Morena

Exigir en vez de aplaudir

by Javier Scheiman Flores
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En lo personal, creo que los problemas de nuestra sociedad, vienen en parte de cómo visualizamos a nuestros gobiernos.  No sólo en México, sino en el mundo entero. Es un error grandísimo venerar políticos, o tratarlos como figuras superiores. Esto hace que se terminen creyendo que lo son, se desentiendan de la realidad de la gente y, por consecuencia, fallen. Un gobernante o representante no es más que un ciudadano representando las causas y necesidades de su gente. Pero cuando se les trata como superhéroes o profetas, los problemas vienen.

Hace tiempo leí una frase dicha por Victor Trujillo, “Brozo”, que creo que resume perfectamente el deber de los ciudadanos: “Al poder se le revisa, no se le aplaude.”

Tenemos que mantenernos siempre críticos con el actuar de estos individuos, sin importar que hayamos votado por ellos o no.

Intentaré explicarme. Un político es elegido para un cargo público, en el que debe de actuar en busca de mejorar las condiciones de los ciudadanos que representa o gobierna, haciendo uso de dinero que no es suyo. Y, al menos en México, son cargos temporales. Al ser así, deben estar sujetos a constante revisión y crítica (constructiva) de la ciudadanía. Lo que muchos políticos en el México moderno no entienden. Toman como insulto el hecho de que alguien levante la voz en su contra. Se burlan de sus opositores. O, en el peor de los casos, pierden la noción de que gobiernan para todos, y no sólo para sus votantes.

Aplaudirle a un político por realizar acciones positivas es como aplaudirle a un pez por nadar. Aunque si hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, no debe ser motivo de veneración. Al final de cuentas, para eso se les eligió. Tienen el poder en sus manos y si están ahí es porque los ciudadanos confían en que harán siempre lo mejor posible.

En México, la política actualmente está sumamente polarizada. Los que aplauden de tiempo completo y los que juzgan de tiempo completo. Los primeros carecen de visión critica para entender que muchas veces los gobiernos, sin importar de que partido o ideología sean, se equivocan. Y los segundos, los que únicamente juzgan, fallan en reconocer cuando el gobierno acierta en sus decisiones. Si bien no se les debe de aplaudir, sí es válido reconocer el buen trabajo.

Todos los ciudadanos tenemos el deber de exigirle a nuestros representantes. Por ahí empieza la política. Se debe de revisar todo lo que hacen, y con cada periodo de elecciones, buscar mejorar. Aunque el representante en turno sea de tu partido de preferencia, es necesario exigirle, para que realice su trabajo como debe de ser. Los políticos que incumplen sus labores son un cáncer para la sociedad, pero he de reconocer que poco a poco hemos entendido eso y hemos mejorado.

Otro error que encuentro en la clase política mexicana es la constante tendencia de criticar lo hecho por gobernantes anteriores, sin solucionar esos mismos problemas, y esto va para todos los partidos políticos.

 Si un político se postula para un puesto público, es porque se cree lo suficientemente capaz de solucionar los problemas que aquejan a la gente. Cuando usan su tiempo, ya en el cargo, para criticar o juzgar a los anteriores, sólo demuestran su incapacidad para solucionar esos mismos problemas. Entiendo que la mayoría de estos no se arreglan de la noche a la mañana, pero el tiempo en el cargo debería de ser aprovechado de mejor manera.

 ¿De qué le sirve al PAN quejarse de los estragos que dejó el PRI, si el PAN ya gobierna y no hace nada por solucionarlo? O, ¿De qué le sirve a Morena quejarse de la mala gestión del PRD, si tampoco buscan mejorar el entorno? Es un ciclo constante y muy dañino para los mexicanos. 

En conclusión, este problema es de dos partes. Por un lado, nuestros políticos, que casi en su totalidad (y repito, de todos los partidos) no buscan lo mejor para sus ciudadanos, aún con todos los recursos a su alcance, y por otro lado los ciudadanos, que han dejado de exigir para simplemente aplaudir o dejar de interesarse en lo que sucede en nuestro país.

La política comienza en las calles, en las conversaciones comunes, en los individuos. A partir de ahí, día a día, debemos construir el futuro que queremos ver.

“Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”.
Antonio Machado.

El papel de la oposición

by Alejandro Villanueva Camargo
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En México durante muchas décadas estuvimos varados en un sistema unipartidista que funcionaba, se entendía y evolucionaba por sí solo. Con el paso de los años esto fue generando la necesidad de garantizar cierta representación a algunos partidos de oposición como una especie de válvula de escape. Se crearon los diputados plurinominales,  el sistema de regidores de representación proporcional, (mismo que no se explica que se otorgue la totalidad de la planilla a quien gana la elección sin importar el porcentaje que obtuvo, y al resto de planillas un numero de regidores significativos solo para tener “representación” en un cuerpo colegiado donde predomina la simulación, pues es evidente que la planilla electa tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento), con la finalidad de que la oposición acceda a ciertos cargos de elección popular. Por otro lado, como un intento de disminuir la creciente aceptación de los partidos de oposición, se llegó a especular que se impulsaba la creación de algunos partidos políticos desde el poder para dividir a la oposición.

Con el pasar de los años el deterioro y hartazgo del sistema unipartidista fue creciendo y se concretó con la elección del año 2000 donde históricamente Vicente Fox habría vencido al PRI, esto daría paso a la primera alternancia democrática en México. Tras haber perdido la elección presidencial el PRI no encontró su lugar en la alternancia y lejos de convertirse en una oposición propositiva para el país, se dedicó a emprender luchar interna para lograr el control del partido. El PRI no supo ser oposición desde entonces por sobreponer sus intereses a los del país.

En el año 2012 se concretó la segunda alternancia de la historia democrática del país, donde el PAN pierde la presidencia en un tercer lugar y el PRI vuelve al poder. Con este cambio político el PAN no asumió un rol de oposición responsable y se dedicó a ser cómplice o crítico del gobierno según su conveniencia.

Con la primera y segunda alternancia democrática en el país, donde ni el PRI ni el PAN lograron consolidarse como una fuerza política seria de oposición al servició del país, avanzó por vía libre una oposición crítica, organizada y propositiva hasta cierto punto que sí le hablaba a un gran sector de la población y que fue encabezada por la izquierda, la cual, tras la corrupción, impunidad e incompetencia de los gobernantes, logró el triunfo electoral en el 2018, lo que dio paso a la tercera transición democrática en el país. Por fin, quien llevaba décadas siendo la mejor oposición política en México, había llegado al poder. 

Tras años de una “lucha democrática” hoy vemos a un presidente al que no le gusta la oposición política, empresarial, de medios de comunicación, ni de ningún tipo y la única verdad es la de él y a veces la de su gobierno, y por si fuera poco, en México tenemos una oposición desfigurada que no termina de articularse ni definirse como tal. En un sistema democrático es fundamental que se cuestione las acciones del gobierno, en España por ejemplo, quien logra posicionarse como la segunda fuerza electoral se consolida como el Líder de Oposición y se llevan a cabo sesiones de control al gobierno paródicamente en el congreso para realizar cuestionamientos y una valoración al desempeño del gobierno. A un sistema democrático le hace mucho bien el diálogo abierto, la trasparencia y los distintos puntos de vista de todos los sectores porque eso genera la pluralidad.  

La democracia mexicana nació y se ha desarrollado bajo la idea de un sistema unipartidista, y esas son las bases del sistema político que nos rigen todavía hoy en día donde predomina un partido y se otorgan algunos espacios a la oposición sin saber que hacer con ellos, sin embargo, nuestro país ha cambiado y es necesario replantear un sistema democrático que garantice todas las expresiones políticas y donde se le dé utilidad a una oposición que sirva para construir un mejor país.  

Alejandro Villanueva Camargo

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FB: /VillanuevaCamargo

Revocación de mandato del Presidente de la República

by Samuel Ramírez Mejía
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“¿Está de acuerdo en la revocación del cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente desempeña el ciudadano Andrés Manuel López Obrador?” Esta podría ser la pregunta que se nos formule en marzo del 2022 cuando por primera ocasión se ponga en funcionamiento, si acaso, la revocación de mandato del Ejecutivo Federal según el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre del año pasado. Esta colaboración tiene por objeto presentar un breve panorama acerca de la revocación de mandato desde sus contornos normativos, teóricos y de viabilidad.

La definición de la revocación de mandato establecida en la reforma constitucional se encuentra en el artículo tercero transitorio, en el que se indica que para los efectos  de la revocación de mandato se entiende como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”. Queda claro que la finalidad de la reforma fue establecer la revocación de mandato sin que se requiera un análisis sobre el cumplimiento o no de los programas de gobierno, ya que se refiere a la “pérdida de la confianza”. El diseño toma como sustento teórico que la revocación de mandato se refiere a un derecho político basado en la soberanía popular, más que en ser un mecanismo de rendición de cuentas entre períodos electorales (Yelp 2014: 253).

La revocación de mandato se encuentra en el artículo 35 constitucional junto a los derechos políticos de votar en las elecciones, de poder ser votada para todos los cargos de elección popular, de asociación libre e individual y de iniciativa popular de leyes. En este sentido, la Constitución de nuestro país se incorpora a otras constituciones latinoamericanas: Artículo 40.4 (Colombia), 2.17 (Perú), 70 (Venezuela), 61.6 (Ecuador) y 11.II.1 (Bolivia).

La revocación de mandato es una manifestación de lo que se denomina como democracia directa. En general, la revocatoria de mandato incluye dos etapas en las que se expresa la participación política de la ciudadanía: Primero, lo que se denomina como la activación, esto es, la solicitud del procedimiento revocatorio que se moviliza con cierto número de firmas de apoyo de las y los ciudadanos electores; y, en segundo término, la consulta al electorado sobre la revocación del mandato de la persona electa hacia la que se dirige el proceso revocatorio (Kornblith 2017: 984).

Por lo que hace a la activación de la revocación del mandato de Presidente de la República, en el artículo 35, fracción IX de la CPEUM se indica que se requiere un 3 por ciento de firmas de personas inscritas en la lista nominal de electores y que, además, las firmas de apoyo estén distribuidas en al menos 17 entidades federativas. En ese sentido, para activar la revocación del mandato de AMLO se requieren aproximadamente 2 millones 700 mil firmas de apoyo, considerando que la lista nominal de electores en el país asciende a 90 millones de electores (https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/).

¿Se podría alcanzar ese número de firmas entre noviembre y diciembre del 2021 para activar el proceso de revocación de mandato de AMLO? Muy seguramente sí.

Primero, considerando que respecto de la activación de las revocaciones “(…) no es la ciudadanía, sino organizaciones políticas, partidos o líderes políticos los principales promotores”. (Yelp 2014: 260). Tómese en cuenta que, de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, partidos como el PAN y el PRI, por sí solos, podrían movilizar a los 2 millones 700 mil electores que se requieren para iniciar el proceso de revocación de mandato; en efecto, el PAN obtuvo 9 millones 800 mil votos, y el PRI, 7 millones 500 mil sufragios. (https://siceen.ine.mx:3000/#/tablas-resultados). Por ende, individualmente, asociándose entre sí, o incluso atrayendo a la coalición revocatoria a partidos como el PVEM (925 mil votos) o MC (865 mil sufragios), podrían promover la participación de la ciudadanía y recopilar las firmas de apoyo necesarias para la solicitud de revocación de mandato de AMLO. También cuentan con la dispersión en los estados. Sólo por dar un ejemplo, el PAN obtuvo el primer lugar de votos presidenciales en cinco estados del país (Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y  Yucatán) y obtuvo el segundo lugar en 10 entidades más; si a ello sumamos 13 estados en donde el PRI fue segundo lugar y aquellos en los que MC (Jalisco) y PVEM (Chiapas) también fueron segundo lugar (https://siceen.ine.mx:3000/#/primeros-tres-lugares), sin duda los partidos políticos de oposición pueden movilizar a sus simpatizantes y obtener las firmas de apoyo necesarias y su dispersión en el país.

En segundo lugar, porque el porcentaje para activar la revocación en México es relativamente bajo, si se compara con el de otros países latinoamericanos que contemplan la revocatoria de mandato para autoridades nacionales. En efecto, en Venezuela se requiere al menos el 20 por ciento del electorado (art. 72 de su Constitución); en el Ecuador, el 15 por ciento (art. 105 de su Constitución); y en Bolivia, el 25 por ciento (art. 26 de su Ley de Régimen Electoral). Es decir, la movilización de 3 por ciento del electorado no parecería de mayor dificultad para los partidos de oposición.

Por otra parte, con relación a la etapa propiamente de la consulta al electorado y el porcentaje que se requiere para la revocación del mandato del Presidente de la República, la reforma constitucional fijó dos requisitos: i) que en la consulta participe al menos el 40 por ciento del electorado; en este rubro se necesitaría una participación de aproximadamente 36 millones de personas electoras; y ii) que por el “sí” se exprese una mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno de al menos esos 36 millones potenciales de votos que se requieren para que el proceso de revocación sea válido; en otras palabras, si en la revocatoria de AMLO en marzo del 2022 participara el mismo número de personas que salieron a votar en julio de 2018, 56 millones, serían necesarios más de 28 millones de votos a favor de la revocación de su cargo.

Desde luego que estas cifras son solamente hipotéticas, y se debe subrayar que los resultados electorales de 2018 no pueden trasladarse a un evento futuro de revocación de mandato en 2022, sin embargo, se utilizan solamente como un referente para argumentar la polarización que eventualmente significaría el proceso de revocación del mandato de AMLO. En este sentido, considerando los votos obtenidos por todas las candidaturas de partidos e independientes contrarios a López Obrador en ese año, estamos hablando de, hipotéticamente, 24 millones por el “sí” frente a cerca de 30 millones de votos por el “no” (según los votos obtenidos en 2018 por MORENA y sus aliados PES y PT).

Este ejercicio hipotético refuerza la idea de que los procesos de revocación de mandato, si bien son el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, también implican una gran polarización que, por un lado, fomenta la confrontación y, por el otro, significa una anomalía en el desempeño de cargos electivos con mandato fijo. (International IDEA 2008: 114). Afortunadamente, la reforma constitucional no creó el incentivo de la promoción indiscriminada de revocatorias, dado que, de obtenerse una mayoría absoluta por el “sí”, esto no implicará la convocatoria a elecciones para designar al reemplazo del Ejecutivo revocado. De ganar el “sí” en una revocación de mandato, la respuesta constitucional es que, inmediatamente, asuma el cargo provisionalmente quien ostente la presidencia del Congreso, en tanto la Soberanía Legislativa nombra en treinta días a la persona que concluya el período constitucional.

No sabemos si seremos convocados por el INE para que en marzo del 2022 participemos en el proceso de revocación de mandato del Presidente López Obrador. Y de ser convocados, tampoco sabemos si ganaría el “sí” o el “no”. Lo único que podemos estar de acuerdo, por ahora, es que, sorprendentemente, el Presidente promotor de la reforma constitucional jamás tuvo en mente un escenario tan adverso como el que actualmente vivimos, y tampoco imaginó que la movilización para el proceso de revocación de mandato ya no dependa de él y su partido, sino de lo que queda de los partidos de oposición en México.

Referencias bibliográficas.

INTERNATIONAL IDEA. (2008). Directo Democracy. The International IDEA Handbook. Estocolmo: International IDEA.

KORNBLITH, Miriam. (2017). “Revocatoria de mandato”. En Diccionario Electoral. Costa Rica: IIDH, TEPJF, Serie Elecciones y Democracia, t. II, 984-94.

SEGOB. (2019). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. DOF viernes 20 de diciembre.

YELP, Yanina. (2014). “De venenos y fármacos. La regulación y prácticas de la revocatoria del mandato en Suiza y las Américas”. En YELP, Yanina y SERDÜLT, Uwe, La dosis hace el veneno. Análisi de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Quito: Consejo Nacional Electoral, Instituto de la Democracia, 247-66.

Morena propone eliminar apoyos al cine mexicano

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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El gremio cinematográfico sufrió de una alarma y preocupación luego de que trascendiera la reforma presentada ayer ante la Comisión Permanente por los diputados de Morena, que propone desaparecer 44 fideicomisos que acumulan 91 mil millones de pesos, recursos que se pretende pueda canalizar el gobierno federal para tratar al emergencia sanitaria. 

La iniciativa modifica  diversas legislaciones, entre ellas la Ley Federal de Cinematografía con el fin eliminar el “Fondo de Inversión y Estímulos al Cine” (FIDECINE), lo que significa acabar por completo el apoyo, esto de acuerdo a las productoras Mónica Lozano e Inna Payán.

Lozano es presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), ella pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que, resaltó, uno de los fideicomisos que apoyaban al cine ya se extinguió con el decreto presidencial del  2 de abril, por lo que si ahora  eliminan el FIDECINE, se acabarán las producciones nacionales.

En su reclamo, declara que: “Se trata de un fideicomiso que permite el fomento al cine mexicano independiente, y es puntal imprescindible para su desarrollo. Bien se sabe que sin una política pública que fomente la Cinematografía Nacional, su desaparición sería inminente frente al poder económico y mediático del cine estadounidense“.

En el mismo sentido, lamenta que ni el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, ni la diputada Dolores Padierna, quien presentó la iniciativa ante la Permanente, se hubieran acercado a dialogar con el gremio, para entender que el cine no sólo es el espejo del país, sino una industria de la que dependen miles de familias.

La diputada Padierna presentó la iniciativa por la tarde de ayer y a las pocas horas, a medianoche, el gremio cinematográfico expresó en redes sociales su repudio a esa reforma que, expresó Lozano, busca desaparecer todos los fideicomisos que están en ley, sin distinguir nada.

En su iniciativa Morena propone modificar 14 leyes, siendo que estas eliminarían los 44 fideicomisos:  la Ley para  la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.;  de Cooperación Internacional para el Desarrollo,  de Hidrocarburos,  de la Industria Eléctrica, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  Ley General de Protección Civil, ley Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entre otras.

Cabe recalcar que no en todos los casos desaparecen los apoyos.  De la  Ley para  la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se elimina el fideicomiso pero se crea un fondo con los recursos necesarios que administrará la Secretaría de Gobernación; no obstante este no es el caso de la Ley de Cinematografía.

Con información de la Jornada

Rechaza AMLO propuesta para que INEGI indague riqueza de ciudadanos

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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Durante su tradicional conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó el contra de la propuesta de Morena para que el Inegi pueda entrar a los domicilios a verificar el patrimonio de los mexicanos. Al respecto aseguró que “No creo que sea lo correcto, se tiene que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales somos los servidores públicos. No es conveniente esa propuesta“.

Para finalizar su comentario respecto al tema, aseguró que “para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno ayude a que los mexicanos asciendan en la escala social, pero no se profundice la desigualdad, que no se permitan negocios ilícitos“.

Esto ocurrió luego de que el presidente interino de Morena propuso de facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas“.

Ven atentado contra derechos si INEGI mide riqueza.

by Jesús Bernal Espinoza
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Diputados de Oposición se pronunciaron en contra de que el INEGI pueda medir la concentración de la riqueza, advirtieron que ello vulnera derechos constitucionales y la naturaleza del instituto.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada Tatiana Clauthier se manifestó en contra de darle facultades al instituto para acceder sin restricción a la información inmobiliaria y financiera de las personas.

La legisladora indicó tal facultad podría atentar contra las libertades, así como violentar disposiciones en materia de datos personales.

“El bienestar y uso final de recurso público son fundamentales. Más no se deben dar + facultades a Inegi. Y – si se violenta el uso de datos personales y se atenta vs libertades al acceder “sin restricción” a cuentas y otros. Urge platicar y no en un comunicado”, señaló.

El grupo parlamentario del PRD advirtió que detrás de la propuesta se esconde la intención de construir un Estado policía y persecutorio, además de que vulnera derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que México forma parte.

“Plantear una propuesta de esta naturaleza no solamente esconde la intención de construir un Estado policía y persecutor en contra del ciudadano, sino que, además, desvirtúa la naturaleza del propio Inegi“, indicó.

El PRD señaló que lo propuesto por la dirección de Morena ya lo realizan instancias como el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La fracción parlamentaria celebró que Morena hable de la necesidad de un Acuerdo Nacional, pero adelantó que no avalará una propuesta que vulnere los derechos humanos y la autonomía de las instituciones.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRI indicó que el INEGI no debe convertirse en una instancia fiscalizadora.

El partido calificó la propuesta como arbitraria, inconstitucional e inconvencional.

“Es inadmisible que el Gobierno federal y su partido continúen utilizando la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar derechos constitucionales reconocidos y que históricamente han constituido un límite a la arbitrariedad y el abuso de poder”, afirmó.

Advirtió que la propiedad privada, la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio constituyen derechos fundamentales que se encuentran garantizados constitucionalmente, así como en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

“Lisa y llanamente, la propuesta de Morena representa un atentado contra los derechos a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad del domicilio”, aseveró.

En su turno, el grupo parlamentario del PAN advirtió que el INEGI debe ser utilizado para informar, no para espiar.

Las y los diputados de Acción Nacional rechazaron lo que calificaron como terrorismo fiscal.

“Queremos un Inegi para informar, no para espiar. Las y los diputados de @AccionNacional y todos los sectores de la sociedad queremos transparencia y rendición de cuentas. ¡Rechazo total al terrorismo fiscal e informativo que pretende Morena!”, escribió.

 

 

(Con Información de El Norte)

Critica Tatiana Clouthier iniciativa que faculta a INEGI a investigar riqueza

by Redacción
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La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, aseguró que no se pueden dar más facultades al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y menos si se atenta contra las libertades al acceder “sin restricción” a cuentas.

“El Bienestar y uso final de recurso público son fundamentales. Más no se deben dar más facultades a INEGI. Y menos si se violenta el uso de datos personales y se atenta contra libertades al acceder “sin restricción” a cuentas y otros”, digo Clouthier en su cuenta de Twitter.

La respuesta de la diputada federal morenista se da después de que el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso, entre otras cosas, facultar al INEGI para ingresar a domicilios y así medir la “desigualdad y la concentración de la riqueza”.

“El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”, se lee en la propuesta del líder interino morenista.

Socio de Bartlett rentó casa de campaña a AMLO en 130 mil pesos al mes

by Redacción
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De acuerdo a una investigación publicada por el Washington Post la casa de campaña de la Colonia Roma, en la CDMX, utilizada por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, fue de un colaborador cercano al Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Fue el periodista Carlos Loret de Mola, quien dio a conocer este domingo que el prioritario de la residencia, identificado como José de Jesús Hernández Torres, quien es un político que ha trabajado 49 con Bartlett, fue quien rentó la residencia a López Obrador.

La propiedad era, desde 1997, de la empresa “Top Real Company SA de CV”, el socio mayoritario de la firma es Hernández Torres, quien tiene el 60% de las acciones y además es socio del hijo de Bartlett.

Durante la campaña presidencial del 2018, Morena pagó, por la también casa de transición a Hernández Torres, 130 mil pesos mensuales de renta durante un año 4 meses, asimismo realizó un depósito de 452 mil 400 pesos. Cuando el presidente tomó posesión y movió sus oficinas a Palacio Nacional, la casa quedó como centro de operaciones del partido.

Mes y medio después de haber ganado la elección presidencial, la entonces dirigente nacional de Morena, Yedickol Polevnsky, la ocupó como oficina; no obstante posteriormente anunció que para no seguir pagando la renta, que había incrementado a 138 mil al mes a partir de 2019, Morena compraría la propiedad, algo que sucedió pero nunca se reveló el nombre del vendedor.

Morena informó tiempo después que la residencia, que fue de Top Real Estate Company hasta 2020, se construiría un museo sobre la “Cuarta Transformación”.

José de Jesús Hernández ha ocupado cargos designados por el ahora director de la CFE. El personaje estuvo en puestos políticos mientras que también fue empresario hotelero.

Cuestiona Muñoz Ledo iniciativa de AMLO para meter mano en el Presupuesto sin autorización del Congreso

by Redacción
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El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo cuestionó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder cambiar el Presupuesto sin autorización del Congreso, al considerar que viola la división de Poderes y es anticonstitucional.

“Esa iniciativa no es necesaria, y lo que no es necesario es un exceso. Sin ninguna reforma, el Presidente puede mandar el Presupuesto y se va a probar por la sencilla razón que se tiene la mayoría”, dijo Muñoz Ledo en entrevista con el periódico Reforma.

“Además, una mayoría, que , por lo que hace a Morena, es bastante textual: aprueba sin ninguna modificación lo que mande el Ejecutivo”, criticó el diputado morenista.

El legislador advirtió que la iniciativa enviada por el presidente, que busca permitir que el Ejecutivo pueda meter mano en el Presupuesto en caso de una emergencia, viola la Constitución y la división de Poderes.

“Se está violando la división de Poderes, es anticonstitucional. En la Constitución hay una prohibición expresa en la que se establece que no pueden reunirse dos o más Poderes en una sola persona. Entonces, ¿para qué quiere más facultades?”, cuestionó.

Muñoz Ledo pidió a AMLO actuar de manera democrática y como hombre de Estado, y reconoció que, ante la crisis, el Presidente puede tener el deseo de acumular poder.

(Con información de Grupo Reforma)

Absolutismo y autoritarismo

by Daniel Butruille
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Las manifestaciones de absolutismo y autoritarismo del presidente se aceleran peligrosamente, se intensifican sin freno y salvo un par de diputados de Morena que se inconforman contra la reducción de salarios y eliminación de aguinaldos, la borregada queda silenciosa y sumisa frente a los dictats del caudillo. ¿Dónde está Tatiana Clouthier para aportar algo de contra peso en el debate, como se atrevió a hacerlo en los inicios de esta legislatura? 

Las expresiones acerca de la prensa auguran momentos difíciles para la libertad de expresión. ¿Nadie en el Congreso se atreverá a temperar los ataques descarados del ejecutivo? Para tener manos libres en el uso de los recursos, el presidente propone una reforma que permitirá a la SHCP modificar el presupuesto sin el consentimiento del  Congreso. ¿Para qué necesitaremos un Congreso si su principal asignación es de determinar el paquete fiscal de ingresos y egresos? ¿Será este otro paso más para restarle capacidad de decisión a un Congreso que la cuarta transformación no tiene asegurado de controlar en el 2021? 

Agreguémosle las tentativas anunciadas para poder ampliar los casos para otorgar poderes excepcionales al ejecutivo y entre sonrisas y mañaneras, México se habrá transformado en una casi dictadura, todo esto en menos de dos años. Y, además tendremos médicos cubanos y venezolanos, aún desprovistos de título, para atender los enfermos. ¿Más cercano al modelo cubano?  

Supongo que son muchos los que observan estos pasos ominosos, tanto en los estados mayores políticos (o lo que queda de ellos) cómo en los organismos empresariales y de la sociedad civil.  Supongo también que están preparando las acciones necesarias para impedir el desastre que se avalancha sobre México. De no hacerlo, serían corresponsables de las consecuencias fatales para México. 

Supongo que en su momento, y antes de que sea demasiado tarde, darán a conocer su plan de intervención, para que puedan participar todos los ciudadanos que rechazan el absolutismo y el autoritarismo. Más todavía, si es un absolutismo ignorante y sin visión esperanzadora del futuro.