Da Suprema Corte de Justicia revés a política eléctrica de Rocío Nahle

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este miércoles elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Al resolver la Controversia Constitucional 89/2020, la SCJN señalo que invada las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), viola el derecho de libre competencia y da una “ventaja indebida” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Segunda Sala de la Corte invalidó 22 disposiciones de la Política que propuso la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Cabe mencionar que la única ministra que votó en contra fue la presidenta de Sala, Yasmín Esquivel Bossa, quien llegó a la Suprema Corte propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La controversia constitucional fue presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la política, la cual fue publicada el 15 de mayo del año pasado, En su impugnación, la Cofece estimó que este acuerdo busca favorecer a la CFE en detrimento de los productores privados De Fuentes renovables.

Por otro lado, dice que el Acuerdo afecta el mandato constitucional de la Cofece e invade su esfera competencial. El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar y en ella menciona que el Acuerdo impugnado obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece, porque anula la libre competencia económica y concurrencia en el mercado de generación de energía, así como la sustentabilidad en la generación y suministro.

Además, advierte que la Política de Confiabilidad distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia necesarios en los eslabones de generación y suministro de energía.

“Además de que otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que ponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que justifique tal distinción”, se advierte en el proyecto.

De acuerdo al proyecto, el Acuerdo de la Secretaría de Energía impugnado cancela la posibilidad de entrada al mercado de centrales eléctricas que operan con energía limpia lo que afectará a los consumidores de contar con tarifas eléctricas más accesibles.

En cuanto a la facultad dada en la Cenace para emitir dictámenes de viabilidad de interconexión, la SCJN dijo que “esto ocasiona que el Cenace, con base en criterios que estableció la propia Sever, determine si una solicitud merece ser estudiada o no, sin tomar en cuenta las especificaciones técnicas generales aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía.

Ordena la SCJN suspensión de política de Sener que frena energías renovables

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la suspensión de las medidas de la política de confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía (Sener), la cual limita las energías renovables.

“Se concede la medida cautelar solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica, para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”, se lee en el documento.

Por otro lado, la SCJN indicó que tal suspensión puede revocarse o modificarse si se presente un recurso del Gobierno Federal ante tribunales.

La Cofece indicó que la medida violentaba los principios de competencia así como los de libre concurrencia que establecen los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, además de las leyes que se aplican en materia de electricidad, de tal manera que forman un régimen de competencia y suministro en el sector.

Da AMLO visto bueno a iniciativa para fusionar Cofece, CRE e IFT

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El presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó esta mañana que estaría a favor de la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, al fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Esto luego de señalar que si es para ahorrar, está a favor; al respecto comentó: “Yo conocía de esta iniciativa, hay que recordar que los legisladores obviamente tiene capacidad y facultades para presentar reformar, o iniciativas de ley, no solo es el ejecutivo, ellos presenta iniciativas.”

Este organismo el Ifetel (sic.) me comentan tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático excesivo, pero no es único caso, el instituto de transparencia igual, y en el caso de instituto de transparencia es un presupuesto de más de mil millones de pesos al año.“, agregó.

Concluyó al respecto comentando que: “Nosotros todo lo que signifique ahorrar, lo vemos bien; le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada y todavía se enojan porque no pueden ganar más que el Presidente de la República y ponen amparos y llegaban a ganar más de 600 mil pesos al mes, eran de los mejores pagados en el mundo, era una república simulada“.

Con información de Expansión

Propone Monreal desaparecer al IFT, Cofece y CRE para crear un solo instituto regulador

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El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para crear un sólo instituto.

La propuestas de Monreal busca crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB) ante las condiciones económicas del país.

En el texto que el diputado propuso argumenta que “algunos órganos reguladores del Estado, que comparten ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias puedan integrarse en uno solo, disminuyendo así la pesada carga que hoy representa cada uno de ellos para el pueblo de México, sin que eso signifique prevaricar al cumplimiento de las funciones y atribuciones que actualmente desarrollan”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, propone reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para crear el INMECOB.

El documento otorga al Inmecob la facultad de “garantizar y promover la libre concurrencia y competencia económica en México; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas”.

Monreal destaca en la iniciativa presentada al Senado que la coyuntura de aprietos económicos a la que ha conducido la Covid-19 se presenta como una “oportunidad clara” para llevar a cabo este cambio, ya que la unificación de competencias implicaría una rebaja en los costes para el Estado.

El cálculo del legislador estima un ahorro de 500 millones de pesos anuales (unos 23 millones de dólares) en el presupuesto anual de este nuevo órgano respecto al coste de los tres existentes, un ahorro del 21 %.

La International Chamber of Commerce (ICC) México consideró que la reforma constitucional propuesta por el senador Ricardo Monreal acarrearía más riesgos que los beneficios económicos por los cuales se plantea generar una nueva entidad.

Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, destaca que el mayor riesgo sería la transformación de estos órganos técnicos en instrumentos políticos, siendo que mucho trabajo y esfuerzo costó darles ese carácter técnico de alta calidad.

La propuesta de Ricardo Monreal ha despertado diversas criticas argumentando que se pretenden destruir más instituciones.

Respecto de la iniciativa de ley presentada por Monreal, el IFT aseguró que no tuvo conocimiento alguno sobre el anteproyecto.

“Sin perjuicio de lo anterior, en cumplimiento a nuestro mandato constitucional de promover el desarrollo eficiente de los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión, siempre mantendremos una actitud abierta al diálogo con otras instituciones del Estado Mexicano en beneficio de la competencia, los usuarios y las audiencias de nuestro país”, dice un comunicado.

(Fuente: Forbes)

Morena propone que INEGI acceda a patrimonio y finanzas de mexicanos

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El partido Morena propuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pueda acceder al patrimonio y las finanzas de todos los mexicanos.

El objetivo de la propuesta del dirigente nacional del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, es que el INEGI pueda medir la “riqueza” en México.

Morena externo su intención mediante un documento de que “el bienestar social y la lucha contra la desigualdad pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional”, a partir de un análisis de la realidad política, social y económica del país.

Por otro lado, se propone que se constituya un Consejo Fiscal o un organismo autónomo yu profesional que dependa del Congreso de la Unión para medir y evaluar de manera permanente la calidad de los ingresos y gastos del Estado.

Además se recomienda que se fortalezca y brinden mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), todo lo cual serviría para asentar las bases de la discusión de una agenda para transformar estructuralmente al país.

 

La frágil democracia mexicana

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Nos encontramos en un punto de inflexión histórico, hasta hace algunos años las democracias se encontraban en un claro aumento a nivel global, pero la falta de resultados económicos y sociales llevó a que muchas votaran por alternativas de organización política, o simplemente se fueran por líderes carismáticos y autoritarios. 

Para entender qué es una democracia hay que irnos a la base de su creación. Primeramente tenemos que entender que el gobierno, así como la economía, los derechos humanos, el comercio internacional, son constructos sociales. Estas son estructuras e ideas que los humanos inventamos para identificarnos, relacionarnos y vivir en sociedad. No hay ninguna otra especie en este mundo que tenga bancos, ética, congresos, bonos, etc. 

El principal constructo social que promueve la cohesión social, política y económica de un grupo de personas es el Estado, algo que se entiende como esa idea de lo que es México en su gobierno, con su moneda, con su diversidad social, leyes, etc. El Estado está basado en el monopolio de la fuerza, la ética social, el Estado de Derecho, la soberanía del pueblo o la misma razón.

El Estado para funcionar requiere de un gobierno, que son las instituciones que administran la división político-administrativa de un país. O sea son las secretarías, organismos, institutos que administran nuestro México. Los gobiernos a su vez cuentan con ideologías políticas y económicas que utilizan para cumplir sus objetivos. Es por esto que existen los socialistas, capitalistas, progresistas, etc. que a su vez actúan mediante políticas públicas y leyes que reflejan esos ideales. 

Las ideologías se deben ver en un eje económico, que es quién administra los factores de producción (tierra, trabajo y capital) si individuos o el gobierno, y un eje político, que se basa en la capacidad de autorregulación humana y la necesidad de intervención del gobierno en la cohesión social. Hay centenas de tipos de gobierno que combinan sus ideologías, China es un gobierno autoritario con un amplio control de los derechos políticos y sociales, pero con una economía fuertemente capitalista. Alemania tiene una ideología de amplio reconocimiento de derechos políticos y sociales así como una economía mixta entre capitalista para el sector empresarial e industrial y socialista para el sector de salud, transporte, educación, entre otros. No es correcto pintar a China como comunista ni a Alemania como capitalista, el trasfondo es mucho mayor.

Lo que vivimos en México es que el PRI controlaba la totalidad del Estado Mexicano, dependiendo del presidente se marcaba la línea ideológica. Desde gobiernos prácticamente autoritarios y conservadores con Díaz Ordaz, el socialismo de Lázaro Cárdenas, hasta el neoliberalismo de Salinas y Zedillo.

Es por esto que hemos construido un México donde lo importante ha sido la forma y no el fondo. En papel tenemos una protección muy amplia de derechos, herramientas de defensa como el amparo y el reconocimiento de minorías, todo gracias a la mezcla ideológica de nuestro gobierno. Pero ese México sólo existe en papel y para quienes tienen dinero para contratar los abogados adecuados. Para el resto existe otro México, uno que no tiene ideología y todo se basa en el poder político y económico, uno en el que el PRI aún mantiene el poder, y uno en el que el pluralismo partidista ha llevado al borde del descontrol.

Apenas en estos últimos 20 años hemos probado lo que realmente significa ser una democracia. Ya hay una diversidad de partidos en el poder, el problema es la falta de instituciones democráticas fuertes que ayuden a madurar paralelamente a los votantes y a los partidos con el gobierno. Es por esto que contamos con gobiernos estatales que rechazan abiertamente el Estado de Derecho con la Ley Bonilla, la defensa a los derechos políticos con la Ley Garrote, la administración fiscal responsable con la deuda de Coahuila y la protección a sus minorías en el Congreso de NL. Ellos hablan a través del poder y no de valores democráticos como la honestidad, solidaridad, responsabilidad, pluralismo, libertad, justicia social, tolerancia, igualdad, respeto, bien común y la legalidad.

La democracia la construimos todos mediante instituciones fuertes, el INE, la CNDH, el CONEVAL, la CRE, la CNH, BANXICO, el IFETEL, la COFECE, la FGR, todas son de reciente creación. Si queremos que México siga siendo una democracia es necesario defenderlas. En una democracia no cabe el gobierno de uno, un presidente es humano y jamás será la respuesta. En cambio, las instituciones que son democráticas no están sesgadas, no discriminan y sobretodo promueven la justicia y equidad social. Pero es necesario seguir separando a estas instituciones del poder político para que lo regulen, por el bien común. 

¿Transporte público o privado? El debate de UBER

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El pasado martes 2 de julio, cerca de la media noche, el Gobierno del Estado, vía la Agencia Estatal de Transporte (AET) y Fuerza Civil implementaron un operativo para decomisar las unidades, y en caso de ser necesario, detener a los choferes de las aplicaciones de Uber, Didi y Cabify bajo el principal argumento de que están prestando un servicio de transporte público con placas particulares.

Lo anterior, ha provocado una gran molestia, no solo en los choferes, quienes muchos de ellos, cabe resaltar, su único ingreso económico es generado por prestar este servicio, si no también en los usuarios, quienes el día de ayer, ambos se manifestaron en las instalaciones del Congreso del Estado de Nuevo León para pedir el apoyo de sus legisladores locales, ante lo que ellos consideran, una injusticia por parte del Gobierno estatal.

Pero, ¿Cuál es el conflicto?, y ¿Qué argumentan las partes involucradas?, básicamente los taxistas argumentan que no existe un “piso parejo” de competencia y exigen que se regule la tarifa de las aplicaciones y se les impongan los mismos requisitos que a los autos públicos (permisos, placas, etc). En contra parte, los socios conductores de las plataformas digitales, señalan principalmente que ellos no son transporte público, si no transporte privado y que están violando sus derechos fundamentales al retirarles sus vehículos y negarles una fuente legal de trabajo.

La realidad aquí es que efectivamente Uber o sus equivalentes, no deben ser considerados como “transporte público”, si no como “transporte privado”, pues el servicio que estos ofrecen no es el mismo que el de un taxi tradicional por muchas razones; por poner solo un ejemplo que lo distingue: ellos no recogen pasaje de las calles, únicamente a quien pide el servicio por medio de la aplicación móvil.

Ahora bien, -ojo aquí- eso no los exenta de que sean regulados, el transporte privado también debe ser legislado en la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León -próxima a reformarse en el Congreso estatal-. Lo anterior, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que apenas el año pasado resolvió que los servicios privados de transporte son completamente distintos a los servicios tradicionales de transporte público (reconociendo la naturaleza privada/civil de los primeros, contra la naturaleza pública/administrativa de los segundos) y por ende, no se les puede comparar, exigir o limitar tomando en consideración la realidad regulatoria de los taxis en tanto es un servicio completamente distinto a aquél. 

En el mismo sentido, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), emitió opinión para los Gobernadores y las Legislaturas estatales en 2015, donde recomienda precisamente que se reconozca una nueva categoría para la prestación de un servicio de transporte, limitando el marco normativo de estas empresas a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, evitando restricciones como crear la obligación de autorizar o registrar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como de placas especiales y/o cromáticas.

Precedentes existen, el problema de fondo aquí, es que quienes exigen que se regularicen estas aplicaciones, tienen muy poca autocrítica o no se han dado cuenta de que si el usuario prefirió migrar a utilizar otra alternativa de movilidad, es precisamente porque el servicio que ellos estuvieron prestando por décadas no es de calidad: taxímetros alterados, unidades antiguas y en mal estado, en algunas ocasiones con olores desagradables, algunos sin clima, el peligro del pago obligatorio en efectivo, y sin duda lo más importante, que el usuario no se siente completamente seguro de que llegará a su destino, pues no hay algo que respalde, cuide y garantice la integridad física del usuario como si existe en la aplicación móvil, al poder seguir en todo momento el trayecto del vehículo e incluso poder compartir con algún familiar/amigo la ruta.

En fin, las empresas de redes de transporte como Uber, NO deben ser legisladas como transporte público, y el derecho de los ciudadanos de Nuevo León a elegir la alternativa de movilidad que más se adapte a sus necesidades, debe ser garantizado.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Envía AMLO terna para sustituir a ministra de la SCJN

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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Legislativo su propuesta para cubrir la vacante que dejará la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo retiro está previsto para el próximo 18 de febrero.

La terna esta compuesta por mujeres, entre quienes destaca el nombre de la jurista Yasmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, quien además es esposa del contratista José María Riobóo, muy cercano al presidente de la República sobre quien se dice que fue su constructor favorito cuando el tabasqueño estuvo a cargo de la Jefatura de Gobierno capitalina.

Los otros nombres son los de Celia Maya y Loretta Ortiz, que ya compitieron por la vacante del ministro José Ramón Cossío y perdieron ante Juan Luis González Alcántara, cuyo nombramiento fue avalado por el Senado de la República.

Maya en ese entonces obtuvo cero votos, mientras que la exdiputada federal morenista Loretta Ortiz obtuvo solo nueve del pleno del Senado.

En caso de que Esquivel reciba el respaldo del Legislativo, sería la primera vez que un magistrado de un tribunal administrativo llega a la Corte desde la reforma judicial de 1994.

El Ejecutivo federal también envió al Senado sus propuestas para comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): Ramiro Camacho Castillo y Gustavo Pérez, respectivamente.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Balance de cuentas, Fin del Sexenio

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En menos de un mes, millones de mexicanos saldremos a votar a las urnas, a elegir a nuestro futuro Presidente por los próximos 6 años, una de las reglas del presidencialismo mexicano no escritas es: a los 6 años dejará el poder y te retirarás del servicio público.

Hay un candidato que piensa que todo esta mal, que se requiere destruir todo y empezar todo desde cero, que la corrupción galopante es la culpable de todos los males, ciertamente es algo que molesta a todos y más en un país donde el costo de uno de los bienes inelásticos en la economía se compone en 40% de impuestos, me refiero,  a la gasolina.

Es prudente mencionar que el gobierno que está por terminar el próximo 1 de diciembre, se atrevió en conjunto con la oposición a sacar reformas como la energética, educativa, electoral, competencia económica y telecomunicaciones (estas desde el punto de vista propio como las más importantes en los bolsillos de los mexicanos y las “más populares”), desde luego está la reforma hacendaria que nos dejó enojados por el alza en el ISR a las personas que mas ingresos tienen, el IEPS que en opinión propia a alimentos de alto contenido calórico (viene a ser meramente recaudatorio y sin probabilidad de acreditarlo como lo es el caso del IVA).

La reforma energética adopta un modelo de libre competencia en dos empresas productivas del Estado (CFE y PEMEX) que tienen graves problemas en sus finanzas y el tema de las pensiones, que se debió manejar desde tiempos de Salinas de Gortari bajo esquemas de libre mercado e inversión por parte de la IP, mediante estrategia compartida donde el riesgo y ganancias fueran para todos los participantes (incluyendo al Gobierno) y permitir la entrada de capitales en toda la cadena productiva del sector desde exploración hasta venta al público.

La reforma política electoral que tiene a bien incluir a los ciudadanos en las elecciones con la figura de las candidaturas independientes, sin duda algo que la Administración pública tenía como pendiente desde el 2006, con el caso de Jorge Castañeda, que hoy en el caso de Nuevo León una entidad federativa competitiva tiene ya un gobernador independiente.

La de competencia económica introduce organismos (COFECE y Tribunales de Competencia Económica) que por primera vez investiga y castiga de manera efectiva a los agentes económicos preponderantes por prácticas que afectan al consumo de las familias y empresas. 

En materia educativa el garantizar la calidad de la educación y la evaluación de los docentes por un organismo constitucionalmente autónomo (INEE) e instaura una educación de calidad para los niños y jóvenes mexicanos, se le tiene que seguir que apostando e invirtiendo en este rubro pero que sea a gasto de inversión como las TIC e instalaciones de calidad no a “sueldos de aviadores”. 

La de telecomunicaciones que regula y abre el mercado de sectores ante monopólios como son el  triple-play (telefonía, televisión de paga e internet) para que haya mayor cantidad de oferentes y los pequeños productores se beneficien de la infraestructura de los grandes como es el caso de la tarifa de interconexión, eliminando la larga distancia y el cobro por minuto en paquetes de telefonía celular pasando a esquemas de llamadas ilimitadas nacionales e incluso a Estados Unidos y Canadá.

Sin duda alguna en la opinión de un servidor estos cambios son perfectibles, sin embargo no se pueden instituciones o leyes y empezar desde cero, un buen gobierno se caracteriza por responder a intereses del ciudadano, entiendo el enojo ciudadano por los casos de moches y escándalos de corrupción pero creo que el próximo 1 de julio tendremos que salir a votar con la cabeza y no con el estómago, ya que retomando una frase que escuché hace poco tiempo y la dejó a su criterio: “La libertad es algo que solamente valoramos cuando la perdemos y que siempre se puede estar peor cuando se toman decisiones que no son a conciencia”. Lo peor que se puede hacer ese domingo es no salir a votar (abstenerse) o anular el voto.

Es presentada reforma a la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario

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Con el propósito  de abrir el mercado mexicano en lo que el transporte de carga ferroviaria se refiere, los diputados federales Daniel Torres Cantú (independiente) y Waldo Fernandez Gonzalez (PRD) presentaron una iniciativa de reforma integral a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Con esta reforma se busca que se termine la clausula de exclusividad para prestar el Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga (SPTFC) y con ello se puedan otorgas mas concesiones para que otra empresas mexicanas puedan prestar este servicio.

La iniciativa se funda en el dictamen preliminar emitido por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en el que advierte que las actuales empresas concesionadas brindan el servicio de carga de manera regional y desincentivan el servicio de interconexión, causando ineficiencia en el sistema en el sistema de logística nacional pues los usuarios de SPTFC reciben un servicio discontinuo, irregular y que les generan mayores costo, además de mala calidad y largos tiempos de traslado.

Con esto los diputados federales, buscan con esta iniciativa lograr además de terminar con los monopolios ferroviarios, establecer el derecho de paso como principal servicio  de interconexión que debe prestarse de manera regular y sin condiciones.

Prohibir la participación extrajera que supere el 45% de la inversión, que sea la COFECE quien autorice la cesión de derechos u obligaciones por parte de los concesionarios o permisionarios fueron puntos que se abordaron dentro de la iniciativa.

Dicha iniciativa fue presentada ante la Comisión Permanente y fue turnada a la Comisión Permanente y fue turnada a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.