es que la participación fue del 22.15%. Es un número bajísimo, y con esa mínima participación, se eligieron a nuestros nuevos representantes. En un distrito de Cancún, donde viven 88,000 personas, la persona que resultó ganadora de la elección a la diputación local, lo hizo con 6,520 votos.

 Es preocupante que los políticos que nos representan, lo hagan con tan poco respaldo de la ciudadanía. 

Quintana Roo no es el único caso: Jaime Bonilla, actual gobernador de Baja California, ganó la elección del 2019 con un porcentaje de participación ciudadana del 29.3%. Un estado donde viven aproximadamente 3.5 millones de personas, es gobernado por alguien que sólo fue votado por 382,000. Preocupante, ¿no?

En Puebla, Miguel Barbosa ganó una elección en donde solo participó el 33% de la Lista Nominal. En Aguascalientes, la participación fue del 38%. 

¿A qué se debe la apatía de la gente? ¿Por qué, si tanto malestar hay en la sociedad, no salen a votar?

Son preguntas que me hago a diario. Considero de vital importancia señalar que, en una democracia como la que vivimos, nuestra mejor arma para mejorar al país, es la participación ciudadana. Nuestros representantes tienen la obligación de escucharnos, pero primero nosotros nos debemos hacer escuchar. Nuestros gobernantes tienen la obligación de atender nuestras necesidades, pero primero nosotros debemos exigir. 

Como sociedad tenemos que estar bien informados, para así poder emitir opiniones fundamentadas y poder exigir lo que nos merecemos, pero necesitamos que todos participen. Cuando tengamos la oportunidad de salir a votar, hagámoslo. Probablemente pienses que un sólo voto no hace gran cambio, pero si como tú piensan otro medio millón de personas, son una diferencia abismal. México vive hoy en día uno de sus momentos políticos más tensos y difíciles, y no importa qué lado de la discusión apoyes, lo que importa es que salgas, exijas y participes. 

Todos tenemos que construir el futuro de nuestro país, ladrillo a ladrillo, paso a paso, participando. Levantando la voz, dándonos a escuchar, acudiendo a votar e impulsar a las personas de nuestro entorno a que hagan lo mismo. Tenemos que contagiar esas ganas de progresar y demostrarle a quien es apático, que es más fácil de lo que creen. Podemos convertir ese 22% en un 80% si todos entendemos nuestra importancia, como individuos, dentro de nuestra democracia.

El próximo año se llevarán a cabo elecciones federales (es decir, en todo México), para renovar nuestra Cámara de Diputados, entre muchos otros cargos a nivel local. Tu presencia y participación son esenciales. Nunca pienses que tu voto o tu palabra no valen. Cada uno de nosotros tenemos el poder de moldear el camino que seguirá nuestro país. 

Convierte tu opinión en acción, porque no hay nada peor que quien critica, juzga y cuestiona, pero cuando tiene la oportunidad de actuar, no lo hace. 

La clave del progreso es la participación. Son completamente válidas las diferentes posturas, opiniones y diferencias que como sociedad tenemos. Lo que no es válido, es que nos mantengamos apáticos, negándonos a reaccionar ante los problemas que se nos presentan.

Depende de ti, y depende de todos. 

Reconoce gobernador de Baja California carencias en IMSS

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El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla reconoció las carencias que hay en el IMSS en la entidad y admitió que hubo un descuido por parte de la institución federal.

A través de una transmisión en vivo, el Mandatario estatal afirmó que los médicos no han tenido seguridad ante la epidemia de COVID-19 y aseguró que están cayendo “como moscas”.

“Obviamente (el IMSS Baja California) me preocupa más que nunca, es que los mismos médicos están cayendo como moscas”, dijo

“Porque no se les dio la protección, ahora es el problema. El problema del Seguro Social afectó a los bajacalifornianos porque hubo un descuido del IMSS en Baja California, que no se ha puesto las pilas, el IMSS no se aplicó”.

El Mandatario estatal hizo referencia a un video del actor Eugenio Derbez, en el que denuncia que los médicos no tienen protección ni equipo suficiente, el cual fue desmentido el domingo por la noche por la delegada del IMSS en el estado, Desiree Sagarnaga, quien emitió un video en el que acusó a Derbez de difundir “fake news”, pero hoy el Gobernador respaldó que los médicos no tienen equipo en la entidad.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Da Bonilla notarías a su “padrino” político

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Jaime Bonilla, Gobernador de Morena en Baja California, entregó a su amigo Xicoténcatl Leyva Mortera y a José Román Leyva Castro sobrino de éste, dos notarías para cada uno, las cuales les fueron entregadas a través del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Leyva Mortera es considerado el padrino político de Bonilla Valdez.

También se le entregó una más a Tirso Adolfo Liévano Hernández, quien fuera presidente del PRI en Tijuana y también estuvo al frente de la Dirección General del Registro Público estatal.

No contento con ello, Rodríguez Lozano, durante la toma de protesta, les dijo: “¡lo de ustedes es un acto de justicia!”.

Y orgulloso argumentó: “Aquí hay una suerte de que hay dos queridos amigos míos, Tirso Liévano y José Román Leyva Castro, a quien conozco desde niño, pero no hay favoritismo. No van a ser por mi relación ni relaciones que pudieran tener con el Gobernador, sino que es un acto de justicia. Estamos seguros que harán un cambio”.

Ahora, con estas nuevas notarías, la familia Leyva Mortera ya tendrá cuatro.

Para esta toma de protesta, Rodríguez Lozano no convocó a la prensa sino solo realizó una transmisión en redes sociales.

Lozano aprovechó para hacer una aclaración: “Hay un nuevo notario también y que no vino, de una vez lo digo porque no quiero que quede como algo subrepticio, ese nuevo notario es Xicoténcatl Leyva Mortera, quien fue notario y que no vayan a decir que nos sacamos un as de la manga”.

Pues dijo que “se lo merece y estamos haciéndole justicia a un hombre, que también fue un extraordinario notario y que por cuestiones políticas del poder tuvo que renunciar a su notaría”.

Y es que el priista Xicoténcatl Leyva gobernó Baja California de 1983  a 1989 cuando renunció supuestamente por orden de Carlos Salinas, porque en aquel estado Cuauhtémoc Cárdenas habría recibido una extraordinaria cantidad de votos en la elección de 1988.

Aunque la tradición es que los gobernadores, antes de su partida, entreguen a los cuates las notarías, Bonilla ya comenzó a repartirlas, pues aún no sabe si se quedará 2 o 5 años.

Leyva Mortera es un amigo de Bonilla, de muchos años atrás, incluso participó en la campaña del morenista a la gubernatura.

(Fuente: El Mañanero Diario)

TEPJF considera inconstitucional “Ley Bonilla”

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Dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados de la sala superior enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una opinión jurídica por unanimidad en la cual se consideraba a la “Ley Bonilla” inconstitucional. La “Ley Bonilla” es la reforma hecha a la Constitución de Baja California con la que el Congreso del estado decidió incrementar el periodo de gubernatura del gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años.

“El Decreto 351, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por el que se reforma el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución local, de once de septiembre de dos mil catorce, se aparta de la regularidad constitucional”, sostienen los siete magistrados que enviaron el documento a la Corte.

 

(Con información de La Silla Rota)

Bonilla denuncia a exgobernador de BC

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El gobierno de Baja California liderado por el morenista Jaime Bonilla denunció al exgobernador Francisco Vega de Lamadrid y a cinco de sus colaboradores por diversos delitos como peculado, abuso de confianza y fraude.

El gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, detalló que la denuncia interpuesta es contra quien o quienes resulten responsables por una malversación de fondos por más de mil 200 millones de pesos, ya que se registra “una serie de abusos en donde se han detectado incluso facturas apócrifas expedidas en la pasada administración“.

En un comunicado emitido por parte del gobierno estatal, Bonilla sostiene que se seguirán las investigaciones hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga, pues no hay vacas sagradas“. En el mismo sentido, el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, denunció que “se llevó a cabo una estafa maestra zona cuatro“.

Los personajes que aparecen dentro de la denuncia además del exgobernador Vega, son quienes fueran sus secretarios de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández Días; la ex Oficial Mayor, Loreto Quintero (quién inclusive es actual diputada local del PAN); el exdirector de Administración, Remigio Salcido; y el exdirector de Adquisiciones, Rutilio Pérez Flores.

Con información de Milenio

Ahora Sánchez Cordero dice que Ley Bonilla está entredicho

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Tras haber expresado su convicción de que Jaime Bonilla cumplirá un mandato de Gobierno de 5 anos en Baja California, Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de Gobernación, ha afirmado que está en “‘entredicho’ la constitucionalidad de la ampliación de dicho periodo”

En un posicionamiento oficial, Sánchez Cordero rechazó que su postura haya variado sobre la posible ampliación del mandato de Jaime Bonilla, asegurando que no ha mentido ni engañado a nadie.

“Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso Local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad”.

“En el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales”.

 

(Con información de Reforma)

Olga Sánchez Cordero

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Por mera congruencia jurídica, Olga Sánchez Cordero debe renunciar como titular de la Secretaría de Gobernación. Su permanencia en el puesto es un insulto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una evidencia del atropello legal que permite la cuarta transformación. 

En su momento, declaró que en su calidad de ex juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificaba la llamada “Ley Bonilla” como inconstitucional. Esta declaración la hizo en el propio Senado de la República. El viernes de la semana pasada, durante la toma de posesión del nuevo gobernador de Baja California, se atrevió a declara que la “ley Bonilla” habría de “pervivir”, lo que traducido en mexicano contemporáneo, significa que esta ley debe sobrevivir. 

La secretaria de Gobernación de AMLO, le niega la razón a la ex titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con algunas semanas de intervalo, la inconstitucionalidad de la “ley Bonilla”, se transformó en una legalidad que habrá que “pervivir”. Si estos son los argumentos legales del gabinete constituido por AMLO, este país está listo para una revuelta de gran tamaño, ya que la propia Suprema Corte de la Nación, aún no se ha pronunciado sobre la legalidad del caso. 

¿Será que la cuarta transformación le está enviando mensaje a la SCJN, para que no equivoque su dictamen? Todavía no llegamos al año de la toma de posesión y el nuevo régimen está mostrando los dientes. Lo que opina el presidente prevalecerá sobre la Ley y sobre la Constitución. 

Solamente el Ejercito podrá temperar los abusos de un régimen que está perdiendo los estribos. Ya dio los primeros avisos, y es de esperar que en el gabinete tomaron nota de las advertencias.

 Hace muchos meses, antes de las elecciones del 1º de julio del 2018, hice una referencia a Salvador Allende, el malogrado presidente izquierdista chileno que se atrevió a desafiar al imperio, para que le futuro presidente tuviera consciencia de las limitaciones de su poder. Ojalá recapacite antes de que México se vea involucrado en alguna asonada militar como cualquier república bananera. 

¿Adónde está la futura séptima potencia económica mundial? Parece que nos equivocamos de líder.  El potencial sigue estando presente, sólo falta corregir algunos parámetros en el mando del país..

“Norma va a pervivir”, dice Sánchez Cordero a Jaime Bonilla

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La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue ventaneada dando su aval a la ley que amplía el mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

En un video, la funcionaria dice que dicha ley va a “pervivir”.

Me dijeron es legal los cinco años, es legal porque la norma está vigente“, expresa la Secretaria.

En respuesta, Bonilla dice que con eso le basta.”Es todo lo que necesitamos, aunque no nos den los cinco años, con eso tengo“, contesta entre risas el morenista.

Sánchez Cordero habla sobre un esgrima jurídico con el Mandatario.

Para mí la norma va a pervivir“, añade la servidora al tiempo que Bonilla cambia la conversación.

Previamente, en el marco de la toma de protesta del morenista, la Secretaria declaró que la ampliación del mandato del Gobernador es legal porque el Congreso de la entidad emitió la norma y está facultado para hacerlo.

Hoy es legal porque el Congreso emitió la norma y está facultado para emitirla. Entonces, hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo“, sostuvo, de acuerdo con un comunicado.

Yo puedo o no estar de acuerdo. El Congreso emite la norma, el Tribunal Constitucional (la Suprema Corte de Justicia de la Nación) va a resolver“.

 

 

 

(Con información de Reforma)

Sánchez Cordero asegura que 5 años en BC son legales

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien asistió a la toma de protesta de Jaime Bonilla en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que por el momento cinco años de gubernatura en Baja California, son legales.

“Hoy es legal, es legal porque el Congreso local emitió una norma y estaba facultado para emitirla. Hay una presunción de legalidad cuando el Congreso emite la norma y está facultado para ello”, dijo Sánchez Cordero.

La ex ministra, dijo que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que debe de determinar si es constitucional o no.

Por último, aseguró que la nueva administración estatal será “espectacular”.