#HojaDeRuta: “¿Habrá transición de Estado?”

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¿En qué momento acaba la contienda y comienza la República? A unos cuantos días que termine un proceso electoral al que le han sobrado ataques y le ha faltado sustancia, merece la pena plantearse la pregunta.

Una contienda electoral es parte esencial de una República democrática. Contar con representantes elegidos por la voluntad popular es una condición para su existencia.

Sin embargo, como recién lo explico el profesor Mauricio Merino en la sesión plenaria de Consejo Nuevo León, la democracia tiene dos dimensiones: la primera es contar con representantes elegidos libremente. La segunda, que el poder sea ejercido democráticamente. Dos elementos indivisibles: uno de elección, otro de acción.

Bajo esta lógica, nuestra pregunta de apertura parece contradictoria. En el papel, lo es. En la realidad, no tanto.

Para ilustrar el punto, hace algunas semanas Porfirio Muñoz Ledo compartió en su columna de El Universal un pasaje de la democracia francesa: “después de años de un gobierno de derecha y de una izquierda falsaria, Miterrand ganó las elecciones en 1981 en alianza con el partido comunista. A pesar del gran viraje ideológico que ello representaba, el presidente Giscard d’Estaing promovió una transición de Estado. Miterrand cuenta que días antes de su toma de posesión, recibió a un militar de alta graduación encargado de explicarle los secretos mejor guardados del ejército y el uso de los dispositivos nucleares. El mensaje fue: la soberanía popular decide, pero Francia prevalece”.

En la historia contemporánea de México hay un episodio particular que responde al espíritu de la prevalencia de la República: la noche del 2 de julio del año 2000. El reloj marcaba las 23:02 cuando el presidente Ernesto Zedillo se enlazó en cadena nacional para reconocer el triunfo de Vicente Fox. El imposible se materializaba: por primera vez en siete décadas, el PRI había perdido la presidencia de México.

Zedillo no solamente cortó de tajo con la posibilidad de una “caída del sistema” similar a la de 1988, sino que hizo votos por el éxito de la administración que Fox habría de encabezar a partir de diciembre de aquél año: “Durante el tiempo que resta de mi mandato, seguiré cuidando celosamente la buena marcha del país; he externado al licenciado Fox mi confianza en que su mandato habrá de iniciarse con un México unido, en orden, trabajando y con una base muy sólida para emprender las tareas del desarrollo nacional de los próximos seis años”.

Afirmó también: “Hoy, hemos podido comprobar que la nuestra es ya una democracia madura, con instituciones sólidas y confiables, y especialmente con una ciudadanía de gran conciencia y responsabilidad cívica”. Los adjetivos, aunque frágiles, parecían ir en la dirección correcta: por primera vez se daba la alternancia en la historia moderna, se había conseguido de forma pacífica y con una autoridad electoral de esencia ciudadana a cargo del proceso.

Bien podría argumentarse que la intentona de fraude hubiese podido resultar en un estallido social y eso habría orillado a la decisión. Conjeturas aparte, el hecho es que se el triunfo de Fox se reconoció. Por cierto, la diferencia fue de 6 puntos entre el panista y Francisco Labastida, abanderado del PRI.

Aquella democracia madura y de instituciones sólidas que Zedillo anunciaba durante su mensaje a la nación, habría de sufrir un colapso apenas una elección después durante la siguiente elección presidencial. En aquél enlodado proceso ni siquiera hubo los elementos para definir un ganador, como lo ha documentado José Antonio Crespo en el libro “2006: Hablan las actas”.

Hoy que la tendencia coloca a López Obrador con una ventaja inusitada en las elecciones post-alternancia y que podría incluso ser el primero de esta etapa en alcanzar un gobierno de mayoría, el intento de democracia mexicana tendrá un enorme reto en la actitud que muestren tanto la presidencia de Peña Nieto como las campañas y partidos de Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Aunque las condiciones de fragilidad y disfuncionalidad institucional requieren transformaciones de largo aliento, una actitud de Estado durante la noche del 1 de julio, así como en los meses de transición, abonaría a la idea de que México prevalezca más allá de fuerzas y coyunturas. 

El PRI quiere repetir lo de Edomex: hundir a Anaya, empatar a AMLO y después el fraude, dice Muñoz Ledo

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Las irregularidades en el proceso electoral de la sucesión presidencial ya iniciaron y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue al pie de la letra la fórmula que aplicó en el Estado de México, dijo el ex Diputado Constituyente Porfirio Muñoz Ledo.

El político acudió hoy en representación de un grupo de 30 académicos y organizaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar una serie de medidas que permitan blindar la elección del 1 de julio, dijo Muñoz Ledo.

Muñoz Ledo, Javier Quijano, el Embajador Jorge Eduardo Navarrete, José Agustín Pinchetti y Miguel Ángel Velázquez acudieron a una reunión de 40 minutos con Janine Otálora, Magistrada Presidenta del Tribunal para entregarle un documento con una serie de medidas que permitan “garantizar el voto de forma libre, razonada y auténtica” y evitar lo sucedido en el Estado de México y en Coahuila.

Entre la medidas que solicitan investigadores como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer Cossío, ex consejeros electorales como Eduardo Huchim May e íconos de la izquierda mexicana como Ifigenia Martínez y Hernández está el publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos, sancionar severamente las campañas negras, sin menoscabo a la libertad de expresión.

Además solicitaron instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que se alimente de forma permanente por datos aportados por la población, es decir un Sistema Integral de Fiscalización preciso.

El documento entregado a la Magistrada pide flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero, verificar de manera permanente a los OPLE e investigar el eventual conflicto de interés por los vínculos de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI-Verde-Panal y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. De comprobarse ese conflicto, destituir al titular.

Los firmantes advierten que si sus peticiones fueran desoídas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos”, finaliza.