En mi colaboración anterior me referí a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado que reconfiguró, por breve tiempo, el Congreso del Estado (JI-257/2018 y acumulados). En esta ocasión presento el efecto de eterno movimiento que se aprecia en el Congreso en el número de diputaciones por ambos principios, por partido político, como consecuencia del dictado de sentencias y acuerdos de los órganos y tribunales electorales. Asimismo, sintetizaré las razones que motivaron en definitiva estos cambios.

En primer lugar, debe destacarse que entre el 10 de julio y el 31 de agosto se requirieron 2 acuerdos de distribución y asignación por parte de la Comisión Estatal Electoral, 1 sentencia del Tribunal Electoral del Estado y 2 sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Monterrey y Sala Superior). Para apreciar mejor este movimiento presento el siguiente cuadro:

Si bien esta cadena de decisiones no podría evitarse por la forma en que está diseñado nuestro sistema de justicia electoral, una explicación de la percepción de incertidumbre en los resultados, al menos en lo que hace a las decisiones de la CEE, se produce porque este órgano lleva a cabo la asignación de diputaciones de representación proporcional inmediatamente después de realizar el cómputo definitivo de la elección de mayoría relativa para el Congreso. Esto es, asigna diputaciones de representación proporcional con una votación (la de mayoría relativa) que aún no ha sido impugnada y que, por ende, puede variar según las inconformidades que se presenten.  A diferencia de este modelo, el Consejo General del INE lleva a cabo la asignación de curules federales de representación proporcional “una vez resueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto (…) y a más tardar el 23 de julio del año de la elección.” (Art. 327.2 LGIPE). 

Sin embargo, la mayor fuente de problematización en los resultados está en la interpretación que de las normas jurídicas del sistema electoral para la integración del Congreso realizan los órganos y los tribunales electorales. Veamos, también por medio de un cuadro, el movimiento que tuvo la integración del Congreso a lo largo de estos 45 días, en cuanto al total de diputaciones por ambos principios:

Como puede apreciarse, el núcleo del movimiento en la integración del Congreso se centra en cuatro partidos políticos: PAN (-1), PRI (-2), MC (+1) y MORENA (+2). Particularmente resalta el caso del PRI que solo con la sentencia del TEE alcanzó 8 curules en total. Veamos las razones definidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que configuraron en definitiva el número de curules por partido con representación en el Congreso del Estado.

El principal tema de interpretación que modificó la integración del Congreso fue lo relativo a la sobre representación y a la sub representación, particularmente respecto a dos cuestiones. En primer lugar, si la Coalición Juntos Haremos Historia debía ser tomada en cuenta como un solo partido político para la asignación y por ende para la verificación de dichos límites; y, en segundo lugar, el momento en que debía llevarse a cabo la verificación de ambas cuestiones (sobre y sub representación) y, respecto a lo segundo, cómo debía compensarse.

Con relación al primer problema, contrario a lo que sostuvo en su decisión del 10 de agosto el TEE, tanto la Sala Regional Monterrey (SM-JDC-721/2018 y acumulados, p. 19) como la Sala Superior (SUP-REC-1036/2018 y acumulados, p. 26), confirmaron que la asignación de representación proporcional debe ser por partido político y no por coalición. Sobre el segundo problema, afirmaron que la verificación de la sobre y la sub representación debe realizarse en tiempos distintos: a) Por lo que hace a la sobre representación, debe tener lugar en cada una de las etapas de asignación; b) y respecto a la sub representación, ésta se efectuará solamente al concluir el procedimiento. Esto último fue lo que distorsionó la integración del Congreso derivado de la decisión del TEE el 10 de agosto pasado, porque este tribunal llevó a cabo tres rondas para compensar la “sub representación” del PRI (JI-257/2018 y acumulados, p. 35).

Respecto a la compensación, cuando un partido político se encuentra en sobre representación en cualquiera de las etapas de asignación, dicho partido deja de continuar en la asignación y su votación debe ser descontada para depurar las siguientes operaciones con los partidos que aún tienen derecho a que se les repartan curules. (Art. 267 LEE). Sin embargo, esta regla no es posible aplicarla tal cual cuando, al final de las operaciones, se advierte que un partido político está sub representado, como fue el caso del PRI; en este caso, la pregunta es a qué partido político se le debe restar una curul de representación proporcional para compensar al ente partidista sub representado: Según la sentencia definitiva de la Sala Superior, la compensación debe realizarse con aquel partido político que, aun cuando esté dentro de sus límites constitucionales, cuente con mayor sobre representación; este fue el caso del PAN, de forma que fue a este partido al que se le restó una curul para compensar la sub representación del PRI en el Congreso de Nuevo León para esta Legislatura, quedando el PAN con 15 diputaciones y el PRI con 6, por ambos principios.

Aunque no afectaron el número de curules de representación proporcional para cada partido político, el TEPJF también definió otros criterios respecto a género y a la simultaneidad de candidaturas por mayoría relativa y por representación proporcional, lo que impactó más bien a quién se le debía expedir la constancia de una diputación de representación proporcional.

En efecto, respecto a lo primero, la Sala Superior revoca la decisión de la Sala Regional Monterrey del pasado 27 de agosto en donde la y los Magistrados habían decidido, contrario a lo que se señala expresamente en el artículo 263 de la Ley Electoral del Estado, que la compensación por género debía iniciarse con los partidos políticos más votados al efecto de armonizar los principios de autodeterminación de los partidos políticos y democrático. Por ello la Sala Superior confirma que la Sala Regional debió haberse ajustado tanto a la Ley como a los Lineamientos emitidos por la CEE, porque no se advertía una “razón clara y objetiva que justifique la inaplicación de las directrices establecidas por el legislador local y reglamentadas por el instituto electoral estatal.” (SUP-REC-1036/2018 y acumulados, p. 62).

Finalmente, la Sala Superior del TEPJF decidió que (a) cuando una fórmula de candidaturas al Congreso es registrada de forma simultánea para contender tanto por un distrito electoral de mayoría relativa como en la lista plurinominal; (b) la fórmula es exactamente igual en cuanto a propietario y suplente; y (c) es electa por mayoría relativa en un distrito uninominal, la fórmula completa está obligada a acceder al Congreso por este principio. Este fue el caso de las fórmulas registradas por el PAN para dos distritos uninominales y a la vez para la lista plurinominal.

En resumen, las decisiones de los órganos administrativos y de los tribunales en donde se interpretaron las reglas que conforman el sistema electoral de Nuevo León llevaron a que, en escasos 45 días, el número de curules de representación proporcional por partido en el Congreso del Estado se viera modificado hasta en cuatro ocasiones. Sin duda, debería hacerse una adecuación en la legislación electoral para que, al menos, la asignación de las diputaciones de representación proporcional sea realizada por la CEE hasta que estén firmes en el nivel local las elecciones de mayoría relativa al Congreso; además, el Poder Legislativo debería realizar un esfuerzo para crear o modificar normas con mayor claridad y, sobre todo, evitar la inclusión de múltiples principios jurídicos en una sola norma, tal como acontece en el artículo 263 de la Ley Electoral del Estado.