Transporte Gratuito y Diputados sin Fuero

Excelente inicio de semana para Nuevo León el día de ayer a causa de dos importantes logros dignos de ser destacados. En primer lugar, es posible que algunos no lo sepan, pero desde tiempos de la transición gubernamental del estado en Julio, por lo menos, el Secretario General de Gobierno se dio a la tarea de convocar a todas las partes involucradas en el servicio del transporte público del estado a múltiples mesas de trabajo en donde se dialogara para encontrar esquemas de negocio en donde fuese viable que el servicio que los concesionarios prestaban a la ciudadanía, pudiesen ser gratuitos para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Durante los próximos ocho meses se estaría llevando a cabo más reuniones en donde gradualmente se llegaban a acuerdos que gradualmente acercarían a Nuevo León a este gran logro, hasta que finalmente el día de ayer, en representación del Gobierno Independiente, los titulares de la Agencia Estatal de Transporte, Desarrollo Sustentable y la Secretaría General de Gobierno, que encabezó todas las reuniones, acudieron al Congreso del Estado a presentar la iniciativa de ley correspondiente para formalizar este gran resultado que habrá de entrar en efectos a partir del ciclo escolar de Agosto, en este mismo año, perfeccionando el cumplimiento de una de las más grandes promesas de la campaña del Ing. Jaime Rodríguez.

…acudieron al Congreso del Estado a presentar la iniciativa de ley correspondiente para formalizar este gran resultado que habrá de entrar en efectos a partir del ciclo escolar de Agosto, en este mismo año, perfeccionando el cumplimiento de una de las más grandes promesas de la campaña del Ing. Jaime Rodríguez.

Por otro lado, muchos de los que son asiduos a este sitio, o a mis colaboraciones, sabrán que desde hace ya unas semanas, a raíz del escándalo de los moches por 20 millones de pesos por la aprobación de la reforma antitabaco de diciembre, en atención a los comentarios de la ciudadanía en redes sociales, he estado impulsando la eliminación del fuero de los Diputados en Nuevo León, pues resulta que no pueden ser juzgados penalmente sin que antes ellos mismos decidan desaforarse.

Por medio de información relacionada al tema que difundí en mi página, así como explicaciones sobre la viabilidad de la eliminación con tan solo una reforma a la Constitución del Estado, la ciudadanía rápidamente se movilizó en las redes, expresando su opinión e invitando a otros a hacer lo mismo, cuestionando a los mismos diputados de sus distritos sobre su postura al respecto, e incluso mediante el colectivo “Anonymous” se sumaron miles a firmar una petición (que todavía sigue abierta) en “Change.org” para efectos de solicitar al Congreso del Estado que diese fin a esta anacrónica figura jurídica.

Presentando una iniciativa de Ley, lo cual formaliza la exigencia ciudadana y que naturalmente ayudará impulsando este resultado desde adentro del mismo órgano legislativo.

Al respecto, debe sentirse orgullosa toda la ciudadanía que participó con su granito de arena en todo este movimiento, pues el día de ayer una bancada del mismo Poder Legislativo (Movimiento Ciudadano), se sumó a la ciudadanía, inclusive invitando a sus seguidores a firmar la petición por internet, pero más importante: Presentando una iniciativa de Ley, lo cual formaliza la exigencia ciudadana y que naturalmente ayudará impulsando este resultado desde adentro del mismo órgano legislativo.

La ciudadanía debe fortalecerse con este triunfo parcial, pues apenas comienza el proceso, faltando ahora que el resto de las bancadas (o al menos las que representen 2/3 del Congreso), se sientan lo suficientemente presionadas como para aprobar esta histórica reforma. Por un #NuevoLeónSinFuero, no quitemos el dedo del renglón.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Comentario Aclaratorio a Javier Náñez Pro

El día de ayer (jueves) se publicó en esta misma página, una colaboración de Javier Náñez Pro referente a “Lo sucedido en el Congreso ante la visita de Manuel González”. No es la primera vez que el Coordinador Jurídico de la Consejería Jurídica del Gobernador se dirige a otras personas de una manera soez y políticamente incorrecta.

En sus redes sociales (Facebook específicamente) ha mencionado que Donald Trump es un “simio”, acusa a los Senadores de la República de “exhibirse” al criticar la crisis del penal de Topo Chico, hasta los Organismos No Gubernamentales se han llevado su tajada de negativismo por declaraciones, pero como dicen por ahí “La actitud descalifica el argumento”.

Pero bueno, regresemos al punto central. El procedimiento para elegir al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), se dio de manera ciudadana al invitar a Universidades (ITESM, UANL, UDEM, U-ERRE, Universidad Metropolitana, Facultad Libre de Derecho), la asociación civil Visión DH y funcionarios estatales. Los 15 candidatos comparecieron durante 15 minutos ante la presencia de los asistentes en el Salón Rojo. Así, se obtuvieron los tres candidatos finalistas sobresalientes que son Eduardo Román González, Magda Yadira Robles y Sofía Velasco Becerra.

El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón enviaría la propuesta al Congreso del Estado el 15 de enero de 2016, junto a los vetos a la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Antitabaco. Cabe mencionar que el Congreso Estatal se encontraba en receso y su segundo periodo ordinario de sesiones iniciaría hasta el 1ro de Febrero.

Tampoco es por defender a los Diputados Locales, que suficiente chamba tienen. Pero lo que hizo el Secretario Manuel González, incluso el video de 55 segundos que subieron a facebook (Por si no lo vieron: https://www.facebook.com/jnpro/posts/1102779819741200?ref=notif&notif_t=like) es una intromisión a las labores del ejercicio legislativo, decir que “solicitamos estar ausentes hasta que toquen el tema por el cual estamos aquí” y los Diputados al afirmar que son sesiones públicas, González asegura que “no queremos estar, no nos puedes obligar (risas)” porque no se va a tratar su asunto inmediatamente, hasta el tercer tema. Y que no me diga el joven Javier N.Pro que Manuel González “realizó sus planteamientos de la forma más cortés, civilizada y cordialmente posible”, porque si me llegan a hacer eso en mi lugar de trabajo es una forma grosera e irrespetuosa de interrumpir mis actividades laborales ¿o no, señores Diputados?
La manera de hacer grilla de este joven jurista es decir “no quisiera especular… aunque una diputada dice” y con los usos y costumbres de su jefe “El Bronco” de preguntar la opinión de solo lo que les conviene: gasto en comunicación social, predial, policías municipales y hasta la ¡eliminación de visa para ir a Canadá! Esto es grilla, grilla y más grilla.

Náñez Pro finaliza echándoles la culpa a los legisladores por “polemizar el tema” y desprestigiar la legislatura y el retraso legislativo. Pero me permito aclararle que durante esta Legislatura se ha tratado de reducir el rezago legislativo, sobre todo en el tema de las Cuentas públicas que pueden ser hasta de 2006. Así que hay que ser más objetivos a la hora de criticar y empezar a repartir culpas.

Efectivamente, existe una crisis de Derechos Humanos, sobre todo con la situación del Penal de Topo Chico que ocurrió hace unos días. Pero esto no se soluciona aventándole la bolita a los diputados o al Gobierno Federal, porque durante los últimos 100 días de gobierno es lo que han hecho, decir que la culpa es de alguien más y no propiamente de Gobierno del Estado y de los ciegos que se niegan a ver la situación real, de creer que todo es por atacarlos y que están a la defensiva.

Me sorprende que el Lic. Homero Cantú Ochoa se preste a estos “teatritos” y que el Dr. Eduardo Román González busque el respaldo de los funcionarios estatales cuando se “supone” que la actuación de la CEDHNL debe estar desligada del Ejecutivo Estatal.
Solo para recordarles: ¡Señores, ya no están en campaña! Pónganse a trabajar.

Lo sucedido en el Congreso ante la visita de Manuel González

Doblemente mal quedaron los diputados del Congreso de Nuevo León a raíz de la visita del Secretario General de Gobierno al recinto parlamentario el lunes de esta semana.

Como expuse en columnas pasadas, se llevó a cabo el primer procedimiento abierto, ciudadano y transparente para elegir la propuesta que el Ejecutivo habría de enviar al Congreso para definir a la próxima persona a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH), mismo en el que participaron como mayoría absoluta universidades del área metropolitana de Monterrey y una organización de la sociedad civil, frente a una minoría en representación del Gobierno del Estado. Al haber sido el ganador del procedimiento de selección, la propuesta del Dr. Eduardo Román como titular de dicha dependencia por parte del Ejecutivo se realizó el día 15 de enero del presente año, mientras el Congreso se encontraba en uno de los dos periodos de receso que tienen de manera anual.

Dicho imperativo constitucional nunca se cumplió, y llegó a terminarse el receso y entrar al periodo ordinario sin que siquiera se le diera trámite al asunto.

Al respecto, es de destacarse lo que establece el artículo 99 de la Constitución del Estado de Nuevo León sobre el momento en que se hace la propuesta del Titular de la CEDH: “(…) Si el Congreso no se encontrase reunido, la Diputación Permanente convocará de inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones”. Dicho imperativo constitucional nunca se cumplió, y llegó a terminarse el receso y entrar al periodo ordinario sin que siquiera se le diera trámite al asunto.

Por razones que no quisiera especular ante carencia de pruebas (aunque una diputada dice que el retraso fue causado por diputados del PAN), llegó a pasar todo un mes desde la presentación de la propuesta sin que llamaran a comparecer al candidato, en una completa violación por omisión en modalidad de tracto sucesivo de los dispositivos constitucionales, ante lo cual el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, en compañía de funcionarios públicos de la dependencia a su cargo, optó por acudir al Congreso a solicitar un pronunciamiento formal por parte de los diputados acerca de la propuesta, pues era inminente la necesidad de contar con un Titular de la CEDH para colaborar en la restauración penitenciaria que el Gobernador ha puesto en marcha en Nuevo León.

Ante esta visita, algunos diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública acusaron públicamente al Secretario de “irrumpir en la sesión” que estaba desarrollándose, de “atropellar la autonomía de los poderes”, y hasta le llamaron “troglodita”. En pocas palabras, los diputados desviaron la atención de su retraso injustificado rasgándose las vestiduras casi como si hubieran entrado personas armadas a amenazarlos.

Ante esta visita, algunos diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública acusaron públicamente al Secretario de “irrumpir en la sesión” que estaba desarrollándose, de “atropellar la autonomía de los poderes”, y hasta le llamaron “troglodita”.

Sorpresa la que se llevaron cuando en las redes sociales del Secretario (https://www.facebook.com/jnpro/posts/1102779819741200?ref=notif¬if_t=like) se publicó un video del suceso en donde los mismos diputados dicen que es un honor recibirlo, lo saludan de beso, abrazo y hasta le abren la puerta del cuarto en donde desarrollaban la sesión para que exponga sus ideas, lo cual puso en evidencia que además de ser indubitablemente invitado a la sesión, realizó sus planteamientos de la forma más cortés, civilizada y cordialmente posible.

Por culpa de los legisladores que polemizaron el tema, vuelve a desprestigiarse la legislatura al quedar exhibido un importante retraso legislativo y por quienes se rasgaron las vestiduras, disminuye la confianza ciudadana en los diputados partidistas que ya de por sí, están muy desprestigiados.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La minimización de los errores de la Ley de Participación Ciudadana

Todo parece indicar que la postura defensiva que han generado los críticos del veto que emitió el Ejecutivo el viernes pasado recae en que éste no era necesario, que los errores eran mínimos o meramente de interpretación (solamente ortográficos, afirmó un diputado), de forma y que no ameritaban esta medida.

Los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Lo cierto es que, como hemos venido señalando en días pasados, los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Aunque ya se hizo público por esta vía un texto que expone las 10 ilegalidades más graves que fueron lamentablemente insertadas en la Ley de Participación Ciudadana (https://www.facebook.com/jnpro/posts/1085425224809993), es nuestra intención no dejar duda alguna en la ciudadanía de que la gravedad de las situaciones expuestas, generadas por los diputados, no nos dejó otra opción más que recurrir al veto de la Ley.

Sin avergonzarnos de vetar, pues se hará cada vez que así lo ameriten las circunstancias en beneficio del estado de Nuevo León, quisiera demostrarles la gravedad de las pifias legislativas.

Así, el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana que vetamos establecía: “Se considera Contraloría Ciudadana a las asociaciones de ciudadanos que por disposición de esta ley tienen el derecho de fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario, ya sea del Ejecutivo del Estado o de los Municipios, así como de sus organismos descentralizados y fideicomisos públicos.” Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

En la sección relativa a la Revocación de Mandato del Diputado Local, el artículo 85 establece: “El Congreso del Estado solventará el procedimiento relativo a la revocación de mandato en observancia de las reglas previstas en la presente Ley, actuando como órgano investigador y de rendición de pruebas, para ello deberá de crear una comisión jurisdiccional para sustanciar el procedimiento.” ¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

Y en total DESIGUALDAD, el artículo 62 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Gobernador exige O la firma del 10% de los registrados en la lista nominal, o el voto de 2/3 de los diputados del Congreso a la solicitud expresa del Gobernador, cuando el artículo 64 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Diputado Local solo procede con la firma del 10% de los registrados en la lista nominal o si el mismo diputado solicita la Revocación para sí mismo. Así es: la única manera de revocar al Diputado es con la firma del 10% de la lista nominal (firmas que requieren de mucha organización, tiempo y recursos, tanto humanos como materiales) o si éste mismo lo solicita; pero si se trata del Gobernador, no se necesitan las firmas, sino que con el voto de tan solo 28 diputados (miembros de partidos políticos que desde que entramos han hecho hasta lo imposible por oponernos) es suficiente para dar pie a la Revocación.

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

El camino hacia la revocación del mandato

En mi última columna del año pasado en Altavoz, critiqué la Ley de Participación Ciudadana recién aprobada por el Congreso de Nuevo León por incluir la figura de la revocación del mandato cuando esta ya ha sido declarada inconstitucional en varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• (ver: altavz.com/2016/01/03/1517/).

Mencioné, entre otras cosas, que estimo infundado que la Corte haya declarado que la figura de la revocación del mandato no tiene fundamento constitucional, ya que el sustento de esta es el principio de la soberanía popular. Sin embargo, concluí que aunque hayan argumentos fuertes que fundamenten la constitucionalidad de la revocación del mandato, la Corte ya resolvió así y por ello no puede legislarse al respecto.

Concluí que aunque hayan argumentos fuertes que fundamenten la constitucionalidad de la revocación del mandato, la Corte ya resolvió así y por ello no puede legislarse al respecto.

Esta vez quisiera abordar las acciones que se deben tomar para poder, eventualmente, legislar para permitir y regular esta figura jurídica. En este momento, no podría legislarse en Nuevo León sobre la revocación del mandato de ninguna forma que pueda ser considerada constitucional, ya que el argumento de la Corte fue precisamente que no existe fundamento constitucional en el que se base dicha figura.

En este momento, no podría legislarse en Nuevo León sobre la revocación del mandato de ninguna forma que pueda ser considerada constitucional.

Por ello, el primer paso para eventualmente legislar al respecto es crear un fundamento constitucional expreso para la revocación del mandato. Debe promoverse una reforma en materia político-electoral que establezca en la Constitución Política Federal expresamente que la ciudadanía tiene el poder de revocar el mandato a los funcionaros públicos electos por medio del voto popular.

Una vez que el Congreso de la Unión apruebe esa reforma constitucional, se enviaría al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Sólo cuando este supuesto de publicidad de la reforma se actualice, existirá fundamento constitucional para legislar en Nuevo León, o en cualquier otra entidad federativa, sobre la revocación del mandato, como pretendieron hacer los diputados de la LXXIV Legislatura neoleonesa.

Y digo pretendieron porque, si bien se aprobó en diciembre la Ley de Participación Ciudadana que incluye esta figura, el Gob. Jaime Rodríguez Calderón la vetó este 15 de enero.

El Coordinador Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, Javier Náñez Pro, expuso en sus redes sociales oficiales de manera muy puntual y concisa las 10 principales razones por las que el Ejecutivo del estado decidió vetar esta ley.

• (ver: facebook.com/jnpro/posts/1085425224809993).

En resumen, las razones por las que el Gobernador vetó la Ley de Participación Ciudadana son que la revocación del mandato es inconstitucional, la forma en la que legisló el Congreso la revocación viola el principio de separación de poderes y en la que legisló la figura de la consulta popular viola el principio de progresividad en materia de los derechos humanos y el de certeza jurídica y le otorga facultades al Tribunal Superior de Justicia del estado sin modificar a su vez la Ley Orgánica ni
la Constitución.

Coincido en las mencionadas razones con el Lic. Náñez Pro y me permito agregar dos cosas:

1. Como ya mencioné, ninguna ley que apruebe el Congreso en materia de revocación del mandato será constitucional si no se aprueba antes una reforma a la Constitución Política Federal y las consecuentes (también reformas a la Constitución Política del estado, para armonizar el marco jurídico).

La mencionada ley además de estar plagada de inconsistencias jurídicas, carece de técnica legislativa.

2. La mencionada ley además de estar plagada de inconsistencias jurídicas, carece de técnica legislativa: los diputados neoleoneses confunden los conceptos de ley y reglamento y pretenden regular en la Ley de Participación Ciudadana todo lo relativo a los órganos de participación en lugar de limitarse únicamente a los principios y generalidades, como debe hacerlo una ley (es tan extensa, que está a catorce artículos de igualar en longitud a la Constitución Política del estado.

Cabe mencionar que ya hay en el Congreso de la Unión iniciativas de ley en esta materia: una ciudadana desde el año 2014, promovida por el Partido Sinaloense y una en el año 2015, promovida por el senador Javier Corral Jurado del Partido Acción Nacional. Estas iniciativas siguen en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado pendientes de dictaminar, o sea, en la congeladora legislativa.

• (ver: proyecto3.mx/2015/09/exhortan-a-senado-dictaminar-iniciativa-de-revocacion-de-mandato/).

Por ello, no es necesario presentar más iniciativas de reforma en esta materia, como quieren hacerlo algunos diputados y algunos funcionarios del Gobierno del estado. Hacerlo, resultaría ocioso.

Lo que debe hacerse es que tanto el Congreso como el Gobernador del estado de Nuevo León presionen a esa Comisión para que dictamine la iniciativa que está en la congeladora.

Lo que debe hacerse es que tanto el Congreso como el Gobernador del estado de Nuevo León presionen a esa Comisión para que dictamine la iniciativa que está en la congeladora.

Si se emite ese dictamen, seguiría la discusión y aprobación en el Pleno del Senado, luego la discusión y aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados y finalmente la promulgación y publicación de la ley por el Presidente de la República. Una vez hecho esto, podrá legislarse en Nuevo León sobre la revocación del mandato. Ese es el camino.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Sobre el Proceso de Selección del nuevo Presidente de la CEDH

Después de leer los comentarios y opiniones negativas en torno al proceso de designación de quien habrá de ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), es mi deber moral como persona que participó en dicho proceso explicar su desarrollo para que los lectores que han sido malinformados, puedan tener claridad sobre los hechos, y entonces formar su propia opinión sin los sesgos provocados por algunos críticos y hasta participantes que se sometieron al proceso y únicamente después de no ser seleccionados, lo criticaron.

El Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Partiendo de que la Constitución del Estado consagra la absoluta libertad del Gobernador a proponer como candidato a la Presidencia de la CEDHNL a quien desee, ante el Congreso del Estado, de manera absolutamente voluntaria, sin estar obligado a ello, a propuesta del Secretario General de Gobierno, el Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Es así como se publica en el Periódico Oficial del Estado una convocatoria abierta a la ciudadanía para quienes tuvieran deseos de ser la próxima ‘ombudsperson’ de Nuevo León. Para que pudieran participar la mayor cantidad de personas, se exigieron los requisitos indispensables que establece la Constitución (E.g.: Título de Licenciatura en Derecho), así como sus currículos y planes de trabajo, para que el Comité Evaluador, en luz de las bases allí establecidas, tuviese gran flexibilidad para elegir.

Se inscribieron aspirantes hasta determinarse que 15 de ellos cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que a todos ellos se les dio fecha y tiempo para exponer sus motivos y plan de trabajo en la CEDHNL.

Fueron invitadas en buena medida organizaciones civiles y universidades de renombre en la entidad; unas aceptando formar parte del proceso inédito y otras declinando la invitación.

Los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Así las cosas, se formó un Comité de 8 miembros: 3 representantes de la Secretaría General de Gobierno únicamente, 1 representante de las organizaciones civiles, y 4 representantes de las universidades; todos con acceso a una carpeta con los perfiles de los aspirantes. Cabe destacar que, en su conjunto, los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Destacando el alto nivel de algunos participantes después de las comparecencias, hasta se llegó a un empate en primer lugar, que en la última ronda, creada solo para tal propósito, tras 8 preguntas del Comité y 2 de la ciudadanía por medio de redes sociales (muy al estilo Bronco), se rompió el empate y hubo un ganador.

Todo es perfectible, pero partiendo del dedazo de las pasadas administraciones para su selección (que hasta donde yo recuerdo ni fue criticado), ¿siguen pensando que fue tan malo este ejercicio caracterizado por su transparencia, apertura y participación ciudadana?

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Incongruencia política, Diputados aumentan Predial en Nuevo León

Incongruencia política monumental, la que demuestran los diputados del Congreso de Nuevo León, que con tanta enjundia y convicción lucharon por eliminar totalmente el pago de tenencia el primer año, echar abajo la verificación vehicular a pesar de la grave situación ambiental de Nuevo León (al grado de que algunos salieron a las calles a pegar calcomanías en los coches oponiéndose a la medida), entre otros medios de ingreso para el Gobierno del Estado que tacharon de “recaudatorios”, y que por otro lado decidieron aprobar sin problema alguno, y prácticamente sin debate, aumentos a los valores catastrales de algunos municipios que implicarían un aumento sustancial en el pago de los impuestos del contribuyente neoleonés, como es el caso específico del Predial.

Vaya sorpresa que se llevarán los ciudadanos de Monterrey, San Pedro, Apodaca, Santa Catarina, Escobedo y San Nicolás que pensaban que los Diputados (y Ayuntamientos) estaban genuinamente preocupados por la cantidad de impuestos que pagaban, pues con una mano se rasgan las vestiduras por una verificación vehicular de 450 pesos (que aún estaba abierto a considerarse un subsidio u otros apoyos), y con otra aumentan el costo del Impuesto Predial hasta en un 30%. Si bien la primera tenía una finalidad ambiental y repercutía en los propietarios de automóviles, la segunda no tiene finalidad más que recaudar y repercute en TODA la población; parejo.

Esta incongruencia que para algunos puede no quedar muy claro al hacer cosas diametralmente distintas, puede explicarse con lo sucedido el 7 de junio del año pasado: Perdieron la elección y con ello, el control de las arcas del Gobierno Estatal.

Esta incongruencia que para algunos puede no quedar muy claro al hacer cosas diametralmente distintas, puede explicarse con lo sucedido el 7 de junio del año pasado: perdieron la elección y con ello, el control de las arcas del Gobierno Estatal. Pero la elección no fue una derrota total, pues 50 de los 51 municipios aún conservan gobiernos de mayoría partidista. Si bien antes de la ola independiente los partidos controlaban todo el dinero público, ahora solo administran los recursos municipales y, por ende, están actuando de conformidad.

Si bien la estrategia de regocijarse en los municipios tras su derrota electoral podrá funcionarles, la pregunta es: Al paso en declive que van los partidos políticos, ¿para dónde se van a hacer en 2018 cuando además de haber perdido la gubernatura, pierdan ahora a los municipios?

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”