TEPJF revoca “tapabocas” electoral a AMLO

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, en sesión privada, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el cual se imponían limitaciones a las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras, giras y eventos durante el proceso electoral 2020 – 2021.

De acuerdo con el Magistrado Felipe de la Mata, quien reveló en sus cuentas de redes sociales la decisión, el INE excedió la orden que la había dado el Tribunal.

“Se revocó el acuerdo del Consejo General del INE, por el cual dictó medidas cautelares inhibitorias respecto de todo servidor público, para que se abstuvieran de realizar manifestaciones cuyo contenido pueda ser de naturaleza electoral”, publicó De la Mata.

El proyecto que circuló desde la semana pasada indicaba que el Tribunal, con anterioridad, había considerado licitas las conductas que el INE quería limitar y señalaba que al no quedar comprobada “la alta probabilidad” de posibles conductas ilícitas en el futuro, lo procedente era la revocación del acuerdo.

Cabe mencionar que el acuerdo del INE contemplaba un decálogo de limitaciones durante el tiempo electoral no sólo para el presidente, sino para funcionarios de cualquier nivel de gobierno.

“El Consejo General del INE excedió lo ordenado al dictar medidas cautelares para todo servidor. Si pretendía establecer un lineamiento general para los servidores públicos, podía haber ejercido su facultad de atracción, acorde al procedimiento de ley”, justificó De la Mata.

Presume Congreso de Nuevo León 13 leyes en Informe

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Al rendir su informe de actividades del segundo año de ejercicio de la actual Legislatura, Juan Carlos Ruiz destacó que se aprobaron 13 nuevas leyes y que se realizaron reformas constitucionales para permitir que el Congreso local pudiera seguir operando con sesiones de comisiones a distancia, pese a la pandemia por Covid-19.

El hasta hoy presidente del Congreso dijo que en el segundo año de ejercicio de la Legislatura se atendieron 919 asuntos, de los cuales 208 corresponden a decretos, 220 a acuerdos y 360 a acuerdos administrativos.

Dijo que desde marzo la Legislatura se vio obligada a modificar la Constitución local y su Ley Orgánica para permitir que las sesiones de comisiones de dictamen y comités pudieran realizarse en línea y para que las sesiones del Pleno también se pudieran llevar a cabo a distancia.

Destacó las nuevas leyes de Movilidad, la del Isssteleón, Fomento y Protección Apícola, Entrega-Recepción, Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Archivos, Ciencia, Tecnología e Innovación, Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo.

Ruiz incluyó dentro del listado de nuevas leyes, las anuales, como son las de Ingresos del Estado, la de Ingresos de los Municipios, la de Hacienda del Estado, la de Hacienda para los Municipios y la de Egresos del Estado.

Incluso, incluyó dentro de las reformas legales una hecha a la Ley Ambiental del Estado para la prohibición de plásticos de un sólo uso en la entidad, que nunca se mandó publicar y que, a petición de él, se regresó a comisiones.

De hecho, dijo que se habían hecho reformas constitucionales y a la Ley de Medio Ambiente para crear una Comisión Estatal para la Calidad del Aire, lo cual aún no se concreta, pues la modificación a la Constitución sólo se ha validado en primera vuelta y su aprobación definitiva se incluyó en las agendas de varias bancadas -incluso la del PAN- para el periodo que inicia mañana.

También dijo que habían tenido avances en materia de paridad, cuando recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Legislatura había sido omisa en ese tema y en violencia política y les ordenó legislar al respecto.

El informe, que se realizó en línea y duró casi una hora, fue seguido por 130 personas.

En representación del Gobernador Jaime Rodríguez, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, dio un mensaje en el que reconoció el trabajo de los Diputados locales, las medidas adoptadas durante la pandemia y les recordó que entraban en el último año de su gestión y que éste, sin duda, estaría marcado por un proceso electoral inédito que ya estaba en puerta.

 

 

(Con información de El Norte)

MORENA: Unidad. No solamente derechos de antigüedad.

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Como es público, el 17 de agosto del actual, Alfonso Ramírez Cuellar en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA (CEN), presentó un escrito dirigido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-JDC-1573/2019, solicitando:

1. Se conceda una prórroga de hasta noventa días, posteriores a que se terminen los cómputos distritales del proceso electoral federal 2020-2021, para renovar la Presidencia y Secretaría General de MORENA y;

2. Que en consecuencia, se autorizara que la integración actual del CEN siguiera en funciones hasta el cumplimiento correspondiente.

A lo anterior, recayó la sentencia incidental del 20 de agosto de 2020, que esencialmente declaró infundada la petición y concluyó que la renovación de la Presidencia y Secretaría General de MORENA se llevaría por encuesta abierta a militantes y quienes se auto adscriban como simpatizantes.

Situación, que generó esencialmente dos posturas dentro del partido, por un lado quienes celebran la resolución y por el otro, aquellos que la consideran un atentado a los estatutos y a la vida interna del partido.

Por mi parte, estimo que el fallo pronunciado por el Tribunal Electoral resulta sumamente atinado.

Lo anterior, básicamente por tres razones, a saber: 

Primero.- Por que contrario al argumento tramposo de quienes afirman que el Tribunal Electoral paso por alto los estatutos de MORENA, lo cierto es que la medida era necesaria, pues hoy, no se conoce con claridad y certeza el número de militantes del partido, porque mientras la autoridad electoral tiene registro de 278,332 militantes con corte al 31 de enero de 2020, el padrón que manifiesta el partido asciende a 3,072,000 de militantes con corte al 24 de marzo de 2020, del cual no se han conocido los mecanismos a través de los cuales se integró.

Así, pretender que la elección fuera únicamente para militantes, implicaría cerrar la participación a un conjunto de personas cuyo número no esta definido de manera cierta y confiable.

Por lo cual, considero que el Tribunal Electoral atinadamente concluyó, que únicamente con el método de encuesta abierta se garantizaría que todas las personas que militan o simpatizan con el partido puedan ejercer su derecho a elegir.

Segundo.- Por que más allá de la situación extraordinaria en la que se encontraba el partido, la decisión del Tribunal Electoral, representa un gran avance en nuestra democracia, no sólo de MORENA, sino en todo el País, pues prácticamente se abre la puerta para que la ciudadanía pueda escoger a los órganos de dirección de quienes ostentan el monopolio de las candidaturas a puestos de elección popular.

Tercero.- Por que en todo Estado de Derecho (como lo es el nuestro), el cumplimiento de las sentencias de autoridades jurisdiccionales resulta de orden público, por lo que su acatamiento no puede ser aplazado o condicionado.

Pensarlo de otra manera, sería contrario a nuestra Constitución y al derecho humano de seguridad jurídica.

Por lo anterior, es que considero atinada la resolución del Tribunal Electoral.

Finalmente, si MORENA quiere ser competitivo en los procesos electorales venideros, es imperativo atender el fallo del Tribunal y priorizar la unidad, más allá de los “derechos” que a conveniencia y arteramente reclaman quienes pierden de vista que si queremos un mejor País necesitamos servidores públicos con capacidad, no solamente antigüedad.

Diputados de Morena cuestionan a candidatos a INE sobre afinidad con 4T

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Morena en la Cámara de Diputados definió a cuatro perfiles como sus prioridades en la negociación para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre los aspirantes aceptados por la fracción mayoritaria están Norma Irene de la Cruz Magaña, de 44 años y quien ha fungido como Asesora Técnica Electoral de la Comisión Nacional Independiente Electoral de Somalia y Coordinadora de Observadores en Misiones de Observación Electoral.

También perfilan a Carla Astrid Humprey Jordan, directora de Asuntos Normativos en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y ex secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, apoyan a José Martín Fernando Faz Mora, consejero en el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí y consejero ciudadano en el Instituto Federal Electoral (IFE), en la Junta Local del Estado de San Luis Potosí.

Por último está Uuc-kib Espadas Ancona, ex diputado federal por Yucatán por el PRD, doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Esta lista salió de las consultas que hizo Delgado con los integrantes de su fracción. Ahora, buscará un acuerdo con el resto de las fracciones a fin de que avalen a estos nombres.

Sin embargo, en la Oposición ven con mejores ojos a Miriam Hinojosa, actual consejera de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en lugar de Norma Irene de la Cruz Magaña.

 

 

(Con información de El Norte)

TEPJF ordena sancionar a “El Bronco” por irregularidades electorales en 2018

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Congreso de Nuevo León debe imponer sanciones al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y al secretario general de Gobierno, Manuel González, por irregularidades electorales de 2018.

Ambos funcionarios neoleoneses incurrieron en irregularidades electorales en 2018 para favorecer al entonces gobernadores con licencia, Rodríguez Calderón, pues se confirmó que usaron a 572 trabajadores del estado, es decir recursos públicos, para recolectar firmas en pro de su candidatura presidencial.

Este miércoles la Sala Superior resolvió sendos recursos promovidos por González Flores y determinó que argumentar que el proceso está suspendido tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la que “el Bronco” presentó controversia constitucional, como por el Tribunal de Justicia Administrativa del estado, y que por lo tanto no se pueden imponer sanciones, es infundado.

Esto porque ambas suspensiones no fueron materia de análisis, ni de la sentencia del 2 de marzo, emitida por la Sala Especializada del TEPJF en la que se ordenó al Congreso de Nuevo León a concluir el proceso de imposición de sanciones, pero no ejecutarla en el caso del gobernador del estado.

En esa sentencia la Sala Regional Especializada declaró que el Congreso del estado no ha cumplido la orden de imponer sanciones, lo instó a hacerlo a más tardar el 24 de abril pasado y lo apercibió a hacerlo.

En su análisis la Sala Superior estableció que el impugnante “parte de la premisa incorrecto de que se dejó en absoluta libertad al Congreso para determinar una sentencia en su contra, pues si se acreditó la responsabilidad y se ordenó se impusiera una sanción en su contra, pues si se acreditó la responsabilidad y se ordenó se impusiera una sanción atendiendo a la gravedad señalada por la Sala Especializada, comunicar al Congreso la sentencia no fue para que analizar la posibilidad de sancionar, sino para que procediera a imponer una sanción”.

En cuanto a la sentencia combatida por González, la Sala Regional decretó la suspensión temporal de su orden de imponer sanciones en ese plazo, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

De acuerdo al impúgnate la Sala no se pronunció sobre la suspensión decretada por el Tribunal de Justicia Administrativa local.

Los magistrados valoraron que el objetivo de la impugnación era lograr la revocación de la sentencia en la que ordenó ejecutar sanción en contra del secretario general del estado.

(Con información de El Universal)

TEPJF obligará al Congreso sancionar al ‘Bronco’

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá y votará hoy un proyecto que busca obligar al Congreso local de Nuevo León a definir una sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por presuntamente desviar recursos públicos para recabar firmas para su candidatura presidencial.

Cabe recordar que el legislativo local concluyó el 18 de diciembre su periodo de sesiones sin castigar a Rodríguez Calderón, esto pese a que el TEPJF ordenó emitir una sanción en ese plazo.

Los legisladores locales argumentaron en ese momento, que no podían sancionar al mandatario estatal hasta que se resuelva la controversia constitucional que “el Bronco” promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que le otorgó una suspensión confirmada en enero, con el fin de que no se ejecute el castigo.

Tras la negativa del Congreso local, el senador Samuel García, promovió un procedimiento de incumplimiento de sentencia por desacato.

De acuerdo a fuentes cercanas al TEPJF, el proyecto del magistrado José Luis Vargas plantea dar la razón al senador de Movimiento Ciudadano y obligar al Congreso a definir una sanción, aunque el castigo no se podría cumplir hasta que la Corte resuelva la controversia.

Por otro lado, las mismas fuentes mencionaron que seis de los siete magistrados de la Sala Superior se pronunciaron ayer de forma dividida en una reunión privada, por lo que no existe hasta el momento consenso para la aprobación de dicho proyecto.

Para que un proyecto sea aprobado, se necesita el voto de cuatro de los siete magistrados.

Revocación de mandato. Una realidad.

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El día de hoy, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma Constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato para el Presidente de la República, Gobernadores y Jefe de Gobierno en la Ciudad de México.

Para tal efecto, fueron reformados los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de nuestra Constitución.

Sobre el particular, se precisó que la revocación de mandato debe entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.

Siendo oportuno aclarar, que no se trata de un medio para fincar una sanción que se ubique en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, sino, de un mecanismo de democracia participativa, que busca empoderar a la ciudadanía.

Ahora bien, el procedimiento para llevar a cabo referida revocación con el Presidente de la República deberá atender los lineamientos siguientes:

– Será convocado por el INE a petición de la ciudadanía.

– Los peticionarios, deberán ser mínimo el 3% de los inscritos en la lista nominal, que correspondan a por lo menos 17 Estados y a su vez, que representen el 3% de la lista nominal de cada uno de ellos.

– Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

– Los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación durante el mes previo a la fecha del punto anterior, a través de los formatos, medios y lineamientos que expida el INE.

– Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con elecciones federales o locales.

Para la validez del proceso deberá haber por lo menos la participación del 40% de las personas inscritas en la lista nominal y únicamente procederá por mayoría absoluta.

– El INE tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación.

– El resultado podrá ser impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

– En caso de impugnación la Sala Superior del Tribunal Electoral realizará el cómputo final del proceso y en su caso, emitirá la declaratoria respectiva.

– De darse la revocación asumirá provisionalmente la Presidencia quien ocupe la Presidencia del Congreso y dentro de los 30 días siguientes el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo Constitucional.

Cabe mencionar, que aún esta pendiente la emisión de la Ley Reglamentaria en materia de revocación de mandato, misma que el Congreso de la Unión deberá expedir dentro de los 180 día siguientes.

Asimismo, los Congresos Locales, dentro de los 18 meses siguientes deberán realizar las adecuaciones pertinentes a su legislación interna, a efecto de garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de Gobernadores.

Tratándose de revocación de mandato a Gobernadores, deberá solicitarlo por lo menos un número equivalente el 10% de la lista nominal, en la mitad más uno de los municipios de la Entidad.

Ahora, como se dijo anteriormente esta reforma empodera a la ciudadanía, fortalece la democracia participativa y materializa el derecho contenido del artículo 39 Constitucional que dispone que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno, en tanto establece una figura al alcance del elector, para que se determine si el representante popular es merecedor de la confianza ciudadana.

Finalmente, aunque queda pendiente figura análoga para revocación de ayuntamientos, considero que este mecanismo de participación ciudadana nos obliga como mexicanos no sólo a actuar con responsabilidad y acudir a las urnas en caso de suscitarse un procedimiento de revocación, sino también a convertirnos en verdaderos vigilantes del correcto ejercicio del poder público.

Bronco presenta queja por sanción ante el TEPJF

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, presentó un escrito de queja ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La queja es en contra de la de la resolución de la Sala Regional Especializada que ordenó al Congreso local a sancionar al gobernador por irregularidades en la recolección de firmas para lograr el registro de su candidatura a la Presidencia de México en el proceso electoral del 2018.

El escrito fue recibido el 27 de agosto y turnado el 3 de septiembre a la Magistrada Janine Otálora para su análisis y resolución.

“Con la documentación de cuenta, se ordena integrar el expediente respectivo y registrar en el Libro de Gobierno con la clave SUP-AG-71/2019”, se lee en el acuerdo del Magistrado Presidente de la Sala, Felipe Fuentes.

“Escrito presentado por Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón por derecho propio por el que formula lo que denomina queja contra de los Magistrados Integrantes de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electora. Presenta el escrito de queja con motivo de la resolución incidental dictada por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, por la que declaró incumplida la sentencia dictada en el expediente SRE-PSC-153/2018 y vinculó a la Comisión Anticorrupción, así como a la o el presidente del Congreso de Nuevo León a dar cumplimiento a la misma, relacionada con las irregularidades encontradas en el proceso de captación de apoyo ciudadano por parte de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en el pasado proceso electoral federal 2017 – 2018”, se lee en documentación de los estrados electrónicos.

Reaparece Ricardo Anaya y celebra sanciones contra quienes afectaron su candidatura

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El ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, celebró que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera por unanimidad sancionar a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, por afectar la equidad en la contienda presidencial y la candidatura del panista.

“Celebro la resolución y espero que este tipo de maniobras, tramposas y arteras, jamás se repitan en contra de ningún candidato o candidata. Aprovecho para enviarles un saludo afectuoso”, público Anaya en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que esta es una de las escasas apariciones en redes sociales del ex candidato presidencial.

Impugna Felipe elección Regia ante la Sala Superior del TEPJF

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El ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe de Jesús Cantú, impugnó ayer la elección extraordinaria a la alcaldía de Monterrey ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esto a tan solo unas horas de que el nuevo alcalde tome protesta.

El jueves pasado la Sala Regional del TEPJF ratificó la victoria del priista Adrián de la Garza, por lo que los panistas recurrieron a esta última instancia en la materia, que resolverá en definitiva.

La defensa de Cantú aseguró que con los recursos presentados por el ex candidato y por el partido buscan repetir los resultados de la elección en favor del panista, al señalar que hay casillas con vicios que pueden ser anuladas. Además, se insiste en el rebase de tope de gastos de campaña por parte del Alcalde electo, con lo que afirman se puede anular la elección.

Por otro lado, se pide que se resigne un regidor mas y la inelegibilidad del regidor electo priista Francisco Salazar, por tener su residencia en el municipio de San Pedro.

Tanto el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y la Sala Regional han desechado los recursos presentados por el PAN y han confirmado el resultado de la elección del 23 de diciembre. La Sala Superior tiene hasta el día de mañana para resolver las impugnaciones presentadas por el PAN.