Balance de cuentas, Fin del Sexenio

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En menos de un mes, millones de mexicanos saldremos a votar a las urnas, a elegir a nuestro futuro Presidente por los próximos 6 años, una de las reglas del presidencialismo mexicano no escritas es: a los 6 años dejará el poder y te retirarás del servicio público.

Hay un candidato que piensa que todo esta mal, que se requiere destruir todo y empezar todo desde cero, que la corrupción galopante es la culpable de todos los males, ciertamente es algo que molesta a todos y más en un país donde el costo de uno de los bienes inelásticos en la economía se compone en 40% de impuestos, me refiero,  a la gasolina.

Es prudente mencionar que el gobierno que está por terminar el próximo 1 de diciembre, se atrevió en conjunto con la oposición a sacar reformas como la energética, educativa, electoral, competencia económica y telecomunicaciones (estas desde el punto de vista propio como las más importantes en los bolsillos de los mexicanos y las “más populares”), desde luego está la reforma hacendaria que nos dejó enojados por el alza en el ISR a las personas que mas ingresos tienen, el IEPS que en opinión propia a alimentos de alto contenido calórico (viene a ser meramente recaudatorio y sin probabilidad de acreditarlo como lo es el caso del IVA).

La reforma energética adopta un modelo de libre competencia en dos empresas productivas del Estado (CFE y PEMEX) que tienen graves problemas en sus finanzas y el tema de las pensiones, que se debió manejar desde tiempos de Salinas de Gortari bajo esquemas de libre mercado e inversión por parte de la IP, mediante estrategia compartida donde el riesgo y ganancias fueran para todos los participantes (incluyendo al Gobierno) y permitir la entrada de capitales en toda la cadena productiva del sector desde exploración hasta venta al público.

La reforma política electoral que tiene a bien incluir a los ciudadanos en las elecciones con la figura de las candidaturas independientes, sin duda algo que la Administración pública tenía como pendiente desde el 2006, con el caso de Jorge Castañeda, que hoy en el caso de Nuevo León una entidad federativa competitiva tiene ya un gobernador independiente.

La de competencia económica introduce organismos (COFECE y Tribunales de Competencia Económica) que por primera vez investiga y castiga de manera efectiva a los agentes económicos preponderantes por prácticas que afectan al consumo de las familias y empresas. 

En materia educativa el garantizar la calidad de la educación y la evaluación de los docentes por un organismo constitucionalmente autónomo (INEE) e instaura una educación de calidad para los niños y jóvenes mexicanos, se le tiene que seguir que apostando e invirtiendo en este rubro pero que sea a gasto de inversión como las TIC e instalaciones de calidad no a “sueldos de aviadores”. 

La de telecomunicaciones que regula y abre el mercado de sectores ante monopólios como son el  triple-play (telefonía, televisión de paga e internet) para que haya mayor cantidad de oferentes y los pequeños productores se beneficien de la infraestructura de los grandes como es el caso de la tarifa de interconexión, eliminando la larga distancia y el cobro por minuto en paquetes de telefonía celular pasando a esquemas de llamadas ilimitadas nacionales e incluso a Estados Unidos y Canadá.

Sin duda alguna en la opinión de un servidor estos cambios son perfectibles, sin embargo no se pueden instituciones o leyes y empezar desde cero, un buen gobierno se caracteriza por responder a intereses del ciudadano, entiendo el enojo ciudadano por los casos de moches y escándalos de corrupción pero creo que el próximo 1 de julio tendremos que salir a votar con la cabeza y no con el estómago, ya que retomando una frase que escuché hace poco tiempo y la dejó a su criterio: “La libertad es algo que solamente valoramos cuando la perdemos y que siempre se puede estar peor cuando se toman decisiones que no son a conciencia”. Lo peor que se puede hacer ese domingo es no salir a votar (abstenerse) o anular el voto.

Es presentada reforma a la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario

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Con el propósito  de abrir el mercado mexicano en lo que el transporte de carga ferroviaria se refiere, los diputados federales Daniel Torres Cantú (independiente) y Waldo Fernandez Gonzalez (PRD) presentaron una iniciativa de reforma integral a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Con esta reforma se busca que se termine la clausula de exclusividad para prestar el Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga (SPTFC) y con ello se puedan otorgas mas concesiones para que otra empresas mexicanas puedan prestar este servicio.

La iniciativa se funda en el dictamen preliminar emitido por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en el que advierte que las actuales empresas concesionadas brindan el servicio de carga de manera regional y desincentivan el servicio de interconexión, causando ineficiencia en el sistema en el sistema de logística nacional pues los usuarios de SPTFC reciben un servicio discontinuo, irregular y que les generan mayores costo, además de mala calidad y largos tiempos de traslado.

Con esto los diputados federales, buscan con esta iniciativa lograr además de terminar con los monopolios ferroviarios, establecer el derecho de paso como principal servicio  de interconexión que debe prestarse de manera regular y sin condiciones.

Prohibir la participación extrajera que supere el 45% de la inversión, que sea la COFECE quien autorice la cesión de derechos u obligaciones por parte de los concesionarios o permisionarios fueron puntos que se abordaron dentro de la iniciativa.

Dicha iniciativa fue presentada ante la Comisión Permanente y fue turnada a la Comisión Permanente y fue turnada a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Fantasmas de 2008

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¿Qué sucede cuando a un mercado lo controlan pocos participantes? La teoría económica pudiera dar una respuesta, pero en la práctica existe un incentivo para obtener un beneficio adicional a expensas de terceros. El sistema financiero mexicano es operado por relativamente pocas instituciones, de las cuales una pequeña cantidad de ellas lo controla de forma oligopólica.

Dependiendo el sector del sistema existen actores más fuertes que otros; ciertos bancos en el otorgamiento de crédito a gobiernos, algunas casas de bolsa en la colocación de acciones y diversas afores en la compra de ofertas públicas, por nombrar algunos.

Recordando lo sucedido hace 9 años en la mayor crisis financiera mundial, el poder y alcance de las grandes instituciones financieras (de Estados Unidos y Europa principalmente) de la mano de una regulación gubernamental laxa resultó en un abuso de los mercados financieros que causó una debacle que aún resienten las economías mundiales.

Sin embargo, en México no nos quedamos atrás y a pesar de ver los resultados que el pasarse de listo puede causar, hay quienes quieren copiar las malas prácticas de los responsables de la crisis de 2008 en detrimento del sistema financiero mexicano:

En abril de este año la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) notificó a las afores Banorte XXI, Principal, GNP Profuturo y Sura por una supuesta colusión para la fijación de precios y la repartición de clientes entre 2012 y 2014. Finalmente, la semana pasada la autoridad anunció multas por un total de 1,100 millones de pesos a las mencionadas afores por prácticas monopólicas en el mercado de fondos de ahorro para el retiro.

La actividad sancionada consistió en retardar de forma coordinada el traspaso de empleados de una administradora a otra con el fin de reducir costos comerciales y así aumentar utilidades. En otras palabras, estas instituciones se pusieron de acuerdo para no quitarse clientes entre ellos al desincentivar el traspaso de afore al que por ley los trabajadores tienen derecho.

También en abril pasado, la Cofece informó sobre una investigación para determinar si existió manipulación del mercado de deuda gubernamental por parte de casas de bolsa, bancos, fondos de inversión e incluso afores. El asunto es que los intermediarios del sistema financiero pudieron haber obtenido un beneficio al ofrecer instrumentos de inversión con un sobreprecio a sus clientes y al mismo tiempo haber causado un encarecimiento en los costos de la deuda para el gobierno, lo cual repercute en las finanzas públicas.

Aunque aún no existen culpables y la investigación puede durar hasta dos años, estas supuestas prácticas afectan a inversionistas, gobiernos y a la confianza en el sistema financiero.

La gravedad de estos dos ejemplos no sólo consiste en el daño y perjuicio a las personas directamente afectadas sino en el aumento del riesgo sistémico que estas prácticas pueden ocasionar. La alteración de un precio o de una tasa puede ser un hecho aislado o puede desencadenar en una mini crisis para un sector que posteriormente puede traducirse en una amenaza al sistema financiero.

Suena fatalista, quizá exagerado, pero los mercados financieros al estar globalmente interconectados deben ser operados de manera minuciosa y con un gran sentido de responsabilidad. ¿Acaso no se aprendió nada de 2008?




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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”